MADRID.- Apenas a dos meses de las
elecciones generales, el Gobierno conservador español y la patronal de los
principales laboratorios farmacéuticos acordaron que el
gasto público futuro en medicamentos crecerá como máximo lo mismo que el
Producto Interior Bruto, tras unos años de crisis que han visto
abruptos recortes en esta partida.
El acuerdo, que sólo vincula a los medicamentos con
patente vigente y excluye a los genéricos, tiene como objetivo sostener
la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) público - que supone
tres cuartas partes de la sanidad en España - y a la vez ofrecer a los
pacientes acceso a nuevos fármacos bajo subvención.
"Por un lado hay una perspectiva de gasto sostenible en
el sistema de salud. Ahora está contenido, pero ha habido años que ha
crecido en dos dígitos. Interesa al Ministerio de Sanidad que este gasto
sea predecible", dijo el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en rueda
de prensa tras la firma del acuerdo.
El protocolo firmado establece que la industria
farmacéutica devolverá dinero al Estado si el gasto público en estos
medicamentos supera el crecimiento del PIB de medio plazo de la economía
española.
En caso de que el gasto en fármacos no crezca tanto
como el PIB, el Ejecutivo realizará compensaciones al sector, aunque ni
el Gobierno ni la patronal desvelaron detalles sobre las mismas.
Una comisión de seguimiento se encargará de ir evaluando las medidas a tomar en función de los desvíos registrados.
El gasto farmacéutico público total en España, que
incluye las subvenciones para las recetas compradas en farmacia y los
fármacos que administran los hospitales del sistema nacional de salud,
ha sido una de las grandes partidas que han sufrido recortes esta
legislatura.
El gasto farmacéutico español, medido por el Ministerio
de Sanidad sólo a través de las recetas en farmacias, se redujo un 10
por ciento entre 2011 y 2014 hasta unos 1.600 millones de euros, en un
contexto de amplios recortes para que el Ejecutivo del conservador
Partido Popular cumpliera con los objetivos de déficit público pactados
con Bruselas.
Además, España adeuda al sector unos 13.800 millones de euros, entre gasto hospitalario y recetas de farmacias.
Los recortes en la sanidad pública, agudizados con una
reforma sanitaria en 2012 que amplió el copago de los medicamentos en
farmacia, movilizaron a miles de profesionales sanitarios y pacientes en
contra de la política del actual ejecutivo.
Incluso la propia industria farmacéutica vio
tambalearse la inversión pública para comprar los costosos medicamentos
con patente que fabrica, después de que el Ejecutivo primase en su
reforma la compra de fármacos genéricos en condiciones de igual precio.
"Este protocolo avanza en la sostenibilidad y evita
medidas de contención del gasto farmacéutico coyunturales e
improvisadas", dijo Antoni Esteve, presidente de Farmaindustria.
El acuerdo formalizado el miércoles, largamente
esperado por el sector pero que ya ha provocado rechazo en la oposición
política, se produce a menos de dos meses para unas elecciones generales
que se presentan como las más reñidas en años con un Parlamento
previsiblemente más fragmentado y con un Ejecutivo que requerirá de
coaliciones o pactos para gobernar.
"El acuerdo con Farmaindustria me parece un
despropósito absoluto. No es el momento para firmar un acuerdo así a
falta de unas elecciones en menos de dos meses con probablemente otro
Gobierno", dijo el miércoles José María Martínez Olmos, portavoz
socialista de la Comisión de Sanidad del Congreso.
El acuerdo tiene vigencia durante un año desde el 1 de
diciembre y es prorrogable anualmente hasta tres años, aunque su
duración puede ser incluso inferior.
"Si gobernamos nosotros este acuerdo no nos va a vincular", añadió en un acto sobre el sistema sanitario.