La Asamblea exige el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado instar al Consejo de Gobierno a que solicite al Ejecutivo central la ejecución del proyecto del Acuartelamiento de la Guardia Civil de Cartagena según el proyecto inicial, con infraestructuras mejoradas y 96 viviendas para los agentes.

La diputada proponente de la moción, la 'popular' María Casajús, ha reclamado la construcción de este cuartel haciendo referencia a los anuncios que han ido realizando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas. 

Este último aseguró en marzo que está incluido en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado.

Casajús ha acusado a los socialistas de "intentar trasladar la responsabilidad al Ayuntamiento de Cartagena afirmando que el Ministerio había solicitado unos nuevos terrenos y que el Ayuntamiento había sido incapaz de facilitarlos" y ha indicado que, durante años, se aseguró que el cuartel se iba a ejecutar en la parcela donde se encuentra en la actualidad, en la calle Ángel Bruna.

"Los cartageneros tienen derecho a saber dónde están, en qué se han ejecutado y qué parte del proyecto han financiado", ha aseverado.

 "Detrás de las cifras hay familias que han visto cómo se derribaba el acuartelamiento y se les desalojaba confiando en que se construiría en un plazo razonable", ha apostillado.

En su turno de intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín, ha señalado que desde su partido estarán "pendientes" del compromiso del Gobierno "porque el historial de promesas incumplidas es bastante largo".

La diputada ha sostenido que "lo peor es no tener ni idea de cuándo van a comenzar las obras". Marín, cuyo grupo ha votado a favor de la moción, ha visto aprobada una enmienda de adición de su grupo a esta moción para que se realicen mejoras en las instalaciones del resto de cuarteles de la Región.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, María del Carmen Fernández, ha acusado al PP de "ensuciar, lanzar bulos y hacer ruido" alrededor de la construcción del cuartel de la Benemérita de Cartagena.

 "Han ido alimentando la idea de que no se iba a hacer", ha añadido.

Fernández ha insistido en que el proyecto se va a realizar y ha asegurado que se va a anunciar en los próximos días.

Desde Vox han lamentado que "no se ha hecho nada tangible hasta ahora" en este asunto. 

"La realidad es un solar abandonado, una selva donde va a haber que entrar con motosierra", ha apuntado el diputado Pascual Salvador.

El parlamentario ha criticado que el anuncio de Lucas sobre la construcción del cuartel "es un anuncio, no una realidad".

IU-Verdes y Podemos llevan a la Asamblea la defensa de las escuelas de música y exigen al Gobierno regional que las regularice y financie

CARTAGENA.- El diputado de IU-Verdes, Jose Luis Álvarez-Castellanos, y el responsable autonómico de comunicación de Podemos, Víctor Egío, han reclamado esta mañana, en una rueda de prensa celebrada a las puertas de la Asamblea Regional, la regularización urgente de las escuelas de música de la Región de Murcia y una financiación pública suficiente que garantice su supervivencia y el acceso popular a la formación musical.

La comparecencia ha servido para presentar la moción que la coalición entre ambas formaciones defenderán este miércoles en el Pleno de la Asamblea Regional, una iniciativa que insta al Gobierno autonómico a desarrollar, en el plazo máximo de seis meses, el reglamento pendiente desde la aprobación de la Ley de Música de 2019.

El diputado de IU, José Luis Álvarez-Castellanos, ha subrayado el enorme peso social y cultural de las bandas y escuelas de música en la Región de Murcia, "una de las realidades culturales más consolidadas" del territorio.

"Hablamos de un colectivo que ronda las 35.000 personas entre músicos, asociados, alumnos de las escuelas de música y miembros vinculados a la Federación de Bandas de la Región de Murcia", ha explicado. 

Álvarez-Castellanos ha denunciado que estas escuelas "vienen funcionando sin ninguna regulación por parte del Gobierno regional", pese a que existe una obligación legal recogida tanto en la Ley de Música de 2019 como en la Ley Orgánica de Educación.

El parlamentario de izquierdas ha señalado que la moción busca poner fin a años de abandono institucional y obligar al Ejecutivo autonómico a actuar antes de que finalice la legislatura. Además, ha defendido la necesidad de ayudas públicas para el mantenimiento de instrumentos, la adquisición de nuevo material y el pago de las cotizaciones sociales del profesorado.

La iniciativa registrada en Parlamento Autonómico recuerda que las 42 bandas federadas de la Región implican a más de 5.000 músicos, 8.000 alumnos y alumnas, más de 320 docentes y miles de familias, movilizando a un colectivo que supera las 45.000 personas y genera alrededor de 1.500 actos musicales al año.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, que ha querido comenzar su intervención dando el pésame a los familiares y amigos de José Ballesta, así como a todos sus compañeros del Partido Popular, ha hecho una comparativa de la financiación que estos centros de enseñanza musical reciben en otras comunidades autónomas. 

"Mientras que en la Comunidad Valenciana el Govern financia con hasta 13 millones a sus escuelas de música, aquí apenas se destinan 140.000 euros", ha evidenciado.

Para Egío, esta cifra es "totalmente insuficiente", teniendo en cuenta que se trata de un colectivo, ha enumerado, "con 8.000 alumnos, con cientos de profesores y docentes y con 5.000 músicos federados".

 El portavoz ha exigido, de forma urgente, "reglamento y financiación" para "una de las manifestaciones culturales más importantes de la Región de Murcia y del Levante".

La moción también reclama la creación de un Registro específico de Escuelas de Música y la convocatoria de líneas de ayudas públicas destinadas no sólo a instrumentos y actividades, sino también a cubrir los costes laborales del profesorado, una de las principales reivindicaciones del sector.

IU-Verdes carga contra la "ley turística a medida" del PP y denuncia abandono del patrimonio y precariedad laboral en la Región de Murcia

 CARTAGENA.- La tramitación del Proyecto de Ley por el que se regulan los bienes de interés turístico en la Región de Murcia ha servido este lunes como escenario de una intensa jornada de comparecencias en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, donde comparecieron Carmen Ayala, presidenta de Alianza por el Turismo, y José Catalá Sanjuan, presidente de Hostetur, en el marco de las audiencias legislativas del proyecto de ley.

Durante la reunión de la comisión, el diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha desplegado una intervención especialmente crítica, poniendo en cuestión tanto la orientación del modelo turístico del Gobierno regional como la falta de respaldo presupuestario real a la estrategia anunciada.

Álvarez-Castellanos ha recordado que el propio Plan Estratégico de Turismo 2022 de la Región de Murcia sitúa el turismo cultural como eje central, pero ha denunciado que esa prioridad "no se corresponde con la realidad presupuestaria".

Según expuso, la inversión en patrimonio cultural habría descendido progresivamente en los últimos años, situándose en torno a los 3 millones de euros en 2025, una cifra que calificó de "insuficiente e irrisoria" ante el deterioro de numerosos bienes históricos.

"El patrimonio se cae a trozos mientras se anuncian estrategias a diez años", vino a resumir el diputado, cuestionando además la falta de planes directores de recuperación que permitan convertir esos recursos en verdaderos polos de atracción turística.

El diputado de IU-Verdes también ha puesto el foco en la brecha entre el turismo de interior y el turismo global de la Región de Murcia, señalando que el primero apenas alcanza "en torno al 15 % de los visitantes y de las pernoctaciones"..

En este sentido, advirtió de que la nueva figura de "bienes de interés turístico" podría quedarse en un reconocimiento meramente simbólico si no va acompañada de financiación, promoción institucional y apoyo técnico suficiente.

Además, alertó de un posible efecto perverso: que los ayuntamientos pequeños, sin medios para mantener los recursos declarados, acaben viendo deteriorada su imagen si esos bienes pierden valor o protección.

Tras la intervención del presidente de Hostetur, Álvarez-Castellanos fue más allá al advertir de que la norma podría estar diseñada "a medida de los municipios ya consolidados turísticamente", favoreciendo a los grandes destinos frente a los pequeños municipios del interior.

"Sin medidas correctoras, esta ley puede agravar la brecha territorial", señaló, denunciando la ausencia de una política clara de reequilibrio entre zonas con alta afluencia turística y aquellas con potencial aún sin desarrollar.

Uno de los puntos más contundentes de su intervención fue la crítica a la situación laboral en el sector hostelero, al que definió como "sostén invisible" del modelo turístico regional.

El diputado denunció que la Región de Murcia ha estado 14 años sin renovar el convenio colectivo del sector, lo que redunda en la situación de precariedad laboral y fuga de trabajadores hacia otras comunidades.

"¿Cómo hablamos de excelencia turística si quienes la sostienen trabajan en condiciones indignas?", cuestionó, llegando a plantear que las condiciones laborales deberían ser consideradas también un "bien de interés turístico".

Las intervenciones del parlamentario de izquierdas dejan en evidencia el choque de modelos en torno al turismo regional: uno basado en la promoción institucional de nuevos reconocimientos turísticos, y otro que exige la izquierda, basada en más inversión, equilibrio territorial y dignificación del trabajo.

Para Álvarez-Castellanos, la clave está en que "sin financiación, sin planificación y sin derechos laborales, cualquier ley turística corre el riesgo de convertirse en una declaración de intenciones vacía".

López Miras responderá este jueves en el Pleno de la Asamblea a preguntas sobre retos futuros, centros educativos, pobreza y vivienda

 CARTAGENA.- El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia este jueves, 14 de mayo, a partir de las 9.30 horas, para someterse a una sesión de control en la que responderá a las preguntas de los grupos parlamentarios, tras ser admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara.

Así, el Grupo Parlamentario Popular preguntará a López Miras sobre los retos para el futuro de la Región de Murcia, y el Socialista lo hará sobre el "abandono" de los centros educativos de la Región de Murcia, según ha informado el Parlamento autonómico.

Por su parte, Vox preguntará al presidente del Consejo de Gobierno sobre número de trabajadores pobres de la Región de Murcia y, finalmente, el Grupo Parlamentario Mixto se interesará sobre medidas en materia de vivienda.

Además, el orden del día incluirá una batería de preguntas orales dirigidas a los miembros del Consejo de Gobierno. Entre las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular destacan las cuestiones relativas a las ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos, así como el seguimiento del Programa de Terapias Ecuestres para Víctimas de Violencia Sexual.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista centrará sus preguntas en el ámbito sanitario y laboral. Los socialistas interrogarán al Ejecutivo sobre el servicio de cribado de cáncer de mama en el centro de salud comarcal Río Mula y la situación de los sueldos bajos en la Región dentro de la Estrategia de Impulso de Calidad en el Empleo 2026-2029.

Asimismo, pedirán un calendario concreto para la planificación integrada de los Espacios Naturales Protegidos.

Desde el Grupo Parlamentario Vox, las preguntas orales versarán sobre el "colapso" de las urgencias en los hospitales Virgen de la Arrixaca y Santa María del Rosell. Además, el grupo solicitará información sobre si la Comunidad ha patrocinado o costeado la emisión del programa radiofónico 'Es la mañana de Federico' desde Lorca el pasado 8 de mayo.

El Grupo Parlamentario Mixto cerrará el turno de preguntas interesándose por la no aprobación del Reglamento del bingo y por las medidas de refuerzo del diálogo social en la Región de Murcia.

La sesión plenaria concluirá también con cinco interpelaciones. El Grupo Mixto abordará la financiación de la educación concertada hasta 2029, mientras que el Grupo Popular tratará la protección del patrimonio paleontológico y la conexión de las depuradoras de Torre Pacheco y Los Alcázares.

Finalmente, el PSOE interpelará al Gobierno sobre el cumplimiento de la Ley de igualdad trans y derechos LGTBI en el ámbito educativo, mientras que Vox pedirá explicaciones sobre la autorización de macroparques de energías renovables en suelos cultivables en lugar de restringirlos a suelos no productivos.

Salud incorporará la doble lectura de pruebas de cribado de cáncer de mama mediante inteligencia artificial

CARTAGENA.- La Consejería de Salud tiene previsto incorporar la doble lectura de pruebas de detección en el cribado de cáncer de mama mediante inteligencia artificial (IA), de modo que, mediante esta nueva metodología, se gane en precisión y mejora en la gestión de los casos, complementando el trabajo de los profesionales.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha anunciado este proyecto en la Asamblea Regional, donde ha señalado que "se implantó inicialmente en el hospital Virgen del Castillo de Yecla a finales de 2024, para poder valorar los datos obtenidos de cara a una posible extensión al resto del programa de cribado, y puede extenderse a toda la Región entre 2026 y 2027 de forma progresiva". 

Desde su implantación, los estudios de mama de cribado han aumentado en Yecla en más del 55 por ciento, al pasar de 1.973 en 2024 a 4.444 en 2025, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Pedreño ha explicado que esta experiencia piloto "demuestra que la aplicación de la IA optimiza el orden de lectura de las pruebas según el riesgo de enfermedad, disminuye la incertidumbre en la toma de decisiones e identifica adecuadamente los casos positivos, a la vez que mejora el tiempo de lectura y aumenta el valor predictivo positivo de los casos derivados".

Además, ayuda a agilizar el diagnóstico de esta enfermedad, ya que en la imagen tratada con IA se marcan las zonas sospechosas frente a una imagen no tratada, en la que estas no se identifican.

"Con este programa se gana en precisión en la interpretación de las mamografías que se realizan en el programa de cribado. Ello permite mejorar el diagnóstico, agilizar los procesos sanitarios y ayudar al profesional en la asistencia", ha afirmado.

"Por ello, la Consejería de Salud apuesta por la integración de IA en el proceso de interpretación de las mamografías de cribado, para su extensión a toda la Región", ha señalado el consejero.

En la Región de Murcia, el apoyo de la IA podría considerarse como un lector más, que realiza un postproceso de las imágenes de la mamografía, categorizándolas en niveles de riesgo (bajo, intermedio y alto riesgo) en función de los hallazgos encontrados. 

Posteriormente, un radiólogo procede a realizar el informe de las mamografías, teniendo en cuenta la información aportada por la IA.

La Región de Murcia fue la primera comunidad en anunciar la ampliación progresiva del rango poblacional del cribado de cáncer de mama de 45 a 74 años (antes era 50-70 años). En la actualidad, la franja de edad que se atiende es de 46 a 72 años, ambos inclusive.

El programa de prevención del cáncer de mama de la Región de Murcia es un programa organizado, de base poblacional, mediante mamografía digital. 

Su funcionalidad se organiza basándose en dos procesos operativos principales: el cribado poblacional del cáncer de mama, servicios donde se realizan las mamografías de cribado y se informan los estudios de cribado (Centros de Cribado); y el proceso de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, servicios donde se cita a las mujeres derivadas de la unidad de cribado con resultado de sospecha de cáncer de mama (Unidades de Mama).

La última ronda completa del programa de cribado cáncer de mama de la Región de Murcia correspondiente al bienio 2023/2024 realizó 153.607 estudios mamográficos.

 En ese periodo se realizaron un total de 237.227 invitaciones al cribado, lo que arroja una tasa de participación del 64,75 por cien.

En el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios estos han coincidido en señalar que el programa de cribado de cáncer de mama aún no se ha ampliado a los 45 y 74 años, como anunció el Gobierno regional, y han hecho referencia a los datos del informe de Alianza por la Transparencia, Calidad y Equidad en el cribado de este tipo de cáncer que estableció que unas 180 mujeres podrían haber sido diagnosticadas de forma más precoz en los últimos diez años.

La diputada socialista, María Soledad Sánchez-Jodar ha recriminado al consejero que el Gobierno regional anunciara que la comunidad autónoma sería la primera en ampliar el programa. "Una vez más este anuncio fue una mentira", ha añadido.

En este sentido, Sánchez-Jódar ha pedido a Pedreño "claridad en cuanto a la edad" en la que empiezan a realizarse estas pruebas.

Asimismo, ha anunciado que su grupo presentará una moción al Pleno para que el programa y las nuevas medidas se implanten por igual en todas las áreas de Salud de la Región.

 "No están garantizando el principio de igualdad de acceso", ha apuntado la parlamentaria, que ha afirmado que en función del municipio se realizan más o menos pruebas complementarias.

Al hilo, ha apuntado que el PSOE realizará una recogida de firmas entre mujeres que quieren que se incorpore el principio de igualdad a la implementación de este programa.

Desde el Grupo Parlamentario Vox, María Eugenia Sánchez, ha coincidido en señalar que la ampliación del rango edad del programa de cribado no se haya puesto en marcha, lo que considera "de extrema gravedad".

 "Sino había capacidad para aumentar el cribado no debieron anunciarlo ni crear expectativas", ha añadido.

La parlamentaria ha pedido a Pedreño que publique los datos de la Consejería para contrarrestar los datos del informe de Alianza por la Transparencia, Calidad y Equidad.

Datos también le han pedido los diputados de Podemos IU-AV José Luis Álvarez Castellanos y María Marín, que ha criticado que "la única respuesta de la Consejería que hemos recibido en todo este tiempo es acusar a los autores del informe de tener una gran carga ideológica".

En su turno de intervención, la diputada del PP, María del Carmen Ruiz Jódar, ha acusado al PSOE de utilizar políticamente el cáncer de mama para "seguir el guión marcado desde Ferraz".

Asimismo, Ruiz Jódar ha afirmado que los grupos de la oposición de engañana a las mujeres "retorciendo y manipulando los datos".

 "Esto puede tener graves consecuencias: que las mujeres no acudan a las pruebas", ha añadido.

Pedreño ha afirmado que la ampliación de un programa de cribado es "complejísimo" y que se seguirá ampliando hasta llegar al rango entre 45 y 76 años prometido. Asimismo, ha afirmado que este no se ha paralizado.

Por otra parte, ha apuntado que el informe de Alianza "sí está sesgado" porque la tasa de participación del 2023 "es de aproximadamente el 70% y no del 59 o casi el 60 que dice". 

Además, ha apuntado que la tasa de detección está en 2,88 y no en el 2,43% y este estudio mezcla el cáncer de intervalo con las revisiones anticipadas.

Por último, ha explicado que no hay criterios claros en la tabla de ponencia de cribados de Sanidad en cuanto a las tasas de detección de exploraciones de cribado.

IU-Verdes critica la falta de planificación en la moción sobre regadíos sociales aprobada en la Asamblea Regional

 CARTAGENA.- El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre la Declaración de Interés Regional para el establecimiento de regadíos sociales en superficies de secano y su inclusión en el cuarto ciclo de planificación hidrológica, con 42 votos a favor de PP, PSOE y Vox, y las abstenciones de IU-Verdes y Podemos.

Desde IU-Verdes, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos ha intervenido para cuestionar la falta de contenido técnico y de planificación real de la iniciativa, advirtiendo de que se trata de una propuesta "formalmente atractiva, pero materialmente incompleta".

Durante su intervención, Álvarez-Castellanos ha señalado que la moción "empieza la casa por el tejado", al no incorporar estudios previos sobre localización de los posibles regadíos, disponibilidad hídrica o impacto acumulado sobre los recursos subterráneos. En su opinión, la propuesta del PP carece de la base técnica necesaria para evaluar su viabilidad real.

El diputado de IU-Verdes ha subrayado que no existe información suficiente sobre la superficie afectada ni sobre el origen del agua necesaria para sostener estos nuevos regadíos, reclamando una planificación previa por parte de la Consejería de Agricultura. 

"No se puede decidir la implantación de regadíos sociales sin saber qué agua se va a utilizar, ni de dónde va a salir", ha advertido.

En su intervención también ha alertado sobre el riesgo de repetir dinámicas de sobreexplotación hídrica ya vividas en la Región de Murcia, citando como referencia la situación del Mar Menor y la aparición de miles de hectáreas sin concesión formal de recursos hídricos.

El parlamentario ha insistido en que el debate no puede reducirse a una única herramienta de intervención agraria, sino que debe integrar la situación del secano, la despoblación rural y las limitaciones ambientales de cada territorio. 

En este sentido, Álvarez-Castellanos ha planteado qué alternativas se ofrecerán a las zonas donde este modelo de regadío no sea viable.

En su explicación de voto, José Luis Álvarez-Castellanos ha justificado la abstención del grupo parlamentario, señalando que, aunque IU-Verdes no se opone al instrumento de los regadíos sociales, la moción es "insuficiente y vacía de contenido".

"El problema no es el concepto, sino la ausencia de definición, evaluación y planificación", ha señalado, reclamando que cualquier desarrollo futuro de este tipo de políticas incluya estudios ambientales, económicos y sociales rigurosos antes de su puesta en marcha.

Por último, el diputado ha reiterado su exigencia de una política hídrica basada en la planificación pública, la transparencia y el control ambiental efectivo, frente a iniciativas que, a su juicio, se limitan a enunciar objetivos sin instrumentos reales de ejecución.

Aprobada por unanimidad la iniciativa de Vox para exigir un plan urgente contra el deterioro de las carreteras murcianas

 CARTAGENA.- El diputado regional de Vox, Pascual Salvador Hernández, ha defendido en la Asamblea Regional de Murcia una iniciativa para exigir la puesta en marcha “urgente” de un plan de choque para frenar el deterioro de las carreteras en España, que ha sido aprobada por unanimidad.

Durante su intervención, Salvador Hernández ha comenzado subrayando la gravedad de la situación a través de los datos de siniestralidad: “Solo en 2025, según la Dirección General de Tráfico, se produjeron 1.028 siniestros mortales con 1.119 fallecidos y 4.936 heridos hospitalizados. Aunque son 35 víctimas menos que el año anterior, sigue siendo una barbaridad”.

A renglón seguido, el diputado ha advertido de que el incremento del tráfico, con más de 478 millones de desplazamientos de largo recorrido, está agravando el problema, especialmente entre los usuarios vulnerables, que concentran el 40 % de las víctimas mortales.

 “Los motoristas son los más perjudicados, con 304 fallecidos, y la salida de vía sigue siendo el siniestro más letal, representando el 43 % de las muertes”, ha añadido.

Asimismo, Salvador ha denunciado que el deterioro de las infraestructuras viarias está detrás de cientos de accidentes: “La propia DGT reconoce que el mal estado de las carreteras contribuyó a más de 800 siniestros con víctimas en 2025, debido a baches, grietas, señalización deficiente o marcas viales borradas”.

En este sentido, ha recordado que España cuenta con una de las redes viarias más extensas de Europa, con 166.000 kilómetros, pero ha alertado de que, según la Asociación Española de la Carretera, cerca de 34.000 kilómetros necesitan una reconstrucción urgente, a los que se suman más de 20.000 kilómetros con daños graves.

 “El déficit de inversión acumulado supera los 13.000 millones de euros y más de la mitad de la red presenta daños graves o muy graves. Mientras se destinan 2.000 millones anuales a conservación, serían necesarios más de 5.000 millones. El sistema se degrada más rápido de lo que se repara”, ha explicado..

Además, ha señalado las consecuencias económicas de esta situación, destacando que circular por vías deterioradas incrementa el consumo de combustible y alarga los tiempos de desplazamiento, lo que termina repercutiendo en el precio final de los productos.

 También ha advertido de que el mal estado de las carreteras puede comprometer el desarrollo del coche autónomo, al depender este de una señalización clara y de un firme en buenas condiciones para interpretar correctamente el entorno.

El parlamentario de Vox ha exigido responsabilidades políticas al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente, criticando la falta de inversión y planificación en infraestructuras.

 “Esto no se arregla con anuncios, sino con gestión, planificación e inversión, algo que brilla por su ausencia”, ha afirmado. Asimismo, ha denunciado que esta situación también se reproduce en las carreteras autonómicas, fundamentales para el desarrollo del medio rural, donde el abandono es cada vez más evidente.

Finalmente, ha defendido que la iniciativa aprobada supone un paso necesario para revertir esta situación, al instar a la puesta en marcha de un plan de choque que permita actuar sobre los tramos más peligrosos, mejorar la señalización, reforzar el mantenimiento y garantizar inspecciones periódicas eficaces. 

En este sentido, ha subrayado que durante años se ha priorizado la inauguración de nuevas infraestructuras frente a su conservación, una política que, a su juicio, ha llevado al deterioro actual de la red viaria.

“Detrás de cada cifra hay vidas humanas, y esas son las cifras que debemos evitar”, ha concluido Salvador.

Vox acusa al PP de pactar con el PSOE el bloqueo del debate sobre la Ley del Mar Menor en la Asamblea

 CARTAGENA.- El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha comparecido en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, donde ha denunciado que el Partido Popular ha acordado con el Partido Socialista no debatir en la Cámara las tres propuestas de modificación de la Ley del Mar Menor registradas en la Asamblea Regional de Murcia.

Martínez Alpañez ha recordado que ya anunció ayer, en la reunión mantenida con las asociaciones agrarias, que hoy propondría en la Junta de Portavoces debatir estas iniciativas legislativas.

Sin embargo, ha afirmado que “el Partido Popular defrauda, engaña y estafa a todos los ciudadanos de la Región de Murcia”, asegurando que su forma de gobernar “tiene el engaño y la incapacidad como modus operandi para gestionar la Comunidad Autónoma”.

A renglón seguido, el parlamentario ha explicado que, pese a ese compromiso previo, el PP “pone permanentemente como excusa a Vox” y “se ha hecho a un lado” para pactar con el Partido Socialista no debatir estas iniciativas legislativas sobre el Mar Menor..

“Para lo importante, para atender a las necesidades de la Región de Murcia, el Partido Popular siempre va de la mano del Partido Socialista y engañan sistemáticamente a todos y cada uno de los ciudadanos”, ha señalado.

Asimismo, Martínez Alpañez ha criticado la gestión de la Mesa de la Cámara, a la que ha acusado de actuar bajo control del Partido Popular, en relación con una propuesta sobre el reglamento del Grupo Mixto, y ha denunciado la asignación de recursos económicos, portavocías y personal eventual a antiguos miembros de Vox ahora integrados en dicho grupo, afirmando que “se asignan todos los recursos a los tránsfugas”.

El portavoz de Vox ha cuestionado estas decisiones y ha insinuado la posible existencia de contraprestaciones políticas, señalando que “el tiempo pondrá a cada uno en su sitio”.

Finalmente, ha reiterado que el objetivo de su grupo es “solucionar los problemas de todos los ciudadanos de la Región de Murcia” y ha exigido que se permita el debate de las modificaciones de la Ley del Mar Menor. Asimismo, ha instado al presidente regional, Fernando López Miras, y al portavoz del Grupo Parlamentario Popular a explicar públicamente por qué no quieren debatir la modificación de la Ley del Mar Menor.

Segado: "El PP no se somete a ningún ultimátum de Vox por mucho que necesiten tapar sus líos internos"

 CARTAGENA.- El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional Joaquín Segado ha asegurado hoy, tras la Junta de Portavoces, que "el PP no se somete a ningún ultimátum ni chantaje de Vox por mucho que necesiten tapar sus líos internos", en respuesta a la exigencia del partido de Abascal de debatir con urgencia en la Cámara autonómica la reforma de la Ley del Mar Menor.

"Tendemos la mano para negociar, pero no para que nos la corten ni nos impongan nada", ha señalado Segado.

El portavoz del PP ha manifestado que le llama la atención que "coincidiendo con una reunión de los exdiputados de Vox con el sector agrícola, y justo el mismo día en que también lo hacen los actuales parlamentarios de Vox, a estos les entren las prisas y anuncien que van a llevar al Pleno de la Asamblea una ley sobre el Mar Menor que tienen presentada desde el mes de enero; y, que, además pretendan someter también la norma del PP a debate".

"Desde luego, las iniciativas que proponemos desde el Grupo Parlamentario Popular las ordenamos nosotros, y somos nosotros quienes manejamos los tiempos en los que queremos que se debatan", ha advertido.

Por otra parte, Segado ha anunciado que, en la sesión plenaria de la próxima semana, se debatirán sendas mociones del PP para exigir al Gobierno de España recursos hídricos mediante el Júcar-Vinalopó y la ejecución inmediata del proyecto del Cuartel de la Guardia Civil en Cartagena.

Respecto a la primera iniciativa, el portavoz ha subrayado que "la conducción del Júcar-Vinalopó es una infraestructura estratégica para aportar recursos que permitan sustituir de forma íntegra los volúmenes de agua que deben dejar de extraerse de los acuíferos del Altiplano". 

En este sentido, en la moción el PP exige "que se proceda a la reparación del embalse de San Diego y el conjunto del sistema de regulación del Júcar-Vinalopó con el fin de laminar, almacenar y gestionar excedentes, con el fin de garantizar el suministro en la zona".

"Una vez más, echamos en falta por parte del Gobierno de España una planificación hidrológica nacional que permita una gestión justa y eficaz de los recursos hídricos", ha lamentado Segado. 

"Pero, por desgracia, la única prioridad del Ejecutivo socialista en materia de agua es cerrar el Trasvase Tajo-Segura", ha alertado.

En cuanto a la segunda moción, el portavoz parlamentario ha incidido en la exigencia al Gobierno de Sánchez de que inicie de manera inmediata la ejecución del proyecto del Acuartelamiento de la Guardia Civil en Cartagena, "pero tal y como se comprometió y prometió en un principio: con infraestructuras mejoradas y 96 viviendas para los agentes y sus familias".

"Ya está bien de tomaduras de pelo a los cartageneros", ha remarcado Segado. "Anuncio tras anuncio, declaración tras declaración, los ciudadanos de Cartagena están ya cansados de tanta inacción e ineptitud, y sobre todo de los engaños y los mensajes vacíos del delegado de Sánchez en la Región", ha concluido.

IU-Verdes alerta de que las agresiones al personal sanitario son un "problema estructural" y reclama abordar las causas

 CARTAGENA.- La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional ha celebrado esta mañana una sesión clave dentro del trámite de la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios. 

En ella, el diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha situado el debate en un plano estructural, cuestionando que la respuesta normativa pueda centrarse únicamente en el endurecimiento de sanciones sin intervenir sobre las causas profundas del problema.

Durante su intervención ante la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, Amelia Corominas García, el diputado ha reconocido la claridad del diagnóstico aportado por la compareciente, pero ha insistido en que las agresiones "no son un fenómeno puntual, sino un problema estructural" que requiere análisis continuo, participación efectiva de los profesionales y políticas públicas sostenidas.

Álvarez-Castellanos ha advertido de que el sistema actual de observación del fenómeno resulta insuficiente, "el observatorio existente organizado por el Sindicato Médico no es participativo ni abierto a todos los colectivos implicados", ha señalado, reclamando una herramienta real de análisis, planificación y prevención que integre a todo el sector sanitario.

Uno de los ejes centrales de su intervención ha sido la relación directa entre agresiones y saturación del sistema sanitario. El diputado de IU-Verdes ha subrayado que la falta de personal y las diferencias territoriales en la Región de Murcia agravan la presión asistencial.

"Las ratios de personal son fundamentales, no solo a nivel regional, sino también territorial", ha advertido, poniendo como ejemplo el Área 3 de Salud, donde la dotación de profesionales es inferior a la media regional, lo que incrementa la tensión asistencial y, con ello, el riesgo de conflictos.

En este sentido, ha insistido en que la ley en tramitación "puede ser necesaria, pero será insuficiente si no se acompaña de medidas estructurales en recursos humanos y planificación sanitaria".

Otro de los puntos críticos planteados por el diputado de IU ha sido la limitada respuesta de la norma ante nuevas formas de violencia. Álvarez-Castellanos ha advertido de que la proposición de ley no aborda con suficiente claridad las agresiones continuadas en redes sociales, más allá de la agresión física puntual.

"La reiteración de agresiones en redes sociales es un elemento importante que debe ser tenido en cuenta", ha señalado, reclamando una tipificación más precisa y adaptada a las formas actuales de violencia contra el personal sanitario.

Asimismo, ha mostrado dudas sobre la concreción del régimen sancionador, señalando que la ley establece una gradación entre infracciones leves y graves, pero sin especificar las tipologías sancionables, que esperamos no se remitan a un posterior desarrollo reglamentario que alargaría sine die la aplicación de la ley, dada la práctica del Gobierno regional en este ámbito.

En su intervención durante la comparecencia del secretario general de SATSE Región de Murcia, Pablo Fernández Abellán, el diputado de izquierdas ha reprochado el uso político del debate legislativo, rechazando lo que ha calificado como una discusión "sobre quién se arroga el mérito" de la iniciativa.

"Ese debate es totalmente absurdo y ajeno a la finalidad", ha afirmado, insistiendo en que la prioridad debe ser la erradicación de la violencia en el ámbito sanitario.

Álvarez-Castellanos ha advertido también de los límites de un enfoque exclusivamente punitivo: "Lanzar un régimen sancionador importante sin atajar las causas puede no ser inútil, pero sí insuficientemente eficaz".

El diputado de IU-Verdes ha cerrado sus intervenciones reclamando que la futura norma incorpore herramientas de seguimiento, participación profesional y medidas estructurales que aborden la raíz del problema: la sobrecarga del sistema sanitario y la desigualdad territorial.

"Estamos ante un problema gravísimo, arraigado en nuestra estructura sanitaria, que debe ser erradicado de forma total y absoluta", ha concluido.

La Comisión continuará el debate de la proposición de ley en próximas sesiones, con la vista puesta en posibles enmiendas que amplíen su alcance más allá del enfoque sancionador.

Vox propone debatir la próxima semana las tres reformas de la Ley del Mar Menor

 CARTAGENA.- El portavoz del GP Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, acompañado de los diputados regionales Alberto Garre, Pascual Salvador y Antonio Martínez Nieto, se ha reunido esta mañana con las diferentes organizaciones agrarias de la Región de Murcia para abordar como prioridad la urgente modificación de la Ley del Mar Menor ante la asfixia que esta normativa está provocando en el sector agro-alimentario.

Tras el encuentro, Martínez Alpañez ha denunciado que “el Gobierno regional mantiene al campo en una situación límite por su engaño sistemático y su incapacidad de gestión”, y ha recordado que “los compromisos se cumplen”.

En este sentido, ha subrayado que el Partido Popular se comprometió con Vox en 2023, en el marco del acuerdo de gobierno, a iniciar la tramitación de la modificación de la Ley del Mar Menor, compromiso que volvió a reiterarse en el acuerdo presupuestario de 2025, fijando como fecha límite octubre de ese mismo año.

 “Estamos en mayo de 2026 y el Mar Menor sigue exactamente igual”, ha criticado.

El portavoz parlamentario ha señalado además que “en el primer trimestre de 2026 se ha retirado más biomasa del Mar Menor que en casi todo el año pasado”, lo que a su juicio evidencia “el fracaso absoluto de las políticas del Ejecutivo regional”.

Ante esta situación, Martínez Alpañez ha anunciado que el Grupo Parlamentario Vox  propondrá mañana, en la Junta de Portavoces, que la próxima semana se debatan las tres propuestas de modificación de la Ley del Mar Menor registradas en la Asamblea Regional.

 “No podemos esperar más. El sector agro-alimentario se está hundiendo y lo están machacando por no saber gestionar”, ha afirmado.

A renglón seguido, ha insistido en que “los compromisos se cumplen, la responsabilidad se asume y la semana que viene deben debatirse estas modificaciones de ley”, recordando que existen iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Vox, Mixto y el PP.

Asimismo, ha advertido que Vox llevará semanalmente a debate la toma en consideración de estas tres leyes “hasta que el Partido Popular quiera decir que sí”, y ha dejado claro que “no podemos ser responsables de los incumplimientos del PP, que firmó modificar esta ley antes de octubre de 2025 y no ha cumplido”.

En relación con el contenido de la reforma, el portavoz ha explicado que una de las propuestas de Vox pasa por excluir al municipio de Fuente Álamo de Murcia de determinadas restricciones, al no existir conexión entre su acuífero y el acuífero Cuaternario.

 “Las medidas que se están imponiendo a ganaderos y agricultores de Fuente Álamo no corresponden, porque no hay ninguna conexión hídrica que lo justifique”, ha señalado.

Finalmente, Martínez Alpañez ha concluido que “mañana el PP solo tiene una alternativa: votar a favor de las políticas que necesita la Región y proceder a modificar la Ley del Mar Menor. Si votan en contra, estarán incumpliendo nuevamente sus compromisos e hipotecando el futuro de la Región”.

Podemos insiste en la nacionalización de 'Sabic': "No hay otra opción para salvar los empleos"

 CARTAGENA.- La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, y el secretario de Comunicación de la formación morada, Víctor Egío, han participado este viernes en la manifestación del Primero de Mayo de Cartagena, y han mostrado su apoyo a los miles de trabajadores de Sabic y de la industria auxiliar de Navantia que han llenado las calles de la ciudad portuaria.

"Nos sentimos en la obligación de salir a defender uno de los pilares de Cartagena que está en peligro desde hace meses y que ninguna administración está haciendo nada por salvar: su industria, sus obreros y obreras, su metal, su identidad", ha denunciado Marín.

La portavoz morada ha explicado que los trabajadores de la industria auxiliar de Navantia "llevan más de un año demandando a la patronal (FREMM) que les conceda algo tan básico como el plus de astillero y la subrogación". 

Marín ha arremetido contra los empresarios, "que no han presentado ni una sola oferta seria tras meses de negociaciones", y contra el Gobierno de López Miras y de Pedro Sánchez, los cuales "siguen de brazos cruzados".

 "Todos estos obreros y obreras construyen submarinos por apenas 1.000 euros al mes y ya no pueden más. Es una auténtica vergüenza", ha manifestado.

Marín ha hecho hincapié, asimismo, en "las casi 3.000 familias que dependen" del trabajo en Sabic "y que no saben qué va a pasar con su futuro", después de que el fondo buitre alemán Mutares anunciara en enero su intención de adquirir la planta de La Aljorra.

 "Cada vez parece más claro que Sabic va a cerrar para siempre en Cartagena y que van a dejar a los obreros en la calle y ninguna administración, ni local, ni regional ni estatal, ha propuesto un plan decente para todas estas familias, más allá de simples cursos de formación", ha reivindicado.

La diputada ha calificado la situación de la planta química de "inaceptable" y de "un insulto" a la ciudad portuaria. Acto seguido ha insistido en la propuesta de rescate que Podemos ya hizo en enero: nacionalizar Sabic a través de la SEPI. 

"No es la primera vez que se rescata a una compañía de esta envergadura. Lo hemos pedido una y otra vez. No hay otra opción para salvar los empleos", ha subrayado.

Por último, Marín ha apelado al contexto de las educadoras infantiles de 0 a 3 años, "profesionales que apenas llegan al salario mínimo, que soportan ratios elevadísimas de alumnos y horarios extenuantes, y que no están reconocidas". 

"Nos parece irreal que el Ejecutivo autonómico no se preocupe por nuestros hijos, en la etapa más importante de su desarrollo", ha evidenciado.

Asimismo, la portavoz ha expresado su preocupación por la siniestralidad laboral en la Región de Murcia.

 "En el año 2025, 37 trabajadores perdieron la vida en accidente laboral en nuestra  Comunidad. Es una cifra que no deja de subir cada año, pero López Miras no pone en marcha ninguna medida para paliarlo", ha concluido.

IU-Verdes defiende en la Asamblea mantener el impuesto al plástico y apuesta por reducir su producción

 CARTAGENA.- El diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha defendido este miércoles en el Pleno de impulso de la Asamblea Regional la enmienda de totalidad de su grupo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular para suprimir el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, regulado por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Durante su intervención, Álvarez-Castellanos ha rechazado frontalmente la propuesta del PP al considerar que "va contra el medio ambiente" y ha advertido de la gravedad del problema de la contaminación por plásticos, respaldado —según ha señalado— por miles de estudios científicos publicados en los últimos años.

El parlamentario ha recordado que la preocupación por este fenómeno ha crecido de forma exponencial desde los primeros estudios en 2004 hasta superar el millar de investigaciones anuales en la actualidad, lo que ha motivado la adopción de medidas a nivel europeo, como la directiva comunitaria sobre plásticos de un solo uso aprobada en 2019.

En este sentido, ha subrayado que existe una estrategia europea clara para reducir este tipo de envases y que los Estados miembros están obligados a asumir costes asociados a la contaminación, pudiendo trasladarlos a sus sistemas fiscales.

 "No se puede negar que hay un marco europeo; lo hay, y es conocido", ha afirmado.

Álvarez-Castellanos ha insistido en que el problema no se resuelve únicamente con el reciclaje, ya que —según ha explicado— solo una parte mínima de los residuos plásticos se recupera, mientras que el resto se acumula en el medio ambiente en forma de microplásticos presentes en océanos, aire y suelos.

Por ello, ha defendido un "cambio de paradigma" basado en la reducción de la producción de plásticos y en la modificación de los hábitos de consumo, incluyendo la disminución del uso de envases, especialmente los de un solo uso.

 "Muchos de los envases que utilizamos a diario son innecesarios", ha señalado.

El diputado de IU-Verdes también ha apelado al principio de "quien contamina paga", argumentando que debe aplicarse igualmente a la industria del plástico, del mismo modo que se exige responsabilidad en otros ámbitos como la contaminación de suelos.

En lugar de eliminar el impuesto, como plantea el PP, Álvarez-Castellanos ha abogado por mantenerlo y reforzarlo como herramienta para avanzar en la transición ecológica. Asimismo, ha propuesto acompañar este proceso con ayudas públicas que faciliten la adaptación de las empresas y con una mayor coordinación entre administraciones.

"Estamos ante un proceso de cambio que llevará tiempo, pero que es imprescindible abordar si queremos reducir el impacto ambiental", ha concluido.

Vox denuncia la arbitrariedad de la Mesa de la Asamblea al bloquear sus iniciativas con “prioridad nacional"

 CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado este miércoles el “bloqueo sistemático” por parte de la Mesa de la Asamblea, formada por Partido Popular y Partido Socialista, a todas las iniciativas presentadas por Vox que incluyen la “prioridad nacional”.

Martínez Alpañez ha atendido a los medios acompañado por el vicealcalde y portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, así como por el concejal de Nuevas Tecnologías, Diego Lorente, y por el presidente de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura.

En este sentido, ha asegurado que “nos están bloqueando en la Mesa de la Asamblea Regional todas las iniciativas presentadas por Vox  en las que pone españoles, todas las iniciativas en las que VOX pone prioridad nacional, y todas las iniciativas en las que pedimos que los españoles no sean discriminados con relación a otros que vienen de forma ilegal y que no cumplen la ley”.

A renglón seguido, ha acusado al Partido Popular de “miedo, tibieza y cobardía” a la hora de aplicar las políticas que “necesita la Región de Murcia”, y ha criticado que el bipartidismo esté impidiendo el debate de sus propuestas parlamentarias.

Asimismo, el parlamentario ha exigido al PP que “deje ya el thriller, la mentira y de engañar a los ciudadanos de la Región de Murcia y de España”, reclamando que asuma la “prioridad nacional” de forma coherente en todas las regiones donde gobierna o colabora con Vox.

“Lo que tiene que hacer el Partido Popular es seguir a VOX, ponerse detrás de Vox e implementar todas las políticas necesarias para mejorar la situación de las familias de la Región y el bolsillo de los ciudadanos”, ha señalado Martínez Alpañez.

Por su parte, el portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, ha señalado que, pese a ser socios de gobierno, “ante la regularización masiva de inmigrantes su única respuesta es la de reclamar más recursos”, algo que a su juicio oculta el problema del “colapso de los servicios públicos” derivado de estas medidas.

En este sentido, ha insistido en que “ahora es con motivo de la obtención de una documentación, pero mañana se colapsarán los servicios médicos porque no están dimensionados para la población que asumimos con su llegada”.

Así, ha avanzado que en el Pleno de mañana Vox pedirá “que se manifieste el rechazo a este proceso de regularización y que no se priorice a los extranjeros en los servicios sociales”. Además, ha recordado que desde Vox Cartagena “proponemos una nueva ordenanza para controlar el padrón municipal, la cual ya tenemos preparada”.

López Pretel ha detallado que el funcionamiento consistirá en una serie de avisos “cuando se produzcan intentos de fraude, como el hecho de que queden registradas veinte personas en una casa de cuarenta metros cuadrados o que existan demasiados movimientos para una dirección concreta”.

Por último, ha concluido que esta situación está provocando “una alteración de los censos electorales, de la voluntad popular y del sistema que construyeron nuestros padres y nuestros abuelos”.

IU-Verdes carga contra el Ejecutivo regional por mantener en el limbo legal a las escuelas de música tras siete años de retraso

CARTAGENA.- El diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha cargado este jueves en el pleno de control de la Asamblea Regional de Murcia contra la inacción del Gobierno autonómico en el desarrollo del reglamento que debe regular las escuelas de música, pendiente desde la aprobación de la ley en 2019.

Durante su interpelación al consejero de Educación, Víctor Marín Navarro, el parlamentario de izquierdas ha denunciado que el Ejecutivo regional de López Miras acumula "siete años de retraso" en una obligación legal que tenía un plazo inicial de un año. "¿Para qué se establecen plazos en las leyes? ¿Para incumplirlos?", ha reprochado.

Álvarez-Castellanos ha desmontado uno de los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno, que atribuía el bloqueo a un supuesto vacío legal tras la reforma educativa estatal. Según ha explicado, la modificación introducida por la Ley 1/2024 no eliminó el artículo clave, sino que simplemente lo reordenó dentro del texto legal. 

"No hubo ninguna supresión, sino un traslado. Por tanto, no pueden ampararse en esa excusa", ha afirmado.

El diputado ha ido más allá y ha planteado dos posibles escenarios: "O bien se ha actuado con conocimiento —lo cual sería grave— o bien por desconocimiento, algo difícil de creer con los servicios jurídicos de la comunidad". 

En ambos casos, ha concluido, existe una "voluntad de eludir una competencia que les corresponde".

Asimismo, ha puesto cifras a una realidad que, según ha denunciado, permanece invisibilizada en las políticas públicas. En la Región de Murcia existen 42 asociaciones que sostienen escuelas de música y otras tantas bandas, con un impacto directo en más de 30.000 personas.

El sector cuenta con unos 8.000 alumnos, 5.000 músicos federados, 320 profesores y más de 14.000 personas asociadas, generando además más de 1.500 actividades musicales al año. "Estamos hablando del principal vivero de talento musical de la región", ha subrayado.

Sin embargo, la financiación pública sigue siendo, a su juicio, claramente insuficiente y mal orientada. 

"Se financian festivales o promoción cultural, pero no el funcionamiento estructural de las escuelas", ha criticado. Actualmente, las ayudas se limitan a unos 100.000 euros para instrumentos y 40.000 para la federación, cantidades que el diputado considera claramente insuficientes.

Álvarez-Castellanos ha señalado que el principal problema del sector no es la actividad cultural, sino la sostenibilidad laboral. Las escuelas no pueden asumir los costes sociales de los 320 docentes que mantienen el sistema.

"Lo que están pidiendo es ayuda estructural para pagar al profesorado", ha insistido, advirtiendo de que la única alternativa es subir cuotas —ya por encima de los 200 euros mensuales— o poner en riesgo la continuidad de las escuelas. 

"Las familias no pueden soportar más incrementos", ha alertado.

En su turno de réplica, el diputado ha rechazado el argumento del Ejecutivo basado en la falta de tiempo por la adaptación a reformas educativas estatales como la LOE o la LOMLOE.

 "La ley es de 2019. Han tenido años para hacerlo y no han cumplido", ha zanjado.

Con tono contundente, ha cuestionado la prioridad política del Gobierno: "¿De verdad no pueden dedicar un equipo, aunque sea reducido, a desarrollar una ley de diez páginas?". 

También ha instado al consejero a tomar como referencia modelos cercanos como el de la Comunidad Valenciana, donde el apoyo a las escuelas de música alcanza los 13 millones de euros.

Finalmente, Álvarez-Castellanos ha lanzado un mensaje directo al Ejecutivo: "Si no piensan hacerlo, díganlo claramente". Y ha advertido de que las soluciones puntuales vía subvenciones "no sustituyen una regulación estable" que garantice la supervivencia del sistema.

La interpelación deja en evidencia un conflicto enquistado entre el sector musical y el Gobierno regional, con miles de familias y profesionales a la espera de una respuesta que sigue sin llegar.

Álvarez-Castellanos (IU) lleva a la Asamblea el colapso de la flota de bomberos del CEIS en la Región de Murcia

 CARTAGENA.- La Región de Murcia vuelve a situar en el centro del debate político la gestión de sus servicios de emergencias. El diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha protagonizado este jueves una contundente intervención en el pleno de control al Gobierno regional, al denunciar el progresivo deterioro de la flota de vehículos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), alertando de una situación que, a su juicio, compromete la seguridad tanto de la ciudadanía como de los propios bomberos.

En su pregunta oral, el parlamentario de izquierdas ha cuestionado directamente las razones por las que el Ejecutivo de López Miras "no ha realizado las inversiones necesarias durante años para mantener en estado operativo óptimo los vehículos del consorcio", señalando que el resultado es una flota envejecida, con averías recurrentes y unidades fuera de servicio en momentos críticos.

Álvarez-Castellanos ha elevado el tono al recordar episodios recientes como el ocurrido en Águilas, donde un rescate tuvo que realizarse con un vehículo prestado por un particular ante la indisponibilidad de medios del consorcio. Un hecho que, según ha subrayado, "no es una anécdota, sino un síntoma grave de un sistema al límite".

El diputado de IU-Verdes ha denunciado además la falta de transparencia del Gobierno regional, señalando que "las actas llevan cinco años sin publicarse" y que informes internos alertan desde hace años de vehículos con más de tres décadas de antigüedad, algunos sin elementos básicos de seguridad como cinturones, lo que, en sus palabras, "pone los pelos de punta".

Asimismo, ha puesto el foco en la ejecución presupuestaria, asegurando que la inversión real en renovación de flota "no alcanza ni el 50% de lo presupuestado en los últimos ejercicios", lo que evidencia, según IU-Verdes, una brecha entre los anuncios del Ejecutivo y la realidad operativa del servicio.

"Si la flota estuviera renovada al 100%, este diputado se callaría. Pero no lo está", ha sentenciado Álvarez-Castellanos, quien ha advertido de que los propios bomberos alertan de la posibilidad de que se repitan situaciones de colapso operativo en plena campaña de incendios forestales.

Desde el Gobierno regional, el consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, ha defendido la gestión del Ejecutivo asegurando que se está avanzando en la modernización del servicio con la incorporación de nuevos efectivos y la adquisición de vehículos, así como con inversiones y procesos de licitación en marcha.

Sin embargo, para IU-Verdes, la respuesta del Gobierno "se sostiene más en la acumulación de anuncios que en resultados verificables", insistiendo en que la realidad del servicio de emergencias exige planificación estable, ejecución presupuestaria real y una renovación urgente de los medios materiales.

La formación de izquierdas advierte de que continuará fiscalizando la situación del CEIS y reclamando información detallada sobre inversiones, ejecución presupuestaria y estado real de la flota, al considerar que está en juego un servicio público esencial para la seguridad en la Región de Murcia.

La Asamblea aprueba modificar el calendario de convocatorias para las ayudas al transporte escolar

 CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado reformar las ayudas individualizadas al transporte escolar, sin embargo, ha rechazado la ampliación de estas a los alumnos de bachillerato y Formación Profesional.

El diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez Castellanos, ha visto aprobados tres puntos de su moción referidos a la modificación del calendario de convocatorias, la eliminación del coeficiente reductor y el abono ágil de las ayudas. 

Sin embargo, PP y Vox han tumbado la propuesta de que estas lleguen a los alumnos de bachillerato y Formación Profesional.

Álvarez Castellanos ha propuesto que la convocatoria para estas ayudas se realice al comienzo del curso y que se resuelvan en el primer trimestre. Además, la moción propone que el pago se realice en una o dos tandas.

La moción ha contado con el apoyo de la diputada de Podemos, María Marín, que ha tildado de "vergonzoso" que las ayudas "se estén convocando y pagando a curso pasado", así como que estas "dejen fuera a los alumnos de primer ciclo de infantil, bachillerato y FP".

Desde el grupo socialista, Juan Andrés Torres ha tachado de "irresponsabilidad pasmosa" que las ayudas se convoquen con un año de retraso.

El diputado 'popular' Víctor Martínez ha señalado durante su intervención que los gastos de alumnos de enseñanzas no obligatorias sean cubiertos a través del incremento de las becas.

Por parte del diputado de Vox Salvador Hernández, se ha señalado el hecho de que estas becas se conceden justificando la asistencia a clase, por lo que consideran conveniente que esto se produzca a final de curso.

IU logra sacar adelante la ampliación del empleo rural en Murcia con el apoyo de PSOE y PP frente a la abstención de Vox

 CARTAGENA.- La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional ha aprobado esta mañana, con 9 votos a favor (Grupo Mixto, PSOE y PP) y la abstención de Vox, la iniciativa impulsada por IU-Verdes para ampliar el Plan de Fomento del Empleo Rural en la Región de Murcia, conocido como consejos comarcales de empleo.

La moción pone negro sobre blanco una realidad incómoda: el programa, que inyecta algo más de 6 millones de euros y permite contratar a unas 1.200 personas del campo en periodos de inactividad, deja fuera a cerca del 50% de los trabajadores que lo solicitan por falta de financiación .

Durante su intervención, el diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, fue claro: "No se contrata a más personas porque no hay más fondos. Es así de sencillo". Una afirmación que resume el principal problema de un programa clave para sostener la renta de los jornaleros en los meses sin campaña.

El plan afecta actualmente a 22 municipios de la Región, caracterizados por una fuerte dependencia del trabajo agrícola y niveles de renta muy por debajo de la media. No en vano, la renta regional ya se sitúa en torno al 81% de la media estatal, y en estas zonas es aún más baja.

Pese a ello, la demanda sigue creciendo. Municipios como Bullas, Torre Pacheco o Jumilla llevan tiempo reclamando su incorporación, con acuerdos plenarios respaldados por todos los grupos políticos. Sin embargo, la falta de recursos bloquea cualquier ampliación real.

IU denuncia que el problema no es técnico, sino político: durante años, los fondos estuvieron congelados tras los recortes de 2012 y, aunque han crecido cerca de un 30% desde 2021, siguen siendo claramente insuficientes para cubrir las necesidades actuales.

Uno de los puntos más contundentes de la iniciativa es la crítica al Ejecutivo autonómico. Mientras otras comunidades sí complementan estos programas con fondos propios, la Región de Murcia "no ha puesto ni un euro en décadas", según subrayó Álvarez-Castellanos.

La moción aprobada exige precisamente eso, "que el Gobierno regional deje de mirar hacia otro lado y empiece a cofinanciar un programa que no solo da empleo, sino que también permite a los ayuntamientos ejecutar obras y mantener infraestructuras que, de otro modo, serían inviables", ha indicado el diputado de izquierdas.

La iniciativa aprobada plantea una doble vía: ampliar el número de municipios beneficiarios y aumentar la financiación estatal. IU advierte de que hacerlo sin más recursos supondría "perjudicar a quienes ya están dentro", repartiendo la precariedad en lugar de combatirla.

En este sentido, la Asamblea instará tanto al Gobierno de España como al Ejecutivo murciano a incrementar su aportación y garantizar que el programa llegue a más trabajadores sin recortar derechos.

Frente al respaldo mayoritario, Vox ha optado por la abstención, desmarcándose de una medida que pone el foco en los trabajadores más vulnerables del campo y en los municipios con menor renta.

Desde IU insisten en que no se trata solo de empleo, sino de justicia social y equilibrio territorial. 

"Estamos hablando de peones agrícolas que viven exclusivamente de su trabajo y que durante meses no tienen ingresos", defendió el diputado.

Con esta aprobación, la presión política se traslada ahora a los gobiernos estatal y autonómico, llamados a decidir si refuerzan un programa esencial para el mundo rural… o mantienen un modelo que deja a la mitad de los trabajadores fuera.

La Asamblea aprueba mejorar la accesibilidad al Santuario de Caravaca con un sistema de transporte vertical

 CARTAGENA.- La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional ha aprobado una moción para mejorar los accesos al Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca de la Cruz mediante la construcción de un sistema de transporte vertical.

La iniciativa, presentada por Vox, plantea la instalación de escaleras mecánicas y un ascensor con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas y facilitar el acceso, especialmente a personas con movilidad reducida, en uno de los principales enclaves turísticos y religiosos de la Región.

El diputado de Vox Ignacio Arcas ha defendido que el actual acceso al santuario presenta "un desnivel importante y calles estrechas" que dificultan la visita autónoma de muchos ciudadanos.

 "Es uno de los principales motivos por los que muchas personas no pueden disfrutar de la ciudad de Caravaca", ha señalado.

Arcas ha subrayado que las soluciones actuales, como el tren turístico o vehículos adaptados bajo reserva, "no son realmente operativas ni resuelven los problemas de accesibilidad", por lo que ha reclamado una actuación estructural que además refuerce la llegada de visitantes y peregrinos.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Sevilla ha respaldado la mejora de la accesibilidad, aunque ha introducido una enmienda para evitar imponer una solución concreta sin estudios previos.

 "No tiene por qué ser específicamente un ascensor o escaleras mecánicas, sino la actuación que técnicamente sea más adecuada y respetuosa con el entorno", ha explicado.

Sevilla ha incidido en la necesidad de garantizar que cualquier intervención sea compatible con el patrimonio histórico, paisajístico y urbanístico del casco antiguo de Caravaca, apostando por una solución "consensuada y bien planificada".

En la misma línea, la diputada del Partido Popular Josefa Carreño ha confirmado el voto favorable de su grupo, destacando la importancia estratégica de Caravaca como destino turístico y religioso. 

"Mejorar la accesibilidad al santuario no es una cuestión menor, es una actuación clave para reforzar el turismo y la calidad de vida", ha afirmado.

Carreño ha señalado además que el proyecto ya se encuentra "muy avanzado" por parte del Ayuntamiento de Caravaca, en colaboración con técnicos y la administración regional, por lo que ha defendido centrar los esfuerzos en garantizar la financiación necesaria y la coordinación entre administraciones.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, ha optado por la abstención al considerar que la propuesta es "parcial" y limita el estudio de alternativas.

 A su juicio, la moción "orienta el resultado hacia una solución concreta" sin analizar otras opciones posibles que podrían ser más adecuadas o económicas.

IU exige activar el convenio con grandes tenedores para frenar desahucios y critica el bloqueo del reglamento de la Ley de Vivienda regional

CARTAGENA.- Izquierda Unida ha exigido en el Pleno de Control al Gobierno autonómico celebrado esta mañana en la Asamblea Regional la activación del convenio con grandes tenedores de vivienda previsto en la Ley de Vivienda de la Región de Murcia, al considerar que su paralización por falta de desarrollo reglamentario impide ofrecer alternativas habitacionales a las familias afectadas por desahucios.

Durante la interpelación parlamentaria, el diputado de IU-Verdes, José Luis Álvarez Castellanos, ha reprochado al Ejecutivo de López Miras que mantenga bloqueado el desarrollo normativo de la ley, lo que imposibilita la aplicación efectiva de un mecanismo que obligaría a bancos y fondos de inversión a negociar un alquiler social antes de ejecutar lanzamientos.

"¿Ustedes saben por qué este convenio no se lleva a efecto en la Región de Murcia? Porque no han desarrollado el reglamento que lo regula", ha afirmado el parlamentario de IU, que ha recordado que el plazo legal de desarrollo era de dos años y han transcurrido ya cerca de una década desde la aprobación de la norma.

Álvarez Castellanos ha situado la cuestión en términos de emergencia social, subrayando que en la Región de Murcia se producen "780 desahucios al año, dos al día", y que esta realidad es "evitable si se activan los instrumentos legales ya existentes".

El diputado de IU ha criticado que la actuación del Gobierno regional se base en mecanismos de mediación que considera insuficientes y en soluciones parciales que no resuelven el problema de fondo. "Los colectivos sociales y las movilizaciones solo consiguen aplazar desahucios, pero no eliminan la angustia de las familias. Se necesitan soluciones definitivas", ha señalado.

En su intervención, ha insistido en que la propia Ley de Vivienda regional ya contempla herramientas concretas, como el artículo 59.quater, que permitiría articular convenios con grandes tenedores para garantizar alternativas habitacionales antes de los desahucios. 

"El Gobierno regional tiene la solución en su propia ley, pero no la activa", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado una explicación "concreta" sobre las razones del retraso en el desarrollo reglamentario.

El diputado de izquierdas ha ampliado sus críticas al bloqueo de otros instrumentos previstos en la norma, como el registro de demandantes de vivienda pública, lo que a su juicio evidencia una falta de voluntad política para desplegar políticas públicas de vivienda efectivas.

En el debate, el consejero de Fomento e Infraestructuras ha defendido la gestión del Ejecutivo regional, apelando a la seguridad jurídica, al papel de la mediación y a las políticas de adquisición y cesión de vivienda social impulsadas desde 2013, además de acusar a la izquierda de generar inseguridad en el mercado del alquiler.

Frente a ello, IU sostiene que el problema no es la falta de herramientas legales, sino su bloqueo político y la ausencia de desarrollo reglamentario que permita su aplicación real.

Álvarez Castellanos ha cerrado su intervención reclamando que se activen los mecanismos previstos en la ley y ha advertido que cada semana hay nuevos desahucios, por lo que "no se puede seguir gestionando este problema con parches administrativos mientras las familias viven situaciones de angustia permanente".