MURCIA.- El Ayuntamiento de Cartagena no ha concedido licencia
para la demolición de la antigua cárcel de San Antón porque su grado de
protección está aún pendiente de sentencia judicial. El Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(TSJ) avala la decisión del Consistorio de suspender cautelarmente la
demolición hasta que exista sentencia firme para evitar un mal
irreversible, cómo sería el derribo del pabellón de reclusos.
En este mismo sentido lo aprobó el Pleno del Ayuntamiento, sin la oposición de ningún grupo.
Cabe
recordar que el Ayuntamiento no ha paralizado la demolición por un
capricho, sino porque hasta la fecha se han incoado dos procedimientos
por parte de la Dirección General de Bienes Culturales (DGBC), que han
obligado a solicitar autorización y suspender el procedimiento de
concesión de licencia de demolición hasta que los tribunales aclaren el
grado de protección, ya que la DGBC amplió la protección y la propiedad
lo recurrió.
El 22 de marzo de 2017, la DGBC
inició el procedimiento para declarar el edificio bien inventariado, a
raíz de una solicitud de CTSSP en enero de 2017 (antes de que la
propiedad solicitara licencia de demolición).
En
dicho procedimiento, la DGBC estableció la necesidad de que el
Ayuntamiento le solicitara autorización antes de otorgar licencia para
cualquier actuación sobre este inmueble.
Así se hizo por parte del Ayuntamiento, mediante resolución de 18 de abril de 2017.
El Ayuntamiento no recibió respuesta y reiteró su petición el 4 de agosto de 2017.
Transcurrieron
siete meses hasta que el 29 de noviembre de 2017 la DGBC autorizó las
obras, estando durante ese tiempo el expediente en suspenso.
En
ese momento se reanudó la tramitación del expediente de demolición, con
la pertinente solicitud de informes y reparos a la propiedad.
El 10 de abril de 2018, la DGBC declaró la caducidad
del expediente de 2017 e inició otro, con la misma medida cautelar de
necesidad de solicitar autorización previa a la DGBC antes de autorizar
ninguna actuación.
Como consecuencia, se reanudó
el expediente de demolición con el nuevo proyecto presentado por la
propiedad, la pertinente solicitud de informes y de reparos.
El
5 de julio de 2018 el Ayuntamiento requirió nuevamente autorización a
la DGBC, que tardó en emitirla seis meses. Mientras, el expediente de
demolición estuvo en suspenso, por lo que se reiteró de nuevo la
petición y se recibió el 10 de enero de 2019.
Contra
esa resolución se interpuso recurso de alzada y requerimiento previo
por la autorización de obras, lo que desembocó en el recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del TSJ por parte del
Ayuntamiento.
Este mes, la Sala de lo Contencioso Administrativo
del TSJ volvió a dar la razón al Ayuntamiento de Cartagena y acordó
nuevamente la suspensión cautelar del derribo del pabellón de reclusos
de la antigua cárcel de San Antón.
Por todo ello,
el Equipo de Gobierno considera que no existe prevaricación de ningún
tipo y que se han seguido los trámites y plazos establecidos por la DGBC
y por la normativa, y se ha respetado el mandato soberano del Pleno.
