miércoles, 14 de febrero de 2018

El 'efecto Évole' llega a los supermercados: 'Deme jamón de York, pero que no sea El Pozo'


MADRID.- Tras el polémico reportaje de Évole, en el que analizaba la industria cárnica en España y mostraba animales en condiciones insalubres, la tormenta ha estallado y las reacciones a todos los niveles no se han hecho esperar. Cientos de personas han mostrado su indignación en redes sociales y las cadenas belgas de supermercados Colruyt y Delhaize han retirado los productos de El Pozo de la venta al público en sus establecimientos. 

Los charcuteros se quejan que desde que se publicó el reportaje de La Sexta la venta de productos de El Pozo ha caído en picado. Sin embargo, los veterinarios han acusado al periodista de dar información sesgada que no refleja la realidad en la que viven los cerdos en España. A pie de calle, los charcuteros se quejan de que el programa de La Sexta ha hecho mucho daño, "más del que se pueden imaginar", según publica www.lainformacion.com.
Pedro Martínez regenta una carnicería en el Barrio del Pilar, de Madrid, con su mismo apellido. Reconoce que el reportaje de Évole es el tema de conversación en la cola de su charcutería. "Es hablar de ello y todos los clientes se ponen a opinar", reconoce. "Yo he vendido un 50% menos de los productos de El Pozo esta semana. Y quienes los compran es porque no se han enterado todavía. A mí me ha hecho mucho daño porque yo acababa de hacer un pedido bastante grande que se va a echar a perder. Puede haber casos de abuso, no lo niego, pero todas las marcas españolas tienen unos controles de seguridad que ya quisieran en Europa. Si hay muchos cerdos que viven mejor que yo", asegura.
En la charcutería de Manuel, las cosas no van mucho mejor. "Yo tengo un negocio de barrio. El Pozo hace muy buenos precios por productos buenos, que se vendían bien. Llevo toda la semana sin vender nada de esa marca, las clientas te preguntan y no quieren comprar nada que haya aparecido en el programa de Évole. No recuerdo nada igual desde lo de las vacas locas, cuando todo el mundo estaba histérico y a nosotros casi nos cuesta el negocio. Aquí hay más marcas, pero no se trabaja tan bien como con El Pozo. ¿Me va a pagar Évole el género que se me va a estropear?", se enfada el propietario.
Cuatro mujeres que escuchan a su charcutero de toda la vida hablando así, se revuelven algo incómodas. No quieren perjudicarle, dicen. "Pero tampoco voy a dar a mi nieto un bocadillo de un cerdo 'canceroso'. Yo no sé si se habrá inventado el muchacho de la tele algo o no, pero las imágenes ahí están y como comprenderás, yo no voy a poner en riesgo la salud de mi familia por una marca a la que no debo nada. De momento, prefiero comprar embutidos de Campofrío. Cuando se demuestre que El Pozo es una marca de calidad... Dios dirá, pero no lo sé", asegura Rocío, una de las clientes habituales del establecimiento. 
Más dramática es la situación en las grandes superficies. En una de las principales cadenas de supermercados en España reconocen extraoficialmente que las ventas de los productos de El Pozo han sido un desastre desde la denuncia de Évole. "La venta de estos productos ha ido disminuyendo durante toda la semana, mientras el tema ha ido ganando relevancia. Desde el domingo no vendemos absolutamente nada de El Pozo y hoy vamos por el mismo camino. Todos los clientes son muy específicos y, cuando se llevan otras marcas, preguntan si los cerdos están en las mismas condiciones. Hemos tenido que tirar ya varias piezas que se estaban poniendo malas", se lamentan.
Por su parte, las organizaciones y asociaciones de la producción, transformación y comercialización que conforman la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC) destacan que en España se aplica el modelo europeo de producción, que cumple con la legislación más exigente del mundo en bienestar animal y seguridad alimentaria. 
“En España tenemos una normativa más exigente que la europea. En 2012 ya cumplíamos con las exigencias que entraron en vigor en 2013. Incluso, la cumplimos por delante de países como Dinamarca, Holanda o Alemania que siempre nos suelen mirar por encima”, apunta el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino.
A pesar de las explicaciones de los expertos, hay quien no termina de fiarse. "Yo regento un bar con una charcutería. Además, vendemos bocadillos y muchos los compran a la salida del colegio. Ahora, te piden específicamente que no sea de El Pozo. Yo no trabajo con esa marca, así que no me ha afectado, pero hasta cuando sirvo un sandwich mixto por la mañana me preguntan si el cerdo vive en condiciones saludables. Y yo qué sé. Yo compro a los proveedores que me generan confianza y asumo que cumplen con la normativa, solo faltaba. La verdad es que el 'reportajito' de Évole se las trae y ha hecho mucho daño. Aquí tenemos a los mejores cerdos del mundo que viven como reyes", asegura un hostelero de la zona.

En El Pozo piden que acabe el acoso

Desde El Pozo, insisten en desvincularse de los animales que aparecen en el programa de La Sexta y defienden que estos "jamás entrarían en la cadena de producción de El Pozo Alimentación. Los controles estipulados por la legislación española y por la propia empresa hacen inviable esta posibilidad". 
"La inmensa mayoría de los clientes están apoyándonos. Es muy prematuro ver si afecta o no a las ventas, pero la respuesta que hemos recibido del público ha sido de apoyo y cohesión. Esperamos que esta situación de acoso y derribo acabe pronto y podamos trabajar con toda rigurosidad, como hemos hecho hasta ahora", explican desde la compañía.
Además, el grupo Fuertes (dueño de la marca ElPozo) ha decidido acabar con la relación comercial que le ligaba a la granja Hermanos Carrasco, en Murcia, la que aparecía en el citado programa. Según la compañía, la "desvinculación" con esta granja proveedora donde se grabaron las imágenes se produce a consecuencia de la apertura de un "expediente de investigación" interno.
Tendrá que pasar tiempo para ver si realmente El Pozo queda o no marcado por este reportaje. Mientras, los charcuteros reclaman que se controle qué se publica en los medios de comunicación. "No puede ser que nos veamos afectados por una historia que ni siquiera se sabe si es cierta. Si es verdad lo que se publica, El Pozo debería asumir sus responsabilidades y pagarnos por el perjuicio que nos está ocasionando. Pero si es mentira o, al menos, no es toda la verdad, alguien tendrá que pedirle cuentas a un periodista que nos está fastidiando el negocio y revolucionando a la clientela. Aunque también te lo digo, yo defiendo la seguridad de las marcas españolas, pero mientras se aclare, por si acaso, yo prefiero no comer El Pozo", concluye Pedro en www.lainformacion.com/.

Urralburu: "Si no quieren gobernar lo haremos nosotros"

CARTAGENA.- El portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, ha señalado hoy que el ejecutivo de López Miras se niega a seguir el mandato de la Asamblea. "Ya no nos sorprende su inacción. Ni les ha interesado ni les interesa el Mar Menor. Ocurre con multitud de temas, sabemos que no hay nadie dirigiendo las políticas regionales. La Región de Murcia les viene grande y saben que el problema del Mar Menor les ha superado por completo".

Óscar Urralburu ha afirmado que las declaraciones de Arroyo demuestran "la debilidad de un gobierno que no tiene proyecto, que no tiene ideas, que no tiene soluciones ni para el Mar Menor ni para todos los demás problemas que tenemos encima. Es el AVE, es la financiación, es el empleo o los servicios públicos como la educación o la sanidad que siguen estancados en la precariedad y el mal funcionamiento".
Por ello, ha dicho el portavoz parlamentario de Podemos, comprobamos, una vez más, que "esta Región es y será mejor sin el Partido Popular. Ya lo hemos demostrado con las medidas urgentes que aprobamos para el Mar Menor. Tenemos que seguir liderando el cambio para que en 2019 asumamos la responsabilidad de gobernar y hacer que la gente que vive en esta Región note que las cosas van a mejor".

Podemos pide crear un Comité de Expertos para abordar la restauración de los suelos contaminados de Sierra Minera

CARTAGENA.- Andrés Pedreño, diputado de Podemos en la Asamblea, ha señalado hoy que el gobierno regional debe crear este comité para establecer las prioridades más urgentes para la salud pública en cuanto a la restauración ambiental de la zona de La Unión-Cartagena.

Pedreño ha exigido al ejecutivo de López Miras la creación de este Comité de Expertos tras conocer que habrá 270.000 euros, cofinanciados por Fondos Feder de la Unión Europea, para llevar a cabo un Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería.
Por ello, el diputado de Podemos ha subrayado que es necesario que con ese presupuesto se proceda a la Declaración de Suelos Contaminaos en la Sierra Minera en la Unión-Cartagena en cumplimiento de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos contaminados. Hecho, ha afirmado, que "Podemos lleva reivindicando esta declaración más de un año en la Asamblea Regional y nada se ha hecho".
Además, Andrés Pedreño ha incidido en que se constituya un Comité de Expertos en Suelos Contaminados que establezca "cuáles deben ser las prioridades con mayor urgencia de intervención por tratarse de suelos contaminados que están afectando a la salud pública de las poblaciones de la Sierra Minera. Es urgente intervenir en los alrededores del Llano del Beal, en el descargadero de mineral que afecta al Instituto Sierra Minera en La Unión y en la antigua balsa de piritas de Portman".
Asimismo, Pedreño, ha recordado que la restauración ambiental de la antigua balsa Yenni "sigue siendo muy deficiente. Los análisis de suelo más recientes demuestran concentraciones alarmantes de plomo, arsénico, cadmio y otros metales pesados peligrosos para la salud humana".
Acerca de la balsa Yenni, el diputado regional de Podemos ha aseverado que tras haberse gastado seis millones de euros, las concentraciones de metales pesados en el suelo donde estaba Yenny "son muy alarmantes. Por tanto, se deben declarar los casi 90.000 metros cuadrados de la antigua Yenny como Suelo Contaminado. 
Acto seguido se debe proceder a su descontaminación, bien con arranque y transporte o bien con sellado. Con posterioridad, se deberá aportar una capa de tierra vegetal y proceder a la repoblación con especies autóctonas. Sin esto, los 33. 000 euros anunciados esta semana que se ha gastado el Gobierno regional en plantaciones de árboles y vallados del terreno de la antigua Yenny no servirá de nada y serán una auténtica chapuza".

C's arremete en el Congreso contra Fomento por descartar el servicio de Cercanías ferroviarias hacia Murcia

MADRID.- El Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha pedido explicaciones al Ministerio de Fomento por las obras previstas para la mejora y la electrificación de la línea de ferrocarriles regionales entre Cartagena y Murcia.

La Asamblea Regional pidió en mayo de 2017 al Ministerio de Fomento por unanimidad y a propuesta de Ciudadanos, la implantación de la línea de Cercanías Murcia-Cartagena "a la mayor brevedad posible" y que no la supedite a la llegada del AVE a la Región.
En su reciente visita a Cartagena, el ministro de Fomento descartó la implantación en Cartagena de un servicio de Cercanías con más conexiones ferroviarias con Murcia a un precio más barato, afirmando, tal y como recogió la prensa, que “en España no está previsto habilitar nuevos núcleos de cercanías en este momento”.
Entre las ciudades de Murcia y Cartagena existe un servicio regional de ferrocarril con una duración del trayecto que ronda los 50 minutos. Se presta un servicio de cinco trenes regionales diarios en el trayecto Murcia-Cartagena, más un regional exprés, y de 4 trenes en el trayecto inverso, más otro regional exprés (en cualquier caso, este último servicio no supone apenas una mejora en la duración del viaje aunque encarece el billete un 12%).
El resto de trenes son Altaria, media distancia y Talgo, con un precio muy superior. La Universidad Politécnica de Cartagena viene reivindicando desde hace años el aumento de la frecuencia de trenes a un precio más barato. 
Según el diputado nacional, José Luis Martínez, "a juicio de la UPCT y de Ciudadanos, estas medidas son necesarias para atender el tránsito diario de alumnos, profesores y personal (no hay que olvidar, además, el tránsito inverso, de Cartagena, Torre Pacheco y Balsicas a Murcia y sus universidades): a modo de ejemplo, el primer regional exprés sale de Cartagena a las 08:50, llegando a Murcia a las 09:34".
"Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que las líneas de Cercanías suponen una alternativa de transporte público sostenible. Sin embargo, el ministro de Fomento ha descartado su implantación", ha explicado Martínez.
Con motivo de las desesperanzadoras declaraciones del ministro de Fomento, que contravienen el deseo de la Asamblea Regional, el Grupo de Ciudadanos en el Congreso pedirá explicaciones al Gobierno de España para conocer los motivos que han llevado al señor Íñigo de la Serna a descartar la implantación en Cartagena de un servicio de Cercanías con Murcia, y si considera el Ministerio adecuados los horarios y las frecuencias del regional Cartagena-Murcia, atendiendo al tipo de usuario que los emplea.
En cualquier caso, Ciudadanos exigirá a través de una propuesta que el Gobierno amplíe y reestructure los horarios de este servicio para que se adapten mejor a las necesidades de sus usuarios.
“El abandono y el maltrato en materia de infraestructuras que el Gobierno del PP infringe a la Región es notorio, demostrable, e indignante”, ha señalado José Luis Martínez, que ha hecho mención al estudio publicado hoy por el diario La Opinión que asegura que la Región es una de las comunidades menos beneficiadas por la inversión en infraestructuras y se hace eco de un estudio que revela que el gasto destinado a los proyectos de transporte estuvo estancado entre 2010 y 2014 en la Comunidad, donde se aumentó sólo un 0,03% por trabajador ocupado frente al incremento del 0,51% en el Arco Mediterráneo.
Por otra parte, los diputados nacionales de Ciudadanos, Miguel Garaulet y José Luis Martínez, han registrado varias preguntas para saber qué mejoras piensa llevar a cabo el Gobierno de España en la línea Cartagena-Murcia, y cuál será el calendario de actuaciones y el presupuesto asignado para estas mejoras y la electrificación. 

El PSRM centrará sus conclusiones sobre 'Camposol' en exigir soluciones y responsabilidades políticas

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Alfonso Martínez Baños, señaló hoy al término de la Ponencia para analizar el desarrollo urbanístico de la urbanización Camposol, de Mazarrón, que los grupos parlamentarios han fijado los primeros días de marzo para llevar las conclusiones de dicha ponencia a la Comisión de Política Territorial, a fin de que se apruebe el documento que finalmente ratificará el Pleno.

Martínez Baños señaló al término de la reunión que "han sido meses de trabajo y de comparecencias, que ahora darán su fruto con la elaboración de las conclusiones que aportaremos todos los grupos parlamentarios". 
El procedimiento que han marcado consiste en hacer una breve descripción de la situación, analizar lo avanzado en la Ponencia y recoger una serie de resoluciones que se llevarán al Pleno.
El viceportavoz socialista recordó que esta Ponencia surgió a raíz de las graves deficiencias existentes en las calles y viviendas de la urbanización Camposol, construida sobre la rambla de Los Aznares, en la que más de 5.000 vecinos llevan reclamando sin éxito durante 10 años a todas las administraciones que tomen cartas en el asunto y solucionen los problemas que padecen por la arbitrariedad de la obra.
Las conclusiones del PSRM van a ir en la línea de exigir responsabilidades políticas por este despropósito urbanístico. "Hay que depurar todas las responsabilidades políticas que correspondan al Ayuntamiento de Mazarrón, la Comunidad Autónoma o la CHS, porque la situación que viven los vecinos es una vergüenza y los que han consentido este desastre tienen que asumirlo".
El PSRM considera que este problema tiene que tener financiación para que pueda ser resuelto. Por un lado, exige que el Gobierno regional asuma el coste del encauzamiento de la rambla de Los Aznares y, por otro, urge a que se acaben las obras de urbanización pendientes y se financien con cargo de la recaudación del IBI.
El Grupo Parlamentario Socialista reclama, asimismo, que la Comunidad Autónoma retire las competencias en materia de urbanismo al Ayuntamiento de Mazarrón en relación con la urbanización Camposol, "porque ha demostrado su incapacidad para resolver el problema urbanístico de la zona".
Por último, mostró su esperanza de que al final haya consenso entre los grupos y se elabore un documento final que aporte soluciones y pueda resarcir a los vecinos de todos los problemas que les ha originado esta urbanización.

La Asamblea aprueba una iniciativa de C's para regular e impulsar actividades extraescolares en centros públicos

CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado una iniciativa de Ciudadanos para regular las actividades extraescolares en los centros públicos docentes de Murcia.

Juan José Molina, diputado de Ciudadanos, ha manifestado que las actividades extraescolares son actividades complementarias que mejoran la educación de los hijos y por ello muchos padres las utilizan para mejorar su rendimiento escolar y para gestionar su tiempo de ocio. 
“Son muy útiles para contribuir al bienestar físico y emocional, mejorar las relaciones interpersonales o desarrollar el talento”.
El diputado de la formación naranja ha afirmado que la actual Ley Orgánica de Educación deja espacio a las Comunidades Autónomas para su regulación. 
“Consideramos que es necesaria garantizar que no haya discriminación por carácter territorial entre los municipios de la Región y salvaguardar la compatibilidad de los usos secundarios de los centros de enseñanza con los valores educativos propios de una sociedad democrática e igualitaria, tal y como proclama la Constitución”.
La iniciativa de Ciudadanos contempla que la nueva normativa impulse la realización de actividades extraescolares en todos los centros públicos de la Región, estableciendo convenios de carácter voluntario entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales de la Región de Murcia, prestando atención a  aquellas que sean diseñadas y desarrolladas por las diferentes asociaciones de padres y madres de alumnos de los centros educativos.

La Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma con más agricultores dedicados al cultivo ecológico


NÜREMBERG.- La Región de Murcia cuenta con 2.874 agricultores certificados dedicados a la agricultura ecológica, lo que la convierte en la tercera comunidad autónoma con mayor número de operadores de esta modalidad de cultivo, tan sólo superada por Andalucía y Castilla La Mancha.

Durante su visita a 'Biofach Núremberg 2018', la mayor feria de Europa destinada a productos ecológicos, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, consideró que estos datos "muestran el esfuerzo que está realizando el sector apostando por una modalidad de cultivo que mejora nuestro entorno y contribuye a la sostenibilidad del hábitat".
El consejero acompaña a las 15 empresas especializadas que se han desplazado hasta la feria alemana, considerada como el encuentro internacional más importante en este ámbito, donde mostró su satisfacción por "la intensidad de negocio percibida en el estand de la Región de Murcia y por la alta competitividad que las empresas murcianas están demostrando en la muestra".
Jódar destacó "el gran éxito" del sector ecológico murciano ya que, según explicó, "se percibe cada vez mayor interés por nuestra producción y las percepciones son muy buenas". Explicó que "lo que exponemos durante estos días son productos de una calidad diferenciada".
El titular de Agua recordó que la Región es un referente en agricultura ecológica, donde el 27 por ciento de la superficie de cultivo, alrededor de 80.000 hectáreas, está destinada a esta modalidad. Además, existe una gran industria alrededor de investigación, producción, transformación y comercialización.
"España lidera a nivel europeo la superficie destinada al cultivo de producción ecológica, y dentro de nuestro país, la Región de Murcia, es la autonomía que mayor superficie le dedica", detalló Jódar.
"La agricultura ecológica tiene una gran repercusión socioeconómica y medioambiental en la Región, ya que constituye un sistema de producción único y viable en zonas rurales con escasas alternativas productivas", afirmó el consejero. 
Además, explicó que "este tipo de producción agricola, contribuye de forma muy especial a la sostenibilidad ambiental, evitando la erosión del terreno, al propiciar la disminución de las emisiones de los gases y al establecer sistemas de producción menos intensivos".
"Nuestra apuesta por la agricultura ecológica es muy clara", apuntó el titular de Agricultura, quien recordó que "el Gobierno regional duplicó las ayudas a estos cultivos, posibilitando que cerca de 4.000 productores murcianos se beneficien de 54 millones de euros durante un periodo de cinco años, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, financiado con fondos de la Unión Europea, a través del FEDER".

Las primeras referencias a este sistema de producción datan de 1974, cuando en Calasparra se produjeron los primeros cultivos certificados por la asociación Vida Sana, y a primeros de la década de 1980 se extendió a la zona del Campo de Cartagena.
Es a partir del establecimiento de una normativa oficial en 1989 y sobre todo debido a la articulación de un Régimen de ayudas a finales de 1995, cuando comienza el crecimiento exponencial de estos cultivos en nuestra Región.
Actualmente, la superficie certificada para agricultura ecológica es de 79.043 hectáreas, cultivadas por 2.874 agricultores. Los cultivos con mayor superficie son almendros (29.000 hectáreas), cultivos herbáceos (25.000 has) y viñedo (12.000 has). No obstante, en los últimos años han crecido los cultivos de cítricos, que pasan de 169 hectáreas en 2006 a 1.725 has en 2016, y hortalizas (pasan de 1.000 has en 2006 a 3.437 has en 2016).

'Global Digital Heritage' documenta 12 yacimientos y monumentos de la Región


MURCIA.- La organización Global Digital Heritage de Florida (Estados Unidos) ha trabajado durante las últimas semanas en la documentación de 12 relevantes yacimientos y monumentos de la Región de Murcia. La entidad sin ánimo de lucro se ha coordinado con la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente y los ayuntamientos para promocionar el patrimonio cultural de la Región, contribuyendo así a la conmemoración en 2018 del Año Europeo del Patrimonio Cultural.

El director general de Bienes Culturales, Juan Antonio Lorca, y los responsables de la entidad estadounidense realizaron hoy un balance del trabajo llevado a cabo desde el pasado 21 de enero, un tiempo durante el que se ha recogido una gran cantidad de información que comprende más de 20.000 fotografías aéreas y 500 fotografías esféricas que serán procesadas durante los próximos meses por los técnicos en Florida.
Los profesionales estadounidenses han visitado cinco municipios: Alhama de Murcia (han documentado el Castillo, Las Paleras, El Murtal, un nido de ametralladoras de la Guerra Civil y los Baños Romanos), Mula (el Castillo de Los Vélez), Cieza (el yacimiento de Siyasa, la Cueva de la Serreta y Museo Arqueológico), Águilas (Torre de Cope) y Murcia (restos islámicos de San Juan y restos de Larache).
Juan Antonio Lorca agradeció a la organización Global Digital Heritage "su interés por el patrimonio de la Región de Murcia, del que han tenido la oportunidad de documentar una pequeña parte que, sin embargo, ya evidencia la gran riqueza cultural e histórica que poseen nuestros municipios y que pronto se verá ampliada".
Al respecto, el responsable de Bienes Culturales anunció que "este mismo año los técnicos tienen previsto regresar para continuar con el proyecto, y contarán con todo el apoyo de la Comunidad, ya que se trata de una oportunidad única que contribuye a la difusión internacional de nuestro patrimonio como reclamo turístico de primer orden".
La segunda campaña de digitalización tendrá lugar el mes de noviembre y en ella está previsto la inclusión de zonas de gran importancia como la villa romana de Villaricos en Mula, el nido de ametralladoras de Águilas y el Teatro Romano de Cartagena. 
Además, con motivo del 20 aniversario de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (Arampi), se digitalizarán las tres cuevas más antiguas del arco mediterráneo de Murcia: la Cueva del Arco, la de las Cabras y la de Jorge.
Los trabajos realizados durante las últimas semanas se enmarcan dentro de un proyecto más amplio de digitalización del patrimonio cultural mediterráneo. La iniciativa integra el uso de las más modernas tecnologías de digitalización y documentación del patrimonio, desde escáner laser FARO de última generación hasta drones, pasando por cámaras profesionales esféricas, cámaras digitales réflex de alta resolución y sistemas de GPS.
Toda la documentación obtenida, apuntó Lorca, "nos permitirá tener una copia exacta del patrimonio cultural regional que resulta de especial interés y valor para los investigadores y restauradores". 
Este material servirá para su estudio en profundidad y permitirá también la futura reconstrucción de los monumentos, si fuese necesaria en caso de ocurrir algún desastre natural.
Del mismo modo, precisó, "podemos dar a conocer el patrimonio de la Región con visitas virtuales, videos e imágenes y, además, a partir de la documentación generada será posible crear réplicas en impresoras 3D que pueden ser empleadas en colegios, museos o centros de interpretación". 
Se trata, añadió el director general, de "una fantástica labor de difusión y puesta en valor que complementa las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno regional, desde donde también trabajamos intensamente para el mantenimiento y la recuperación de este importante legado cultural".
La organización, cuyos fondos proceden en gran parte de la donación de la Fundación Hitz, entregará, de manera gratuita, los resultados finales de los trabajos a los distintos ayuntamientos implicados y a la Dirección General de Bienes Culturales.

La industria agroalimentaria regional da empleo a más de 20.000 trabajadores

MURCIA.- El Instituto de Fomento (Info) y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida) intensificarán su colaboración para potenciar la I+D aplicada a la empresa y mantener así el liderazgo innovador de la industria agroalimentaria regional, un sector estratégico para la Región que en los últimos cinco años creció a un ritmo dos veces mayor que el de la media nacional (4,2 por ciento frente al 2,6 por ciento nacional), que representa casi la mitad de las exportaciones regionales y que da empleo a cerca de 20.000 trabajadores.

"Nuestro objetivo es incrementar la competitividad de todos y cada uno de nuestros sectores productivos, y eso pasa por crear una economía del conocimiento basada en la innovación, el desarrollo tecnológico, el impulso a la colaboración y los procesos de transferencia de estos conocimientos y tecnologías entre el ámbito académico e investigador y el empresarial", señaló Joaquín Gómez.
"En el caso del sector agroalimentario, esta apuesta ha permitido la creación y consolidación de un ecosistema investigador en el que juegan un papel fundamental organismos como el Imida, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas), el Centro Tecnológico de la Conserva y la Alimentación, las universidades de la Región y el clúster Agrofood", comentó el director del Info.
Joaquín Gómez explicó que "este ecosistema genera también, gracias al apoyo del Info, el Ceeim, el Ceeic y el Parque Científico de Murcia, el desarrollo de pymes altamente tecnológicas que han sido capaces de transformar en fortalezas algunas de las dificultades de este sector a través de nuevos cultivos sostenibles, sistemas de regadío más eficientes, reutilización de residuos naturales o mediante la aplicación de tecnologías 4.0, convirtiendo a la Región en un polo de innovación y desarrollo tecnológico a nivel nacional e internacional".
La Región mostró estos avances en la feria Fruit Logistica de Berlín en un 'córner tecnológico', una iniciativa pionera en la que se pudieron ver algunas de las tecnologías que se están aplicando a este sector como los drones, la sensorización, el big data y dos de los proyectos que desarrolla el Imida con Itum y Novamed.
El agroalimentario es uno de los sectores clave en la estrategia de especialización inteligente que impulsa la Unión Europea (RIS3Mur), con un peso de en torno al 18 por ciento del Producto Interior Bruto regional y que en los últimos años se ha convertido en uno de los más activos en los programas de innovación del Info.
Así, 11 de las 24 empresas que se convirtieron en 'empresas inteligentes' gracias al programa de ayudas para la transformación digital pertenecían a este sector, así como 20 de las 57 empresas que participaron en la línea de ayudas para el fomento de la I+D.
Este esfuerzo innovador se refleja también en la participación de este sector en líneas de ayuda de organismos nacionales, con los que el colabora el Info, como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Un total de 115 de los 240 proyectos financiados por esta entidad en el periodo 2014-2017 se enmarcan en el ámbito agroalimentario, con una inversión movilizada de más de 64 millones de euros.

El PSRM ve «intolerable» que el Gobierno regional sea «insumiso» con la Asamblea

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y vicesecretario general del PSRM, Joaquín López, aseguró este miércoles que es intolerable que el Gobierno regional sea insumiso con la Asamblea y la solución al Mar Menor.

«El Ejecutivo murciano ha vuelto a desobedecer a la Asamblea Regional; esta vez, al no querer cumplir su mandato sobre la ley del Mar Menor», explicó.
López añadió que «se trata de un acto de desobediencia y de insumisión al Parlamento regional, que es donde reside la voluntad popular de la ciudadanía de la Región de Murcia y, por lo tanto, es un acto intolerable en democracia».
Según el portavoz socialista, el Gobierno regional no solo creó una crisis social y económica en un sector tan importante como el sector agrícola, sino que «no quiere asumir su responsabilidad de traer una ley integral del Mar Menor que pueda aprobar la Asamblea regional para resolver el problema de la laguna salada».
«Solo el Gobierno tiene tiempo suficiente y, sobre todo, los medios técnicos y jurídicos para hacer una ley de estas características», afirmó.
En su opinión, las declaraciones de la portavoz del Ejecutivo regional suponen un acto de gravedad democrática. «Un gobierno no se puede permitir desobedecer a las claras a un parlamento, porque es el parlamento el que le da legitimidad para seguir gobernando», sentenció López.

'Ahora Murcia' denuncia la inexistencia del plan de prevención de terremotos que se debía tener desde 2001


MURCIA.- La formación municipal Ahora Murcia señala que "pese a que el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del PGOU señala que el municipio de Murcia tiene una peligrosidad sísimica importante, "el Ayuntamiento no ha elaborado en todos estos años plan de prevención alguno".

Angeles Micol afirma que "solo cabe calificar de gravemente irresponsable la actitud y las prioridades que ha tenido y que continúa teniendo el PP municipal, al autorizar miles de edificaciones sin tener este Plan aprobado"
"El Ayuntamiento no ha tomado en todos estos años ninguna medida para informar a la población sobre la situación sísmica y, sobre todo, acerca de qué hacer en caso de terremoto"
Ahora Murcia denuncia la inexistencia en el municipio del Plan Especial de Prevención de Terremotos, que debería existir, de acuerdo con la normativa, desde hace 17 años. 
La concejala Angeles Micol afirma que "es inadmisible que el PP en su gestión del municipio en las últimas dos décadas haya priorizado acciones como el urbanismo desaforado y en cambio haya dado la espalda a medidas que además de obligatorias son realmente importantes para los murcianos, como ese Plan de Prevención incluido en el Programa de Vigilancia Ambiental del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). Solo cabe calificar de gravemente irresponsable la actitud y las prioridades que ha tenido y que continúa teniendo el PP municipal, al autorizar miles de edificaciones sin tener este Plan aprobado".
Micol lamenta que pese a que el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del PGOU señala que el municipio de Murcia tiene una peligrosidad sísimica importante, "el Ayuntamiento no ha elaborado en todos estos años plan de prevención alguno". 
Ante el elevado riesgo de sismicidad, "el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental estableció unas medidas para el PGOU relativas a prevenir el riesgo de terremotos y otras amenazas, recogidas en el Programa de Vigilancia Ambiental, que continúa sin elaborar casi 20 años después".
"Aun conociendo este riesgo de sismicidad en el municipio", señala la edil, "el Ayuntamiento no ha tomado en todos estos años ninguna medida para informar a la población sobre la situación sísmica y, sobre todo, acerca de qué hacer en caso de terremoto. Otros países que tienen como nuestro municipio alta sismicidad sí conciencian a la ciudadanía, convirtiendo la posibilidad de que haya terremotos en algo cotidiano y presente desde las escuelas".
El Plan Especial de Prevención de Terremotos debe, como mínimo, identificar y evaluar el riesgo de que se produzca un terremoto; tener una cartografía detallada de localización del riesgo de seísmos, estableciendo la relación entre dicho riesgo y las áreas residenciales, industriales o de servicios, infraestructuras y áreas de cultivo, identificando así las áreas problemáticas. Asimismo se debe diseñar mecanismos preventivos y correctores que, en su caso, aminoren los efectos de un terremoto con un Programa de Actuación y un Programa de Inversiones.
Como medida concreta para minimizar los efectos adversos de los movimientos sísmicos de alta intensidad, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del PGOU establece que cabría reducir la altura de las edificaciones en las áreas identificadas como de riesgo máximo del Inventario Ambiental.
"A día de hoy", señala la concejala, "17 años después de la aprobación del PGOU del municipio, no se ha llevado a cabo la elaboración y aprobación del Plan Especial de Prevención de Terremotos, pero sí se han edificado, en cambio, miles de viviendas aprobando planes urbanísticos para más del doble de la población actual del municipio".
En el Estudio de Impacto Ambiental efectuado para el PGOU del municipio de Murcia se estudiaron diferentes variables ambientales entre las que se encontraban "los riesgos naturales e inducidos", que son la degradación de los suelos; la peligrosidad por inundaciones, por inestabilidad de laderas, por subsidencias y colapsos del terreno; la sismicidad y el riesgo de incendio de las formaciones vegetales.
En el capítulo sobre la peligrosidad sísmica en el municipio de Murcia, el Estudio de Impacto Ambiental hace una valoración de los factores que se dan en el municipio y que influyen en la gravedad de un terremoto en la zona. El estudio indica que el término municipal de Murcia se localiza en una zona en la que se producen frecuentes movimientos sísmicos de intensidad media, es decir, que tiene una peligrosidad sísmica importante, que se encuentra entre las más elevadas de la Península Ibérica.

'Cambiemos Murcia' investigará los contratos del Ayuntamiento con 'Lycar'

MURCIA.- Cambiemos Murcia va a investigar los contratos que el Ayuntamiento de Murcia mantiene con la empresa Interurbana de Autobuses, que opera bajo el nombre de Lycar, para comprobar si está cumpliendo con todos los extremos incluidos en los pliegos de condiciones, en especial en lo que se refiere al respeto de las normas laborales y los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

La formación municipalista ha iniciado esta acción a raíz de que Lycar despidiera al conductor y sindicalista Santos Valderrama, conocido como Kawide, por "ejercer su actividad sindical en defensa de los derechos de los empleados y la seguridad del servicio a los pasajeros" desde que hace dos años y medio fuera elegido secretario del comité de empresa.
Las denuncias de Kawide, ha explicado el edil Sergio Ramos, han dado lugar a que la Inspección sancionara a la empresa por realizar contratos fraudulentos, pagar y cotizar menos horas de las trabajadas, incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales e impagos, y vulnerar de forma sistemática las horas de descanso de los conductores.
Ramos ha señalado que el objetivo es conocer si la situación de Kawide se ha extendido al resto de los trabajadores y trabajadoras de los contratos de Lycar y, en este sentido, exigir al equipo de Gobierno a que actúe en consecuencia para evitar que se siga produciendo una vulneración de los derechos laborales y salariales.
Este asunto ya motivó la presentación, por parte de Cambiemos Murcia, de una comunicación dirigida al concejal de Hacienda para solicitar una copia de expediente del contrato más importante que el Consistorio mantiene con la empresa, relativo al transporte de escolares de centros que participan en los programas "La ciudad también enseña" y "Parque infantil de tráfico, ocio y tiempo libre".

El PSOE denuncia la privatización por parte de 'Emuasa' de uno de sus servicios

MURCIA.- El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Enrique Ayuso, ha denunciado este miércoles la privatización por parte de Emuasa del servicio de priorizadores, un servicio que se encarga de evaluar la gravedad de las averías de la red de aguas y que establece las prioridades de resolución.

"Mientras en el Ayuntamiento de Murcia los grupos de la oposición hemos apostado por la remunicipalización de los servicios públicos que el PP ha ido privatizando en los últimos años, el gobierno de Ballesta permite a Emuasa seguir externalizando servicios", ha explicado Ayuso, quien ha lamentado que, además, nuevamente, "sea Hidrogea la empresa beneficiaria puesto que la privatización del servicio de priorizadores podría recaer sobre Aquambiente, empresa dependiente de Hidrogea".
En este sentido, el concejal socialista ha insistido en que "se trata de un servicio esencial que debe permanecer en activo, pero que puede continuar prestándose a través de los trabajadores de Emuasa, tal y como ha ocurrido hasta la fecha, sin necesidad de privatizarlo". Ayuso ha insistido en que "en el Pleno de mayo de 2016 se aprobó una iniciativa para remunicipalizar servicios públicos prestados para el Ayuntamiento de Murcia y en esa línea debemos continuar".
El concejal del Grupo Socialista ha exigido a Ballesta "que investigue la intención de privatización de este servicio por parte de Emuasa y ponga las cartas sobre la mesa para evitar que ocurra". 
"Además -ha finalizado- queremos saber por qué se siguen favoreciendo los intereses de una empresa, Hidrogea, que está involucrada en procesos judiciales de gravedad, algunos de ellos compartidos con el propio ayuntamiento.

'Ahora Murcia': "El PP celebra la Semana de la Huerta intentando que se construya una urbanización'

MURCIA.- La concejala Angeles Micol ha impulsado hoy en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia que el PP no consiguiera aprobar un plan parcial "que destruía huerta y buscaba conseguir suelo muy barato a los promotores a base de expropiaciones forzosas a un precio miserable".

Ahora Murcia afirma que es "una enorme paradoja" que el mismo día que el PP presenta la Semana de la Huerta en el municipio, la oposición ha tenido que frenar la construcción de una urbanización en plena Huerta.
 "El PP no defiende la Huerta, si por él fuera estaría toda enladrillada", señala Angeles Micol. La concejala de Ahora Murcia ha impulsado hoy, en la Comisión de Urbanismo, que los grupos de la oposición impidieran, mediante su voto, sacar adelante la Unidad de Actuación V del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.
Micol apunta que el PP "buscaba la construcción de una urbanización ocupando miles de metros cuadrados de terreno, en plena Huerta". 
La edil se muestra satisfecha de que "además de impedir el destrozo de Huerta a manos del PP, se evita la expropiación forzosa de más de 20 propietarios de viviendas, a los que se iba a dar un precio miserable. Era una forma de conseguir suelo barato a los promotores. El PP se ha retratado, una vez más, acerca de sus prioridades: el ladrillo y el beneficio privado a expensas de la Huerta y de lo que les haga falta".

'Cambiemos Murcia' rechaza la decisión de 'Emuasa' de externalizar el servicio de mantenimiento de redes

MURCIA.- Cambiemos Murcia ha expresado hoy su "total rechazo" a la decisión de Emuasa de externalizar el servicio de asistencia técnica para trabajos de mantenimiento de redes de abastecimiento, Red Urbana de Riego (RUR) y alcantarillado, actualmente en fase de valoración de ofertas.

El portavoz del grupo municipal, Nacho Tornel, ha denunciado que, con esta actuación, la empresa, mayoritariamente pública, está incumpliendo la moción aprobada en el Pleno de mayo de 2016, por la que la Corporación se comprometió a "proponer y defender la internalización de los servicios y operaciones externalizadas" en el Consejo de Administración de Aguas de Murcia.
"No solo no se recuperan servicios externalizados, sino que se continúa externalizándolos", ha sostenido Tornel, para quien la empresa "sigue así perdiendo control de sus propias actividades y pagando por contrataciones externas" mientras el equipo de Gobierno "sigue faltando sistemáticamente a su palabra de recuperar servicios públicos para asegurar las mejores condiciones de su gestión".
Asimismo, Tornel ha advertido de que el coste del recibo del agua depende en buena parte de este tipo de actuaciones, "que crean un gasto donde la empresa realizaba una inversión con sus propios recursos".
Lo peor, según el edil, es que "de nuevo el Pleno del Ayuntamiento menospreciado por parte de esta empresa".
Cambiemos Murcia protestará mañana en la Junta de Portavoces ante el alcalde y presentará al Pleno de este mes una moción para solicitar la paralización del proceso de licitación, y además pedirá la convocatoria de una reunión con el Comité de Empresa para dilucidar el coste real de la externalización".

MC reclamará al Gobierno municipal que inste a Repsol a continuar con su inversión en el barrio del Foro Romano


CARTAGENA.- El pasado seis de febrero, el consorcio Cartagena Puerto de Culturas daba a conocer la aprobación del proyecto para la construcción del Museo del Foro Romano, que contará con la financiación de Repsol.

Dada la cantidad que había presupuestado la multinacional para invertir en el barrio del Foro Romano, acometer la construcción del Museo provocará que cese la excavación de una parte importante de este yacimiento, en concreto, la de la plaza urbana que hay junto al Templo de Isis. Por ello, MC Cartagena requerirá, durante el próximo Pleno municipal, al Gobierno socialista a que inste a Repsol a continuar con su inversión en el barrio del Foro Romano.
Ante esta situación, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, ha señalado que "consideramos que la Fundación Repsol debe mantener su compromiso con Cartagena, y desde luego, el actual Gobierno debe exigírselo tal cual se hizo durante mi mandato en la alcaldía, porque somos un municipio que soporta el tráfico portuario, no de una, de dos refinerías. 
Ello supone un riesgo muy grave para todos los ciudadanos de Cartagena, que asumimos, y que Repsol debe compensar por las únicas vías que puede hacerlo, por ejemplo, con esta apuesta por el patrimonio".
"Por eso, queremos que el Ayuntamiento y, así lo demandaremos en el próximo Pleno, inste a Repsol a continuar con la excavación y financiación del Barrio del Foro Romano. De lo contrario, parecerá que, como sucedió en anteriores legislaturas, algunos prefieren mirar hacia otro lado con Repsol, con el ánimo de buscar algún tipo de prebenda y no de defender el interés general".
López ha asegurado que "Cartagena da mucho a Repsol y recibe muy poco y éste es uno de los aspectos en los que debe influir en el futuro del municipio", añadiendo el portavoz cartagenerista que en relación con el Museo del Foro Romano "queremos reseñar que Cartagena ya tiene un Museo Arqueológico Municipal 'Enrique Escudero de Castro' y ése es el que debe potenciarse y no ir fragmentándose".
Por último, el portavoz de MC ha subrayado que "nos parece muy bien que junto al Foro Romano se puedan visitar como un centro de interpretación del barrio romano y de los hallazgos que allí se han encontrado, pero desde la unidad y la dirección del Museo Arqueológico Municipal, como una extensión de éste".
"El Museo Arqueológico puede tener varias sedes, pero no fragmentarse con el ánimo de que se cree una nueva institución y todos sus puestos directivos, donde colocar a cualquier amigo fiel, sustrayendo a Cartagena la capacidad de decidir sobre su funcionamiento. Porque Cartagena no necesita varios museos arqueológicos, en todo caso, necesitamos lo que no tenemos: un Museo de la Ciudad".

"No consiento que el señor Espejo le falte al pleno municipal", Francisco Martínez Muñoz, concejal de CTSSP


CARTAGENA.- "Las declaraciones del Sr. Espejo sobre la Comisión de Investigación de la Sociedad Casco Antiguo me indignan profundamente, Francisco Martínez Muñoz, concejal de Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) en el Ayuntamiento de Cartagena.

"El Sr. Espejo miente al afirmar que la Comisión de Investigación la propuso MC, la moción fue aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal incluido su voto y la propuso Cartagena Sí Se Puede, de ahí que el entonces alcalde me propusiera para presidirla, aceptándose la propuesta en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad Casco Antiguo por unanimidad de todos los miembros, incluido el Sr. Espejo.
Me parece una falta intolerable de respeto calificar de circo a la Comisión de Investigación que lo único que ha hecho es cumplir escrupulosamente el mandato del pleno municipal, el que nos dieron 27 concejales incluido el Sr. Espejo, una Comisión en la que nadie se ha visto coartado de revisar expedientes, proponer comparecientes ni siquiera en fijar el día y hora de las sesiones.
Más lamentable aún es que ningún miembro a excepción del Presidente haya traído ninguna propuesta ni de informe ni de incluir, cambiar o eliminar un solo párrafo del único informe presentado el mío, al menos el resto de miembros han tenido la decencia de no hacer declaraciones de momento.
No me pilla de sorpresa las declaraciones del Sr. Espejo, en la reunión de la Comisión del 24 de enero ya expuso que no iba a participar en la elaboración del informe, calificó de circo a la propia Comisión y se permitió afirmar que el informe ya estaba pactado, en referencia a la Comisión del Batel.  
Ya ve Sr. Espejo el informe no estaba pactado, pero yo sí creo en la independencia de los grupos municipales, yo sí valoro y respeto al Pleno Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, por eso le he dedicado muchísimas horas a la elaboración del informe que voy a presentar en rueda de prensa el próximo 20 de febrero, después de finalizar la última actuación de la Comisión de Investigación. 
Hubiese deseado que me hubieran acompañado todos los miembros de la Comisión, que hubiésemos presentando un informe de consenso, ha sido imposible: PP y C´s han votado en contra antes de conocer el informe, qué le van a explicar a los ciudadanos, qué explicaciones van a dar PSOE y MC que se han abstenido y no han aportado ninguna propuesta. No podía consentir que esta Comisión de Investigación hiciera el ridículo, faltara a la obligación que nos mandató el pleno de elaborar un informe.
Un ejemplo claro del compromiso de lo que pueden esperar los cartageneros, una cosa es votar sí a una Comisión de Investigación, por “postureo” político y otra es trabajar para cumplir el mandato que nos ha dado el pleno".

El Ayuntamiento de Lorca suspende en transparencia, según una investigación de la Universidad de Barcelona


LORCA.- El Ayuntamiento de Lorca se encuentra dentro del 69% de los consistorios de la Región de Murcia que "suspenden" en materia de transparencia. Esta conclusión se desprende del mapa Infoparticipa, un producto delLaboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural (LPCCP)de la Universitat Autonoma de Barcelona.

La investigación, realizada por la Universidad Autonoma de Barcelona en colaboración con la Facultad de Comunicación de la Universidad de Murcia y la Federación de Municipios de la Región de Murcia deja al Ayuntamiento de Lorca "muy mal parado" y demuestra el largo camino que queda aún por recorrer en el municipio de Lorca para avanzar en transparencia pública.
Según este observador, el Ayuntamiento lorquino reúne tan sólo el 55,77% del total de indicadores necesarios para ser un municipio 100% transparente. El estudio marca el 75% como el mínimo para aprobar, por lo que el consistorio lorquino queda aún "muy lejos" del aprobado.
El citado estudio pone de manifiesto que el equipo de gobierno del PP hace, por tanto, que el Ayuntamiento de Lorca suspenda en transparencia.
Según este estudio, el equipo de gobierno del PP no publica debidamente información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y/o el nivel de endeudamiento; la liquidación de los presupuestos de ejercicios anteriores y/o la cuenta general no aparece como tampoco, refiere el estudio, el listado y las retribuciones de los directivos y de los cargos de confianza, sus funciones y su currículum.
En materia de información económica, el Ayuntamiento de Lorca tampoco publica debidamente la relación completa de proveedores, adjudicatarios y/o contratistas así como la cuantía económica; el periodo medio de pago a los proveedores o las subvenciones otorgadas, así como las respectivas convocatorias y resoluciones.
La publicación de la agenda del equipo de gobierno, por ejemplo, también "brilla por su ausencia", junto a otros indicadores que, según el estudio, tampoco aparecen publicados con la debida claridad.
Estas conclusiones vienen a reafirmar la denuncia que el PSOE hizo hace unas semanas sobre la falta de transparencia del PP en Lorca. Los socialistas se preguntan ahora si el PP, al hilo de esta noticia que pone de manifiesto que el PP suspende "manifiestamente" en transparencia, piensa responder, también en esta ocasión, asegurando que estos datos obedecen al "tiempo libre" del que pueden gozar los profesionales de las Universidades de Barcelona, Murcia y de la FMRM para elaborar este estudio.

El concejal Meca se pregunta por qué el Gobierno local oculta los datos económicos de 'Lorca Taller del Tiempo'

LORCA.- El pasado día 9 de febrero Antonio Meca, concejal de C's, presentó un escrito solicitando nuevamente las cuentas detalladas de ingresos y gastos de la empresa pública Lorca Taller del Tiempo, porque hasta ahora "sólo he recibido una hoja con una información que en nada satisface el interés de este concejal".

Al concejal de Ciudadanos le parece "una total falta de respeto la respuesta del Sr. Alcalde a nuestra petición de información, sin ningún documento aclaratorio, desglosado, que satisfaga la necesidad de transparencia de esta empresa pública". La intención es propositiva, con el intento de corregir el déficit anual de 321.000 euros que presenta la sociedad.
Un ejemplo: el parking del Castillo "nos cuesta 42.158,47 euros al año". No tiene ningún ingreso económico porque está abierto al público (la barrera levantada permanentemente), se encuentra en un estado de semiabandono, los servicios están cerrados, con suciedad y sin personal que lo atienda.

La documentación que Meca solicita es muy concreta:
  • Los datos de todos los trabajadores de la empresa por servicio, sus retribuciones y su situación laboral.
  • Gastos: datos de las empresas que realizan esos servicios, acceso a las facturas y contratos con el mayor detalle posible de las siguientes partidas
  • Limpieza
  • Telecomunicaciones
  • Tratamiento de la información
  • Auditores externos
  • Coste de ventas
  • Márketing, publicidad y comercialización
  • Alqleasing renting
  • Mtto. general/jardinería, etc
  • Asesoría fiscal y laboral
  • Actores, animadores y actividades culturales

El cazaminas 'Segura' se integrará en la Agrupación Permanente de la OTAN en el Mediterráneo


CARTAGENA.- El cazaminas 'Segura' partirá este jueves de su puerto base de Cartagena, rumbo al mar Adriático, para integrarse en la Segunda Agrupación Permanente de Medidas Contra Minas (SNMCMG-2 por sus siglas en inglés), compuesta por buques pertenecientes a distintos países miembros de la OTAN. Está previsto que este buque de la Armada permanezca integrado en esta agrupación permanente de la alianza durante los próximos tres meses.

La ceremonia de despedida se desarrollará siguiendo las tradiciones de la Armada, presidida por el Comandante de la Fuerza de Medidas Contra Minas, el capitán de navío Rafael Arcos Palacios, acto al que podrán asistir los familiares, amigos y compañeros de la dotación.
Durante el último año el 'Segura' y su dotación, se han alistado y adiestrado para cumplir con esta misión, participando en numerosos ejercicios tanto nacionales como internacionales, según informaron fuentes de la Armada en un comunicado.
La SNMCMG-2 es uno de los 4 componentes marítimos de la Fuerza de Respuesta inmediata de la OTAN. Estos grupos permiten a la OTAN disponer de una capacidad marítima permanente para actuar ante una posible crisis o conflicto, o bien para efectuar otro tipo de actividades en periodos de paz, como la presencia en aguas de interés para la Alianza, demostrar su solidaridad con otros países, llevar a cabo visitas diplomáticas, o bien prepararse y mejorar las capacidades de la OTAN para futuras operaciones.
Durante el periodo en el que el buque estará integrado en esta estructura, tendrá la misión de garantizar la libertad de navegación marítima, mediante la caza de minas o artefactos explosivos y la vigilancia de fondos marinos de las entradas de algunos puertos de países ribereños del Mediterráneo. Así mismo, estará alistado para reaccionar y actuar en caso de crisis en aquellos escenarios que lo requieran.
La mina naval es un arma relativamente económica y de fácil utilización, que puede causar graves daños al tráfico marítimo, impidiendo el acceso al litoral y negando la libertad de acción necesaria para efectuar cualquier tipo de operación naval. En la actualidad, aún se encuentran minas fondeadas de conflictos pasados. 
Además, el "Segura" apoyará a otras misiones internacionales, como la operación de lucha contra el terrorismo (Operación 'Sea Guardian') y la operación contra las mafias del tráfico ilegal de personas (Operación 'Sophia'), en aguas del Mediterráneo.
El buque participará en tres ejercicios internacionales y hará escala en once puertos extranjeros y dos nacionales, mostrando el compromiso de España con la seguridad colectiva y defensa compartida de la Alianza.


Despedida a los comandantes de la operacion Sea Guardian

Por otra parte, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha recibido hoy en el Palacio Consistorial a los comandantes de las tres fragatas que participarán por el Mediterráneo en la operación de la OTAN ‘Sea Guardian': Francisco Javier Vázquez, de de la fragata Navarra; Kristoff Van Belleghem, de la fragata del BNS Louse Marie; y Nicolo Pisani, de la fragata de la ITS Euro.
La visita ha tenido un carácter de cortesía, horas antes de partir del puerto de Cartagena a la operación de la OTAN de seguridad marítima. Ana Belén Castejón mantuvo un breve encuentro con los comandantes de las tres fragatas, para, poco después, mostrarles las dependencias del Palacio Consistorial.
La operación ‘Sea Guardian’ , según ha manifestado el Comandante de Fragata, Francisco Javier Vázquez, pretende mandar el mensaje de que la OTAN está presente en el Mediterráneo y proporciona seguridad, “es una operación importante para la OTAN porque es una operación contra el terrorismo”.
La Armada española liderará esta operación que durará tres semanas. La ‘Sea Guardian’ está compuesta por tres buques: la fragata Navarra, española; la fragata BNS Louse Marie, belga; y la ITS Euro, procedente de Italia.

C's no logra apoyos en el Congreso de los Diputados para pedir la convocatoria de la Mesa del Agua

MURCIA.- Ciudadanos no ha conseguido apoyos en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno la convocatoria de la Mesa del Agua. Tanto PP, como PSOE y Unidos Podemos, consideran que la moción registrada sobre esta materia, y debatida este miércoles en el Congreso, demuestra la falta de conocimiento de la formación de Albert Rivera en la legislación sobre esta materia. Mientras, los nacionalistas consideran que los naranjas no han tenido en cuenta las competencias.

La iniciativa, consecuencia de una interpelación dirigida por la portavoz de Energía naranja, Melisa Rodríguez, a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, reclama una renovación del modelo existente en el país en materia de Agua ya que, a su juicio, "es necesaria la configuración de un marco regulatorio nacional que recoja la cooperación entre cuencas para que estas gestionen el agua de manera eficiente y responsable".
Y es que según explicó el diputado encargado de defender esta iniciativa, Miguel Ángel Garaulet, esta materia que, a su juicio, no se había tratado como un problema de Estado hasta ahora, es cuestión de país. "Ya no es un problema de tres regiones, el impacto del cambio climático lo ha convertido en estatal", apuntó.
En este sentido, llamó al resto de partidos a participar en una negociación que, a su juicio, debe ser la base de un nuevo Pacto por el Agua, en el que "se luche contra la desertificación"; se asegure "la disponibilidad de agua a la población, así como para el riego y la industria"; y se mejoren los "estándares de calidad", entre otras medidas.
Sin embargo, los partidos se han mostrado críticos con esta propuesta. Desde el PP, su portavoz en materia de Medio Ambiente, Teresa de Lara, acusó a los de Albert Rivera de "desconocer" el reparto competencial existente en la legislación española, y ha recordado que desde el Ministerio se han llevado a cabo 125 reuniones durante 2017 con los actores implicados en la Mesa del Agua, con el que se está trabajando.
"Ya existen órganos participativos", advirtió el portavoz del PSOE, Gonzalo Palacín, quien alertó de que, teniendo en cuenta la petición de Ciudadanos, en la Mesa no estarían bien representados todos los miembros del Consejo del Agua. A su juicio, los naranjas están "haciéndole el juego al Gobierno, mareando la perdiz", ya que, aunque el Ejecutivo diga que ha mantenido 125 reuniones "no han puesto ninguna propuesta encima de la mesa", según criticó.
Desde Unidos Podemos, el diputado Jorge Luis calificó la moción de "vacía de contenido". Segun apuntó, la legislación española entiende actualmente la planificación hidráulica como una "mercancía" y un "bien de especulación", por lo que, si en este momento se celebrara una Mesa del Agua se hablaría, a su juicio, "de trasvases, de privatización y mercados". "Sería un debate viciado desde el principio", apuntó.
Finalmente, los partidos nacionalistas, tanto PNV como ERC, PDeCAT y Compromís, denunció la falta de respecto de los naranjas a las competencias en materia de Agua que están transferidas a las comunidades autónomas.

Unas jornadas en Zaragoza buscan impulsar un documento contra los trasvases

ZARAGOZA.- Las jornadas nacionales Encuentro de Zaragoza por un Acuerdo Social en Defensa de los Ríos y del Agua Pública se han previsto para el próximo fin de semana como una respuesta al Pacto Nacional del Agua planteado por el Gobierno del PP, que «supondrá el relanzamiento de sus proyectos trasvasistas», según los organizadores.

En este encuentro se propondrá empezar a trabajar por un «acuerdo social del agua en defensa de los ríos y el agua pública». De hecho, ya existe un documento con cien firmas de apoyo de expertos universitarios, alcaldes, diputados nacionales y autonómicos, concejales, organizaciones ecologistas, rurales y vecinales, entre otros colectivos de toda España. 
En dicho documento, los firmantes consideran que «es urgente» llevar a cabo varias acciones, como «detener» el crecimiento de demandas, especialmente de regadío, la construcción de nuevos embalses y trasvases y los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos.

La ley hipotecaria de Guindos triplica el coste de fallar en el pago de la hipoteca

MADRID.- Iba a ser la panacea para el hipotecado, una nueva ley que exigiría transparencia a los bancos y que ampliaba los meses de impago antes de iniciarse un desahucio... pero las asociaciones de consumidores han descubierto algunos puntos oscuros para el cliente en el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario que este jueves se enfrenta a su primer examen con el debate de totalidad en las Cortes, según anuncia 20 Minutos.

Uno de los puntos más polémicos se refiere a los intereses que el hipotecado debe pagar por impago de sus cuotas. La jurisprudencia del Supremo, según sus últimas sentencias, contempla como abusivo cualquier interés de demora que supere el resultante de aplicar dos puntos al tipo pactado en contrato. La nueva ley, sin embargo, fija esta penalización en tres veces el interés legal del dinero.
Con cifras se entiende mejor. Pongamos el caso de un hipotecado con euríbor —el  90% de los préstamos variables en España— y un diferencial del 1% sobre ese índice. Es un caso muy habitual. Si fallase en el pago de sus letras, el Supremo limitaría el precio por no cumplir su compromiso al 2,8% de interés sobre el capital pendiente de devolver; es decir dos puntos por encima del 0,8% resultante de sumar diferencial y euríbor actual (-0,19%).
Con la nueva ley, en cambio, ese interés se elevaría al 9% al multiplicar por tres el tipo legal del dinero (ahora, en el 3%). Es decir, el cliente vería triplicarse el coste de su impuntualidad como pagador. "Ese interés no superaría el filtro de abusividad por ninguno de nuestros tribunales de justicia", aseguran desde Adicae.

La nueva ley hipotecaria, de este modo, haría caso omiso a los pronunciamientos del Supremo en varias sentencias y empeoraría la ley actual. La norma hipotecaria que ahora se quiere mejorar, en su art. 114, habla de que el interés de demora "no podrá ser superior" a tres veces el tipo legal. Es decir, es un máximo. Con la nueva ley que propone Guindos, se establece este límite máximo como el aplicable en todos los casos de impago.
"Llama la atención que un proyecto que busca defender a los clientes hipotecarios, acabe empeorando las condiciones actuales de sus contratos", asegura el experto hipotecario y registrador de la propiedad Carlos Ballugera. Todo un palo para muchos propietarios de vivienda que siguen sufriendo un mercado laboral con más de tres millones de parados de los que, aproximadamente la mitad, son de larga duración.
Ballugera, además, calcula que la aprobación de este artículo "regalaría al sector financiero 1.840 millones de euros anuales de los consumidores", por lo que acusa al Gobierno de "arreglar" la situación que se le había planteado a la banca desde que el Supremo dictó su doctrina en 2015. Los clientes, según este experto, pagan ahora unos 1.407 millones de euros [por intereses de mora] y ahora van a abonar 3.247 millones con la nueva norma.
"Esta ley es un claro retroceso y empeoramiento de la posición del consumidor frente al prestamista respecto a la situación actual, ya de por sí desequilibrada", creen desde Adicae sobre una directiva comunitaria que se diseñó lo suficientemente abierta como para que cada país introdujesen sus problemas específicos y que sin embargo, dice la asociación, "no resuelve casi ninguno de los que se plantean a los hipotecados españoles".
El ministerio de Economía opina de otro modo. Asegura que la nueva Ley de Crédito Inmobiliario —que fue aprobada en Consejo de Ministros el 3 de noviembre— "reduce comisiones y refuerza la transparencia de los créditos inmobiliarios" con el objetivo de conseguir "créditos más equitativos y que aseguren un elevado nivel de protección a las personas que obtienen financiación".
"No esperamos que tenga problemas para superar las enmiendas a la totalidad", expresa la asociación de usuarios Adicae sobre esta ley que traspone una directiva comunitaria de 2014. Debía haberse aprobado en todos los Estados antes de marzo de 2016, pero en España se ha retrasado —en parte por haber tenido una investidura fallida y un Gobierno en funciones durante más de un año— y ha provocado que Bruselas haya abierto un procedimiento de infracción. De ahí que el Ejecutivo tenga prisa en aprobar la norma y evitar la multa.
El Gobierno cuenta en principio con el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias para rechazar la enmieda a la totalidad que va a defender Unidos Podemos y empujar la norma para que prosiga su camino legislativo. La ola de modificaciones llegaría después, cuando los partidos introduzcan enmiendas parciales. Y una de ellas será modificar ese polémico artículo 23 que triplicará el coste de una demora en el pago.

¿Qué cambios traerá la nueva Ley hipotecaria?

1. Más plazos de impago antes de ejecutar una hipoteca. El vencimiento anticipado es la ejecución de un préstamo hipotecario por un banco debido a una mora. Hasta ahora eran tres las letras impagadas las que activaban la acción del banco. La ley, ahora, amplía ese plazo a nueve meses en la primera mitad del crédito (o el 2% de impago del total del préstamo) y a 12 meses a partir de entonces (o el 4% del capital). Unas cifras que Adicae exige ampliar al 8% y 10%, respectivamente —porcentajes parecidos a los que existen en Alemania o Francia— y siempre que "las cuotas no satisfechas sean de la suficiente gravedad en relación con la cuantía del préstamo, que hagan suponer que no podría atenderlo con regularidad".

2. Se incentiva pasar la hipoteca a un tipo fijo reduciendo de comisiones. La nueva ley abarata cambiar a otro interés o reembolso anticipado. Las comisiones por convertir  una hipoteca variable a otra de tipo fijo se suprimen a partir del tercer año (para todos los créditos vivos) y las cobradas por cancelación anticipada de las hipotecas variables se eliminan a partir de los cinco años o del tercero, en función de lo que se hubiera pactado (pero solo para las firmadas después de aprobar la ley). En el primer caso (cinco años), el límite será del 0,25% del capital desembolsado anticipadamente. En el segundo (tres años) será del 0,50%. En el caso de los préstamos a tipo fijo, los porcentajes máximos serán del 4% de la cantidad anticipada en los diez primeros años y del 3% si es después. En la actualidad no existe límite legal alguno para los préstamos a tipo fijo.

3. Adhesión a contratos tipo e información previa gratuita. La ley permitirá al usuario adherirse a un contrato básico con cláusulas fundamentales. La entidad deberá remitir en siete días ese contrato al cliente con esos datos básicos —entre ellos las cláusulas como las 'suelo' o los gastos de gestión— y dibujarle una estimación a futuro de sus letras en función de la evolución de los tipos de interés. En ese plazo, el cliente debe acudir al notario de su elección para solventar dudas, refrendar que conoce lo que firma... y no pagará nada por este trámite.

4. Los agentes no podrán cobrar pluses por vender más hipotecas. Los prestamistas deberán contar con conocimientos suficientes sobre el crédito hipotecario que conceden, deberán analizar la solvencia de los consumidores y se prohibirá al banco ofrecer incentivos a sus trabajadores para que vendan muchos contratos hipotecarios.

5. No se obligará a contratar otros productos. Por otra parte, se prohíbe ofrecer la venta vinculada de productos con las hipotecas, como en el caso de seguros del hogar, salvo excepciones autorizadas por el Banco de España o si se prueba que benefician al consumidor. Es decir, no están permitidas las operaciones en las que solamente es posible contratar el préstamo hipotecario si se hace conjuntamente con una serie de productos. 
Sí están permitidas las ventas combinadas,  en las que el consumidor tiene la opción de contratar por separado el préstamo o con un conjunto de productos. En este caso, la entidad está obligada a presentar dos presupuestos, uno que incluya los productos que se comercializan con la hipoteca y otro sin ellos.

Competencia multa con 15,5 millones de euros al Banco Sabadell

MADRID.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado hoy la sanción a las cuatro entidades financieras más importantes de España "por concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes", en este caso, empresas, pese a que "especificaban que se contratarían en "condiciones de mercado", según un comunicado oficial. Las empresas que los contrataban desconocían este pacto de Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, las cuatro entidades multadas.

Las empresas suelen contratar estos productos financieros, llamados derivados, para usarlos como "instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés asociado a créditos sindicados para la financiación de proyectos". Según la CNMC, "la investigación ha puesto de manifiesto que las entidades de crédito se ponían de acuerdo antes de realizar la oferta al cliente para fijar unas condiciones alejadas de las que se habían comprometido a proporcionar, dando a la vez la imagen de que cada una estaba consultando las condiciones de mercado".
Se trata de "una infracción muy grave" descubierta "a raíz de una denuncia presentada por una empresa dedicada a la promoción, construcción y explotación de parques e infraestructuras eólicas".
La CNMC investigó el caso de otras 22 empresas, correspondiente a 43 operaciones de derivados asociados a créditos sindicados contratados entre 2006 y 2016 para la financiación de proyectos (project finance) y la conclusión fue este pacto anticompetitivo.
En consecuencia, "la CNMC conmina a las empresas para que en el futuro se abstengan de realizar conductas como la acreditada y les impone las siguientes sanciones: Caixabank: 31,8 millones de euros, Banco Santander: 23,9 millones de euros, BBVA: 19,8 millones de euros y Banco Sabadell: 15,5 millones de euros".
La CNMC, que preside José María Marín, recuerda que "contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde su notificación".

El logístico australiano es el primer buque con modelo 3D de 'Navantia'


FERROL.-Navantia está inmersa desde varios frentes en la carrera por transformar sus procesos e instalaciones para convertirse en un astillero con tecnologías de futuro. La construcción del primer buque de aprovisionamiento en combate para la Marina de Australia es una de las mejores expresiones de esa apuesta, ya que es el primer barco realizado con un modelo en 3D, cuya ingeniería de construcción se está desarrollando con esta aplicación. Precisamente de ese sistema emana toda la información para la construcción de los bloques en los que se divide el buque, que se están construyendo tanto en el astillero ferrolano como en el de Fene, publica hoy La Voz de Galicia.

Según la información que maneja Navantia, ya se ha generado la información de construcción para 26 secciones de un total de 52, aunque en producción se encuentran actualmente 23. La empresa pública que preside Esteban García Vilasánchez subraya que «el nuevo sistema de información integra el modelo 3D del barco con todos los procesos posteriores de configuración, aprovisionamientos, producción y calidad, poniendo al astillero en una posición óptima en la carrera hacia el Astillero 4.0».
Después del cortado de las primeras chapas de acero para la ejecución del programa, el siguiente gran hito de este contrato fue la puesta de quilla en la grada, ceremonia que se celebró en noviembre del pasado año. Actualmente, los trabajos que se están realizando principalmente tienen lugar en los talleres de elaborado y prefabricado de bloques, dos de los cuales ya han entrado en las cabinas de pintado.
Mientras, en la grada continúa la sección de quilla y está previsto que a partir del próximo marzo continúe el montaje en este espacio del resto de los módulos.
Por otro lado, el contrato también está generando ocupación para la fábrica de Turbinas, ubicada en el astillero ferrolano, en donde se están fabricando las cajas reductoras para los dos barcos. Para el mes de abril están fijadas las pruebas para estos equipos.
Aunque se había anunciado que la ejecución del segundo buque arrancaría en torno a marzo, Navantia sitúa ahora este hito «en los próximos meses».
El primero de los buques -basados en el Cantabria de la Armada española- tendrá que ser entregado a la Marina de las antípodas el próximo año, mientras que un ejercicio después la empresa española tendrá que salvar ese trámite con el segundo.
Se trata del tercer y el cuarto buques cuya construcción Australia confió a los astilleros de la ría ferrolana, tras los megabuques Canberra y Adelaida, que ya operan en la Armada de aquel país.
La construcción del primer buque de aprovisionamiento en combate para la Armada de Australia está generando, según las cifras que maneja Navantia, empleo directo para alrededor de 800 trabajadores, tanto en el astillero ferrolano como en el de Fene. No obstante, subraya que en ese cómputo no incluye el volumen de operarios que está haciendo frente al trabajo que se está haciendo en las instalaciones de los subcontratistas de la zona. En este sentido, apunta como ejemplo las escalas, las plataformas, las puertas estructurales, las escotillas, los módulos de acomodación y los equipos, entre otros. Se prevé que con los dos buques se alcance un pico máximo de 2.000 empleos.
Xaquín García, miembro de la denominada corriente Gañemos CC.OO., ha denunciado que la empresa no ha abonado las asimilaciones -ascensos profesionales- a aquellos trabajadores que cambiaron de categoría a unas superior en enero. 
Critica también que SEPI y Navantia hayan congelado las negociaciones del plan industrial. La coordinadora de los comités de empresa abordará el asunto de las asimilaciones hoy con la dirección en Madrid.

El 'procés' ya amenaza a Aragón y a la Comunidad Valenciana


MADRID.- El proceso independentista de la Generalitat, cuyo impacto negativo sobre Cataluña parece ya inevitable, amenaza con suponer un lastre también para las CCAA que mayor relación económica tienen con la región catalana: Aragón y la Comunidad Valenciana, según publica hoy El Mundo.

Así lo advierte BBVA Research, que esta semana ha rebajado las previsiones de crecimiento para Cataluña en 2018 y 2019. Esta situación, explica a este periódico Miguel Cardoso, economista jefe del equipo de estudios de la entidad, «supone que la Comunidad Valenciana y Aragón se pueden ver potencialmente afectadas a través de las relaciones comerciales existentes o la compra-venta de vivienda, por ejemplo».
Cardoso apunta que todavía no se han apreciado evidencias de este impacto negativo, lo que supone que ambas regiones han resistido a las turbulencias que el procés ya ha generado. Pero si las previsiones que BBVA Research ha realizado para este y el próximo año se materializan, parece complicado que las comunidades más cercadas a Cataluña no se vean lastradas en un futuro cercano: para este año, la entidad ha rebajado la previsión de crecimiento de la economía catalana hasta el 2,1%, lo que supone una reducción de siete décimas; y para el que viene la estimación es del 2%, que representa tres décimas menos.
Este empeoramiento de las perspectivas se debe a que la crisis política tiene efectos negativos «persistentes» sobre el turismo. De hecho, las caídas registradas en este ámbito en Cataluña empañaron un cierre de año histórico para el sector en el conjunto de España, en el que la cifra total de turistas superó por primera vez los 80 millones.
Pero es que además, explican los economistas del grupo, «algunos indicadores relacionados con la inversión muestran también un menor dinamismo en la parte final del año», y a ello se le debe sumar que «la falta de Presupuestos Generales de la Generalitat [y la prórroga del Estado] en 2018 condicionan la capacidad del sector público para impulsar la economía a corto plazo, en lo que puede ser un efecto diferencial respecto a otras comunidades donde ya hay presupuesto».
Todo esto también se dejará notar sobre la creación de empleo, ya que según los cálculos de BBVA Research Cataluña tendrá, durante el presente y el próximo ejercicio, «35.000 ocupados menos de los que se habrían creado en un escenario sin incertidumbre».

Cataluña: un riesgo importante

De esta manera, queda patente que la crisis política y la ausencia de avances hacia una normalización en el Govern siguen siendo factores muy negativos. Y eso mismo es lo que señala Goldman Sachs, que este lunes publicó un informe en el que no duda en advertir de que «la situación política en Cataluña sigue siendo un riesgo importante para la recuperación de España».
En el documento, la firma analiza la situación de la banca española, y reconoce que las proyecciones para el conjunto del sector son mejores que antes de la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre ya que «la amenaza» independentista se ha reducido. Por ello, este gigante de la inversión eleva sus recomendaciones para las entidades bancarias españolas pero no da, ni mucho menos, por superada la crisis política y económica desatada por la Generalitat de Cataluña.

Piden 10 años de prisión para la ex alcaldesa Sonia Castedo (PP) por amañar el Plan General de Alicante


ALICANTE.- Sonia Castedo y su mentor, Luis Díaz Alperi, ambos ex alcaldes, amañaron el urbanismo de Alicante a favor del empresario Enrique Ortiz, financiador confeso del PP valenciano, a cambio de regalos y favores.

Así lo concluye la acusación popular del caso Brugal ejercida por Esquerra Unida (EU) cuyo abogado, José Luis Romero, pide para ambos diez años de prisión y 16 de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público. El letrado los considera responsables de un delito continuado de revelación de información privilegiada, otro de cohecho y un último de tráfico de influencias. Para Ortiz solicita trece años de cárcel por aprovecharse de la información privilegiada y por un delito continuado de cohecho y otro de tráfico de influencias.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Mundo, supone un acercamiento definitivo al banquillo para la exalcaldesa de Alicante, su predecesor y el empresario de cabecera de ambos tras un año de zancadillas por parte de los imputados al auto de procesamiento que firmó el magistrado que ha instruido el asunto, Manrique Tejada, el 10 de enero de 2017. 
Según la calificación -muy severa tanto en petición de penas como en la cronología del supuesto apaño del PGOU de Alicante - Enrique Ortiz estuvo al tanto en todo momento de la redacción del mapa urbanístico y cada paso que se daba contaba con su aprobación. Nada se hacía sin su consentimiento, se le consultaba todo y conocía "de antemano" cada detalle. Ortiz proponía y Castedo disponía.
A Alperi, resalta EU, incluso llegó a entregarle suculentas cantidades de dinero en metálico. El escrito presenta a unos políticos totalmente sometidos al empresario que no dudaron en quebrar el interés general en beneficio del suyo propio a cambio de viajes en aviones privados, pisos para sus hijos y vacaciones pagadas en Andorra o Ibiza.
Tras EU, la Fiscalía Anticorrupción será la próxima en presentar su escrito de acusación; un documento que irá en la misma línea que el de Romero. Ortiz, expone la acusación popular, era una figura relevante a la que había que contentar. No en vano, "llegó a ser el empresario más influyente de la Comunidad". EU le reconoce cierto "virtuosismo".
"El modus operandi de dicho acusado, similar al de todas las tramas de corrupción destapadas en España en los últimos años, pero en el presente caso con una eficacia que roza el virtuosismo, consistía en acercarse a los centros de poder del Partido Popular y, a cambio de propiciar a cada uno de los actores políticos favores personales, o a la organización política a la que pertenecían, obtenía toda suerte de decisiones favorables a sus intereses económicos, siempre relacionadas con el ámbito competencial de las autoridades y servidores públicos de las Administraciones Públicas".
Se da la circunstancia de que "cuando financiaba al PP autonómico, se redactaba la revisión del PGOU alicantino".
Para respaldar tal afirmación, EU recoge una conversación telefónica intervenida por la Policía donde se produce una citación para cenar en Andorra Ortiz, Castedo y el exsecretario del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa (quién acaba de confesar que el PP de Camps se financiaba ilegalmente en el juicio de Gürtel celebrado en Madrid).
Ese encuentro, indica, se produjo en la Navidad de 2008, en pleno periodo de alegaciones del PGOU de Alicante expuesto al público. Ortiz, prosigue el letrado José Luis Romero, no dudó en agasajar a Alperi y éste se dejó. "Lo hacía constantemente con toda suerte de atenciones, pero sobre todo con aportaciones económicas".
Así, según EU y constante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía, Ortiz contrató a personas a solicitud Díaz Alperi y Sonia Castedo; pagó el avión privado utilizado para un viaje a Creta del exalcalde de Alicante y su acompañante, la exedil Sonia Alegría; le entregó dinero metálico para el pago de las viviendas de sus hijas y le dio dinero a su hijo para constituir una empresa.
Entre las contraprestaciones que realizó el empresario a Castedo destaca una cazadora de la marca Carolina Herrera en la Navidad de 2008, viajes pagados a toda la familia en el invierno de 2008 y 2009 a Andorra, viajes a Ibiza en verano en el yate Elena (propiedad de Ortiz), la contratación del despacho de abogados de su hermano José Luis Castedo y el regalo de un coche de la marca Mini a la niñera de su hija
Ortiz conocía de antemano el Plan General e incluso le llegaron a entregar los planos. "Consta que los acusados Díaz Alperi y Sonia Castedo entregaron planos de la revisión del PGOU a Ortiz, anteriormente a la exposición pública, y las dos aprobaciones provisionales, del PGOU".
"Previamente a la exposición pública, incluso antes de la presentación del primer documento del PGOU en revisión en el Ayuntamiento, se produjo la citada reunión en la Gerencia de Urbanismo de Alicante, documentada en autos, entre los acusados Sonia Castedo, Enrique Ortiz y Jesús Quesada (arquitecto del PGOU) , en fecha 15 de mayo de 2008.
A dicha reunión le sigue una conversación telefónica, obrante en autos, entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz en la que la primera le dice al empresario "te hemos apañado lo que hay entre el APA 9 y Lomas del Garbinet", aludiendo al sector "Las Lomas".
En dicho sector ostenta intereses el acusado Enrique Ortiz, a través de la mercantil INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS SL, después integrada en "DEPRONIMED SL", de manera que dicha clasificación de suelo se determina para servir a los intereses de dicho acusado. Además, el constructor tenía intereses en algunos sectores afectados".
El escrito de acusación de EU también se detiene en la fallida llegada de Ikea a Alicante que tanto beneficios económicos iba a reportar al empresario si se hubiera consolidado. Lo acordado, por mor de la influencia ejercida por el señor Ortiz Selfa, fue que el Plan General en revisión recogería lo relativo a la ubicación Centro Cívico en el sector a la medida de lo pactado entre Ortiz e IKEA".
Además, resalta que el hermano de Sonia Castedo y su socio Javier Guitiérrez, también imputado en la causa, trazaron una estrategia a seguir para adecuar el plan a los intereses de Ortiz. Para ellos, EU pide 8 años de cárcel.
El Ayuntamiento pide 4 años de cárcel para Castedo y Alperi Al mismo tiempo que EU. El Ayuntamiento de Alicante, que ejerce la acusación particular, presentó su escrito de acusación. En él solicita cuatro años de cárcel para Castedo y Alperi por un delito continuado de cohecho, nueve meses más por el de tráfico de influencias y una multa de 9.000 euros por el de revelación de información privilegiada.
Para Ortiz solicita cinco años de prisión y además le reclama 63 millones de euros basándose en el informe municipal que aseguraba que con la aprobación del PGOU los suelos en los que tenía intereses se iban a a revalorizar en un 500%. 
En la misma línea que el abogado de EU José Luis Romero, el letrado del Consistorio alicantino señala a Ortiz como el empresario que "influía" en la voluntad de las "autoridades públicas". Y añade: "Todo ello prevaliéndose de su especial relación personal con Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi".
Además, el abogado solicita que los dos ex políticos paguen las multas por los regalos que presuntamente recibieron para amañar el PGOU de la ciudad. Así, solicita 679.000 euros en el caso de Alperi y 389.000 en el de Castedo. Tras presentar sus conclusiones provisionales pide la apertura del juicio oral.