MURCIA.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco ha citado a declarar como investigado hoy martes a David
Conesa, ex jefe de gabinete del presidente de Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, en su etapa como consejero de Educación, para averiguar su
supuesta implicación en la relación de ayuntamientos murcianos con
empresas de la trama Púnica.
El magistrado le tomará declaración
junto a otras cuatro personas: el exalcalde de Molina de Segura, Eduardo
Contreras; una de sus colaboradoras, María García; un jefe de gabinete
de la senadora del PP por Murcia, Pilar Barreiro, Francisco de Asís
Ferreno; y la funcionaria del consistorio, María del Mar Conesa.
El
instructor les investiga por delitos de malversación de caudales
públicos a la vista de los informes remitidos por la Guardia Civil sobre
la relación de ayuntamientos murcianos con empresas de la trama Púnica,
en concreto, las vinculadas al empresario Alejandro de Pedro, dedicadas
a trabajos de reputación on line.
A David Conesa, Asís de Ferreño y María
del Mar Conesa también les imputa los delitos de fraude. A los dos
primeros, además, se les investiga por el delito de revelación de
información reservada y a Contreras por el de cohecho.
También,
llama a declarar a las empresas Eico Online S.L. y Madiva Editorial y
Publicidad S.L. --empresas de De Pedro-- para ampliar las declaraciones
ya hechas anteriormente sobre los trabajos y servicios prestados, en los
que generaron usuarios ficticios y diarios digitales para mejorar la
reputación e imagen de altos cargos como políticos.
Por otro lado Velasco ha citado para un
día después al hermano de De Pedro, Adrián, por ser el responsable de
los trabajos informáticos y director de algunos de los trabajos de
reputación. El magistrado dice que es conocedor y cooperador necesario
de los contratos que hizo la empresa con la Región de Murcia y, por
ello, le investiga por los delitos de malversación de caudales públicos,
aprovechamiento de información reservada y fraude.
Asimismo, le
acusa de un delito de pertenencia a organización criminal, ya que
considera que junto a su hermano y su socio José Antonio Conesa realizó
trabajos reputacionales en internet "de manera concertada, coordinada,
estable y prolongada en el tiempo".
Por estos mismos delitos, el juez
instructor también ha citado al director comercial de Madiva, Francisco
Javier Bueno; a la secretaria particular de José Antonio Conesa, Esther
Gutiérrez Martínez; a una subordinada de De Pedro, Sara Gargallo. Y
llama por el presunto delito de cohecho a las empresas Duravit &
Marset Group S.L. y Linkatic S.L.
En uno de sus informes, la Unidad
Central Operativa (UCO) atribuía a Pedro Antonio Sánchez un supuesto
delito de fraude en materia de contratación pública que habría cometido
al acordar el pago de 32.000 euros para que las empresas del supuesto
'conseguidor' de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, mejoraran su
imagen y poder progresar así en su "carrera política".
Según
consta en el sumario que instruye el juez Velasco, la contratación no se
llegó a materializar gracias a la operación policial que estalló en
octubre de 2014, "si bien los indicios apuntan a que sí se materializó
el concierto para la adjudicación, a través de las distintas reuniones y
contactos entre las partes".
El Instituto Armado se incautó en el
registro de la empresa de De Pedro, Eico-Madiva, de la hoja de pedido,
en la que se desgrana que los servicios contratados se prolongarían
desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de mayo de 2015 por un
precio total de 32.200 euros sin IVA, a razón de 4.600 euros mensuales.
"No
son prestaciones que responsan a una necesidad pública, sino al interés
personal del consejero --Sánchez era entonces titular de Educación--
para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su
persona y poder progresar en su carrera política", destaca el informe,
fechado el pasado 13 de mayo.
La UCO considera así que el actual
presidente murciano habría realizado en su etapa como consejero de
Educación "supuestos trabajos reputacionales sufragados indiciariamente
con fondos públicos", todo ello enmascarado como un "un eventual
contrato en materia de formación".
Los investigadores consideran también
que la senadora del PP por esta región, Pilar Barreiro, pudo incurrir en
un delito de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias
en su etapa como alcaldesa de Cartagena y ex diputada nacional, debido a
la contratación por parte de Consistorio que dirigía de una supuesta
campaña de publicidad institucional. En realidad, se trataba de la
contratación de un periodista para la difusión de noticias favorables a
Barreiro y por el pago de los servicios reputacionales a través de un
plan de medios.
El caso se remonta al año 2014 cuando, tras la
dimisión del antiguo presidente Ramón Luis Válcárcel, se abrió una
"carrera" en el seno del partido entre los entonces candidatos a la presidencia de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruiz y Pedro Antonio Sánchez. De Pedro se
concertó con Jose Antonio Alonso Conesa --que fue exalcalde de Cartagena
con el PSOE-- para conseguir contratos públicos que sirvieran para
mejorar la reputación online de Ruiz.
De igual modo, Pedro Antonio
Sánchez tenía "premura" por iniciar cuanto antes este tipo de servicios
al tener "temores a las consecuencias reputacionales de una nueva
posible imputación".
"El nexo de unión entre ambas tramas, la del
Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Educación de Murcia, fue
Pilar Barreiro", expone el informe.
En este punto, Alonso Conesa,
"aprovechando su relación" con su sucesora en la alcaldía Pilar
Barreiro, trató de influir para que ésta y Pedro Antonio Sánchez
contrataran a la empresa
Madiva Editorial y Publicidad.
Se exculpan unos a otros
Los declarantes murcianos de
Púnica exculpan al presidente
de la Región. David Conesa, el que fuera asesor de Pedro Antonio Sánchez
tanto en su época como consejero de Educación como ahora, en su etapa
de Presidencia, negó ante al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco
que hubiera ningún contrato con el principal conseguidor de
Púnica, el
empresario Alejandro de Pedro, tal y como sostiene la Guardia Civil,
para mejorar su reputación personal en las redes sociales.
Por otro lado, Mar Conesa, exasesora de la senadora popular y
exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, también negó que los contratos
con la empresa
Eico fueran para limpiar el nombre de la exalcaldesa en
internet.
Según Mar Conesa, los únicos contratos que se adjudicaron al
'conseguidor' -según recuerda- fueron para colocar 'banners' de
publicidad en el año 2014, pero que estos no superaron los 3.200 euros.
En la misma línea se manifestó el exalcalde de Molina del Segura Eduardo Contreras, que no reconoció irregularidad alguna.
