Fitch decide mantener bajo vigilancia la nota de Murcia

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch ha decido mantener bajo vigilancia la nota de Murcia; asimismo ha rebajado en dos escalones la nota de solvencia de Castilla-La Mancha, desde 'BBB+' a 'BBB-', apenas un peldaño por encima del grado especulativo o 'bono basura', del que aún separan dos escalones al 'rating' de Cataluña, que ha sido rebajado también desde 'A-' a 'BBB+'. De tal forma, la agencia mantiene ambas calificaciones bajo revisión negativa, lo que abre la puerta a nuevos recortes de 'rating'.

   "Las rebajas de Castilla-La Mancha y Cataluña reflejan los déficit fiscales estructurales de ambas administraciones, que necesitarán esfuerzos adicionales para reducirlos en un contexto de dificultades económicas y elevadas necesidades de refinanciación", explicó la agencia.

   Además del recorte de calificaciones de estas dos regiones, a las que mantiene bajo vigilancia de cara a una posible rebaja de nota a corto plazo, Fitch ha decidido mantener bajo vigilancia la nota de Murcia, y poner en revisión las de otras cinco regiones, como Andalucía, Asturias, País Vasco, Canarias y Cantabria. La agencia espera resolver a finales de mayo el examen de las calificaciones de estas ocho regiones.

   A este respecto, la calificadora de riesgos señaló que la vigilancia negativa refleja el riesgo de ejecución sobre sus resultados a corto plazo de las medidas de austeridad introducidas desde el verano de 2011, mientras que el incumplimiento mayor de lo esperado de los objetivos de déficit en 2011, complicará llegar a las metas previstas para este año.

   Asimismo, Fitch advierte de que "como el Gobierno central no ha presentado aún su presupuesto para 2012, existe el riesgo de que haya alguna reducción en la financiación de las comunidades autónomas, lo que dificultaría el cumplimiento de sus respectivos presupuestos".

   Por otro lado, la agencia considera que, a pesar de que se han adoptado algunas medidas positivas por parte del Gobierno central para aliviar la situación de liquidez, como las líneas ICO, "son necesarias más" para mitigar los riesgos de refinanciación, especialmente en el caso de aquellos emisores con una gran proporción de deuda a corto plazo o vencimientos significativos, ya que el acceso a los mercados aún es límitado para las regiones españolas.

Valcárcel no paga las subvenciones que adeuda a asociaciones contra la pobreza y la exclusión social

CARTAGENA.- La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique ha presentado una moción en la que pide al Gobierno regional que pague las subvenciones contra la pobreza y la exclusión social que adeuda, así como que garantice que no se volverán a producir retrasos en el pago del Salario Mínimo de Inserción. 

   Teresa Rosique señaló que los perceptores del Salario Mínimo de Inserción han estado sin cobrar la prestación económica correspondiente y no es la primera vez que estos retrasos se producen.

   "El problema que los retrasos ocasionan a los beneficiarios de estas ayudas es tremendo. Estamos hablando de que los perceptores de las mismas son personas sin recursos y, por tanto, el impago de las prestaciones los deja carentes de lo más básico para poder subsistir. Por esta razón, exigimos que garantice que no se vuelvan a producir retrasos en el pago de estas prestaciones".

   Al mismo tiempo desde Cáritas se ha puesto de manifiesto la insostenible situación por la que atraviesa como consecuencia del dinero que le adeuda la Comunidad Autónoma desde 2010, cantidad que ronda el millón de euros. Por ello, Teresa Rosique exigió que se abonen a Cáritas las subvenciones que les deben, correspondientes a 2010 y 2012.

   Según han denunciado los responsables de Cáritas regional, si en un mes no se les abonan las subvenciones comprometidas y no pagadas, se verán obligados a cerrar centros y despedir personal, con las consecuencias que ello puede tener para las personas necesitadas que son atendidas por esta ONG.

   Rosique apostilló que a "esto hay que añadir los más de siete millones de euros que la Comunidad Autónoma debe a las organizaciones sociales de diversos programas de inclusión social de 2010 y 2011, que han realizado y no han cobrado, lo que les pone al borde de su desaparición".

   Esta situación, según la diputada, no puede mantenerse por más tiempo. "El Gobierno regional tiene que resolver con carácter de urgencia estos problemas. Estamos hablando de personas que necesitan comer y de organizaciones imprescindibles para seguir dando respuesta a los graves problemas de pobreza y de exclusión social que existen en esta Región".

   Rosique agregó que el Gobierno regional "no puede meter estas deudas en el saco general de los acreedores y darles el mismo tratamiento porque en nuestra Comunidad Autónoma, los índices de pobreza alcanzan ya el 36%, cinco puntos por encima de la media nacional".

   Esto supone que más de un tercio de la población está en situación de pobreza y alrededor de 80.000 personas están en situación de pobreza extrema, "y esto hay que frenarlo".

UPyD Murcia considera "gravísimo" que las disputas entre Latbus y el Ayuntamiento acaben afectando a los ciudadanos

MURCIA.- El Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia considera "gravísimo" que la disputa administrativa entre la empresa Latbus y el Ayuntamiento de Murcia pueda perjudicar a los ciudadanos con un cese de servicio de líneas urbanas. 

   Así mismo lamenta que el equipo de Gobierno, con el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, a la cabeza, sea incapaz de dar solución a una problemática que lleva arrastrándose varios meses.

   Para el portavoz del Grupo Municipal, Rubén Juan Serna, el daño causado no es baladí en las familias que usan el transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo, de estudio, o centros sanitarios.

   Serna, que lamenta que esta situación afecte a los trabajadores de la empresa concesionaria creándoles aún más desconcierto, considera que debería ser convocada la Comisión Especial de la Vigilancia de la Contratación para que el concejal competente explique al resto de grupos políticos la situación en primera persona.

   Al menos, subrayó en comunicado, "una de las dos partes miente", y llegado a este punto deben asumirse responsabilidades a quien corresponda.

   Asimismo, en cuanto a gestión, UPyD reitera una vez más la necesidad de crear una Empresa Municipal de Transportes, que podría estar participada, aparte de por el Consistorio, por las empresas de transporte de la ciudad, y con expresa coordinación con la Entidad Pública del Transporte, para asegurar un transporte de calidad donde la empresa concesionaria pueda estar bajo el pleno control del originario de la concesión, y se dote de transparencia al transporte público.

   "A la larga", concluyó el concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Murcia, "habría que estudiar ese proceso como han hecho otras ciudades y con gran éxito".

Un fundamentalista del 'agua para todos', nuevo presidente de la CHS

MURCIA.- El nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, un fundamentalista del 'Agua para todos', considera que "en este momento con el alcance de la tecnología, es imprescindible, desde luego, trasvasar agua de otras cuencas a la cuenca del Segura". 

   El Ebro, apostilló a preguntas de los medios tras su presentación oficial en la Delegación del Gobierno, "es una opción que se hizo en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001".

   "Es una opción para resolver de una forma muy económica, la más económica, el problema no solo de la cuenca del Segura, sino de todo el arco mediterráneo", añadió.

   Pero, puntualizó, hay que estudiar de nuevo todas las soluciones, pues "ya había un plan hidrológico nacional y se habían estudiado otras opciones, así como distintas combinaciones".

   Según Ródenas, "está en la sabiduría del Gobierno y la disposición de todos los españoles darle una solución definitiva" al problema del agua, y es que, matizó, "esto no puede faltar".

   Preguntado por sus antecesores, Ródenas ha expresado que "cada uno habrá hecho lo que ha podido y entendido que deben hacer", lo que está claro es que "el Programa AGUA ha sido un gran fracaso".

   "La desalación de agua de mar no es la solución para resolver el problema del déficit tan importante de la cuenca del Segura", incidió, al tiempo que criticó que se optara por ese sistema "sabiendo que no era la solución, que es un agua demasiado cara, consumidora de energía y que expulsa al agricultor del sistema productivo".

   Ese sistema, insistió, "no valía", se ha persistido en el error, lamentó, "y después de ocho años vemos que la desalación que se vendió políticamente como la gran solución, ahora es el gran problema", tras lo que se preguntó, "qué hacer con esas desaladoras paradas".

   Al tiempo ha declarado que sus desafíos pasarán por administrar y gestionar "bien con eficiencia y respeto a la naturaleza" la escasez de agua, mantener el pleno funcionamiento del trasvase Tajo-Segura y resolver el déficit hídrico estructural de la cuenca.

   Y es que, destacó, "la cuenca del Segura es la única estructuralmente deficitaria en toda España, lo que estrangula su desarrollo por esa falta de agua".

   Su gran objetivo será así que no falte el agua para el sistema productivo y para las exportaciones de frutas y hortalizas porque "es un pilar básico de nuestra economía".

   "Entre todos tenemos que solucionar este problema, que no depende de la Confederación, de una Comunidad ni del Gobierno, depende de todos los españoles, que tengamos la voluntad de resolverlo", indicó.

   Esto pasa, a su juicio, por el principio de la solidaridad, que es un principio constitucional; una palabra, argumentó, "que viene de soldar, de hacer un todo, ese sólido es España y las partes son las comunidades. Uno de esos elementos de pegamento es el agua, que no puede faltar en ningún territorio, y tampoco en la cuenca del Segura", apuntó. "No hay metas imposibles", concluyó.

   Al acto en la Delegación del Gobierno el propio delegado, Joaquín Bascuñana, quien se ha mostrado convencido de la coordinación entre Administración regional y central, así como el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá o el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver.

Biografía

 

   El nuevo presidente de la Confederación nació en Murcia en 1951, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia, en la especialidad de Hidráulica y Energética.

   Los primeros años de su trayectoria profesional fueron en la empresa privada y, después, fue jefe de servicio de Obras Hidráulicas de la Administración regional. Los últimos 16 años ha sido director general de Agua en la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

   Como director general participó intensamente en toda la planificación hidrológica nacional y fue miembro del Consejo Nacional del Agua, de la Junta Central de Explotación de la CHS.

   Ha sido impulsor del Plan General de Saneamiento y Depuración de Aguas de la Región de Murcia 2001-2010.

Joaquín López también confirma su candidatura a la Secretaría General del PSRM-PSOE

MURCIA.- El diputado regional Joaquín López Pagán ha confirmado hoy su intención de presentarse como candidato a la Secretaría General del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM-PSOE), cuya elección tendrá lugar durante el 14º Congreso Regional que se celebrará entre los días 23 a 25 de este mes de marzo. 

  El totanero Joaquín López tiene 36 años y es abogado, vicesecretario general de la Agrupación Socialista Murcia Puertas de Castilla, secretario de Justicia y Libertades Públicas de la Comisión Ejecutiva Regional.

   Según ha indicado el propio candidato, esta decisión la ha tomado tras una reflexión colectiva durante las últimas semanas, ya que a su juicio, el Partido Socialista "necesita un profundo debate en torno a un nuevo proyecto de partido en el que toda la militancia y los simpatizantes se sientan implicados en la respuesta progresista a la difícil situación que hoy viven los ciudadanos de la Región de Murcia".

   A partir de mañana, Joaquín López, acompañado por miembros de su equipo de campaña, comenzará a visitar las agrupaciones socialistas de toda la Región. Los primeros municipios que recorrerá serán los de Lorquí, Águilas, Bullas y Santomera.

   También está previsto que en los próximos días Joaquín López presente su candidatura en un acto público al conjunto del PSRM-PSOE y a la ciudadanía de la Región de Murcia, con el objetivo de presentar un proyecto colectivo comprometido con la historia centenaria de las mujeres y hombres socialistas y que, señalan, "debe seguir siendo un instrumento de transformación de la sociedad para ganar el futuro".

Los sindicatos organizan una concentración en Palma para protestar por la política de despidos de Banco Mare Nostrum

PALMA.- Los sindicatos han indicado que el próximo lunes 12 de marzo organizarán, entre las 18.00 y 19.00 horas, una concentración en Son Fuster -concretamente en el espacio no edificado ubicado entre las calles Ter, Fluvià y Genil- para protestar por las políticas laborales puestas en marcha por Banco Mare Nostrum (BMN), entidad en la que está integrada Sa Nostra, que anunció hace unas semanas la extinción de 530 contratos y una reducción salarial de un 5% durante dos años.

Mediante un comunicado conjunto, los agentes sociales han querido recalcar que la fragmentación del territorio donde estos tienen representados -Mallorca, Menorca, Ibiza Formentera, Canarias y Madrid, entre otros- "hace difícil que todos se puedan reunir".

Por otra parte, han invitado a toda la plantilla de Sa Nostra-BMN, estén en activo o no, a "unirse como un solo cuerpo en esta acción en defensa de los puestos de trabajo".

En este sentido, los sindicatos han explicado que sobre las 18.30 horas se dará lectura a un nuevo manifiesto en el que se hablará de "gestiones directivas vergonzantes, jugosas indemnizaciones y fondos de pensiones, sermones mentirosos, participaciones preferentes, órganos de gobierno manipulados y politizados", entre otras cosas.

Finalmente, los agentes sociales han destacado que no estarán "de brazos cruzados" y han añadido que continuarán "en lucha y defensa" de los puestos de trabajo hasta que la dirección de BMN retire la propuesta de despidos "indiscriminados".

Diego de Ramón llamará a declarar en la Audiencia Nacional a 49 ex consejeros de la CAM

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón, que ha presentado un procedimiento penal contra la última cúpula directiva de la CAM, ya aceptada a trámite y en fase de diligencias previas de un procedimiento abreviado, piensa citar en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional a un total de 49 ex consejeros de Caja Mediterráneo (CAM), según han confirmado hoy fuentes de su bufete en Murcia.

Parece que el letrado desea que los ex consejeros de la CAM, de Murcia y Valencia, comparezcan ante el juez Grande-Marlaska para ver de levantar así las tramas de ambas regiones, sobre todas las infracciones, presuntamente penales, que se dejan aflorar en los expedientes sancionadores del Banco de España, y sobre la "voluntad" de estos exconsejeros "en los créditos dados sin garantías, plazos sin amortización e intereses tan bajos como insignificantes".

 A juicio del abogado querellante, y representante de la Plataforma de Afectados CAM, "algunos de estos exconsejeros son economistas de alto prestigio designados por Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel" por lo que desea saber sobre los créditos que se dieron ellos mismos, y todos los macrocréditos, incluidos los otorgados a Polaris, Nova Carthago, Hansa Urbana, Terra Mítica, Promociones de El Pocero, los concedidos en México, Suiza, Gibraltar, Luxemburgo, Islas Caimán... así como la trama política de Bancaja, Banco de Valencia y las fincas que políticos de Murcia y Valencia tienen en Polaris, México, Madrid, Roma, Murcia y Valencia".

Precisamente anteayer, el juez Grande-Marlaska aceptó como acusación particular en el procedimiento iniciado de querella criminal a mas de 250 clientes afectados de la CAM, representados por Diego de Ramón, a la vez que anuncia, a los efectos procesales oportunos, el traslado al fiscal de las pretensiones de estas personas de varias provincias. 

Reclaman más de cuatro millones de euros en concepto de pérdidas sufridas en sus inversiones de cuotas participativas, deuda subordinada y participaciones preferentes. Y se consideran estafados por los antiguos gestores, como otros 55.000 clientes, al utilizar la CAM información falsa en cuanto a condiciones particulares y situación de beneficios de la entidad.

Coincide esta admisión en el tiempo con la comunicación del Banco de España a Diego de Ramón, donde le responde, como contestación a un requerimiento suyo del pasado 23 de noviembre, que declara pertinente en el expediente abierto a la CAM y sus gestores la prueba propuesta como documental y consistente en los catorce escritos de denuncia remitidos al gobernador por el letrado desde el año 2006 y hasta el pasado mes de agosto.

En esos 14 escritos Diego de Ramón alertaba al Banco de España sobre el deterioro de las cuentas de la caja alicantina y pedía su intervención, por lo que ahora apela a la responsabilidad patrimonial del regulador por incorrecta supervisión en las pérdidas derivadas de la mala gestión de la Caja Mediterráneo y por los supuestos daños que se le habrían causado a él mismo como consecuencia de su funcionamiento respecto a las cajas de ahorro.

La comunicación señala que los catorce escritos ahora incorporados como prueba fueron rechazados en su momento por el servicio jurídico del Banco de España porque, a su entender, aludían a cuestiones "de carácter reservado".

 

La reclamación se amparaba en un informe emitido por la Comisión Europea en 2010, en el que acusa al organismo regulador español de haber fallado en el control de la burbuja inmobiliaria.

 

De Ramón señalaba en su escrito de noviembre que existe un daño ilegítimo, porque las pérdidas derivan de la falta de supervisión de las administraciones públicas sobre la actividad que llevaba a cabo la CAM.

 

Además, ve un vínculo claro entre la lesión y la institución que la produce, el daño material se puede individualizar y evaluar económicamente, este perjuicio es el resultado directo del anormal funcionamiento del servicio público y no se debe a una causa de fuerza mayor, ya que era una situación previsible y evitable.

 

Según cita la reclamación, el informe de la Comisión Europea señala que el Banco de España tenía información privilegiada suficiente como para haber tomado medidas que evitaran o aliviaran la burbuja inmobiliaria.