Los bancos pequeños en apuros tendrán que quebrar para que salgan el resto adelante

BRUSELAS.- La Unión Europea pedirá a España como condición para recibir el rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros pactado el pasado fin de semana que cierre las entidades problemáticas cuya quiebra no desestabilice la economía.

   "No tenemos por qué salvar a todos los bancos si no es estrictamente necesario", ha asegurado un alto funcionario europeo. "Hay casos en que habrá que liquidar entidades", ha agregado.

   Ningún banco con problemas recibirá ayuda hasta que no presente un plan de reestructuración que garantice su viabilidad futura sin subvenciones y limite las distorsiones de competencia.

   Además, las entidades que pidan fondos públicos deberán abonar un interés de al menos el 8,5% (frente a entre el 3% y el 4% que pagará España por la ayuda europea). El objetivo de este tipo "casi prohibitivo" es empujar a los bancos a intentar al máximo lograr la recapitalización a través de mecanismos de mercado, con la venta de activos o fusiones.

   "Si alguna entidad por los mecanismos de mercado no llega a cubrir esas necesidades y se considera que su liquidación podría tener un impacto sistémico en la economía española ahí habría intervención pública, con condiciones muy estrictas", han explicado las fuentes consultadas.

   La UE quiere "evitar al máximo que se utilice dinero público", de modo que "si hay entidades que deben quebrar, quebrarán".

   Bruselas cree que pude haber actores en el mercado, tanto nacionales como internacionales, interesados en adquirir activos en el mercado bancario español. Aunque en estos momentos ninguna operación puede considerarse libre de riesgo, "hay inversiones que pueden ser prometedoras" porque la crisis terminará y el sistema financiero español resulta "interesante" por su proyección en otras regiones del mundo como América Latina.

   "Puede interesar a los inversores que quieran apostar a largo plazo", señalan las fuentes.

Almunia, de acuerdo

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de  Competencia, Joaquín Almunia, ha apostado también por una liquidación ordenada de entidades financieras no viables y ha considerado que es una opción normal que ya ha sido adoptada por diferentes países europeos.
   El vicepresidente de la CE ha señalado que es "lógico" que se opte por una liquidación ordenada cuando el coste de reestructurarla y vender sus activos es superior. "Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza" ante este tipo de medidas, ha recalcado.
   "Cuando el coste de reestructurar y de poner en un lugar más seguro a una entidad es superior al coste de liquidar esa entidad de manera ordenada y de vender sus activos, de distribuirlos entre otras partes del sector financiero, pues es lógico que en nombre de los contribuyentes, en nombre de quienes pagan el rescate, se prefiera una liquidación ordenada a no mantener a costa del dinero público una entidad que no alcanza los niveles de viabilidad mínimos", ha concretado.

El TSJ no admite el recurso de súplica contra la orden de ingreso en prisión del exalcalde de Totana

MURCIA.-   La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha desestimado el recurso de súplica que presentó el abogado José María Caballero contra la orden de ingreso en prisión del exalcalde de Totana y exdiputado, Juan Morales, ordenada el pasado 30 de mayo por la Sala.

   Entiende la Sala, según se desprende del auto dictado este martes, que no existe tal vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la no indefensión, y el derecho a la libertad, como defiende el letrado Caballero.

   Apunta, en este sentido, que "no existe concreción alguna de cómo se ha producido la imaginaria falta de tutela efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la no indefensión, así como el derecho a la libertad en relación con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

   Juan Morales, en opinión de los magistrados Juan Martínez Moya --como presidente-- y Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, "ha disfrutado en el proceso seguido contra él de la defensa contradictoria, como de la audiencia bilateral, de la motivación de las resoluciones judicial e incluso logró, a petición suya, la nulidad de las escuchas telefónicas por violación del juez natural predeterminado por la ley".

   Considera que ha tenido un proceso "supergarantista" más que un proceso "raquítico y esquemático guiado únicamente por la rapidez inusitada que pudiera cercenar o laminar algún derecho de los que estaban siendo sometidos a enjuiciamiento".

   En lo que respecta a la presumible indefensión que alega el abogado defensor, la Sala advierte que "nada de ello ocurre en el presente supuesto, pues no se encuentra en situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él con abogado desde la primera declaración como imputado y durante todo el curso del procedimiento, tanto en la fase declarativa como en la ejecutoria".

   Por ello, la Sala expresa su sorpresa por esta alegación, más aún cuando la sentencia "es firme y en ella el Tribunal ya le impuso la pena de prisión de dos años a Morales".

   Y es que, continúa el auto, la ejecución de las sentencias en sus propios términos "forma parte del derecho fundamental a la tutela efectiva de los jueces y tribunales, ya que en caso contrario, las decisiones judiciales no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna".

   De esta forma, tacha de "erróneas" las afirmaciones vertidas en el escrito de recurso, por "no ajustarse a la realidad ni a la verdad de los hechos ocurridos en el supuesto enjuiciado".

   Lo que sucede, recuerda, es que Morales "utilizando el cargo público en beneficio propio, centralizó todas las actuaciones urbanísticas del municipio de Totana, quedando la tramitación de los convenios urbanísticos supeditada al interés particular del mismo y su firma en los instrumentos urbanísticos iba dirigida y condicionada a la percepción de comisiones y participación en las plusvalías urbanísticas de los terrenos".

   En concreto, cifra en 15,4 millones de euros la cantidad de dinero con la que pretendía enriquecerse. A esto hay que unir el hecho de que se trataba de un alcalde en el ejercicio de sus funciones, "con una premeditación y un plan preconcebido, viéndose inmerso en la comisión de delito continuado de cohecho y malversación, vulnerando bienes jurídicos protegidos que son los que cumplen la función social relevante al constituir un atentado contra el Estado de Derecho".

   Se suma a esta cuestión la preocupación, desde todos los ámbitos de la sociedad, según la Sala, "que la corrupción en Europa frena la estabilidad económica", haciendo referencia a un comunicado que emitió el pasado día 6 la Organización Transparency Internacional, sostenida por la Comisión Europea, en el que "ve que se está gestando una unión entre dinero, política y poder, necesitando Europa una mayor transparencia para resolver la crisis".

   En este informe se cita el caso explícito de España que, junto a Grecia, Italia y Portugal, "al advertir que esas disfunciones ponen en peligro la estabilidad económica, anunciando enormes déficits públicos que son prueba de ineficacia y de malas prácticas de corrupción".

   Concluye la Sala en sus Fundamentos de Derecho justificando que este recurso debe ser desestimado porque el auto que dictó de ingreso en prisión de Morales "es ajustado a Derecho".

Arias Cañete quiere recuperar el "espíritu" del Plan Hidrológico de 2001

TOLEDO.- El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha insistido en que quiere recuperar en el futuro Pacto Nacional del Agua el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, diseñado entre otros puntos para trasvasar más de mil hectómetros cúbicos anuales del Ebro a las cuencas mediterráneas que, según ha indicado, apoyaron prácticamente todas las comunidades autónomas, incluidas Cataluña y Castilla-La Mancha.

   Así, ha explicado que este Pacto Nacional del Agua "obedece a la necesidad de poner orden en las políticas de aguas" que se desarrollan en España y cumplir con las obligaciones del país en la UE.

   Igualmente, ha avanzado que será "de larga duración" y tendrá carácter "estratégico y vertebrador" para todo el territorio nacional, además de dar como resultado la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, "que contemple acuerdos y materialice sus objetivos".

   En su comparecencia, ha explicado a petición de la Izquierda Plural que la ruptura de ese consenso y la modificación del Plan Hidrológico Nacional dieron paso a un nuevo periodo donde se pasó de acusar al anterior Gobierno de realizar "obras faraónicas para trasvasar agua", a planificar e iniciar, que no finalizar, "obras faraónicas para desalar agua".

   Con ello, ha indicado que el programa de desaladoras ha dado los siguientes resultados: de las 51 instalaciones programadas, tan sólo 17 están en explotación, y 15 todavía en trámite de construcción. Igualmente ha señalado que se ha realizado una inversión de 1.664 millones de euros y faltan otros 762 millones para poner en funcionamiento aquellas todavía en ejecución.

   "Hay instalaciones produciendo a la mitad de su capacidad por falta de demanda y algunas no llegan ni al tercio de su capacidad instalada. Y todo con precios de producción difícilmente asumibles para el abastecimiento humano e inasumibles para el regadío y la agricultura", ha agregado.

   En este sentido, Arias Cañete ha recordado que en España no se depuran todas las aguas y se debe dar cumplimiento a lo que establece la directiva europea del Consejo sobre aguas residuales. De hecho, ha señalado que cinco años después de poner en marcha el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración 2007-2015, con una inversión prometida de 6.233 millones de euros, la Comisión Europea ha iniciado dos procedimientos sancionadores y un requerimiento contra España.

   Sobre la planificación hidrológica, el ministro ha resumido que se debería haber concluido en diciembre de 2009 y que para España se han definido 25 demarcaciones: 16 intracomunitarias, cuya planificación es competencia de las comunidades autónomas, y nueve intercomunitarias, en que la responsabilidad planificadora es del Ministerio.

   En total 25 planes, de los cuales, hasta la fecha, sólo se ha culminado uno de cuencas intracomunitarias, el de Cataluña. Por este motivo, dice que la Comisión Europea también ha abierto un procedimiento de infracción a España.

   "La situación descrita obliga a la realización de una profunda reflexión y un planteamiento de medidas más adecuadas. Se debe abordar este nuevo periodo desde otra perspectiva y sin aplicación de criterios partidistas, solucionando los problemas generados, cumpliendo con nuestras obligaciones con la UE, pero sobre todo, planteando soluciones racionales que duren en el tiempo", ha añadido.

   Con ello, ha indicado que este "importante reto" ha comenzado con la definición de una nueva estructura de gestión y decisión, con una mayor coordinación entre la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas, para agilizar los procedimientos y finalizar los planes hidrológicos "lo antes posible".

   De hecho, ha puntualizado que el avance "más significativo" en este proceso ha sido la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón y el inicio del periodo de información y participación pública del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

   "El Gobierno trabajará para lograr que, a lo largo del año 2012, el Consejo Nacional del Agua pueda aprobar los planes de las demarcaciones de Galicia - Costa, Tinto - Odiel - Piedras, Guadalete - Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Miño - Sil y Baleares, los cuales serán posteriormente aprobados por el Consejo de Ministros", ha finalizado.

   En cuanto al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Arias Cañete ha manifestado que España no se opone, ni romperá el consenso europeo, a que se transforme en el organismo especializado de la ONU para el Medio Ambiente.

   Así, ha explicado a petición del PSOE la consideración que aporta el Ejecutivo a dicho programa y de que España lo presida y ha destacado con ello que el Gobierno ha asumido hasta febrero de 2013 la presidencia de dicho programa.

   Igualmente, el ministro ha explicado cómo en la última de sus reuniones, el foro se centró en el tema general de 'La agenda ambiental en un mundo de transformación: de Estocolmo a Río', y el debate se articuló en torno a tres áreas, las perspectivas del medio ambiente mundial, la economía verde y el marco institucional para el desarrollo sostenible.

   Desde la oposición, Leire Pajín, del PSOE, ha criticado que el Gobierno haya diseñado una hoja de ruta contraria a lo que pide la comunidad internacional y dice que no se puede ir a la futura cumbre de Rio +20 y prometer una hoja de ruta sostenible y después en el país "hacer lo contrario". En este sentido, cree conveniente que el ministro convoque y escuche a los portavoces parlamentarios para consensuar la postura española en dicha reunión internacional.

   En materia de agua, ha preguntado a Arias Cañete si los grupos parlamentarios van a tener la posibilidad de participar en el acuerdo y sobre qué premisas se va a sustentar dicho consenso. "Usted ha hablado de proyecto faraónicos y de desaladoras que van a tener que poner en marcha de forma muy clara", le ha advertido.

   Desde ICV, Laia Ortiz le ha recordado que el plan hidrológico de 2001 generó conflictos territoriales. "Me preocupa si el referente es volver a ese escenario de amenaza de trasvases. Lo que nos preocupa es la salud de nuestros ríos y ese plan hidrológico es lo que menos tenía en cuenta", ha agregado. Igualmente, ha avisado que, hasta ahora, lo propuesto por el Gobierno va en contra de la directiva marco de agua. "La alarma que fija este plan hidrológico y vuelve la pesadilla del trasvase y seguro que no es el mejor contexto para el trasvase", agrega.

Todas las Cajas de Ahorro que operen en Murcia tendrán que destinar un porcentaje a su Obra Social

CARTAGENA.- La Asamblea Regional de Murcia ha decidido modificar de la Ley 371998 de Cajas de Ahorro de la Región de Murcia, una propuesta formulada por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, que determina, entre otras cuestiones, que todas las Cajas de Ahorros que operen en la Región de Murcia tengan que destinar un porcentaje a Obra Social.

   En este sentido, el diputado del PSOE, Alfonso Navarro, ha dicho que "de esta forma se modifica la estructura de las cajas", y que esta modificación "contempla cuarenta artículos" atendiendo "a la normativa estatal", lo que supondrá "que las cajas que tengan o no su razón social en la Región de Murcia, pero que operen aquí, tengan que destinar una cantidad de depósitos a su Obra Social", aunque ha matizado que esa cantidad "no se cuantifica".

   Navarro ha indicado también que de esta forma "se profesionalizan los órganos de Gobierno", y también que "se garantiza la capitalización de las cajas a través de cuotas participativas".

   Por su parte, el diputado Popular, Fernando López Miras, ha indicado en su intervención que de esta manera "se fortalecen las Cajas de Ahorro", y que éstas tendrán ahora "capacidad de emitir cuotas participativas con derecho a voto".

   Y además, ha dicho que "ahora se menciona en la modificación la honorabilidad y prestigio reconocido de quienes accedan a los órganos de Gobierno de las Cajas".

   Se trata pues de "profesionalizar su gestión" y así las cajas serán ahora "fundaciones de carácter especial", pues "resulta necesaria la adaptación a la nueva legislación".

   También ha indicado que "se dota de más transparencia a las cajas" y que "quien vota en contra de esta modificación, vota en contra de la profesionalización de órganos de las Cajas de Ahorro".

   De igual forma, ha aludido a quienes acceden a los altos cargos de las cajas, diciendo que "ahora deberán demostrar cinco años de experiencia en alta dirección y en cargos de análoga dimensión", y que se vigilarán "las incompatibilidades del cargo y la regulación de las dietas".  

   Por contra, para el diputado del Grupo Parlamentario Mixto, José Antonio Pujante, esta modificación impulsada por los Grupos Popular y Socialista, "resta transparencia y control democrático a las Cajas de Ahorro". Renunciando con ello "al su carácter público".

   Por ello, ha continuado diciendo, "vamos a votar en contra", ya que "significa la privatización de las cajas" y que "conocemos el ejemplo de Bankia, anunciando beneficios y poco después pérdidas de 23 mil millones de euros".

   "No estamos de acuerdo con la socialización de las pérdidas", ha dicho Pujante, a lo que ha añadido que "nos parece poco democrática la forma de tramitación por lectura única de esta modificación", ya que "se trata del fin de la función social de las cajas".

Simulacro universitario en la UCAM

MURCIA.- El obispo de Callao (Perú) y nuevo doctor por la UCAM, monseñor José Luis del Palacio, encargado de impartir el discurso en representación del resto de Doctores, ha destacado que la educación de los jóvenes "es el progreso y la renovación del mundo, porque son la mayor riqueza social con la que contamos".

   Durante la celebración este miércoles, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), de la festividad de su patrón, San Antonio de Padua, se ha distinguido a aquellos profesores que han sido Doctores por la Universidad, a los Catedráticos, y a los Directores de Cátedras y Escuelas.

   En su discurso, monseñor José Luis del Palacio ha incidido en la necesidad de seguir investigando. "En este trípode en el que se apoya la Universidad Católica San Antonio, la docencia, la investigación y la evangelización, es un don de Dios, y gracias a este trípode hemos podido ser doctores. La cultura hace más hombre al hombre".

   Así, ha recalcado que las sociedades "no se transforman por las revoluciones, sino por el testimonio de los maestros".

 "La educación de los jóvenes es el progreso y la renovación del mundo, porque son la mayor riqueza social con la que contamos. Es decir, los educadores son los pilares de una nación", ha aseverado.

   Tras la celebración de la Eucaristía, presidida por el arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña, y concelebrada por el obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, y el obispo de Callao (Perú), monseñor José Luis del Palacio, ha tenido lugar el solemne Acto Académico.

   El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, ha presidido el acto acompañado por el obispo de Cartagena; el arzobispo de Zaragoza; el obispo de Callao; por la rectora de la UCAM, Josefina García Lozano; y el rector honorario, Antonio Montoro, según fuentes de la institución docente.

   Durante su homilía, el arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña, ha resaltado el hecho de que la Fundación San Antonio de Padua haya creado la Universidad Católica de Murcia, "que tiene la misma vocación que su patrono, San Antonio de Padua".

   Del mismo modo, monseñor Ureña ha dedicado parte de su Homilía al concepto de Razón. "Una universidad se mueve constantemente dentro del ámbito de la Razón. La Iglesia no tiene miedo a la Razón, siempre que se mantenga dentro de sus límites", ha asegurado el arzobispo de Zaragoza, que además ha añadido que la UCAM "tiene que ser centinela de la Razón".

   Del mismo modo, durante el acto académico también ha intervenido el obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, quien ha mostrado su felicitación a la Universidad por la celebración de su Patrón, y ha asegurado que "el recorrido histórico de la UCAM es breve, pero las posibilidades son eternas".

   El presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, ha señalado la calidad como pilar de la institución, "docencia e investigación de calidad deben de ir unidas", y ha afirmado que "si queremos ofrecer una enseñanza de calidad, tenemos que mantener una buena relación con nuestros alumnos".

   Para concluir, Mendoza ha asegurado que la Universidad "está llamada a generar sabiduría y conocimiento, a ser instrumento de bien y concordia, y estímulo y fortaleza".

Banco Mare Nostrum condenado en Barcelona y Tarragona

BARCELONA.- El Juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona ha declarado la nulidad de un contrato de permuta financiera de tipos de interés que el Banco Mare Nostrum le vendió a una pequeña empresa. La entidad financiera tendrá que devolver a su cliente 25.046 euros. El collar fue colocado tras suscribir un préstamo hipotecario. El cliente, sin estudios superiores ni conocimientos en materia financiera, es considerado minorista según la clasificación de la normativa MIFID, y así publica el último Boletín de la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros.

La sentencia afirma que el afectado mantenía una relación de confianza –no solo profesional, sino también personal- con el director de la sucursal, por lo que confío plenamente en el ofrecimiento del instrumento financiero. En el Banco le aseguraron que se trataba de un producto seguro, que le protegería frente la subida del Euribor y le podría aportar beneficios.

No quedó acreditado que el cliente fuera debidamente informado de los riesgos que asumía con la contratación del producto. Banco Mare Nostrum incumplió la Ley del Mercado de Valores al no facilitar una información conveniente a su cliente ni asesorarlo teniendo en cuenta el tipo de cliente y su experiencia, para que éste último tomara una decisión con conocimiento de causa.

Tampoco se le informó antes de la firma del contrato del coste de cancelación anticipada. Después de que el cliente registrara varias liquidaciones negativas hasta llegar al importe de 25.046 euros, y tan solo registrar como positiva una de 205 euros, se interesó por la cancelación del Collar, ya que éste solo le estaba proporcionando cuantiosas pérdidas económicas. Fue entonces cuando la entidad crediticia le comunicó que dicho coste de cancelación supondría 18.685 euros.

Y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado también al Banco Mare Nostrum, que tendrá que devolver a su cliente las cantidades resultantes del contrato. La nueva sentencia confirma lo dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Amposta.

Los magistrados fallaron en favor del afectado afirmando que existió error en el consentimiento del cliente, porque la entidad financiera le vendió un producto como si se tratara de una cobertura frente a la subida de los tipos, en un momento en el que se produjo una fuerte caída de los mismos. La sentencia hace hincapié en que el banco no cumplió su deber de información y asesoramiento, ya que no advirtió a su cliente de los riesgos que tendría que asumir si el Euribor bajaba.

De manera que los magistrados consideraron que Banco Mare Nostrum tenía información privilegiada al conocer de alguna forma el comportamiento futuro del Euribor, información que no compartió con su cliente, vendiéndole el instrumento financiero directamente.

http://asuapedefin.com/2012/06/12/banco-mare-nostrum-condenado-en-barcelona-y-tarragona/

El Congreso pide revisar los blindajes de directivos de entidades rescatadas

MADRID.- El grupo parlamentario de CiU ha pactado con PP, PSOE y PNV instar al Gobierno a que revise los blindajes de los directivos de entidades bancarias que requieran ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para evitar su materialización aunque dichas indemnizaciones ya hayan sido devengadas, caso de Banco Mare Nostrum.

   Según consta en el texto acordado por los diferentes grupos parlamentarios, se pide al Ejecutivo que revise "la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos, aunque ya hayan sido devengadas, de entidades financieras que hayan requerido de ayudas del FROB".

   Además, en lugar de pedir la anulación o declaración de invalidez de estos blindajes, como figuraba en la iniciativa original, CiU pide que se "impida la materialización" de dichos pagos, y precisa que la revisión "sólo afectará a las entidades financieras que hayan requerido ayuda al FROB", dejando fuera a las entidades sanas que se fusionen con otras problemáticas para que no se vean castigadas por este tipo de operaciones.

   Finalmente, el PNV ha introducido en el texto una enmienda propia en la que se recoge que estos principios deberán "ser tenidos en cuenta" durante la tramitación como proyecto de ley de la reforma del sector financiero aprobada el pasado mes de mayo.

Tras una tarde de gran trasiego por los pasillos del Congreso, CiU ha decidido sacar de su iniciativa la petición de anular o, al menos, limitar las pensiones e indemnizaciones de los directivos de cajas de ahorro que reciban apoyo público del FROB no sólo en 2012 y mientras subsista el apoyo financiero público, sino también con carácter retroactivo a ejercicios anteriores si de la gestión de aquellos ejercicios se derivara la posterior situación de necesidad de ayuda pública.

   En cualquier caso, el portavoz nacionalista catalán de Economía, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que con el nuevo texto se mantiene el objetivo de "impedir que con dinero público se puedan pagar indemnizaciones millonarias, incluso con carácter retroactivo, a los administradores o directivos de entidades financieras que hayan sido intervenidas por el Estado o que hayan recibido ayudas públicas a través del FROB".

   Su aliado en la negociación, Pedro Azpiazu (PNV), se ha congratulado del acuerdo aunque ha reconocido que su grupo prefería que estas medidas no se limitaran únicamente a las entidades con ayudas públicas, sino que se incluyeran en los códigos de conducta y los estatutos de los bancos. Además, ha exigido que "la iniciativa se convierta cuanto antes en ley de obligado cumplimiento mediante su inclusión en el proyecto de ley de la reforma financiera"

   El socialista Jesús Caldera ha destacado que este acuerdo, aunque "parcial", es "muy importante" para acabar con un comportamiento que "no es ético y tampoco tiene sentido económico". 

"Las remuneraciones excesivas llevan a la asunción de riesgos excesivos, y es importante que hagamos que quienes no han hecho un buen trabajo y no han aportado valor a sus empresas no puedan percibir indemnizaciones millonarias, especialmente en un momento tan delicado como éste", ha defendido.

   Además, el exministro ha deseado que a partir de este acuerdo se pueda hacer "un debate de más profundidad" y "con transparencia" sobre este asunto para "establecer códigos de conducta" que impidan que estas situaciones se repitan en el futuro.

   También el diputado 'popular' Fernando López-Amor se ha congratulado de este acuerdo para frenar un fenómeno "absolutamente execrable", aunque ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy "ya había tomado las medidas adecuadas" en este sentido, prohibiendo los bonus en el futuro en entidades que reciban ayudas públicas.

   A renglón seguido, ha aprovechado para reprochar al PSOE que, "en ocho años de Gobierno y viendo que no había un saneamiento adecuado del sector, no tomó medidas ni desde el punto de vista del saneamiento ni desde el punto de vista ético y de razonabilidad".

 "Esperamos que en la tramitación del proyecto de ley de la reforma financiera se puedan plasmar estas medidas de acuerdo con todos los grupos", ha concluido López-Amor.

   Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el diputado Joan Coscubiela ha aplaudido que se intente abordar un problema como éste, que es "una de las causas" de la actual crisis, si bien ha reconocido tener "la sensación de que se pretende dar la imagen de que se abordan los problemas sólo para dar la imagen de que se hace algo". Por eso, ha condicionado su voto "de buena fe" a que el PP se comprometa a plasmar estos principios en la reforma financiera y también a llevarlos a la práctica.

   El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha apoyado la medida si bien ha señalado que debería extenderse a todas las entidades, y no sólo a las que pidan ayuda al FROB, y ha recordado que con este acuerdo se aborda "una de las partes donde radica la crisis", pero no se abordan las responsabilidades de quienes "tenían que regular y vigilar el sistema y no lo hicieron", permitiendo que "comportamientos obscenos" de algunas entidades para obtener beneficios hayan llevado a un gran apalancamiento del sistema que ahora provoca problemas generalizados al sistema.

   En este sentido, la diputada de ERC Teresa Jordà ha aprovechado para señalar que los directivos de las entidades con problemas "no sólo no merecen los premios económicos sino que merecen una comisión de investigación y, muy probablemente, un castigo penal de dimensiones similares a sus escandalosas indemnizaciones".

 "Es ruin que entidades intervenidas con dinero de todos regalen indemnizaciones multimillonarias a sus directivos", ha zanjado.

   Finalmente, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha reconocido que le gustaba la propuesta inicial de CiU y ha lamentado la nueva "propuesta edulcorada" que "mira hacia adelante" y pierde la petición de retroactividad más allá de lo devengado y no cobrado. "No se puede ignorar esto, no se puede decir que se han llevado esas cantidades por hundir las entidades y, como mínimo, hay que congelar cautelarmente (estas indemnizaciones) mientras la justicia actúa. Si no, será una solución en falso", ha advertido.