sábado, 3 de diciembre de 2016

Proponen expulsar al teniente fiscal de Madrid, Emilio Valerio, que estuvo relacionado con la Región hace años


MADRID.- La Fiscalía General del Estado ha propuesto expulsar de la carrera al hasta ahora teniente fiscal de Madrid, Emilio Valerio  y Martínez de Muniain, por llevar a cabo actividades incompatibles con su cargo, y ahora el Ministerio de Justicia tiene que resolver sobre esa resolución tras la conclusión del expediente disciplinario incoado desde mitad del pasado julio y que se inició con una fulminante suspensión de funciones de Valerio.

Según ha confirmado fuentes de la Fiscalía, la propuesta de sanción y separación de la carrera de Valerio se aprobó en un Consejo Fiscal del pasado mes de octubre, cuando aún era fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

Emilio Valerio ha dimitido recientemente del cargo tras ser suspendido de empleo y sueldo el pasado verano por falta muy grave a petición del inspector fiscal Fausto Cartagena, por presuntamente desempeñar funciones directivas en empresas mercantiles privadas.
La Fiscalía cree que el trabajo del navarro Emilio Valerio como teniente fiscal de Madrid era incompatible con su actividad privada en varias sociedades, y así lo ha transmitido al Ministerio de Justicia.
El fiscal Valerio intentó hace años, entre 2004 y 2007, desde su cargo de fiscal de Medio Ambiente, acusar a altos cargos de la Comunidad Autónoma de Murcia del uso presuntamente fraudulento de fondos comunitarios en la Región distribuidos por Bruselas a través del Ministerio de Agricultura, con sede en Madrid, por lo que este fiscal se consideraba competente para poder actuar desde la Fiscalía de Madrid.
El teniente fiscal de Madrid fue suspendido cautelarmente en sus funciones mientras se tramitaba el expediente disciplinario que se le había abierto por una supuesta falta muy grave consistente en haber incurrido en incompatibilidad.
El fulminante apartamiento provisional del servicio del número 2 de la Fiscalía más grande de España fue respaldado por la fiscal general, Consuelo Madrigal, a propuesta el fiscal inspector, Fausto Cartagena.
Se trató de una medida insólita dentro de la también muy excepcional incoación de expedientes disciplinarios en el Ministerio Público, que apenas ha abierto 15 de ellos entre 2003 y 2014, según refleja la última memoria de la Fiscalía General. La plantilla actual de la carrera fiscal está integrada por 2.407 profesionales.
Fuentes de la Fiscalía de Madrid aseguran que entre Valerio, que ha protagonizado actuaciones polémicas a lo largo de su carrera, y el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, no existe "ninguna sintonía" y señalan que fue Polo el que envió a la Inspección Fiscal la documentación que ha dado lugar al expediente disciplinario y ahora a la propuesta de expulsión.
Otras fuentes señalan, por el contrario, que en la Fiscalía de Madrid "se han permitido durante mucho tiempo situaciones que no deberían haberse tolerado" y que la actuación de Polo, al dar cuenta de la actividad mercantil que puede estar desarrollando Valerio, no tiene que ver con su sintonía o no con el teniente fiscal sino con la eficacia en el servicio y la imagen pública del Ministerio Fiscal. Valerio fue sustituido por María Luisa Ruesta, la más antigua de la plantilla de Madrid.
El expediente estaba relacionado con la actividad de Valerio como gestor de más de una decena de empresas relacionadas con el sector vitivinícola y ubicadas en el paraje de Las Laderas de Montejurra, en el concejo navarro de Estella.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece una férrea incompatibilidad de los fiscales con el ejercicio -tanto directo como mediante persona interpuesta- de toda actividad mercantil y con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género.
Emilio Valerio habría alegado que se trata de empresas familiares, que estarían excepcionadas de ese régimen de incompatibilidad y para cuya gestión alega tener un permiso verbal. Pero sus explicaciones no han convencido a la Inspección.
Valerio ha protagonizado una carrera profesional que en varias ocasiones ha estado rodeada de polémica. La Fiscalía General le sancionó por una falta leve debido a unas declaraciones públicas en las que aseguró que el asesinato del dirigente abertzale Santiago Brouard podria haberse evitado y que había "responsabilidades de acción y de omisión de personas que sabían o debían saber".
Trasladado desde Bilbao a la Fiscalía de Madrid, aquí fue apartado de la investigación de un atraco en Banesto, en el que el botín ascendió a 1.200 millones de las antiguas pesetas, por haber actuado al margen de su superior jerárquico. Posteriormente ejerció de forma contundente el puesto de fiscal de medio ambiente durante 13 años.
El expediente a Valerio era el segundo que afecta a la Fiscalía de Madrid desde la llegada de José Javier Polo como responsable.

562 personas aprueban el primer examen de la oposición de bombero de Murcia

MURCIA.- 562 personas han aprobado el primer examen de la oposición de bombero convocada por el Ayuntamiento. La prueba tuvo lugar en la tarde de ayer y el tribunal acabó de corregir los 1.557 ejercicios a las 5 de la madrugada.  La Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, que dirige José Guillén, ha convocado esta oposición para proveer en propiedad 30 plazas de Bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. 

La lista de aprobados se puede consultar en la página del Ayuntamiento, http://www.murcia.es/web/portal/procesos-selectivos  Una vez realizado este cuestionario de 100 preguntas tipo test, los aspirantes se someterán a cinco pruebas de aptitud física, concretamente, prueba combinada; de velocidad 100 metros; de resistencia de 1.500 metros, de natación de 50 metros y de inmersión de 25 metros. 
También tendrán que superar unas pruebas de aptitud físico-profesional en las que se acredite la tolerancia al vértigo y a la claustrofobia y la capacidad de velocidad, resistencia y agilidad con transporte de implementos. 
Por último, un equipo psicológico realizará las pruebas de aptitud psicotécnica con el fin de determinar la personalidad y aptitudes del aspirante para el desempeño del puesto de bombero, y una entrevista personal para verificar que reúne las condiciones necesarias para el normal desempeño del puesto de trabajo. 
Por otra parte, en cualquier momento del desarrollo de las pruebas físicas, el tribunal puede convocar a aquellos aspirantes que considere para la realización de un control de dopaje mediante la recogida de una muestra de orina. Finalmente, los aspirantes que superen estas pruebas tendrán que participar en un curso de formación y un período en prácticas. 

C’s solicita una reunión urgente con 'Emuasa' tras las roturas de tuberías que han inundado calles, bajos y comercios en Murcia

MURCIA.- El portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, ha solicitado una reunión urgente con el gerente y los técnicos de Aguas de Murcia, tras las roturas de tuberías que se han producido durante dos fines de semana consecutivos, en concreto, el pasado sábado en el murciano barrio de Santa Eulalia; y hoy, en las calles Sagasta y Federico Balart, inundando calles, bajos y establecimientos comerciales.  

En dicha reunión que, según ha informado Gómez, tendrá lugar el lunes con carácter de urgencia, “analizaremos, junto a los técnicos de la empresa municipal de aguas, por qué se están produciendo estas roturas, para después poner en marcha las medidas correctoras oportunas que eviten que vuelvan a producirse sucesos de este tipo en Murcia”. 
“Es necesario adoptar soluciones inmediatas, ya no solo por las pérdidas de agua que se están originando en una Región que sufre enormes carencias hídricas, sino por el grave malestar que esta situación está generando en los vecinos y comerciantes de las zonas afectadas, con bajos, locales y viviendas inundadas; y cortes en el suministro del agua”, ha insistido el portavoz de la formación naranja.

C's denuncia que el equipo de Gobierno del PP en Las Torres de Cotillas bloquea su propuesta para fraccionar el pago del IBI

LAS TORRES DE COTILLAS.- El grupo municipal de Ciudadanos en Las Torres de Cotillas ha denunciado la “arbitrariedad” y la “falta de coherencia” mostrada por el equipo de Gobierno del PP al evitar “no ya la aprobación, sino incluso el debate sobre una moción destinada a lograr que todos los torreños puedan fraccionar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, la conocida contribución”, ha señalado el portavoz naranja, Rafael Martínez.

“A pesar de que la moción fue presentada 48 horas antes de las comisiones informativas pertinentes, de acuerdo con la ley, el alcalde obligó en el Pleno a votar la urgencia de la misma”, ha añadido Martínez. “Apoyándose de nuevo en el voto de la edil tránsfuga, volvió a echar por tierra el trabajo que llevamos a cabo por los vecinos”, ha añadido el portavoz. “El PP además se contradice con este bloqueo, ya que en su programa está contemplado el fraccionamiento de los pagos”, apunta el concejal.

La moción cuyo debate impidió el alcalde permitiría fraccionar el pago del IBI a todos los vecinos en varias modalidades (bimestral, trimestral o semestral). “Aunque ahora ya se puede fraccionar el pago, esta decisión queda al arbitrio del alcalde y necesitaba de una solicitud razonada del vecino. Consideramos que fraccionar el pago de los tributos locales debería ser un derecho de todos los torreños, no una concesión”, ha declarado Martínez.
Además, la moción cambiaba los plazos de pago. 

Así, para los vecinos que decidieran realizarlo en cuotas bimestrales, los recibos se cargarían en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Los pagos trimestrales serían en febrero, mayo, agosto y noviembre; y para los que decidieran partir en dos sus pagos, se les cargarían en junio y diciembre. 

“Esta decisión deja a los torreños más alejados de otros muncipios, como Abanilla, Abarán, Albudeite, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Los Álcázares, La Unión, Librilla, Lorquí, Moratalla, Mula, Pliego, Puerto Lumbreras, San Pedro del Pinatar, Santomera, Mazarrón, Alcantarilla y Archena, que ya permiten sin restricciones el fraccionamiento de los pagos tributarios locales”, lamenta el portavoz local naranja.

Tóvar acusa al Gobierno regional de «defender a Sánchez desde correos de la Comunidad»

MURCIA.-Rafael González Tovar anunció que el PSOE va a registrar iniciativas en la Asamblea Regional para conocer el alcance de los argumentarios enviados y las razones que han llevado a la Consejería a convertirse en portavoz de un ciudadano acorralado por la justicia y acusado de cuatro delitos graves, que no son errores administrativos como quiere hacer creer el PP.

El portavoz socialista agregó que ahora se entiende que el Partido Popular no apoyara la eliminación de los aforamientos en la Asamblea, como defendía la oposición, para blindar al presidente, porque la situación de Pedro Antonio Sánchez sería hoy muy distinta
El secretario general del PSOE-RM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, denuncia el uso de medios públicos de todos los murcianos por parte del Gobierno regional para la defensa personal y privada del presidente, Pedro Antonio Sánchez.
En el día de ayer conocimos la noticia de la elevación, por parte del Juzgado n° 1 de Lorca, de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia por haberse detectado suficientes indicios para imputar a Pedro Antonio Sánchez por los delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. "No estamos hablando de errores administrativos como quiere hacer creer el Partido Popular, estamos hablando de acusaciones judiciales y de la Fiscalía muy graves que de confirmarse entrarían dentro del capítulo de la corrupción política".
González Tovar afirma que es inadmisible que la consejera portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, tras conocer la decisión del Juzgado n° 1 de Lorca, se dedicara a remitir, desde el correo corporativo de la Comunidad Autónoma y en su calidad de cargo público, argumentarios sobre el Caso Auditorio a distintas listas de distribución regionales.
"Parece que la consejera en su afán de salvar al presidente confunde las instituciones con el partido y ha optado por erigir al Gobierno regional en abogado defensor de Pedro Antonio Sánchez, dedicándose a organizar y enviar argumentarios políticos en defensa del presidente de la Comunidad, usando los medios públicos que paga toda la ciudadanía con sus impuestos".
En este sentido precisó que "los presuntos delitos de los que se acusa a Pedro Antonio Sánchez habrían sido cometidos en su etapa como alcalde, por lo que se trata de su defensa estrictamente personal".
Por eso, subrayó que la elaboración y envío de estos argumentarios políticos con medios públicos "no es propio de una administración que tiene que velar por el bien común y no por el interés particular de un ciudadano concreto".
Para el portavoz socialista "es una actuación poco ética, vergonzosa y absolutamente denunciable, porque supone un abuso de poder. Ningún ciudadano podría nunca tener a su disposición un equipo de asesores públicos encargado de elaborar líneas argumentativas de defensa ni tampoco tendría a su disposición la maquinaria política y administrativa de una Consejería para intentar lavar la imagen personal y privada de un cargo público, en este caso el máximo".
Agregó que ahora se entiende que el PP no apoyara la eliminación de los aforamientos en la Asamblea, que defendía la oposición, "lo hicieron para blindar al presidente, porque la situación de Pedro Antonio Sánchez hoy sería muy distinta y llevaría mucho tiempo imputado, además estaría siendo juzgado como un ciudadano más, sin privilegios, al igual que lo están siendo todos los miembros de su equipo en el Gobierno de Puerto Lumbreras y todos los que intervinieron en el Caso Auditorio".
El Partido Socialista va a registrar iniciativas en la Asamblea Regional para conocer el alcance de los argumentarios enviados y las razones que han llevado a la Consejería a convertirse, en lugar de portavoz del Gobierno, "en portavoz de un ciudadano acorralado por la justicia y acusado por 4 presuntos delitos de corrupción".

Víctor Martínez: "PAS es un presidente comprometido con la Región frente a un Tovar dedicado a perseguirlo y acosarlo"

MURCIA.-El portavoz del grupo parlamentario Popular, Víctor Martínez ha calificado de indigna y antidemocrática la campaña de acoso de los socialistas murcianos al presidente de la Comunidad Autónoma. Y ha añadido que por mucho que se empeñe Tovar sus mentiras y persecuciones no van a lograr ocultar el trabajo honrado de Pedro Antonio Sánchez.

El portavoz del PP en la Asamblea Regional ha afirmado que en estos año y medio de legislatura ha quedado más que demostrado el compromiso del presidente con la Región y la defensa de sus intereses, un presidente volcado con el millón y medio de murcianos, ha afirmado. Y ha recordado que ha sido el primer presidente de Comunidad recibido por los nuevos ministros del Gobierno de España a quienes ha arrancado compromisos importantes para el futuro de la Región, Pedro Antonio Sánchez se está dejando la piel por Murcia y lo está haciendo de la mano de todos los colectivos y asociaciones que representan a la sociedad murciana.
Frente al trabajo y el compromiso de nuestro presidente tenemos al líder de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar dedicado a poner denunciar en los juzgados, ante cada fracaso electoral su respuesta es la denuncia, un estrategia que representa lo peor de la política, ha afirmado Víctor Martínez quien le recuerda que aún no ha pedido perdón por las 15 denuncias presentadas contra el jefe del Ejecutivo regional que han sido archivadas. Esa forma de actuar sí que verdaderamente perjudica a la Región de Murcia.
Para el portavoz popular en el parlamento autonómico, no hay actitud más antidemocrática que no respetar la presunción de inocencia pero poco o nada se puede esperar de alguien que se dedica a hacer de la denuncia en los juzgados su bandera política.
Víctor Martínez le ha pedido a González Tovar que reconozca su fracaso político y abandone esa perversa estrategia política porque las elecciones se ganan en las urnas no poniendo denuncias en los juzgados

El entorno de PAS comienza a destilar nerviosismo ante el riesgo cierto de perder sus cargos

MURCIA.- La consejera portavoz del Ejecutivo regional afirmó este sábado que «toda la información que se facilita desde los canales de comunicación del Gobierno son de interés y carácter público». Arroyo consideró que «la Portavocía del Gobierno regional es el canal oficial para dar información pública y veraz, alejada de cualquier otro interés y eso es una garantía para los ciudadanos».

Arroyo contestó así al secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, que acusó al Gobierno regional de distribuir argumentarios, sobre el 'caso Auditorio' y en defensa del presidente regional, a través de correos corporativos de la Comunidad. 
«Ningún ciudadano podría nunca tener a su disposición un equipo de asesores públicos encargado de elaborar líneas argumentativas de defensa ni tampoco tendría a su disposición la maquinaria política y administrativa de una Consejería para intentar lavar la imagen personal y privada de un cargo público, en este caso el máximo», señaló Tovar, insistiendo en que «los presuntos delitos habrían sido cometidos en la etapa como alcalde de Sánchez, por lo que se trata de su defensa estrictamente personal».

Ante estas acusaciones, Arroyo subrayó que en la jornada de ayer, tras la comparecencia del presidente de la Comunidad, se facilitó y amplió documentación sobre el origen de denuncia que ha desembocado en la elevación de una exposición razonada de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca al Tribunal Superior de Justicia.
«La información difundida recoge documentos oficiales como una sentencia o informes jurídicos que complementa la información facilitada por el presidente de la Región de Murcia en su comparecencia ante los medios de comunicación, contribuyendo a labor de los profesionales de la comunicación y personas vinculada a los propios medios para que pueda tener una versión más amplia y documentada en su labor de informar a los ciudadanos», añadió.
Por último, Arroyo subrayó que "un Gobierno abierto y transparente tiene la obligación de informar en beneficio del interés general, como siempre ha hecho y seguirá haciendo el Gobierno de la Región de Murcia diferenciando claramente el carácter público del interés partidista de quienes a sí utilizan cualquier medio y todo su tiempo en intentar dañar y desprestigiar está Región".

IU-Verdes Lorca denuncia que varias personas llevan meses viviendo a la intemperie en la zona de la Virgen de las Huertas

LORCA.- Izquierda Unida-Verdes ha exigido hoy la intervención "inmediata" del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lorca para terminar con la dolorosa situación de un grupo de siete personas que lleva meses viviendo a la intemperie en la zona de la Virgen de las Huertas. 

Los concejales de esta formación, Pedro Sosa y Gloria Martín, se han desplazado al lugar para interesarse por las condiciones de vida de estos trabajadores del campo cuya falta de medios económicos para costear un alquiler les obliga a dormir, literalmente, en la calle, soportando frío, lluvia, hambre y penuria.
Los ediles de IU denuncian esta "terrible realidad" y se han dirigido con urgencia al equipo de gobierno municipal para que tome cartas en el asunto y proporcione a estos trabajadores "techo, ropa, alimento y medios para su higiene personal", en tanto se estudia una solución definitiva a su problemática.
En ese sentido, Pedro Sosa afirmó que estamos ante un problema "de carácter humanitario" donde está en juego la salud y la dignidad de estas personas "que vienen a Lorca a ganarse la vida trabajando en las labores del campo y que contribuyen con ello a la prosperidad económica del municipio". 
Estos hechos vuelven a demostrar que, a diferencia de lo afirmado en el pasado pleno municipal por la concejala de Servicios Sociales, Fátima Mínguez, "en Lorca existen situaciones de marginalidad extrema sin resolver", dijo Sosa.
Por su parte, Gloria Martín recordó que todos los poderes públicos tienen, como primera obligación, defender los derechos humanos básicos y exigió una respuesta municipal "hoy mismo" para acabar con esta situación. 
Martín hizo alusión al derecho a la vivienda recogido en la Constitución Española y lamentó su "flagrante incumplimiento" porque "la lógica del mercado, no la lógica de los derechos humanos, impone sus leyes importándole bien poco lo que deja en su camino". 
"Las administraciones han dejado a los bancos, las promotoras y las inmobiliarias al frente de las cuestiones de la vivienda y, por si fuera poco, han creado leyes y políticas para favorecerles", dijo Martín.
Desde IU-Verdes se preguntan qué ha sido del anuncio realizado por la concejala de Servicios Sociales el pasado mes de abril, de tomar las medidas oportunas para favorecer que entidades financieras y bancos destinen las viviendas vacías de su propiedad a familias en situación de exclusión social en régimen de alquiler social. 
Mínguez se comprometió a solicitar a los grandes tenedores un censo de sus viviendas vacías con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que no disponen de hogar, comprometiéndose a mantener el Convenio al efecto establecido con el Colegio de Abogados de Lorca.
Siete meses después no ha vuelto a saberse nada, explican desde IU-Verdes, lo que complica abordar las situaciones de exclusión residencial que se dan en el municipio.

Los profesores sustitutos que hayan trabajado 255 días en vacantes cobrarán íntegros julio y agosto

MURCIA.- La mesa sectorial de Educación celebrada esta semana en la Consejería de Educación y Universidades ratificó por unanimidad el acuerdo para abonar el pago del verano a los profesores que cubren una plaza vacante por sustitución en los centros educativos de la Región. 

El documento incluye que el personal interino docente que haya trabajado al menos 255 días en vacantes de sustitución y haya percibido de modo incompleto la retribución correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto cobrará el total de las cantidades correspondientes, según informa el Gobierno regional.
El acuerdo especifica también la forma de pago, de forma que este mes, con cargo al presupuesto de 2016, se efectuará el abono correspondiente a la Seguridad Social de todo este personal y se abonarán los salarios de ese período al mayor número posible de profesores, comenzando por los que tienen mayor número de días trabajados y hasta agotar la partida económica disponible. El resto de salarios de ese período se abonará en 2017.
La consejera de Educación, María Isabel Sánchez-Mora recordó que esta medida era «prioritaria para tratar a todos los profesores por igual y seguir apoyando sus condiciones laborales».
Además, se constituyeron «ocho grupos de trabajo para avanzar, junto a los representantes sindicales, en el acuerdo de más medidas con el objetivo de seguir mejorando el sistema educativo regional», según informa la Consejería.

Una sentencia rechaza que un funcionario de la CARM siga trabajando en Bruselas

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha desestimado el recurso presentado por un funcionario de la Comunidad Autónoma destinado en Bruselas contra la resolución de la Consejería de Educación y Universidades que no le permitió seguir en el servicio durante el tiempo que había solicitado.

La sentencia del TSJ indica que el demandante, perteneciente al cuerpo de maestros, se encontraba en adscripción temporal en el exterior, en este caso, en la capital comunitaria, dentro de una agrupación cultural.

El nombramiento, según expuso en su reclamación ante la Consejería, se extendía desde el uno de julio de 2013 hasta el 30 de junio de 2015.

Como en cumplimiento de la edad debía jubilarse en 2014, en noviembre de 2013 solicitó una prolongación de la permanencia en el servicio activo.

Sin embargo, la citada Consejería desestimó tal petición a través de una resolución dictada a mediados de noviembre del mismo año, decisión que fue apelada ante el TSJ.

La Sala, al desestimar el recurso, dice que la Comunidad Autónoma, dentro de las medidas de contención del gasto aprobadas en 2012 por la crisis económica por la que atravesaba España, ya adelantó que no se concederían nuevas prolongaciones de permanencia en el servicio activo a los funcionarios.

Y añade que "la situación del recurrente no es un caso excepcional, como se pretende; su condición de funcionario de una determinada administración es la que establece la legislación aplicable".

"Por eso -concluye la Sala- el hecho de que preste servicio con carácter temporal en otra administración no modifica el régimen de jubilación propio de la administración a la que pertenece y que se aplica a todos los funcionarios por igual".

Los obispos califican de “rancio” y “trasnochado” el laicismo contra la asignatura de religión

MADRID.- El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha calificado como “rancio” y “trasnochado” el posicionamiento laicista contra la asignatura de religión en los centros públicos de enseñanza, y ha criticado que esta postura “excluye las convicciones” de miles de padres y madres españoles.

“Hacer del laicismo bandera es parar el reloj”, ha afirmado Gil Tamayo en una entrevista a 13 TV, y ha defendido el derecho a la libertad de elección de la asignatura de religión como “constitucional”. En su opinión, que “el hecho religioso” quede excluido de la escuela pública “contraviene tratados internacionales” y promueve una “educación de ricos” al limitar la religión al ámbito de la privada y la concertada.
“No queremos que se ideologice la educación, porque eso no nos lleva a nada”, ha dicho el portavoz de la Conferencia Episcopal, reiterando la predisposición de los obispos españoles al “diálogo” y a buscar puntos de encuentro tras la invitación del ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, a participar en las conversaciones por un pacto educativo.
En ese sentido, Gil Tamayo ha mostrado su agradecimiento al ministro por abrir un “proceso elogioso” donde la Conferencia Episcopal, ha advertido, “no quiere ser convidados de piedra”. Por eso ha hecho un llamamiento a los padres y madres con hijos escolarizados en la materia de Religión para “concienciarse” y “defender” el derecho a la asignatura.
También ha admitido que dentro de la Iglesia hay que “hacer deberes previos” y “poner orden en casa” para “fomentar la unidad” de los distintos sectores de la educación católica y “confluir” en una única voz a la hora de participar en las negociaciones por el pacto educativo que promueve el Gobierno de Mariano Rajoy.

Italia amenaza a la UE y puede afectar a España / Pablo Sebastián *

Si, como anuncian los sondeos -que últimamente se equivocan por todo el mundo-, los italianos dicen ‘no’ a la reforma constitucional que propone el fin de la función legislativa del Senado para facilitar la gobernabilidad del país, el presidente del gobierno, Matteo Renzi, dimitirá como ha prometido y la nación entrará en crisis hacia nuevas elecciones, donde los tres primeros partidos de la oposición defenderán la salida de Italia del euro si se ponen de acuerdo.

En su último mitin del viernes Renzi dijo a los italianos: ‘si gana el ‘sí’, Italia será el país más fuerte y estable de Europa’. Exagera Renzi pero cierto es que en estos tiempos revueltos en el seno de la UE la estabilidad política es un activo muy importante y distintivo del resto de naciones sometidas a los vaivenes de la incertidumbre política y económica que amenaza seriamente a toda la UE.

Sobre todo cuando los países más importantes de la Unión Europea parecen estar saliendo de la crisis que asoló el continente tras el estallido de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Y ahí incluida Italia, que en este momento vive tensiones financieras en el corazón de su sistema bancario.

El discurso de Renzi es similar al que hace Rajoy cuando le dice al PSOE que necesita aprobar los presupuestos para garantizar la estabilidad del país. Y el PSOE lo sabe, como conoce los riesgos que correrá este partido si el PP, en ausencia de los Presupuestos, decide convocar elecciones a partir del mes de junio.

De ahí el paralelismo entre las situaciones de España e Italia, cuando la UE se acerca al ‘peligro’ comercial y diplomático de un Donald Trump que acaba de abrir una crisis en las relaciones de USA con China tras conversar con la presidenta de Taiwán. Si a ello añadimos la proximidad del ‘brexit’ inglés y el ascenso de populismo nacionalista de extrema derecha en Francia, Holanda, Alemania y Austria (hoy en elecciones presidenciales) y del populismo de la nueva izquierda nacionalista en Grecia e Italia veremos que la estabilidad de la política es en estos momentos fundamental para las naciones europeístas.

Y en lo que a Italia se refiere, con mayor motivo por el ascenso creciente del populismo del Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo, por el regreso de Silvio Berlusconi en la derecha y la amenaza separatista de la Liga del Norte. Los tres partidos que integran la oposición y que se declaran contrarios a la permanencia de Italia en el euro, lo que constituye una nueva amenaza para la UE.

Y de paso una advertencia para España, porque si aumenta la crisis europea por culpa de Italia y España se sumerge en la inestabilidad política el terremoto económico y social que ahora amenaza a Europa también podría causar estragos en nuestro país. Sobre todo ahora que estamos saliendo de la crisis con dificultades y en medio de un complejo y delicado proceso que se podría revertir.


(*) Periodista


La mística de los datos / Ramón Cotarelo *

El mismo día en que el país se entera de que el gobierno ha vuelto a darle un tiento a la hucha de las pensiones y ha arramblado con 9.500 millones de euros para sus francachelas (esa parada del AVE en un pueblo perdido de Zamora, creo, es una francachela) y que el paro sube una barbaridad por cuarto mes consecutivo aparecen estos señores del gobierno, como Jorgito, Jaimito y Juanito con corbatas en armonía de rojos a hacer reír a la concurrencia con una ocurrencia: a finales de 2019, el paro estará por debajo de un modesto 13%. Tomen buena nota. Son los mismos que en 2010 prometían reducir a la mitad la tasa de paro si ganaban las elecciones de 2011
 
Ganaron las elecciones y la tasa de paro sigue siendo la misma. Pero ahora la reducción se aplaza a finales de 2019. Ese toque de precisión temporal da mucha verosimilitud a lo que asegura este triunvirato de prestidigitadores. Cumplen su función de eludir toda responsabilidad por los datos reales, que son pésimos, sin perspectiva de mejora, señalando un nebuloso futuro de prosperidad que se cifra en el 13% del paro como podía cifrarse en el 18% o el 20% o el 5% y para finales o mediados de 2018 o de 2022. 
 
Realmente no tienen ni idea ni, aunque la tuvieran, tienen idea de cómo llegar a ella. Están superados por los acontecimientos y los datos les bailan. Andan calculando en público cuánto van a sacar a los fumadores y bebedores y las bebidas azucaradas, al parecer para fastidiar a la Hacienda de la Generalitat. Suman el pellizco que van a pillar a las empresas, le añaden los 9.500 millones que han birlado del fondo de pensiones y así va haciéndose un calcetín hasta el momento en que haya que negociar qué más se recorta.

O sea, no tienen ni idea de lo que va a pasar pero vaticinan un 13% de paro para finales de 2019. Más o menos, tres años, que es cuando calculan que convocarán elecciones.
 
 
Un día grande
 
 
Grande, grande. De esos que los políticos llaman "históricos", pero de verdad. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha rechazado el último recurso del gobierno del Reino Unido en contra de un decisión suya anterior que, por tanto, pasa a tener pleno efecto. 
 
Esa decisión fue requerir al gobierno del Reino Unido que ponga ipso facto en libertad a don Julian Assange, a quien mantiene ilegalmente detenido en la embajada del Ecuador desde hace seis años. Igualmente le ordena, así como al de Suecia que depongan su actitud de persecución del fundador de WikiLeaks y lo restablezcan en el pleno uso de todos sus derechos.

Histórico, verdaderamente histórico. Va a resultar que la ONU tiene una fuerza moral mayor de la que los llamados "realistas" le conceden. A ver cómo se zafa el RU de esta. Es miembro del Consejo de Seguridad y, obviamente, no puede desobedecer un requerimiento de un órgano de la Asamblea General. La excusa de poner en cuestión la fuerza de obligar de una decisión de un órgano de este tipo, queda desactivada dsde el momento en que RU aceptó el procedimiento e hizo uso de su derecho de recurso, aceptando con ello el resultado.

No hay sino poner en libertad a Assange. Mucha gente aduce que este asunto no es jurídico, sino político. Cierto, el asunto es puramente político disfrazado de judicial. Véase: Assange está practicamente secuestrado por el gobierno de su graciosa majestad en cumplimiento de un requerimiento de un órgano judicial sueco que quiere a Assange a declarar en un asunto de abusos sexuales. Pero: a) no formula cargos concretos, sino que lo requiere para indagaciones, y b) no se compromete a no extraditarlo a los EEUU si los norteamricanos lo solicitan. Y ¿para qué lo quieren los yanquies? Para averiguar algunas cuestiones secretas de WikiLeaks. Secretas porque no se especifican.

Es un caso político, obvio. Pero los políticos son los que se disfrazan de jueces. El otro es un perseguido. Un perseguido al que hasta ahora se ha respetado el derecho medieval de Santuario. Lo interesante es si pasamos de la Edad Media a la Moderna y reconocemos a los seres humanos como titulares de derechos. Todos los seres humanos. Siempre. Assange también. El hombre había aceptado ser interrogado por una comisión judicial sueca en la embajada del Ecuador y Suecia tardó cinco años en enviarla.

Esto es algo atroz. Piénsese en seis años en el espacio que pueda ser la parte que le hayan asignado de la embajada del Ecuador, que no es la Arabia Saudí. Cierto, peor hubieran sido las mazmorras del Conde de Montecristo o los ergástulos de la antigua Roma. Pero aun así, es inaudito que se pueda estar seis años encerrado, sin acusación concreta, como sucedía con los presos que iban a la Bastilla.

Está por ver qué hace el RU. Los tiempos no parecen acompañar a la idea de un cumplimiento de las normas del derecho internacional. La reciente elección de Donald Trump induce a pensar que se pondrá a soltar exabruptos si se le informa de que Assange es puesto en libertad.

Por eso es un día grande. Cuando se va a ver si todo cuanto enseñamos en las universidades, declamamos en el Parlamento, debatimos en los foros públicos, escribimos en los periódicos, alabamos y predicamos por el mundo es cierto o no. Cuando se va a ver si el respeto a los derechos del individuo se impone frente a la arbitrariedad del Estado.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Se estrecha el calendario / Ángel Montiel *

El PP ha fijado su congreso nacional para mediados de febrero, lo que significa que el regional debiera caer por marzo o primeros de abril. Esto en buena lógica y según tradición. En un partido tan previsible, todo se desarrolla de un tirón, casi por decreto, pues está liberado de los inconvenientes que acarrea la democracia interna.

Estas fechas son, sobre el papel, el último tope para Pedro Antonio Sánchez. Ante la ocasión de convertirse de facto en algo que ya lo es sin título formal, presidente regional del PP, precisa disponer de un futuro despejado de incertidumbres judiciales. En la fase política que hemos dejado atrás, el gran riesgo para él consistía en que alguno de los dos casos que pueden perturbar su futuro (Púnica y Auditorio) concluyera en imputación durante procesos delicados como las elecciones generales o la fase de negociaciones previas para la investidura de Rajoy. En el Gobierno contuvieron la respiración durante esos tramos a la espera de que transcurrieran sin que fueran asaltados por sorpresas desde el tercer poder. Y así fue contra pronóstico, al menos en lo relativo a Púnica.

Pero ahora el calendario avanza hacia los congresos del partido, y lo urgente para las necesidades políticas de la estabilización del PP regional es que los ´casos PAS´ se resuelvan cuanto antes. No estaría bien visto que los dos ponentes murcianos en el congreso nacional, Sánchez y Valcárcel, se vieran interferidos por la activación, en las fechas previas, de las actuaciones judiciales que los acosan (el letárgico Novo Carthago en el caso del expresidente). Pero Valcárcel está de salida, es decir, replegado en su asiento dorado en Bruselas siempre que un mal paso de Sánchez no le dé la oportunidad de pugnar por su nueva preferida, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández. Sánchez es quien más tendría que perder si en los nuevos momentos clave se le cruzaran los autos judiciales. Es claro que el presidente desearía liquidar sus casos entre diciembre y enero. Siempre, claro, que pueda liberarse de ellos, pues la ruta congresual de 2017 no tendría sentido si cae por el camino, circunstancia que no contempla en modo alguno.

Los ponentes tienen un protagonismo escaso en los congresos populares, pues da igual lo que elaboren; siempre es papel mojado, y en el PP no se distinguen por atender a sus documentos, sino a las improvisaciones de coyuntura. Pero lo que queda es el señalamiento, el privilegio de haber sido distinguido, lo cual se vende como influencia política. Sin embargo, unos ponentes imputados, en la actual situación, no sería la mejor imagen para la reactivación del PP, así que mejor que todo quede resuelto de antemano. Aun si la Justicia permaneciera en silencio hasta febrero (0tra vez a contener la respiración) resultaría suicida adentrarse de inmediato en el congreso regional con el riesgo de que tras él, al poco, pudiera quedar todo desbaratado por resoluciones judiciales de banquillo.

Es verdad que tampoco vendrían bien las posibles resoluciones imputacionales en la fase de debate sobre los presupuestos autonómicos, en la que estamos a punto de entrar, pues basta recordar la que se montó el año pasado con la imputación de la entonces alcaldesa popular de Torre Pacheco, que evitó la aprobación por Ciudadanos del techo de gasto. Por tanto, cuánto más influiría ahora la imputación del propio presidente. O no, porque Ciudadanos ya ciudadanea. Pero en cualquier caso, el futuro se decide a partir de febrero, y ahora lo que interesa al Gobierno es que la Justicia proclame con urgencia su veredicto. Y así saber definitivamente a qué atenerse.
 

(*) Columnista
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/12/02/estrecha-calendario/787580.html

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