La Asamblea se personará ante el Constitucional para defender la Ley Regional de Participación Institucional

 CARTAGENA.- La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este lunes que la Cámara se persone y presente alegaciones ante el Tribunal Constitucional en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley 2/2025, de 4 de julio, que modifica la Ley 5/2017 de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Región.

La ponencia, defendida por el diputado de Vox Rubén Martínez, ha propuesto la personación de la Asamblea en los recursos de inconstitucionalidad contra la citada Ley y la designación de los servicios jurídicos de la Cámara para la representación y formulación de alegaciones. Finalmente, la Comisión ha acordado que dicha representación recaiga en la letrada de la comisión.

El diputado ha recordado que la norma recurrida nace de una iniciativa de Vox y ha subrayado que "se han seguido todos los trámites reglamentarios para la aprobación de dicha Proposición de Ley quedando garantizados y salvaguardando los derechos de todos los grupos parlamentarios y por ende de los ciudadanos de la región de Murcia".

En su informe, la ponencia defiende la personación de la Cámara al entender que el asunto afecta a competencias autonómicas.

"Consideramos de vital importancia participar activamente en este proceso dado que la legislación en cuestión afecta competencias autonómicas y es necesario que se asegure la conformidad con respecto a los principios de derecho que rigen el marco jurídico español ejerciendo efectivamente su derecho a intervenir en la defensa de los principios y valores que guían la actuación de la Asamblea Regional y asegurar que la legislación que afecta a nuestra comunidad autónoma sea conforme con los preceptos constitucionales", ha señalado, antes de "reiterar nuestro compromiso con los valores constitucionales de la ciudadanía de la Región de Murcia".

Entre las observaciones de fondo incluidas en el informe, Martínez ha enumerado, en primer lugar, "la libertad de configuración normativa del legislador autonómico en materia de subvenciones y participación institucional en virtud del Artículo 137 147 y 148 de la Constitución Española".

En segundo lugar, ha defendido que "la Constitución Española no reconoce como derecho fundamental la libertad de la libertad sindical el obtener financiación pública".

Asimismo, ha apuntado que "la ley no suprime la participación institucional y que e edita el ejercicio legítimo de competencias autonómicas porque no estamos hablando como digo de la competencia exclusiva del Estado en materia legislación laboral sino que estamos hablando de diálogo institucional a nivel autonómico".

Según ha expuesto, la norma "no afecta al contenido esencial de la libertad sindical no contradice el criterio de mayor representatividad establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical respeta el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española y reduce la arbitrariedad en el otorgamiento de subvenciones y además la ley 2025 supera con crece el test o la prueba de proporcionalidad constitucional".

Por parte del Grupo Parlamentario Popular solo han recordado que ya dijeron la semana pasada que apoyarían el informe de la ponencia.

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra. Los socialistas han asegurado que "hoy volvemos a esta cámara para defender señorías algo tan elemental como los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y los funcionarios públicos y la preservación del marco constitucional que garantiza la participación de los sindicatos*, y ha avanzado que *nos vamos a reiterar no vamos a emitir un un voto favorable porque lo que pedíamos en la proposición de ley es que estuviera avalado por un informe jurídico que no se hizo y ahora pretende que avale la ponencia un partido ultraderecha y el Partido Popular está solapando y ayudando y aupando a esa información contra las alegaciones del Constitucional".

Además, han recordado que "hay dos recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de España" y ha insistido en que su grupo no apoyará la posición aprobada por la mayoría de la Comisión.

También el Grupo Mixto ha anunciado su voto en contra, al considerar erróneo el planteamiento de la ley y de las alegaciones que se prepararán ante el Constitucional.

Su portavoz ha señalado que "es tan absurdo lo que plantea Vox y lo que aprobó también con apoyo del Partido Popular en esa modificación que es primero confunde la cuestión eh las ayudas económicas que se dan a la Crohn y al los sindicatos no son subvenciones por tanto es el primer es el primer error de fondo".

A modo de ejemplo, ha criticado que se pretenda trasladar a la mesa de diálogo social un régimen competitivo propio de subvenciones, "como son subvenciones plantémonos en régimen competitivo como las subvenciones se imagina que el diálogo social para elevar por ejemplo el salario mínimo interprofesional que se negocia en la mesa de diálogo social se invitará a sentarse allí pues no sé vamos a ver qué sindicatos o sea qué era una sindicales vamos a hacer una especie de concurso a ver quién es el que opta sentarse en la mesa de diálogo social o qué organizaciones patronales son la verdad porque son varias también no las que pueden sentarse en el diario de ambiente".

El Grupo Mixto ha defendido que "las ayudas económicas a aquellos organismos que constituyen la base y el fundamento estructural de nuestra democracia y de nuestro Estado que son precisamente por el ámbito de la defensa de los trabajadores las organizaciones sindicales de clase más representativas que por la parte patronal la organización más representativa del patronal que es la que es" están amparadas en distintos niveles normativos, y ha recordado que está reconocido en la Ley de base de Régimen Local que los grupos municipales deben contar con ayuda suficiente económicas de recursos humanos".

En este contexto, ha advertido de que cree que es "clarísimo que el recurso prosperará seguramente con toda con toda seguridad y de luego nosotros no vamos a colaborar como no apoyamos tampoco esa primera esa primera esa modificación que ya hicieron ustedes aquí en la Asamblea Regional", han añadido.

Tras el turno de intervenciones, la Comisión ha sometido a votación el informe de la ponencia y ha aprobado la personación de la Asamblea. El presidente de la Comisión ha señalado que "la personación de la asamblea en la representación la llevará a cabo la letrada de esta comisión".

El PSOE pedirá la reprobación del consejero de Hacienda tras "un error contable de 4.300 millones" detectado por el TC

CARTAGENA.- El PSOE ha denunciado en el Pleno de la Asamblea Regional que el Tribunal de Cuentas (TC) ha detectado "un error contable de 4.300 millones de euros" en la contabilidad de la Comunidad Autónoma entre 2013 y 2021 y ha anunciado que registrará la reprobación del consejero de Hacienda por la "nefasta gestión" de las cuentas públicas. Pese a estas críticas, la Cámara ha aprobado los tres puntos del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto sobre las Cuentas Generales de esos ejercicios, mediante votaciones separadas.

El socialista Alfonso Martínez Baños ha explicado que su grupo ha rechazado los dos primeros puntos al considerar que existe "una responsabilidad política evidente" en la gestión del PP.

Ha citado, además, un déficit acumulado de más de 5.000 millones, un remanente de tesorería "inflado" y desviaciones en el Servicio Murciano de Salud y la desaladora de Escombreras. No obstante, el PSOE ha votado a favor del punto 3 por incluir 21 medidas para corregir las deficiencias detectadas y reforzar el control parlamentario.

Vox se ha abstenido en las cuentas de 2013 y 2014 "por respeto a legislaturas anteriores", pero ha votado a favor del resto. Su diputado Rubén Martínez Alpañez, ha asegurado que "la vergüenza de no aprobar las cuentas desde 2013 ya nos la hemos quitado gracias a Vox", reivindicando que sin el impulso de su grupo las cuentas no habrían sido sometidas al Pleno.

Ha calificado los documentos fiscalizados como textos que "ningún economista podría leer sin sonrojarse" y ha atribuido al PP una gestión plagada de "errores y manipulaciones contables". Aun así, ha agradecido el "respeto y la unanimidad" mostrada por los grupos en el trabajo de la ponencia.

Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha votado únicamente a favor del punto 3, destacando que la reforma del reglamento para que las cuentas se eleven al Pleno en el plazo máximo de un año "es un avance imprescindible".

Ha rechazado el resto de puntos por considerar que las cuentas contienen "un disparate inasumible de salvedades", y ha alertado de que los informes posteriores, como el del SMS en 2022, demuestran que "no ha existido propósito de enmienda". A su juicio, la persistencia de presupuestos "no ajustados al gasto real" agrava la deuda y reproduce los mismos errores cada ejercicio.

El diputado del PP Carlos Albaladejo ha defendido que la aprobación o rechazo de las cuentas por parte de la Asamblea "no tiene consecuencias jurídicas" y que el dictamen aprobado por la oposición es "partidista, subjetivo e interesado".

Ha acusado a PSOE, Vox y Grupo Mixto de construir un texto "cocinado para buscar el titular de que la Asamblea rechaza las cuentas" y ha sostenido que el Tribunal de Cuentas reconoce avances, especialmente en el ámbito sanitario.

Albaladejo ha insistido en que la infrafinanciación autonómica es el principal origen de la situación económica regional y ha señalado que la Región recibe "1.098 euros menos por habitante" que la comunidad mejor financiada.

La Cámara ha aprobado, igualmente, la creación de una comisión especial de investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, a propuesta de Vox.

El diputado Ignacio Arcas ha recordado que, casi 20 años después de la colocación de la primera piedra, el aeropuerto "sigue generando quebraderos de cabeza" y ha cifrado en más de 400 millones de euros el coste que puede acabar asumiendo la Comunidad, entre el aval de 160 millones, la liquidación de daños y perjuicios y las últimas sentencias contrarias a los intereses autonómicos.

Arcas ha reprochado al PP haber defendido durante años que el aeropuerto "no costaría ni un euro a los murcianos" y ha denunciado que la liquidación contra la antigua concesionaria Aeromur fue anulada por caducidad, mientras una reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid condena a la Comunidad a pagar 143 millones de euros más intereses. PSOE y Grupo Mixto han respaldado la nueva comisión.

Alfonso Martínez Baños (PSOE) ha calificado Corvera como "uno de los mayores fraudes políticos" del Gobierno regional, ha recordado que no se han cumplido las previsiones de empleo ni de pasajeros y ha señalado que la oposición aún desconoce por qué se desechó un posible acuerdo extrajudicial antes de la última condena judicial.

Álvarez-Castellanos ha insistido en que "queda mucho por aclarar", especialmente en relación con las decisiones políticas y el concurso de acreedores de Aeromur.

Por su parte, el 'popular' Víctor Martínez Carrasco considera "prematuro" hablar de liquidación fallida sin sentencia firme y ha tildado la comisión de "teatro innecesario", defendiendo que la Comunidad actuó "con rigor" y que el aeropuerto es "una infraestructura estratégica en la senda correcta".

El Pleno también ha dado luz verde a una iniciativa del Grupo Mixto para alejar los salones de apuestas de los centros educativos. La diputada María Marín ha explicado que la moción responde a peticiones directas de diversas AMPAS que denuncian la presencia de casas de apuestas "a diez metros de un instituto y a cien de un colegio".

Marín ha subrayado que el objetivo de los apartados aprobados es establecer distancias mínimas y restringir la instalación de salones de juego en entornos escolares, y ha recordado que la Región presenta tasas de juego juvenil "más del doble de la media estatal".

La diputada ha insistido en que el reciente aval del Tribunal de Justicia de la UE a la ley valenciana, que fija distancias de hasta 850 metros, demuestra que este tipo de restricciones "son perfectamente compatibles con el derecho europeo", por lo que el Gobierno regional "ya no tiene excusas" para no regularlas.

El PSOE ha votado a favor de los puntos aprobados y ha reforzado su contenido con una enmienda asumida por el Grupo Mixto. El socialista Andrés Torres ha alertado de que el 18% de los menores de la Región ha entrado en locales de apuestas y que un 56% ha tenido contacto con el juego antes de los 18 años, citando un estudio de la Universidad de Murcia que sitúa la edad media de inicio en los 14,7 años.

Ha reprochado al Gobierno regional que la Región sea "la única comunidad autónoma sin normativa específica de distancias" entre centros educativos y casas de apuestas pese a haber anunciado un decreto ya en 2018. Vox ha apoyado parte de los puntos aprobados, aunque ha insistido en que "el verdadero problema entre los jóvenes" es el juego on line, y ha pedido centrar ahí la acción política.

Su diputado Pascual Salvador ha recordado que desde 2018 no se conceden nuevas licencias de salones presenciales y ha reclamado la publicación pendiente del Libro Blanco del Juego para reforzar los controles y actualizar la normativa.

El PP, por su parte, ha reivindicado que el Gobierno de Fernando López Miras ha actuado "con determinación", recordando que desde hace siete años no se otorgan nuevas licencias y que se han incrementado las inspecciones y sanciones.

No obstante, la oposición le ha reprochado que esas medidas no han ido acompañadas de la regulación de distancias, a pesar de que el Consejo Jurídico ya advirtió que debía aplicarse en las renovaciones de licencias.

La Asamblea Regional aprueba solicitar al Estado que asuma los gastos sufridos por municipios afectados por la dana

 CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este miércoles una moción del PP para solicitar al Gobierno de España que asuma los gastos extraordinarios sufridos por los municipios afectados por la dana 'Alice', especialmente en la comarca del Mar Menor.

El 'popular' Carlos Albaladejo ha defendido que los ayuntamientos han tenido que costear cisternas, refuerzos de servicios básicos y otros gastos derivados de la falta de agua potable, y ha acusado al Ejecutivo central de "desentenderse" de la situación. Ha criticado que "al enemigo, ni agua" es la actitud que, a su juicio, ha adoptado el Gobierno de España con la Región.

El PSOE ha votado en contra argumentando que el Estado ya ha activado el Decreto 307/2025 y que el Consejo de Ministros declaró este lunes la zona como "gravemente afectada por una emergencia de protección civil", lo que habilita nuevas ayudas de varios ministerios.

Los socialistas han señalado que varios ayuntamientos, tanto del PSOE como del PP, han habilitado oficinas para tramitar las subvenciones estatales y ha reprochado al Gobierno regional "no aportar ni una sola línea de ayuda autonómica".

Vox ha apoyado la moción insistiendo en la responsabilidad de la Mancomunidad de Canales del Taibilla en los cortes de agua. El Grupo Mixto ha considerado que la moción "llegaba tarde", ya que los mecanismos estatales "estaban plenamente activados".

En materia de vivienda, el Pleno ha debatido una moción del PSOE para impulsar el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso, que ha sido finalmente rechazada con los votos en contra de PP y Vox, el apoyo de los socialistas y la abstención del Grupo Mixto.

Miguel Ángel Ortega ha defendido este sistema como una herramienta para garantizar acceso a vivienda asequible, combatir la soledad no deseada y adaptarse a nuevos modelos familiares, combinando espacios privados con zonas comunes gestionadas colectivamente.

Desde Vox, Antonio Martínez ha cargado contra la vivienda cooperativa, que ha presentado como una derivación "eco-socialista" de la agenda 2030 destinada, según él, a sustituir la propiedad por un mero "derecho de uso" y a permitir que ONG, banca ética y administraciones "se queden con los pisos de los jubilados", contraponiendo este modelo a la defensa de la propiedad privada.

El diputado del PP Antonio Landáburu ha enmarcado la iniciativa en lo que ha definido como "moción tipo importada de Madrid" y ha acusado al PSOE de intentar "tapar" con ella la reciente caída del decreto de vivienda asequible, que el Gobierno regional calculaba que podía impulsar hasta 35.000 viviendas en cinco años.

La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha explicado su abstención señalando que comparte la necesidad de fomentar el cooperativismo en cesión de uso, que ha descrito como un modelo sin ánimo de lucro con cuotas inferiores al mercado, pero ha reclamado ir más allá con límites legales a la especulación y a la acumulación de viviendas por parte de grandes propietarios.

Entre las iniciativas rechazadas figura también la moción de Vox sobre reconsideración del arraigo. La formación ha pedido suprimir esta figura y endurecer la Ley de Extranjería, vinculando inmigración irregular con delincuencia e inseguridad y denunciando un "coladero de regularizaciones masivas". 

La diputada Virginia Martínez ha acusado al PSOE y al PP de "abandonar a los españoles" y de priorizar ayudas a inmigrantes en situación irregular.

El PP, por medio de Joaquín Segado, ha replicado que los datos aportados por Vox "son falsos" y ha defendido el arraigo como vía "excepcional y ordenada" de regularización para personas integradas y sin antecedentes, acusando a la ultraderecha de convertir la inmigración en "chivo expiatorio" y "combustible para la polarización".

El PSOE, a través de Carmina Fernández, ha recordado que la Región "se ha construido con oleadas de migraciones" y ha advertido de que eliminar el arraigo solo conduciría "a más economía sumergida, más explotación y menos derechos", mientras que Álvarez-Castellanos (Grupo Mixto) ha reprochado a Vox "falta de rigor" y "manipulación deliberada de los datos".

En el ámbito de la violencia de género, la diputada socialista María Soledad Sánchez ha optado por retirar su moción con motivo del 25 de noviembre al constatar que las enmiendas de totalidad de PP y Vox impedirían su aprobación.

Sánchez ha defendido un "compromiso de no dar ni un paso atrás" y ha reclamado, entre otras medidas, protocolos específicos de atención psicológica para las familias de víctimas en municipios pequeños, recordando los recientes asesinatos de Nadia, Ginesa y Ainhoa en la Región.

Ha criticado que el pacto regional contra la violencia de género no se actualice desde 2022 y ha acusado a Vox de negar la violencia machista mientras en los ayuntamientos donde cogobierna se adhieren a manifiestos que respaldan el pacto de Estado y los puntos violeta.

Según ha dicho, la retirada busca evitar que la iniciativa se convierta en "un campo de batalla negacionista" y ha reclamado un compromiso "real y efectivo" de todos los grupos contra la violencia hacia las mujeres.

Regantes de Lorca dicen que la falta de la tubería de Torrevieja y recortes trasvase harán "inviable" el regadío en 2027

 CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín, ha advertido en la Asamblea Regional de que el escenario previsto para diciembre de 2027 será "inviable, insolidario e injusto" para el regadío del Guadalentín, al coincidir los recortes del trasvase Tajo-Segura, la reducción de extracciones de aguas subterráneas y la ausencia de la tubería que debía conectar con la desaladora de Torrevieja para aportar caudales alternativos.

Marín ha comparecido ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura para explicar la realidad de la Comunidad de Regantes de Lorca, un regadío "centenario" que gestiona casi 27.000 hectáreas y representa a unos 17.000 comuneros. Ha subrayado la "gran responsabilidad" de presidir una entidad que "sigue cultivando y dando alimentos, trabajo y economía" a una amplia zona del valle del Guadalentín.

Ha recordado que el regadío lorquino no nació con el trasvase, sino que procede de antiguas infraestructuras de origen árabe, basadas en riegos por inundación, que comenzaron a transformarse durante el siglo XX con proyectos de modernización, nuevos cultivos y un fuerte proceso de tecnificación. Esa evolución permitió dejar atrás una agricultura de bajo valor añadido, centrada en cereales y algodón, y avanzar hacia producciones como alcachofa, brócoli, parras y cítricos.

El compareciente ha explicado que el modelo actual de Lorca se sostiene sobre un "mix de agua" formado por recursos superficiales, con los embalses de Puentes y Valdeinfierno, aguas subterráneas que ya en los años 60 rondaban los 18 millones de metros cúbicos, caudales del trasvase Tajo-Segura, el 100% del agua regenerada producida en la ciudad y aportaciones de la desaladora de Águilas, un proyecto impulsado hace unos 45 años por varias comunidades de regantes y al que después se sumaron también Totana y Alhama.

Aun así, ha insistido en que "sin el trasvase la Comunidad de Regantes de Lorca no podría vivir en los próximos años". Ha descrito el Tajo-Segura como "la piedra angular que vertebra todo ese agua", no solo por el volumen aportado en la última década, variable según las lluvias en cabecera, sino también por su precio, que ha situado en torno a 10-12 céntimos el metro cúbico, "lo que permite compensar el coste de recursos más caros" como los pozos o la desalación.

Marín ha advertido de que ciertos cultivos, "como los cítricos", "prácticamente se empezarían a secar dentro de muy poco tiempo" si solo se regaran con agua de pozo o desalada. Ha explicado además que la comunidad apostó por disponer de casi cuatro hectómetros cúbicos procedentes de la desaladora de Torrevieja para compensar futuras reducciones del trasvase, recurso que iban a recibir mediante una tubería aún no ejecutada.

En este punto, ha recordado que la Comunidad de Regantes de Lorca se comprometió a ir reduciendo progresivamente las extracciones de acuíferos hasta 2027,"hasta llegar prácticamente a cero o muy poco", precisamente porque esas aportaciones alternativas estaban garantizadas. 

Sin embargo, ha denunciado que "no está la tubería hecha, no están las conexiones hechas", lo que deja en el aire cómo llegará ese volumen a Lorca: "¿En barcos desde Torrevieja o Águilas, en cisternas, o a capazo y a calderos?", ha ironizado.

La combinación de la reducción de aguas subterráneas, los recortes del trasvase y la inexistencia de esa conexión "desencadena un escenario apocalíptico de diciembre del 27" para los agricultores lorquinos, ha dicho, situación que ha calificado de "inviable, insolidaria e injusta". 

 También ha advertido de que, si se permite "cercenar" el trasvase, se pondrá en riesgo una infraestructura que ha aportado "seguridad, tranquilidad y prosperidad" a toda la comarca.

Durante su intervención, Marín ha insistido en que el Tajo-Segura es "irrenunciable en letras mayúsculas" para los murcianos y ha señalado que le "da miedo" escuchar que se considera irrenunciable sin garantizar agua suficiente para abastecimiento urbano, industria, agricultura y ganadería. 

Además, ha alertado de que, de continuar las actuales políticas europeas, "la próxima crisis en los próximos años no será una crisis de micro, será una crisis alimentaria", porque "no se están considerando ni los tiempos ni la realidad ni la necesidad" del sector agrario.

El presidente de los regantes de Loca ha defendido que los agricultores son "de las partes más verdes que hay ahora mismo", organizados en cooperativas y sin "grandes fondos" detrás, y ha lamentado que "no tenemos herramientas para mantener nuestro cultivo" si no se asegura el agua.

 Ha invitado a los representantes políticos a visitar Lorca y las fincas de riego para conocer de primera mano "la realidad de la agricultura" y escuchar a los 28 vocales que se reúnen cada última semana de mes.

 También ha agradecido el apoyo de CCOO, cuya secretaria general, ha dicho, respalda plenamente el trasvase como herramienta esencial frente al cambio climático.

En el turno de los grupos parlamentarios, el socialista Fernando Moreno ha afirmado que, con "algunos matices", comparte gran parte de la intervención de Marín y ha reivindicado que el PSOE de la Región de Murcia considera el trasvase "irrenunciable". 

Ha defendido la necesidad de un "mix hidrológico" basado en recursos propios de cuenca, reutilización de aguas residuales, desalación, que ha calificado de "salvavidas" en ciclos secos, modernización de regadíos y mantenimiento del trasvase. 

También ha preguntado al compareciente si considera positivas las políticas hídricas del PSOE y cuál fue el papel de la desalación en los once meses en que el acueducto no aportó agua.

El diputado de Vox Antonio Martínez ha calificado la situación del trasvase como una "tragedia" causada, según ha dicho, por decisiones "estrictamente políticas", y ha afirmado que es "inmoral prescindir del trasvase".

 Ha destacado el papel del "mix" de aguas en el Guadalentín y ha preguntado a Marín por la falta de unidad de criterio de los grandes partidos nacionales respecto al trasvase en distintas comunidades autónomas, así como por el impacto de las políticas vinculadas al Pacto Verde y la Agenda 2030.

El diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha agradecido la "claridad" de la exposición de Marín, pero ha advertido de que el trasvase ha sostenido un modelo de agricultura intensiva basado en un recurso "volátil" y con aportaciones descendentes en la cabecera del Tajo durante décadas. 

Ha reclamado una "gran mesa de concertación nacional" para planificar el regadío a 30 o 40 años vista y ha pedido al compareciente su opinión sobre la contaminación, la sobreexplotación de acuíferos y la necesidad de una reconversión del sistema.

Finalmente, el diputado del PP Jesús Cano ha enmarcado la comparecencia en un "momento crucial" para el trasvase, que considera "en situación crítica" por "malas decisiones políticas, caprichosas, ideológicas y sectarias". 

Ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "recortar y, si es posible, cerrar" el Tajo-Segura y ha advertido de que, si en 2027 se suma el recorte del trasvase al cierre de los acuíferos, sin alternativas reales, estas políticas pueden suponer "la estocada de muerte" para la economía regional.

La Asamblea Regional pide un plan de choque para reducir las demoras en dependencia

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado una iniciativa para pedir un plan de choque para afrontar el colapso del sistema de dependencia en la Comunidad, después de que la Región haya alcanzado una demora de 563 días para realizar las valoraciones y de 242 días para conceder la prestación.

La iniciativa, del Grupo Mixto, ha recibido el apoyo de PSOE, Vox y Grupo Mixto y el rechazo del PP.

El diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos ha alertado de que Murcia se ha convertido en la comunidad autónoma con peor cumplimiento y ha denunciado la existencia de una "lista limbo" en la que miles de personas han visto reconocido su derecho sin recibir prestación o servicio alguno.

Álvarez-Castellanos ha subrayado que en lo que va de año han fallecido 1.394 personas en esa lista de espera, "casi cuatro al día", y ha atribuido el colapso a la insuficiencia de Equipos de Valoración y a la falta de personal en los servicios sociales municipales, que han tenido que emitir informes sin refuerzos pese al aumento de expedientes.

El plan aprobado ha propuesto duplicar o triplicar los equipos de valoración, financiar refuerzos municipales y unificar en un solo procedimiento la resolución del grado y la asignación de prestación, una fórmula ya implantada en Castilla y León.

La diputada del Grupo Mixto María Marín ha apoyado el plan y ha señalado que la situación es "vergonzosa", al existir "más de mil fallecidos al año" esperando una prestación. Marín ha criticado que la Comunidad "no haya explicado" el destino de los fondos estatales de dependencia y ha advertido de que "no respalda" enmiendas mientras haya personas muriendo sin atención.

Desde el PSOE, Toñi Abenza ha explicado que la iniciativa "es imprescindible" para revertir la situación y ha aclarado que la Ley de Dependencia "no fija un reparto del 50% entre Estado y Comunidad", por lo que ese porcentaje -ha dicho- "no puede utilizarse como argumento para justificar demoras autonómicas".

Por parte de Vox, María José Ruiz ha apoyado la moción al afirmar que el sistema "ha quedado colapsado, lento e inhumano" y ha recordado que 16.348 personas siguen esperando respuesta, mientras "tres murcianos al día han fallecido sin prestación".

El PP, a través de Miguel Ángel Miralles, ha votado en contra y ha culpado al Gobierno central de no haber transferido fondos "en tiempo y forma". 

Miralles ha sostenido que los recursos estatales han llegado en noviembre, lo que "ha impedido contratar valoradores", y ha insistido en que la Comunidad ha incrementado con recursos propios las ayudas a cuidados familiares, con 16 millones adicionales en 2024 y cinco más este año.

El Pleno también ha aprobado una moción del PP para instar al Gobierno central a iniciar la planificación y construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, así como a concretar el destino de los casi 32 millones de euros aprobados en 2023 para derribo y reconstrucción.

María Casajús, del PP, ha denunciado que desde el 27 de agosto de 2023, cuando comenzó la demolición, "813 días de retrasos, mentiras e incumplimientos" se han acumulado, y que los agentes han tenido que trabajar en dependencias provisionales "muy por debajo de lo que merecen".

También ha recordado que el plan inicial de reforma se ha convertido en un derribo total sin planificación de obra posterior, y que el Plan de Infraestructuras 2023-2028 del Ministerio "no ha incluido" Cartagena.

Casajús ha repasado la cronología: la promesa de 11 millones en 2019, de la que el Plan solo ha recogido siete; la confirmación de 2021 de que el cuartel se reconstruiría en la misma parcela; el anuncio en 2022 de un presupuesto de 9,5 millones; y la aprobación en 2023 de casi 32 millones.

Sin embargo, la diputada ha advertido de que "no existe informe público" sobre el uso de esa partida y que el mapa interactivo de infraestructuras del Ministerio ha dejado de funcionar. PSOE, Vox y Grupo Mixto han votado a favor.

Fernando Moreno, del PSOE, ha acusado al PP de apoyarse "en un bulo", pero ha respaldado la obra: "el cuartel es una prioridad y pronto habrá noticias". Vox, con Alberto Garre, ha afirmado que el proyecto "no se ha materializado nunca", y Álvarez-Castellanos, del Grupo Mixto, ha reclamado "unidad" ante la Guardia Civil.

Por otro lado, el Pleno también ha aprobado pedir al Gobierno de España que rechace el acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos, por el impacto que ha tenido en los agricultores murcianos, una iniciativa del PP.

El diputado del PP Jesús Cano ha advertido que las importaciones agrícolas marroquíes han pasado de 135.000 toneladas en 2012 a 438.000 en 2023, y que en el caso del tomate la entrada ha aumentado un 42% en diez años mientras las exportaciones españolas han caído un 43%.

Cano ha denunciado que el acuerdo ha permitido competir a Marruecos con menores exigencias laborales, ambientales y fitosanitarias, y ha reclamado cláusulas espejo, salvaguardas automáticas y mayores controles fronterizos.

También ha pedido excluir los productos del Sáhara Occidental y "evitar perjuicios directos" al campo murciano. Vox se ha abstenido al considerar insuficiente la mención al Sáhara. Mientras que PSOE y Grupo Mixto han votado en contra.

Los socialistas han defendido que el acuerdo ha adaptado una sentencia europea y que el Gobierno ha garantizado la defensa del sector; mientras que el Grupo Mixto ha acusado al PP de centrar el debate "solo en Marruecos" pese a haber apoyado otros tratados que también han presionado a la agricultura familiar.

Durante la sesión, se ha rechazado la propuesta socialista para reforzar la atención primaria.

María Soledad Sánchez ha denunciado un deterioro sostenido y ha mostrado que al solicitar una cita "se ha fijado para varios días después", alertando de falta de profesionales y de la insuficiencia del presupuesto sectorial.

El PP ha defendido que el 86% de los usuarios ha obtenido cita en cuatro días o menos y ha atribuido la situación a la falta de médicos a nivel estatal.

Vox ha reclamado el cumplimiento de la estrategia regional 2023-2026 y el Grupo Mixto ha pedido una evaluación monográfica de su desarrollo.

También se ha debatido una moción sobre vivienda de Vox en la que proponía recuperar deducciones por compra de vivienda, extender deducciones de alquiler y reducir impuestos, afirmando que un joven ha necesitado 56.000 euros de ahorro previo para acceder a una hipoteca.

El PSOE ha defendido solo medidas "quirúrgicas", mientras el PP ha acusado a Vox de presentar "una moción tipo" elaborada en Madrid y ha recordado que Vox, junto al PSOE y Podemos, ha tumbado el decreto de 25.000 viviendas asequibles del Gobierno regional.

Por último, se ha abordado una moción sobre inmigración, de Vox, que también ha sido rechazada. La diputada de Vox Virginia Martínez ha pedido un informe del coste de la inmigración irregular y ha asociado inmigración y delincuencia, además de reclamar "remigración".

Por su parte, el PSOE ha denunciado que el término procede de ideologías extremistas y ha defendido el papel económico de la inmigración; el PP ha apostado por una política "ordenada, legal y humana"; y el Grupo Mixto ha calificado la moción de "racista" y "llena de bulos".

Álvarez-Castellanos (IU) reclama rigor y corresponsabilidad en el debate del Trasvase Tajo-Segura

 CARTAGENA.- El diputado autonómico de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha comparecido hoy en la rueda de prensa posterior a la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura, celebrada tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. 

La sesión ha contado también con la comparecencia del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, cuyas declaraciones han vuelto a centrarse —según IU-Verdes— en la defensa de los intereses de un sector concreto sin contemplar otros ámbitos que afectan al Trasvase y que no pueden ignorarse a la hora de afrontar el futuro hídrico de la Región.

Álvarez-Castellanos ha subrayado que la realidad hidrológica actual exige una planificación seria, y ha recordado que las aportaciones en cabecera del Tajo han experimentado un descenso del 51% respecto a las décadas previas a la construcción del acueducto. 

Según el diputado, incluso los dos últimos años hidrológicos con aportaciones excepcionalmente altas "no rompen una tendencia clara de disminución de los aportes en cabecera vinculada al cambio climático", lo que obliga a reconsiderar el volumen de recursos disponibles y las expectativas futuras del sistema.

El diputado ha insistido en que el trasvase no puede analizarse sin considerar el impacto ambiental del modelo agrícola intensivo que depende de él, especialmente en relación con la contaminación de los acuíferos y del Mar Menor. 

Ha recordado que existe consenso científico sobre que la acumulación de nitratos de origen agrario es la principal causa de su deterioro.

 "No se puede plantear una negociación sobre el trasvase sin tener en cuenta el derecho constitucional al medio ambiente saludable y las obligaciones derivadas de la sanción europea por contaminación", ha señalado.

Asimismo, Álvarez-Castellanos ha defendido que la regulación del sistema de explotación del trasvase ha generado mayor estabilidad y ha evitado episodios como los diez meses consecutivos de trasvase cero registrados entre 2017 y 2018.

 Según ha explicado, la reforma de 2021 "no solo aportó seguridad, sino que incrementó la media mensual de envíos respecto al período regulado por el Memorándum de 2014". 

También ha recordado que, hasta la fecha, ninguna resolución judicial ha respaldado los recursos interpuestos por el Gobierno regional o por otras comunidades autónomas contra la normativa vigente.

Ante este escenario, el parlamentario de IU-Verdes ha defendido la necesidad de abrir un proceso de diálogo que permita abordar una reconversión del modelo agrícola en la Región de Murcia, con objetivos claros a corto, medio y largo plazo. 

Ha reclamado además que se cumplan las medidas de transición ya comprometidas por el Gobierno central, como la ampliación de las desaladoras de Torrevieja y Valdelentisco: "Los plazos y volúmenes anunciados deben respetarse".

Álvarez-Castellanos ha concluido que el trasvase "no puede seguir reduciéndose a un debate de "más agua" o "menos agua"", sino que debe abordarse desde una perspectiva integral que combine disponibilidad real de recursos, sostenibilidad ambiental y planificación de futuro.

El Scrats denuncia un "trato desigual" en los caudales ecológicos que "perjudica la viabilidad futura" del trasvase

 CARTAGENA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha denunciado este lunes en la Asamblea Regional que la última planificación del río Tajo "ha consolidado un trato desigual" en la fijación de caudales ecológicos con el objetivo de "perjudicar la viabilidad futura del trasvase Tajo-Segura".

Jiménez ha comparecido ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura tras las medidas del Ministerio para la Transición Ecológica y ha asegurado que el trasvase "se ha empantanado en los tribunales" y que el recorte previsto para 2027 "también se ha estancado" al quedar supeditado a una modificación de la Ley del Trasvase que, ha recordado, "ha requerido o bien una nueva ley o bien la convalidación de un real decreto-ley en el Congreso".

Durante su intervención, el presidente del Scrats ha recordado que "se ha producido un trato desigual a la hora de establecer caudales ecológicos en la práctica totalidad de las cuencas de España, también en todos los tramos del río Tajo a excepción del alto Tajo y de aquellos puntos en los que, claramente, se ha perjudicado la viabilidad futura del trasvase Tajo-Segura".

Según ha explicado, los estudios del sindicato "han constatado que en todas las cuencas se han mantenido los caudales ecológicos de las anteriores planificaciones o incluso se han rebajado tras la negociación con los regantes, salvo en los tramos en los que el trasvase se ha visto afectado".

Jiménez ha considerado que esta situación "se ha derivado de un planteamiento político a la hora de tratar los caudales en el alto Tajo", que, a su juicio, "ha tenido como objetivo recortar el trasvase Tajo-Segura".

En este sentido, ha afirmado que "cuando se ha hecho todo bien, el río no se ha visto afectado para nada y el Levante se ha mantenido tranquilo", y ha insistido en que, en el resto de ríos y tramos del propio Tajo, "se ha respetado el caudal que se ha tenido con anterioridad al último plan aprobado".

El presidente del Scrats ha advertido de que las decisiones adoptadas "han dejado en suspenso inversiones comprometidas y han adelantado los efectos del recorte antes de que se hayan cumplido las condiciones previstas", y ha reiterado que la cuenca del Segura "se ha situado en una posición de máxima vulnerabilidad hídrica mientras se ha obligado al Levante a depender de medidas que no se han ejecutado en plazo".

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado socialista Fernando Moreno ha agradecido la comparecencia de Jiménez y ha defendido que su formación "se ha ocupado en garantizar el agua para siempre mediante un mix hídrico que ha combinado trasvase, reutilización y desalación", al tiempo que ha cuestionado el "boicot" que, a su juicio, el Partido Popular "ha ejercido" sobre la interconexión de la desaladora de Torrevieja con la Región de Murcia y ha anunciado que su grupo "ha registrado" una iniciativa para reclamar una moratoria en el cierre de pozos sobreexplotados.

Por parte de Vox, Antonio Martínez ha subrayado que el trasvase "forma parte de la esencia del Levante español" y ha enmarcado las restricciones en una "estrategia ideológica" que, según ha afirmado, "se ha apoyado en un ecologismo radical y en el uso político de los caudales ecológicos", mientras ha denunciado una "larga lista de promesas incumplidas" en materia de depuración, modernización de regadíos y desalación.

El diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha valorado la abundancia de datos aportados por el compareciente y ha señalado que el trasvase "ha afectado al conjunto de la sociedad", por lo que ha reclamado que se hayan tenido en cuenta los impactos ambientales y, en particular, la contaminación del Mar Menor, que ha vinculado al modelo de regadío intensivo en el Campo de Cartagena, así como a la obligación de cumplir las exigencias europeas sobre caudales ecológicos y buen estado de las masas de agua.

Finalmente, el diputado del PP Jesús Cano ha advertido de que "han corrido malos tiempos para el trasvase a consecuencia de decisiones políticas caprichosas, ideológicas y sectarias" que, según ha dicho, "han perseguido el fin del Tajo-Segura en 2027", y ha acusado al Gobierno central de "jugar con el agua que ha permitido transformar un erial en tierras fértiles y que ha sostenido miles de empleos en la Región de Murcia".

Cano ha reiterado el apoyo de su grupo a las reivindicaciones del Scrats y ha asegurado que el PP "se ha situado como un regante más en la defensa del trasvase".

El SMS reduce a 30 días el pago a proveedores, según Pedreño, mientras la oposición denuncia un "deterioro" de la situación

 CARTAGENA.- El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha defendido en la sesión de control del Pleno de la Asamblea Regional que el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha reducido su plazo medio de pago a proveedores hasta los 30 días, cumpliendo la normativa vigente y tras haber abonado "la totalidad de las facturas en el mes de junio". De este modo, ha respondido a la interpelación planteada por Vox sobre el retraso en la ejecución de la moción aprobada por unanimidad en diciembre para garantizar el pago inmediato a las empresas proveedoras del sistema sanitario.

Pedreño ha asegurado que el retraso se ha estabilizado en torno a los 30-32 días y que tanto el SMS como la Consejería de Hacienda "han generado los mecanismos para agilizar los pagos". Ha reiterado que el principal problema "ha sido la infrafinanciación estatal", que a su juicio mantiene a la Región de Murcia por debajo del nivel de recursos que recibe la media nacional. 

"Los murcianos merecen la misma atención que cualquier ciudadano de Navarra, Cataluña o Asturias", ha dicho, defendiendo que el Gobierno regional "ha presupuestado lo necesario y lo seguirá haciendo incluso sin presupuestos estatales".

Desde Vox, el diputado Rubén Martínez ha denunciado que la situación "ha seguido deteriorándose", que "miles de pymes y micropymes han podido verse al borde del cierre" y que el SMS "ha empezado el año con un agujero de 1.700 millones". 

Ha afirmado que el Gobierno regional "ha gastado un 40% más de lo presupuestado", que "ha manipulado las cifras del periodo medio de pago", y que "cuando aprueban presupuestos se dispara el calendario de pagos y cuando no, se congela". 

También ha sostenido que el Ejecutivo de López Miras "ha ocultado el gasto sanitario real", que ha derivado pacientes "sin planificación" y que "no ha puesto en marcha los instrumentos financieros aprobados por unanimidad". En su réplica, Martínez ha advertido de que "si el PP no corrige la situación, la sanidad murciana no podrá pagar nóminas en un año".

El consejero ha rechazado estas críticas, defendiendo que el plazo de pago "ha cumplido la normativa", que "a 30 de octubre se ha situado en 32 días", y ha recordado que la Región "ha sido la tercera comunidad que más ha invertido por habitante", con 2.134 euros por persona, 244 por encima de la media española. También ha pedido a Vox "apoyo real" para reclamar al Estado una financiación justa.

En una segunda interpelación, el Pleno ha abordado el convenio entre la Comunidad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos para la prestación del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) en oficinas de farmacia.

 La diputada del PP María Luisa Ramón ha defendido que el envejecimiento de la población y el aumento de patologías crónicas "han hecho imprescindible" reforzar herramientas que mejoren la adherencia terapéutica.

 Ha destacado que la polimedicación y la complejidad de los tratamientos "han generado un problema de seguridad", y ha señalado que los SPD "han demostrado mejorar la adherencia del 20% al 79%", según estudios publicados en revistas especializadas.

Ramón ha subrayado que la farmacia comunitaria "ha desempeñado un papel esencial" en la detección de errores, seguimiento de pacientes y acompañamiento de personas mayores o dependientes. Ha asegurado que el SPD "ha evitado duplicidades, interacciones no detectadas y visitas innecesarias a urgencias", lo que "ha generado un ahorro real y una mayor seguridad clínica".

En este sentido, el consejero de Salud ha detallado que el sistema "ha sido regulado el 25 de octubre de 2024" mediante orden publicada en el BORM, que ya 154 farmacias se han adherido, que el servicio "ha sido gratuito para el paciente" y voluntario para los profesionales, y que los medicamentos "se han organizado por semanas y momentos del día" para garantizar un uso seguro. 

Ha asegurado que el dispositivo "ha reducido el desperdicio de fármacos", ha reforzado el seguimiento del paciente crónico y ha representado "una ventaja estratégica para la Atención Primaria".

Por otro lado, se ha abordado en otra interpelación la vacunación de la cabaña ganadera frente a la lengua azul, formulada por el Grupo Mixto. Su portavoz, María Marín, ha denunciado que el Gobierno regional "ha actuado tarde" y "siempre después del daño", recordando que desde 2023 "se han sucedido brotes sin una estrategia estable" y que solo en los últimos meses "han muerto más de 600 animales", muchos de ellos de la raza montesina, en peligro de extinción. 

Ha afirmado que la Comunidad "no ha comprado vacunas suficientes", 183.000 para una cabaña de 470.000 animales, y que "solo se ha cubierto un 40% del censo". Marín ha defendido que la vacunación "debería haber sido obligatoria" para frenar el brote, y ha asegurado que la Consejería "ha responsabilizado al Ministerio cuando la orden estatal permite a las autonomías decretar obligatoriedad si lo consideran oportuno".

En su respuesta, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha asegurado que el Gobierno regional "ha actuado con rapidez", que "se han usado más de 276.000 dosis" desde el inicio del brote y que "se han mantenido disponibles 80.000 más", a las que "se sumarán 109.000" en una nueva compra. Rubira ha afirmado que "el 80% de las muertes se ha producido en animales no vacunados", que la vacunación voluntaria "ha demostrado su eficacia" y que el Ministerio "ha dejado solas a las autonomías" pese a tratarse de una enfermedad presente en toda España. También ha reclamado una estrategia nacional de coordinación, ayudas económicas estatales por muerte de animales y una compra conjunta de vacunas "para evitar un mercado inflado y desigual entre territorios".

En su réplica final, la consejera ha defendido que la Región "se ha adelantado, ha prevenido y ha protegido dentro de sus competencias", y ha insistido en que el Ministerio "no ha marcado una hoja de ruta común" pese a que la lengua azul "se ha extendido por todo el país salvo Canarias".

La Asamblea Regional insta al Gobierno regional a climatizar las aulas ante las temperaturas extremas

 CARTAGENA.- La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional ha aprobado una moción del PSOE que insta al Gobierno de Fernando López Miras a aplicar medidas urgentes para climatizar las aulas de los centros educativos públicos de la Región de Murcia ante las temperaturas extremas que soportan cada año alumnos y docentes.

El diputado socialista Juan Andrés Torres ha subrayado que su grupo ha presentado esta propuesta "en cuatro ocasiones" ante "la inacción del Ejecutivo autonómico". 

"Es una indecencia que López Miras no haga absolutamente nada mientras los niños estudian a más de 30 grados en verano y pasan frío en invierno", ha denunciado.

Torres ha recordado que la normativa de seguridad laboral "prohíbe superar los 27 grados o bajar de los 17 en las aulas" y ha exigido que el Gobierno regional garantice "la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa". 

Según ha explicado, "el cambio climático ha agravado el problema" y ha mencionado las protestas del IES Carlos III, donde "familias y estudiantes se han manifestado durante semanas exigiendo aulas climatizadas".

Desde el Partido Popular, Carlos Albaladejo ha defendido que el Ejecutivo "ya está actuando con el Plan de Eficiencia y Reconversión Bioclimática, que contempla 179 actuaciones en 166 centros educativos", y ha pedido la colaboración del Gobierno central porque "es un problema que afecta a toda España, no solo a Murcia".

El Grupo Mixto, representado por Víctor Manuel Álvarez-Castellanos, ha apoyado la iniciativa, aunque ha advertido que "el Gobierno regional anuncia mucho y ejecuta poco". 

 Según ha indicado, "en 2024 se presupuestaron 13,5 millones de euros para climatización, pero solo se han ejecutado cuatro", lo que demuestra, ha dicho, "una falta de compromiso presupuestario y político con la escuela pública". 

Por su parte, Vox ha planteado una enmienda para establecer un plan plurianual con objetivos concretos y mecanismos de seguimiento, que fue incorporada al texto final.

Además, la comisión ha aprobado otras tres mociones en materia cultural y social. Entre ellas destaca la del Partido Popular para impulsar una campaña contra la violencia con deportistas murcianos como agentes de cambio social.

 La diputada popular Sonia Ruiz ha defendido la propuesta asegurando que "el deporte es una herramienta para construir respeto, igualdad y unidad".

 "Queremos que los ídolos deportivos digan alto y claro que en la Región de Murcia no hay espacio para la violencia", ha explicado.

Tras la votación, el PP ha expresado su satisfacción por la aprobación de una iniciativa "que une a la sociedad frente al miedo y la división, y que defiende la convivencia desde el respeto y los valores del deporte". Según los populares, "frente a la parálisis y la ideología, el Partido Popular propone unidad y soluciones".

 Vox se ha abstenido al considerar que se trata de una campaña que "el Gobierno regional podría hacer sin necesidad de mandato parlamentario", al igual que el Grupo Mixto que ha echado en falta que se especificara qué tipos de violencia aborda.

También ha salido adelante la rehabilitación del Cinema Pliego, una moción de Vox que ha sido aprobada por unanimidad. 

Su portavoz, Ignacio Arcas, ha celebrado el apoyo de todos los grupos y ha pedido al Ejecutivo regional que "deje de incumplir promesas y actúe de una vez". 

"El Cinema Pliego es un edificio emblemático, un punto de encuentro que simboliza la vida cultural del municipio", ha recordado. 

"Basta ya de promesas incumplidas: los pueblos pequeños también merecen las mismas oportunidades culturales que los grandes".

En el ámbito cultural, también se ha debatido una moción del PP para reforzar el aprendizaje didáctico entre colegios y museos, que busca fomentar la creatividad y el pensamiento crítico a través de la educación patrimonial. 

La popular Luz Marina Lorenzo ha explicado que "cuando los museos entran en las aulas se despierta la curiosidad, la investigación y la tradición", y que el objetivo es "mantener viva la conexión entre el patrimonio y las nuevas generaciones durante todo el curso". 

El PP ha defendido que esta iniciativa "acerca la cultura a todos los públicos, especialmente a los jóvenes y a quienes viven en entornos rurales o vulnerables". 

El Grupo Mixto, pese a votar a favor, ha recordado que "en 2010 se dedicaban 12 millones de euros al programa de museos y hoy apenas cinco", denunciando un recorte del 58% en gasto real.

La Asamblea Regional citará a Ábalos, Koldo García y Pardo de Vera en la comisión que investigará las adjudicaciones del AVE

CARTAGENA.- La Asamblea Regional citará al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García Izaguirre, actualmente en prisión, y a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera en la comisión de investigación que ha constituido este lunes para esclarecer las posibles irregularidades en las adjudicaciones de las obras del AVE en la Región de Murcia.

En la sesión constitutiva, los grupos parlamentarios han debatido el plan de trabajo y han aprobado la lista de comparecientes propuesta por el Partido Popular, que también incluye a otros responsables del Ministerio de Transportes y de Adif.

La presidenta del Parlamento, Visitación Martínez, ha presidido la constitución de la Comisión Especial de Investigación, en la que Jesús Cano (PP) ha sido elegido presidente, Miguel Ángel Ortega (PSOE) vicepresidente, y María Casajús (PP) secretaria.

Durante la reunión se ha aprobado la lista de comparecientes propuesta por el PP que incorpora, además al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al expresidente de Correos y exsecretario de Estado de Infraestructuras Pedro Saura; a María Luisa Domínguez, que presidió Adif tras Pardo de Vera; y a los expresidentes regionales Pedro Antonio Sánchez y Fernando López Miras.

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha defendido tras la reunión que "esta comisión debe servir para aclarar las posibles irregularidades y perjuicios derivados de las obras del AVE en la Región".

 Ruiz ha explicado que el PP ha pedido que comparezcan "Ábalos, Cerdán, Koldo, Pardo de Vera y Saura por las presuntas mordidas en las obras del AVE en nuestra región", y ha subrayado que "comparecer en esta comisión es obligatorio y los ciudadanos merecen explicaciones".

"Nos parece lamentable la actitud del PSOE, que ha demostrado que no quiere que se conozca la verdad ni que se depuren responsabilidades", ha dicho, acusando a los socialistas de "negarse a colaborar en el esclarecimiento de una gran trama de corrupción, la de la banda del Peugeot, que ha actuado con total impunidad también en la Región".

Ruiz ha añadido que el PP ha solicitado que Koldo García declare por videoconferencia, al encontrarse encarcelado, y ha recordado que "el nombre de Pedro Saura aparece hasta en siete ocasiones en el informe de la UCO sin que haya ofrecido una sola explicación".

Desde el Partido Socialista, Carmina Fernández ha denunciado que la comisión "se ha convertido en un circo" y ha acusado al PP y a Vox de "formar una pinza real" para controlar sus trabajos. 

"De nuevo, PP y Vox han votado exactamente lo mismo, dejando fuera todas las comparecencias que podrían arrojar luz sobre la gestión de las obras", ha criticado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha detallado que su grupo ha propuesto citar a los exconsejeros de Fomento Patricio Valverde, José Ramón Díez de Revenga y José Ballesta, así como al alcalde de Murcia y a miembros de la plataforma pro soterramiento, con el objetivo de "aclarar tanto los aspectos técnicos como políticos que rodearon la llegada de la alta velocidad".

 "El Partido Popular no quiere aclarar nada; lo que quiere es montar un espectáculo, mientras la Región necesita respuestas serias", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Arcas, ha valorado que la comisión "ha dado un paso importante" y ha anunciado que su grupo ha conseguido que se solicite la documentación judicial necesaria para investigar los hechos. Arcas ha explicado que Vox ha pedido a la comisión solicitar al Tribunal Supremo y a la Guardia Civil copia del expediente judicial y del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre las presuntas comisiones ilegales.

"Queremos saber dónde ha ido el dinero de los ciudadanos y quién se ha beneficiado, pero debemos hacerlo con rigor y con pruebas, no con recortes de prensa", ha subrayado, apostando por celebrar las comparecencias una vez analizada la documentación.

El Grupo Mixto, representado por María Marín, ha coincidido en que es necesario contar primero con toda la información judicial y ha anunciado su intención de proponer la comparecencia de responsables de Acciona y Ferrovial, del jefe de la UCO, Rafael Vicente Yuste, y de técnicos de Adif implicados en los informes de valoración de las obras del soterramiento ferroviario de Murcia.

Finalmente, la comisión ha acordado elaborar su plan de trabajo en próximas sesiones y ha coincidido en la necesidad de recabar formalmente la documentación judicial antes de fijar el calendario de comparecencias.

El presidente, Jesús Cano, ha cerrado la sesión apelando al "rigor, la responsabilidad y la transparencia" y ha asegurado que el objetivo es "esclarecer si las obras del AVE han causado perjuicios a la Región de Murcia y depurar las responsabilidades que correspondan".

López Miras anuncia que tramitarán como proyecto de ley el decreto de vivienda asequible

 CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado durante el Pleno de Control de la Asamblea Regional que el Gobierno regional tramitará como proyecto de ley la norma de vivienda después de que el Decreto-ley 3/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, no fuera convalidado en la Asamblea la semana pasada por el rechazo de los grupos de oposición. 

López Miras ha acusado a la oposición de haber "bloqueado 25.000 viviendas asequibles para jóvenes y familias" y ha asegurado que el Ejecutivo "no se va a detener por los intereses partidistas de PSOE y Vox", defendiendo que "la Región de Murcia necesita soluciones reales y urgentes en materia de vivienda".

El presidente ha recordado que la norma "había sido dialogada y consensuada con colectivos y agentes del sector" y que "movilizaba suelo, acortaba trámites, aportaba seguridad jurídica y revitalizaba los cascos antiguos y las urbanizaciones inacabadas". 

Según ha dicho, la oposición "ha dado un portazo sin justificación a una ley que ofrecía oportunidades reales a miles de familias", pero el Ejecutivo "no va a resignarse a paralizar las medidas necesarias para que los jóvenes puedan emanciparse". 

Por ello, ha avanzado que el Gobierno regional "ya ha iniciado los trámites para registrar de inmediato la Ley de Vivienda Asequible como proyecto del Ejecutivo" y que "acortará los plazos al máximo para que llegue cuanto antes a la Asamblea".

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha insistido en que la derogación del decreto "ha devuelto a la incertidumbre los proyectos municipales" y "ha hecho que las parcelas públicas que iban a destinarse a vivienda vuelvan al laberinto de trámites". 

Ha acusado a los grupos de la oposición de haber actuado "contra los jóvenes y las familias que buscan una vivienda" y de haber "rechazado un instrumento útil y eficaz para reducir precios y facilitar licencias". 

Segado ha recordado que el PP "ofreció tramitar el texto como proyecto de ley para corregir lo necesario mediante enmiendas", pero "PSOE y Vox decidieron ignorar esa vía de diálogo".

La sesión ha incluido también preguntas sobre sanidad, seguridad y medio ambiente. La portavoz del PSOE, Carmina Fernández, ha denunciado que "1.223 mujeres en la Región de Murcia no tienen fecha para hacerse una mamografía", y ha acusado al Ejecutivo de "falta de transparencia por ocultar los datos del programa de cribado de cáncer de mama desde 2022". 

Fernández ha reprochado a López Miras que "haya prometido ampliar el cribado a las mujeres entre 45 y 74 años y luego haya admitido que no podrá hacerlo hasta 2027", advirtiendo de un incremento del 33 por ciento en las demoras y pidiendo una comisión de investigación sobre los retrasos.

López Miras ha negado la existencia de listas de espera en el programa de cribado y ha defendido que "todas las mamografías solicitadas por los médicos de atención primaria o especializada se están realizando en una media de 19 días". 

Ha acusado al PSOE de "difundir falsedades sobre un tema tan sensible como la salud de las mujeres" y ha rechazado las críticas socialistas, asegurando que "quien le falla constantemente a las mujeres es el Partido Socialista, el de la ley del 'solo sí es sí' y el que ha ocultado casos de violencia de género".

Por su parte, el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, ha denunciado un aumento de los delitos en la Región, citando un incremento del 33 por ciento en homicidios y del 25 por ciento en agresiones sexuales, y ha vinculado esa situación a la inmigración ilegal. Ha acusado al Gobierno regional de "llenar la Región de centros de inmigrantes ilegales" y ha asegurado que "ya no hay barrio libre de inseguridad ni de ocupaciones".

 López Miras le ha respondido que "la seguridad es una competencia exclusiva del Estado", y ha defendido que el Ejecutivo regional "ha hecho todo lo que está en su mano" con el plan Región de Murcia más segura, dotado con 120 millones de euros, que prevé la incorporación de 3.000 policías locales, nuevas comisarías y más medios materiales.

Finalmente, la portavoz del Grupo Mixto (Podemos-IU-AV), María Marín, ha preguntado qué medidas se han tomado desde la DANA de 2019 para evitar nuevas inundaciones en el Mar Menor y ha acusado al Gobierno de "no tener ni un plan antiinundaciones ni un plan de ordenación territorial". 

Marín ha advertido que "la derogación de la moratoria urbanística en 2023 ha dejado la zona más expuesta a posibles desastres". 

López Miras ha replicado que la Comunidad "ha invertido más de 75 millones de euros en colectores de pluviales y tanques de tormenta en Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Playa Honda", y ha asegurado que "estas infraestructuras han evitado que 200.000 metros cúbicos de agua con arrastres llegaran al Mar Menor".

 Además, ha reclamado al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Segura que actúen "en los cauces y en el dominio público hidráulico, donde la Comunidad no tiene competencias".

PSOE, Vox y Podemos tumban el decreto de vivienda en la Asamblea tras alegar falta de diálogo

 CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha rechazado la convalidación del Decreto-ley 3/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, impulsado por el Gobierno autonómico. PSOE, Vox y Grupo Mixto han votado en contra y solo el PP ha votado a favor, dejando al Ejecutivo regional sin su paquete de medidas para ampliar la oferta de vivienda. 

La oposición ha justificado su rechazo por falta de diálogo, precios inalcanzables para las familias trabajadoras y beneficios desmedidos para el sector promotor, que, según coinciden los tres grupos, "sale ganando" mientras "no se ofrece una solución real a los jóvenes ni a quienes no pueden acceder a una casa".

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García, ha defendido el decreto como una respuesta "inaplazable a la emergencia residencial" que atraviesa la Región y ha instado a los diputados a "formar parte de la solución y no del problema".

 Ha asegurado que la norma "nace del diálogo con los agentes del sector" y que "aporta soluciones reales" al incluir medidas "innovadoras y de rápido impacto", como la creación de la figura de la vivienda asequible de la Región de Murcia, que sustituye a la tradicional VPO.

García ha explicado que el decreto simplifica trámites sustituyendo las calificaciones por una declaración responsable, incorpora fórmulas de convivencia compartida como coliving y cohousing, y prevé incentivos urbanísticos: una prima de edificabilidad del 40% en promociones destinadas íntegramente a vivienda protegida y del 50% para suelos municipales o con restos arqueológicos. 

Además, crea un Panel de Impulso Urbanístico para desbloquear trámites administrativos y abre la puerta a nuevas bonificaciones fiscales municipales. "Hoy podían haber dado un ejemplo de servicio público, pero han optado por el bloqueo", ha lamentado el consejero.

Desde el PSOE, el diputado Miguel Ángel Ortega, ha argumentado su voto en contra por "la falta de diálogo y la ausencia de medidas reales para bajar el precio de la vivienda".

 Ortega ha asegurado que el Ejecutivo regional ha rechazado las tres condiciones propuestas por los socialistas: que el suelo público siga siendo de titularidad pública, que al menos el 30% de las viviendas asequibles se destinen a alquiler barato y que se dupliquen los fondos del programa Aval Joven.

 "Ofrecen viviendas de 90 metros cuadrados por 170.000 euros y las llaman asequibles. Eso no lo puede pagar ni una familia trabajadora ni un joven con un sueldo medio en esta Región", ha reprochado.

El diputado socialista ha añadido que el Gobierno de López Miras "no ha construido una sola vivienda pública en ocho años" y que "traslada competencias a los ayuntamientos sin dotarlos de recursos". 

Según Ortega, "este decreto da continuidad a la ley del suelo que ya provocó la mayor crisis económica del país" y "solo beneficia a quienes especulan con el suelo".

Desde Vox, María José Ruiz ha calificado la propuesta del PP como "una ocurrencia más del bipartidismo" y "una copia del modelo del PSOE". Ha afirmado que el decreto "no reduce impuestos ni liberaliza suelo", y ha defendido que "la única manera de abaratar el precio de la vivienda es liberar el suelo no protegido, bajar la carga fiscal y facilitar los cambios de uso". 

También ha criticado las referencias al coliving y cohousing, que ha tildado de "ideas propias de economías colectivistas y de la Agenda 2030". "Queremos una España de propietarios, no una España donde se comparta hasta la habitación", ha subrayado.

Además, el portavoz de este grupo parlamentario, José Ángel Antelo ha justificado el voto negativo de su grupo porque "el PP no ha negociado previamente el decreto con Vox" y ha acusado a los populares de "traer a la Cámara textos cerrados sin consenso". 

"No bajan ni un impuesto y siguen sin construir viviendas reales. Prometen 25.000 y no han hecho ni 200 en ocho años", ha añadido. Según el líder de Vox, "el PP ha traído a la Cámara un texto cerrado, sin negociar previamente, que repite los errores del bipartidismo".

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto, María Marín (Podemos-IU-AV), ha calificado la iniciativa como "un ejemplo de publicidad engañosa". Ha afirmado que el decreto "no crea viviendas asequibles, sino un timo en toda regla", al establecer precios de 1.840 euros por metro cuadrado, por encima de la media regional de 1.555, y viviendas de 72 metros útiles a 170.000 euros.

 "Ese precio es inalcanzable para el 80% de los murcianos", ha asegurado.

Marín ha acusado al Gobierno regional de "trabajar al dictado de la patronal del ladrillo" y de "privatizar el suelo público municipal", al "inventariar 136 parcelas de los ayuntamientos, más de un millón de metros cuadrados públicos, que quieren entregar a los buitres inmobiliarios mediante permutas o subastas". 

Además, ha recordado que "desde 2020 no se ha construido ni una sola vivienda de promoción pública en la Región de Murcia". La parlamentaria también ha tendido la mano al PSOE para elaborar una ley de vivienda alternativa a la de López Miras.

Desde el PP, Joaquín Segado ha lamentado el rechazo del decreto y ha acusado a PSOE y Vox de haber "formado una pinza para dañar al Partido Popular y bloquear las soluciones que necesita la Región".

 Segado ha defendido que la norma "ha sido pionera, ambiciosa y fruto del diálogo con ayuntamientos, colegios profesionales, promotores y colectivos sociales" y ha advertido que "con su voto en contra, hoy han dado la espalda a los jóvenes y a la clase media".

Podemos-IU-AV acusa a la Comunidad de querer entregar más de un millón de metros de suelo público a los constructores

 CARTAGENA.- Podemos-IU-AV ha denunciado que el decreto de vivienda asequible que el Gobierno regional llevará mañana al Pleno de la Asamblea "regala suelo público a los constructores" y "pretende entregar más de un millón de metros cuadrados de parcelas municipales a los grandes promotores inmobiliarios mediante permutas o subastas".

Según la coalición, la iniciativa "no ofrece soluciones reales al problema de acceso a la vivienda y solo sirve para favorecer los intereses del sector privado".

La diputada de Podemos, María Marín, ha calificado la iniciativa como un "decreto de vivienda imposible", asegurando que "no son asequibles viviendas a 1.840 euros el metro cuadrado cuando la media regional está en 1.555".

Según ha explicado, "no son asequibles viviendas más caras que la actual vivienda de protección oficial ni lo son para personas que ganan 1.000 euros al mes", al tiempo que ha recalcado que "no van a servir de nada para resolver el problema de la vivienda".

Marín ha afirmado que el verdadero objetivo del decreto "es que los constructores se llenen aún más los bolsillos", ya que "López Miras les regala hasta un 50% más de edificabilidad por hacer viviendas que en muchos casos serán más caras que las del mercado".

También ha advertido de que esta norma "acaba con la vivienda de protección oficial y la sustituye por una vivienda asequible 'fake', más rentable para las promotoras".

La diputada ha denunciado además que el decreto "busca privatizar todo el suelo público del que aún disponen los ayuntamientos", al señalar que "el Gobierno regional ha localizado 136 parcelas municipales que quiere que los ayuntamientos entreguen a los buitres del sector inmobiliario mediante permutas o subastas".

En total, ha dicho, "se trata de más de un millón de metros cuadrados públicos de todos y de todas que este decreto regala a los constructores".

Por ello, Podemos-IU-AV ha exigido que el suelo público "no se regale" y "se destine solo a vivienda de promoción 100% pública". Marín ha recordado que "desde 2020 no se ha construido ni una sola vivienda de promoción pública en la Región" y ha subrayado que "la vivienda se ha dejado únicamente en manos del sector privado, lo que explica la especulación y las dificultades de las familias para acceder a una vivienda".

La diputada ha pedido "a la gente que proteja el suelo público de sus municipios" y ha afirmado que "si existe suelo público y empresas municipales como Urbamusa, solo falta voluntad política, tanto del Gobierno regional de López Miras como del Gobierno de España".

En este sentido, ha instado al PSOE de Francisco Lucas a "no abstenerse en la votación como hizo con la ley de simplificación administrativa", añadiendo que "no se puede quedar bien con la gente trabajadora y a la vez con los mandamases de la patronal inmobiliaria".

Por su parte, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos ha criticado que la fórmula del decreto ley "no permite la participación social ni política, ya que no se pueden presentar enmiendas al texto".

Además, ha advertido de que el precio propuesto por el Gobierno regional "eliminaría la zonificación actual en cinco áreas", y que una vivienda de 90 metros útiles podría alcanzar "los 235.000 euros" tras sumar garaje, impuestos y otros gastos.

Álvarez-Castellanos ha explicado que una hipoteca de ese importe, incluso con aval joven, "costaría unos 900 euros al mes, lo que exigiría una renta neta de 2.600 euros mensuales para no superar el 35% de los ingresos familiares". Según ha señalado, "ese modelo de vivienda deja fuera al 75% de los asalariados de la Región de Murcia".

Vox denuncia "la parálisis" de la Asamblea y pide la convocatoria "inmediata" de la Diputación Permanente

 MURCIA.- El líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, ha reclamado la convocatoria “inmediata” de la Diputación Permanente. El presidente provincial de este partido y portavoz parlamentario ha denunciado la "parálisis institucional que atraviesa la Asamblea Regional por la falta de actividad parlamentaria".

“Le decimos al bipartidismo que ya basta. Ya basta de mirar hacia otro lado y de no querer ponerse a trabajar. Ya basta de tener alergia al esfuerzo y al sacrificio. Y ya basta de tener en parálisis la Asamblea Regional”, ha señalado Antelo.

Asimismo, ha insistido en que la situación es "insostenible" y ha subrayado la necesidad de que se retome la actividad parlamentaria sin más retrasos: “No puede ser que nuevamente la Asamblea Regional hasta el mes de noviembre no empiece con su actividad ordinaria”.

Finalmente, el líder de Vox en la Región ha reiterado su compromiso con los ciudadanos para garantizar que la Asamblea cumpla con su función de control al Gobierno y de impulso legislativo, frente a la inacción del bipartidismo que “mantiene bloqueada la actividad parlamentaria”.

Desde el PP reaccionaron con estupor ante las palabras de Antelo porque aducen que Vox presentó "un recurso ayer que lo ha paralizado todo aún más", según indican fuentes del partido, que añaden: "Vox y PSOE obligaron en junio a que ambas leyes pasaran por la Asamblea Regional para su debate. Todo eso es lo que ha llevado al retraso del inicio del año parlamentario".

Podemos-IU-AV presenta 59 enmiendas a las leyes de simplificación y de las VTC "dictadas por la patronal"

 CARTAGENA.- Podemos-IU-AV ha presentado 44 enmiendas al proyecto de ley de simplificación administrativa y 15 a la ley que regula el transporte VTC, dos normas que, según la portavoz del grupo, María Marín, están "redactadas por el gobierno de López Miras al dictado de la patronal, la primera, y del lobby de las VTC, la segunda".

Con respecto a la cuarta ley de simplificación, Marín ha mostrado su oposición "a un decretazo que solo consagra el modelo del pelotazo, del ladrillazo sin control y del extractivismo y que a tener consecuencias muy serias para la Región con una invasión de construcciones ilegales, macrourbanizaciones exprés y plantas de biogás".

Con sus enmiendas, Podemos-IU-AV intenta "eliminar la parte más lesiva para nuestro patrimonio cultural y natural y frenar el caos urbanístico que introduce esta ley", según informaron fuentes de la coalición en un comunicado.

Ejemplo de ello ha citado el rechazo a la nueva licencia básica "que va a permitir levantar edificios de nueva planta solo con una declaración responsable, un disparate que va a multiplicar las construcciones ilegales" y el rechazo al aumento de edificabilidad generalizado del 20% para uso turístico hotelero en el Mar Menor "que va a someter a una presión aún mayor a la laguna".

También a la nueva regulación de los proyectos de interés estratégico "que van a ser cocinados por una comisión bilateral del gobierno regional y la CROEM invadiendo las competencias de los ayuntamientos" y, por último, a los cambios que esta ley introduce en la ley de patrimonio para "reducir la protección de los bienes de interés cultural". 

Para ello, el grupo asume las enmiendas ciudadanas presentadas por Huermur, AJVA y ACEM.

Por su parte, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos ha criticado el proyecto de ley sobre las VTC, señalando que "prácticamente no regula nada" y que deja fuera aspectos que sí se recogen en la mayoría de normativas de otras comunidades autónomas, como las condiciones de los vehículos, del propio servicio o de las licencias.

Según Álvarez-Castellanos, incluso en aquellos puntos que sí se abordan, como la regulación de precios, el texto "supone un retroceso frente a la orden de la Consejería de Fomento de 2021, que obligaba a la transparencia y prohibía suplementos no previstos en el listado de precios".

"Ahora se permite que el precio final pueda duplicar el precio ordinario en situaciones de alta demanda. Vaya contradicción", ha apuntado el parlamentario, que ha señalado que el proyecto "responde más a las exigencias de la patronal empresarial que al interés general que representa el servicio público del taxi".

A su parecer, estas medidas "blindan a las VTC frente al taxi, y aseguran una competencia desleal frente al servicio público esencial que este representa". 

"Estamos ante un ataque desleal contra un servicio esencial como el transporte público urbano en taxi, sometiéndolo a las leyes del mercado cuando debería estar regulado por la administración pública", ha añadido.

Álvarez-Castellanos ha subrayado que el objetivo de estas enmiendas es "equilibrar la situación y proteger un servicio público esencial", frente a un proyecto legislativo que ha considerado "injusto y favorable únicamente a los intereses empresariales".

El PSOE le "canta las 40" a López Miras por su desastre de gestión en Educación, Sanidad, Dependencia, Transporte y Vivienda

 CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha criticado que el PP "está abonado a los bulos" y le ha acusado de convertir las comparecencias públicas tras del Consejo de Gobierno en "un recital de mentiras", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

Para Fernández, "la gestión del Gobierno de López Miras es nula, está centrado únicamente en la confrontación con el Gobierno de España y tener contento a Feijóo, aunque eso suponga llevarse por delante a los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia".

La dirigente socialista ha sostenido que, "mientras tanto", la Región "está totalmente abandonada". "Se tienen que suspender las clases por falta de climatización en los centros educativos, las listas de espera en sanidad son interminables y escandalosas, hay gente muriendo esperando la ayuda a la dependencia, tenemos el peor transporte público de España, y una ley de vivienda que no se cumple", ha criticado.

"Ya está bien. La Región de Murcia necesita un Gobierno autonómico que trabaje por los ciudadanos y ciudadanas. Frente a todo esto, frente a un Gobierno regional inútil. Nuestro secretario general y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, seguirá trabajando para ser útil a la Región y mejorar la vida de las personas que viven en esta tierra, que es lo realmente importante", ha concluido.

Vox presenta 25 enmiendas a la Ley de Simplificación Administrativa para eliminar "trabas burocráticas"

 CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Vox ha registrado un total de 25 enmiendas a la cuarta Ley de Simplificación Administrativa con el objetivo de "eliminar las trabas burocráticas que el Partido Popular ha introducido en un texto" que el partido de José Ángel Antelo "dejó preparado cuando estaba en el Gobierno regional".

En este sentido, el propio Antelo ha insistido en que el objetivo es que "esta sea una ley que se ejecute y no como las tres anteriores, que no han servido para nada. No queremos que se convierta en la precursora de una quinta Ley de Simplificación Administrativa", según informaron fuentes de Vox en un comunicado.

A renglón seguido, Antelo ha instado al PP a "demostrar con hechos su compromiso con el tejido productivo" de la Región. "Si de verdad está con el tejido empresarial y con el productivo, debe avalar estas 25 enmiendas que van en el sentido correcto, que es eliminar burocracia allí donde no se necesita", ha agregado.

Con estas propuestas, Vox "busca garantizar que la norma cumpla realmente su finalidad: facilitar la actividad económica, evitar duplicidades, reducir la excesiva carga administrativa y dar seguridad jurídica a las empresas y autónomos de la Región".

Vox llevará a la Asamblea una votación para defender la conexión de AVE "en línea recta" entre Murcia y Madrid

 CARTAGENA.- Vox llevará una iniciativa a la Asamblea Regional para que “todos los grupos parlamentarios defiendan lo correcto y lo sensato, que no es otra cosa que la línea más rápida entre dos puntos: la línea recta”.

Así lo ha manifestado el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, quien ha denunciado la “derrota” que sufre la Región con la llegada del AVE en unas condiciones que considera indignas y fruto de la falta de compromiso tanto del Partido Popular como del Partido Socialista.

“El Partido Popular ideó un trazado que enviaba el AVE a Alicante para que llegase marcha atrás a la Región de Murcia, y el Partido Socialista lo ha ejecutado. Esto es una gran derrota para la Región”, ha afirmado Antelo.

A renglón seguido, ha subrayado que “nuestra tierra necesita infraestructuras serias, que valgan, que sean de verdad alta velocidad, y no lo que tenemos a día de hoy”.

Finalmente, ha recordado que ese proyecto “lleva muchos años en marcha, pero el bipartidismo ha decidido que los ciudadanos de la Región tengamos que ir vía Alicante”.

Podemos exige a López Miras un plan de 50 millones de euros para climatizar hasta 600 centros educativos

 CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos-IU-Alianza Verde, María Marín, ha reclamado este jueves al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, la puesta en marcha de un plan de 50 millones de euros, el 0,7% del presupuesto regional, para climatizar hasta 600 centros educativos, según informaron fuentes del partido 'morado' en un comunicado.

"Si López Miras y su consejero Víctor Marín no pueden ni siquiera garantizar que los niños y niñas pueden ir al cole con seguridad, podemos decir ya que estamos ante una región fallida", ha dicho Marín desde el colegio San Isidro, en Los Belones, "donde ayer se alcanzaron los 33 grados", por lo que la dirección ha decidido "enviar a los alumnos a casa a las 11.30 horas durante toda la semana".

Según la parlamentaria, "son las consecuencias del abandono de la educación pública por parte de López Miras y de su gobierno, que no es capaz ni siquiera de invertir un mínimo para que nuestros colegios e institutos tengan acondicionado en verano y calefacción en invierno".

A su juicio, se trata de un "ataque a un derecho fundamental como es la educación y también a la conciliación de las familias". 

"Si López Miras y su consejero Víctor Marín no pueden ni siquiera garantizar que los niños y niñas pueden ir al cole con seguridad, podemos decir ya que estamos ante una región fallida", ha dicho.

Por ello, desde Podemos han demandado "una vez más" un plan de inversiones en todos los centros públicos de la Región "para que este sea el último verano que se vive esta situación tercermundista".

Al respecto, Marín ha manifestado que "es una cuestión de prioridades y para Podemos esto es una prioridad absoluta".

Promotores piden agilizar licencias y "reducir duplicidades administrativas" para responder al problema de vivienda

 CARTAGENA.- El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM), José Ramón Blázquez, ha defendido este martes en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional que la "prioridad" es acelerar los procedimientos urbanísticos y "reducir duplicidades administrativas" para aumentar la oferta de vivienda.

Durante la audiencia legislativa del Proyecto de Ley de simplificación administrativa, Blázquez ha situado el acceso a la vivienda como "el mayor problema social ahora mismo" y ha respaldado la norma por "acortar tiempos, abaratar costes y dar seguridad jurídica".

El representante de los promotores ha advertido de que la demanda "supera de forma sostenida a la oferta" y ha apuntado que "las medidas en urbanismo tardan en dar resultados, por eso urge adoptarlas cuanto antes".

En su intervención, ha citado como cuellos de botella la "repetición de documentación ante distintas administraciones", la "acumulación de informes sectoriales" y "tramitaciones que se dilatan durante meses o años". 

A modo de ejemplo, ha señalado que "un plan parcial puede irse a más de un año y medio desde el avance", y ha pedido "coordinar procedimientos, abreviar plazos y evitar pasos innecesarios" para licencias y planeamiento.

Blázquez ha enmarcado el debate en un problema "de alcance nacional" y ha defendido que "estimular la oferta" debe ir acompañado de "mantenimiento de las garantías ambientales y urbanísticas", subrayando que la simplificación "no elimina controles, los ordena y evita solapamientos".

También ha pedido "mejorar la disponibilidad de suelo finalista" y "estabilidad regulatoria" para que los proyectos arranquen "en tiempos previsibles".

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE, Alfonso Martínez, ha asegurado que su grupo comparte el objetivo de agilizar, pero ha reclamado "medios humanos y materiales suficientes en la Administración" para que la simplificación "no traslade el problema a los funcionarios ni recorte garantías". 

Ha defendido "el interés general, el medio ambiente y el patrimonio" y ha preguntado si la ley "ayudará efectivamente a aliviar el acceso a la vivienda", proponiendo, entre otras medidas, "regular el uso turístico, actuar sobre grandes tenedores y promover vivienda protegida y tasada".

Por Vox, Virginia Martínez ha respaldado la desregulación "como esencial" para reducir "costes y tiempos" y ha pedido que la ley "se implemente de verdad", con "seguimiento y evaluación periódica", recordando que "la aplicación de anteriores normas fue insuficiente". 

Ha reclamado "coordinar y, en su caso, eliminar informes sectoriales redundantes" y "agilizar licencias" para equiparar a la Región con territorios más rápidos en tramitación.

Desde el Grupo Mixto, María Marín (Podemos) ha criticado el proyecto por considerarlo "una ley hecha al dictado de la patronal". 

Ha advertido del riesgo de "externalizar controles a entidades colaboradoras urbanísticas" y de "favorecer cambios de uso orientados al turismo" frente a la vivienda residencial, alertando de impactos sobre "el territorio y el medio ambiente".

La diputada del PP, María Casajús, ha defendido que la cuarta ley de simplificación "no nace de la ineficacia, sino de la experiencia acumulada" y busca "agilidad, seguridad y reducción de burocracia" en un contexto de "falta de suelo, trámites lentos e incertidumbre jurídica". 

Ha subrayado que "las evaluaciones ambientales y los informes preceptivos se mantienen", con procedimientos abreviados "para supuestos tasados", y que "los ayuntamientos siguen siendo la autoridad en el planeamiento".