MURCIA.- La denuncia en un juzgado de la capital y ante la Fiscalía interpuesta sobre Carlos Egea, ex director general y ex presidente ejecutivo de la entidad en las últimas décadas, tiene que ver con enajenación de patrimonio de 'Caja Murcia' en 2010, según el documento registrado en sede judicial el pasado 2 de enero por un ciudadano residente en Molina de Segura, Juan Ruíz Dólera.
En su relato de hechos, Ruíz Dólera los fija en el mes de junio de 2010 cuando se hace una venta masiva de oficinas de su red ("patrimonio de la Caja y de todos los murcianos", dice), "las mejores y mejor situadas y valoradas (adjuntamos fotocopias de las notas simples), todo esto presuntamente, para incrementar los beneficios de una manera atípica, después de haber llegado presuntamente a un acuerdo con las otras Cajas que integrarían el SIP o nuevo banco".
"... y como le decía, los protocolos firmados presuntamente repartirían los sillones del nuevo consejo de administración del nuevo banco según el porcentaje de beneficios que aportaran cada una de las Cajas y eso les daría el número de asientos en ese futuro nuevo banco; todo ésto para que el señor Egea siguiera presuntamente teniendo una mayor relevancia y poder, seguir siendo la cabeza visible a costa de dilapidar el valor de esos inmuebles propiedad de todos los murcianos", se sigue relatando en el escrito de denuncia.
El denunciante prosigue diciendo que "así pues este señor con el afán de seguir siendo la élite y perjudicando claramente a la sociedad murciana pues se desprendía de sus mejores activos sin necesidad alguna y contando que dichas ventas se hicieron, en algunos casos, a amigos o vecinos del citado Sr. Egea y se les vendió con la condición de darles una rentabilidad próxima al 8% en alquiler blindado, presuntamente de obligado cumplimiento, y en varias operaciones se les concedió préstamos para las compras, que los intereses en este caso estaban cercanos o más del 4% de diferencia entre el interés y el préstamo y la rentabilidad de los alquileres, favorables a los compradores claro, vamos unos banqueros de pacotilla; así quien no compra aunque sea la catedral".
Para el denunciante los beneficos arrojados ese año por Caja Murcia no explicarían la necesidad de enajenaciones patrimoniales en tal cantidad. "La Caja ese año dió unos beneficios de unos 100 millones aproximadamente, así que qué necesidad tenía la Caja de vender sus mejores oficinas si en caso de no haber incrementado esos beneficios presuntamente con unos 28 millones se hubiesen dado hipotéticamente sobre 70 millones; así pues no era necesario la venta de ese patrimonio de todos, lo único que le llevó a ésto fue su afán de protagonismo, su egocentrismo, que quería a toda costa ser la cabeza que adorarían todos... Así pues creo que este asunto se debería de investigar por la Justicia y saber si este proceder es o no ético o presuntamente delictivo o mala administración, administración desleal".
A continuación Ruíz Dólera señala a juez y fiscal la localización de algunas de las oficinas de Caja Murcia en la capital, vendidas en esa fecha de junio de 2010. "Señorías con respecto a las oficinas que se vendieron por la Caja ese mes, yo solamente tengo conocimiento de estas que les adjunto nota simple y que son Gran Vía (junto a Helados Sirvent), Oficina Gran Vía de Empresas, Oficina de Juan Carlos I, Oficina de Plaza Circular, Oficina de Trapería; es posible que se vendiesen algunas más pero de ésto no puedo acreditar nada más que las que relaciono".
Por todo lo anteriormente citado, el denunciante suplica a sus señorías que "con estos datos aportados, tenga a bien investigar los hechos relatados por si pudieran ser constitutivos de presuntos delitos, así como la búsqueda de pruebas y responsables, tomando las medidas necesarias que sus señorías vean oportunas para el esclarecimiento de los hechos... En Justicia y con respeto insto en Murcia a veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete".
