MADRID.- La Fiscalía General del Estado ha propuesto expulsar de la carrera al hasta ahora teniente fiscal de Madrid, Emilio Valerio y Martínez de Muniain, por llevar a cabo actividades incompatibles con su cargo, y ahora el Ministerio de Justicia tiene que resolver sobre esa resolución tras la conclusión del expediente disciplinario incoado desde mitad del pasado julio y que se inició con una fulminante suspensión de funciones de Valerio.
Según ha confirmado fuentes de la Fiscalía, la
propuesta de sanción y separación de la carrera de Valerio se aprobó en
un Consejo Fiscal del pasado mes de octubre, cuando aún era fiscal
general del Estado, Consuelo Madrigal.
Emilio Valerio ha dimitido recientemente del cargo tras ser
suspendido de empleo y sueldo el pasado verano por falta muy grave a
petición del inspector fiscal Fausto Cartagena, por presuntamente
desempeñar funciones directivas en empresas mercantiles privadas.
La Fiscalía cree que el trabajo del navarro Emilio Valerio como
teniente fiscal de Madrid era incompatible con su actividad privada en
varias sociedades, y así lo ha transmitido al Ministerio de Justicia.
El
fiscal Valerio intentó hace años, entre 2004 y 2007, desde su cargo de fiscal de Medio
Ambiente, acusar a altos cargos de la Comunidad Autónoma de Murcia
del uso presuntamente fraudulento de fondos comunitarios en la Región
distribuidos por Bruselas a través del Ministerio de Agricultura, con
sede en Madrid, por lo que este fiscal se consideraba competente para
poder actuar desde la Fiscalía de Madrid.
El teniente fiscal de Madrid fue suspendido cautelarmente en sus funciones mientras se tramitaba el expediente disciplinario que se le había abierto por una supuesta falta muy grave consistente en haber incurrido en incompatibilidad.
El fulminante apartamiento provisional del servicio del número 2 de la Fiscalía más grande de España fue respaldado por la fiscal general, Consuelo Madrigal, a propuesta el fiscal inspector, Fausto Cartagena.
Se trató de una medida insólita dentro de la también muy excepcional incoación de expedientes disciplinarios en el Ministerio Público, que apenas ha abierto 15 de ellos entre 2003 y 2014, según refleja la última memoria de la Fiscalía General. La plantilla actual de la carrera fiscal está integrada por 2.407 profesionales.
Fuentes de la Fiscalía de Madrid aseguran que entre Valerio, que ha protagonizado actuaciones polémicas a lo largo de su carrera, y el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, no existe "ninguna sintonía" y señalan que fue Polo el que envió a la Inspección Fiscal la documentación que ha dado lugar al expediente disciplinario y ahora a la propuesta de expulsión.
Otras fuentes señalan, por el contrario, que en la Fiscalía de Madrid "se han permitido durante mucho tiempo situaciones que no deberían haberse tolerado" y que la actuación de Polo, al dar cuenta de la actividad mercantil que puede estar desarrollando Valerio, no tiene que ver con su sintonía o no con el teniente fiscal sino con la eficacia en el servicio y la imagen pública del Ministerio Fiscal. Valerio fue sustituido por María Luisa Ruesta, la más antigua de la plantilla de Madrid.
El expediente estaba relacionado con la actividad de Valerio como gestor de más de una decena de empresas relacionadas con el sector vitivinícola y ubicadas en el paraje de Las Laderas de Montejurra, en el concejo navarro de Estella.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece una férrea incompatibilidad de los fiscales con el ejercicio -tanto directo como mediante persona interpuesta- de toda actividad mercantil y con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género.
Emilio Valerio habría alegado que se trata de empresas familiares, que estarían excepcionadas de ese régimen de incompatibilidad y para cuya gestión alega tener un permiso verbal. Pero sus explicaciones no han convencido a la Inspección.
Valerio ha protagonizado una carrera profesional que en varias ocasiones ha estado rodeada de polémica. La Fiscalía General le sancionó por una falta leve debido a unas declaraciones públicas en las que aseguró que el asesinato del dirigente abertzale Santiago Brouard podria haberse evitado y que había "responsabilidades de acción y de omisión de personas que sabían o debían saber".
Trasladado desde Bilbao a la Fiscalía de Madrid, aquí fue apartado de la investigación de un atraco en Banesto, en el que el botín ascendió a 1.200 millones de las antiguas pesetas, por haber actuado al margen de su superior jerárquico. Posteriormente ejerció de forma contundente el puesto de fiscal de medio ambiente durante 13 años.
El expediente a Valerio era el segundo que afecta a la Fiscalía de Madrid desde la llegada de José Javier Polo como responsable.
El teniente fiscal de Madrid fue suspendido cautelarmente en sus funciones mientras se tramitaba el expediente disciplinario que se le había abierto por una supuesta falta muy grave consistente en haber incurrido en incompatibilidad.
El fulminante apartamiento provisional del servicio del número 2 de la Fiscalía más grande de España fue respaldado por la fiscal general, Consuelo Madrigal, a propuesta el fiscal inspector, Fausto Cartagena.
Se trató de una medida insólita dentro de la también muy excepcional incoación de expedientes disciplinarios en el Ministerio Público, que apenas ha abierto 15 de ellos entre 2003 y 2014, según refleja la última memoria de la Fiscalía General. La plantilla actual de la carrera fiscal está integrada por 2.407 profesionales.
Fuentes de la Fiscalía de Madrid aseguran que entre Valerio, que ha protagonizado actuaciones polémicas a lo largo de su carrera, y el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, no existe "ninguna sintonía" y señalan que fue Polo el que envió a la Inspección Fiscal la documentación que ha dado lugar al expediente disciplinario y ahora a la propuesta de expulsión.
Otras fuentes señalan, por el contrario, que en la Fiscalía de Madrid "se han permitido durante mucho tiempo situaciones que no deberían haberse tolerado" y que la actuación de Polo, al dar cuenta de la actividad mercantil que puede estar desarrollando Valerio, no tiene que ver con su sintonía o no con el teniente fiscal sino con la eficacia en el servicio y la imagen pública del Ministerio Fiscal. Valerio fue sustituido por María Luisa Ruesta, la más antigua de la plantilla de Madrid.
El expediente estaba relacionado con la actividad de Valerio como gestor de más de una decena de empresas relacionadas con el sector vitivinícola y ubicadas en el paraje de Las Laderas de Montejurra, en el concejo navarro de Estella.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece una férrea incompatibilidad de los fiscales con el ejercicio -tanto directo como mediante persona interpuesta- de toda actividad mercantil y con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género.
Emilio Valerio habría alegado que se trata de empresas familiares, que estarían excepcionadas de ese régimen de incompatibilidad y para cuya gestión alega tener un permiso verbal. Pero sus explicaciones no han convencido a la Inspección.
Valerio ha protagonizado una carrera profesional que en varias ocasiones ha estado rodeada de polémica. La Fiscalía General le sancionó por una falta leve debido a unas declaraciones públicas en las que aseguró que el asesinato del dirigente abertzale Santiago Brouard podria haberse evitado y que había "responsabilidades de acción y de omisión de personas que sabían o debían saber".
Trasladado desde Bilbao a la Fiscalía de Madrid, aquí fue apartado de la investigación de un atraco en Banesto, en el que el botín ascendió a 1.200 millones de las antiguas pesetas, por haber actuado al margen de su superior jerárquico. Posteriormente ejerció de forma contundente el puesto de fiscal de medio ambiente durante 13 años.
El expediente a Valerio era el segundo que afecta a la Fiscalía de Madrid desde la llegada de José Javier Polo como responsable.
