MURCIA.- La historia reciente de Murcia evidencia que
seis meses en política son una eternidad. El intento del PSOE y
Ciudadanos de desbancar al Partido Popular del Gobierno regional el
pasado marzo, tras 25 años ininterrumpidos ostentando el poder, forzó un
giro de 180 grados en la composición del Ejecutivo murciano y también
en el parlarmento regional, a juicio de www.eldiario.es
La entrada de tres de los cuatro tránsfugas
del partido de Arrimadas a las consejerías –que dinamitaron la moción–,
además de uno de los expulsados de Vox a la cartera de Educación, supuso
un revulsivo que consolidó el poder de los populares al no depender de
aliados externos para aprobar las medidas y mociones que propusieran.
Una de las detonantes de la moción fue Isabel Franco, actual
vicepresidenta de la Región de Murcia, además de consejera de la cartera
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Cinco meses
después, la dirigente ha mantenido sus competencias, y ha tenido que
lidiar con varios frentes. La investigación sobre el posible fraude en las primarias
que la hicieron candidata a la presidencia de la Comunidad en las
elecciones de 2019 por Ciudadanos –partido del que fue expulsada por
reventar la moción– continúa y de momento la evolución del caso no le
ayuda.
Intentó, al igual que su expartido, personarse como víctima del
pucherazo en las primarias. Un extremo que el juzgado murciano
competente rechazó rotundamente. Mientras tanto, la UDEF ha reclamado
información sobre los comicios a la formación política en reiteradas
ocasiones, llegando a acusarlos de obstaculizar la investigación
intencionadamente.
A nivel institucional, Franco ha tenido que lidiar con los
contagios en las residencias de mayores y discapacitados en la última
ola. Hace escasos días, comenzaban con el cribado diario de los trabajadores de
dichos centros que hubieran optado por no vacunarse (solo un 4% según
fuentes oficiales). Según datos del 11 de agosto, se han registrado 72
contagios, con 20 trabajadores y 72 usuarios con positivos, además de
seis fallecidos.
Por otra parte, la vicepresidenta dio luz verde en abril a un
plan de siete millones de euros para fomentar la conciliación familiar,
además de ratificar 414.000 euros para la atención a las víctimas de
violencia sexual. Hasta finales de junio, Franco tuvo que compaginar su
agenda habitual con la de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública, hasta que su compañero Antonio Sánchez Lorente
–un quinto dirigente de Cs que se alió con el PP en la moción– volviera a
ocupar su puesto de parlamentario.
Si bien no se sacaron adelante
nuevas medidas dentro de dicha cartera, participó en más de una decena
de eventos: desde dar la bienvenida a nuevas promociones de bomberos,
hasta coordinar desde el 112 los recursos disponibles ante la
posibilidad de los fenómenos meteorológicos adversos.
Franco tuvo que capear otro temporal cuando a finales de mayo el
observatorio LGTBI murciano dio sus primeros pasos. Dos colectivos del
sector, No Te Prives y Galactyco, criticaron que una de las hijas del
presidente de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM),
José Luis Mendoza, tuviera un puesto dentro del observatorio.
El máximo
dirigente de la UCAM llegó a calificar el matrimonio homosexual como "una abominación ante los ojos de Dios".
Al poco tiempo, desde la Católica aseguraron que no sabían cómo su
representante había acabado ahí y fue retirada. No obstante, las quejas
no cesan a día de hoy, teniendo en cuenta que quien preside el organismo
es la consejera de Educación, Mabel Campuzano, una de los tres ex de
Vox que bloquearon la moción de censura.
La 'superconsejera'
María del Valle Miguélez Santiago, otra de las diputadas que
firmó la moción y luego se echó atrás, ha aprovechado todas las
ocasiones posibles para ensalzar las bonanzas del Gobierno del PP al que
hoy representa tras traicionar a sus excompañeros de Ciudadanos.
"El
Gobierno regional está viviendo uno de sus mejores momentos", aseguró
hace unas semanas en una de las ruedas de prensa del Consejo de
Gobierno, en las que comparece semanalmente como portavoz del Ejecutivo
en sustitución de su excompañera Ana Martínez Vidal, líder de los
naranjas afines a Inés Arrimadas y cabeza visible de la moción de
censura del pasado marzo junto al secretario general de los socialistas
murcianos, Diego Conesa.
Miguélez, apodada la 'superconsejera' aglutina áreas de dos
consejerías y preside seis carteras: Empresa, Industria, Portavocía,
Empleo, Investigación y Universidades, departamentos en los que ya ha
impulsado planes para fomentar la economía social, la creación de empleo
o la reactivación de la industria en la Región.
Entre los asuntos
incómodos que ha tenido que lidiar se encuentran las acusaciones al
Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), dependiente de
Empresa, por un presunto caso de corrupción en la concesión de
subvenciones a empresas vinculadas al productor de televisión José Luis Moreno en la en la Operación Titella. Grupos de la oposición han pedido la comparecencia urgente de Miguélez ante el pleno de la Asamblea Regional, pero no han obtenido respuesta.
Además, se le ha criticado también por actuar dentro de la Consejería de Universidades imponiendo su autoridad para beneficiar a la UCAM.
La consejera evitó que se votase en el Consejo
Interuniversitario la ampliación del grado de Medicina de la Universidad
Católica San Antonio (UCAM) para impartir esta formación el próximo
curso en su campus de Cartagena. La Universidad de Murcia (UMU) y la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), contrarias a su
implantación, habían pedido manifestarse sobre ese punto en la reunión
pero no se llevó a cabo por orden suya.
Desde la Consejería que ocupa Miguélez destacan entre los logros
de la ex de Ciudadanos la firma del V Pacto por la Economía Social, con
un presupuesto de más de 24 millones de euros para el periodo
2021–2024, con el objetivo de generar 5.000 puestos de trabajo (80%
indefinidos) y la creación de 1.000 empresas; la firma de la Estrategia
de Empleo para alcanzar en cuatro años la cifra de 640.000 personas
ocupadas en la Región; el Plan de recualificación del sector industrial
de Cartagena o el desbloqueo de la Zona de Actividades Logísticas de la
ciudad portuaria.
En la misma línea, fuentes de la Consejería señalan
que se han creado programas para ayudar a aquellas personas que se
quedaron en desempleo con motivo del COVID–19, o que tuvieron que cerrar
negocios o se han visto afectados por un ERTE.
El consejero fugaz y el presidente tránsfuga
Francisco Álvarez, el tercer diputado de Cs que sentenció la
moción con su voto contrario, entró como consejero de Empleo,
Investigación y Universidades, pero a los 26 días se marchó. Los planes
de los tránsfugas cambiaron: decidieron tomar el control del grupo
parlamentario de Ciudadanos, al ser mayoría –cuatro de seis–. Para ello,
precisaron que Álvarez cesara de su cartera y así ser su nuevo
coordinador. Álvarez ostentó la cartera durante 26 días, un corto espacio de tiempo que no le ha permitido dejar legado alguno.
Alberto Castillo, el cuarto dirigente de
Ciudadanos en discordia, fue quien receló hasta último momento de
explicar cual sería el sentido de su voto en la moción de censura.
Finalmente se abstuvo: se escudó en que su cargo era el de presidente de
la mesa en la Asamblea Regional y en que, siendo el último en votar, ya
se sabía que la moción no saldría adelante, por lo que quería mantener
su "objetividad". Ciudadanos terminó por expulsarlo al poco tiempo. A
mediados de julio, Castillo se revolvió e interpuso una demanda civil contra el partido, en la que reclama que se anule su proceso de expulsión y su incorporación inmediata en la formación de Arrimadas.
