MADRID.- Las comunidades que más incrementaron su
endeudamiento en 2008 fueron País Vasco (63% de aumento), la Rioja
(52,2%) y las Islas Baleares (46,1%). En 2009, fueron de nuevo el País
Vasco (323%), Castilla y León (88,7%), Castilla-La Mancha (81%) y Murcia
(80%).
Asimismo, ninguna Comunidad Autónoma cumplió el objetivo de
estabilidad presupuestaria marcado para los ejercicios 2008 y 2009 y
varias de ellas tuvieron que realizar planes de ajuste porque su déficit
superaba el 0,75 por ciento del PIB regional. Además, en aquellos años
mantuvieron un sector empresarial autonómico grande y deficitario, lo
que obligó a los gobiernos regionales a conceder subvenciones y ayudas
públicas a estas sociedades.
Así se recoge en el informe autonómico elaborado por el Tribunal
de Cuentas sobre esos dos ejercicios, años en los que la situación de
las autonomías ya era deficitaria y obligó a varias de ellas a planes de
reequilibrio, una situación similar a la actual.
El déficit conjunto de las CCAA y ciudades autónomas en 2008 fue
del 1,49% del PIB, cuando debieron registrar un superávit del 0,25.
Ninguna de ellas, individualmente, cumplió el objetivo. Tampoco lo
hicieron en 2009, cuando registraron unos números rojos equivalentes al
1,92% del PIB en lugar de alcanzar el equilibrio presupuestario, que era
el objetivo marcado. Y como en el año anterior, ninguna autonomía
cumplió.
La situación obligó a muchos gobiernos regionales a realizar
planes de reequilibrio, como a los que ahora obliga la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, con la novedad de que se incluyen medidas
coercitivas para quien los incumpla; en 2008, tuvieron que elaborar
estos planes el País Vasco, Cataluña Cantabria, La Rioja, Comunidad
Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y las Islas
Baleares; y en 2009, todas las autonomías salvo Galicia, Madrid y La
Rioja.
El saldo del endeudamiento de estas administraciones pasó de
45.472 millones el 1 de enero de 2008, a 70.581 millones el 31 de
diciembre de 2009, es decir, incrementos del 16% y del 33,8% en ambos
ejercicios, respectivamente.
El informe del Tribunal de Cuentas pone en evidencia muchas
carencias en la forma de presupuestar de las autonomías, que es
"deficiente" dado el "elevado volumen" de modificaciones que realizan
después, una vez aprobadas las cuentas. Y los presupuestos por
programas, añade entre otras muchas deficiencias, "no especifican
suficientemente los indicadores que permitan el seguimiento de los
objetivos programados".
Entre los capítulos que analiza el tribunal se encuentra el del
gasto sanitario, que en ambos ejercicios "era superior al reflejado en
las obligaciones reconocidas". Debe tenerse presente, se explica en el
informe, que la mayoría de las comunidades contaba con obligaciones
pendientes de ejercicios anteriores, que ascendían en conjunto a 6.090
millones de euros en 2008 y a 5.368 millones en 2009.
En el ranking de comunidades con más obligaciones pendientes se
encuentran la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León en 2008, y
Cantabria, Castilla y León, las Islas Baleares y Comunidad Valenciana
en 2009.
Por esta razón, el gasto sanitario real representó en ambos
ejercicios el 38% de las obligaciones de pago reconocidas en los
presupuestos autonómicos, aunque la cifra subió en 2008 en la Comunidad
Valenciana (50%), Cataluña (45%) y Madrid (43%) y en 2009, en Comunidad
Valenciana (47%), Murcia (45%), Madrid (44%) y Cataluña (43%).
En su informe de 2008 y 2009, el Tribunal de Cuentas asegura que
el sector empresarial autonómico seguía siendo deficitario, con pérdidas
que en conjunto alcanzaron los 3.835 y 3.887 millones de euros en cada
ejercicio. Por ello, los gobiernos regionales recurrieron frecuentemente
a las subvenciones y las ayudas públicas, así como al afianzamiento
financiero de las sociedades participadas.
El endeudamiento financiero de las empresas públicas autonómicas
ascendía en 2009 a 19.080 millones de euros, sin contar los datos de
Madrid y País Vasco, que no fueron facilitados al Tribunal. El
incremento anual medio fue del 19%.
El Tribunal repasa también en su informe la situación de las
fundaciones públicas, "que adolecen de un marco jurídico" completo" y
que también en ambos ejercicios eran en conjunto deficitarias; así como
los consorcios administrativos.
Su conclusión es que el número de entes públicos era en esos años
"notable" y había seguido creciendo, lo que recomendaba "una mayor
exigencia tanto para justificar la creación de nuevas entidades como
para garantizar eficacia, eficiencia y transparencia".
El informe del Tribunal de Cuentas sobre esos años se ha conocido
ahora, pero la amplitud del sector público autonómico fue objeto de
revisión ya en 2010. En ese año, Gobierno central y CCAA acordaron un
plan de reducción
