Lo de Murcia –una región a la que se viene señalando como región
fallida, en razón singularmente de las fechorías de un poder agrario
dominante e intratable– va alcanzando cotas de escándalo de difícil
parangón.
Faltaba, para adornar y redondear el desmadre agrario,
consustancial con las políticas regionales, permisivas y delicuescentes
de las últimas décadas, la irrupción cavernícola de las huestes de Vox
que, con un porcentaje del 28 por 100 conseguido en la región en las
últimas elecciones (récord nacional, con el récord municipal de Torre
Pacheco, 38 por 100), en pocos meses se han retratado como machistas
inveterados, racistas sin disimulo y grotescos analfabetos ambientales,
hundiendo a la región en la desolación y el sonrojo.
Convertidos en
fuerza decisoria regional, ya que permiten al PP y a Ciudadanos dirigir
la política autonómica, sus excentricidades ultras nos han regalado ese
último florón del “pin parental”, que amenaza con encadenar un insulto
tras otro.
No es, sin embargo, este
exabrupto (de franquistas remodelados) llegado desde el gobierno
murciano lo que más debe preocupar ya que, a fuer de soez, deberá ser
rápidamente fulminado por el gobierno central, sino la situación agro-ambiental,
que desde estas páginas venimos describiendo y que va aumentando de
gravedad según evolucionan las consecuencias del envenenamiento del
Mar Menor,
porque tanto las entidades agrarias como el gobierno regional persisten
en eludir sus responsabilidades y en mantener el rodillo depredador de
una agricultura de saqueo.
En la ideología y la práctica de la autoridad regional actúa una rebelión decidida contra toda norma de protección ambiental,
tanto si viene de Madrid como si es elaborada por ella misma, dado el
cariz que invariablemente adquiere: un articulado frívolo y tramposo
que, redactado deprisa y corriendo, entra de lleno en la categoría de
los textos inútiles e incompetentes, saturados de espíritu negacionista y
(sobre todo) exculpador, con el objetivo, siempre, de garantizar la
impunidad de los culpables directos e indirectos.
Este es el caso del recientemente aprobado decreto-ley de Protección Integral de Mar Menor,
última norma de la serie iniciada tras alcanzar esta laguna marina el
colapso biológico: un texto criticado, por insuficiente y ambiguo, por
todos los sectores proteccionistas, pero que ha sido consensuado con los
principales responsables del crimen (agricultores del Campo de
Cartagena, en primer lugar) y que carece de garantías de cumplimiento
(siendo este el más serio problema regional: el menosprecio libre y
general de toda la normativa agro-ambiental).
En este marco desesperante, el presidente regional, Fernando López Miras, ampara al gremio agrario repitiendo una y otra vea que “No hay que buscar culpables”
o, más aviesamente, “El Estado es el culpable y, en cualquier caso,
debe pagar la recuperación de la laguna”.
Y así resume la firme postura
de un gobierno regional pelele, enteramente en manos del poder agrario e
incapaz, por ejemplo, de parar obras agrícolas ilegales a las que
incluso denuncia, sin la menor voluntad de actuar como debe y con los
medios de que dispone; y que pretende ignorar que es la copiosa
legislación autonómica protectora, existente desde hace tiempo, la que
él mismo burla diaria y fervientemente, protegiendo expresamente a los
infractores.
En perfecta sintonía con el poder político regional, marca la pauta y la ideología depredadora el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, elemento principal del poderoso lobby que impone el poder agrario en una región exhausta.
Al frente, Lucas Jiménez, su cabeza visible, que se arroga un derecho
eterno e intocable sobre las aguas del Alto Tajo, que es el argumento
con el que, un día sí y otro también, pide, exige advierte y amenaza,
dirigiendo sus dardos al gobierno de Madrid y su mirada torva y obsesiva
al medio ambiente murciano.
Todo esto, sin cuidar la disciplina
interna, consintiendo, cuando no estimulando, la ampliación de regadíos
(ilegales) y el aumento en el consumo de agua, anunciando acciones
judiciales contra el gobierno de Madrid si no llega a sus regantes el
agua que exigen.
Todo esto convierte en un problema nacional –político, agrario y ambiental– el caso murciano.
Debido a esta actitud y a estas despolíticas, no es de esperar que nada
positivo y serio ocurra en relación con el estado del Mar Menor (ni en
la prevención de las inundaciones, que serán progresivamente más duras y
repetitivas).
Y también se da por seguro que el gobierno murciano se
convierta en “objetor” de las medidas que, a favor del clima y de la
transición ecológica, haya de adoptar el nuevo gobierno central; su
hostilidad hacia las primeras medidas que sobre el problema del Mar
Menor se han adoptado desde Madrid, subraya una insumisión necia y
radical, haciendo cada día un poco más insostenible la región, no sólo
al impedir el castigo merecido sino también amenazando y desafiando a
quienes lo critican y ponen en evidencia.
Este caso (el de
la insumisión murciana) invita a pensar en que también por motivos
ecológico-ambientales debe darse cauce a la aplicación del
intervencionismo del Estado (artículo 155 de la Constitución),
si es que nos vamos a tomar en serio la crisis climática y sus
innumerables y graves consecuencias; así como una modificación de la
redacción del artículo 45, de protección del medio ambiente, incluyendo
su grave alteración autonómico-institucional entre las previsiones de
aplicación del 155.
Mientras tanto, y para frenar la
deriva cutre y sediciosa del gobierno murciano y de la situación
agro-ambiental de la región, el nuevo gobierno de Madrid deberá actuar
rápido y con ejemplaridad.
En primer lugar, destituyendo a los
actuales responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura, así
como de la Comisaría de Aguas correspondiente que, siendo instituciones
del Estado constituyen, en general, un nido de prevaricadores
que manejan una potente maquinaria de consolidación de ilegalidades y
consentidora de fechorías sin cuento contra el territorio, las aguas,
los cauces, los acuíferos y la dignidad de la Cuenca del Segura; esta
renovación ejecutiva debe ir acompañada de una investigación
administrativa exhaustiva sobre sus prácticas y trayectoria desde 1985 y
la nueva Ley de Aguas.
En segundo lugar, el gobierno de
Madrid debe denunciar al gobierno murciano por prevaricación,
desobediencia y deslealtad, en relación con la política de agua y
regadíos. En tercer lugar, se debe investigar y aclarar el
porqué de la llamativa inutilidad agro-ambiental de las fuerzas de la
Guardia civil (SEPRONA), así como de las diversas guarderías (fluvial,
costas, forestal), con el resultado de una impunidad generalizada en el
ámbito del delito ecológico e hidrológico.
Además, se deberá nombrar un Fiscal especial para los delitos del agro y el medio ambiente
en esta región sin ley, retomando la investigación que en su día
realizó el fiscal Emilio Valerio, desde Madrid, y que fue sofocada por
la mala voluntad de las instancias judiciales murcianas; vendría muy
bien, a este respecto, un Juzgado especial sobre delitos ambientales en
el TSJ de la Región de Murcia.
A ambos, al Fiscal especial y al Juzgado ad hoc,
se les habrá de señalar expresamente la obligación de oír y
documentarse ante las organizaciones civiles murcianas (especialmente,
las ecologistas y las plataformas de defensa del agua), únicas entidades
que, a lo largo del tiempo, se han opuesto a este interminable proceso
de destrucción ambiental y de burla de la ley.
(*) Activista ambiental murciano
