En Madrid, por ejemplo, molesta la insistencia descabellada de Ramón Luis de integrar una candidatura al Parlamento Europeo ya con claro 'overbooking' mientras el alcalde de Murcia ha perdido, si es que alguna vez los tuvo, todos sus apoyos en Génova 13 ante su evidente codicia y la de sus 'socios' políticos del alma, para temas económicos, Berberena y Sánchez Carrillo.
Ambos, Valcárcel y Cámara, se encuentran hoy sin más protección que un pobre aforamiento autonómico y, en el caso del alcalde de Murcia, ni siquiera eso.
Pese a que el fiscal superior de la Región, López Bernal, parece que, al final, nos 'salió rana', alguno de sus subordinados está dando una lección de profesionalidad y sentido del deber, junto a algún que otro juez, para rubor de determinado(s) miembro(s) del TSJ caracterizados por su entreguismo a San Esteban y a los ademócratas irredentos del neofranquismo regional, como ya viene denunciado, sin réplica, el letrado José Luis Mazón, poniendo ejemplos de escandalosas actuaciones concretas de la Sala de lo Penal.
La cuestión es que Valcárcel y su ínclito consejero Cerdá se pueden ver muy pronto en graves apuros por todo lo sucedido en torno a la desalinizadora de Escombreras y el concurso del abogado del Estado, Hermenegildo Altozano hijo, al respecto; un personaje éste conocido en ciertos círculos murcianos por otras opacas operaciones anteriores asistidas de su inapreciable concurso y que también pudieran estar en fase de investigación policial inducida por el caso principal de un empecinamiento probablemente ilegal por ausencia de competencia administrativa autonómica sobre el gobierno del agua.
Pronto habrá más noticias al respecto si alguien no logra parar antes algo que va directamente a la yugular política de un presidente con ya muy pocas salidas, fuera y dentro de Murcia, y últimamente con fama en Madrid de 'desesperado enredador' en Moncloa, Fomento y Defensa por sus promesas electorales, imposibles ahora, en las que trata sin suerte de implicar a muy altos cargos del Gobierno de la Nación.
Este nuevo culebrón político promete tanto como la evolución, final e inesperada, del 'caso Umbra' a manos de un topógrafo del Ayuntamiento de Murcia, hoy con estatus de testigo protegido de la Policía Nacional y la Guardia Civil tras sus jugosas y probadas declaraciones en Anticorrupción, directamente en Madrid para evitar filtraciones y las consiguientes represalias en la Glorieta.
Parece que su testimonio incrimina, sin ambages, a quien todo el mundo suponía culpables tras el 'enjuague' de 'Nueva Condomina'. Con números, cifras y datos, este funcionario, perseguido internamente para que no abriese la boca, denunció finalmente aspectos inéditos del caso y puede darle un giro espectacular a su resultado final, con el empuje de la Fiscalía y la minuciosidad procedimental y procesal del magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de los de Murcia, quien se anda con pies de plomo tras sentirse más que observado por Martínez Moya.
La vida política regional pudiera conocer así un comienzo de año algo más esperanzador respecto al combate legal contra la corrupción, que en nuestra región no se terminaba de ver pese a las denuncias de varios colectivos sociales y los letrados con renombre, de siempre, junto a un par, o algo más, de periodistas, a modo todos de gota malaya para erosionar la impudicia y el latrocinio tolerados por un electorado murciano ignorante y bastante ciego cuando quiere.
EPÍLOGO.- La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional está a punto de recibir una documentada denuncia sobre la buena vida, a costa de los demás, que se ha estado dando años el presidente de una empresa pública regional (parece que hoy en virtual quiebra) a razón de 9.000 euros mensuales de hotel de cinco estrellas en Madrid, extras aparte (ya se sabe de que pueden ir cuando se está fuera de casa tanto tiempo), a sumar los gastos de restaurantes de lujo, chófer y automóvil de alta gama, los días que todas las semanas del año se ausentaba de su despacho en provincias para teóricas gestiones empresariales en la capital de España.
Me dicen que pudiera ser un paisano nuestro (?), por lo que habrá que estar atentos a los pasos que vaya dando un importante organismo público de nuestro país, una verdadera institución, que ya ha comenzado a actuar contra este sujeto al tener acceso a cierta documentación y estar obligado por ley a la denuncia ante la Justicia.
