Vox expulsa a Antelo del grupo parlamentario y le exige que entregue el acta de diputado

 CARTAGENA.- El portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha anunciado este miércoles que "la práctica unanimidad del grupo parlamentario considera procedente la expulsión de José Ángel Antelo". El ahora portavoz adjunto del partido ha apuntado que ya le pidieron que dejara el acta "y de su mano depende si quiere mantenerse en un sitio donde no está a gusto o no se siente conforme".

"La responsabilidad y la coherencia deben prevalecer. Si se siente decepcionado y en desacuerdo, la decisión correcta es apartarse y dejar espacio a quienes sí cumplen con el proyecto de Vox y con los compromisos adquiridos con los ciudadanos de la Región", ha añadido Martínez Alpañez, en declaraciones a los medios tras la sesión plenaria.

Por otra parte, ha desmentido las acusaciones de Antelo de que habrían utilizado su firma digital sin su permiso para presentar a la Mesa de la Cámara el escrito para proceder al cambio de portavoz.

 "No estamos en un patio de colegio, estamos hablando de cosas muy serias, no se puede salir y decir este tipo de barbaridades", ha aseverado.

Según sus palabras, ayer se reunió todo el grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia para valorar la situación y se determinó -por mayoría absoluta de sus diputados- que se proceda a la expulsión de José Ángel Antelo como miembro del grupo.

 "Se le pidió que dejara la portavocía y el acta, y la única respuesta que hemos obtenido ha sido la negativa", ha dicho.

Solo una persona no firmó el escrito, ha afirmado. "Manifestó que, independientemente de la valoración de los hechos, no quiere posicionarse en contra de ninguno de sus compañeros de grupo. Gesto que ha de ser respetado", ha añadido.

Tras esto, ha asegurado que se presentó un escrito "con el certificado del grupo parlamentario, que corresponde al grupo parlamentario" y ha apuntado que "detrás tiene que haber una persona física y, lógicamente, era el portavoz que debe ser el representante de la voluntad de todos los miembros del grupo". 

"Lo que está haciendo es secuestrar la voluntad del grupo", ha apostillado.

Martínez Alpañez también ha detallado que "ante este hecho se presentó un escrito con el certificado del grupo parlamentario, pero intentando enmarañar la situación se presentaron otros escritos alternativos que obligaron a la Mesa de la Cámara a rehacer el que solicitaba el cambio de portavocía".

En este contexto, Martínez ha aclarado que "todo lo que está saliendo en prensa sobre la situación, por nadie deseada, de José Ángel Antelo en Vox no responde a la realidad". 

"La formación y el grupo parlamentario llevan muchísimo tiempo intentando corregir determinadas situaciones de ineficiencia y mala gestión. Se le han dado muchas oportunidades y no ha querido aceptar ninguna", ha añadido.

"Hasta aquí hemos llegado", ha afirmado el portavoz, tras asegurar que "la prudencia y la humildad deben regir todo comportamiento humano o, como decimos en la huerta, los trapos se lavan en casa. 

"Ya no podemos aguantar más la situación ante unas manifestaciones que ha hecho José Ángel Antelo sobre una supuesta falsificación de la firma", ha hecho hincapié, añadiendo : "Las manifestaciones relacionadas con el descontento con el partido, con nuestro presidente Santiago Abascal, no se corresponden con la realidad".

Para Martínez, "aferrarse a la presidencia de Vox en la Región de Murcia, a la portavocía del grupo parlamentario y al acta de diputado y, al mismo tiempo, declarar descontento no tiene sentido" y se ha preguntado: "Si tan descontento está con Vox y con sus compañeros, ¿por qué no abandona su acta? Todos sabemos que si estamos aquí es gracias a Vox".

Al expulsar a Antelo del grupo parlamentario, y si este no entrega su acta de diputado, pasaría a formar parte del grupo Mixto donde está María Marín, de Podemos, y José Luis Álvarez Castellano, de Podemos-IU-AV.

Antelo ha avanzado este miércoles que emprenderá acciones legales contra quien "usurpó" su certificado electrónico en el escrito presentado ante la Mesa de la Cámara de la Asamblea para trasladar los cambios en la portavocía del grupo parlamentario.

Antelo ha indicado que la utilización del certificado digital de otra persona para actuar en su nombre mediante la firma de documentos, la presentación de trámites o el acceso a sedes electrónicas "puede encajar en varios delitos" del Código Penal, como el de usurpación o suplantación de identidad o el de falsedad documental.

Sobre este último, recogido en el artículo 390 y siguientes, ha recordado que conlleva una pena de prisión de 3 a 6 años, multa e inhabilitación.

Las declaraciones de Antelo se han producido después de que el portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, anunciase que "la práctica unanimidad" de los diputados del partido consideran "procedente" la expulsión.

Cabe recordar que este miércoles, la Mesa de la Cámara ha decidido no dar trámite a un escrito presentado por el grupo parlamentario Vox sobre el cambio de portavoz al ir firmado con un certificado digital perteneciente a José Ángel Antelo, a pesar de que éste no había redactado el documento ni dado su permiso.

Tras tener conocimiento de la presentación del escrito por parte de Vox, el propio Antelo presentó otro documento informando de que él no ha redactado escrito alguno comunicando su cese como portavoz ni ha autorizado a nadie a utilizar su certificado electrónico como representante del grupo.

Además, para su decisión, la Mesa de la Cámara ha tenido en cuenta que el escrito electrónico del grupo Vox no puede considerarse válido al no aparecer firma electrónica de los que se dice lo suscriben, puesto que las rúbricas manuscritas no permiten acreditar de forma cierta e indubitada la identificación de los firmantes.

También ha advertido la Mesa de que el escrito de Vox no se acompaña de la documentación imprescindible para que quede acreditado que las decisiones que se trasladan se han adoptado cumpliendo las formalidades exigibles para la adopción de acuerdos en el seno del grupo parlamentario. 

El PP exige a Sánchez que 'tras cinco años de propaganda e incumplimientos, actúe en la rambla del Albujón para resolver el principal problema del Mar Menor

CARTAGENA.- El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional Joaquín Segado ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que, "tras cinco años de propaganda e incumplimientos, actúe de una vez en la rambla del Albujón para resolver el principal problema del Mar Menor".

Segado ha anunciado, tras la Junta de Portavoces, que se debatirá en el pleno de impulso al Gobierno de la próxima semana una moción del PP para que el Ejecutivo central "frene los 30 millones de litros de agua dulce cargada de nutrientes que llegan diariamente al Mar Menor", que, ha señalado, "son la principal fuente de daño del ecosistema, tal y como vienen reconociendo las propias administraciones y los científicos y expertos en la materia, que llevan años advirtiendo de ese riesgo".

Al hilo, el portavoz ha recordado que el mismo Gobierno de España "declaró en noviembre de 2021 la renovación del sistema de bombeo de la rambla del Albujón como actuación de interés general del Estado, de utilidad pública y de urgencia".

"Incluso la incorporó a aquel Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor que la entonces ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera presentó en su momento a bombo y platillo", ha añadido.

"Pues bien: mucho anuncio y mucha propaganda, pero, cinco años después, esta actuación continúa sin ejecutarse", ha lamentado. 

"Cinco años después del compromiso adquirido por el Gobierno de España, la renovación del bombeo de la rambla del Albujón duerme el sueño de los justos", ha apostillado.

Segado ha apuntado asimismo que "la causa principal de este caudal permanente se encuentra en el elevado nivel del acuífero cuaternario del Campo de Cartagena, cuyos niveles han aumentado hasta un metro respecto al año anterior".

"Por tanto, lo que pedimos al Gobierno de España es que también intervenga directamente sobre el propio acuífero con el objetivo de reducir su nivel freático y, con ello, disminuir las aportaciones de agua dulce al ecosistema", ha subrayado.

"Por mucho que desde el PSOE intenten confundir, al Gobierno de España y solo al Gobierno de España corresponde tomar medidas, ya que es el responsable del control del acuífero y las ramblas", ha aclarado el portavoz parlamentario.

"Ya está bien de inacción, ya está bien de promesas vacías: el Mar Menor no puede esperar más", ha concluido.

La Asamblea aprueba una iniciativa en la que el PSOE pide impulsar un corredor energético para soterrar las líneas eléctricas

 CARTAGENA.- La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional ha aprobado, con el voto en contra del Grupo Mixto, una moción sobre la colaboración entre la Administración Regional, las compañías eléctricas, promotores de plantas solares, Red Eléctrica Española y el Ayuntamiento de Totana para impulsar un corredor energético subterráneo.

El diputado socialista Alfonso Martínez Baños ha explicado que la subestación de Totana ocupa un lugar estratégico en la distribución de energía eléctrica, se encuentra en las cercanías del casco urbano, y la construcción de líneas de alta tensión que entran o salen de ella se ha incrementado en los últimos años.

Ha indicado que, en el municipio de Totana, en la parte sur de la autovía, hay una maraña de líneas eléctricas de entrada y salida a esta subestación y multitud de torres metálicas de hasta 50 metros de altura, en una zona con decenas de viviendas de primera residencia, algo que resulta insoportable para las vecinas y vecinos que sufren esta situación, que empeorará con el nuevo plan de infraestructuras de transporte eléctrico 2026-2030, tal y como ya ha avisado Red Eléctrica España y el Gobierno regional.

“Por tanto, es imprescindible ordenar el transporte de la electricidad en las zonas periurbanas y, en el caso de Totana, es urgente hacerlo. El Gobierno regional, que es quien tiene la competencia en materia de ordenación del territorio, debería de ordenar una serie de corredores energéticos en las zonas periurbanas de entrada y salida a las subestaciones eléctricas”, ha señalado.

En este sentido, ha detallado que en Totana se debería de establecer un corredor energético subterráneo, especialmente en la parte oeste de la subestación, que es la más poblada de, al menos, 1,5 kilómetros y, con ello, se consigue salvar la mayoría de las viviendas de primera residencia.

“Lo que pedimos al Gobierno regional en esta iniciativa es que, junto con el ayuntamiento de Totana, impulse un acuerdo entre todas las partes afectadas. Soterrar un kilómetro de línea eléctrica de 132 KV cuesta entre 1 y 2 millones de euros, no estamos hablando de cantidades desorbitadas, como es el caso de las líneas de 400 KV. De hecho, la futura construcción de la línea que transportará la electricidad que se produzca en la planta fotovoltaica de Zarcilla de Totana, se hará soterrada en este tramo”, ha asegurado.

Finalmente, el diputado socialista ha insistido en que los vecinos y vecinas de la zona están soportando esta situación, por lo que es importante instar a que las líneas eléctricas que técnicamente sea posible las soterren en ese tramo.

El Grupo Parlamentario Vox acuerda por mayoría absoluta el cambio de portavoz en la Asamblea

 CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia ha acordado, por mayoría absoluta de sus diputados, que Rubén Martínez Alpañez releve a José Ángel Antelo como portavoz del grupo.

Como consecuencia de este cambio, también se ha procedido a la designación de los nuevos portavoces adjuntos, que son María José Ruiz y Alberto Garre López, según ha informado Vox.

Este acuerdo, adoptado de conformidad con las normas del Grupo Parlamentario, ha sido comunicado a la Mesa de la Asamblea para su toma en consideración a todos los efectos.

El ya expresidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha afirmado este martes que la decisión de cesarlo como líder provincial del partido fue de Santiago Abascal. "Todo lo demás es fuego de artificio y buscar el relato donde no se puede buscar", ha sostenido.

A preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa en la Asamblea, Antelo ha lamentado no haber recibido "ni una llamada" del líder nacional tras siete años de trayectoria compartida en el Comité Ejecutivo Nacional y a pesar de que su "lealtad" hacia Abascal ha sido "incuestionable".

En este sentido, ha explicado que la dirección de Vox le instó a presentar su dimisión voluntaria, opción que rechazó por una cuestión de principios.

 "Se me pasó por la cabeza que cómo iba a dimitir yo, cuando sigue sin dimitir Pedro Sánchez y quien les habla no ha hecho absolutamente nada salvo trabajar cada día por la Región de Murcia", ha argumentado.

El ex líder regional ha sido crítico con las formas empleadas por la cúpula de Vox, calificando las decisiones de "injustas, arbitrarias y basadas en el sectarismo", dentro de "un patrón" por el que, según ha dicho, "aquella persona que medio destaca o es conocida en su lugar, acaba fuera del partido con malas artes".

En este sentido, ha insistido en que "la lealtad es de ida y vuelta y la sumisión es otra cosa". 

"Quien les habla jamás será sumiso, me tienen que matar para ello", ha señalado el político.

Antelo ha insistido, horas antes de ser relevado en la portavocía del grupo parlamentario Vox, cargo que ha recaído en Rubén Martínez Alpañez, en que no va "a dejar tirados a los ciudadanos de la Región de Murcia porque no se lo merecen y porque a muchos les involucré yo en el proyecto".

Asimismo, ha contrapuesto su situación personal con la de quienes han ejecutado su relevo, asegurando que él duerme "muy tranquilo" mientras que aquellos con la "conciencia intranquila" por actuar con "poca democracia interna" son quienes deben dar las explicaciones ante la ciudadanía.  

Se alerta de una merma media de "100 hm3" en el trasvase y se cuestionan "anomalías" en los caudales de cabecera

 CARTAGENA.- Desde la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, se alerta de una merma media de "en torno a 100 hectómetros cúbicos" en el trasvase y ha cuestionado "anomalías" en los caudales de cabecera. Así  se ha expuesto durante una comparecencia ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura en la Asamblea Regional.

En su comparecencia, el responsable de dicha Fundación ha repasado la evolución normativa del trasvase desde el denominado Memorándum de 2012-2013 y su posterior desarrollo, y ha señalado que la revisión de la regla de explotación "no puede eludirse" por la "incompatibilidad" entre lo que dispone el Plan del Tajo y la regla vigente, al tratarse de normas "de igual rango".

El compareciente ha explicado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha encomendado al Centro de Estudios Hidrográficos una propuesta de revisión de la regla, que "no ha sido hecha pública", aunque "se ha filtrado una síntesis".

En paralelo, ha indicado que la Comunidad Autónoma le ha encargado al Instituto Euromediterráneo del Agua un análisis de revisión "de los números", con resultados "sustancialmente" similares.

El responsable  ha sostenido que el volumen medio trasvasable ha dependido "de forma determinante" del caudal mínimo fijado en Aranjuez, en el tramo Entrepeñas-Buendía/Aranjuez, y ha afirmado que la regla de explotación "para nada" ha sido determinante del volumen trasvasable, porque "solo afecta a la modulación del envío, no a su cantidad".

En ese sentido, ha insistido en que, fijado el caudal mínimo del Tajo, el efecto de la regla se ha limitado a si se ha enviado "más deprisa o más despacio", "más constante o más variable", pero "no" ha afectado "de forma significativa" al volumen medio.

También ha apuntado que, desde 2019 y hasta 2023, se han producido diferencias entre lo que la norma "permitía trasvasar" y lo que "realmente se ha trasvasado" en nivel 3, y ha indicado que se han venido decidiendo envíos inferiores a lo posible "sin una suficiente base técnica", según ha expuesto.

Además, ha advertido de "irregularidades" que ha situado "desde el año 23 en adelante" en los desembalses de cabecera, al desaparecer una "punta de invierno" y observarse patrones que, a su juicio, "no tienen explicación" con la información disponible.

En la misma línea, ha aludido a diferencias entre lo desembalsado en cabecera y lo que finalmente ha circulado por Aranjuez, con una consecuencia que, según ha dicho, ha hecho pensar en una demanda inferior en el tramo intermedio.

Sobre el impacto del Plan del Tajo, ha afirmado que se ha producido una decisión "lesiva" para el trasvase y ha cifrado la merma media "aproximadamente" en "unos 100 hectómetros menos" trasvasables directos. 

Asimismo, ha sostenido que el acoplamiento previsto y las actuaciones necesarias para compensar esa merma "no" han estado en condiciones de ponerse en marcha en el horizonte de 2027, de acuerdo con su intervención.

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Fernando Moreno, ha defendido que el trasvase ha necesitado "reglas claras" y "previsibilidad", pero ha subrayado que la estabilidad ha debido incluir "solidez jurídica", un entorno "ambiental sostenible" y una solución "políticamente defendible" para evitar judicialización.

Moreno ha cuestionado si el Memorándum de 2013 ha sido "suficientemente resiliente" frente a la sequía y el cambio climático y ha recordado que se han producido "meses de trasvase 0" en 2016-2017.

El diputado de Vox, Antonio Martínez, ha destacado el valor de los "datos" y "cuadros" aportados para comprender la evolución del trasvase. 

Martínez ha señalado que la subida de las necesidades del Tajo se ha producido "artificialmente", según ha indicado, y ha puesto el foco en dos cuestiones que ha calificado como "anomalías": la reducción de envíos en torno a 2019-2023 y las irregularidades detectadas "más recientes" en los caudales, de acuerdo con su exposición.

El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha señalado que la perspectiva técnica aportada "ha sido diferente" a la escuchada en otras comparecencias, y considera que ha ayudado a "centrar" el debate.

El diputado del PP, Jesús Cano, ha defendido que el trasvase Tajo-Segura "no" ha sido "una anomalía ni un privilegio", sino una infraestructura "de Estado" para corregir desequilibrios, y ha sostenido que el debate ha debido basarse en "datos" y "criterios técnicos".

Cano se ha preguntado si el trasvase ha atravesado "el peor momento político de su historia" y ha cuestionado la idoneidad técnica de decisiones en nivel 3, además de criticar que se haya planteado sustituir el trasvase por la desalación, al considerar que ello habría supuesto agua "más cara" y mayor dependencia energética, según su intervención.

Podemos traslada al Comité de Seguimiento del Mar Menor su propuesta para frenar las macroplantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente

 CARTAGENA.- La portavoz de Podemos-IU-Alianza Verde en la Asamblea Regional, María Marín, ha asistido este viernes a la reunión mensual del Comité de Seguimiento del Mar Menor, celebrada en el Ayuntamiento de Los Alcázares.

Durante el encuentro, Marín ha informado a los miembros del Comité sobre la propuesta de reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor que Podemos ha registrado en sede parlamentaria para su futuro debate y votación. 

"Nuestra propuesta, a diferencia de las de PP y Vox, es la única que refuerza la conservación de la laguna", ha explicado.

"Ellos —PP y Vox— proponen rebajar las multas a las empresas sancionadas por contaminar o permitirles cobrar subvenciones. Nuestro grupo propone frenar la proliferación de macroplantas fotovoltaicas en toda la cuenca vertiente. Se trata de una reivindicación que nos han trasladado los vecinos de El Algar, de Los Belones, y de otros lugares", ha subrayado la diputada. 

"Todos los partidos han dicho que les iban a apoyar en sus reivindicaciones, pero a la hora de la verdad somos los únicos que han cumplido con ellos y hemos impulsado una medida como ésta".

Marín ha lamentado que el resto de partidos de la Cámara autonómica, PP, Vox y PSOE, se opusieran hace dos semanas a "la tramitación urgente" de dicha modificación legislativa. 

"Tenemos claro, por supuesto, que hay muchas más cosas que mejorar en la actual ley del Mar Menor, pero ahora mismo, con una mayoría parlamentaria de la derecha y la ultraderecha, no podemos reforzar la norma tanto como nos gustaría", ha proseguido.

La portavoz ha recordado que Podemos ya intentó en mayo de 2025 impulsar cambios más ambiciosos en la ley, pero que éstos no prosperaron por "el veto" de los de López Miras y Antelo. 

"En esta ocasión proponemos una modificación muy concreta, y todos los partidos que han dicho que apoyaban a los vecinos afectados por las fotovoltaicas tendrán que mojarse", ha concluido.

Las obras para reparar la fachada del hospital 'Santa Lucía' comenzarán en marzo

 CARTAGENA.- El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha anunciado en la Asamblea Regional que las obras para reparar la fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena comenzarán el próximo mes.

Pedreño ha explicado que estas actuaciones se iniciarán en marzo "tras estudiarse las diferentes acciones que se han de tomar por parte de la Comisión Técnica que se conformó tras el incendio ocurrido en 26 de noviembre, y que está constituida por arquitectos, ingenieros y otros técnicos", según han informado fuentes del Ejecutivo regional.

Por otra parte, también ha señalado que en el hospital cartagenero han comenzado ya las actuaciones destinadas a "mejorar la seguridad y garantizar el uso adecuado de la terraza exterior del centro con la instalación de un sistema de videovigilancia y el acotamiento de diferentes espacios al aire libre a través de vallado perimetral".

Ya se ha iniciado el despliegue del cableado, que conlleva la instalación de 25 cámaras de videovigilancia en el centro hospitalario, distribuidas en 13 cámaras panorámicas de 180 grados en la zona principal de la terraza; 6 dispositivos que abarcan 90 grados en las salidas de los bloques situados en la parte trasera de los edificios; y 6 cámaras domo de 90 grados con sensores térmicos en las salidas de los ascensores a la zona principal de la terraza.

Fomento asegura que ya revisa las ayudas al alquiler mientras Podemos-IU-AV denuncia una ejecución del 5,9%

 CARTAGENA.- El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, ha asegurado en el Pleno de Control de la Asamblea Regional que la Dirección General de Vivienda "está inmersa en la fase de revisión previa a la resolución de las concesiones" de las ayudas al alquiler del Programa de Ayudas al Alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, tras la interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.

El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha reprochado al Ejecutivo autonómico la demora tanto en la publicación de la convocatoria como en la resolución de los expedientes. 

Según ha recordado, el convenio del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 se firmó en noviembre de 2022, pero "tardaron ustedes casi un año y ocho meses en publicar las nuevas bases reguladoras, hasta el 1 de julio de 2024".

Asimismo, ha criticado el bajo nivel de ejecución presupuestaria. De los 2,8 millones previstos para 2024 y 2025, ha señalado que "tienen ejecutados 164.925 euros, es decir, el 5,9% del presupuesto previsto". 

En este sentido, ha planteado si el retraso responde a la falta de solicitudes o, por el contrario, a la falta de personal para tramitarlas.

 "Con una sola persona dedicada a este tipo de cuestiones es difícil que esto se resuelva", ha afirmado.

Álvarez-Castellanos ha incidido en que el plazo de presentación de solicitudes finalizó el 1 de marzo de 2025 y que la Administración dispone de seis meses para resolver. 

"La última solicitud presentada ese día va a hacer ya un año y sigue sin resolverse", ha advertido.

 A su juicio, el Gobierno regional tiene "obligación legal, jurídica, administrativa y política de resolver en seis meses", y ha afeado al consejero que desviara el debate hacia la política estatal. 

"Le he preguntado por el retraso en la obligación que tienen ustedes de resolver en seis meses una solicitud de ayuda al alquiler", ha subrayado, añadiendo que "hay gente pendiente oyendo estas cosas".

Por su parte, García Montoro ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha enmarcado el problema del acceso a la vivienda en las políticas del Gobierno central.

 "Las políticas de los últimos ocho años han fulminado el mercado de la vivienda tanto en compra como en alquiler", ha afirmado, asegurando que existen "dos modelos claramente contrapuestos": el estatal, "basado en el intervencionismo", y el del Gobierno regional, que apuesta por "ciudadanos libres, dinamismo y seguridad jurídica".

En relación con las ayudas objeto de la interpelación, el consejero ha indicado que la Dirección General de Vivienda está revisando los expedientes "al tiempo que se tramitan simultáneamente otras líneas de subvenciones coincidentes en los mismos periodos de tiempo". 

Además, ha instado al diputado a "preguntarle también al Ministerio de Vivienda por qué no tenemos el Plan Estatal de Vivienda aprobado o en vigor con la que está cayendo en esta materia".

García Montoro ha sostenido que el acceso a la vivienda "requiere reformas estructurales, responsabilidad y consenso" y ha defendido que el Ejecutivo regional trabaja en una nueva Ley de Vivienda Asequible. 

Según ha explicado, el borrador ya se ha facilitado a los grupos parlamentarios y ha destacado que han encontrado "receptividad y buena disposición en el grupo Vox", con el que considera que "el acuerdo es posible".

El consejero ha asegurado que las políticas de vivienda son "absolutamente prioritarias" para el Gobierno regional y ha reiterado que el retraso en la tramitación de las ayudas se produce en un contexto de carga administrativa y de ausencia de un nuevo plan estatal en vigor. 

Entretanto, desde el Grupo Mixto insisten en que los solicitantes "siguen esperando simplemente a que se les resuelva", recordando que se trata de ayudas dirigidas a familias con rentas de hasta tres veces el IPREM y con efectos retroactivos.

La Asamblea reclama al Gobierno acelerar las presas antiinundaciones de Nogalte, Béjar y La Torrecilla

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado en el Pleno una moción de Vox para instar al Gobierno de la Nación a ejecutar las presas de laminación de Nogalte, Béjar y La Torrecilla y el canal de Biznaga, una iniciativa que ha salido adelante tras votarse por puntos y en la que se han rechazado los apartados relativos al rechazo a la Agenda 2030.

El diputado de Vox Ignacio Arcas ha defendido que el Valle del Guadalentín ha sido un territorio de "alta peligrosidad" por episodios de lluvias torrenciales y ha recordado la riada de 2012, al sostener que "cada día que pasa" sin iniciar estas obras ha sido "un día menos" en una cuenta atrás ante fenómenos cíclicos.

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha afirmado que Lorca y Puerto Lumbreras "no han podido esperar más" y ha denunciado que, casi 14 años después de la riada, la zona ha seguido "sin infraestructuras necesarias" para evitar nuevas inundaciones. Además, ha exigido actuaciones de limpieza de cauces y el cumplimiento del plan de gestión del riesgo de inundaciones.

Desde el PSOE, María Soledad Sánchez ha reivindicado la necesidad de abordar el asunto "con respeto" por las víctimas. Por parte del Grupo Mixto, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha recordado que la Asamblea ya aprobó por unanimidad en 2020 la construcción de estas presas y ha preguntado "qué se ha hecho" desde entonces para ejecutarlas.

Marín ha rechazado que se haya vinculado el riesgo de inundaciones a la Agenda 2030 y ha señalado que en la dana de Valencia se han registrado cifras extremas de precipitación, al atribuir la intensificación del fenómeno al calentamiento global.

En la misma sesión, la Cámara ha aprobado también, con los votos de PP y Vox, una moción de Vox para pedir al Gobierno central el refuerzo de la seguridad ferroviaria y el cese del ministro de Transportes por su "responsabilidad política" en el accidente de Adamuz (Córdoba), con el voto en contra de PSOE y Grupo Mixto.

El portavoz de Vox, José Ángel Antelo, ha acusado al Ejecutivo de "no saber gestionar" y ha calificado de "muy deficitario" el mantenimiento de las vías, mientras que la diputada del PP María Casajús ha reclamado "transparencia absoluta" y ha pedido depurar responsabilidades políticas.

El socialista Alfonso Martínez ha defendido que el Gobierno ha anunciado más inversión en mantenimiento y ha acusado a la derecha de difundir "bulos", y María Marín ha pedido esperar a que se aclaren las causas antes de exigir dimisiones.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado igualmente una moción del PP contra el acuerdo entre España y Marruecos que contempla financiación de infraestructuras hidráulicas en territorio marroquí, con el apoyo de Vox y el rechazo de PSOE y Grupo Mixto.

El 'popular' Jesús Cano ha denunciado un "castigo" al sureste, mientras que el socialista Fernando Moreno ha acusado a PP y Vox de "sembrar el miedo".

El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha cuestionado que el texto concrete trasvases y ha centrado su crítica en el Sáhara Occidental.

Además, la Cámara ha aprobado una moción del PP para instar al Gobierno de la Nación a actuar en la regeneración de las playas de San Javier afectadas por la dana 'Alice' de octubre de 2025, con el voto a favor de PP, PSOE y Vox y en contra del Grupo Mixto.

El 'popular' Carlos Albaladejo ha denunciado "dejación" de la Demarcación de Costas, mientras que el socialista Manuel Sevilla ha negado que Costas se haya negado a intervenir y ha defendido rebajar la "crispación" para centrarse en soluciones.

En materia social, se ha debatido una iniciativa del PSOE para ampliar el servicio de comedor escolar a todos los centros educativos de la Región y garantizar que las becas hayan llegado a todas las familias que las han necesitado.

El socialista Juan Andrés Torres ha recordado que "en una Región con un 44% de pobreza infantil, las becas comedor solo han llegado al 1,9% de las familias" y ha denunciado que los requisitos económicos fijados por el Gobierno regional "han dejado a miles de niños y niñas que lo han necesitado, y que han cumplido los requisitos, sin beca comedor".

A su juicio, "cualquier Gobierno responsable y con un mínimo de conciencia no habría permitido, con estos datos, que ningún niño o niña que lo haya necesitado se haya quedado sin comedor escolar".

Por otro lado, la Cámara ha rechazado la moción del Grupo Mixto para declarar la Región como "Región Acogedora", con el voto en contra de PP y Vox. José Luis Álvarez-Castellanos ha criticado el "discurso xenófobo", y la diputada del PP Mari Carmen Pelegrín ha tachado la propuesta de "campaña de marketing".

La socialista Lola Jara ha defendido que acoger a menores migrantes ha sido una "obligación legal" y un "deber humanitario", mientras que Vox ha vuelto a cargar contra el sistema de tutela de menores extranjeros.

IU-Verdes rechaza la moción del PP sobre el acuerdo España-Marruecos y denuncia la utilización partidista del agua

 CARTAGENA.- En el pleno de hoy en la Asamblea Regional de Murcia, el diputado regional José Luis Álvarez-Castellanos, en nombre de la coalición autonómica de izquierdas formada junto a Podemos, defendió la enmienda a la totalidad presentada por su grupo a la moción del Partido Popular sobre el rechazo al acuerdo entre España y Marruecos para la financiación de infraestructuras hidráulicas en territorio marroquí, denunciando la "manipulación, alarmismo y falta de rigor" del debate planteado por la derecha.

Durante su intervención, Álvarez-Castellanos respondió directamente a los argumentos del PP señalando que el documento de la XIII Reunión de Alto Nivel España-Marruecos "no concreta ningún trasvase ni proyecto hidráulico específico", sino que recoge un marco genérico de cooperación internacional que incluye, entre otras materias, desalación, integración de energías limpias y posibles líneas de trabajo en materia de agua.

 Subrayó que la decisión de los proyectos a impulsar corresponde al Gobierno marroquí, del mismo modo que el Ejecutivo español decide sus propias inversiones, desmontando así el relato de amenaza al sector agrícola regional.

El parlamentario afirmó que su grupo no apoyaría la moción del PP ni la enmienda presentada por Vox, reiterando la enmienda a la totalidad al considerar que el acuerdo no es rechazable en su conjunto, ya que responde a dinámicas habituales de cooperación entre Estados. 

"El progreso se sustenta en la colaboración internacional, no en la competencia ni en discursos de confrontación", defendió.

No obstante, Álvarez-Castellanos señaló como inaceptable el tratamiento del conflicto del Sáhara Occidental dentro del acuerdo, denunciando que se asume una interpretación sesgada de resoluciones internacionales que prioriza la autonomía bajo soberanía marroquí y deja de lado el referéndum de autodeterminación defendido por Naciones Unidas.

 Advirtió de que esta postura rompe el consenso histórico de la política exterior española y vulnera el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro.

Desde la tribuna, el diputado puso en valor la presencia de Omar Brahim, delegado del Frente Polisario en la Región de Murcia, y subrayó que cualquier iniciativa política o diplomática sobre el conflicto debe contar con el consentimiento del Frente Polisario como legítimo representante del pueblo saharaui, advirtiendo que excluirlo de los procesos de diálogo perpetúa el bloqueo y la injusticia.

Tras el pleno, Omar Brahim y José Luis Álvarez-Castellanos coincidieron en señalar que el pueblo saharaui sigue esperando el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación. 

Desde el Frente Polisario se defendió que la solidaridad institucional y social en España sigue siendo un pilar fundamental para mantener viva la causa saharaui, alertando de que cualquier intento de legitimar soluciones unilaterales consolida la ocupación y retrasa una salida justa y democrática al conflicto. 

Ambas partes destacaron la importancia de reforzar la cooperación solidaria y la presión política para que la comunidad internacional garantice una solución basada en el referéndum y el respeto a la legalidad internacional.

Carmina Fernández: "En la Región de Murcia hay bomberos que se juegan la vida y personas que podían haber muerto porque Ortuño no ha hecho su trabajo"

 CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha declarado este martes que "el consejero Marcos Ortuño ha demostrado ser incapaz de garantizar la seguridad más básica de los ciudadanos de esta Región. Esto no es una broma, señor Ortuño, esto va de bomberos que se juegan la vida y de personas que podrían haber muerto porque usted no ha hecho su trabajo".

"Un consejero de emergencias que presume de tener diez vehículos de rescate en altura para toda la Región de Murcia no puede permanecer en su cargo ni un minuto más. Que dimita o que lo cesen, pero necesitamos a alguien responsable al frente de este departamento antes de tener que lamentar una tragedia", ha añadido.

Fernández ha realizado estas declaraciones tras el incendio de una vivienda en Águilas ubicada en un tercer piso, con dos personas atrapadas entre las llamas. Los bomberos del parque de la localidad no pudieron rescatarlas con sus propios medios, porque carecen de vehículo de rescate en altura, aunque las pudieron salvar gracias a una plataforma elevadora de una empresa privada que se encontraba cerca.

"¿Alguien se imagina un parque de bomberos sin los medios necesarios para rescatar víctimas? Pues eso es lo que pasa en la Región de Murcia. Los bomberos llevan más de una década alertando del peligro para la población y para sus propias vidas y reclamando más medios materiales y humanos. No les han hecho caso", ha denunciado la portavoz socialista.

Al hilo, Fernández ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista formulará dos preguntas para su respuesta oral en el pleno de Control al Gobierno de este jueves para "pedir explicaciones al Gobierno de López Miras, por el deterioro que sufre el consorcio de extinción de incendios y salvamento de la Región de Murcia que no tiene medios para trabajar pese a contar con excelentes profesionales que tienen todo nuestro respeto. 

También por las medidas para reducir el riesgo de incendio de la fachada del Hospital Santa Lucía de Cartagena que presenta un material potencialmente inflamable y que ya ha ardido dos veces".

"Queremos que el Gobierno de López Miras explique por qué elige arriesgar la vida de la ciudadanía de la Región de Murcia. ¿Por qué no dota a los bomberos de medios para hacer su trabajo? ¿Por qué hay un hospital con riesgo potencial de incendio en Cartagena? La inacción y mala gestión del Gobierno regional tiene serias consecuencias para la ciudadanía", ha detallado.

"La seguridad de los ciudadanos de esta Región no puede estar en manos de la suerte. Los bomberos de esta Región deben tener medios materiales y humanos para poder rescatar a las personas de un incendio y los hospitales de esta Región tienen que ser lugares seguros, no edificios en riesgo de arder", ha aseverado Fernández.

"No nos importa si tenemos que repetir lo mismo mil veces. Seguiremos haciéndolo porque no vamos a consentir que una sola persona viva una situación de peligro en esta Región por la dejadez de este Gobierno del PP, especialmente cuando son riesgos que se pueden evitar con una buena gestión", ha concluido la portavoz socialista.

El 46% de los murcianos que vive de alquiler está en riesgo de pobreza, según Cáritas

 CARTAGENA.- El 46% de las personas que vive de alquiler a precio de mercado en la Región de Murcia se encuentra en riesgo de pobreza. Así lo ha advertido este lunes el director de Cáritas Región de Murcia, Jesús Martínez-Pujalte, durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia de la Asamblea Regional.

Martínez-Pujalte ha señalado que la vivienda se ha convertido en "el cuello de botella de la integración social" y en uno de los principales motores de la exclusión.

Según ha expuesto, el 23% de la población murciana presenta algún rasgo de exclusión residencial, en un contexto en el que los precios de compra y alquiler crecen muy por encima de los ingresos.

En concreto, ha detallado que entre 2018 y 2024 el índice de precios de la vivienda ha aumentado un 35% en la Región, un 54% en obra nueva y un 33% en segunda mano, mientras que el alquiler ha subido un 25% en ese mismo periodo.

"La vivienda es ahora más que nunca un falso derecho", ha afirmado. Durante su intervención, el responsable de Cáritas ha enmarcado estos datos en una realidad más amplia de pobreza infantil y exclusión estructural.

Ha indicado que cerca de 140.000 niños, niñas y adolescentes viven por debajo del umbral de la pobreza en la Región, lo que sitúa a Murcia como la comunidad con mayor tasa de pobreza infantil de España, con un 44% según el indicador AROPE.

"Cada número representa a un niño que no tiene suficiente comida en su plato, que vive en una casa sin calefacción o que no puede acceder a actividades extraescolares porque su familia no puede pagarlas", ha subrayado, para advertir de que "la exclusión social se hereda" y de que nacer en una familia pobre duplica las probabilidades de seguir siéndolo en la edad adulta.

Cáritas atiende actualmente en la Región a 2.300 menores, principalmente en programas de refuerzo escolar y desarrollo integral, dentro de un acompañamiento que se extiende a sus familias.

En total, la entidad ha dado respuesta a 83.325 personas, en hogares donde más del 50% tienen hijos menores a cargo y cerca del 37% son familias monoparentales encabezadas por una mujer.

Martínez-Pujalte ha alertado también sobre la situación de la juventud, marcada por la inestabilidad laboral y el encarecimiento de la vivienda, lo que retrasa la emancipación y prolonga una "transición a la adultez más larga y frágil".

"No se trata de una dificultad coyuntural, sino de una transición bloqueada que convierte la juventud en una etapa prolongada de vulnerabilidad social", ha afirmado.

Asimismo, ha advertido de que unas 400.000 personas en la Región, el 26% de la población, están en riesgo de pobreza o exclusión social, un porcentaje superior a la media nacional, y ha señalado que las tasas de pobreza se mantienen por encima del 24% desde 2018, lo que evidencia una cronificación del problema.

En este contexto, ha reclamado un Pacto Regional por la Infancia que priorice a los menores en las políticas públicas y ha instado a los grupos parlamentarios a destinar más recursos a combatir la exclusión. "Una sociedad que condena a su infancia a la pobreza está hipotecando su propio futuro", ha concluido.

Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE Toñi Abenza ha agradecido la intervención "rigurosa y emocional" del compareciente y ha subrayado que la pobreza infantil en la Región es "crónica y estructural". 

Ha destacado que "detrás de cada cifra hay un rostro concreto" y ha preguntado por el perfil actual de las familias atendidas, el impacto emocional en los menores y la eficacia de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.

Asimismo, ha señalado la necesidad de "poner soluciones eficientes" ante una realidad que "nos debería sonrojar como sociedad".

Desde Vox, Ignacio Arcas ha coincidido en que el "ascensor social está averiado", aunque ha defendido que el problema principal no es la desigualdad sino la pobreza.

Ha cuestionado la eficacia del denominado "escudo social" y ha advertido de que el actual modelo de subsidios puede generar dependencia y trasladar la carga a las generaciones futuras. 

"Estamos viendo trabajadores pobres que, aun teniendo empleo, no llegan a final de mes", ha señalado.

Por su parte, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha calificado la intervención como "uno de los discursos más rigurosos y honestos" escuchados en la Cámara y ha afirmado que resulta "desgarrador" que la juventud se haya convertido en "una etapa prolongada de vulnerabilidad social".

A su juicio, las altas tasas de pobreza infantil en la Región responden a "un modelo estructural que no está rompiendo la transmisión intergeneracional de la pobreza".

Desde el PP, Maruja Pelegrín ha reconocido que "las tasas de pobreza tienen que cambiar" y ha señalado que se está trabajando en una ley de atención integral a la infancia. También ha recordado que España presenta la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea y ha defendido la necesidad de abordar el problema desde todos los niveles de la Administración.

Podemos carga contra López Miras por "comprar el discurso racista de la emigración"

 CARTAGENA.- María Marín, diputada de Podemos en la Asamblea Regional, ha cargado hoy contra López Miras, tras las declaraciones del presidente a un diario nacional en las que, en relación a la política migratoria, aseguraba que "el que no cumpla la ley ni se adapte en lo social y en lo cultural tiene que irse de España".

"Bajo su mandato el PP ha ido comprando uno a uno todos los marcos de la ultraderecha: el negacionismo ambiental en el Mar Menor, el pin parental, la criminalización y el cierre de centros de menores", ha denunciado Marín, a lo que ahora se añade "el racismo más extremo y el discurso de la remigración".

 "Que no disimule más y se presente por Vox", ha pedido irónicamente la diputada morada, que lamentaba que "el único efecto de todo esto ha sido la normalización de las barbaridades de la ultraderecha y el crecimiento de Vox".

Marín ha exigido a Miras "que aclare a qué se refiere cuando dice que el que quiera quedarse en España tendrá que adaptarse en lo cultural y en lo social".

 "¿Hay que ir a misa y a los toros? ¿Hay que comer jamón? ¿Van a ser el PP y Vox los que den el título de buen español?", se preguntaba retóricamente la diputada, que ha calificado este discurso "asimilacionista" como "un completo disparate que atenta contra la convivencia en un país plural, diverso y aconfesional".

 "Esto solo allana aún más el camino a la ultraderecha más extrema", ha concluido.

La ex ministra Narbona rechaza ser "fundamentalista antitrasvasista" y defiende que nunca intentó cerrar el Tajo-Segura

 CARTAGENA.- La exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha rechazado ser una "fundamentalista antitrasvasista" y ha afirmado que durante su mandato, entre 2004 y 2008, "no hubo una reducción del caudal" del Tajo al Segura "respecto a lo que eran los estándares, lo que eran las reglas existentes".

Narbona ha pronunciado estas palabras en el marco de la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura de la Asamblea Regional de Murcia, con sede en Cartagena, donde ha comparecido este viernes a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.

La actual presidenta del PSOE y diputada en la Asamblea de Madrid ha explicado que durante su etapa como ministra --bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero-- no derogó el trasvase Tajo-Segura, sino que le dio "certidumbre" y, por eso, "hoy hay más seguridad hídrica de la que había entonces".

Ha insistido en que en su gestión "no hubo ninguna actitud fundamentalista, fanática", respecto del trasvase, y ha subrayado que para ella, como ministra, "hubiera sido mucho más cómodo en términos políticos" atender a la "confrontación" desde Castilla-La Mancha, gobernada por su partido.

Por ello, ha insistido en que en su gestión no hubo "nada de ideología, sino ciencia, ciencia y ciencia e historia, historia, historia".

 "Intenté gobernar para todo el mundo, y eso significaba también aquí, en Murcia, intentar encontrar soluciones ante demandas y necesidades sociales que consideraba que debían de llevarse a cabo", ha dicho.

Respecto al trasvase del Ebro, la exministra ha dicho que "en realidad quien lo derogó no fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero, sino la propia Comisión Europea", y ha remarcado que "la prueba más importante de que esa obra no contaba con dicho beneplácito fue que el proyecto quedó abandonado cuando el PP volvió al Gobierno con Mariano Rajoy".

En este sentido, ha señalado que "el proyecto del trasvase del Ebro no ha vuelto a aparecer, no ha habido un gobierno del Partido Popular que lo haya vuelto a poner" sobre la mesa.

Desde el PSOE, el diputado regional Fernando Moreno ha dado las gracias a Narbona por ser "una auténtica visionaria" y "anticiparse a lo que podía haber sido una auténtica tragedia para la Región de Murcia, cuando el trasvase estuvo cerrado durante once meses consecutivos como consecuencia de aquel famoso memorándum".

El parlamentario socialista ha agradecido a Narbona "haber contribuido a salvar la producción de miles de hectáreas, de miles de puestos de trabajo, mediante la apuesta por la desalación y la regeneración de aguas" y ha pedido "perdón" a la presidenta del PSOE por los "insultos" que ha sufrido "por parte del PP de la Región".

Moreno ha defendido que el trasvase Tajo-Segura "es una infraestructura estratégica para la Región de Murcia y para el sur de Alicante" y ha recalcado que "la política de agua en España no puede plantearse como una guerra entre territorios", al tiempo que ha apostado por un "modelo hídrico más resiliente frente al cambio climático".

El diputado regional de Vox Alberto Garre ha indicado que "todo el agua que hay en los ríos y que pasa por los ríos es propiedad de todos los españoles; y lo normal, en una mente normal, es que allí donde pueda sobrar agua, se lleve a donde hace falta agua".

Garre ha comentado que la explicación ofrecida sobre la retirada del Plan Hidrológico Nacional "no se sostiene y vuelve a demostrar la política de engaños que ha caracterizado a los gobiernos de turno", y ha incidido en que "la Unión Europea no se había pronunciado sobre la financiación del trasvase del Ebro".

"Existe una carta dirigida por los entonces eurodiputados García Margallo y Cristina Gutiérrez-Cortines al comisario de Infraestructuras de la UE, solicitando información sobre el expediente de financiación, y la respuesta fue clara: la comisión aún no se había pronunciado. Por lo tanto, ni el Gobierno de José María Aznar podía decir que había financiación, ni el Partido Socialista podía alegar que no la había. Ambos incurrieron en falsedades", ha dicho.

Desde el Grupo Mixto, el diputado regional de Podemos-IU-AV, José Luis Álvarez-Castellanos, ha pedido circunscribir el debate sobre el trasvase al regadío y ha recalcado que que "es necesario prever el futuro" del trasvase Tajo-Segura "desde la prudencia" y "oyendo el discurso y el conocimiento científico".

Sobre el trasvase del Ebro que "ahora se resucita", Álvarez-Castellanos ha explicado que plantearlo como solución es "errar el tiro" y ha apostado por "redimensionar" el tamaño de la agricultura intensiva en la Región de Murcia y potenciar "mucho más" el sector agrícola tradicional.

En este sentido, Álvarez-Castellanos ha asegurado que "la disminución de precipitaciones en la cabecera del Tajo" es un elemento que "el Partido Popular o Vox no ponen nunca encima de la mesa". "Si hay la mitad de agua, no podemos hablar del futuro del trasvase como si hubiera todo el agua del mundo", ha apostillado.

Por su parte, el diputado regional del PP, Jesús Cano, ha dicho que la política del agua de la época de Narbona "no fue neutral ni justa, fue ideológica" y cuestionó "infraestructuras esenciales como el trasvase Tajo-Segura" sin ofrecer "alternativas reales", lo que "generó incertidumbre, puso en riesgo miles de empleos y golpeó directamente al campo murciano".

Para el 'popular', Narbona mantuvo "una visión ideológica del agua" alejada "de criterios técnicos y de la realidad socioeconómica del sureste español", lo que "demonizó el regadío murciano, peso a ser uno de los más eficientes de Europa en ahorro, modernización y reutilización".

"No puede ser sostenible condenar a una región productiva mientras se ignora su esfuerzo en depuración, modernización de regadíos y ahorro hídrico", ha insistido Cano, quien ha reclamado "una política nacional del agua, basada en la solidaridad, en la planificación y en el respeto a los territorios".

IU-Verdes cuestiona al Gobierno de López Miras por los 15 años sin renovar el convenio de la sanidad privada

 CARTAGENA.- El diputado regional de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, cuestionó hoy al Gobierno regional en el Pleno de la Asamblea sobre la situación de los trabajadores de la sanidad privada, donde el convenio colectivo lleva 15 años caducado. La pregunta oral se centró en las actuaciones de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social para impulsar la renovación de los convenios en los establecimientos sanitarios, hospitalización y asistencia.

Álvarez-Castellanos denunció que "hay numerosos convenios caducados y sin renovar en la Región de Murcia, mientras los trabajadores continúan atados al salario mínimo interprofesional, pese a prestar un servicio público esencial como la sanidad".

 Destacó, además, que "un técnico superior en Radiología en Ribera Salud cobra 1.263 € netos en 12 pagas, por debajo del SMI, lo que resulta indignante para un sector que no puede permitirse trabajadores precarizados".

El parlamentario de izquierdas criticó que la política del Gobierno regional premie a empresas privadas mediante concesiones mientras mantienen plantillas precarizadas.

 "Ribera Salud, por ejemplo, en cuatro años se ha hecho con el 44 % de las concesiones hospitalarias, recibiendo más de 30 millones de euros y manteniendo salarios miserables. Esto es una auténtica vergüenza que no podemos permitir como murcianos ni como responsables políticos", afirmó.

En su réplica, la consejera María Isabel López Aragón defendió que el Gobierno regional no puede negociar convenios colectivos y que su labor se limita a financiar y apoyar mediación a los agentes sociales, con 176.800 € anuales destinados a la Oficina de Mediación, Arbitraje y Conciliación Laboral.

Frente a esta postura, Álvarez-Castellanos adelantó que su grupo parlamentario presentará una moción para incluir cláusulas laborales y sociales en las concesiones de servicios privatizados, de manera que las empresas no puedan operar con convenios caducados ni mantener plantillas precarizadas.

 "No podemos mirar hacia otro lado mientras se perpetúa la explotación en un sector clave para la salud de toda la ciudadanía", concluyó.

IU-Verdes exige al Gobierno regional que deje de mirar hacia otro lado y actúe para garantizar condiciones dignas para los trabajadores de la sanidad privada, después de 15 años de abandono del convenio colectivo.

PP y Vox aprueban en la Asamblea recortar los límites de Sierra Espuña para preservar la romería y el rally

 

CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este jueves, con los votos de Partido Popular y Vox, fijar nuevos límites en Sierra Espuña, excluyendo del mismo la zona recreativa y monumental de La Santa y la carretera RM-502, para que puedan seguir celebrándose la romería y el rally ‘Subida a La Santa’, cancelado desde 2023 por motivos medioambientales tras 36 ediciones.

La proposición de Ley de modificación de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña es una propuesta para su toma en consideración por el Parlamento autonómico, formulada de forma conjunta por PP y Vox, recogiendo un acuerdo del Ayuntamiento de Totana.

Pese a los votos con contra de PSOE y grupo Mixto (Podemos-IU/V-AV), la aprobación del texto lo convierte en Ley de la Comunidad Autónoma, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

La diputada del grupo Popular, Isabel María Sánchez, ha advertido que “la ilegalidad de una norma solo la puede declarar un tribunal de justicia, no un diputado”, adelantándose a las intervenciones de la oposición esgrimiendo el informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara, en el que se avisa que la proposición de Ley no cumple los requisitos de la legislación estatal.

Sánchez ha asegurado que “no apoyar esta propuesta que nos ha pedido el Pleno del Ayuntamiento es traicionar a los totaneros”. 

“Nuestros hijos merecen vivir lo que nosotros vivimos”, ha aseverado, subrayando que la superficie excluida supone el 0,3 % del parque, mayoritariamente edificaciones y asfalto.

Asimismo, la parlamentaria del PP ha remarcado que “no hay ningún informe que diga que la propuesta es ilegal, ni que no se puedan cambiar los límites del parque”, y ha hecho hincapié en que “no se desprotege nada”.

El diputado del grupo Vox, Alberto Garre, ha remarcado que “tenemos el mandato del pueblo de la Región, que está sentado aquí”, en alusión al alcalde de Totana Juan Pagán y de los responsables del Automóvil Club de Totana, quienes estaban siguiendo el Pleno desde el Patio de las Comarcas.

Garre ha apuntado que, “por encima de todas las leyes que se quieran invocar, está el párrafo 4 del preámbulo de la Constitución”, en el que se proclama la voluntad de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”. 

 El parlamentario del grupo Socialista, Alfonso Martínez Baños, ha insistido en que el informe jurídico “es muy claro y preciso” y ha explicado que “lo que no hará el PSOE en este Parlamento es votar contra una Ley de rango superior”. Además, ha señalado que el parque coincide con la Red Natura, por lo que hay que contar con la Unión Europea para modificar los límites.

Para Martínez Baños, la Ley aprobada “genera falsas expectativas”, y ha preguntado por qué la Comunidad Autónoma autoriza que pase por Sierra Espuña la Vuelta Ciclista pero no el rally. En su opinión, la única opción para poder celebrar el rally es modificar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Sierra Espuña.

La portavoz del grupo Mixto, María Marín, ha indicado que el informe jurídico es “demoledor” y que el “tijeretazo” al parque “se basa en una mentira como un piano”, pues es falso que haya que reducir los límites del parque para que se pueda celebrar el rally.

“Me repatea el hígado que utilicen a La Santa de Totana para sus negocios”, ha dicho Marín, quien ha insistido en que lo aprobado hoy “no va a ninguna parte”, augurando que “esto lo va a parar el Tribunal Constitucional”. 

“Apoyaremos todas las iniciativas para recuperar el rally, pero no a quienes os engañan y hacen algo ilegal a sabiendas”, ha concluido. 

Antelo: “Los centros de menas deben abrir en Marrakech, no en la Región de Murcia”

 CARTAGENA.- El portavoz del GP Vox, José Ángel Antelo, ha intervenido hoy en el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia para criticar la iniciativa del PSOE y Podemos de regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales, tras el rechazo de la iniciativa de Vox para proteger el Estado del Bienestar y priorizar a los españoles en el acceso a los servicios públicos, iniciativa que ha sido rechazada también por el Partido Popular.

Antelo ha explicado que su voto a favor responde a la necesidad de priorizar a los españoles y sus necesidades: “Regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales solo va a atraer a millones más, aumentando las muertes en el Mediterráneo y generando un drama en nuestros barrios, cerrando el año 2025 como el más violento de nuestra historia.. Esto tiene nombre y apellidos: PSOE y Podemos”.

A renglón seguido, ha subrayado que “es ahí donde hay que poner el foco: dignificar el empleo, facilitar la adquisición de la primera vivienda y ofrecer oportunidades para desarrollar una familia. Esto es en lo que estamos trabajando, no en regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales”.

Asimismo, el parlamentario ha criticado la actuación de ciertas ONGs y particulares que, según él, “se lucran con el sufrimiento de inmigrantes ilegales, ofreciéndoles infraviviendas mientras los españoles no pueden acceder a una vivienda digna”. 

Finalmente, Antelo ha manifestado su rechazo a la apertura de centros para menores extranjeros no acompañados en la Región de Murcia: “Los centros de menas deben abrir en Marrakech, no aquí, porque primero deben atenderse las necesidades de nuestros ciudadanos. Ser español es un privilegio y un honor, y eso debe reflejarse en nuestras políticas”.

El PP pide un inventario "serio" del suelo disponible para impulsar la vivienda frente al PSOE que prioriza suelo público

 CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado la enmienda a la totalidad del PP a la moción del PSOE sobre destinar de forma preferente el suelo público a la construcción de vivienda, y ha respaldado la propuesta de los 'populares' de elaborar un inventario "serio" del suelo disponible, público y privado, y de su situación administrativa y urbanística.

El diputado del PP Antonio Landáburu ha defendido que la alternativa de su grupo pasaba por acuerdos con los ayuntamientos "con contenido", con responsabilidades claras y calendario, y por disponer de un inventario actualizado que refleje el estado real del suelo, tanto público como privado, para planificar con "método, ejecución y plazos" y aumentar la oferta de vivienda.

Según ha señalado, el problema de la vivienda tiene que ver con la oferta y con los tiempos de tramitación, por lo que ha insistido en la necesidad de agilizar planeamientos y licencias y de conocer con exactitud qué suelos están disponibles y en qué situación se encuentran antes de adoptar decisiones.

Por su parte, el diputado socialista Miguel Ángel Ortega ha defendido la moción de su grupo al considerar que destinar suelo público a vivienda bajo control público permitiría aumentar el parque público y contener la especulación.

Ortega sostiene que en la Región el peso de la vivienda pública es "mínimo" y ha reclamado una intervención decidida para facilitar el acceso, especialmente a jóvenes y familias.

En cuanto al resto de grupos parlamentarios, la diputada María Marín, de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde integrada en el Grupo Mixto, ha advertido de que el concepto de "vivienda asequible" puede resultar ambiguo y ha defendido hablar expresamente de vivienda protegida y de promoción pública.

Vox, a través del diputado Ignacio Arcas, ha cuestionado que destinar de forma preferente todo el suelo público a vivienda sea la única solución y ha defendido criterios de "eficiencia" en la gestión municipal, planteando que la venta de suelos de alto valor podría permitir invertir en otros más económicos para construir más vivienda.

Por otro lado, el Pleno ha rechazado la moción del PSOE de apoyo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, que según los socialistas supondría un incremento anual de 1.188 millones de euros para la Región.

La iniciativa solo ha contado con el respaldo del PSOE y la abstención del Grupo Mixto.

La portavoz socialista, Carmina Fernández, ha defendido que lo que se votaba eran "1.200 millones de euros más cada año" y ha advertido de que rechazarlos implica renunciar a recursos para sanidad, educación o dependencia.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha rechazado el modelo al considerar que no resuelve la infrafinanciación y ha defendido un sistema pactado en el ámbito multilateral.

Vox ha vinculado la propuesta a acuerdos políticos y ha reclamado un modelo común para todas las comunidades.

Asimismo, el Pleno ha rechazado la moción del Grupo Mixto sobre el pago de las ayudas al alquiler para jóvenes y ha aprobado la enmienda a la totalidad del PP.

La diputada María Marín ha denunciado que los jóvenes con ayudas concedidas no han cobrado por "falta de fondos" y ha reclamado ampliar la dotación para abonar las cuantías pendientes.

Desde el PP, Landáburu ha defendido que las ayudas deben llegar "a tiempo" y ha planteado aprovechar remanentes y flexibilizar requisitos en futuras convocatorias.

El diputado socialista Miguel Ángel Ortega ha preguntado "dónde están" los fondos transferidos por el Gobierno de España para el bono alquiler joven y ha criticado la gestión del Ejecutivo regional. Mientras que Vox ha reclamado mayor celeridad en los pagos.

Por otro lado, el Pleno ha rechazado la moción de Vox sobre medidas para garantizar el Estado del Bienestar y asegurar el acceso a servicios públicos de calidad, que solo ha contado con el apoyo de ese grupo.

En ese debate, Vox ha defendido que la Región "siempre ha estado infrafinanciada" por PSOE y PP y ha rechazado, en paralelo, lo que ha calificado de "regularización masiva" de inmigrantes en situación irregular.

En su intervención, Vox ha pedido "deportar" a los inmigrantes ilegales, expulsar "de forma inmediata" a los inmigrantes legales que cometan delitos graves o reincidan, y devolver a los menores no acompañados "con sus padres" a sus países de origen.

También ha reclamado el cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados y la "transparencia" en los datos de inmigración, con detalle de cuántos son, cuánto cuestan y en qué centros se encuentran.

Además, ha defendido modificar las leyes para establecer una "prioridad nacional" en el acceso a prestaciones y servicios y ha planteado impedir prácticas culturales contrarias a "los principios fundamentales" de la sociedad.

El PSOE, a través de Toñi Abenza, ha acusado a Vox de "normalizar el racismo" y ha defendido que la seguridad se construye con Estado de Derecho, cohesión social y servicios públicos fuertes, y no con "expulsiones colectivas".

El PP ha presentado una enmienda a la totalidad y ha apostado por una política migratoria basada en "humanidad y control", con coordinación nacional, rechazo de regularizaciones "colectivas" y expulsión de quienes cometan delitos graves o reincidan.

El PSOE saca adelante en la Asamblea una iniciativa para combatir la soledad no deseada en la Región de Murcia

 CARTAGENA.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Magdalena Sánchez Blesa ha defendido una moción en la Comisión de Educación y Cultura, celebrada este martes en la Asamblea Regional, con el objetivo de poner en marcha una Red Regional de Espacios Públicos de Cultura y Convivencia para combatir la soledad no deseada en la Región de Murcia. La iniciativa se ha aprobado por una amplia mayoría y el único voto en contra de Vox.

Durante su intervención, Sánchez Blesa ha puesto el acento en el hecho de que la soledad no deseada no se trata de un problema de "bienestar emocional, sino que está asociada a un mayor riesgo de depresión y ansiedad; un incremento de enfermedades cardiovasculares; un deterioro cognitivo acelerado en personas mayores; e, incluso un aumento de la mortalidad prematura y una sobrecarga de los sistemas sanitarios y sociales. Por tanto, no estamos hablando solo de bienestar emocional. Estamos hablando de salud pública".

"¿Va la Región de Murcia a situarse a la altura de este reto? Porque la soledad no deseada no se resuelve con voluntarismo. Se aborda con planificación. Y para ello se necesita: un diagnóstico regional riguroso; protocolos de detección temprana en atención primaria y servicios sociales; programas de acompañamiento profesionalizados y evaluables; coordinación sociosanitaria real; implicación del tercer sector; además de estrategias específicas para jóvenes, personas con discapacidad y entornos rurales. No se trata solo de visitas puntuales. Se trata de reconstruir tejido comunitario", ha defendido la diputada socialista.

"El drama de la soledad no deseada tiene múltiples causas: el envejecimiento poblacional; los cambios en los modelos familiares; la precariedad laboral; la movilidad forzada; la digitalización, que conecta virtualmente, pero desconecta físicamente o la individualización creciente de la vida social. Y si el problema es estructural, la respuesta también debe serlo", ha añadido.

Al hilo, la diputada socialista ha advertido que "esta moción no es simbólica, ni es declarativa, ni mucho menos es retórica. Es un grito de auxilio y una llamada a asumir que la cohesión social no es automática, que se construye. Cuando una persona mayor pasa semanas sin que nadie la llame, no estamos ante una anécdota, estamos ante un fallo colectivo. Cuando un joven reconoce sentirse profundamente solo, a pesar de estar hiperconectado, no estamos ante una exageración generacional, estamos ante un fenómeno nuevo que requiere políticas nuevas. Cuando una persona migrante, una mujer en situación de vulnerabilidad o una persona con discapacidad viven aislamiento estructural, no es un problema identitario. Es un problema social".

"La soledad no pregunta a quién votas. No distingue entre culturas, no distingue entre modelos familiares y no distingue entre generaciones. Por eso esta iniciativa parte de un principio básico: la dignidad humana es anterior a cualquier marco ideológico. No estamos aquí para definir identidades. Estamos aquí para proteger derechos sociales", ha aseverado.

"Si no abordamos este fenómeno ahora, el coste futuro será mayor: más dependencia, más patologías asociadas, más gasto sanitario, más fractura social. Invertir en prevención de la soledad es invertir en sostenibilidad del sistema. Y, lo más importante, es invertir en humanidad", ha concluido la diputada socialista.

Vox logra en la Asamblea aprobar su iniciativa sobre la caza con reclamo como BIC

 CARTAGENA.- La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Vox:  iniciar los trámites que permitan declarar la modalidad cinegética tradicional “caza con reclamo” como Bien de Interés Cultural (BIC) en la Región de Murcia aprobada con los votos a favor del Partido Popular. 

 Esta práctica tradicional, que consiste en la caza de la perdiz mediante el uso de un reclamo, combina conocimientos ancestrales, respeto por el medio natural y un fuerte componente cultural, y forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la Región.

El diputado de Vox en la Asamblea Regional, Pascual Salvador, ha afirmado: "La caza con reclamo es un patrimonio cultural único de nuestra Región que merece ser protegido. Su declaración como Bien de Interés Cultural permitirá preservar un legado histórico transmitido de generación en generación, fortalecer nuestra identidad regional y garantizar la continuidad de una actividad cinegética responsable y selectiva, que además contribuye al desarrollo económico rural."

Salvador ha destacado que "esta modalidad cinegética genera empleo directo e indirecto en las zonas rurales, fija población y contribuye al mantenimiento del tejido socioeconómico del medio rural". 

Vox insta al Gobierno regional a iniciar de forma inmediata los trámites pertinentes, tomando como base el proyecto técnico elaborado por la Federación Murciana de Caza, que acredita el valor cultural, etnológico e histórico de esta práctica tradicional.