martes, 24 de agosto de 2021

Nuevas pruebas presentadas a la Corte Penal Internacional en las que se alega que los gobiernos del mundo son cómplices de genocidio y crímenes de lesa humanidad


LA HAYA.- Abogados de varios países han presentado a la Corte Penal Internacional nuevas pruebas, incluidas declaraciones juradas de destacados expertos como el profesor Luc Montagnier, en las que se alega que los gobiernos de todo el mundo y sus asesores son cómplices de genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones del Código de Nuremberg, según el digital británico https://dailyexpose.co.uk.

La abogada Melinda C. Mayne y Kaira S. McCallum presentaron una 'Solicitud de investigación' de 27 páginas a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya en abril de 2021 alegando que el gobierno del Reino Unido y sus asesores fueron cómplices de crímenes de lesa humanidad en nombre del Covid-19.

El 28 de abril de 2021, la pareja recibió un reconocimiento formal de la CPI y se les asignó un número de caso: '141/21'. Desde entonces, la pareja ha estado recopilando nueva evidencia para usar en su reclamo ante la CPI y ha establecido conexiones con abogados y científicos de investigación de todo el mundo.

Un nuevo comunicado de prensa publicado el 17 de agosto, que se puede ver aquí, confirma que la pareja ha recibido declaraciones juradas de los principales expertos, incluido el científico investigador y cardiólogo nuclear Dr. Richard M. Fleming, el virólogo ganador del Premio Nobel, el profesor Luc A. Montagnier, y Dr. Kevin W. McCairn, neurocientífico y experto en enfermedades neurológicas.

El profesor Luc A Montagnier, que ganó un premio Nobel por su trabajo sobre el virus del VIH, afirmó en abril de 2020 que creía que el nuevo coronavirus se había creado en un laboratorio. Luego, en mayo de 2021, el virólogo experto afirmó que “Las vacunaciones masivas son un error científico y también un error médico. Es un error inaceptable. Los libros de historia lo demostrarán, porque es la vacunación la que está creando las variantes”.

También se ha presentado un nuevo reclamo a la CPI debido a la gran cantidad de nueva evidencia e información que ha salido a la luz en los últimos meses, y los abogados dicen que ahora tienen evidencia convincente de que “el virus SARS-CoV-2 y las 'vacunas' Covid-19 son armas biológicas diseñadas deliberadamente que se han lanzado en dos fases en pueblos desprevenidos del mundo”.

La abogada Melinda C. Mayne y Kaira S. McCallum también han confirmado que ahora se les han unido abogados que han presentado Solicitudes de Investigación similares a la Corte Penal Internacional, en Francia, la República Checa y Eslovaquia.

Debido a esto, se envió una carta a la CPI el 12 de agosto de 2021 solicitando que se les permita presentar una reclamación conjunta, al mismo tiempo que presenten pruebas preliminares de las acusaciones comunes a todos en todo el mundo, y solicitando el derecho a tener reclamaciones específicas para países individuales también investigados por la CPI.

Una solicitud específica para el Reino Unido es un examen del genocidio de ancianos y personas vulnerables que tuvo lugar en residencias y hospitales debido al uso inadecuado del midazolam y la morfina. 

Otra investigación específica sobre este tema también ha concluido ahora y se procederá a un proceso penal privado contra el gobierno del Reino Unido, Matt Hancock, Chris Whitty y otros si el equipo de abogados y expertos que ha llevado a cabo la investigación no recibe respuestas satisfactorias a las extensas preguntas que han sido remitidas a los mencionados en una carta abierta enviada el pasado 17 de agosto de 2021.

Mientras que en la demanda conjunta entre abogados de varios países, han solicitado la suspensión inmediata de todo el programa de vacunación de Covid-19 y el fin de las pruebas de las personas asintomáticas.

Los abogados dicen que ahora esperan ansiosos la decisión de la Corte Penal Internacional sobre si permitirán que varios países presenten una demanda conjunta y acepten la Solicitud de Investigación.

Le han dejado claro a la CPI que debido a la escalada del apartheid médico, la pérdida de libertades y derechos básicos y el número cada vez mayor y muy alto de muertes y eventos adversos graves sufridos por los receptores de inyecciones de Covid-19, es una necesidad urgente que la Corte actúe con rapidez y sin más demoras.

Con ese fin, los abogados han solicitado una reunión en La Haya lo antes posible.

Mientras esperan la respuesta, la abogada Melinda C. Mayne y Kaira S. McCallum han confirmado que están en conversaciones con abogados de otros países que aún no han presentado sus Solicitudes individuales a la CPI, pero han indicado que desean unirse a ellas y emitirán una actualización cuando haya más noticias.

El Estado advierte que la situación en el Mar Menor "no es cosa de un día" y critica "falta de cumplimiento" desde Murcia


MADRID/MURCIA.- La portavoz del Gobierno de la nación, Isabel Rodríguez, ha dejado claro este martes que la situación en el Mar Menor "no es cosa de un día ni ha ocurrido ni ha sido fruto de un fin de semana, sino que es la consecuencia de un periodo muy dilatado de inacción y de falta de cumplimiento por parte del Ejecutivo murciano en la ejecución de las sanciones".

Rodríguez, que ha sido preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, achaca esta situación a una "dejación del ejercicio de las competencias" del Gobierno autonómico.

"Sin ánimo de entrar en una guerra de competencias, ha dicho, aquí lo que corresponde es que cada uno ejerza sus competencias; el Estado ejerce las suyas y el Gobierno murciano tiene que ejercer sus competencias".

El Gobierno considera que el problema del Mar Menor no es consecuencia "de un conflicto de competencias" entre administraciones, sino que responde a "una dejación de competencias" del Gobierno de Murcia, de "años de inacción y de permisibilidad con acciones lesivas con el medio ambiente" de ese espacio natural.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, lo ha manifestado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde, a preguntas de los periodistas, se ha referido al deterioro ambiental que sufre el Mar Menor y que ha supuesto hasta ahora la muerte de entre 4,5 y 5 toneladas de peces y crustáceos por falta de oxígeno o "anoxia".

La portavoz del Gobierno de la nación, Isabel Rodríguez, ha dejado claro este martes que la situación en el Mar Menor "no es cosa de un día ni ha ocurrido ni ha sido fruto de un fin de semana, sino que es la consecuencia de un periodo muy dilatado de inacción y de falta de cumplimiento por parte del Ejecutivo murciano en la ejecución de las sanciones".

Rodríguez, que ha sido preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, achaca esta situación a una "dejación del ejercicio de las competencias" del Gobierno autonómico.

"Sin ánimo de entrar en una guerra de competencias, ha dicho, aquí lo que corresponde es que cada uno ejerza sus competencias; el Estado ejerce las suyas y el Gobierno murciano tiene que ejercer sus competencias".

La aparición a mediados de este mes agosto de centenares de peces muertos en el Mar Menor ha despertado el enojo de diferentes sectores por un problema que se creía controlado por parte de las administraciones y que se arrastra desde 2016.

En los últimos nueve días se han recogido cinco toneladas de peces y crustáceos muertos por falta de oxígeno en la zona, una cifra que supera la alcanzada en un anterior episodio similar en 2019.

 López Miras lamenta que el Estado «no cambie de actitud»

López Miras, lamentó posteriormente las «mentiras, excusas y confrontación política» al conocer que no se ha recogido su petición de que se declarara al Mar Menor zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

«Esperaba un cambio de actitud del Gobierno central tras los últimos episodios en el Mar Menor, confié en que nos tenderían la mano ante la situación que estamos viviendo, pero nada ha cambiado. Mentiras, excusas y confrontación política. Una lástima», dice en su cuenta oficial de Twitter.

Ha dejado claro, igualmente, que «la voluntad de diálogo y acuerdo del Gobierno regional es absoluta. No puede ser de otra forma: salvar el Mar Menor es prioritario», tras conocer las declaraciones de la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que responsabilizó en exclusiva al Gobierno regional de la «grave» situación que afecta a la laguna, que « no es cosa de un día ni ha sido fruto de un fin de semana». 

 «Mal vamos si el Gobierno central se dedica a seguir mintiendo. Espero que olviden los intereses partidistas para priorizar lo importante», dice.

Por su parte, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha lamentado este martes la negativa del Gobierno de España a declarar el Mar Menor como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, informaron fuentes de ese departamento en un comunicado.

Luengo ha indicado que se trata de « un nuevo revés de un Gobierno de España que da la espalda a la Región de Murcia y que nos vuelve a abandonar ante una situación de extrema gravedad en la que, tras 9 días de crisis ambiental, no han sido capaces de ofrecer su ayuda o mostrar interés«.

Así, desde la Comunidad se cuestionan « los argumentos falsos que emplea el Gobierno de Sánchez para justificar su decisión, con los que solo buscan confundir a la sociedad y esconder su inacción, pero que se desmontan fácilmente«.

Luengo ha indicado que «a día de hoy no debe haber ni un solo metro de regadío ilegal en el entorno del Mar Menor, ya que la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ministerio, que son quienes tienen las competencias para sancionar y prohibir el uso de agua, deberán garantizar que así sea«.

Al hilo, ha asegurado que, «mientras que la Comunidad, solo ante la inacción de la CHS, puede ordenar restituir los terrenos, algo que ya estamos haciendo con la tramitación de todos los expedientes recibidos y la obligación a los particulares», si bien « el daño al Mar Menor debe cesar desde el momento en que la CHS prohíbe el uso de agua a un regadío ilegal«.

Además, el consejero ha respondido a la exigencia del Gobierno central sobre actuar contra empresas contaminantes. Luengo ha apuntado que «los servicios jurídicos de la Comunidad han determinado que debe ser la Confederación la encargada de actuar contra estos infractores y por tanto no podemos tomar una decisión en contra de un informe jurídico, ya que sería una actuación ilegal«.

Por último, ha insistido en que «el Gobierno de López Miras lleva años actuando en origen para atajar el problema, para lo cual se aplica la Ley del Mar Menor, que supervisamos, controlamos e inspeccionamos de forma continua«.

Asimismo, ha vuelto a defender las medidas incluidas en el Proyecto Vertido Cero que «el Estado debe acometer para rebajar el nivel del acuífero y captar el agua de las ramblas, lo que supondría frenar la entrada de agua dulce y nutrientes que es la gran amenaza al Mar Menor», ha concluido.

López Miras urge a vaciar el acuífero para evitar vertidos al Mar Menor


MURCIA.- El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, reclamó este martes la urgencia de «vaciar el acuífero, que ya está contaminado, porque tiene 300.000 toneladas de nitratos de las últimas décadas de actividad».

Considera López Miras que se trata de una crisis «medioambiental, de carácter nacional, es una crisis de Estado y me gustaría que el Gobierno de la nación la tratase como tal, porque hemos tenido otras crisis nacionales como el Prestige, en la que el Ejecutivo central invirtió 1.000 millones de euros».

Miras, en una entrevista en Espejo Público, de Antena-3, advierte sobre este tema que si ahora cesara toda actividad económica en el Mar Menor, los científicos dicen que «durante los próximos 50 años seguirían llegando vertidos con nitratos al Mar Menor». De ahí, dice, la urgencia de vaciar el acuífero, porque « está cargado con 300.000 toneladas de nitratos que llegan a través del subsuelo y ramblas al Mar Menor y hay que descargarlo».

«Mientras esto no se haga, seguirán llegando cada día miles y miles de kilos de nitratos al Mar Menor», sentenció el presidente murciano, que dejó claro que los vertidos «no llegan de empresas agrícolas; la normativa de la Región impide que los cultivos lleven vertidos a la laguna y los pozos ilegales que lo hacían están precintados por la Guardia Civil».

Asegura que los vertidos que llegan a diario a la laguna « vienen directamente del acuífero, del subsuelo, del nivel freático, que ya está muy elevado y va directamente al Mar Menor». Aunque parece, en virtud de lo que los técnicos manifiestan, que la situación «está revertiendo y hay menos mortandad de peces y que los niveles de oxígeno se están elevando, la situación es muy preocupante»: «La rambla del Albujón vierte cada día al Mar Menor 30 millones de litros de agua dulce y 5.000 kilos de nitratos y esto hay que cortarlo y para esto necesitamos al Estado».

El Gobierno regional mostró su voluntad de trabajar con el Estado, pero lamenta que «nadie del Ejecutivo de la nación se haya puesto en contacto desde hace una semana». Sobre la visita de la ministra Teresa Ribera este miércoles, espera poder reunirse con ella y salir con «compromisos concretos».

Si el Gobierno de la nación entiende que por distintas circunstancias «no puede acometer actuaciones necesarias», reclama que le transfiera las competencias para que desde Murcia se pueda actuar. «Me preocupa, y espero que no sea así, que el Mar Menor pueda perecer por desgastar a un Gobierno autonómico», finalizó el presidente.

El Colegio Biólogos de Murcia reclama que se reduzcan los regadíos ilegales "sin más demora" junto al Mar Menor


MURCIA.- El Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia ha lanzado un comunicado en el que pide que se acometa "la reducción en origen de una parte importante de la agricultura intensiva, empezando por los regadíos ilegales, sin más demora, transformándose en modelos alternativos sostenibles o, directamente, finalizándose dicha actividad, especialmente en la zona cercana al Mar Menor".

Y es que, advierte el Colegio en dicho comunicado, firmado por su decano, Ginés Luengo, "no hacerlo conducirá, irremediablemente, a una mayor degradación del Mar Menor y, por extensión, del Mediterráneo cercano, donde ya se observan episodios puntuales de eutrofización en algunos puntos del parque regional de Calblanque".

Además, constatan los biólogos que esta degradación ambiental se traduce "en una devaluación del sector turístico regional, del cual el Mar Menor concentra alrededor del 70% de ese turismo, supeditando cerca de 35.000 empleos directos que dependen, de forma directa, de esta albufera".

Consideran que "la actual estrategia del Ejecutivo regional perjudica y pone en peligro a un 8% del PIB, a costa de salvar un sector (agricultura intensiva del campo de Cartagena) que no supone ni el 1% del PIB regional".

"Un plan que no contempla, en ningún caso, reducir en origen, sino que consiste en actuaciones a nivel del acuífero (reducción del nivel freático) y desviando los cauces de la cuenca vertiente hacia sistemas de depuración de aguas para luego, una vez depuradas, ser vertidas al Mar Mediterráneo por medio de emisarios, junto con las salmueras", lamentan los biólogos.

Defienden, por tanto, la reducción en origen de los aportes de nutrientes y consideran "inadecuado" las actuaciones que "pretenden la reducción de la entrada de nutrientes sin incidir en el origen que los genera, algo que es contrario a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y los objetivos de conservación plasmados en los instrumentos de gestión de la Red Natura 2000 del Mar Menor".

"Para mayor problemática, continúa, el acuífero cuaternario se encuentra contaminado con elevadas concentraciones de nitratos de origen agrícola, y continuará contaminándose si no dejan de vertirse nutrientes".

Los biólogos insisten en "la necesaria la reducción del aporte de nutrientes en origen, no solo para prevenir un daño posterior, sino también para frenar el importante daño actual ya producido".

A juicio del Colegio, la aplicación de este principio en el entorno del Mar Menor debería haberse visto reflejado en "los controles administrativos previos a las actividades contaminantes y en el establecimiento de medidas de previsión ante consecuencias desfavorables".

Bajo su enfoque, el dragado urgente y sin ningún tipo de evaluación de impacto ambiental de las golas del Mar Menor "es contrario a evidencia científica, a los objetivos de desarrollo sostenible, los de los instrumentos de gestión de la Red Natura 2000 del Mar Menor y las políticas de sostenibilidad ambiental promovidas por la Comisión Europea por ser soluciones de final de tubería que no solo no corrigen ni previenen el problema, sino que tampoco han demostrado ser eficaces para mitigar otras catástrofes ambientales".

Por tanto, la descontaminación del acuífero debe plantearse como "un objetivo a décadas vista con un amplio margen de incertidumbre, donde será clave que la Comunidad cuente con asesoramiento de expertos hidrogeólogos".

El drenaje del acuífero "requiere una importante inversión económica para la extracción, canalización y procesamiento del agua, sin garantías de que vaya a funcionar; es decir, que consiga reducir la concentración de nitratos o que sea capaz de impedir subidas debidas a episodios importantes de lluvia o gota fría".

Además, "supondría inversión en tecnologías grises que suponen un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuirán, probablemente, a un incremento de la conversión de agricultura de secano a regadío intensivo por la mayor oferta de agua disponible".

Las salmueras y los productos depurados pretenden, finalmente, "liberarse al Mar Mediterráneo, lo que supondrá un impacto ambiental importante en la zona de descarga".

En relación a la prohibición de entrada de nutrientes al Mar Menor, deja claro el Colegio que "no supondrá ningún efecto real sin la reducción del problema en origen y, en el hipotético caso de que se aplicase esta medida, supondría trasladar el problema de las aguas superficiales a otro lugar, como es el Mediterráneo".

De manera que "mientras exista agricultura intensiva de regadío, seguirán acumulándose nutrientes en superficie que, en episodios de lluvias intensas o gota fría, acabarán indefectiblemente en el Mar Menor".

También advierte de la imposibilidad de "evitar la llegada de la mayor parte de las aguas de las escorrentías superficiales de toda una cuenca vertiente que acaba en el Mar Menor, especialmente cuando los episodios de lluvia son tan virulentos como el de 2019, y las estrategias de mitigación con obra hidráulica, además de ser infraestructuras grises que requieren inversiones enormes y alteran significativamente el patrimonio natural, carecen de evidencia sobre su eficacia a tan gran escala".

En relación al "dragado de la gola de Marchamalo para oxigenar la albufera", este Colegio profesional considera una "temeridad" y una actuación contraria a toda evidencia científica esta propuesta.

El dragado, advierte el Colegio, "podría alterar las corrientes marinas, favorecer la entrada especies invasoras (tanto propias del Mediterráneo, como exóticas) y eutrofizar el área del Mediterráneo anexa a Marchamalo, poniendo en peligro los ecosistemas cercanos del Mediterráneo (donde podría afectar negativamente a la pradera de Posidonia oceanica), con consecuencias devastadoras para los mismos".

Por todo ello, el Colegio expresa su "honda" preocupación ante las medidas y actuaciones anunciadas por el presidente Fernando López Miras, y le recomienda que "se intensifiquen con urgencia aquellas que vayan dirigidas a la solución del problema de la contaminación en origen".

Por último, pone a disposición del Gobierno regional el conocimiento de los expertos en distintos campos de la biología que forman parte de este colegio profesional, con el fin de "avanzar en las soluciones que realmente pudieran ser viables para equilibrar el ecosistema altamente dañado del Mar Menor".

Y es que, lamenta, el Mar Menor "está dejando de ser lo que fue en el pasado, es decir un mar interior, hipertermo e hipersalino con unas especies propias y representativas de su ambiente específico, para transformarse en un rincón más del Mediterráneo de iguales características".

Los cambios "ya se detectan en la actualidad, y se reflejan sobre todo en el descenso de la salinidad y la temperatura, así como en la reciente aparición de especies desconocidas hasta el presente, tales como lechas, palometas, pulpos o jibias".

El Mar Menor "sufre una degradación ambiental de tipo eutrófico desde hace décadas" que el Colegio atribuye "a la actividad humana, en concreto la agricultura, minería, pesca y turismo, y localizada en el entorno y alrededor del Mar Menor".

Para concluir, puntualizan que el sistema es "resiliente", por lo que estima que "aún disponemos de una ventana de oportunidad para mejorar la salud ambiental de la misma, lo cual, a su vez, repercutiría positivamente en la salud humana y en la economía local, especialmente en el sector turístico".

Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 12 hm3 en la última semana


MURCIA.- Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 488 hectómetros cúbicos, 12 menos que la semana pasada, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos este martes.

Los embalses del Segura disponen de 12 hectómetros cúbicos menos que en la misma fecha de año anterior, y 10 más que la media que suelen almacenar en esta época del año (478 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 42,8 por ciento de su capacidad total.

Por otra parte, los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, han perdido en la última semana también 12 hectómetros cúbicos y acumulan 636,63 hm3, lo que supone el 25,28 por ciento de su capacidad total de embalse, que alcanza los 2.518 hm3.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), a fecha 23 de agosto de 2021 el embalse de Buendía acumula 364,68 hectómetros cúbicos de agua, 5,41 hectómetros menos que la semana pasada, lo que supone el 21,38 por ciento de su capacidad total, que es de 1.705 hectómetros cúbicos.

A su vez, la reserva de agua en el el pantano de Entrepeñas se ha reducido en 6,59 hectómetros cúbicos en la última semana y almacena 271,95 hectómetros, el 33,45 por ciento de su capacidad total, que se sitúa en 813 hectómetros cúbicos.

Hace un año por estas fechas los pantanos de la cabecera del Tajo almacenaban 622,16 hectómetros cúbicos, el 24,70 por ciento de su capacidad de embalse.

En la totalidad de la cuenca hidrográfica del Tajo, los pantanos que forman parte de ella almacenan esta semana 4.671,06 hectómetros cúbicos de agua, 77,84 menos que la pasada, que suponen el 42,3 por ciento de la capacidad total de embalse, que es de 11.051 hectómetros cúbicos.

En el conjunto del país, la reserva hidráulica ha perdido esta semana 782 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa el 1,4 por ciento, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que informa de que en este momento la reserva hidráulica, con 24.571 hectómetros cúbicos, está al 43,96 por ciento de su capacidad total, casi un 25 por ciento menos que la media del decenio.

De acuerdo con los datos históricos de la reserva hidráulica facilitados por el Ministerio, este volumen es igual al 43,96 por ciento de agua que había embalsada en la misma semana del año 2017, hace cuatro años. En ese momento, estaba declarada la situación de sequía en el Duero, el Júcar y el Segura.

Con anterioridad, no se situaban en niveles similares desde los años 2005 y 2006, cuando se situaban en el 43,58 y en el 42,74 por ciento respectivamente. De nuevo en esos años España estaba aquejado por situación de sequía.

Por ámbitos, en este momento la reserva está al 74 por ciento en Cantábrico oriental; al 72,2 por ciento en Cantábrico Occidental; al 47,8 por ciento en Miño-Sil; al 64,8 por ciento en Galicia costa; al 81 por ciento las cuencas internas del País Vasco; al 53,5 por ciento, el Duero y al 42,3 por ciento, el Tajo.

Además, Guadiana está al 30,6 por ciento; Tinto, Odiel y Piedras al 67,2 por ciento; Guadalete-Barbate, al 33,9 por ciento; Guadalquivir, al 29,4 por ciento; la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 42,2 por ciento; Segura, al 42,8 por ciento; Júcar, al 52,6 por ciento; Ebro, al 58,3 por ciento y las Cuencas internas de Cataluña al 75,5 por ciento.

Esta semana las precipitaciones han sido escasas en toda España y la máxima se ha contabilizado en Teruel, donde se han recogido 33,8 litros por metro cuadrado.

Los datos apuntan que en este momento los embalses guardan un 24,30 por ciento menos agua que la media del decenio y un 15,59 por ciento menos que en las mismas fechas de hace un año.

La Región de Murcia defiende un escenario de presencialidad plena en todos los niveles y etapas educativas en el inicio del curso


 MURCIA.- La Región de Murcia garantizará "un escenario de presencialidad plena en todos los niveles y etapas educativas" en el inicio del curso. 

En esta comunidad autónoma, los grupos de Infantil y Primaria "se organizarán como grupos de convivencia estable", mientras que en Secundaria "se aplicará la distancia flexibilizada a 1,2 metros". 

El protocolo implica la continuidad de las medidas adoptadas el pasado curso, que permitió que "no se cerrara ningún centro educativo y solo aulas de Infantil, e incluye la posibilidad de flexibilizar medidas en función de la evolución de la situación sanitaria".

Los hoteles de la Región de Murcia computan 304.423 pernoctaciones en julio


MURCIA.- Los hoteles de la Región registraron en julio una ocupación media del 54%, ligeramente por encima de la media nacional, que fue del 52,6%; pero aún inferior al 57,7% del mismo mes de 2019, el año previo a la pandemia.


El mes pasado se alojaron en los hoteles 121.567 viajeros, el doble que hace un año. Sin embargo, fueron un 11% menos que los 135.000 de julio de 2019. El número de pernoctaciones fue 304.000, lo que significa que estos viajeros apenas pasaron 2,5 noches en la Región.


En el primer mes del verano tras el levantamiento de restricciones por la pandemia, Murcia ofreció 17.580 habitaciones distribuidas en 151 establecimientos hoteleros que empleaban a 2.210 trabajadores.


Si bien el comportamiento del turismo ha comenzado a recuperarse, no así la rentabilidad en el caso de la Región: mientras los hoteles españoles facturan una media de 102,9 euros por habitación ocupada, en Murcia esta cantidad se reduce hasta los 75 euros.
 
El verano está consiguiendo que los hoteles de la Región de Murcia remonten en este año marcado por las restricciones y la escasez de turismo. Así pues, mientras que en el interior los propietarios confían en una recuperación de cara a septiembre, la costa ya ha conseguido triunfar con unos datos de ocupación que ya alcanzan a los de 2019 en algunas zonas.

En consecuencia a esta afluencia de turistas en el litoral, la ocupación por plazas ha remontado en el mes de julio  hasta el 54%, superando  en más de 15 puntos los datos del pasado junio.  Por su parte, el conjunto de España registró una tasa de ocupación del 52,6%, lo que muestra que el verano ha supuesto un impulso para el turismo a nivel nacional.

Por su parte, los hoteles de la Comunidad murciana albergaron al 1,2% del total de viajeros del país frente al 1,3% que registró en el mismo año del 2020. En la Región de Murcia había 151 establecimientos de estas características abiertos en el pasado mes de julio. El número de plazas estimado es de 17.580.

En cuanto al personal empleado, los hoteles contaban con 2.210 personas. El grado de ocupación por plazas en la Región en julio fue del 54,02% (52,58% en España), mientras que el grado de ocupación de plazas por fin de semana se elevó al 65,52% (57,16% en España).

Por otro lado, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) en Murcia se situó en 88,84 mientras que en España lo hizo en 122,42.

Francisco Lucas: "El PP de la Región de Murcia despejan todos los balones con tal de no ponerse a trabajar por el Mar Menor"


MURCIA.- El diputado regional y vicesecretario general del PSRM, Francisco Lucas, ha asegurado que "el PP de la Región de Murcia ni tiene vergüenza ni la ha conocido, despejan todos los balones fuera con tal de no ponerse a trabajar por el Mar Menor".

Lucas ha exigido a Segado y al Partido Popular de la Región de Murcia que pidan perdón y no vuelvan a hablar nunca más del Mar Menor, ya que su gestión ha sido "nefasta en todos los sentidos".

Para el vicesecretario general del PSRM, el Partido Popular no sabe hacer otra cosa más que mentir a la sociedad, escondiendo las verdaderas causas del ecocidio del Mar Menor.

"No saben gestionar nada y lo único que quieren y en lo único que piensan es en proteger a los que contaminan con nitratos el mayor tesoro medioambiental de nuestra Región", ha apuntado Lucas.

Para finalizar, el socialista ha pedido al Gobierno regional "que se pongan a trabajar ya, que el tiempo sigue pasando y no han puesto ni una solución que no sea una completa locura sobre la mesa".

La CARM obtiene la certificación de calidad ISO9001 para las 33 oficinas de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia


MURCIA.- La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital ha obtenido la certificación de calidad ISO9001 con Aenor para las 33 oficinas de la red de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Durante un año se ha estado trabajando en implantar esta norma de mejora, unificación y homogeneización de los más de 30 procesos de atención al público con el fin de prestar un servicio de calidad a todos los ciudadanos de la Región.

El consejero, Luis Alberto Marín, indicó que "en la Administración regional estamos en un proceso de mejora continua para prestar el mejor y más eficiente servicio al millón y medio de murcianos. Nos autoimponemos esta labor y un ejemplo es la obtención de la certificación de calidad ISO9001 para el conjunto de las oficinas de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia".

El alcance de este trabajo de mejora de calidad que ha certificado Aenor ha sido el servicio de información, emisión de recibos y cartas de pago, así como el registro y asistencia al contribuyente para tributos gestionados por la Agencia regional.

Los contribuyentes de la Región de Murcia pueden realizar sus trámites tributarios con la Comunidad Autónoma y con los 35 municipios que tienen suscritos acuerdos de colaboración con el organismo autonómico en cualquiera de las 33 oficinas, independientemente de cuál sea su domicilio.

"De esta forma, unido a la cita previa o la posibilidad de realizar trámites de forma telemática, es posible ahorrar tiempo y dinero a los contribuyentes, que evitan desplazamientos y a los que se les solucionan sus consultas tributarias, al tiempo que reciben una atención de calidad reconocida por una norma internacional y certificada por Aenor", puntualizó el titular de Economía, Hacienda y Administración Digital.

El consejero recibió la certificación de la norma ISO9001 por parte del director de la Región Mediterránea de Aenor, Ángel Luis Sánchez, en la visita a las nuevas instalaciones de la Agencia Tributaria regional en Fuente Álamo, un acto al que también asistió la alcaldesa de la localidad, Juana María Martínez.

Además de la mejora, unificación y homogeneización de los procesos que ha llevado a la obtención de la certificación, la Comunidad Autónoma inició un proceso de reforma de las oficinas de la Agencia Tributaria, como la de Fuente Álamo, dentro de su Plan Estratégico.

Estas instalaciones se integran en el nuevo proyecto 'Oficina Store', un tipo de oficina inteligente y digitalizada que se caracteriza por ofrecer una atención más próxima al ciudadano y por potenciar la calidad de los servicios que se prestan.

Se trata de un nuevo modelo que se integra dentro del Plan Estratégico de la Agencia Tributaria y que se va a ir implantando progresivamente en las 33 sedes con las que cuenta la Agencia Tributaria en la Región y que está funcionando ya en Abanilla, La Unión, Caravaca de la Cruz, Mazarrón, Jumilla y Fuente Álamo.

Los registros de la oficina de Fuente Álamo muestran que este año ha recibido la visita de 3.378 personas y ha resuelto un total de 4.553 consultas de los contribuyentes en las instalaciones situadas en la calle Maestros Alfareros 2.

Isabel María Andréu denuncia que el PP deja sin protección ambiental las sierras del litoral de Cartagena


CARTAGENA.- La secretaria de política municipal de la Agrupación Socialista del PSOE Cartagena Oeste y Presidenta de la Junta Vecinal de Perín, Isabel María Andréu, ha denunciado que el PP ha dejado sin protección ambiental a las sierras del litoral de Cartagena.

La dirigente socialista ha exigido al Gobierno regional que destine una brigada permanente al Espacio Natural Protegido de Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán.

Isabel María Andréu ha señalado que "la consejería competente en Medio Ambiente, que mal gestionan los señores Antonio Luengo y Fulgencio Perona, ha retirado a la brigada de protección medioambiental destinada al control y vigilancia de las sierras litorales cartageneras y del ENP".

"No es posible que en la época del año con mayor riesgo de fuego, con un estrés térmico que deriva en altas probabilidades de incendios, el PP abandone los espacios con mayor valor ambiental y paisajístico de Cartagena", ha remarcado Andréu.

El Gobierno regional del PP ha demostrado hasta la fecha su nulo interés en la protección y conservación del medio ambiente como un activo en la dinamización y cohesión del territorio, además de haberse escorado a las peligrosas posiciones negacionistas de sus socios de gobierno.

"Al igual que sucede en otros espacios protegidos, las sierras del litoral cartagenero precisan de inmediato de una dotación permanente de equipos medioambientales, de una brigada de agentes y de los recursos públicos necesarios para conservar uno de los mayores valores ecológicos de la Región", ha finalizado Andréu.

CCOO-Murcia pone sus servicios jurídicos a disposición del profesorado ante las amenazas de grupos de progenitores


MURCIA.- CCOO de la Región de Murcia considera intolerable que grupos de progenitores que amenacen con denunciar al profesorado que en el inicio de curso vele por la aplicación de los protocolos sanitarios. Ante estos hechos, el sindicato pone a disposición de los equipos directivos de los centros y del profesorado en general el asesoramiento de sus servicios jurídicos. Al mismo tiempo insta a la Consejería de Educación a que muestre tolerancia cero ante este tipo de conductas que ponen en riesgo la salud de la comunidad escolar.

CCOO lamenta que un inicio de curso de por sí especialmente difícil, dada la negativa de la Administración regional a mantener el incremento de las plantillas docentes, se vea marcado además por las protestas irresponsables de progenitores negacionistas y por sus amenazas al profesorado.

En este sentido, el sindicato cuenta con sus servicios jurídicos a disposición de cualquier persona afiliada afectada por iniciativas legales por cumplir con su deber de asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. La Federación de Enseñanza asesorará y atenderá al resto de docentes de la escuela pública, concertada y privada que se vean afectados, "ofreciendo el acceso a la atención jurídica si así lo solicitan", declara Nacho Tornel, responsable de la Federación.

Al mismo tiempo, CCOO se ha dirigido a la consejera de Educación para exigirle que ponga todas las medidas a su alcance para que los protocolos sanitarios se cumplan en los centros educativos. En palabras de Santiago Navarro, Secretario General de CCOO-RM, "resulta inconcebible que la protección de la salud de miles de trabajadores y trabajadoras docentes se vea amenazada a través de argumentos y actitudes irracionales y tremendamente egoístas", al mismo tiempo que reclama a la consejera de Educación que "los servicios jurídicos de su Consejería acudan en defensa firme de cuantos equipos directivos y docentes de esta región puedan recibir amenazas y denuncias por llevar a cabo su labor educativa, que hoy empieza por la protección de la salud en toda la comunidad escolar".

El sindicato también exige a la consejera que se abstenga de cualquier manifestación que dé aliento a la irresponsabilidad social de estos grupos de progenitores.

Masivo respaldo de los vecinos de Puntas de Calnegre afectados por la aplicación de la Ley de Costas a la Proposición de Ley que salvaría el poblado


PUNTAS DE CALNEGRE.- El presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, junto a los senadores Francisco Bernabé y Juan María Vázquez, y la diputada regional lorquina María del Carmen Ruiz, han mantenido esta mañana una reunión informativa con los vecinos del poblado de Puntas de Calnegre afectados por la actual Ley de Costas, que sufren una total inseguridad jurídica y podrían perder sus viviendas, con el objetivo de trasladarles de primera mano la iniciativa que el PP ha presentado en el Senado para modificar la Ley de Costas, hecho que "indultaría" este poblado y sus viviendas.

Fulgencio Gil ha manifestado que no vamos a cejar en nuestro empeño de salvar el poblado de Puntas de Calnegre. Llevamos muchos años batallando por salvar el poblado, es una joya etnográfica de nuestra costa, que posee grandes valores. Estamos hablando de construcciones que se remontan en el tiempo hasta 200 años, de un poblado pesquero inconfundible. Nos encontramos con una oportunidad histórica, una iniciativa definitiva en el Senado a través de una Proposición de Ley para salvar el poblado y otros núcleos españoles similares. Vamos a trabajar y a luchar por conseguir el apoyo del resto de grupos parlamentarios porque supondría salvar definitivamente el poblado y terminar con las preocupaciones de los vecinos.

El senador Francisco Bernabé ha indicado que lo que pretendemos con esta Proposición de Ley es que todos aquellos núcleos de población vinculados a un paisaje muy particular y ubicados en entorno marítimos, sean respetados atendiendo a su propia idiosincrasia, porque la Ley de Costas sólo pretende el derribo de estas poblaciones, algo que sería muy injusto para las familias que actualmente viven en estos núcleos.

Juan María Vázquez, senador murciano, ha señalado que es la primera vez que se presenta una modificación de la Ley de Costas que aúna todos los intereses de estos núcleos costeros españoles, desde Gerona hasta las Islas Canarias que se verían beneficiados por la aprobación de esta Ley atendiendo a sus legítimos derechos, que hasta hoy se ven amenazados.

Cabe señalar que el poblado pesquero de Puntas de Calnegre, ubicado en la pedanía lorquina de Ramonete, ha sido incluido en la mencionado Proposición de Ley a propuesta del presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil. Se trata, en concreto, de una iniciativa que plantea la modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.

Se trata de una iniciativa que, en el caso de Puntas de Calnegre, se marca el objetivo de salvar el poblado pesquero, siguiendo la línea de trabajo que el Partido Popular ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años en este mismo sentido. 

"Nuestra labor se centra en salvar las casas existentes, defendiendo los legítimos intereses y derechos de sus propietarios. Esperamos contar con el respaldo de todos los grupos políticos con representación en el Senado, habida cuenta de la particular trascendencia e importancia de la medida. Estamos hablando de una oportunidad histórica de proteger este enclave y eliminar la incertidumbre que tienen los vecinos afectados".

La propuesta que permitiría salvar este núcleo histórico de Puntas de Calnegre apuesta por añadir una Disposición Adicional Decimotercera a la Ley de Costas 22/1988, referido a Núcleos urbanos con especiales valores etnológicos, de tal forma que obtendrían esta catalogación aquellos conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados, que estén integrados en el entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico, o que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo terrestre.

De esta forma, los núcleos urbanos catalogados como núcleos urbanos con especiales valores etnológicos serían excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica de un deslinde que los excluya.

La regresión del litoral que sufren las costas españolas desde hace años, agravada por los efectos del cambio climático, ha supuesto que determinados núcleos urbanos costeros como el de Calnegre, a lo largo de todo el país, con características culturales, históricas y etnológicas de valor esencial se hayan visto incluidos en el dominio público marítimo-terrestre. 

Dichos núcleos, a los que busca referirse esta proposición de ley, están conformados por edificaciones de baja densidad, muy identificadas con el entorno paisajístico de donde se ubican y asociadas a un modo de vida marinero. Está fuera de toda duda que la legislación sobre costas debe hacer cumplir y proteger el principio constitucional instaurado por el artículo 132.2 de la Carta Magna y garantizar el dominio público sobre la zona marítimoterrestre, pero no es menos cierto que la falta de suficientes medidas de protección de éste durante décadas en las que la regresión litoral se ha ido agravando ha supuesto que las modificaciones en los deslindes hayan dejado dentro del dominio público marítimo-terrestre inmuebles urbanos destinados a residencias unifamiliares o pequeños comercios consolidados desde décadas previas a que se llevara a cabo ese deslinde.

Dicha herramienta, el deslinde, en estos casos supone un despojo de propiedades consolidadas desde, en muchos casos, hace más de un siglo, que además han venido manteniendo su perfil asociado al entorno litoral de forma que ya forman parte del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de nuestras costas, que les otorgan valores que se deben preservar conciliándolas con el dominio público.

El núcleo de Puntas de Calnegre, junto con otros en similares circunstancias en el litoral español, tienen en común unas características particulares que en muchos de los casos han merecido protección especial por figuras de catalogación autonómica como "bienes de interés cultural" o de "relevancia local" o diversas figuras de protección, pero no gozan de ninguna particularidad en el tratamiento en la legislación de costas. 

Es necesario establecer un abrigo legislativo para esos núcleos urbanos que, una vez identificados, se reconocen con valores propios en cada caso y requieren de herramientas que permitan evitar expedientes de desocupaciones o derribos que, una vez iniciados, suscitan rechazo social y prácticamente unánime en lo político y que, en cambio, no encuentran en la legislación una herramienta que permita su mantenimiento, no ya sólo por protección de las personas directamente afectadas, sino por el interés público en el mantenimiento de una construcciones que son paradigmáticas y etnológicamente características del uso tradicional del litoral español.

Meteorología advierte de tormentas también mañana miércoles, 25, en el Noroeste


MURCIA.- La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que mañana miércoles también pueden ocurrir tormentas en la comarca del Noroeste y emite aviso por fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo.

Fenómeno: Tormentas.

Nivel: amarillo.

Ámbito geográfico: Murcia (Noroeste).

Hora de comienzo: 13:00 hora oficial del 25/08/2021.

Hora de finalización: 23:00 hora oficial del 25/08/2021.

Probabilidad: 40%-70%.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén (de acuerdo con el Plan Meteoalerta) "lluvias localmente fuertes y/o vientos localmente fuertes y/o granizo inferior a 2 cm". Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

Atasco de vacunas en España


MADRID.- El ex directivo de la Organización Mundial de la Salud Daniel López Acuña dice en Nius: "Ha bajado la vacunación por el periodo vacacional de los sanitarios y porque la gente ha preferido irse de vacaciones antes que vacunarse".

Y este dato de las vacaciones se está reflejando en la vacunación sin cita. Pese a los esfuerzos de las Comunidades Autónomas por vacunar a los desplazados, ha sido más fácil abrir puntos de vacunación masivos sin cita que compartir datos entre centros de salud. Así, en gran parte de los puntos más turísticos, se vacuna desde los 12 años.

La Comunidad de Madrid acaba de reducir el tiempo de 6 meses a 1 año para poder recibir una dosis si has pasado el coronavirus. Y vacuna desde hace días a los mayores de 12 años para preparar la vuelta a las clases en septiembre. 

Galicia está vacunando desde a los adolescentes desde los 12 años aprovechando una remesa de dosis de Moderna. Canarias aprovecha casi cada día para vacunar en puntos de todas las islas. Igual que Andalucía.

España se ha comprometido a donar un total de 22,5 millones de las vacunas autorizadas en la Unión Europea y utilizadas en España, de las cuales al menos 7,5 millones se destinarán a países iberoamericanos.

Murcia, en la 'zona roja' de riesgo de colapso por seísmo de las edificaciones de hormigón


MURCIA.- Una investigación liderada por la Universidad de Alicante (UA) determina el riesgo de colapso por seísmos de las edificaciones de hormigón armado, que depende del valor de aceleración de diseño indicado en la normativa sismorresistente y de la forma de la curva de peligrosidad sísmica, que debería aumentar en todas las ciudades, en mayor medida en Murcia y Alicante, para disminuir la probabilidad de colapso.


Se trata del primer mapa de probabilidad de colapso en edificios de hormigón armado para la península, que ha sido elaborado por los investigadores Alireza Kharazian, Sergio Molina, Juan J.Galiana y Noelia Agea, del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio (IMEM).

Han obtenido un mapa actualizado de la peligrosidad sísmica en el país y, a partir de esa información y teniendo en cuenta la fragilidad de las edificaciones, han analizado el comportamiento de la probabilidad de colapso en forma de un mapa de coeficiente de riesgo.

El mapa y los resultados del trabajo acaban de ser publicados el 29 de julio en el artículo 'Risk-targeted hazard maps for Spain', editado en la revista científica 'Bulletin of Earthquake Engineering'.

Los científicos han observado que dicha probabilidad de colapso no sólo depende del valor de aceleración de diseño, que actualmente se indica en la normativa sismorresistente, sino también de la forma de la curva de peligrosidad sísmica.

Tras analizar las ciudades con mayor peligrosidad sísmica del país, los investigadores han notado que la aceleración de diseño debería aumentarse en todas ellas para así disminuir la probabilidad de colapso.

El mayor aumento tendría que hacerse en Murcia seguida de Alicante, lo que podría explicar también los considerables daños que ocurrieron en Lorca tras el terremoto de 2011.

El estudio ha recibido financiación y colaboración de los ayuntamientos de Alicante y de Elche.

La vicepresidenta Ribera visita Murcia en medio de una escalada de acusaciones políticas por la crisis en el Mar Menor


MADRID.- La vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, viaja este miércoles al Mar Menor en medio de la escalada de tensión política entre el Gobierno central y regional tras la crisis medioambiental por los episodios de miles de kilos de peces y moluscos muertos por anoxia, es decir, falta de oxígeno en el agua. Una situación derivada de años de contaminación por la agricultura intensiva y el vertido de miles de kilos de nitratos vertidos a la laguna. 

La visita la ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este martes, en la que sostuvo que esta situación "no es fruto de un fin de semana", sino que se trata de "muchos años de inacción y permisividad" del Gobierno de Murcia, según recoge www.eldiario.es

Ribera se encontrará con representantes ecologistas de la Región, pescadores y alcaldes de los diferentes municipios afectados por la situación. Al final de la jornada, la vicepresidenta se reunirá con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a quien ha dirigido una carta esta semana en la que pide que se resuelvan los expedientes de sanción que "no están siendo tramitados por el Gobierno de Murcia, que es el competente como consecuencia de la ley del Mar Menor". Según ha afirmado Isabel Rodríguez, se trata de "800 expedientes" del Seprona y la Fiscalía.  

Por su parte, el Gobierno murciano ha negado que existan 800 expedientes sin tramitar en relación a la protección del Mar Menor: "Es rotundamente falso que exista una dejación del ejercicio de las competencias de la Comunidad en esta materia, tal y como ha dicho hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la celebración del Consejo de Ministros". 

Desde el Gobierno regional han señalado que "tienen abiertos 113 expedientes de restitución de regadío ilegal, sobre una superficie total de 2.130 hectáreas. Se trata del total de los expedientes recibidos de la Confederación Hidrográfica del Segura, por lo que no existe ninguna orden sin tramitar".

Si en un primer momento, el Gobierno murciano no quiso reconocer que se trataba de una anoxia, como la ocurrida en octubre de 2019, después no dudó en presentar una denuncia en la Fiscalía contra la ministra "por su inacción y falta de aplicación de medidas". Todo menos relacionar la falta de oxígeno de la laguna salada con los vertidos de los cultivos agrícolas en la zona del Campo de Cartagena, muchos de ellos ilegales. 

López Miras ha insistido en varias ocasiones en que el "problema" no lo ha generado su gabinete, echando la pelota sobre el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reprochado que lleva dos años sin pisar el Mar Menor, aunque "hicieron campaña en 2019 en sus orillas". Y puso deberes al Ministerio para la Transición Ecológica: "Recuperar el calado en la gola de Marchamalo para paliar este episodio, es de las pocas medidas que se pueden tomar a corto plazo para oxigenar el Mar Menor".  

Miras ha llegado a reclamar este martes la urgencia de "vaciar el acuífero, que ya está contaminado, porque tiene 300.000 toneladas de nitratos de las últimas décadas de actividad", al tiempo que ha sentenciado que los vertidos "no llegan de empresas agrícolas". 

El jefe del Ejecutivo murciano considera que trata de una crisis "de carácter nacional, es una crisis de Estado y me gustaría que el Gobierno de la nación la tratase como tal, porque hemos tenido otras crisis nacionales como el Prestige, en la que el Ejecutivo central invirtió 1.000 millones de euros".

En cuanto a la introducción de nutrientes por la Rambla del Albujón, el presidente murciano señaló que "no se está haciendo nada para evitarlo". 

"En estos momentos, damos un paso contundente al frente y pedimos la transferencia de competencias de costa y cuenca del Mar Menor para actuar en el acuífero y la rambla de una vez por todas; no quiero seguir con las manos atadas y si me señalan como responsable, pueda serlo", sentenció López Miras, quien ha insistido en que llevan tres años pidiendo que se ejecute el Plan de Vertido Cero.  

La ministra Ribera se reunirá por la mañana en la localidad marmenorense de Los Alcázares con los alcaldes de la zona y representantes de diferentes organizaciones como la Plataforma SOS Mar Menor, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), WWF-Adena, Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y la Cofradía de Pescadores. 

También celebrará la ministra una reunión con el presidente murciano, Fernando López Miras, y el consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo a las 15 horas en el Palacio de San Esteban. Desde el Gobierno central insisten en la obligación que tiene la comunidad de resolver los expedientes sancionadores instruidos a los responsables de los vertidos contaminantes.

La portavoz del Gobierno señala a López Miras

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha responsabilizado al Ejecutivo murciano que preside el PP de forma ininterrumpida desde 1995 de esta crisis medioambiental que afecta a la mayor albufera de España. 

"Es la consecuencia de un periodo muy dilatado de inacción y falta de cumplimiento del Gobierno de Murcia en lo que se refiere a la ejecución de las sanciones, lo que es un consentimiento doloso de una situación irregular que es lesiva para el medioambiente y el Mar Menor", ha dicho Rodríguez. "No es un conflicto de competencias, sino de dejación de competencias", ha concluido.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sale así al paso de las críticas que ha recibido tanto por parte del Gobierno regional que encabeza Fernando López Miras como por el presidente del PP, Pablo Casado, quien ayer mismo reclamó desde una explotación vitivinícola murciana al Gobierno central que tome medidas ante el desastre medioambiental del Mar Menor.

"Esto no se produce en un día ni en un fin de semana, es la consecuencia de muchos años de permisividad con acciones lesivas para el medio ambiente que están lesionando a otros agricultores que sí cumplen las normas", ha explicado Rodríguez, quien ha asegurado que existen 8000 hectáreas cultivadas de forma ilegal "sin concesiones de agua".  

El Gobierno central ha tomado las medidas que ha podido, según ha explicado la portavoz. Por ejemplo, declarar "el acuífero en riesgo químico" para lo que no han contado con el apoyo del Gobierno de Murcia, ha denunciado. Algo que "afecta a la economía" porque pone en duda "la reputación de productos exportados al sector turístico".

"El Gobierno de España está comprometido a buscar soluciones. Lo primero es acabar con los vertidos y hemos hecho lo que podíamos hacer. Ahora falta ejecutar las sanciones", ha reiterado. Después, ha añadido, será el momento de "recuperar la zona", para lo que, ha recordado, se contemplan planes concretos en el marco de los fondos europeos. Rodríguez ha señalado que la visita de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a Murcia está relacionada con ese plan de recuperación.

Ribera también comparecerá ante el Congreso la semana que viene, según ha adelantado Isabel Rodríguez.

El buzón de la Inspección de Trabajo o cómo gestionar 200 chivatazos anónimos cada día


MADRID.- “Una trabajadora se puso en contacto con nosotros para ver qué podía hacer porque, a pesar de estar contagiada del coronavirus, la empresa le pedía que fuera a trabajar. Le dijimos que no lo hiciera, y que de producirse su despido este sería decretado nulo”. 

Habla con El País, Ana Ercoreca, inspectora y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS), recordando uno de los casos que han llegado al buzón de la Inspección de Trabajo. 

La mecánica es sencilla. Basta con rellenar un formulario de un solo folio. Se hace de forma anónima y no es necesario presentar ningún papeleo adicional. Esta herramienta alojada en la página web del Ministerio de Trabajo, que nació en agosto de 2013 para luchar contra el fraude, ha ido ampliando sus competencias a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. 

El buzón se ha convertido hoy, con una media de 197 comunicaciones al día, en la forma más habitual de dar un chivatazo para denunciar alguna irregularidad en una empresa. “Es muy útil y nos llega de todo”, asegura Ercoreca.

Las denuncias más recurrentes en el último año y medio han sido las relacionadas con el coronavirus. Especialmente, las que advertían de la falta de mascarillas en el centro de trabajo o las que destapaban que algunas empresas trataban de impedir que los empleados contagiados se cogieran la baja

Aunque en las últimas semanas, tal y como anunció la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la Inspección ha priorizado las denuncias relacionadas con la exposición a las altas temperaturas derivadas de la reciente ola de calor que ha castigado al país. “Garantizar condiciones laborales dignas es una tarea colectiva”, indicó Díaz.

Los últimos datos oficiales son los de 2019, ya que la memoria anual que realiza la Inspección se publica al final del ejercicio del año siguiente al evaluado. En 2019 se contabilizaron 71.970 comunicaciones a través del buzón, de las cuales 43.121 fueron remitidas a las inspecciones provinciales. El cómputo total de las infracciones sancionadas se redujo finalmente hasta las 1.224.

El organismo explica que no todos los avisos superan el primer filtro, en muchos casos por defectos de forma. “A veces no ponen los detalles suficientes para que se pueda abrir una investigación, y al ser anónimas no tenemos forma de ponernos en contacto con el remitente”, señalan. 

“Otra situación que sucede a menudo es que se reciben denuncias de distintas personas, pero sobre una misma infracción, por lo que se contabiliza una única vez”, detallan en la Inspección.

El anonimato es, por tanto, aliado y enemigo de muchas de estas denuncias. Por ello, en la Inspección recomiendan poner siempre los datos personales dentro del formulario. El que aparezca la identidad de la persona afectada no significa que esta vaya a darse a conocer a la empresa señalada, y sirve para que la Inspección pueda comunicarse con ella para informarle del estado de su reclamación. “Una denuncia anónima, sin embargo, no recibe comunicación”, detallan.

“Hace poco me llegó un mensaje sobre una obra en Benasque (Huesca) sin ningún tipo de medidas de prevención de riesgos. Fue una odisea porque tuve que ir por el pueblo, calle por calle, viendo dónde estaba esa obra y encontrarla fue un lío”, recuerda Ercoreca. 

“El buzón está bien para tramitar denuncias de gente que igual no se atreve a denunciar, pero solo es una vía de entrada”, añade. A diferencia de lo que sucede con una denuncia formal, al buzón de la Inspección puede recurrir no solo el trabajador afectado, sino “todo aquel conocedor” de algún incumplimiento de la normativa laboral, de casos de discriminación o irregularidades en la Seguridad Social o prevención de riesgos laborales.

Poco personal

La plantilla de la Inspección está compuesta por 1.852 empleados públicos (858 inspectores y 994 subinspectores), según los datos de SITSS, aunque los registros de Función Pública recogen un millar más (2.861). Son estos números bajos para el volumen de trabajo que tienen cada día. 

“En España, a diferencia de otros países como Italia, el inspector tiene competencias en todo: en materias de prevención, laboral y Seguridad Social. Es más rentable y efectivo porque en una visita se pueden revisar todas las condiciones de trabajo. Pero hace falta refuerzos. Estos meses no hemos parado”, reclama Ercoreca.

Muchos de los avisos que han ido apilándose desde la irrupción de la covid-19 estaban relacionados con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las dudas acerca de la ejecución de las jornadas. También con el teletrabajo y los excesos en las horas realizadas, así como por la vulneración de la desconexión digital.

El coronavirus ha sido una fuente recurrente de comunicaciones en los últimos meses que además ha obligado a acelerar los tiempos en la gestión de incidencias por sus consecuencias sanitarias. “Al principio de la pandemia nos llegaban muchos mensajes de que no se estaban repartiendo mascarillas en el trabajo. Y teníamos que ir lo antes posible para evitar brotes de contagio”, recuerda Ercoreca.

Al enviar la queja, se reconocen 11 tipos de anomalías (incumplimiento en materia de jornada, discriminación, acoso sexual…), y es necesario identificar a la empresa infractora. En 2019, la materia sobre la que más actuaciones se llevaron a cabo por avisos a través del buzón fue la referente a Seguridad Social (7.760, de las que se estimaron 506 infracciones), seguida de relaciones laborales (2.058 y 477 infracciones) y seguridad y salud (639 y 240, respectivamente). 

El resultado de las inspecciones con resultado de expediente sancionador derivó en multas de más de seis millones de euros.

Anticipan todo el dinero que van a ganar las farmacéuticas con el negocio de las vacunas del COVID-19


MADRID.- El ritmo vertiginoso al que están creciendo las farmacéuticas detrás de las vacunas contra el COVID-19 ha superado todas las expectativas de los analistas, que se mostraban muy optimistas a la espera de estos segundos resultados trimestrales, a juicio de www.businessinsider.es

Las cifras de Moderna, Pfizer, Janssen y AstraZeneca anticipan que lo que se verá en las próximas cuentas trimestrales y a cierre de 2021 podría ser histórico —más teniendo en cuenta que para la biotecnológica de la vacuna de ARN mensajero, este será su primer año con un producto en el mercado—. 

Los resultados de los 3 meses vencidos el 30 de junio, tanto respecto los mismos de 2020 como a los 3 primeros de este año, han hecho que las inyecciones contra el coronavirus se noten entre las cifras de Johnson & Johnson (detrás del laboratorio Janssen) y AstraZeneca, cuya cartera de productos de largo recorrido ya aseguraban al menos un balance estable. 

Para Pfizer y Moderna, que han empezado a afianzar en el mercado la tecnología de ARN mensajero por primera vez en la historia, los números son aún más predictivos. 

La primera de ellas casi dobla sus ingresos del segundo trimestre de 2020 tras crecer un 92%. La segunda ha reportado un histórico incremento de su facturación del 6300%. 

Estos y otros datos aseguran que las farmacéuticas se podrían hacer de oro con el negocio de las vacunas de COVID-19, en cuya carrera está a punto de entrar la primera vacuna española

Moderna, cuyo primer producto en el mercado es la vacuna del COVID-19, es el claro ejemplo de que el negocio de las vacunas contra el coronavirus apenas está despuntando. 

La biotecnológica, dirigida por Stéphane Bancel, ha facturado este segundo trimestre del año un 6300% más que en el mismo periodo del año anterior —cuando aún su candidata seguía siendo estudiada—. 

Los ingresos han ascendido a unos 4.354 millones de dólares (cerca de 3.672 millones de euros), frente a los 66 millones de dólares de 2020 (unos 55 millones de euros).

Del total, la vacuna representa casi el 100% de la facturación: 4.197 millones de dólares (3.539 millones de euros), en comparación con los 1.733 millones (cerca de 1.443 millones de euros) del primer trimestre de este mismo año. 

La otra farmacéutica al frente de una vacuna de ARN mensajero, Pfizer, ha ganado con la vacuna 9.234 millones de dólares (7.880 millones de euros), en comparación con los 1.247 millones del mismo periodo de 2020 (unos 1.060 millones de euros). 

En total, la farmacéutica ha crecido un 92% en un año, tras registrar ingresos por valor de 18.980 millones de dólares (16.000 millones de euros) frente a los 9.860 millones (8.300 millones en euros) del año anterior. 

Johnson & Johnson, que ha facturado unos 23.300 millones de dólares (19.700 millones de euros) y ha superado también las expectativas de los analistas, ha crecido un 27,1% respecto al mismo trimestre de 2020. 

Aunque los ingresos por su vacuna parecen menores que los de sus competidoras, ha obtenido unos 164 millones de dólares (139 millones de euros), un 64% más que en el primer trimestre del año. 

AstraZeneca ha triplicado los ingresos de su vacuna este segundo trimestre del año respecto a los 3 primeros meses de 2021. La farmacéutica, que ha desarrollado sus inyecciones en colaboración con la Universidad de Oxford (Reino Unido) ha ingresado 757 millones de euros. 

Esto, junto a un fuerte crecimiento con el resto de productos de su cartera, ha llevado a AstraZeneca a ingresar en total un 31% más que en el mismo periodo del año anterior —8.200 millones de dólares (6.900 millones de euros al cambio) frente a los 6.200 millones (5.200 millones de euros) de 2020—. 

Los analistas estiman que Moderna siga creciendo vertiginosamente en lo que queda de año. La biotecnológica podría facturar 23 veces más de lo que facturó en todo el año anterior, al presentar unos 18.770 millones de dólares (15.830 millones de euros) frente a los 803 millones de dólares (unos 677 millones de euros al cambio actual) de 2020. 

Pfizer anticipa un cierre de aproximadamente 33.500 millones de dólares (28.300 millones de euros) por la vacuna BNT162b2, desarrollada junto a BioNTech. Lo que impulsaría sus ingresos totales a entre 78.000 millones de dólares (66.000 millones de euros) y 80.000 millones de dólares (67.000 millones de euros).

Johnson & Johnson espera cerrar 2021 con un total de entre 93.800 millones de dólares (79.600 millones de euros) y 94.600 millones de dólares (80.200 millones de euros) facturados, tal y como había informado Business Insider España con anterioridad. Cuando cerró 2020 con 82.600 millones de dólares (más de 70.000 millones de euros).

Para AstraZeneca, que no ha ofrecido cifras sobre lo que espera ingresar en 2021, los analistas esperan que ingrese un 45% más que el año anterior, cuando facturó 26.620 millones de dólares (22.500 millones de euros). Exactamente, la cifra podría ascender a los 32.700 millones de dólares (32.700 millones de euros).

"Es de esperar que continúen las variaciones de rendimiento entre trimestres", reconoce el informe de los últimos resultados presentados por AstraZeneca. 

España tiene reservadas 146 millones de dosis de Pfizer y BioNTech, 52 millones de Moderna, 31 millones de AstraZeneca y 20 millones de la monodosis de Janssen. 

Pero son sólo una pequeña parte de lo que las farmacéuticas planean producir y vender en 2021. 

Según datos recopilados por Bloomberg, se han administrado más de 4.820 millones de dosis en 183 países, de forma desigual entre ricos y pobres. A este ritmo, estima el medio, se necesitarían unos 6 meses para llegar a la inmunidad de rebaño en todo el mundo —cerca del 75%—.   

Moderna planea entregar en 2021 entre 800 millones y 1.000 millones de dosis de la vacuna. Pero promete entre  2.000 millones (de 100 μg) y 3.000 millones de viales (si se trata de 50 μg) en 2022.

Pfizer, por su parte, se ha comprometido con 2.100 dosis en 2021. No obstante, el fabricante prueba su candidata en niños de tan sólo 6 meses de edad y está a la espera de la revisión de datos de su dosis de refuerzo. 

Janssen había asegurado que podría producir 1.000 millones de dosis durante 2021 y confirmó en un comunicado a la UE que entregaría 200 millones de dosis al grupo en 2021.

Pero un funcionario de la Unión Europea ha reconocido a Reuters, en febrero de este mismo año, que podría estar enfrentándose a problemas de suministro que pueden complicar los planes de entrega de 55 millones de dosis de su vacuna COVID-19 al bloque este trimestre.

AstraZeneca, que ha protagonizado las mayores polémicas de la campaña de vacunación, no adelanta cuántas dosis entregará en 2021. La farmacéutica podría estar siendo precavida para no comprometer dosis que luego no puedan ser entregadas —como sucedió con la Unión Europea—.

Sin embargo, los datos evidencian que ha impulsado el crecimiento de la compañía en mercados emergentes como China, ha reportado ingresos en el país por valor de 455 millones de dólares (385 millones de euros) y 572 millones de dólares (484 millones de euros) en Europa en lo que va de año.

A pesar de estos últimos conflictos, las compañías difícilmente verán lastrado su crecimiento al menos en 2021. Sus vacunas son seguras y eficaces, son más baratas que las de ARN mensajero y más fáciles de transportar. 

La farmacéutica que menos se ha beneficiado de este factor ha sido AstraZeneca, no por el número de dosis vendidas, sino porque su candidata se ha comercializado sin ánimo de lucro. Es decir, a precio de coste. 

Los viales de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford cuestan unos 3 euros. 

Le sigue la monodosis de Janssen, el laboratorio de Johnson & Johnson, que tiene un precio de unos 8 euros. Al ser una única dosis, ese sería el monto total para la pauta completa. Mientras que para el resto de candidatas es el doble por cada inmunizado. 

En origen, la vacuna de Pfizer y Moderna se empezaron a comercializar por 15,50 euros y 19 euros respectivamente. Pero su efectividad contra las nuevas variantes —más alta que la del resto de vacunas— llevaron a sus fabricantes a elevar el valor de las inyecciones. 

Pfizer ha subido el precio de su vacuna a los 19,50 euros el vial. Y Moderna a los 25,50 euros. 

Para más, todavía queda lo que los ejecutivos de Pfizer llaman una "oportunidad significativa": que pase el estado pandémico y el precio de la vacuna se pueda ajustar a la balanza de la oferta y la demanda.

"Si se observa cómo se está impulsando la demanda actual y los precios actuales, está claro que no está sucediendo por lo que yo llamaría condiciones normales de mercado o fuerzas normales de mercado... se ha motivado por el estado de pandemia en el que nos encontramos", explicaba con anterioridad Frank D'Amelio, director financiero de la farmacéutica. 

Las variantes serán un factor determinante para la industria farmacéutica que estudia vacunas contra el SARS-CoV-2 —y los virus en general, como el que provoca la gripe cada año—. 

Que aparezcan nuevas variantes implica que el virus original o sus predecesoras han sufrido una mutación. Estas mutaciones pueden afectar a la forma en la que el virus se adhiere a los receptores de la célula humana, a cuán agresiva es la enfermedad que provoca o a su resistencia a una respuesta inmunitaria. 

Las variantes del coronavirus han ido evolucionando en esos 3 aspectos, al menos delta. 


Ahora las vacunas son entre un 10% y un 30% menos efectivas. Además, varios estudios están advirtiendo sobre la duración de su protección, que podría empezar a ser notable a partir de los 6 meses.

Las farmacéuticas que ya han recibido autorización para su uso de emergencia —Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Janssen— ya estudian dosis de refuerzo, vacunas orientadas a las variantes más peligrosas y vacunas polivalentes, que respondan a diferentes versiones del virus. 

Además, otras candidatas vienen en camino. Y podrían cambiar el rumbo de la pandemia de conseguir una protección más fuerte, más prolongada en el tiempo y diferente —si consiguen evitar la infección, por ejemplo—.

Moderna, cuyo primer producto en el mercado ha sido la vacuna del COVID-19, ha experimentado un crecimiento de más del 6300% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2020. Estas cifras, si bien no se podrían repetir, son un reflejo de lo que podría esperar a Hipra —el laboratorio al frente de una de las vacunas españolas ya en revisión de datos—, Novavax y Sanofi/GSK.

Las dosis de refuerzo están a punto de ser una realidad, porque —sean o no la estrategia más eficaz en la coyuntura actual de la pandemia— serán necesarias para hacer frente a versiones más agresivas del virus, como delta.

Más si las variantes hacen al virus más transmisible, viral —es decir, acelera la enfermedad que provoca o lleva a casos más graves— o resistentes a los anticuerpos. 

Porque aunque los vacunados estén protegidos contra los peores escenarios del SARS-CoV-2, más infecciones aumentan las probabilidades de infectar a otros y de saturar el sistema sanitario.

Las administraciones responsables de Europa y Estados Unidos, conocidas como EMA y FDA, trabajan en la revisión de los datos de los efectos y la seguridad de una tercera dosis de las vacunas de ARN mensajero: Pfizer y Moderna

Pero ya las autoridades sanitarias de EEUU han recomendado una dosis extra para los que tienen una pauta completa, más allá de los grupos de riesgo. Si la FDA lo aprueba, se empezarían a administrar el 20 de septiembre, 8 meses después de la segunda inyección. 

España, por su parte, planea una vacunación masiva con dosis de ARN mensajero para 2022. De facto, ha suscrito un contrato de la mano de la Unión Europa por 1.800 millones de dosis de Pfizer y en torno a 480 [millones] de Moderna.

La necesidad de dosis de refuerzo llevará a un aumento de la demanda de las vacunas. Y, por consiguiente, a que las farmacéuticas amplíen su capacidad de producción y se refleje en sus próximos resultados. 

Los cálculos de la compañía estadounidense de datos de salud IQVIA, estiman que si se necesitase una inyección cada 2 años, el gasto en estas dosis sería de hasta 157.000 millones de dólares —más de 133.000 millones de euros— en 2025. Lo que equivale al 2% del presupuesto para todos los medicamentos recetados.