El Tribunal plantea vender cuadros intervenidos a Roca a través de Sotheby's

MÁLAGA.- El Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, ha acordado la venta de todo el patrimonio del presunto cerebro de esta supuesta trama, Juan Antonio Roca, incluidos los cuadros intervenidos en la operación policial, lo que plantea llevarlo a cabo mediante subasta en la entidad especializada Sotherby's.

En este sentido, en un auto de la Sección Primera se precisa que se autoriza la venta de los cuadros pertenecientes a Roca "incluso mediante subasta en Sotherby's, entidad de prestigio inglesa, que garantiza un precio mínimo de salida y el seguro correspondiente de las obras de arte que se trasladen".

Por esto, la resolución añade que esta entidad es hasta ahora "una de las que ofrece mayores garantías, pese a las dificultades del mercado". Según precisa el fiscal en sus conclusiones iniciales, Roca "destinó parte de los fondos obtenidos ilícitamente a la adquisición de cuadros y obras de arte por importe de varios millones de euros". Así, señala que entre cuadros y otros objetos gastó 27,6 millones.

Esta venta de las obras de arte se enmarca en un acuerdo general de venta de todo el patrimonio, con la obligación de defender "el precio más alto que se pueda obtener en cada una de las ventas", al señalarse que es el "único medio de garantizar la subsistencia" del mismo y poder hacer frente a las deudas tributarias e hipotecarias que existen.

A este acuerdo se llegó tras celebrarse este mes de julio hasta tres reuniones en las que participaron las partes implicadas, incluido Roca, para llegar a un acuerdo sobre la problemática, ya que "no existe liquidez" para afrontar "las numerosas y perentorias" deudas, y para solucionar las dificultades en la gestión, planteadas por el administrador judicial de sociedades vinculadas a éste.

A este respecto, el auto recoge las manifestaciones de dicho administrador, quien explica que hasta ahora se han ido aplicando los fondos metálicos de una compañía para cancelar obligaciones perentorias de otras de las "en principio" atribuidas a Roca, con lo que "se han ido solventando las distintas dificultades que implicaba la gestión del patrimonio".

En dicho escrito, según la resolución de la Audiencia, el administrador advierte de que la "difícil" estrategia de gestión "se altera hasta bloquearla por completo como consecuencia de la adopción de medidas de embargos generalizados de bienes de las distintas sociedades" por los juzgados centrales de instrucción número 2 y 6 de la Audiencia Nacional, por los casos 'Saqueo'.

De hecho, pone de manifiesto "la imposibilidad de seguir con la gestión" de sociedades, ya que "se han perdido diversas oportunidades de venta de bienes por el recelo de los compradores ante esos embargos de la Audiencia Nacional" y señala que el no levantamiento de los mismos "tendrá como consecuencia directa la inmediata declaración de insolvencia del grupo societario".

Por esto, la Sala acuerda comunicar a dichos juzgados y a la Fiscalía Anticorrupción la decisión de venta del patrimonio y las resoluciones concretas solicitando "que alcen y dejen sin efecto los embargos que hubiesen acordado sobre los bienes inmuebles y muebles que el administrador precise vender para garantizar la subsistencia del patrimonio", eso sí, bajo la tutela de la Sala.

En las reuniones mantenidas se han adoptado otros acuerdos, como la venta "de forma prioritaria" de los caballos "por el coste de su mantenimiento, autorizándose que puedan venderse por lote o por separado. Actualmente, quedan unos 78 equinos. Asimismo, se levanta la administración judicial de tres sociedades por no tener actividad, según fuentes judiciales, quienes apuntaron que por otra parte existe una oferta de 850.000 euros por el helicóptero.

A pesar de "las dificultades por las que atraviesa el mercado inmobiliario y, en general, todo tipo de transacciones económicas", señala el Tribunal, se insta al administrador judicial a "defender las ventas en la medida de lo posible, evitando en todo caso malvender los bienes". Tanto el administrador como Roca han realizado una valoración de cada bien, aunque el ex asesor de Urbanismo pretende presentar otra pericial al respecto, según las fuentes.

Comienza la privatización de la sanidad pública regional

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia ha puesto a la venta unos terrenos en las cercanías de Nueva Condomina, por importe de 9,2 millones de euros, y cuya adjudicataria, la empresa Hospimurcia 2008 S.L., está interesada en la construcción de un nuevo hospital privado.

Según explicó en rueda de prensa la edil Nuria Fuentes, la entidad dispone de un plazo de cuatro meses para presentar el proyecto de construcción del centro hospitalario "y en el momento que tengan la licencia de Urbanismo dispondrá de tres meses para iniciar las obras".

A su juicio éste es un proyecto importante para la ciudad que mejorará la sanidad del municipio, pero también supone el ingreso de nueve millones de euros, "que permitirán en estos tiempos poder invertirlos en una mejora en distintas construcciones y en seguir avanzando" dentro de la localidad. Es importante, subrayó, "aplaudir la iniciativa privada y lo que va a suponer para el interés público".

Y es que la Junta de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a la adjudicación definitiva de la venta de esta parcela municipal de equipamiento ubicada en el sector de Nueva Condomina de Churra.

La parcela tiene una extensión de 10.000 metros cuadrados y su calificación le permite ser destinada a equipamiento docente y social, que comprende usos sanitarios. En cuanto a la valoración económica de esta finca, la Gerencia de Urbanismo ha estimado su valor en 8 millones de euros, con cuyo ingreso se podrán financiar inversiones municipales.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente el Plan Especial de Centros de Administraciones Públicas para la ampliación del hospital Morales Meseguer. Se construirá un edificio anexo de 6.000 metros cuadrados con el objetivo de que siga creciendo la Sanidad Pública.

El PSRM propone crear un Fondo Especial de 300 millones para aliviar la situación financiera de los ayuntamientos

MURCIA.- El PSRM ha planteado a la Comunidad Autónoma la creación de un Fondo especial de financiación para los ayuntamientos por valor de 300 millones para aliviar su situación económica. Esta cantidad es equivalente a la que anteayer ofreció el Gobierno regional a las administraciones locales en avales en la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación de Municipios, una medida que para el secretario de Coordinación del PSRM, Francisco Oñate, “no es más que una burla porque sólo contribuiría a aumentar su endeudamiento”.

Oñate ha pedido a Valcárcel que se rasque su bolsillo y ponga en marcha este fondo que procedería de los ingresos que obtiene la Comunidad de la participación en los impuestos y podría desarrollarse en dos años.

“Esto permitiría a las administraciones locales recibir unas transferencias incondicionadas que destinarían a cubrir sus necesidades más urgentes lo que sí serviría para sacar de la asfixia financiera a los ayuntamientos”.

El secretario de Coordinación del PSRM precisa que “300 millones, equivalen al 3% del presupuesto de la Comunidad Autónoma por lo que es una cantidad bastante asumible” y aunque “es cierto que tienen dificultades también lo es que han sido muy poco generosos con las transferencias a los ayuntamientos en los años de abundancia y se han acostumbrado en exceso a tirar de chequera para gastos propios”.

El secretario de Coordinación del PSRM, Francisco Oñate, entiende que la propuesta de Valcárcel de avalar hasta 300 millones no es la solución porque “no se trata de facilitar la ampliación del endeudamiento de los ayuntamientos para que se aprieten más la soga al cuello sino de darles más recursos económicos para que tenga mayor autonomía”. Así el PSRM considera que es la enésima promesa de “un mal pagador que sólo tiende a dilatar los problemas y no ofrecer soluciones efectivas”.

Para Oñate, “Valcárcel no demuestra una voluntad real para resolver los problemas de los ayuntamientos porque si de verdad quisiera sólo tendría que fijarse en la Constitución Española donde se establece que las administraciones se financian con las aportaciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.

“Frente a un Estado que cumple escrupulosamente sus compromisos legales y además ha proporcionado a los ayuntamientos 400 millones de euros extraordinarios a través del Plan E; la Región de Murcia no ha seguido el ejemplo de otras autonomías como Andalucía que han desarrollado lo que se conoce como las ‘PICAS’ y que no es otra cosa que la participación de los ayuntamientos en los ingresos por impuestos”.

Se trata, según precisa Oñate, de “una propuesta que el propio Valcárcel recogía en su programa electoral de hace ocho años y que todavía estamos esperando”.

Saura denuncia el recorte y los incumplimientos del Gobierno de Valcárcel con las infraestructuras de Cartagena

CARTAGENA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, ha denunciado que el Gobierno de Valcárcel ha castigado a Cartagena con las inversiones productivas en 2010, con un recorte de 12 millones de euros en comparación con 2009, al tiempo que puso de manifiesto los retrasos injustificados en la ejecución de infraestructuras muy necesarias y demandadas por los ciudadanos de Cartagena.

Recordó que frente a este recorte, el presidente Zapatero ha concedido al ayuntamiento de Cartagena 24 millones de euros del Plan E para 2010, lo que se suma a los 36 millones de euros que este ayuntamiento recibió por la primera fase del Plan E el pasado año.

Saura considera que el Gobierno regional debe cumplir sus compromisos con Cartagena en materia de infraestructuras, recortando el derroche que ejercita el Gobierno de Valcárcel y transformándolo en inversión productiva que crea empleo y actividad económica.

Entre las principales infraestructuras que el Gobierno regional tiene pendientes en Cartagena se encuentran las rotondas de Cabezo Beaza, la carretera del Sifón y las rotondas de La Manga.

El líder socialista lamentó que el Gobierno regional no quiera explicar toda la verdad sobre los recortes de infraestructuras en Cartagena en la Asamblea Regional, tal y como le ha demandado el PSOE.

Economistas y políticos destacan que el liderazgo de Cajastur en la fusión supone un espaldarazo a la entidad y a la imagen de Asturias

OVIEDO.- «Que una caja pequeña como Cajastur se haya hecho con el control de otra entidad que la dobla en tamaño como CAM es un premio a su solvencia y a sus buenos números». La reflexión es de Miguel de la Fuente, decano del Colegio de Economistas de Asturias en el diario local 'La Nueva España'.


Economistas y políticos asturianos aseguran que el hecho de que la gestión del grupo resultante de la fusión fría entre Cajastur, CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria haya recaído en la entidad asturiana es un reconocimiento al trabajo del equipo que preside Manuel Menéndez, y, destacan, favorecerá a mejorar la imagen que proyecta Asturias hacia el resto de España.

Miguel de la Fuente argumenta: «La fusión, y el hecho de que la gestión vaya a llevarse desde la región, es una noticia positiva no solo para el Principado sino para el sector financiero español».

Para el decano del Colegio de Economistas, de la operación saldrá «una entidad (la tercera caja de ahorros del país) con un gran volumen de negocio y con una buena liquidez, lo que hará que haya más facilidad para la concesión de créditos, que es uno de los principales problemas que siguen teniendo actualmente las empresas y las familias».

Lo que tienen claro también los economistas es que el hecho de que Cajastur vaya a tomar el mando de la nueva entidad que resulte de la fusión supondrá un fuerte espaldarazo para la imagen de la región. «La marca Asturias está de moda», destaca De la Fuente.

Francisco González, catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo, huye de regionalismos y destaca: «La gerencia del grupo resultante la ha adoptado la entidad que mejor ha sabido hacer las cosas». Y señala: «Lo que tiene que pensar ahora la alicantina CAM es que la decisión es una garantía para su futuro».

También resta importancia a que la gestión del grupo se vaya a llevar a cabo desde Asturias. «Esto no debe de ser una cuestión de nacionalidades; si la mejor gestión hubiera estado en Alicante, lo normal hubiera sido que el peso en el control del grupo lo hubiera llevado la CAM», señaló González.

Santiago Álvarez, catedrático de Hacienda Pública, destaca además que Cajastur es una entidad que cuenta con un alto grado de solvencia, que no ha tenido una exposición a los riesgos inmobiliarios demasiado elevada y que no ha tenido una política de expansión hacia otras regiones muy agresiva como sí han hecho otras cajas.

«No incurrió en operaciones arriesgadas como sí hizo, por ejemplo, Caja Castilla-La Mancha (CCM) financiando obras como el aeropuerto de Ciudad Real, lo que ha hecho que se haya colocado con una posición dominante dentro del grupo resultante», señaló Santiago Álvarez.

La operación de Cajastur consiguió también aunar la opinión de populares y socialistas asturianos. Javier Fernández, secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios (FSA), señaló: «La fusión robustece al sector de las cajas de España», y afirmó: «Nos alegra que CAM haya optado, por fin, por tener una gestión más profesional».

Un análisis similar realizó el presidente del PP en Asturias, Ovidio Sánchez: «Cajastur está dando buenas noticias permanentemente», afirmó, «su liderazgo en el proceso de fusión permite a los ciudadanos de la región tener una perspectiva dentro de España realmente importante». El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Severino García Vigón, también destacó que la operación «pone de manifiesto la buena capacidad de gestión del equipo que preside Manuel Menéndez».

Menos claro lo tiene el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. El popular destacó que la aportación de Caja de Ahorros del Mediterráneo a la fusión es «muy elevada respecto a la de las otras tres cajas». «Espero», añadió, «que con el paso del tiempo, no se tenga la sensación de que se ha quitado nada a la provincia de Alicante». Para Ripoll, la «fusión óptima» hubiera sido la resultante de unir CAM con Caja Murcia. Sin embargo, destacó, «al final, las cosas que se obtienen no son las mejores, sino las posibles».

En Alicante, los sindicatos aseguran estar preocupados por el futuro del empleo en la nueva entidad. Las centrales con representación en la caja levantina exigieron la constitución de una mesa laboral en la que «se garantice la estabilidad del empleo en CAM». Entre los propios representantes sindicales existen diferencias sobre las ventajas e inconvenientes de la fusión y piden un compromiso para negociar un pacto laboral.