LORCA.- La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha
exigido hoy a la Consejería de Fomento del Gobierno regional que empiece
a aplicar a los afectados por la devolución de las ayudas de los
terremotos el criterio de prescripción avalado por los servicios
jurídicos del Ayuntamiento de Lorca y de la propia Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, así como de la Abogacía del Estado.
A
pesar de que las tres administraciones con responsabilidad en las
ayudas ya coinciden en cómo se deben aplicar los cómputos de la
prescripción defendidos por Izquierda Unida desde el primer momento, la
plataforma de afectados aún no tiene conocimiento formal de que se haya
cerrado ningún expediente por esta causa.
Mientras
tanto, decenas de afectados siguen recibiendo providencias de apremio
de la Agencia Tributaria instándoles a la devolución de las ayudas, a
las que se aplican importantes intereses de demora y recargos. Esto
supone algunos vecinos tengan que pagar hasta un 40% más que lo que
recibieron inicialmente en concepto de ayuda, lo que Martín calificó de
"usura".
En su comparecencia, la concejala de
Izquierda Unida ha estado acompañada de Alfonso Lizarán, vecino de Lorca
de 76 años que percibe una pensión mensual de 1.025 euros. La Comunidad
Autónoma le concedió una ayuda para la reparación de su vivienda de
9.500 euros que, tras la aplicación de recargos e intereses del Estado,
se ha incrementado hasta los 13.367,95 euros.
Es decir, 3.867,95 euros
más que el monto de la ayuda original. Alfonso ha tenido que pedir un
fraccionamiento de dicho pago en 24 cuotas mensuales de más de 550
euros. Por ello, a lo largo de los próximos dos años tendrá que emplear
más de la mitad de la pensión de la que viven él y su mujer en devolver
la ayuda.
Este vecino gastó más en la reparación
de su vivienda de lo que percibió de la ayuda pública y de la
indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros, lo que además
puede acreditar con facturas de curso legal.
Hay que tener en cuenta
señaló Martín- que las valoraciones periciales efectuadas tras los
seísmos fueron inexactas ya que no tuvieron en cuenta la aparición de
los daños que aparecieron posteriormente tras el asentamiento del
terreno.
Sin embargo, este hecho jamás fue tenido
en cuenta y ahora la Administración "se agarra a la letra pequeña que
regula estas subvenciones y que no se explicó a los afectados", dijo
Martín.
"Nadie le entregó a los vecinos copia de la valoración pericial,
nadie les indicó qué elementos de sus viviendas tenían que reparar, ni
en qué plazos, ni qué documentación debían acreditar después. Nadie les
explicó las obligaciones que contraían al aceptar una ayuda que, ocho
años después de la tragedia, se ha convertido en causa de ruina
económica para centenares de familias lorquinas".
En ese sentido,
recordó que los damnificados recibieron una simple carta en la que se
indicaba la ayuda concedida y quién la financiaba, que parece que era lo
importante". Todo porque, tras la tragedia, había que hacer creer al
mundo que los afectados no estarían solos, que tendrían el apoyo de los
gobiernos central y autonómico que, casi ocho años después, son los
mismos que están "sangrando vivos" a los afectados.
Como
todos los damnificados en su misma situación, Alfonso interpuso hace
meses un recurso de reposición a la orden de reintegro de la Consejería
de Fomento, y también solicitó la suspensión de la liquidación como
medida cautelar al entender que se le podía causar un perjuicio de
imposible o difícil reparación.
Sin que Fomento
haya decidido aún sobre ese recurso y sobre la solicitud de suspensión,
este órgano dio orden a la Agencia Tributaria para el cobro de la deuda
por vía ejecutiva. Para Martín, que Hacienda dicte providencia de
apremio sobre una liquidación impugnada en la vía administrativa, y
respecto de la cual se ha solicitado la suspensión de la ejecución sin
que ésta se haya resuelto, conculca los artículos 9, 24.1 y 106.1 de la
Constitución, contraviniendo la seguridad jurídica, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión, así como el
sometimiento de la actividad administrativa al control de la legalidad.
Así lo dicen las leyes y la jurisprudencia, y así se lo han hecho saber a
la Agencia Tributaria con nuevos recursos que tampoco han sido
contestados aún. Al respecto, Martín calificó de "cruel" y "abusiva" la
utilización del silencio administrativo para castigar a los afectados y
recordó que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de
pleno derecho cuando son dictados "prescindiendo total y absolutamente
del procedimiento legalmente establecido".
El
expediente de Alfonso Lizarán, como muchos otros, es susceptible de
archivo por prescripción, lo que Martín ha exigido que se haga "de
inmediato", para no prolongar más el sufrimiento de los afectados.
Además,
Martín ha pedido al Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que interceda ante
la Consejería de Fomento para tratar esta cuestión. Al respecto, ha
informado que esta misma mañana Gil le ha confirmado que la próxima
semana el Director General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y
Vivienda, José Antonio Fernández Lladó, se reunirá en Lorca con los
afectados. "Agradecemos la buena disposición del alcalde pero el tiempo
se agota y ya no nos vamos a conformar con buenas intenciones, sino con
realidades."
"O aplican las leyes o volveremos a la protesta", concluyó
Martín.
