ALICANTE.- El abogado que denunció a los antiguos gestores de la CAM ante la Audiencia Nacional, Diego de Ramón, ha pedido a una plataforma de afectados por Caja Mediterráneo en Alicante que se adhieran a una "demanda de responsabilidad patrimonial en cascada" que afecta a cuatro niveles y que son los directivos, los miembros del consejo de administración, los representantes políticos en el consejo de administración.
Diego de Ramón ha hecho estas declaraciones momentos antes de participar en un acto con esta asociación, que se ha celebrado este miércoles en la sede de CCOO en Alicante, y que ha contado con la asistencia de la diputada autonómica del PSPV-PSOE, Ana Barceló, y la diputada de Compromís, Mireia Mollà, ya que la asociación había invitado a los diputados autonómicos que participan en la Comisión de Investigación de la CAM en las Corts Valencianes.
Así, el letrado ha indicado que la reunión se ha celebrado con la finalidad de que los miembros de esta asamblea y los afectados se adhieran a una demanda, que tiene previsto presentar "inmediatamente", en caso de recibir apoyo del colectivo alicantino, ante la Audiencia Nacional, para que se depuren todas las responsabilidades patrimoniales.
El abogado ha explicado que, en su opinión, hay "cuatro niveles de responsabilidad: los primeros son los directivos de CAM, en segundo lugar están los miembros del consejo de administración y, los políticos representantes en el consejo, y en tercer lugar el Instituto Valenciano de Finanzas y la Consejería de Economía del Gobierno murciano, que todos los años tenían los balances y auditorías y no actuaron porque los propios vigilantes tenían créditos de la propia caja" a la que tenían que vigilar.
En su opinión, "el cuarto nivel de responsabilidad sería del FROB, Banco de España y la CNMV", al entender que cuando "la comisión tuvo conocimiento de la creación del Banco CAM, por falta de solvencia patrimonial y económica, tenía que haber suspendido la cotización".
"Por eso nos dirigiremos en acciones judiciales, buscando esos cuatro niveles de responsabilidad para que respondan las instituciones del Estado, la policía bancaria, por no haber intervenido la caja antes, salvaguardando así los intereses de los cuotapartícipes porque las cuotas no están protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos".
De Ramón ha resaltado que en 2008 envió un escrito a la CNMV en el que se oponía a la emisión de cuotas participativas, pidiendo "una garantía de solvencia patrimonial para que la caja pudiera obtener esa liquidez".
Además, ha indicado que "un mes antes de la intervención, la CAM separa el Banco CAM, donde se deja la parte buena, los depósitos puros y limpios, y deja los créditos contaminados y de dudoso cobro y las cuotas en la CAM", por lo que la CNMV tendría que haber "suspendido la cotización un mes antes de la intervención" porque, de esa forma, no habría habido el perjuicio económico de los cuotapartícipes". Desde su punto de vista, "hubo una dejación de funciones por parte de la CNMV y del Banco de España".
Respecto a la primera denuncia presentada ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, ha indicado que su titular, Grande-Marlaska había pedido una fianza para la personación de 60.000 euros. De Ramón ha recurrido y la fianza se ha rebajado a 6.000 euros, pero ha vuelto a recurrir con el fin de poder asumir la cantidad para poder ejercer la acción popular.
Además, según ha dicho, el juez le ha pedido al Banco de España, al FROB, "una documentación contable de esos agujeros económico-financieros que tenía la CAM". Ha recordado que ha solicitado al Banco de España que abra una investigación más "exhaustiva" de los posibles delitos penales cometidos por los gestores de esta entidad, así como información relativa a los negocios de CAM "en la oficina de Miami, en paraísos fiscales y también en la oficina de Londres".
Según ha avanzado, también pretende recabar "información sobre la participación de responsables políticos en las grandes concesiones de los macrocréditos para ver si los consejos de administración tenían los informes de análisis y qué tipo de garantías complementarias se les exigieron".
A este respecto, el abogado ha mantenido que la CAM "concedió créditos por valor de 1.600 millones de euros sin garantías" y ha exigido que lo "expliquen".
Denuncia de la CIC
La Confederación Intersindical de Cajas (CIC) presentará este jueves una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor en el cargo y actual responsable del Banco Internacional de Pagos, Jaime Caruana, por presunta prevaricación, según informa el sindicato en un comunicado.
CIC responsabiliza a ambos dirigentes de la situación que atraviesan las entidades financieras y las cajas de ahorro españolas, ya que considera que disponían de informes elaborados por los propios inspectores del Banco de España en los que se advertía del alto nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español.
Los citados informes detallaban que el riesgo era consecuencia de la "anómala" evolución del mercado inmobiliario español y alertaba de que los "errores cometidos por las entidades acabarían siendo transferidos a la sociedad en conjunto".
La presentación de la demanda correrá a cargo del presidente de la CIC, Gonzalo Postigo, y del secretario general, Jordi Oller.
Fernández Ordóñez, actualmente en el cargo, fue designado gobernador del Banco de España el 8 de marzo de 2008 en sustitución de Jaime Caruana, que ocupó el cargo desde julio de 2000.
