MURCIA.- "Si me pregunta si yo he visto un cheque o un maletín, no, no lo he
visto. Pero he tenido que pasar por el aro". Es lunes, primera hora de
una mañana de finales de febrero y, al otro lado de las ventanas de esta
sala de reuniones en el centro de la ciudad de Murcia, comienza a
calentar un sol presagio de primavera. Frente a elDiario.es está sentado
un empresario de la región. Un hombre enérgico, de traje gris, camisa
blanca y corbata azul que ha llegado a la cita receloso y que con cada
pregunta se pone más nervioso y no lo oculta. "Aunque sigue teniendo
contratos, ya no son tantos como antes y eso le fastidia", había
adelantado la persona que nos ha enlazado con él. Habla con la garantía
de que lo hace desde el anonimato, sin que trascienda su nombre. Quiere
que las cosas cambien pero no salirse del tablero, porque lleva años
jugando en él. Ni, menos aún, exponerse.
— ¿Qué es pasar por el aro?
— Eso no se lo voy a decir. No, no, no… Aquí hay una mafia tremenda, pero yo no soy quién…
— Si no lo explica, las cosas no cambian.
— Esta conversación no me está gustando... No me gusta por dónde
está yendo. Creo que ya le he dicho mucho cuando le he contado que yo
veo un concurso público y antes de que se adjudique ya sé a quién se lo
van a dar.
Una hora después, tras haber confesado los nervios que le
produce el encuentro, se marchará inquieto. En realidad, apenas ha
hablado. Ha evitado nombres y datos concretos. Ha esquivado más que ha
disparado. Pero ha compartido, como las llama, "sensaciones", como la de
que hay "una serie de empresas que gratifican" ciertas adjudicaciones.
"Aquí hay mucho miedo", le justificará después nuestro anfitrión. "Todo
el mundo sabe lo que sucede. Pero si tienes una empresa o eres político y
quieres seguir, no te puedes mover mucho. Y menos en la capital… Pero
se están tomando posiciones por lo que pueda suceder", añade.
Ciudadanos, que mantiene un acuerdo de gobierno con el Partido
Popular en este Ayuntamiento y en la región, anunció este miércoles que ha pactado una moción de censura
con el PSOE para expulsar a los populares de ambos gobiernos tras 25
años en ellos. Lo han hecho, lo justifican, por las sospechas de
"corrupción" y tras meses de inestabilidad en el Consistorio con
acusaciones cruzadas entre PP y Ciudadanos.
El viernes pasado la
situación alcanzó su punto de máxima tensión, y también más insólito,
cuando este periódico publicó en exclusiva que
el vicealcalde, Mario Gómez, de la formación naranja, había incluso
denunciado a la Policía a su propio equipo de gobierno por corrupción.
Fue el detonante final del acuerdo alcanzado el martes por la tarde y
anunciado este miércoles entre PSOE y Podemos y aprobado el lunes en
Madrid por la directiva nacional de Ciudadanos, a donde viajaron los
cuatro concejales del partido en el consistorio para debatirlo.
"Esta ciudad es la zona cero de la corrupción en la región",
afirma, rotundo, Jordi Arce, secretario de organización del PSOE,
principal partido de la oposición tanto en el Ayuntamiento como en la
Comunidad. Como denuncia, ahí ha "tejido" el Partido Popular durante sus
más de veinte años de gobierno ininterrumpido una "red clientelar" que
es la "clave" para comprender la realidad de la comunidad. "Como hemos
analizado, la gran mayoría de los alcaldes pedáneos del PP trabajan en
empresas que contratan con el Ayuntamiento. El patrón se repite:
seleccionan a los referentes de cada municipio que quieren promocionar
para las pedanías, los meten en esas empresas y luego estos atraen
votantes para el partido", lo describe Arce.
450.000 habitantes en la capital de Murcia
La capital de Murcia, la séptima de España, que pasará a manos
del PSOE si se aprueba la moción, tiene hoy más de 450.000 habitantes,
casi una tercera parte del millón y medio de la Región. Sin embargo, en
la ciudad viven sólo 170.000 de esas personas. El resto, la mayoría, lo
hace en alguna de las 66 pedanías de los alrededores, 42 de ellas
regidas por el Partido Popular.
Para entender esa complejidad de la zona, única en España, sin
embargo, no basta sólo con mirar los datos. Hay que ir más allá. Todas
esas pedanías pertenecen a la ciudad y dependen administrativamente y
políticamente de la misma. En todas, cuando se vota en las elecciones
municipales, se hace por el alcalde de la capital. Pero cada pedanía
cuenta con un alcalde pedáneo, como les llaman, con un sueldo simbólico y
funciones muy limitadas, y una junta de nueve vocales.
Sin embargo,
esos alcaldes pedáneos son los referentes para sus vecinos. La identidad
de las personas que viven en esas pedanías está en las mismas. Sus
habitantes no se sienten de Murcia capital, sino de El Palmar, de Puente
Tocinos o de Cabezo de Torres, por citar las tres más pobladas, y
cuando votan, no lo hacen por los candidatos de la ciudad, sino por sus
representantes locales, aunque la papeleta que introducen en la urna sea
la del partido en la ciudad. Ganar la alcaldía de Murcia, corazón y
músculo político de la Comunidad, pasa, sin alternativa, porque los
alcaldes pedáneos sean los vencedores, aunque sus nombres no figuren en
las papeletas.
"De ahí que no sólo se coloque a ese alcalde pedáneo en las
empresas, sino que se prometan también trabajos para los vocales, para
sus allegados y para otras personas de la pedanía a cambio de prometer
que tanto ellos como sus familias votarán por el partido o incluso que
esas empresas realicen algún servicio o inversión en esa pedanía que
luego se compensa por otro lado", explica otro político socialista que
fue alcalde de una importante pedanía de la ciudad.
A eso, cuenta, lo
llaman en la zona "la escoba", en alusión al trabajo como barrendero
para el que en muchas ocasiones se contrataba a esas personas. "Pero
puede ser de barrendero, de jardinero, para el tranvía… Hay muchos
puestos disponibles a través de esas grandes empresas con las que
contrata el Ayuntamiento. Se aprovechan de la necesidad. Y, cuando la
hay, contra eso es complicado luchar", añade.
Quienes mejor revelan esta realidad enquistada e impune, sin
embargo, no son los políticos de la oposición, sino los propios del
Partido Popular. "Hay mucha gente que está donde está gracias a vosotros
y al Partido Popular. Que no se le olvide a la gente que trabaja en las
concesionarias, que no se le olvide a la gente a la que hemos
conseguido un trabajo. Todo esto que no se olvide". Las palabras,
desveladas en un audio grabado en enero de 2018, son de Roque Ortiz,
entonces concejal de Fomento del Ayuntamiento.
Estaba reunido con sus compañeros del Consistorio y con los
representantes de las pedanías. "El que no se acuerda de las cosas es un
marrano y puede ser que cuando vengan otros, que puede pasar, que lo
ponga en la calle", añadía. Ortiz tuvo que dimitir cinco días después de
que se conocieran sus palabras. Junto a él en aquel encuentro estaba
José Ballesta, el alcalde de Murcia desde 2015.
No es el único caso similar. En abril de 2019, en campaña de las últimas elecciones municipales y autonómicas, Ramón Andrés Abellán,
responsable del PP en la pedanía de El Raal, fue también grabado
hablando con el padre de un joven al que había colocado en una empresa
municipal de limpieza a cambio de que se empadronase en la pedanía y
votara a su partido. Abellán decía que como ese joven tenía "veinte más"
y recordaba que a otro se lo "cargó" porque "se fue de nosotros". El
alcalde pedáneo fue también obligado a dimitir días después. Figuraba en
la lista municipal de Ballesta.
Tras aquellas elecciones algo cambió en Murcia. O parecía que
iba a cambiar. El PP de Ballesta volvió a ganar las municipales, con 11
concejales frente a los 9 del PSOE. Pero los socialistas, con Diego
Conesa como candidato, se impusieron en las autonómicas con 17 escaños
frente a los 16 del PP de Fernando López Miras. Un pacto con Ciudadanos,
como el ahora alcanzando, que consiguió seis, les daba la mayoría absoluta en el parlamento regional.
Fue entonces, ante el horizonte de un posible cambio de gobierno, como
el que ahora todo apunta a que se va finalmente producir, cuando, como
revela Arce, secretario de organización del PSOE, los contactaron de una
de las grandes empresas de la Comunidad.
—¿Necesitáis algo?, le preguntaron a él.
— Necesitamos terminar con la red clientelar del PP, describe que le respondió.
— En eso no os podemos ayudar.
Arrimadas visitó Murcia durante la campaña electoral
Durante aquella campaña electoral acudió a Murcia Inés
Arrimadas, entonces todavía portavoz de Ciudadanos y hoy presidenta del
partido. En un acto frente a la catedral se dirigía a los murcianos
diciéndoles: "Creo sinceramente que no os merecéis que las noticias que
llegan de Murcia sean las noticias de corrupción y los casos de
corrupción del Partido Popular. Murcia va a empezar a ser noticia por el
cambio que se tiene que producir. Porque 24 años son muchos. 24 años es
tener un proyecto agotado. ¿Os imagináis 28 años gobernando los
mismos?". Semanas más tarde, Ciudadanos pactaba sendos gobiernos
autonómico y municipal con el Partido Popular.
Bajo sospecha están hoy tanto los contratos menores como algunas
de las grandes licitaciones del municipio. Entre otros, como publicó
también elDiario.es el pasado viernes, la del mantenimiento de parques y
jardines de la ciudad, denunciada ante la Fiscalía por un presunto
delito de uso de información privilegiada. Las dos empresas ganadoras
del concurso, Actúa y STV, unidas temporalmente para optar a la
contratación, son, además, la otra pieza fundamental de ese dibujo de la
realidad de la Murcia del Partido Popular que coinciden en hacer tanto
los partidos de la oposición como los propios socios de gobierno de
Ciudadanos. A través de ellas, junto a las empresas municipales, se
propiciaría la "red clientelar" que describen tanto políticos como
empresarios.
STV y Actúa son dos de las empresas más fuertes e importantes de
la zona. La primera tiene décadas de implantación. La segunda pertenece
al grupo La Generala, "líder en creación de entornos sostenibles:
servicios urbanos, gestión energética, construcción y medio ambiente",
como presume en su página web. Creado en 1992 por el empresario Manuel
Martínez Ortuño, de 55 años, el grupo La Generala, a través de empresas
subsidiarias o de compañías enlazadas a ella con administradores o
apoderados comunes, como el propio Martínez Ortuño, es el que ha
protagonizado un auge reciente en la región que despierta recelos tanto
entre políticos como empresarios. Casi todos los grandes contratos que
se le han adjudicado durante los últimos años están envueltos en alguna
polémica.
Así sucede con el de los jardines y parques de la ciudad,
denunciado en la Fiscalía. O con el del servicio de ambulancias de la
región, ganado en 2019. Hasta entonces varias empresas diferentes tenían
repartido el servicio. Aquel año se adjudicó todo el contrato, por más
de 300 millones de euros, a un grupo de tres empresas tras las cuales
estaba La Generala, a pesar de no tener experiencia previa en el sector.
La adjudicación está hoy también denunciada en el Tribunal Superior de
Justicia por las empresas perdedoras del concurso. O también se repite
con el del servicio de prevención selvícola y defensa del patrimonio
natural; el de "forestales", como se lo conoce en la región.
Este último contrato se adjudicó a la empresa Orthem, de La
Generala, en julio de 2016. Ya lo había ganado previamente en 2009 la
primera vez que salió a concurso cuando Murcia, siguiendo los pasos de
Madrid, privatizó el servicio de prevención de incendios. La segunda vez
lo obtuvo a pesar de que una de las empresas que se presentaba, tras la
cual estaba OHL, había obtenido más puntos. Según la documentación a la
que ha tenido acceso este periódico, la compañía OHL se presentó al
concurso a fondo perdido, sabiendo que perdería dinero con el mismo pero
asumiéndolo como una inversión para optar a contratos similares en el
futuro, y lo hizo con una oferta de medios que superaba con creces lo
solicitado y al resto de competidoras. Su propuesta fue, sin embargo,
excluida, y adjudicada a Orthem, porque los vehículos ofertados, que
iban a ser reformados y adecuados, no cumplían los requisitos técnicos.
Lo más llamativo del concurso, sin embargo, fue que la empresa
finalmente ganadora compró los vehículos para el servicio, como confirma
la fecha de matriculación de los mismos, meses antes de que se
adjudicara el contrato. E incluso los reformó, porque tampoco cumplían
inicialmente, para dotarlos de un depósito de agua, como revelan las
ficha de la ITV de los mismos, también antes de la adjudicación. Como
alegan desde la empresa a elDiario.es, lo hicieron porque ya prestaban
el servicio, su flota padecía entonces una "clara depreciación técnica" y
necesitaban renovarla. Si no hubieran ganado el concurso, continúan,
habrían "usado esos vehículos en otras zonas de España en las que
realizamos trabajos medioambientales". Aquel era el único contrato de
prevención y extinción de incendios, un servicio todavía público en gran
parte del país, que la empresa tenía en España.
El ascenso de La Generala, sin embargo, no sólo se limita a
Murcia. La realidad de esta región no se queda en la frontera del mapa
sino que se amplía al cuadrado que forma con Alicante, Granada y
Almería. Actúa es también una de las empresas que optan al contrato de
basuras de Torrevieja, de más de 450 millones, hoy parado y cuestionado
después de que el ayuntamiento, el pasado año, decidiera suspenderlo
tras haberse valorado la propuesta de las cinco grandes empresas que se
presentaban, entre ellas grandes compañías como FCC o Ferrovial. Actúa,
la más pequeña de todas en medios y facturación, había quedado la quinta
y descartada. La noticia azuzó la hemeroteca en la ciudad. En 2013,
tras un proceso judicial iniciado seis años antes, Pedro Ángel
Hernández, exalcalde del Partido Popular, fue condenado a tres años de cárcel
por prevaricación y falsedad documental tras adjudicar en 2004 el
contrato de basuras de la ciudad a las empresas Necso (Acciona) y al
grupo Generala.
"Mire, ¿sabe cuál es el problema aquí? Que en Murcia somos muy
pequeños y estamos muy lejos de Madrid. En cuanto pasas de Albacete
puedes hacer lo que quieras porque no importará ni le interesará a
nadie", se lamenta otro conocido político de la región. Empieza a
oscurecer al otro lado de las ventanas en una Murcia casi cerrada por la
pandemia. Si durante esa misma mañana el empresario pasaba del recelo y
de asegurar muy tajante que la "corrupción está en la naturaleza
humana" al nerviosismo y a abandonar precipitadamente el encuentro con
este periódico, ahora el político transita desde la rabia a la
resignación. "Lo que sucede es que la gente ya se ha acostumbrado", dice
mientras se encoge los hombros. "Yo tengo un amigo que trabaja en una
depuradora. Si vas allí, nada más entrar notas que huele fatal. Es
horrible. Sin embargo, él no lo huele. Tiene ya la pituitaria
acostumbrada. Pues aquí pasa lo mismo".
