La consejera García persigue un ahorro superior a los 300 millones con la ley de recortes

CARTAGENA.-  La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, estimó en "más de 300 millones de euros" el ahorro derivado de la aplicación de la ley de medidas extraordinarias  para la sostenibilidad de las finanzas públicas que se debatirá en pleno para su aprobación el próximo jueves 23 de diciembre y que hará recaer buena parte de ese recorte en la "suspensión de acuerdos" con los trabajadores de la Administración pública como el de las 35 horas laborales.

   García compareció hoy en rueda de prensa en la Asamblea Regional junto al portavoz parlamentario del PP, Juan Carlos Ruiz, quien minutos antes registró esta proposición de ley que será abordada por procedimiento de urgencia. "No supondrá merma alguna en las inversiones ni en las prestaciones y servicios sociales incluidos en el presupuesto", indicó la consejera.

   Donde se pondrá el acento es en la reducción del gasto corriente y, especialmente en el capítulo de personal. A la eliminación de los acuerdos sobre 35 horas laborales se unirán la eliminación de complementos retributivos de trabajadores como los de la educación y a sanidad que García no concretó.

   Sí lo hizo posteriormente la portavoz parlamentaria del PSOE, Begoña García Retegui con la proposición de ley en la mano. Así, indicó que se elimina un complemento consolidado de 175 euros al mes para los trabajadores de educación y se suspenden los de turnicidad para los sábados y nocturnidad en el colectivo sanitario entre otros. "Esto supone que  más de la mitad del total de los recortes previstos la paguen los funcionarios", indicó.

   Otra medida incluida en la ley es, según informó la consejera, la de reestructurar el organigrama de entes y empresas públicas con el objetivo de dejarlas a final de 2011 "en el 30 por ciento de las que hay ahora".

   Asimismo, se menciona un recorte de la asignación para el funcionamiento del ente de la televisión regional en hasta un 80%, aunque la consejera indicara inicialmente que podía rondar el 60 por ciento. "Se insta a la sociedad privada que la administra a que recorte gastos o se atenga a una modificación del modelo de gestión", apuntó.

   La portavoz parlamentaria del PSOE y candidata a la presidencia del Gobierno regional de Murcia por este partido, Begoña García Retegui, además de criticar el efecto inmediato de esta ley sobre el funcionariado, censuró también que la reestructuración administrativa "tenga de plazo hasta final de 2011 para llevarse a cabo". Aún así, expresó su sospecha de que su aplicación llevará a la eliminación de consejerías.

   Asimismo, reveló que la ley reduce a 300.000 las asignaciones públicas para grandes eventos en 2011 lo cual pone en peligro algunos ya anunciados y publicitados como el festival SOS 4.8.

   Por su parte tanto Ruiz como García se quejaron de la "injusticia" que supone para la Región tanto el "trato sectario" del Gobierno central al desaprobar el estado financiero de la Región de Murcia, tras negarle las transferencias económicas que reclama, como la rebaja de la calificación de solvencia realizada por Moody's. "Nos señalan con el dedo de manera injusta simplemente porque estamos dentro de España", apuntó la consejera.
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Begoña García Retegui, advirtió este martes al Gobierno regional que el Ministerio de Economía tiene la obligación de "comprobar que se producen los recortes necesarios" para despejar las dudas de que "el agujero económico en el funcionamiento" de la Comunidad de Murcia puede poner "en riesgo la credibilidad de España en los mercados internacionales".
   García Retegui subrayó, en los pasillos de la Asamblea Regional, que esa credibilidad no se consigue "con anuncios" sino con la confirmación de dónde y cómo se producen los recortes.
   A su juicio, sólo el análisis favorable respecto a que son suficientes llevará al Gobierno central a autorizar la emisión de 500 millones de euros de deuda que quiere llevar adelante el Ejecutivo autonómico.

El PP registra una proposición de ley de recortes que "garantice el cumplimiento" del Presupuesto regional

CARTAGENA.- El portavoz parlamentario del PP, Juan Carlos Ruiz, anunció este martes, al final del pleno de aprobación de los presupuestos regionales de 2011, que su grupo había registrado minutos antes "la proposición de una ley de medidas extraordinarias para superar la suficiencia financiera del nuevo modelo autonómico" de forma que "se garantice el cumplimiento de las cuentas del próximo año".

   Ruiz subrayó que los presupuestos aprobados hoy "son los mejores posibles en unas circunstancias muy complicadas y que son unas cuentas de esperanza y de futuro que, haya o no recortes, permitirán que se mantenga el gastos social y se atienda a los más necesitados y darán continuidad a las prestaciones".

   Al tiempo que indicó que, en el pasado "ha sido la falta de la financiación estatal que corresponde a la Región de Murcia la que ha llevado a acudir en años anteriores a ingresos propios sin recurrir a la deuda" y censuró que "se niegue, ahora que es necesario, el recurso al endeudamiento que teníamos concedido y que se ha anulado de manera sectaria".

   Ruiz aprovechó esta intervención postrera para justificar la ausencia del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, en el tramo final del pleno. "Se ha tenido que ir en contra de su voluntad porque tiene reunión en Madrid para defender el tomate de la Región de Murcia. Ha intentado cambiar reunión pero no se lo ha consentido la ministra de Agricultura, Rosa Aguilar", indicó.

   El Grupo Popular encomendó la defensa del presupuesto, cifrado en 4.800 millones de euros, con una rebaja del 4,2% respecto al del presente ejercicio, a una decena de diputados que se empeñaron en justificarlos frente a la oposición frontal de PSOE e IU.

   La portavoz parlamentaria del PSOE, Begoña García Retegui calificó de presupuesto "irreal" y a la deriva el debatido hoy, censuró que las principales medidas de ahorro forman un "recorte puro y duro y de derechas" que además sólo supone un 2,7% del total y pidió, al final, que las cuentas se retiren, "dado que una ley las va a modificar antes de fin de año".

   A su juicio, lo principal, desde el principio, "hacer un verdadero plan de austeridad, recortando gasto superfluo y despilfarro" que alcance los 500 o los 600 millones "necesarios para embridar la crisis". "Los recortes que ahora anuncian serán prácticamente de ese calado y dejarán en nada el actual presupuesto", indicó para añadir que teme que "la tijera se aplique de nuevo al gasto social".

   Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto y diputado de IU, José Antonio Pujante, subrayó que "existen alternativas a los recortes y a la rebaja del gasto público, que están acometiendo tanto el PP como el PSOE". Rechazó "la lógica de la tijera al gasto social como única posibilidad".

   Pujante planteó la alternativa de subir impuestos a las rentas altas, al negocio bancario y una serie de tributos 'verdes' como iniciativa para aumentar la recaudación y no tener que recortar gasto. "Proponemos una reorientación del gasto, no su rebaja", indicó.

Reacciones

El portavoz de IU en la Asamblea regional, José Antonio Pujante, ha dicho que la proposición de Ley presentada por el PP sobre medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas es "una declaración de guerra" ante la que "sólo cabe la movilización ciudadana".
   Para Pujante, las medidas que propone el Grupo Popular, entre las que ha mencionado el incremento de la jornada laboral de empleados públicos y la reducción salarial de profesionales de la enseñanza y la sanidad, son "inaceptables y menoscaban la calidad de los servicios básicos".
   Así, ha advertido que estos "recortes", a los que ha sumado los aplicados por el Gobierno central, la subida de los precios y del recibo de la luz en enero de 2011, "conllevarán la pérdida de poder adquisitivo y una menor capacidad para el consumo que impedirá la reactivación de la economía regional".
   Por ello, el dirigente de IU ha opinado que el PP "tendría que haber negociado estas medidas con las organizaciones sindicales y no haberlo impuesto como un trágala", al tiempo que ha denunciado públicamente el procedimiento de tramitación utilizado por ese partido, "ya que es una proposición de lectura única a la que no se pueden presentar enmiendas".
   Tras criticar la supresión de ofertas de empleo público para el próximo año, Pujante ha señalado que la iniciativa del PP "justifica la convocatoria de movilizaciones e incluso de una huelga" ya que, añadió, "siempre se piden sacrificios a los mismos".

Por su parte, la Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia y sus federaciones regionales de Servicios Públicos (FSP) y de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) han expresado su "absoluto, frontal y permanente" rechazo a la batería de medidas que el PP de la Región de Murcia, con la "instigación y complicidad del Gobierno regional", ha presentado a través de una proposición de ley que, a su juicio, "pisotea los derechos de los empleados públicos de la Comunidad".    Así, ha considerado que "perjudica a todos los ciudadanos de la Región de Murcia que sufrirán el deterioro de los servicios públicos"; situación que, en su opinión, "ha sido provocada, entre otros, por los propios gestores de esa Administración pública Regional".
   Y es que, ha reprobado, "tras la incapacidad de los gestores públicos para buscar una salida equilibrada a esta persistente situación de crisis, el PP en la Región y el Gobierno regional reinciden nuevamente en reprender a las 55.000 familias de los empleados públicos de todos los sectores de la Administración Regional, sanidad, educación y administración general y servicios".
   De igual modo, UGT ha criticado que "utilizando un procedimiento excepcional y extraordinario en unas fechas como las actuales, y con la finalidad de evitar la información, negociación y dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico de la Región, y de espaldas a los representantes de los trabajadores, el Gobierno regional ha elaborado y entregado al Grupo Parlamentario Popular una proposición de ley que anula gran cantidad de acuerdos por aquél suscritos en materia retributiva de los últimos años".
   De ahí que haya exigido a los gestores públicos de la Comunidad de Murcia de los últimos años "las responsabilidades a que haya lugar por la ineficiente gestión llevada a cabo durante ese tiempo hasta hoy".
   UGT ha calificado esta proposición de ley de "fruto de la incapacidad de los actuales responsables regionales para remontar la situación de crisis; un castigo al empleado público y a sus 55.000 familias".
   Por lo que ha solicitado a los diputados regionales el voto en contra a una proposición de ley y la "inmediata" convocatoria de la Mesa General de Negociación, además del llamamiento al resto de centrales sindicales para el ejercicio conjunto de las correspondientes acciones contra estas "tan perjudiciales y regresivas medidas para el empleo público, la Administración pública y la sociedad murciana en general".

Finalmente, el Área Pública de CCOO ha expresado su indignación y su protesta rotunda frente a la Proposición de Ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, presentada por el PP, al tratarse, según el sindicato, de "un atraco sin precedentes a los derechos de los empleados públicos".    Así las cosas, va a movilizar a todos los empleados públicos de la Región para que "nadie deje de ser consciente de la gravedad de las medidas propuestas", al tiempo que han anunciado que, de forma simultánea, se pondrán en marcha las acciones jurídicas "encaminadas a detener esta barbaridad contra los empleados públicos".
   "Se trata, ha advertido, de una decisión política a espaldas de los representantes de los trabajadores, sin previa negociación ni posibilidad de acuerdo".
   En su opinión, "a imitación de las prácticas del Gobierno central pretende ejercer por la vía del decretazo una presión injustificable sobre los trabajadores del sector público, haciéndoles responsables y paganos de una situación económica de la que, en modo alguno, son culpables".
   Asimismo, ha criticado "la incapacidad del Gobierno regional para realizar ajustes económicos a lo largo de 2010, al tiempo que organiza derroches del tipo Manifiesta 8 y otros No typical la pagan ahora los trabajadores públicos".
   Es por ello por lo que ha puesto de manifiesto que "el atraco planificado a las condiciones laborales de miles de empleados públicos de la Región significa el empobrecimiento de estos a costa de las políticas de despilfarro e improvisación del PP en el Gobierno".
   A su vez, ha añadido, esta proposición de Ley "añade nuevos recortes salariales a los ya establecidos ha raíz del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo". Del mismo modo, "anula derechos retributivos consolidados y otros en vías de cobro tras varios aplazamientos pero inciden también en horarios y carga de trabajo, horas extraordinarias, prestaciones sociales y Plan de Acción Social, entre otros".
   Las consecuencias directas que se derivan de las medidas propuestas son, por una lado, "la inevitable merma en la capacidad y la calidad de los servicios públicos a la ciudadanía; y desempleo en este sector, que se cebará principalmente en el colectivo de jóvenes".

Exigencia

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado las medidas anunciadas este martes por la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, "para intentar dar viabilidad a las finanzas regionales", ya que, en su opinión, "las urgencias y la dimensión de los recortes del Gobierno regional son fruto de su falta de previsión y de las alegrías presupuestarias de los últimos años".
   Así, ha afirmado que "la falta de austeridad y de previsión en los momentos de bonanza de las finanzas regionales desembocan ahora en esta situación de urgencia y de crisis financiera que están poniendo en riesgo la sostenibilidad de la propia Comunidad".
   De ahí que desde UPyD se reclame que el Gobierno regional "elabore un plan de austeridad y elimine un buen número de gastos superfluos y de otros que han propiciado un derroche innecesario", ya que, ha argumentado, "los gastos en eventos culturales por encima de las posibilidades económicas regionales, los patrocinios de eventos deportivos sin un retorno asegurado al tejido industrial regional, el incremento de los presupuestos de la televisión regional, al tiempo que se rebaja un 60 por ciento la ayuda al desarrollo, son sólo unos ejemplos de cómo ha despreciado Valcárcel los avisos sobre la necesidad de ser austeros".
   Así, ha calificado de "injustas" unas medidas que "prevén más recortes de salario para los funcionarios regionales y un incremento de su jornada laboral", y ha criticado las políticas de Valcárcel durante estos últimos años.

Comienzan las 'rebajas' de Valcárcel ante la escasez de presupuesto

MURCIA.- El PSOE e IU-LV han calificado hoy de "paripé" la aprobación en la Asamblea Regional del presupuesto de la Comunidad para 2011, y de atropello la propuesta del PP esta misma mañana de una proposición de ley de ajuste del gasto.

La portavoz del grupo socialista en el Parlamento murciano, Begoña García Retegui, cree que la ley de Presupuestos se tendría que haber aprobado después del plan de racionalización del gasto, y entiende que es injusto que vuelvan a ser los funcionarios los que paguen el pato de lo que calificaba como despilfarro en la administración autonómica.

La representante socialista ha dicho que la proposición de ley del PP "llega tarde y mal, porque por no haber hecho los deberes y reducir el despilfarro y el descontrol, y por no haber reducido el número de entidades públicas se va a hacer recaer el ajuste en los trabajadores de la Comunidad".

"El recorte de derechos de los trabajadores es importante, porque cuando un funcionario esté enfermo perderá el 25% del salario, los empleados públicos del SMS verán disminuidas sus retribuciones de una forma intensa al ser suspendidos todos los acuerdos retributivos de los últimos años, se pierden derechos de formación y laborales, y desaparece el compromiso de homologación salarial", ha señalado.

Ha añadido que "se quita a los trabajadores de la educación 175 euros mensuales que venían percibiendo por un acuerdo retributivo con los sindicatos", y ha reiterado que "los funcionarios pagan el pato de la reestructuración, y, sin embargo, se deja para final de año la toma de decisiones respecto al número de entes públicos, y ese recorte ni se cuantifica".

El diputado de IU-LV, José Antonio Pujante, ha dicho que la proposición de ley del PP "es una declaración de guerra frente a la que sólo cabe la movilización ciudadana, porque no es de recibo el brutal recorte que se hace recaer sobre empleados públicos que sostienen servicios básicos como la educación y la sanidad".

Ha calificado de "inaceptable" que se plantee un incremento de la jornada laboral con la gran cantidad de parados que hay en la Región y que se congele la oferta pública de empleo hasta para reponer los puestos de trabajo de los funcionarios que se jubilen.

El parlamentario de IU-LV ha afirmado que "el tijeretazo afectará de forma severa a la calidad laboral de empleados públicos que ya han soportado este año el recorte salarial por decreto del Gobierno de la nación".

El portavoz del grupo parlamentario del PP, Juan Carlos Ruiz, ha asegurado que se trata de medidas coyunturales a las que el Gobierno regional se ve abocado por el "sectarismo" del Gobierno central con la Región.

"Hemos presentado una proposición de ley de medidas extraordinarias con el objetivo de adecuar las cuentas de la Comunidad a la insuficiencia financiera generada por el nuevo modelo de financiación autonómica" aprobado por el Ejecutivo español.

Ruiz ha dicho que esas medidas "son las que garantizan que se va a cumplir el presupuesto de la Comunidad para el próximo año", y ha afirmado que la proposición de ley no es una modificación del presupuesto y que su principal finalidad es garantizar todos los servicios que presta la administración regional.

Para Ruiz, es una ley larga, de 46 artículos, "estudiada, no presentada de la noche a la mañana, y motivada por la insuficiencia financiera a la que somete a la Región el Gobierno de la nación con el sistema de financiación, que no reconoce el incremento de población".

Muchas de las medidas "son suspensiones coyunturales de determinados acuerdos, debido al momento actual de crisis, para garantizar las cuentas de la Comunidad", ha concluido.

Moody's rebaja un escalón al rating de la Región de Murcia, con perspectiva negativa

MADRID.- La agencia de calificación Moody's ha rebajado un escalón el rating de Castilla-La Mancha y Murcia por un mayor deterioro financiero al esperado en ambas regiones. Moody's ha rebajado el rating de la Comunidad Autónoma de Murcia desde Aa2 a Aa3, con perspectiva negativa, debido a que también espera que esta región se desvíe del objetivo de déficit previsto por el Gobierno en 2010.

   Moody's ha rebajado el rating de Castilla-La Mancha desde Aa3 a A1, con perspectiva negativa, debido un "significativo" deterioro al inicialmente previsto en la situación financiera de esta comunidad en 2010 y 2011.

   La agencia cree que Castilla-La Mancha podría desviarse significativemente del objetivo de déficit fijado por el Gobierno para 2010, lo que complica a su vez que logre cumplir el previsto para 2011 "sin implementar medidas de recorte de gasto".

  Moody's ha rebajado el rating de la Comunidad Autónoma de Murcia desde Aa2 a Aa3, con perspectiva negativa, debido a que también espera que esta región se desvíe del objetivo de déficit previsto por el Gobierno en 2010.

   La rebaja del rating de estas dos comunidades por parte de Moody's se produce un día después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, adelantara que las comunidades autónomas cerraron el tercer trimestre con un déficit del 1,24% del PIB, dentro del objetivo previsto, que contempla que los gobiernos autonómicos cierren el año con un déficit del 2,4%.

   Castilla-La Mancha y Murcia son las únicas dos comunidades españolas que sitúan su déficit por encima del 2%. 

 En concreto, al cierre del tercer trimestre, Murcia presentaba un déficit del 3,12%, y Castilla-La Mancha, del 4,69%. Salgado dijo que estas comunidades no recibirán ningún tipo de sanción porque, en su opinión, la mejor sanción es la reputacional.

Los presupuestos de la UMU disminuyen solamente un 7% para 2011

MURCIA.- El anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Murcia (UMU) para el próximo ejercicio, que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, experimenta un descenso del 6,99 por ciento con relación a este año. 

   En concreto, el presupuesto inicial se fija en 211,1 millones de euros, frente a los casi 227 millones a que ascendió el del ejercicio de 2010, según fuentes de la institución docente.

   Así, en el presupuesto de gastos descienden los correspondientes a todos los Vicerrectorados, con excepción del de Estudios, que experimenta una subida de 676.000 euros; el de Profesorado, que se ve incrementado en poco más de 71.000 euros, y el de Relaciones Institucionales y Ciencias de la Salud, que sube 75.000 euros.

   El de Desarrollo Estratégico y Formación registra un incremento con relación al ejercicio anterior de 35.000 euros; mientras que en el presupuesto de ingresos, sólo experimenta una subida el capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos, con un crecimiento cercano a los 2,3 millones de euros.

   El anteproyecto de Presupuestos pasa ahora al Consejo Social de la Universidad de Murcia, que lo someterá a aprobación en la reunión que celebrará el próximo jueves en el edificio de Convalecencia.

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Región bajan un 3,41% en noviembre y se sitúan en 86.056

MURCIA.- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia alcanzó los 86.056 en noviembre, lo que supone una disminución del 3,41 por ciento con respecto al mismo mes de 2009, según datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   Así, entre noviembre de 2009 y 2010, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia disminuyó en 3.040 personas.

   Cabe destacar, además, que la disminución del 3,41 por ciento registrado en la Región fue superior a la media nacional, que registró un descenso del 1,91 por ciento en noviembre, situándose en la sexta comunidad con mayor descenso.

   Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia, 44.322 se enmarcaron en el régimen agrario; 31.311 corresponden al régimen general; 5.138 fueron autónomos; 5.136 en el Hogar y 148 trabajadores del Mar.

   Además los datos revelan que, del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de Murcia, 13.393 de ellos proceden de la Unión Europea y el resto, 72.663 son extracomunitarios.

Roca defiende su inversión con fondos "que no tienen duda" en la operación Crucero Banús

MÁLAGA.- El presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca, ha defendido este martes en el juicio del caso 'Malaya' su participación en la operación urbanística Crucero Banús y ha asegurado que pagó la parte que le correspondía "con fondos que no tienen ninguna duda", descartando que procedieran del caso 'Saqueo I'.

   Roca, que se enfrenta a una petición de 30 años de prisión, ha contestado a las preguntas de los abogados del Ayuntamiento marbellí, de la Junta de Andalucía y de varios acusados y está previsto que en la sesión de este miércoles le interrogue su defensa sobre esta operación concreta, en la que participó junto a ex edil Pedro Román, al ex comisario Florencio San Agapito y el letrado Juan Hoffman.

   "Ha quedado acreditado que mi participación la he pagado con fondos que no tienen ninguna duda, porque precisamente fuimos los imputados los que solicitamos al juzgado que se averiguara el origen de los fondos y los cheques para que se averiguara que tenía un origen lícito y curiosamente las acusaciones no se preocuparon de ver el origen", ha apuntado.

   Ha añadido que el origen de los cheques "no están en cuestión" y ha asegurado que en el espacio temporal en la que ocurre la operación "yo no estoy imputado en ningún procedimiento" y "para nada" hay indicios de que las participaciones de los socios procedan de actividades delictivas. "Ha quedado acreditado cómo participamos todos en este negocio", ha apuntado.

   El ex asesor, que ha demostrado conocer perfectamente el contenido del sumario, dando número de tomos y bridas, ha vuelto a explicar que la operación se realiza en Suiza y que él participa con fondos "que no estaban sujetos al fisco que tenía como consecuencia de una operación fuera de España".

"Se me comenta que hay que articularla en Suiza y doy esos cheques bancarios que tenía", ha apuntado.

   Asimismo, ha precisado que "si se me dice que la operación se va a articular en España, hubiera participado con una empresa española" y ha reiterado que el dinero que aportó es "efectivamente" opaco para la Hacienda Pública española, obtenido en otra operación. "Si no declaré cuando hice la operación no voy a declarar ahora", ha aseverado.

   "Mi participación se hace con una sociedad extranjera suiza, que se rige por las leyes suizas, con un dinero que está fuera de España", ha aseverado, al tiempo que ha apuntado que "yo entendía que no podía venir y decir oigan ustedes señores de la Hacienda Pública voy a declarar un beneficio que he obtenido con un dinero que he aportado, que lo tenía en Suiza y no se lo declaré a usted".

   Roca ha admitido que no se preocupó de la sociedad Lispag, creada para desarrollar la operación y en la que aparecían varios fiduciarios, señalando que no fue socio de la misma, sino que tuvo una participación "inversora, pero no gestora", aunque sí ha afirmado que "me preocupaba de mis inversiones", que se articulaban en el extranjero a través de una persona.

   Roca ha vuelto a insistir en respuesta al letrado del Ayuntamiento de Marbella en que entregó cuatro cheques a Román, aunque consta el ingreso de tres en una cuenta. Ante la contradicción, en el interrogatorio, el presidente del Tribunal, José Godino, ha pedido tanto al ex primer teniente como a Hoffman que se pronunciaran sobre cuántos cheques se les entregó en una especie de careo.

   Román ha asegurado que es una operación de hace nueve años "en la que el señor Roca tiene el 15 por ciento y no me fijo en el detalle de aportaciones" y ha señalado que "es posible que me entregara los tres cheques grandes que se ingresaran en la cuenta para la compra y el otro es posible que se ingresara en otra cuenta de Lispag", sociedad con la que se desarrolló la operación inmobiliaria.

   No obstante, ha insistido en que Roca pagó "hasta la última peseta". Al respecto, el letrado Juan Hoffman ha dicho no recordar exactamente si fue a él al que se le entregó el cuarto cheque, aunque se ha mostrado convencido, como ya dijo en su interrogatorio, de que Roca "aportó la cantidad que le correspondía, eso lo tengo muy claro".

   En cuanto al convenio para la operación, ha asegurado que la participación del entonces teniente de alcalde Julián Muñoz fue "ir a firmar" el documento, ya que firmaba "cuando lo llamaba el alcalde", porque "el señor alcalde no firmaba nada". A preguntas del letrado de Muñoz, ha precisado que cuando dice alcalde se refiere "siempre" a Gil. "El alcalde es el alcalde y es el que decidía en el Ayuntamiento", ha señalado Roca.

   Ha insistido en que no tuvo "ningún tipo" de participación en la licencia, aunque sí tuvo conocimiento de su concesión, y ha reiterado que en el convenio a Román "por instrucción del alcalde --Gil-- se le exigió mucho más de lo previsto porque quería que no se viera un trato de favor". "Fue imposición del alcalde que hubiera un mayor exceso de aprovechamiento a ceder al Ayuntamiento, más del doble exigido por ley", ha señalado.

   Roca ha insistido en que "quien tripulaba, dirigía y hacía la gestión de la sociedad --con la que se desarrolló la operación-- era Román", por lo que ha asegurado que éste fue el que le dijo que el empresario José Ávila Rojas era el comprador pero "cuando la operación ya estaba preparada para escriturar". Aunque ha dicho que en ese momento no había hecho negocios con este empresario, sí ha señalado que lo conocía de haber acudido a Urbanismo.

   Roca ha asegurado no ha sido militante del Grupo Independiente Liberal (GIL), comentando que "Jesús Gil siempre decía a Pedro Román y a Julián: soy alcalde por cualquiera menos por Roca", ya que, además, no estaba empadronado en Marbella y "nunca voté al grupo GIL curiosamente". Asimismo, ha asegurado que "nunca" participó en la elaboración de las listas.

   Ha apuntado que no ha sido funcionario del Ayuntamiento marbellí ni empleado directo contratado por éste organismo, sino que estuvo dado de alta por Planeamiento 2000, sociedad de la que fue gerente desde 1992 y creada para la revisión del Plan General. Además, ha asegurado que no ha sido condenado "nunca" por un delito contra la ordenación del territorio.

   Roca ha asegurado que no se ha impugnado por parte de la Junta de Andalucía "ninguno" de los aproximadamente 600 convenios realizados y ha explicado que el Gobierno andaluz lo que comprueba es "si los aprovechamientos que el Ayuntamiento se compromete a obtener son superiores a lo que marca la ley". Ha añadido que "difícilmente puede impugnar la Junta un documento contractual que hacen dos partes en la que ella no interviene", ha agregado.

   Roca ha reconocido que entre los años 1992 y 2006 ha tenido otra actividad distinta a la que desempeñaba en las entidades municipales, afirmando que "llevaba mis sociedades personales" como empresario, aunque ha dejado claro que no tenía ningúna restricción, impedimento, o prohibición contractual para desarrollar esas actividades. Así, ha recordado que hay un informe en el que se concluye que "no tenía ningún tipo de incompatibilidad" por estar en una empresa municipal y desarrollar actividades privadas.

   En la sesión del juicio de este martes también ha declarado el tasador José Mora, que está imputado por el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, quien ha asegurado que "no tenía ningún conocimiento" del convenio, porque cuando le encargan el trabajo "nunca me decían" si era para un convenio u otro.

   Asimismo, ha dicho que Roca era "el que me firmaba los contratos de trabajo" y que éste "jamás me dio ni una sola instrucción". Ha explicado que en Planeamiento "normalmente me llamaban de arriba y me lo daban de la asesoría jurídica".

Califican de cacique al alcalde de Águilas por hacer caso omiso a toda reivindicación ciudadana

ÁGUILAS.- El presidente de la Agrupación Vecinal Aguileña, Alberto F. Giordano, ha asegurado que “en Águilas se vive una permanente situación caciquil”, en referencia al profundo y creciente malestar que se respira desde hace años en la población por la actitud del alcalde Juan Ramírez Soto, imputado de varios delitos por la Justicia y que suele hacer caso omiso a toda reivindicación ciudadana y a las constantes criticas vecinales que provoca su gestión.

“Estamos padeciendo en Águilas una crisis por partida doble: a la económica derivada de la falta de dinero y de posibilidades de empleo se une la de carencia de valores democráticos que los aguileños vienen soportando. Desde el Ayuntamiento se obvia la opinión vecinal e incluso se cercenan libertades, ya que lo único que parece valer es el ‘ordeno y mando’ de que hace gala el alcalde”, señaló Alberto F. Giordano, presidente de la Agrupación Vecinal Aguileña (AVA), quien hizo uso de la palabra durante el acto de presentación oficial en Murcia del informe “El otro estado de la Región 2010”, publicación del Foro Ciudadano en la que se recoge el balance del Gobierno regional de Murcia en los últimos 15 años, junto con diversos aspectos del periodo 2006-2010, sobre todo la crisis económica mundial y su repercusión regional, y que además ofrece como trasfondo una valoración de lo que ha significado el periodo autonómico en los últimos 28 años.

Al hilo de las denuncias contenidas en la citada publicación, el presidente de AVA hizo hincapié en que la debilidad del sistema democrático en la Región resulta especialmente agravada en el caso de Águilas, “fiel ejemplo del clientelismo y del control partidista de la opinión pública que se ejerce desde el Gobierno municipal”.

Así, según Giordano, “en Águilas, no se informa ni se escucha al ciudadano, los representantes municipales no rinden cuenta de su gestión a los vecinos y éstos tampoco lo suelen exigir. 

Además, padecemos una mezcla de favores y temores cuya consecuencia es un casi permanente atentado a los derechos cívicos, conculcando valores democráticos y con total rechazo a cualquier intento de democracia participativa. Si dicen que la Región de Murcia está a la cola de España en muchos indicadores, no menos cierto es que Águilas está a la cola de Murcia”, aseguró el presidente de AVA.

La Agrupación Vecinal Aguileña organizará a primeros de año un acto público para presentar a los vecinos de Águilas la citada publicación.

Jesús Navarro se opone a que se continúe con el proyecto de entubamiento de caudales del Segura

CALASPARRA.- Recientemente ha tenido lugar en Calasparra una asamblea ciudadana convocada por la Plataforma en defensa del río Segura de la localidad. El acto, abierto a la ciudadanía calasparreña, tenía como objetivo dar a conocer la formación de la Plataforma e informar a los vecinos de las graves consecuencias económicas, sociales y medioambientales que el proyecto de entubamiento de caudales del Segura que se quiere ejecutar tendría sobre el río.

Entre el público estuvo presente el alcalde de Calasparra, Jesús Navarro, acompañado de otros miembros del PSOE local. Navarro hasta ahora se ha manifestado firme partidario del entubamiento, lo que le ha llevado a mantener al PSOE calasparreño al margen de la Plataforma en Defensa del Río. 

Su presencia dio lugar a que durante la Asamblea, varios asistentes, reprocharan la actitud mantenida por el PSOE de la localidad que, a diferencia de lo que ha ocurrido en las agrupaciones socialistas de otros municipios ribereños, ha defendido el entubamiento de caudales.

Sin embargo, Navarro aprovechó sus intervenciones para manifestar pública y abiertamente su adhesión a la Plataforma (de la que ya forman parte PP e IU de Calasparra, junto a una larga listas de organizaciones sociales de la comarca).

Para Navarro, ahora, el proyecto se debe paralizar para que se puedan estudiar y analizar otras alternativas al que actualmente está aprobado. Una postura que contrasta con la que hasta ahora ha mantenido y defendido públicamente. Incluso llegó a afirmar que desde el PSOE regional ese es el mensaje que se ha trasladado a los responsables políticos en Madrid: que el proyecto debe paralizarse hasta que se estudien otras alternativas. 

Sin duda supone un cambio radical en la línea del PSOE hasta ahora mantenida, y no solamente por Navarro. La propia presidenta de la Confederación Hidrográfrica del Segura -Charo Quesada- declaraba recientemente en una reunión con representantes de los ayuntamientos de Cieza, Abarán y Blanca que "el agua se desviará sí o sí". En clara referencia a que el entubamiento se hará según lo previsto.

El giro en el discurso del PSOE, y la reciente dimisión del Secretario General de la CHS (a los dos meses de tomar su cargo), abre así muchas incógnitas sobre el futuro de la actual presidenta de la CHS.

El proyecto de entubamiento de caudales del río Segura consiste en extraer directamente en el Cenajo, y conducir por grandes tubos hasta las potabilizadoras de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, más del 40% de caudal que circula por el río Segura. Lo que tendrá un impacto ecológico y económico altísimo en la zona afectada: desde el Cenajo hasta el azud de Ojós, en Blanca.

El Congreso aprueba la inyección de 80 millones a autopistas en quiebra, como la Cartagena-Vera

MADRID.- El Congreso ha aprobado definitivamente un mecanismo para aportar 80,1 millones de euros en 2011 a un grupo de sociedades concesionarias de autopistas de peaje, que afrontan un riesgo de quiebra, para compensarlas por la caída de tráfico que registran.

   Esta medidas, pactada entre el PSOE y CiU, iba a ser incluida inicialmente en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, si bien el PP vetó en el último momento su inclusión en las cuentas públicas, Congreso para ser incluida en los Presupuestos, lo que obligó a los socialistas a presentarla en el Senado como enmienda a Ley Postal.

   El importe que Fomento prestará a las autopistas computará en déficit, a pesar de que las concesionarias deberán devolverlo con intereses al Estado. La aportación tendrá además continuidad en los dos ejercicios siguientes (2012 y 2013), en cantidades que dependerán de la evolución de los tráficos en esos años.

Las concesionarias en riesgo de quiebra y, por tanto, susceptibles de recibir parte de este importe son las de las autopistas radiales de Madrid, la que une la capital y el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera, la Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante y Ocaña-La Roda.

    Globalvía (FCC y Caja Madrid), Acciona, Abertis, Itínere, ACS y Ferrovial son alguno de los grandes grupos constructores y de concesiones titulares de estas vías.

   La inclusión de esta enmienda ha sido muy criticada por ERC, IU y BNG, cuyas portavoces la han llegado a calificar de "parásito".

En este sentido, el diputado de ERC Joan Tardà ha animado al grupo parlamentario de CiU a "pasar por caja" tras haber "rendido pleitesía" a las constructoras impulsando la enmienda pactada con los socialistas en el Senado para ayudar a las concesionarias de autopistas de peajes en crisis.

   Las insinuaciones del diputado de ERC fueron definidas como "demagogia de la peor calaña" por el portavoz de CiU, Pere Macias, quien insistió en que las ayudas no son un rescate de las constructoras, sino una medida para evitar ese hipotético rescate.

   En similares términos se pronunció el portavoz socialista, Román Ruiz, quien pidió a Tardà a retirase esas referencias a "pasar por caja".

"Aquí no se regala dinero público", proclamó.

El Congreso de los Diputados tumba un proyecto de ley para penalizar descargas de Internet

MADRID.- La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados rechazó en España la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, que permitiría cerrar páginas web por vulnerar derechos de propiedad intelectual. 

   El PSOE se ha quedado solo defendiendo esta regulación y no ha encontrado apoyos entre los distintos grupos parlamentarios para aprobarla. Toda la oposición, incluyendo a los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, han votado en contra y la controvertida disposición ha desaparecido del proyecto.

   El siguiente paso para la Ley de Economía Sostenible (LES) será su debate en el Senado a partir del 18 de enero y allí el PSOE, si quiere insistir en la comisión de propiedad intelectual que creaba la 'ley Sinde' con competencias para solicitar el cierre de páginas web, tendrá que presentarlo de nuevo como enmienda y buscar aliados, con la diferencia de que en la Cámara Alta no es el partido mayoritario.

   Tras horas de espera al ser aplazada la votación hasta que terminara el Pleno, el Congreso ha rechazado finalmente el texto de esta disposición que regulaba el cierre de webs que favorezcan las descargas de archivos protegidos por los derechos de autor.

   Los nacionalistas eran la pieza clave en este debate y votación, ya que su apoyo al Gobierno podía haber dado el triunfo a los socialistas a la hora votar a favor de la LES.

   No obstante, el PNV ya comunicó el martes por la mañana que no aceptaba nada que no fuera sacar de la Ley de Economía Sostenible todo lo relativo a la propiedad intelectual para hacer una nueva ley específica en condiciones que aborde cuestiones como las conexiones, el precio del ADSL o la creación de nuevos modelos de negocio. Para el nacionalista Pedro Azpiazu, la mejor manera de que desaparezcan las descargas ilegales es que al usuario no le compense realizar las descargas.

   Al mediodía se descolgó también CiU al no obtener apoyo a sus propuestas en aspectos fiscales, financieros y económicos que también regula la Ley de Economía Sostenible. Según su portavoz, Josep Sánchez Llibre, no había sido posible "configurar un pacto global" y, en su defecto, CiU ha decidido votar en contra de toda la ley por ser  "confusa" y "dispersa".

   Durante el debate celebrado en la Comisión de Economía del Congreso, el portavoz de Cultura del Partido Popular, José María Lassalle, reiteró su oposición a la 'ley Sinde' y pidió una opción "garantista" donde se "salvaguarde" la intervención del juez en el caso de que se vulnere la propiedad intelectual.

   Para los populares, esa disposición final segunda intentaba "maquillar" con un procedimiento judicial rápido la actuación de un órgano administrativo como el de la Comisión de Propiedad Intelectual.

   Según la portavoz de ICV, Nuria Buenaventura, esta Ley de Economía Sostenible se ha convertido en un "cajón de sastre" y acusó al Gobierno de actuar con "urgencia" e intentar aglutinar en "un par de horas" todas las cuestiones que no ha podido debatir. "El derecho de autor es necesario pero sin entrar en contraposición con el derecho de usuario", ha alegado.    

   También para el portavoz de ERC, Joan Ridao, la LES es un "cajón de sastre" con un "conjunto de medidas más o menos hilvanadas" y denunció la manía del Gobierno "de ir detrás de los acontecimientos".

Y la 'ley Sinde', agregó, es "una chapuza"  y un "auténtico despropósito" porque "no se pueden poner puertas al campo".

   Coalición Canaria, que ostenta la Portavocía del Grupo Mixto en la Comisión de Economía, también ha tachado de "lamentable" la 'ley Sinde' porque "vulnera" los derechos fundamentales del individuo.

   Al final, los socialistas lograron derrotar todas las enmiendas relativas a esa disposición final segunda, incluso las que pedían su supresión, pero cuando hubo que decidir si se mantenía o no en el proyecto, se quedó solo y la llamada 'ley Sinde' cayó desplomada.

   Desde el PSOE, la diputada Marta Gastón lamentó la "derrota" al terminar las votaciones. "No voy a decir que nos guste perder una parte de la ley defendida por el Gobierno, pero más que derrota, que lo es, porque no hay grupo que la haya apoyado, lo que sí nos duele es que no hemos encontrado propuesta alternativa", ha reconocido a los medios de comunicación.

   Por su parte, durante el debate, Gastón hizo hincapié en que la "tutela" era "efectiva" porque protege el derecho de los creadores y "ayuda al desarrollo de la industria cultural".

"El Gobierno modificó su posición inicial para que no se pudiera cerrar ni una sola página web sin autorización", ha argumentado Gastón.