CARTAGENA.- MC Cartagena presentará una moción al Pleno municipal del próximo 10
de mayo para que se inste a la alcaldesa a que, en cumplimiento de sus
funciones y como responsable, impulse los expedientes de compatibilidad
del director de la Asesoría Jurídica y del director de Empleo Público,
Nuevas Tecnologías e Innovación.
La moción recoge que "en el caso del director de la Asesoría Jurídica
se le inste a que opte entre su actividad pública y privada,
requiriéndole, en cualquier caso, la devolución de los 210.083,12 euros
que, salvo error u omisión, ha podido recibir en exceso de complemento
específico".
Sobre el director de Empleo Público, Nuevas Tecnologías e
Innovación se solicita que lleve a cabo los trámites que procedan para
su regularización, incluida la económica en su caso.
Asimismo, se demanda que "se dé traslado del expediente completo a la
Fiscalía de Área de Cartagena por si la ocultación continuada de su
actividad laboral en el sector privado por parte del director de la
Asesoría Jurídica y, en particular, sus declaraciones afirmando que su
actividad corresponde a la universidad pública, fueran constitutiva de
delito".
La edil de la formación cartagenerista, María José Soler, ha
recordado que "ya el pasado mes de enero, nuestro Grupo solicitó a la
Secretaría General del Pleno que informara sobre la actividad laboral
fuera del Ayuntamiento del director de la Asesoría Jurídica y del
director de Empleo Público, Nuevas Tecnologías e Innovación, para
aclarar si sus actividades externas se consideran ajustadas a la
legalidad".
Asimismo, "nos interesamos en conocer si está vigente la
compatibilidad reconocida a ambos hace años como funcionarios, no como
órgano directivo, para la docencia en universidades públicas".
Soler ha añadido que "tras requerir esta documentación, se ha
comprobado que ambos han desempeñado una actividad docente fuera del
Ayuntamiento; en el caso del director de Empleo Público, Nuevas
Tecnologías e Innovación en la universidad pública y, eventualmente, en
un centro privado; mientras que el director de la Asesoría Jurídica la
ha mantenido, en todo momento, en un centro privado, con el que además
mantiene un contrato indefinido a tiempo parcial".
En concreto, ha explicado que "las conclusiones recogen que el
director de Empleo Público, Nuevas Tecnologías e Innovación ha
incumplido las normas de compatibilidad por no solicitar ésta al Pleno
desde que fuera nombrado como tal el pasado 14 de septiembre de 2018,
aunque es posible concedérsela por tratarse de un centro público siempre
que cumpla los límites salariales, lo informe favorablemente el rector y
lo apruebe el Pleno".
Igualmente, se especifica que "el director de la Asesoría Jurídica
incumple las normas de compatibilidad desde, al menos, el 14 de abril de
2014, cuando fue nombrado para el cargo que ostenta, y que presta
servicios laborales a una mercantil y no a un centro universitario
público, como reafirmó al ser requerido en marzo de 2016.
Además, afirma
que por su cuantioso salario está incurso en causa de incompatibilidad
retributiva". En este sentido, el límite máximo de complemento
específico tendría que ser 353,12 euros, mientras que actualmente
percibe 3.196,69 euros.
Respecto al director de la Asesoría Jurídica, los datos indican que
podría haber percibido 2.659,28 euros mensuales de más desde mayo de
2014, lo que supone, salvo error u omisión, 210.083,12 euros, teniendo
en cuenta que se perciben 14 pagas anuales.
Cabe recordar que, en marzo
de 2016, se le solicitó aclaración y no la hizo, declaración que
"entendemos podría ser incluso constitutiva de delito aunque no nos
corresponde tipificarla", ha reseñado María José Soler.
