miércoles, 2 de mayo de 2018

Cartagena recuerda a los heroes del 2 de mayo de 1808


CARTAGENA.- Esta mañána, miércoles 2 de mayo, ha tenido lugar el acto homenaje a los héroes del 2 de mayo de 1808, en el que el regimiento de artillería antiaérea n.º 73 ha conmemorado públicamente el levantamiento contra Napoleón y sus tropas, protagonizado por los capitanes de Artillería Daoíz y Velarde, junto con otros militares y el pueblo de Madrid.

En la explanada del Puerto, teniendo como fondo el monumento a los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba, se dio lectura al Real Decreto de la Regencia del Reino y se glosó el 2 de mayo de 1808.
Mediante una parada militar en el Puerto de Cartagena, en la que ha participado la Escuadra, la Banda y una Batería de Honores con línea de salvas de cañones de época, se ha recordado tan señalada gesta.
Al acto ha acudido por parte del Gobierno local el edil de Desarrollo Sostenible y Función Pública, Francisco Aznar y la concejala del área de Calidad de Vida y Bienestar, Obdulia Gómez. 
Por parte de la oposición han estado presentes en el acto Francisco Espejo, Manuel Padín, Esperanza Nieto, Francisco Calderón, Isabel García y Carolina Palazón. 
Además, han sido testigos de este homenaje la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, junto al consejero de Presidencia, Pedro Rivera.
El homenaje ha incluido una cermonia de Juramento de la enseña nacional, que ha sido protagonizada por personal civil que previamente lo había solicitado. 
Asimismo, se han rendido honores a la autoridad que ha presidido el acto, el general de división Juan Montenegro Álvarez de Tejera, jefe de Estado Mayor del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
Otro de los momentos relevantes en la celebración ha recaído en las condecoraciones militares y la alocución del coronel jefe del regimiento y comandante militar de la Región de Murcia, Enrique Maria Silvela Díaz Criado.
La jura de bandera del personal civil dejó paso a la imposición de distintivos y condecoraciones y, tras una alocución en la que se ensalzó la figura de los héroes del 2 de mayo, se rindió homenaje a los caídos por España.
El himno de los artilleros y el desfile cerraron los actos de hoy.
El público presente en las inmediaciones de la Escala Real y la Plaza de los Héroes de Santiago de Cuba y Cavite ha sido testigo de excepción, un año más, del testimonio de recuerdo para quienes protagonizaron tan gloriosa hazaña.

Podemos denuncia que la Región está a la cabeza en acoso escolar mientras Educación mira a otro lado

MURCIA.- La Secretaria de Políticas Públicas de Podemos Región de Murcia ha recordado hoy, día Internacional de Lucha contra el Acoso Escolar, que la Región de Murcia ocupa el primer puesto en maltrato y acoso escolar según los datos ofrecidos por la ONG Save the Children, concretamente 11 de cada 100 niños han sufrido acoso en los últimos meses. Tres puntos por encima de la media nacional.

Miguel García Quesada, diputado regional de Podemos, ha denunciado la "dejación de responsabilidad de la que da muestras la Consejería de Educación, con una alarmante falta de conocimiento de la realidad de nuestras aulas, tanto en Primaria como en Secundaria, ante la situación de violencia que padecen algunos alumnos y alumnas, siendo su orientación sexual, desgraciadamente aún, causa de la misma".
Así, García Quesada ha afirmado "que poner trabas en la impartición de charlas que buscan erradicar la desigualdad y fomentar el consenso y los valores respecto a la diversidad en nuestros centros escolares "atenta directamente contra una política educativa que busca reducir las cifras de acoso en nuestra región".
Por su parte, Juan Ángel Sánchez Naharro, Secretario de Políticas Públicas de Podemos, ha propuesto la necesidad de desarrollar planes a lo largo de todas las etapas educativas y en todos los centros, sostenidos con fondos públicos, "que promuevan acciones dirigidas hacia la plena aceptación de la diversidad afectiva sexual, de género y de modelos familiares que eviten el acoso escolar, consensuando con todos los colectivos y la comunidad educativa con protocolos de actuación contra la transfobia y la homofobia en el ámbito escolar.
Además, Sánchez Naharro ha afirmado que "No existen las casualidades en política, por lo que si se desatiende la educación en valores y no trabajamos proactivamente para resolver los conflictos en la aulas, entonces no estaremos combatiendo el acoso escolar. Y no podemos permitir que paguen los más vulnerables, los niños y niñas en edad escolar".
Miguel G. Quesada ha recordado finalmente, que Podemos llevó a la Asamblea regional en 2016 una moción en el orientada a la exigencia de cuidado psíquico y físico de los niños y niñas para implementar un 'plan anKbullying' en la Región de Murcia que exigía ya entonces a la consejera la puesta en marcha de una batería de medidas.

MC Cartagena solicitará el auxilio del Defensor del Pueblo para que exija a la CARM conservar 'Villa Calamari'


CARTAGENA.- La coordinadora de Patrimonio de MC Cartagena, María Dolores Ruiz, ha alarmado de la inacción de la Consejería de Cultura de la CARM, cómplice en el abandono que la propiedad de Villa Calamari viene sometiendo a la finca, "comprometiéndose (la inmobiliaria) sobre el papel a un plan de mantenimiento ridículo que no solo no permite la visita pública al monumento, sino que, además, resulta completamente ineficaz dado el estado de abandono al que se le ha abocado".

Con estas palabras ha lamentado Ruiz el estado actual de Villa Calamari (1900), conocida como Palacete Versalles, obra del arquitecto Víctor Beltrí, (situada en carretera de San Félix y declarada BIC desde mayo de 2012 con categoría de monumento).
Una vez contextualizada la situación, María Dolores Ruiz ha informado que "solicitaremos al Defensor del Pueblo que inicie el expediente de denuncia en la Fiscalía contra la Consejería de Cultura por presuntos delitos de expolio y omisión contra el patrimonio, contemplados en los artículos 321 y siguientes del Código Penal. Igualmente, le pediremos que estudie posibles infracciones por prevaricación".
En este punto, la responsable cartagenerista de Patrimonio ha ahondado en "la vergonzosa actuación de una administración regional que tiene entre sus obligaciones la salvaguarda del patrimonio, consintiendo el expolio de una de nuestras villas modernistas más bellas, al tiempo de intentar engañar a quienes solicitan su protección".
Por ello, Ruiz ha recordado "las numerosas iniciativas surgidas desde diferentes entidades para obligar a la CARM a iniciar expedientes que obliguen al propietario a adecentar y permitir la visita del monumento, sin que hasta la fecha hayamos tenido conocimiento de la incoación de expediente alguno".
La dirigente de MC ha puesto el acento en "dos de las grandes cómplices, que han contribuido de manera decisiva al deterioro que sufre el emplazamiento. Por un lado, María Comas, desde la Dirección General de Bienes Culturales. 
Y de manera prioritaria, la retornada Noelia Arroyo, cesada en sus funciones en la Consejería, quien con una mezcla de desidia e incapacidad ha facilitado que Villa Calamari continúe deteriorándose".
De manera más concreta, Ruiz ha exhortado al Gobierno regional a que "obligue a la propiedad a reponer los elementos deteriorados o substraídos, iniciando la apertura de un expediente sancionador ejemplarizante o, en su caso, comenzar los trámites para expoliar la finca por falta de vigilancia, custodia y protección de un monumento que es, un poco, de todos nosotros".
Posteriormente, ha alertado sobre el incumplimiento "en la apertura del inmueble a la visita pública desde hace más de tres años, obligación legal que no admite más excusa"
María Dolores Ruiz ha finalizado lamentando que "tengamos que luchar contra la propia administración que, premeditadamente, olvida cuáles son sus obligaciones con respecto al cuidado y protección del patrimonio. No nos conformaremos con una simple declaración de una administración que incumple con Cartagena de manera sistemática. Daremos un paso más".

El agua reutilizada salva la producción a los agricultores en zonas de sequía como el Campo de Cartagena

CARTAGENA.- Pese a que los últimos episodios de lluvia han situado los embalses españoles al 70% de su capacidad, la sequía persiste en la mitad sureste del país. Con sus pantanos al 19%, la Región de Murcia, una de las áreas más castigadas por esta situación, viene aplicando sistemas como la reutilización de aguas residuales para poder seguir regando sus cultivos ante la escasez de agua.

La depuradora de Cabezo Beaza (Cartagena), gestionada por Hidrogea, trata 7.319 litros al día, lo que equivale a abastecer de este preciado recurso a 4.300 hectáreas de cultivo.
Jorge Domínguez, técnico de la Estación Depuradora de Cabezo Beaza, explica que “el sistema de reutilización de agua de esta depuradora, enfocada al 100% a uso agrícola, está contribuyendo a paliar los efectos de la sequía en el Campo de Cartagena, una de las principales zonas de cultivo de España”.
Gracias a las aguas reutilizadas, los agricultores de esta comarca son capaces de producir más de 412.000 toneladas anuales de hortalizas de variedades como la lechuga, la coliflor, brócoli o melón de la Galia.
José León, regante de la zona, sostiene que “este sistema nos ha permitido mantener los niveles de producción en una situación de sequía como la que estamos padeciendo en nuestra zona. Si no contáramos con el agua de la depuradora los agricultores del campo de Cartagena nos encontraríamos en una situación dramática”.  
Desde SOS Sequía, plataforma ciudadana por el agua, valoran muy positivamente la implementación de sistemas como este.  
José Luis Gallego, divulgador ambiental y coordinador de SOS Sequía afirma que “la sequía no ha terminado en ningún caso con las últimas lluvias, hay zonas que siguen muy afectadas, como el sureste del país y todo apunta a que la situación irá a peor. Por este motivo, hay que apostar por medidas de reutilización de agua como las que se están aplicando en Cartagena”. 
Además de los beneficios de reutilizar el agua y ser de gran ayuda en periodos de sequía, la depuradora de Cabezo Beaza también está contribuyendo a la conservación de la biodiversidad de la zona gracias a dos humedales artificiales que sirven de refugio a más de 30 especies de aves acuáticas, algunas de las cuales se encuentran amenazadas de extinción, como la malvasía.

'Ganar Totana' pide un Pleno extraordinario para exigir la paralización del nuevo trazado del AVE en el término

TOTANA.- A pesar de la decisión manifiesta del Pleno del Ayuntamiento de Totana y las movilizaciones ciudadanas en Totana, Adif y el Ministerio de Fomento continúan en su propósito "de atropellar al municipio de Totana, sin dar tregua y con unos plazos ínfimos cuyo único propósito es impedir la respuesta ciudadana y de la Institución Municipal, saltándose el mínimo respeto y capacidad de diálogo en un trazado unilateral de la línea de AVE que afecta gravemente a los vecinos y al futuro desarrollo de nuestro pueblo", dice Ganar Totana-IU en un comunicado.

"Consideramos hemos de actuar con contundencia, rapidez y no dejarnos avasallar por estos entes que serán muy poderosos, pero a nosotros (vecinos afectados e Institución) nos asiste la razón y el sentido común. Deberíamos valorar la convocatoria de un Pleno Extraordinario dada la lejanía en el tiempo del Ordinario de mayo y la premura de la situación".
Por tanto, elevamos a la consideración del Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
  • El Pleno del Ayuntamiento de Totana exige a Adif y al Ministerio de Fomento, la paralización inmediata del proyecto de trazado en marcha y de las obras de la Línea de Alta Tensión que daría servicio a la catenaria.
  • El Pleno del Ayuntamiento acuerda constituir una Comisión Especial, presidida por el alcalde y la presencia de los grupos municipales, el concejal no adscrito y los representantes de la Plataforma contra el trazado y representación de afectados por la Línea de Alta Tensión de la catenaria.
  • Exigimos ser recibidos por el Responsable de Adif y por el delegado del Gobierno para solicitar explicaciones y la paralización inmediata del proyecto actual (de ambas obras) en tanto no se buscan soluciones o alternativas que no perjudiquen gravemente a los intereses públicos y privados en municipio de Totana.
  • Se mandata al señor alcalde para ejecutar los acuerdos de Pleno, comunicar a  Adif, delegado del Gobierno y Ministerio de Fomento para que nos reciban de inmediato.

El ex director general del Agua defiende su actuación en las obras del canal del Carmolí

MURCIA.- El ex director general del Agua de la Región de Murcia Andrés Martínez Francés, que ha declarado hoy como investigado en el juzgado de instrucción que trata de esclarecer posibles irregularidades administrativas en las obras de emergencia para evitar los vertidos al Mar Menor, ha defendido su actuación.

En su declaración ha señalado que esas obras, iniciadas en agosto de 2016, fueron promovidas por la Consejería de Agricultura ante la alarma por el deterioro de la laguna salada y los efectos que producían los vertidos desde la rambla de El Albujón, con gran cantidad de restos inorgánicos y, singularmente, de nitratos.
Asistido de su abogado, Miguel Pardo Domínguez, ha dicho que se pidió un informe a dos catedráticos de la Universidad de Murcia que fueron concluyentes en la necesidad de afrontar medidas correctoras que pusieran fin al deterioro del Mar Menor por esos vertidos.
Preguntado sobre quién decidió emprender las obras instalando una tubería, ha contestado que "en última instancia" la consejera, entonces Adela Martínez-Cachá.
También que la legalidad del proyecto fue respaldada por los servicios jurídicos de la Consejería, mientras que el gasto fue fiscalizado por la intervención de la comunidad autónoma, que no puso reparos.
A la pregunta de por qué comenzaron las obras en agosto, sin respetar el periodo que se había considerado aconsejable para no poner en peligro la nidificación en este espacio protegido, incluido en la Red Natura 2000, ha explicado que la decisión del comienzo fue adoptada por el director de las obras.
De todas formas, ha añadido, los trabajos no afectaron a la zona con protección, ya que dieron comienzo por un sector que no goza de ella.
En cuanto a por qué no esperó a contar con el informe que debía emitir la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que finalmente determinó que la obra necesitaba de un informe de impacto, ha dicho que esa obligación afectaba a lo referido al uso de las aguas, no a la instalación de la tubería, para la que bastaba con el informe de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, que lo había emitido a favor.
También ha hecho referencia a una reunión en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en agosto de 2016 con representantes de ese organismo, el Gobierno murciano, organizaciones de regantes y el Sindicato Central de los del trasvase Tajo-Segura en la que todos coincidieron en la necesidad de esa obra para evitar los vertidos.
En ese encuentro, ha añadido, se convino que la dirección general a cuyo frente estaba él se encargaría de promover las obras propiamente dichas, mientras que la CHS asumiría todo lo relativo al uso de las aguas.
A preguntas de su letrado defensor, ha indicado que la zona ha sido repoblada y restaurada.

El Consejo Sectorial de Ruido de Murcia se reunirá cuando los técnicos revisen las alegaciones

MURCIA.- El concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Navarro Corchón, ha respondido al portavoz local de Ciudadanos, Mario Gómez, que "no hace falta que reclame ninguna reunión del Consejo Sectorial de Ruido, ya que es algo previsto desde el primer momento y se hará cuando los técnicos acaben la revisión de las alegaciones".

Navarro ha pedido a Gómez que "no deje pasar la oportunidad de ofrecer sugerencias y mostrar ideas como hizo en las reuniones previas, en la que no realizó ningún comentario constructivo".
A su juicio, Gómez "representa con el ruido la posición veleta y el oportunismo político de corto recorrido de Ciudadanos", por lo que le ha instado a que "de una vez por todas explique sus propuestas para solucionar esta problemática. Parece ser que no se ha leído la documentación y que si lo hubiera hecho entendería las zonas propuestas".
"Nosotros seguiremos trabajando para encontrar un equilibrio entre lo que piden los hosteleros y lo que piden los vecinos, anteponiendo el bien común y alcanzando el máximo consenso para lograr esta buena convivencia", ha finalizado Navarro.

Unos 200 establecimientos hosteleros del centro de la ciudad de Murcia, entre bares, cafeterías, restaurantes y locales de copas, amenazan con cerrar el próximo sábado 5 de mayo, según Jesús Jiménez, presidente de Hostemur, que ha explicado que esta medida es una “protesta enérgica ante las injusticias a las que el Ayuntamiento de Murcia viene sometiendo al sector desde hace años”. 
“Ahora son tres nuevas Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), pero solo es la gota que ha colmado el vaso y que ha unido a los hosteleros que quieren que se oiga alto y claro su mensaje: ‘¡basta ya’”, destaca Hostemur.
La declaración de las nuevas ZPAE en el centro de la ciudad, aprobadas inicialmente por el Consistorio de manera unilateral ignorando al Consejo Sectorial del Ruido, conlleva medidas tan restrictivas como la reducción del horario de terrazas y de su número de mesas, la limitación horaria para abrir puertas y ventanas de los establecimientos para servir a sus clientes, la prohibición de obtener nuevas licencias de apertura en estas zonas...
 “Pero antes hemos sufrido durante años y años muchas decisiones autoritarias e incongruentes, como los cambios en las terrazas y sus cerramientos para los meses de frío, sus tipos de toldos y colores, así como la paralización de nuevas licencias de terraza, criterios restrictivos para fijar los aforos de los locales, etc.”, se queja Jiménez, que pone de relieve que las últimas medidas han unido más que nunca al sector.
Desde Hostemur se lamentan que, desde que denunciaron las nuevas ZPAE y el ‘persianazo’ que supondría para el sector, los lazos de negociación tendidos al Ayuntamiento no han servido para nada. 
“El equipo de gobierno tiene su hoja de ruta y solo se han preocupado de que anuláramos o retrasáramos nuestras acciones reivindicativas, sin intención de buscar soluciones entre todos, que es lo que venimos pidiendo: se necesita una regulación, pero no ésta que se basa en un estudio que hemos demostrado que tiene muchas irregularidades y errores”, explican desde Hostemur.
Además, piden que se actualicen las ordenanzas municipales que les permita trabajar en un marco jurídico estable “que no esté a la voluntad del político de turno”. 
Hablan de un modelo de terraza unificado y útil para toda la ciudad, de la agilización de las licencias para las mismas, del establecimiento de criterios no restrictivos para calcular el aforo de los locales, de eliminar las limitaciones injustificadas para ejercer la hostelería en calles de menos de 7 metros… 
“Y sobre todo es fundamental que todas esas medidas consensuadas se apliquen por igual a todos los establecimientos hosteleros de Murcia, sin discriminación ni distinción del lugar donde se ubiquen”, demandan.  

La Región de Murcia creció hasta marzo un 0,6%, por debajo de la media nacional

MADRID.- La Región de Murcia tuvo un crecimiento del 0,6% en el primer trimestre del año, un registro menor al 0,7% de la media nacional, según la estimación realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El porcentaje de crecimiento interanual es en la Región de Murcia, en cambio, superior a la media, con un 3% frente al 2,9%.

De acuerdo con esa estimación, La Rioja, Navarra, la Comunidad de Madrid, Galicia y País Vasco han sido las comunidades autónomas que más han crecido en el primer trimestre del año, con tasas superiores al avance del 0,7% previsto de media.
La estimación de la Autoridad Fiscal apunta a que La Rioja y Navarra fueron las regiones que más crecieron en el primer trimestre, con un avance del 0,9% en ambos casos, seguidas de la Comunidad de Madrid, Galicia y País Vasco, con un alza del 0,8% en todos los casos.
Igualando el 0,7% de crecimiento del PIB previsto para el primer trimestre se sitúan las regiones de Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura, mientras que por detrás están Andalucía, Canarias, Cantabria y Murcia, que crecieron un 0,6% en cada caso.
Las comunidades autónomas con un menor crecimiento en el primer trimestre del año fueron Castila y León (0,5%), Castilla-La Mancha (0,5%) y Asturias (0,3%).
En términos interanuales, las regiones que crecieron por encima del 2,9% calculado por la AIReF fueron Aragón (+3,8%), la Comunidad de Madrid (+3,4%), Cantabria (+3,3%), País Vasco (+3,2%), Canarias (+3,1%), y Murcia y Navarra, ambas con un avance del 3%. Con un alza del PIB igual a la media del conjunto del país se encuentran Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.

La Federación de Municipios comparecerá en la Asamblea para fijar las bases de la ley de financiación local

CARTAGENA.- El presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Joaquín Hernández, abrirá la próxima semana el turno de comparecencias ante la ponencia de la Asamblea Regional que fijará en los próximos tres meses hábiles las bases para redactar una ley de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma.

Todos los partidos coincidieron este miércoles durante la constitución de la ponencia en la necesidad de esta norma para mejorar y dar garantía de sostenibilidad a la financiación de los consistorios, aunque las prioridades de cada grupo varían.
Así, el diputado del PSOE Alfonso Martínez Baños concretó que el objetivo de su grupo es que la Comunidad Autónoma incremente progresivamente su aportación a los municipios hasta llegar a un 4% de los tributos que recauda anualmente, que se invertirían a través de dos fondos, el de inversiones y el de gasto corriente, que serían «indeterminados y no sujetos a justificación para eliminar burocracia».
Martínez Baños apostó por establecer criterios «absolutamente objetivos» de reparto entre los municipios, como la población, el territorio y su participación en la fiscalidad, de forma que se acabe con la situación actual de «reparto subjetivo» mediante una ley que el PSOE quiere que esté aprobada antes de que acabe este año.
Por su parte, el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu apuntó a que los criterios «más equitativos y justos» que recoja la nueva norma deben tener en cuenta aspectos como los porcentajes en cada municipio de paro, inmigración, mujeres paradas y jóvenes.
Tras censurar que el Gobierno regional distribuye los fondos a los consistorios de forma «no igualitaria, no homogénea y no redistributiva», Urralburu también advirtió de que «no es lo mismo» un entorno metropolitano como el de Murcia que un «pequeño municipio rural» como Ulea u Ojós.
Desde Ciudadanos, el parlamentario Luis Fernández incidió en que la futura ley debe estar basada en el adecuado reparto entre los recursos y las competencias que asumen los municipios, ya sean propias o impropias.
Además, Fernández remarcó que otro indicador que hay que analizar es el de la apuesta por la comarcalización de los servicios, de forma que se eviten «duplicidades» y se mejore la gestión de recursos a través de la mancomunidad de ayuntamientos.
Por su parte, el diputado del PP Domingo Coronado abogó por no poner un porcentaje de tributos cedidos a los consistorios porque puede «despistar» y el trabajo de la ponencia es «más complejo» que fijar una cifra.
Finalmente, priorizó la necesidad de que haya una reforma de la financiación autonómica que acabe con la infrafinanciación de la Región de Murcia y, «a partir de ahí», habrá «muchas probabilidades» de que la nueva norma autonómica salga adelante.

El PSOE de Murcia acusa al PP de trato discriminatorio al no facilitar el IBI social a familias vulnerables

MURCIA.- El PSOE denunció este miércoles que el Ayuntamiento de Murcia no ejecuta la partida para rebajar el IBI a familias con dificultades mientras las administraciones regional y estatal le adeudan por ese impuesto de inmuebles más de 5 millones de euros y no se han cobrado los 2,5 que se les requirieron en 2017.

Su concejal Sebastián Peñaranda explicó que a comienzos de la legislatura esa deuda era de casi el doble de esa cantidad y que gracias a la presión del PSOE el Ayuntamiento comenzó a reclamar el pago, si bien no se está recaudando al ritmo que correspondería.
Así, en 2017, dijo, el Ayuntamiento reclamó a esas administraciones dos millones por ese impuesto y medio más en concepto de intereses, pero al concluir el tercer trimestre del año no se habían hecho efectivos.
Peñaranda lamentó que a la vez que no se exigen esos pagos de manera puntual no se hace nada para implantar el denominado IBI social, con rebajas a las familias con menos recursos.
Según recordó, el presupuesto municipal de 2017 incluyó una partida de 250.000 euros para ello, una medida que fue una de las condiciones impuestas por el PSOE para apoyar las cuentas públicas, pero la partida no se ha ejecutado.
En su opinión, «no se puede ser tan inclemente con los ciudadanos» a la vez que se es permisivo con las administraciones, que arrastran su deuda desde hace años.
Por eso, preguntará al concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, en qué estado se encuentra la deuda del IBI de las administraciones públicas y otras entidades y organizaciones y exigirá un calendario de pagos para su devolución, así como la ejecución de la partida para el IBI social.
Por su parte, Martínez-Oliva señaló que «el IBI lo paga todo el mundo y desde la Concejalía se están llevando a cabo los trámites para que las distintas administraciones abonen este impuesto, ya sea con compensaciones o siguiendo los procedimientos oportunos de pago, como cualquier ciudadano»
En cuanto al IBI social, indicó que la Concejalía de Derechos Sociales ya está elaborando las bases para su convocatoria y que la partida presupuestaria ya está disponible. «Los murcianos que lo soliciten tendrán que abonar el impuesto y luego, si cumplen los requisitos, se les devolverá», explicó.

Admitida a trámite la Ley de ITV tras pedirlo PP y PSOE en la Junta de Portavoces de la Asamblea

CARTAGENA.- La Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, que no admitió a trámite la proposición de ley sobre las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) en un primer momento, lo ha hecho este miércoles con el texto consensuado por el PP y el PSOE, que lo solicitaron en Junta de Portavoces, decisión criticada por Ciudadanos (C's).

Han votado a favor de los dos miembros del PP y la presidenta, Rosa Peñalver, en representación del PSOE, mientras que los representantes de Podemos y C's han votado en contra.
Fuentes de la Cámara han señalado que si la primera vez no se admitió a trámite porque los servicios jurídicos señalaron que no debe hacerse cuando ya se ha debatido en el mismo periodo de sesiones otra iniciativa similar, el reglamento de la Cámara «no prohíbe» que se haga.
El artículo 44.b señala que si hay iniciativas reiterantes con las que ya están en tramitación o sobre las que la Cámara se hubiera pronunciado ya en el mismo año legislativo, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, decidirá sobre la calificación y admisión o no a trámite.
Peñalver ha indicado que en la legislatura vigente ya se ha producido un precedente en el que la Mesa admitió a trámite una iniciativa similar a una ya debatida en la Cámara en el mismo periodo de sesiones. 
Ha añadido que en la primera votación fue partidaria de remitir la situación de esta norma a la Junta de Portavoces, donde el PP y el PSOE tienen mayoría.
En un comunicado, el diputado de C's Miguel López-Morell ha lamentado que ambos partidos «no hayan respetado» los informes de los servicios jurídicos de la Asamblea, lo que demuestra que «el fin justifica los medios».
«En su interés desmedido por adjudicar las ITV a la carta, ni siquiera respetan los informes de los letrados de la Asamblea, que el pasado 10 de abril no admitieron a trámite la proposición de ley», ha apuntado quien ha considerado «curioso» que Peñalver «votara a favor del informe» en la primera ocasión y hoy lo haya hecho «en contra», mientras que el PP se abstuvo la primera vez.

Despidos en banca: un empleado español atiende el doble de clientes que un alemán

MADRID.- Más de 3.000 em­pleados de la banca es­pañola han vi­vido el úl­timo día in­ter­na­cional del tra­bajo, el pri­mero de mayo, listos para aban­donar la en­tidad a la que per­te­necen por los dis­tintos ajustes de plan­tilla acor­dados con o sin los sin­di­catos en dis­tintos grupos ban­ca­rios. La re­duc­ción de un 31% de las plan­ti­llas no sólo con­lleva la sa­lida de miles de tra­ba­ja­do­res, sino una pre­sión mayor sobre los que que­dan, des­bor­dados por el ex­ceso de tra­bajo, relata Capital Madrid

Un bancario español tiene el doble de trabajo que un alemán, mientras que ante la reducción de entidades y sucursales asoman fantasmas de oligopolio y exclusión financiera.
Unos 83.400 trabajadores de banca han perdido sus empleos en el periodo entre 2008 y 2017, los años más duros de la crisis económica y financiera así como la década en la que la banca española ha acometido su mayor reconversión, tanto en la reducción de lo que se denominaba "exceso de capacidad instalada" (plantillas y redes) como del número de entidades bancarias.
Los principales sindicatos han lanzado continuas alertas durante este tiempo ante la tendencia que se vivía en el sector financiero. La última, o penúltima vuelta de tuerca, se producirá a lo largo de este ejercicio como consecuencia de los distintos expedientes de regulación de empleo (ERE) pactados en algunas entidades: Ibercaja; Santander-Popular; Bankia; Liberbank, y EVO Banco.
Comisiones Obreras (CCOO) ha sido el último en advertir de esta tendencia que afectará durante 2018 a más de 3.000 empleados. Ya durante el pasado ejercicio, las pérdidas de empleos en la banca española ascendieron a 1.830 puestos de trabajo. Pero el problema no sólo está en los que se quedan en la calle, sino en los que continúan como bancarios.
Según el sindicato antes citado, la disminución de las plantillas, "así como una desmesurada presión comercial, provocan la prolongación sistemática de la jornada laboral, puesto que no desciende ni el negocio ni la clientela". Se trata de las tan criticadas "horas extras" que ni se cobran ni cotizan a la Seguridad Social.
Aunque el grado de bancarización es más alto en España que en otros países de la Eurozona, las oficinas cuentan con menos empleados según datos de CCOO: 6,6 empleados en el mercado doméstico, frente a 9,8 en Italia, 10,9 en Francia ó 19 en Alemania. Según este sindicato, en la actualidad "un bancario o bancaria de nuestro país atiende el doble de clientes que uno alemán".
El secretario general de la agrupación del sector financiero de CCOO Servicios, Joan Sierra, se muestra aún intranquilo ante nuevos recortes de empleo ya que "va a depender de si se producen nuevos procesos de concentración, algo que no está descartado. Sin embargo, pensamos que el número de salidas posiblemente pueda ser más moderado", dado el duro ajuste ya sufrido en los últimos tiempos.

Doble riesgo
Si las plantillas se han reducido un 31% en la última década, el número de oficinas cerradas supone el 40% de las que había en 2008 (de 45.662 a unas 27.000 en la actualidad). Esta evolución ha reabierto la polémica de la exclusión financiera de algunas poblaciones, sobre todo rurales.
Tal vez por ello, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, lanzaba la propuesta de "oficinas multimarca" en zonas rurales para "ir a esquemas cooperativos", como dijo tras su reciente reelección al frente de la patronal bancaria.
Su modelo se ha acogido con cierto interés por parte de algunos consejeros delegados de la banca española. Desde "la buena noticia" que supone para el de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que cuenta con la mayor red de sucursales en España, hasta el "estudio en detalle" de José Antonio Álvarez, del Santander. El número dos de Bankia, José Sevilla, recordaba que su grupo cuenta con un Ofibús con el que atienden unos 300 municipios.
Joan Sierra, secretario general de la agrupación del sector financiero de CCOO Servicios, considera que, a falta de conocer más detalles, "cualquier iniciativa destinada a garantizar el derecho de la ciudadanía al acceso a los servicios financieros es bienvenida", así como la estrategia de algunas entidades en su apuesta por oficinas de mayor tamaño, ya que requerirán de "una mayor dotación de plantilla".
Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ya advertía que en 2016 (últimos datos disponibles) más de 4.000 municipios carecían de oficinas bancarias, un hecho que afectaba al 50,7% de los pueblos españoles y a más de 1,25 millones de personas (un 2,7% del total de la población). 
Además, un 15,8% de localidades (1.281 municipios) tan sólo contaban con una entidad única para casi un millón y medio de habitantes (el 3,1% de la población).
Esta situación lleva a plantearse si el sector bancario español se encamina hacia un oligopolio. Desde el presidente de la AEB a los distintos directivos de las entidades bancarias españolas se niega este extremo. Pero también hay excepciones. Hace casi un mes, el presidente de Ibercaja, José Luis Aguirre, ya advertía de que el grado de concentración ya es muy alto y "con riesgo de llevarnos a un oligopolio".

El 'lío' fiscal de las autonomías: 82 impuestos propios y 732 cambios al año

MADRID.- El marasmo de impuestos y modificaciones fiscales en las comunidades autónomas es un claro reflejo del alto nivel de descentralización de España. Pero también se convierte en un problema para ciudadanos y empresas, que tributan de forma muy diferente en función del territorio en el que se residan, a juicio de El Economista.

Más si, como pone de manifiesto un informe reciente del Consejo General de Economistas, las autonomías cuentan con 82 impuestos propios -siempre al margen de los ya conocidos IRPF, IVA, Sociedades y Especiales- y acometen cientos de cambios normativos que dificultan el entendimiento y el control del sistema fiscal en conjunto. 
El año pasado llevaron a cambio nada menos que 732 modificaciones, 200 más que en 2016.
El citado informe, 'Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2018', pone de relieve que ese 'lío' con los impuestos apenas trae beneficios en forma de recaudación. El 82% de los ingresos autonómicos sigue llegando de manos de su participación en los grandes impuestos estatales, mientras que los propios apenas dejan una cosecha del 2,2% de la recaudación total. 
Y ello pese a la recuperación económica, que dejó 122 millones más en las arcas regionales en tasa anual. 
El resto del dinero se obtiene a través de impuestos cedidos como el de Patrimonio, que proporciona casi 1.000 millones anuales; Sucesiones y Donaciones, con más de 2.200 millones; o Transmisiones Patrimoniales, con casi 5.000 millones.
"Se ha exagerado la capacidad normativa", aseveran desde el Consejo General de Economistas, que advierten de "cierto caos normativo" en tributos como el de Sucesiones y Donaciones "donde, a veces, ni siquiera se aclara si las reducciones aprobadas son propias o mejoran la norma estatal". 
Tampoco escapa el IRPF, el tributo que más cambios sufrió en 2017, con un total de 220. Y ello pese a que se trata de uin impuesto de carácter estatal en el que las competencias regionales son muy limitadas.
Cabe recordar que las comunidades autónomas tienen la facultad de establecer impuestos propios porque así lo fija la Constitución. Y pueden hacerlo siempre y cuando no establezcan figuras ya gravadas por las corporaciones locales o por el Estado, cuando no afecten a negocios, actos y hechos de otras autonomías, y cuando no supongan un obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías o servicios.
Según el 'Panorama de la fiscalidad autonómica y foral', Cataluña es, desde hace tiempo, la comunidad que mayor número de impuestos propios concentra, con un total de 18. Por méritos propios, además, es la que mayores novedades incluyó a lo largo de 2017, con la creación de tributos como el que grava las bebidas azucaradas, que levantó una gran polvareda. Hacienda había amagado con implantarlo en todo el país. Sonados han sido también sus impuestos sobre viviendas vacías y sobre establecimientos comerciales, ahora judicializado.
Cabe decir que esta región ha tratado de utilizar su capacidad normativa hasta el límite por una situación de infrafinanciación que incluso reconoce Hacienda, pero ello ha llevado a que tres de sus 18 propios impuestos hayan sido declarados inconstitucionales. 
Este hecho lleva a los autores del estudio a pedir a los políticos "a considerar, con análisis claros, el coste y beneficio de implantar determinadas figuras". 
Debería ser obligatorio, antes de crear un impuesto, realizar un análisis coste-beneficio por parte de las autonomías, principalmente en el caso de los impuestos medioambientales pues, en muchos de estos casos, los costes derivados de su establecimiento superan a la recaudación obtenida.
En la clasificación ostenta la segunda plaza Andalucía, con ocho impuestos como el de tierras infrautilizadas, residuos peligros y emisión de gases a la atmósfera, entre otros; y Aragón, con un total de siete, casi todos ellos medioambientales. 
La región que preside Javier Lambán grava, por ejemplo, el daño medioambiental de algunas emisiones y la contaminación de las aguas. Curiosamente, los tributos relacionados con el agua suponen casi el 79 por ciento de la recaudación por tributos propios autonómicos, según el estudio del Consejo de Economistas, entidad para la que sería clave armonizar esos impuestos contemplando hechos, bases imponibles y cuotas tributarias.
"Un ejemplo podrían ser los impuestos locales, regulados en una Ley estatal que otorga cierta potestad normativa a los municipios para la regulación de los tributos, fijando unos límites mínimos y máximos, así como otros aspectos relacionados con los beneficios fiscales", aseveran los autores en el informe, que aprovechan para calentar el debate de la financiación autonómica a solo unos días de que el Ejecutivo, por fin, muestre el documento que sobre esta materia ha elaborado el Comité Técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Los autónomos españoles que se jubilan son los que menos cobran de Europa

MADRID.- Nadie como los autónomos es consciente de la importancia del ahorro. En su caso, se debe a la pensión de jubilación que les queda cuando termina su carrera profesional. Este colectivo alcanza los más altos niveles de pobreza entre los jubilados de Europa, lo que complica mucho la última etapa de su vida. Pero su situación es especialmente delicada en España. La renta de los autónomos jubilados en España es un 27% inferior a la del resto de jubilados, lo que supone la mayor brecha de toda la eurozona. En otras palabras, cobran casi un euro menos por cada cuatro de renta, revela El Confidencial.

Los datos de la Comisión Europea, obtenidos de la 'Encuesta de salud, edad y jubilación en Europa' (Share, por sus siglas en inglés), reflejan hasta qué punto España tiene un problema con la protección a los autónomos, y también con su nivel de contribución al sostenimiento del Estado de bienestar. Un problema que es, además, creciente, ya que cada vez hay más empleo autónomo en las economías desarrolladas (una buena parte son figuras ilegales en forma de falsos autónomos).
La renta media del autónomo jubilado en la eurozona en 2017 fue un 19% inferior a la del conjunto de jubilados, pero en España esta brecha alcanzó el 27%, igualando a Luxemburgo. Sin embargo, hay otros países en los que la diferencia es mucho menor: en Italia fue del 17%, en Alemania, del 19%, y en Austria cayó hasta el 8%.
La consecuencia es que el riesgo de pobreza se dispara entre los autónomos jubilados en comparación con el resto de pensionistas. Según los datos de la Comisión Europea, el riesgo de pobreza de los autónomos jubilados es el doble que el de los asalariados jubilados. En concreto, pasa del 27% de los asalariados hasta el 51%, 24 puntos porcentuales más. La metodología de la encuesta Share eleva mucho los niveles de riesgo de pobreza, pero en este caso lo más útil es la comparativa entre los dos colectivos.
Los datos muestran que el sistema de protección social para los autónomos en España está muy lejos de ser el idóneo. Existen muchos agujeros en la legislación que dejan a este amplio grupo de la población desprotegido. Por eso, los autónomos son conscientes de la importancia de acumular ahorro para la jubilación, de lo contrario tendrían que recortar significativamente su nivel de vida tras el retiro.
Por ese motivo, la Comisión Europea ha pedido un esfuerzo a España para evitar estos niveles de riesgo de pobreza entre los autónomos cuando se jubilan. Actualmente, el Congreso está debatiendo la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) en una subcomisión creada a tal fin, pero las conversaciones van muy lentas. Exactamente igual que en el resto de reformas pendientes.
El problema de las cotizaciones de los autónomos es que no son como las del Régimen General, que dependen de la renta. En el caso del Reta, es cada trabajador el que elige la cuantía de su aportación, siempre respetando un umbral máximo y mínimo que varía en función de su edad y de su situación familiar. 
El resultado es que sus cuotas a la Seguridad Social suelen ser muy bajas (la mayor parte van al mínimo posible), lo que provoca que el cálculo de su pensión sea muy bajo. A esto hay que añadir la existencia de la ‘tarifa plana’ por inicio de actividad que rebaja la aportación semanal hasta 50 euros mensuales.
En el caso de España, muchos autónomos tienen una carrera profesional en la que realizan bajas aportaciones a la Seguridad Social, y de forma intermitente si su actividad no es regular en el tiempo. 
El resultado es que muchos de ellos no llegan a cotizar lo suficiente como para percibir una pensión contributiva y tienen que recibir complementos a mínimos. En otras palabras, una parte de su jubilación se paga con la recaudación tributaria, lo que significa que su renta mensual es muy baja. 
En concreto, cuatro de cada 10 autónomos jubilados tienen complemento a mínimos, lo que refleja hasta qué punto llegan a jubilarse con aportaciones a la Seguridad Social reducidas.
Entre las opciones que barajan los partidos políticos para elevar la aportación de los autónomos a la Seguridad Social se incluye, entre otras, la obligación de cotizar por ingresos reales (ya sea por el ingreso total o por tramos). 
De este modo, las cuotas se adaptarían a la actividad en cada periodo. Con esta medida, se mejorarían los ingresos de la Seguridad Social y se lograrían pensiones más altas para los autónomos sin la necesidad de recurrir a los complementos a mínimos.

Exhuman una fosa en Paterna (Valencia) con fusilados murcianos de la Guerra Civil

VALENCIA.- Los trabajos de apertura de una fosa del cementerio de Paterna, la 128, han comenzado hoy con la estimación de que puedan hallarse de 120 a 130 cuerpos fusilados durante el franquismo procedentes de localidades de Valencia, Murcia, Granada, Jaén, Toledo, Ciudad Real y Guipúzcoa.

Las obras, financiadas por la Diputación de Valencia, son el comienzo de las numerosas actuaciones en materia de memoria histórica que se llevarán a cabo durante 2018 con un presupuesto de 626.000 euros.
En el acto de inicio de esta actuación han estado presentes la diputada provincial de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, el presidente de la Asociación de Víctimas, Daniel Galán, y el director arqueológico de la empresa que va a llevar a cabo el trabajo, Miguel Mezquida.
Pérez ha indicado que la Diputación es "la primera y de momento la única administración pública" que está financiando la exhumación de fosas porque es "una prioridad política". Se trata de la quinta fosa que se abrirá desde el inicio de la legislatura y se espera llegar a exhumar un 20 % de las fosas comunes del cementerio de Paterna, ha explicado.
Se ha solidarizado con los familiares de las víctimas, que "llevan toda la vida esperando este momento y es algo que no se podía alargar ni un minuto más", ha destacado Rosa Pérez.
Al acto también han asistido el diputado provincial de Hacienda y alcalde de Faura, Toni Gaspar, el alcalde de Simat de la Valldigna, Víctor Mansanet, y el concejal de Memoria Histórica de Silla, Valentín Mateos, que esperan que en la fosa se encuentren los restos de vecinos de sus poblaciones.
El presidente de la Asociación de Víctimas, Daniel Galán ha declarado que se va a iniciar este proceso, que lleva en marcha desde 2015, "para dignificar la memoria de nuestros familiares. Buscamos verdad, justicia y reparación".
Los trabajos de excavación y exhumación de la fosa común, a cargo del equipo de ArqueoAntro, se prolongarán durante los próximos dos meses. En una semana esperan llegar a los restos y después se iniciará el proceso de delimitación de la fosa y el comienzo de las exhumaciones.
Una vez finalizados los trabajos de campo, se enviarán las muestras a la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, donde se estudian los restos exhumados, y posteriormente una empresa hará los análisis de las muestras de ADN de las familias involucradas en el proceso.
Estos análisis, junto con los estudios arqueológicos y antropológicos, permitirán la individualización e identificación completa de los restos de las víctimas para ser devueltas a sus parientes en un plazo máximo de dos años.
La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó hace unos días la nueva convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica en la provincia de Valencia, cuyos beneficiarios serán ayuntamientos y mancomunidades, y entidades y asociaciones privadas sin ánimo de lucro.

Sabadell y BBVA reciben 3.725 millones por CAM y Unnim

MADRID.- El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) contabiliza en sus cuentas un pago de 354 millones de euros a BBVA por el Esquema de Protección de Activos (EPA) otorgado a Banco Unnim. La entrega está prevista para el próximo 30 de mayo, según publica hoy Expansión.

Durante diez años, a contar desde octubre de 2011, el Fondo de Garantía asume el 80% del coste que suponen para BBVA las pérdidas derivadas de las ventas de activos inmobiliarios de Unnim. El importe de esta operación era de 7.360 millones entre inmuebles y créditos hipotecarios. BBVA asume el 20% de la pérdida.
El desembolso previsto para finales del próximo mes es el segundo que realiza el FGD a BBVA por Unnim. El año pasado pagó 132 millones por las pérdidas declaradas por BBVA. Esta cifra es inferior a los 207,6 millones presupuestados inicialmente por el FDG en sus cuentas de 2016, tras analizar toda la documentación relacionada con esta cuestión.
BBVA ha remitido en 2018 al Fondo de Garantía la segunda liquidación, comunicando las pérdidas de la cartera cubierta. El FGD analiza ahora esta documentación como paso previo al desembolso a realizar en junio próximo.
Los cálculos del FGD fijan en un total de 1.608 millones de euros los desembolsos futuros que tendrá que realizar a BBVA.
Si la cifra del segundo abono se mantiene en los 354 millones presupuestados, BBVA acumulará un pago del Protección de Activos de 486 millones.

SABADELL

El banco ha recibido ya 3.239 millones por la cobertura brindada a la antigua Caja del Mediterráneo (CAM), adquirida por el banco.
La última entrega se produjo en febrero pasado por 1.429 millones que se suman la de 2017, por 983 millones, y a la 2016, por 825 millones.
Los cálculos realizados por el FGD fijan en 4.669 millones los reintegros estimados que aún debería realizar a Sabadell.
El Fondo de Garantía debe asumir el EPA de CAM por diez años a partir de 2011 por el 80% de las pérdidas de una cartera de 24.644 millones de euros.
El Fondo de Garantía se financia, principalmente, con las aportaciones de los bancos. De esta forma, la protección ofrecida a las entidades que absorbieron a otras que no pudieron sobrevivir por si mismas corre a cargo de todo el sector.

LIBERBANK

La entidad ha remitido al Fondo de Garantía su propuesta de liquidación del EPA de Banco Castilla La Mancha (CCM) que arroja una pérdida superior a la garantía constituida, algo que ocurre año tras año en todos los esquemas de protección.
En 2009 el Fondo de Garantía recibió activos de CCM, la primera entidad financiera quebrada en la crisis, a cambio de 1.650 millones. En la operación el FGD se hizo con un 15% del capital social de CCM, que a día de hoy ha perdido todo su valor.
El plan de saneamiento de CCM incluyó también un EPA de cinco años, ampliable a siete, para las pérdidas derivadas de una cartera de 7.975 millones.
El Fondo explica en sus cuentas del año pasado que está pendiente su valoración del cálculo de esta pérdida, proceso en el que no se descartan posibles diferencias.
El FGD mantenía un litigio judicial con CCM por el impago de facturas por comisiones del EPA por 37 millones.
Las discrepancias concluyeron en diciembre pasado al no admitir el Tribunal Supremo el recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid a favor del fondo. El FGD ha liberado una provisión de 22 millones de euros ligada a esta situación.
En marzo de 2018, Banco Madrid ha entregado al Fondo de Garantía 31,4 millones. El fondo ha pagado 125 millones por depósitos garantizados.

Lo que los banqueros no dicen sobre las hipotecas a tipo fijo

MADRID.- Probablemente estemos ante uno de los momentos más difíciles para elegir tipo de hipoteca. Los tipos están en mínimos históricos. Algo que invita a contratar un tipo variable. Pero los españoles tenemos muy recientes las lecciones de la crisis, y sabemos que las cosas pueden venir mal dadas tanto por el lado del empleo como del euribor (llegó al 5% en 2008), según Voz Pópuli.

Ante este escenario, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, dio el pasado viernes una clave. Recordó que las hipotecas a tipo variable no dejan de ser una apuesta sobre algo que nadie sabe cómo evolucionará, el euribor. 
Por ello, recomienda estos productos sólo a aquellos clientes que puedan soportar con holgura un escenario extremo (tipos muy altos), al resto les aconseja un crédito a tipo fijo. Y lo hace "a título personal, es lo que les digo a familiares y amigos que me preguntan".
Esta recomendación parece sincera y coincide con la que otros banqueros realizan lejos de los micrófonos. Pero tienen un truco, y es que ningún banquero hablaría de las hipotecas a tipo fijo (ni 'on' ni 'off the record') si no fuera porque nunca han interesado tanto a sus entidades como ahora.

El fantasma japonés

El nivel del euribor (-0,189%) hace que los bancos necesiten como agua de mayo nuevos créditos más caros. Aunque les penalice a medio plazo. Y por ello llegaron a ofrecer hipotecas a tipo fijo al 2%, un nivel nunca visto y al que algunos banqueros contrataron la suya. Desde entonces han subido y la media (TAE) está en el 3%.
Pero lejos del efecto balsámico, lo que realmente preocupa a las entidades es que el euribor siga el modelo japonés y siga en niveles bajos durante décadas. En la potencia asiática los tipos tocaron mínimos en 1995 y desde entonces no han superado el 1%. 
Como dice Gortázar es imposible saber cuándo subirán los tipos y hasta qué nivel. Pero también lo es que el BCE no da todavía ningún tipo de signo de querer subir la tasa y que las previsiones de los bancos no son muy halagüeñas al respecto.
¿Qué hacer en este escenario? Las pistas invitan a jugársela con una hipoteca a tipo variable, dependiendo eso sí del plazo (cuanto más largo mejor a tipo fijo). Pero la cabeza invita a lo contrario, ya que no olvidemos que lo que está en juego no es sólo unos euros más o menos de cuota, sino el propio techo donde vivimos.
Actualmente un 36% de las hipotecas se contratan a tipo fijo, según datos de febrero del INE. Un nivel muy cercano a máximos históricos. El tiempo y la lotería del euribor darán la razón a estos nuevos hipotecados o a los del tipo variable.

Las hermanas Álvarez muestran la puerta de salida de 'El Corte Inglés' a Dimas Gimeno

MADRID.- Los principales accionistas de El Corte Inglés han abierto una batalla familiar por el control de la compañía y la herencia de su expresidente, Isidoro Álvarez, informa hoy El Economista.

Gracias a su mayoría accionarial, Marta y Cristina Álvarez, las hijas de Isidoro, han apartado de la gestión a su primo, el actual presidente, Dimas Gimeno. En un primer momento, éste evitó plantar cara, pero ahora parece haber cambiado de opinión. Consciente de que su vida profesional, con tan solo 42 años, había quedado relegada a una labor institucional, en la que se limitaba a pedir igualdad fiscal frente a Amazon, ha pasado al contraataque.
Así, y tras contratar a una firma asesora de comunicación para encarar el conflicto, ha elevado al máximo su presencia pública en un afán de intentar recuperar protagonismo y ha pasado a reclamar de forma insistente que los dos consejeros delegados que le han sustituido al frente de la empresa, Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa, tengan que reportarle. 
El problema es que se ha encontrado con una respuesta tajante por parte de las hermanas Álvarez, que le han comunicado ya que en ningún caso le darán más poder y que sus funciones nunca volverán a ser las mismas.
Aunque es cierto que El Corte Inglés no se plantea en este momento el despido del presidente, también es verdad que le han mostrado con todo ello la vía de salida y en el entorno del grupo se empiezan a buscar, de hecho, posibles sustitutos. 
Uno de los nombres que suena con fuerza, en este sentido, es el de Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y actual consejero de la compañía, que en cualquier caso no tendría tampoco el poder ejecutivo. P
ara las hijas de Isidoro Álvarez, uno de los puntos de inflexión se ha producido cuando Gimeno ha empezado a solicitar auditorías internas en áreas de la compañía, como la de seguridad, denunciando en algunos casos falta de profesionalidad en la gestión.
Isidoro Álvarez había elegido al hijo de su hermana María Antonia como su sucesor natural en la compañía, formándole para ello durante años. Pero las cosas no han salido como se esperaba. 
Nada más llegar al puesto y aún en plena crisis, Gimeno buscó en el verano de 2015 un inversor externo, el catarí Hamad al Thani, que inyectó 1.000 millones de euros en la compañía a cambio de hacerse este verano con un 10% de las acciones. Un porcentaje que se podría elevar hasta el 12,25% si el inversor opta por cobrar los intereses de dicho préstamo en acciones. 
Además, Hamad al Thani podría llegar al 15% gracias a la cláusula de mejora del 'ebitda'. El grupo se se comprometió a que el beneficio bruto de explotación creciera a un ritmo medio del 12% anual en tres años y, si no lo conseguía, el inversor recibiría otro 2,5% del capital. Y el problema es que precisamente eso lo que está pasando. Gimeno logró un crecimiento del 'ebitda' del 10,4% el primer año y rebajó la cifra al 7,5% el segundo.
Los herederos de Isidoro Álvarez controlan el 22,18% de El Corte Inglés a través de la sociedad patrimonial Cartera de Valores Iasa, en la que Marta y Cristina Álvarez Guil tienen un 69% y Dimas Gimeno, su madre, María Antonia, y su tío César Álvarez el otro 31%. 
Descontentas así con la marcha del grupo, y decididas además a emprender un proceso de transformación digital para plantar cara a compañías como Amazon o Alibaba, las hermanas Álvarez exigieron el pasado verano un cambio en las funciones ejecutivas y el 25 de octubre el consejo de administración retiró de este modo el mando al presidente y nombró en sus lugar a los dos nuevos consejeros delegados, Del Pozo y De la Rosa. 
Marta y Cristina lograron el apoyo unánime de todo el órgano ejecutivo y a Gimeno no le quedó más remedio que votar también a favor, para no quedar en evidencia, lo que hubiera podido implicar incluso su marcha de la empresa. 
Por detrás, sin embargo, se iniciaba una batalla, que a todas luces parece estéril. Pocos días antes de que su salida fuera oficial, su madre y su tío presentaron hasta tres demandas contra Marta y Cristina Álvarez, por más de 140 millones, por un supuesto vaciamiento patrimonial de Iasa.
Todo porque el año anterior la firma había aprobado en junta de accionistas una reducción del capital de 121,4 millones, hasta 50.000 euros, antes, según alegan los demandantes, de que se registrara ante notario su entrada en la sociedad. 
A las demandas, admitidas por el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, se sumó otra de la madre de Gimeno por una modificación de última hora en el testamento de Isidoro Álvárez, por lo que recibió solo 5 millones, la mitad de lo previsto en un principio.
Fue precisamente de forma paralela a esa batalla judicial, cuando Gimeno empezó a reclamar en los consejos de administración recuperar el poder. Pero las hermanas Álvarez, que tienen ahora el total apoyo de inversor catarí, insisten en que debe cumplir lo que marcan los estatutos. Es decir, limitarse a presidir el consejo, llevar a cabo la representación institucional del grupo y encargarse de la convocatoria de la junta de accionistas.

La Asociación 'No Más Ruido' califica de "incomprensible" la actitud de 'Hostemur'

MURCIA.- La Asociación No Más Ruido de Murcia ha tachado de "incomprensible" la actitud adoptada por los representantes de Hostemur frente a la aprobación del Mapa de Ruido de Ocio de Murcia.

Se trata de una actitud "infundada", ya que, a su juicio, "niegan un problema como es el ruido derivado de las actividades de ocio, y lo hacen por la vía de intentar desacreditar el estudio realizado por el Ayuntamiento, cuando se trata de un problema que cualquiera puede comprobar -y sufrir- en las zonas donde se acumulan los establecimientos de restauración y ocio".
Además, considera la asociación que "es una actitud injustificada, ya que hablan de persianazo y hundimiento del sector turístico, pero no presentan ni un solo dato que avale tan agorera previsión".
"Es una actitud irresponsable, porque no quieren asumir que sus establecimientos de ocio y sus clientes son la causa del problema de ruido de ocio, y son necesarias medidas que pongan coto a los excesos que el gobierno y la administración -municipal y autonómica- han permitido durante años", indica.
Igualmente, advierte que "es una actitud peligrosa para la convivencia en la ciudad, ya que están enfrentando a los empresarios de la hostelería a toda la sociedad murciana, negando a ésta su derecho al descanso, a la salud y a la protección del medio ambiente".
Por ello, espera que el alcalde José Ballesta "salga del burladero y dé la cara ante este desafío de Hostemur a su gobierno y a toda la sociedad murciana. Y lo mismo esperamos de los grupos de la oposición, que tendrán alguna opinión sobre lo que está sucediendo con este problema".

Alertan sobre el retroceso de la libertad de prensa en España

MADRID.- La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) alerta del retroceso de la libertad de prensa en España, con especial incidencia en Cataluña, donde se ha desarrollado un clima de hostilidad hacia periodistas de medios nacionales y catalanes a consecuencia del conflicto independentista.


Sectores radicales de independentistas y de ultraderecha han aprovechado la tensión que se vive en Cataluña para cometer actos vandálicos contra medios opuestos a sus tesis, vilipendiar e intimidar a los periodistas en las redes sociales, agredir e insultar a los reporteros durante la cobertura de las manifestaciones a favor o en contra de la independencia que se han realizado en dicha comunidad autónoma.

Libertad de prensa y libertad de expresión van unidas porque para que la primera sea realmente efectiva es necesario que la segunda esté protegida, sobre todo en estos tiempos de proliferación de falsas noticias que buscan precisamente vaciar de contenido tales derechos para minar las bases de nuestra democracia mediante la desinformación y la injerencia en los procesos electorales.

Por otra parte, el mantenimiento de la llamada “ley mordaza” sigue castigando el ejercicio libre del periodismo. A lo largo de 2017, varios periodistas y fotorreporteros han sido sancionados por la policía cuando estaban cumpliendo en espacios públicos su misión de garantizar el derecho de información de los ciudadanos.

La libertad de prensa también corre peligro cuando los periodistas están sometidos a contratos precarios, con salarios que impiden avanzar en un proyecto de vida o, mucho peor, cuando se les humilla con ofertas de empleo sin remuneración.

Los parados de larga duración, los autónomos y los falsos autónomos, los becarios y los practicantes aparecen como la parte más perjudicada por la durísima crisis que ha afectado a nuestra profesión en la última década, reflejada en la pérdida de 12.200 empleos, una destrucción de puestos de trabajo que no está cerrada.

La precariedad extiende el miedo a perder el empleo y reduce la capacidad de los periodistas para resistir las presiones. En definitiva, pierden libertad, independencia y credibilidad. Los editores y los directores de los medios están obligados a ser los primeros en defender a sus periodistas de las presiones.

La libertad de prensa y de expresión se degrada igualmente con la desigualdad salarial que sufren las periodistas y las barreras a su ascenso profesional, a las que hay que añadir las situaciones de acoso en el trabajo y por parte de las fuentes, además del difundido en las redes, que persigue silenciar su voz.

En otro de los planos negativos, los partidos políticos siguen sin tramitar definitivamente la reforma de RTVE para asegurar la pluralidad y la independencia en el ente. Una reforma que, por cierto, la FAPE demanda que se extienda a todas las cadenas públicas.En el plano positivo, y salvo por las restricciones mencionadas, la libertad de prensa está arraigada en España, como lo demuestran las investigaciones periodísticas que han destapado varios casos de corrupción y de abusos de poder.

Demandas

La FAPE, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra mañana 3 de mayo, plantea las siguientes demandas:

-A todos los responsables del acoso a los periodistas y a los medios en Cataluña, para que cesen la irresponsable campaña de intimidación con la que tratan de imponer sus ideas y situar como enemigos a aquellos que sostienen tesis contrarias.

-A los grupos parlamentarios, para que deroguen o reformen los artículos de la llamada “ley mordaza” que limitan el ejercicio libre del periodismo, sin respetar el derecho de información, pilar básico junto con la libertad de expresión de nuestra democracia.

-A los gobiernos, para que dejen trabajar libremente a los periodistas de los medios públicos, respetando su independencia de criterio para que puedan ofrecer una información de calidad en beneficio de los ciudadanos. Y a los grupos parlamentarios, para que tramiten urgentemente la reforma de la ley de RTVE a fin de garantizar un servicio público plural que recupere la credibilidad entre los ciudadanos.

-A los responsables de los medios, para que tomen medidas contra la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, y contra los obstáculos que impiden la promoción profesional de las periodistas. Y para que actúen con inmediatez contra los casos de acoso a las periodistas en el trabajo, en las redes y por parte de las fuentes.

-A la sociedad, para que valore que una democracia es más fuerte cuantas menos trabas se ponga a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas, sobre todo en una época de avalancha noticiosa que necesita más que nunca la visión de los informadores para distinguir la verdad de la mentira.

-A los grupos parlamentarios, para que modifiquen la legislación a fin de que sea obligatoria la retribución a los becarios. La FAPE defiende que todo trabajo periodístico sea remunerado de forma digna. La precariedad salarial reduce el valor del periodismo como baluarte que es de la democracia.

-A los periodistas, para que defiendan su independencia con firmeza y apuesten por un periodismo ajeno a los poderes. También para que respeten el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen y el principio de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. La información jamás debe de estar supeditada al morbo, al espectáculo y al ensañamiento. Y en los debates, los periodistas debemos contribuir a la convivencia, nunca a la radicalización.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la FAPE expresa su reconocimiento al sacrificado trabajo que están haciendo los periodistas iberoamericanos, en especial en aquellos países donde defender la libertad de prensa y asegurar el derecho de información de los ciudadanos pone en riesgo sus vidas.
 
En 2017, 82 periodistas o miembros de los equipos informativos fueron asesinados en el mundo, 18 de ellos en países latinoamericanos, con México (13) a la cabeza, sin que los gobiernos hayan actuado con diligencia para esclarecer los crímenes. En ese sentido, la FAPE apoya y colabora en la campaña de la Federación Internacional de Periodistas contra la impunidad.

'Cambiemos Murcia' pide eliminar el nombre de un inquisidor del nomenclator de la ciudad

MURCIA.- Cambiemos Murcia ha pedido hoy al Ayuntamiento de Murcia que quite el nombre de la calle Arzobispo Simón López, último inquisidor de España, y devuelva a esa vía, en el centro de la ciudad, su denominación histórica, Bodegones, en referencia a los populares establecimientos de comida que se ubicaban en ella.

El partido se ha hecho eco así de una petición cursada en 2016 por la asociación Cullera Laica, que recordaba que el arzobispo que da nombre a la calle situada junto a la plaza de las Flores fue el responsable en 1826 de la última víctima de la Inquisición.
El prelado estaba entonces al frente de la diócesis de Valencia y ordenó la ejecución de un maestro, Cayetano Ripoll, por "no quitarse el sombrero al paso de un copón", según esa asociación, que elevó una queja ante el Defensor del Pueblo por el mantenimiento del nombre de esa calle y que ha sido admitida a trámite.
Cambiemos Murcia ha considerado que "está más que justificado el cambio de denominación por la que recuerda actualmente una placa en la entrada de la calle, que se modificó en 1914 por empeño de un párroco de la iglesia cercana de Santa Catalina.

La Federación de AA. de Vecinos de Murcia tacha de "chantajista y mafioso" el paro de los hosteleros

MURCIA.- La Federación de Asociaciones de Vecinos, integrada en la plataforma 'Murcia descansa', ha organizado para el próximo sábado una actuación en la calle para reclamar que el descanso vecinal se anteponga a los intereses de los hosteleros, quienes han anunciado el cierre de 200 establecimientos del centro de la ciudad de Murcia el día 5 en protesta por las nuevas Zonas de Protección Acústica Especial.

La calle Pérez Casas acogerá así el sábado, a las 11.30 horas, una 'camada', llenando la vía de camas en las que se podrán leer distintos mensajes reivindicativos en una 'performance' con la que se pretende hacer ver a la sociedad que es necesario compatibilizar el descanso de los murcianos con el ocio en el municipio.
Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos califican la decisión de los hosteleros de cerrar sus bares el próximo sábado de "improcedente, chantajista y mafiosa".
Por su capricho, inciden, "vamos a dar una muy mala imagen como ciudad a las miles de personas que visitan Murcia este fin de semana con motivo del festival" WARM UP 2018.
"No entendemos que si aún no hay nada definitivo, ya que desde el Ayuntamiento no se ha cerrado nada y todavía se están estudiando las alegaciones, los hosteleros se empeñen en llevar a cabo esta medida egoísta en la que anteponen su interés personal al interés común de los vecinos de Murcia", han añadido desde la Federación, que lamentan que "se crean con supremacía pretendiendo que se siga perjudicando nuestro descanso con tal de llenarse ellos los bolsillos".
"No sabemos si son conscientes de que, con su decisión, nos van a dar la oportunidad de descubrir la gran calidad de vida de nuestra ciudad sin fuentes contaminantes de ruidos y vivir, el próximo sábado una 'fiesta del descanso'", continúa el comunicado de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que concluye que "los hosteleros se han creído los amos de la ciudad durante mucho tiempo, con muchos privilegios. En la ciudad vivimos todos y tenemos que compatibilizar sus intereses a los nuestros".

Castilla-La Mancha decide recurrir los nuevos trasvases y las tarifas del acueducto

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá el triple trasvase de 60 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo al Segura aprobado por el Gobierno, así como las nuevas tarifas para usar el agua del trasvase Tajo-Segura, porque entiende que se ha vulnerado el procedimiento para fijarlas. 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la presentación de ambos recursos y dijo que está convencido de que el Gobierno de España, «al contrario de lo que ha estado diciendo, está preparando doblar el trasvase que nos ha colocado por triple recado hace escasas semanas».
García-Page consideró que el trasvase aprobado es «absolutamente injusto» y afirmó que «es llamativo ver cómo la mitad de España está desbordada, que hay pantanos en las cuencas del Levante que tienen en porcentaje mucho más que la cuenta del Tajo, sobre todo del Tajo alto, y sin embargo se sigue con mucha ansiedad pidiendo un agua tirada de precio».
 También lamentó que se esté pidiendo «teniendo como se tienen desaladoras paradas o con muy bajo rendimiento, como las de Torrevieja o Carboneras».
El eco de la polémica por los pronunciamientos del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre el trasvase el pasado domingo en Molina de Segura, se mantiene. Después de que Sánchez dijera que el Tajo-Segura ha de seguir teniendo su «papel», la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, dijo que «siempre voy a defender los intereses de los toledanos» y esto pasa por «defender el Tajo y acabar con el trasvase, que contamina y hace que el río agonice. Voy a levantar la voz donde sea. En Toledo, en Madrid o en Europa».

El Ayuntamiento de Murcia en vías de sucumbir a la presión de la Hosteleria más ruidosa

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia ha mostrado hoy su disposición a sentarse con los hosteleros "cuantas veces haga falta" para abordar las medidas propuestas para reducir el ruido en las zonas de ocio de la ciudad, pero ha recordado que aún se están estudiando las alegaciones a las mismas, por lo que considera "precipitado" el anuncio del sector de un paro el próximo sábado.

El concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, Jesús Pacheco, ha lamentado hoy en declaraciones a los medios de comunicación el anuncio de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (Hostemur) de cerrar sus locales este sábado, coincidiendo con la celebración del festival WARM, para protestar por las restricciones planteadas por el Ayuntamiento para minorar el ruido en las zonas de ocio nocturno en el centro de la ciudad.
Pacheco ha recordado que las medidas propuestas por el consistorio no son aún firmes, sino que a ellas se han presentado múltiples alegaciones, también por parte de los hosteleros, que actualmente están siendo estudiadas y analizadas por los técnicos municipales.
Por eso, ha considerado que "tiene poco sentido" plantear paros del sector sin conocer aún el resultado de sus propias alegaciones.
El edil ha insistido en la disposición del Consistorio a "sentarse cuantas veces haga falta y explicar las dudas" sobre este proyecto, así como para encontrar "un punto de equilibrio" entre los intereses de los empresarios de ocio y los de los vecinos.
"Estoy seguro de que se podrán tener en cuenta parte de las alegaciones", ha dicho, tanto las presentadas por Hostemur, como las de otros colectivos, y con esas alegaciones ya incluidas, el proyecto se trasladará de nuevo a la Mesa del Ruido para "buscar una fórmula de consenso" antes de su aprobación por la Junta de Gobierno.
Por todo ello, Pacheco ha insistido en que no es el "momento procesal oportuno" para plantear un cierre del sector, aunque ha confiado en que esto no afecte a la celebración del festival.
También la portavoz del gobierno regional, Noelia Arroyo, ha confiado en que el Ayuntamiento y los hosteleros lleguen a un "diálogo y entendimiento" que permita hacer compatible el ocio con el descanso de los vecinos, ha dicho, y ha insistido que "se pueden establecer puntos de diálogo y entendimiento" que permitan que el WARM se desarrolle con normalidad.
En cualquier caso, ha recordado que el asunto compete de manera exclusiva al ámbito municipal, que es el que tiene las competencias en esta materia, mientras que el festival no está organizado por la comunidad autónoma, que solo lo patrocina, sino por una empresa privada.


C's reclama una reunión urgente
 para acercar posturas

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha reclamado al alcalde José Ballesta la convocatoria urgente del consejo sectorial del ruido para «tratar de acercar posturas entre las partes afectadas y rebajar la tensión generada en los últimos tiempos».
«Solo José Ballesta, y en tan solo tres años, tras más de dos décadas de gobierno del PP, ha sido capaz de enfrentar a todos los colectivos implicados en una misma causa, lo que evidencia su falta de capacidad para llegar a acuerdos», ha criticado Gómez, quien ha pedido al alcalde de Murcia que 'cambie el chip' y no siga forzando la situación con decisiones unilaterales que no rebajan la tensión ni acercan posturas«.
«Es necesario», ha reiterado, «convocar esta reunión cuanto antes para intentar llegar a acuerdos porque Murcia no se puede permitir el cierre de cerca de 200 bares y restaurantes y menos en un fin de semana como este», según informaron fuentes de la formación naranja en un comunicado.
«Si el cierre de locales anunciado hoy por la hostelería no es bueno para nadie, las decisiones unilaterales del Gobierno de José Ballesta tampoco ayudan», ha advertido el portavoz de C's.
A juicio de Mario Gómez, «un buen comienzo sería que las alegaciones presentadas por asociaciones de vecinos, ecologistas y el sector de la hostelería pudieran ser debatidas en el seno del consejo sectorial del ruido, algo que, hasta el momento, no ha sucedido».
En relación a las decisiones adoptadas por Gobierno local, «desde Ciudadanos creemos necesario que el PP dé explicaciones sobre el proceso llevado a cabo durante la elaboración del mapa de ruido específico de ocio, entre otras cuestiones, porque se sigue sin justificar la elección de las zonas estudiadas».
En su opinión, la elección de estas zonas «va más encaminada a justificar sus acciones de gobierno ante los procesos judiciales emprendidos tras las denuncias vecinales, que a elaborar un mapa de ruido que refleje la situación real del municipio y permita adoptar medidas correctoras».
«Sin embargo, el Partido Popular, lejos de dar soluciones tras 23 años de gobierno, sigue generando problemas, aumentando los conflictos y perjudicando a vecinos, turistas y hosteleros, sin alcanzar un acuerdo de mínimos que garantice el descanso vecinal y permita el desarrollo económico de Murcia», ha aseverado el portavoz de la formación naranja.

El fin de ETA no interesa, preocupa más Navarra / Pablo Sebastián *

Los ridículos e indecentes comunicados de ETA con los que la banda de los terroristas pretende camuflar sus crímenes, derrota y estrepitoso fracaso no interesan ni preocupan a nadie. Estamos ante el penúltimo lamento de una banda criminal que deja tras de sí 850 muertos inocentes, muchas decenas de heridos y un inmenso dolor.

Ahora dicen que se disuelven y han cerrado sus estructuras criminales, en línea con su previo anunciado fin de la violencia y entrega de las armas y todavía pretenden montar en Francia, en los próximos días, una macabra fiesta del adiós que esperemos no lo consienta el presidente Macron.

En España no nos interesan las diatribas de ETA, lo que nos preocupa es lo que ha ocurrido en Cataluña y lo que, tras su senda, empieza a pasar en Navarra, Valencia, País Vasco y Baleares.

Y esta deriva soberanista y secesionista, que tiene su palanca de apoyo en las políticas de inmersión lingüística como ocurrió en Cataluña (con todas las bendiciones de Felipe González y de José María Aznar), puede ampliar a otras Comunidades Autónomas la onda expansiva de la crisis catalana que sigue sin resolverse.

Sobre todo porque los gobernantes de España no se han atrevido a coger el toro por los cuernos desde el día mismo del pasado 7 de septiembre cuando el Parlament y el Govern de Cataluña aprobaron las leyes inconstitucionales de referéndum y la desconexión del Estado, mientras el presidente Mariano Rajoy tocaba el violón.

De manera que la fiesta lingüística y secesionista seguirá mientras en esas clases del odio con idioma regional los profesores, siguiendo las prácticas nazis para identificar a los judíos, le decían en clase a niños de diez años: ‘que levanten la mano los que son hijos de Guardias Civiles’.

Ahora el golpe lingüístico soberanista empieza a inundar la Sanidad en las Islas Baleares, en Navarra las empresas y en Valencia las instituciones mientras en Asturias empiezan a jugar con el bable. Y todo ello con el apoyo del PSOE, lo que es muy grave pero no tanto como el silencio del Gobierno de España que preside Rajoy y que es incapaz de hacer cumplir en Cataluña las sentencias de la Justicia sobre la obligada enseñanza del castellano y en castellano.

Incluso la aplicación del 155 en Cataluña ha sido decepcionante porque no ha sido utilizado para favorecer el regreso de la democracia y las libertades a todo el pueblo catalán (ahí está la manipulación diaria de TV3), ni para levantar las alfombras del golpe de Estado catalán o para señalar a los que verdaderamente financiaron el golpe.

Lo que no se hizo a base de colectas populares sino con las donaciones millonarias de instituciones financieras y de grandes empresas catalanas. O con las comisiones de la corrupción de las constructoras (véase el caso del Palau) que contrataban obras públicas en Cataluña y de paso financiaban el golpismo de CiU.

Alguna vez llegará el día en el que el Gobierno de España aplique el 155 con todas sus consecuencias, suspenda una Autonomía y el Estado asuma las competencias durante los años necesarios para garantizar que se cumpla, en plena libertad y democracia la legalidad constitucional.

Y vista la influencia del entorno de ETA en Navarra puede que esta primera  Comunidad intervenida sea la foral de Navarra para convertirse en ejemplo y modelo de lo que puede ocurrir en otras Comunidades. Y para que se vea lo que significa aplicar por el Estado de verdad y hasta el final el artículo 155 de nuestra Constitución, la que nadie puede burlar.


(*) Periodista


Vamos a contar verdades, Mariano / Antón Losada *

Tenemos tan interiorizado que la política es el discurso de los políticos y que sus problemas también son los nuestros que, inquietos como andábamos por saber si Mariano Rajoy acababa la legislatura, ocupados como estábamos en cuantificar las ganancias del PNV, o entretenidos como nos tenían con las hazañas presupuestarias de C's, tal vez se nos haya pasado destacar la noticia que realmente afecta  a nuestras vidas en el acuerdo presupuestario que permitirá actualizar las pensiones con el IPC en 2018 y 2019, retrasando a 2023 la entrada en vigor del factor de estabilidad que nos va a castigar a todos por vivir más. La noticia es que, por primera vez en años, el gobierno ha dicho la verdad en materia de pensiones: había dinero y tampoco era tan difícil encontrarlo.

Un país que tiene su gasto público por debajo del 40% del PIB no puede decir en serio que no tiene dinero para subir las pensiones. Un país donde los grandes poseedores de la riqueza y los beneficios son tratados como turistas fiscales tampoco puede sostener en serio que no sabe de dónde sacarlo. Pero pese a tales evidencias, ahí estábamos, instalados en la ficción de que gastamos como los franceses y recaudamos como los suecos Ahora que ya sabemos que se pueden subir los impuestos y el gasto cuando hace falta sin que se suenen las trompetas del apocalipsis, a lo mejor podemos empezar a hablar en serio de pensiones y bienestar.

Ahora que hemos iniciado esta senda de sinceridad, lejos de reprocharle al gobierno que ayer nos amenazase con el Armagedón fiscal si se subían las pensiones y hoy nos cuente que subirlas va a ser un paseo por el parque, deberíamos animarlo a que persevere y abrace el buen camino de la verdad, por su bien y por el nuestro. Vamos a contra verdades, Mariano, que es bueno para el alma y para el cuerpo.

Ya que ahora sabemos que hay dinero, que basta con transferir menos recursos públicos a piratas de lo público como los concesionarios de las autopistas rescatadas, o con subir los impuestos a las grandes corporaciones que tributan por debajo de 10%, también podrían reconocer que podían haberlo hecho antes, que no era necesario ni inevitable comerse la hucha de las pensiones; que lo hicieron para meternos el miedo en el cuerpo y para convencernos de que el sistema público estaba al borde del colapso.

Ahora que ya sabemos que hay dinero y dónde encontrarlo, el gobierno podría también reconocer que esas predicciones apocalípticas de un futuro con millones de pensionistas sostenidos por un puñado de trabajadores también resultan un tanto exageradas y tienen como única utilidad asustar al personal para que corra a darle negocio a los bancos. Son predicciones tramposas basadas, por ejemplo, en la concurrencia de variables como que la natalidad no va a mejorar, no van a venir migrantes y nuestros jóvenes se van a seguir marchando.

Ya que estamos en plan de contar verdades, el gobierno también podía aprovechar para reconocer que esas proyecciones que disparan el gasto en pensiones por encima del 15%, responden a una sobredosis letal de ideología y PowerPoint. Tampoco estaría mal que, a la hora de tomar decisiones de futuro, dejáramos de ignorar sistemáticamente que, a partir del temido año 2050 donde casualmente acaban todas las predicciones catastróficas, el número de nuevos pensionistas caerá año tras año mientras que la productividad no dejará de crecer, también, año tras año.


(*) Columnista