viernes, 11 de febrero de 2011

IU insta a Valcárcel a que "suprima los recortes si Economía autoriza la refinanciación de la deuda"

MURCIA.- El candidato de IU a la Presidencia de la Comunidad, José Antonio Pujante, ha afirmado este viernes que si el Ministerio de Economía autoriza la refinanciación del pago de la deuda pública a la Región de Murcia, el presidente del Gobierno autonómico, Ramón Luis Valcárcel, "debe derogar la Ley de Medidas Extraordinarias".

   Al respecto, Pujante ha explicado que la refinanciación de la deuda "permite una mayor disponibilidad de recursos que, sumados a otros derivados de recortes en gastos superfluos, hace innecesaria la aplicación de la norma", a la que ha tildado de "agresión" contra las condiciones laborales de los empleados públicos.
   Asimismo, ha adelantado que su formación está trabajando en una propuesta para reducir 45 millones de euros de gasto público, por medio de la aplicación de recortes en estudios, protocolo, conferencias, asistencias técnicas, publicidad y propaganda de la administración autonómica, entre otros asuntos.
   Ha defendido también la posición de los empleados públicos en contra de los recortes, y ha asegurado que el trabajo de este colectivo "tiene que ver con la buena prestación de los servicios públicos y con su dignidad, que ha sido atacada por Valcárcel malintencionadamente para justificar los recortes".

Saura sugiere al PP y consejera de Economía que vayan a San Esteban a pedir la dimisión de Valcárcel por "incompetente"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, ha sugerido este viernes al PP y a la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, que vayan al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, y pidan la dimisión del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, porque "ha firmado todos los acuerdos de financiación autonómica habidos y por haber en la historia de la democracia de la Región".

   Así como, añadió, "todas las transferencias educativas y sanitarias, sin recurrir a los tribunales ni un sólo acuerdo", por lo que, según el socialista, "deberían pedir su dimisión por incompetente".
   Saura hizo estas declaraciones en base a la Ley de Equilibrio e Igualdad que ha presentado recientemente el Partido Popular para evitar, según explican fuentes 'populares', "las desigualdades y los recortes a la carta de Zapatero".
   En este sentido, el socialista se preguntó por qué el presidente murciano firmó el acuerdo de financiación si no actualizaba la población y no siguió con el anterior acuerdo del PP, "que según el sí lo hacía y era mejor".
   A juicio del secretario general del PSRM, la consejera de Hacienda tiene que hablar con "su jefe" y exigirle que dimita "porque firmó los acuerdos que no tenía que haber firmado".

El Gobierno regional espera que sindicatos no firmantes recapaciten porque no se negociará otro preacuerdo

MURCIA.- El Gobierno regional ha invitado a los sindicatos que no han rubricado el acuerdo en la Ley de recortes --CCOO, UGT y Sterm-- a "seguir manteniendo ese diálogo" y se adhieran al documento que el resto de organizaciones sindicales han apoyado, porque, ha advertido, "no se negociará otro preacuerdo". De ahí, su insistencia en que espera que "recapaciten" y asuman un pacto que "beneficia" a todos los empleados.

   Es el mensaje que la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, ha trasladado a estos sindicatos, en una rueda de prensa que ha ofrecido acompañada de los titulares de Educación, Formación y Empleo y Sanidad, Constantino Sotoca y María Ángeles Palacios, respectivamente.
   Y es que, ha expuesto, el Gobierno regional "ha mejorado notablemente los aspectos de la Ley de Medidas Extraordinarias, sobre todo aquello que refería al Título I de empleados públicos"; razón por la que la mayoría de las organizaciones sindicales, que ascienden a cinco a la espera de que SIDI se pronuncie, "lo han entendido".
   De forma que estas medidas que se han negociado entrarán en vigor "cuando se aprueben en el BORM". Será la próxima semana cuando se proceda a la ratificación formal del acuerdo por parte de los sindicatos firmantes, ha adelantado.
   Por contra, Reverte ha lamentado que CCOO, UGT y Sterm no se hayan sumado a este acuerdo, poniendo la "excusa" de que "no se ha rebajado 90 minutos la jornada semanal de los empleados públicos, cuando se ha rebajado de 37,5 a 36,5 horas".
   De ahí que haya puesto de manifiesto que "es inadmisible el discurso de que esos 90 minutos más de jornada laboral a los empleados públicos repercutirá sobre la calidad de los servicios públicos, y en concreto en sanidad y educación".
   A dicho sindicatos les ha reclamado que "dejen de hacer demagogia y eslóganes manipuladores, puesto que es falso que el Gobierno regional haya recortado en sanidad, educación y el resto de servicios que presta al ciudadano".
   De esta forma, el mensaje conjunto que los tres consejeros que han estado presentes en todo el proceso de negociación han trasladado ha sido que la calidad de los servicios públicos al ciudadano "no se verá mermada".
   Como consecuencia de las medidas que el Gobierno regional ha acordado con los sindicatos firmantes, "se dejará de ahorrar alrededor de 60 millones de euros", por lo que desde el Ejecutivo ya se está trabajando para ver cómo se compensa esa cantidad de dinero.
   Así, estos 60 millones se obtendrán "garantizando que las inversiones que se van a realizar será llevándonos anualidades futuras, es decir, el pago de las mismas". "Las inversiones se realizarán, pero no con el presupuesto de 2011, sino que se aplazará el deslizamiento de anualidades a años sucesivos", ha explicado Reverte.
   Los presupuestos de la Comunidad para este año contemplaban una partida de inversiones de 680 millones de euros, por lo que, ha puntualizado Reverte, "desplazando el abono entre un 8 y un 10 por ciento se cubrirá el importe de las medidas que se han suavizado" con la Ley de recortes.
   Preguntado por la posibilidad de que los sindicatos que han rechazado este acuerdo convoquen a la sociedad murciana a una huelga general, Reverte ha matizado, en tono irónico, que "pueden hacerlo, pero ya veremos el seguimiento que tiene".
   Otra de las críticas realizadas por estas centrales sindicales sobre las que Reverte se ha pronunciado es la consistente en que no se alcanzan la mayoría en la representación sindical para que el acuerdo tenga validez.
   Sobre esta cuestión, ha recordado que "las reglas del juego de esta negociación no las puso el Gobierno regional, sino las centrales sindicales una vez que se aprobó esta ley, cuando constituyeron un Comité de Crisis" y en el que se criticaba que una de las centrales sindicales, la de los médicos, no estaba integrada.
   De forma que "fueron ellos los que quisieron negociar de forma conjunta y ahora como no hemos sido capaces de ceder en esa hora y media, pues ya no vale lo que se ha hecho", ha criticado.
   Respecto a los cambios en la ley, Reverte ha dado cuenta de la rebaja de 37,5 horas a 36,5 horas la jornada semanal, que equivale a 18 minutos diarios, dejando claro, al respecto, que "es absolutamente falso que se vayan a producir ceses de interinos por la aplicación de la Ley"; un aspecto sobre el que Sotoca ha insistido, advirtiendo que quien lo contrario "está faltando a la realidad".
   "El aumento de la hora y media respecto a la jornada que tenían anteriormente establecida es en horas complementarias y no lectivas, lo que supone que ningún interino en educación se verá afectado por la ley y será despedido", ha expresado.
   Asimismo, se limita el plazo de vigencia de la Ley sólo al ejercicio 2011, de forma que los acuerdos aprobados con anterioridad a la Ley quedan suspendidos, y no derogados.
   Las principales mejoras que se han acordado con las seis organizaciones profesionales de la Función Pública son que se cobrará el cien por cien de todas las retribuciones en caso de baja por enfermedad, sustituyéndolo por la elaboración de un plan de control de absentismo en los tres sectores de la Administración Pública regional.
   De igual modo, todas las suspensiones de abono de complementos que había en la Ley de Medidas se quedan en la mitad, de forma que de los 75 euros brutos mensuales que se reducían al personal docente, sólo se van a descontar 37,5 euros; y al personal sanitario, en lugar de reducirse el 10 por ciento del importe de guardias y turnicidad, sólo se reducirá el 5 por ciento.
   Mientras que al Personal de Administración y Servicios se le abonará el importe del proceso de homologación retributiva que venían percibiendo desde la nómina de diciembre de 2010.
   Se mantiene un fondo para las ayudas del Plan de Acción Social con un importe superior al 50 por ciento establecido para el pasado año; y los días de permisos y licencias vuelven a contarse como días hábiles y no como naturales, y las horas de formación computarán como parte de la jornada laboral si es formación obligatoria o requerida por la Administración.
   La redistribución de efectivos se negociará con las organizaciones sindicales, así como la posibilidad de convocar oferta de empleo en los tres sectores: Sanidad, Educación y Administración y Servicios, dentro de los estrechos márgenes que deja la legislación aprobada por el Gobierno central, y que la limita a una tasa de reposición del 10 por ciento en Sanidad y Personal de Administración y Servicios, y al 30 por ciento en el caso de Educación.
   De este modo, Reverte ha puesto de manifiesto que Murcia es, sólo detrás de Valencia, "la Comunidad que mayor esfuerzo presupuestario realiza este año en Educación, con un 28,1 por ciento del total del Presupuesto, frente a un 23 por ciento de media".
   Además, ha recordado, "el pasado fue la comunidad que más incrementó su presupuesto en Educación, con un incremento del 5,7 por ciento, frente a una bajada media del 4,8 por ciento en el resto de comunidades".
   Tanto Sotoca como Palacios han coincidido en señalar que se seguirán realizando infraestructuras en materia de educación y sanidad.
   En este último departamento, su titular ha indicado que tras casi mes y medio que lleva de aplicación esta Ley, "no se ha mermado la calidad en la asistencia sanitaria".
   Por último, ha remarcado que con la apertura de los dos nuevos hospitales "casi se podrá garantizar que ni siquiera los eventuales van a dejar de trabajar".

Medio centenar de personas arremete en San Esteban contra Gobierno y varios sindicatos por el preacuerdo

MURCIA.- Medio centenar personas se han manifestado este viernes frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para protestar nuevamente contra los recortes efectuados por la Comunidad Autónoma en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aprobada el 23 de diciembre de 2010, especialmente tras el preacuerdo alcanzado entre varios sindicatos con la Administración regional.

   Así, los manifestantes, convocados por las organizaciones sindicales que no han aceptado las modificaciones que el Ejecutivo murciano ha hecho de la Ley 5/2010, UGT, CCOO y Sterm-Intersindical, han cantando las habituales versiones sindicales de 'La Parranda', 'Nada de esto fue un error' de Coti o 'Resistiré' del Dúo Dinámico, además de corear otros eslóganes habituales como 'Aquí estamos, nosotros no firmamos', 'La Solución es la derogación' o 'Este decreto chulo va a servir para limpiarnos el culo'.
   Sin embargo, como novedad, los afiliados sindicales han gritado otras consignas que aludían directamente a los líderes de los sindicatos que sí han decidido aceptar la propuesta del Ejecutivo regional, como 'Ventura, Clemente, en la acera de frente', 'Danos la factura que te va a pasar Ventura' o 'Ventura camaleón trabaja de peón', en relación a los presidentes autonómicos de Anpe y C.SIF, Clemente Hernández y Ventura Martínez, respectivamente.
   Y es que, en opinión del portavoz de Sterm-Intersindical, Toni Carrasco, "si hoy el Gobierno regional diera por bueno el preacuerdo alcanzado por el resto de sindicatos, sería de nuevo saltar por encima de la negociación colectiva, porque las organizaciones que representamos a la mayoría de los trabajadores públicos hemos dicho no a la propuesta".
   Además, ha comentado que "las 40.000 personas que este jueves salieron a la calle para apoyar la decisión de UGT, CCOO y La Intersindical de no aceptar unas simples modificaciones secundarias en la Ley de Medidas Extraordinarias".
   Por ello, ha asegurado que "seguirán insistiendo en que el Gobierno regional rectifique y realice una modificación profunda para corregir los errores e injusticias cometidos con su publicación", al tiempo que ha añadido que los sindicatos que han aceptado "no sólo no representan a la mayoría, sino que se ha producido además una negociación paralela con ciertos sindicatos, por lo que no puede tener validez jurídica".
   Asimismo, el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Antonio Francisco Ferrández, ha afirmado "desconocer el texto del preacuerdo, porque no se ha hecho público y no se ha sometido a la Mesa General de la Función Pública", algo que en su opinión "es muestra del talante democrático de este Gobierno regional".
   Ferrández ha adelantado que la semana que viene los sindicatos irán a los centros de trabajo "para explicar la situación actual y para establecer un nuevo calendario de movilizaciones por sectores". Así, han confirmado que el próximo martes se concentrarán en Cartagena frente al Edificio Foro, en la plaza San Francisco.
   Sobre la posibilidad de una nueva huelga general, el portavoz de UGT ha apuntado que "cada vez nos acercamos al hecho de que no se descarta esa convocatoria de huelga en el sector de la función pública".
   Al hilo, desde CCOO, Pedro Manuel Vicente ha asegurado que las manifestaciones y concentraciones "van a continuar con mayor intensidad si cabe. De este modo, el Comité de Crisis, ahora llamado de 'Resistencia', contempla la posibilidad de una Huelga General a medio y corto plazo, sin descartar ninguna acción".
   Del mismo modo, ha señalado que el acompañamiento a los miembros del Gobierno regional va a seguir "para que se den cuenta, de una vez, de la fuerza que trasmiten los 55.000 trabajadores públicos de la Región, que no se conforman con unos ajustes de maquillaje que, pesar de todo, traerán un aumento del paro y la incorporación al sistema público de las mutuas de trabajo para hacer un seguimiento de las bajas de los empleados públicos".
   Respecto a la vigencia de la ley de los recortes, ha indicado que "es cuestionable, porque solamente se refiere al título uno y quedarían totalmente derogados los 16 acuerdos que se eliminaron de las Ley 5/2010".
   "El Gobierno regional quiere que estemos a su lado y nosotros también, así que vamos a intensificar el seguimiento a sus miembros, con el fin de que conozcan muy de cerca el malestar de todos los empleados públicos de la Región, porque esto no se ha solucionado, aunque lo intenten trasladar así a la opinión pública", ha concluido Vicente.

UGT y CCOO se dirigen por carta a Reverte por la falta de convocatoria ordinaria de las Mesas Generales y Sectoriales

MURCIA.- Los Secretarios generales de UGT y CCOO de la Región de Murcia, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, respectivamente, se han dirigido por carta a la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, con motivo de la falta de convocatoria ordinaria de las Mesas Generales y sectoriales correspondientes y el sometimiento de los asuntos sin los informes presupuestarios previos necesarios.  

  Así, por medio de esta carta, los líderes sindicales solicitan la celebración urgente de sesión de la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo comunes al personal estatutario, funcionario y laboral al servicio de la Administración Regional.

Saura aconseja a Valcárcel atajar "de una vez" el despilfarro

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, aseguró este viernes que si el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, no elimina "de una vez por todas" el despilfarro y el descontrol, no solamente arruinará a centenares de pequeñas empresas en la Región, que son proveedoras de la Comunidad, así como la inversión pública, sino que, además, los acuerdos en materia de empleados públicos serán "papel mojado", pues, a su juicio, "no los podrá cumplir".

   Y es que, subrayó en rueda de prensa, entre los muchos datos que evidencian este "despilfarro y descontrol", se encuentra el hecho de que la Región de Murcia está a la cabeza en cuanto a número de empresas públicas regionales por número de habitantes, con 7,5 empresas públicas por cada 100.000 habitantes, frente a las 5,7 en el conjunto del país, lo que significa "un 32 por ciento más que la media española", explicó el socialista en base a los datos publicados esta semana por el Ministerio de Economía y Hacienda.
   De hecho, en enero de 2010 había 98 empresas públicas en la Región contabilizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda; en julio del mismo año, seis meses después, el Ministerio contabiliza 110 empresas públicas o "chiringuitos financieros montados por la Comunidad Autónoma", apuntó Pedro Saura, quien añadió que este 12 por ciento en aumento del número de entes de la Región contrasta con el 9 por ciento de aumento de media en España.  
   Así la Región de Murcia está a la cabeza de España en el número de empresas públicas o chiringuitos por habitantes, apostilló el socialista, "y el aumento es mayor que la media".
   El líder socialista también se refirió al último informe del BBVA, "que viene a decir que la Región de Murcia va a tener muy poco crecimiento en 2011, muy por debajo de la media española, entre otras cosas por el déficit público que tiene la Comunidad".
   Sobre el preacuerdo entre Gobierno regional y varios sindicatos sobre la Ley de Medidas Extraordinaria, así como por el seguimiento de convocatorias por parte de CCOO, UGT y Sterm-Intersindical, Saura subrayó que la manifestación de ayer, que tachó de "exitosa", es una demostración más del "descontento" de la sociedad ante el despilfarro de la Administración regional, que sigue "sin atacar lo importante, que es el descontrol de la Comunidad".

CCOO, UGT y Sterm ponen en marcha una agenda de movilizaciones en su afán de paralizar los recortes

MURCIA.- Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y Sterm Intersindical, las únicas que no han rubricado el acuerdo con el Gobierno regional, han manifestado su compromiso de "paralizar" la Ley de recortes, de forma que han establecido una agenda de movilizaciones para los próximos días.

   De este modo, se pondrán en marcha una serie de asambleas en centros de trabajo y comarcales este lunes y martes con el fin de informar, de manera extensa, de todo lo acontecido estos días y continuar recogiendo propuestas de nuevas acciones de protesta, "con especial interés en la posibilidad de convocatoria de huelga general en el sector docente".
   Asimismo, para este miércoles, día 16, estarán presentes en la Asamblea Regional "como demostración de protesta por el escaso avance en las medidas correctoras de la Ley por parte del Gobierno regional".
   Mientras que al día siguiente se convocan de nuevo encierros en los centros educativos, de 18.00 a 00.00 horas. También se celebrarán encierros virtuales en la Red.
   En un comunicado conjunto de CCOO, UGT y Sterm, se advierte que se mantienen en vigor las concentraciones de 10 minutos en los centros educativos los martes.
   Por último, han expresado su felicitación a todos los empleados públicos por el seguimiento de la jornada de manifestación de ayer, con la nueva participación masiva en la movilización.

El Gobierno murciano recurre ante el TC la aplicación en la Región de la nueva Ley de Financiación Autonómica

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la interposición ante el Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad y de un conflicto positivo de competencias contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011, ya que considera que la nueva Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas lesiona la autonomía política y financiera de la Región.

   Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, quien ha recordado que otras CCAA ya han iniciado este procedimiento.
   El objeto del mismo, ha subrayado, es que no haya discriminación, por lo que ha exigido un "trato igualitario" para todas las Comunidades.
   Entre otras cuestiones, el importe de la financiación para 2011 en la Región no recoge el pago de los Fondos de Convergencia, entre los que se encuentra el Fondo de Competitividad, que ascienden a 211 millones de euros, ha precisado Reverte.
   Así, la Comunidad inició los trámites legales tras tener conocimiento de forma oficial, en octubre de 2010, del importe de la financiación autonómica de la Región de Murcia para el año 2011, por aplicación de la citada Ley. A partir de este momento, el Gobierno regional puso en marcha todos los mecanismos jurídicos a su alcance, en defensa de los intereses de la Región.
   En diciembre de 2010 ya se interpuso un requerimiento previo a la interposición de conflicto positivo de competencia, que no tuvo respuesta, por lo que se procede ahora a la interposición de los recursos citados.

Denuncian que con la reforma de la Ley de Costas se pretende consolidar el urbanismo descontrolado en el litoral

MURCIA.- Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF denuncian un nuevo intento de recortar la Ley de Costas. Durante el día de hoy se está discutiendo en el Senado dos Proposiciones de Ley, promovidas por Convergència i Unió (CiU) y Partido Popular (PP), que limitarán la protección del litoral. Las organizaciones ecologistas consideran que esta maniobra política es un nuevo ataque al derecho del uso público de la costa.

"Los distintos grupos políticos están constantemente promoviendo rebajas a la carta en la Ley de Costas, el principal marco jurídico de protección del litoral y la única garantía de uso público de los espacios costeros. Si estas Proposiciones de Ley salen adelante, cada Comunidad Autónoma podrá decidir los espacios costeros que serán privatizados y se abrirá una nueva vía legal de especulación en la costa", ha declarado Jorge Sáez, coordinador de Medio Marino de Ecologistas en Acción.

En concreto, la Proposición de Ley del PP tiene como objetivo perpetuar indefinidamente las concesiones, lo que permitiría el uso privado del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

"Estas modificaciones a la Ley de Costas supondrían un inadmisible retroceso de 20 años en las políticas de protección ambiental. Sería un paso atrás sin igual en todo el continente europeo, que está reforzando las políticas de protección marina", ha añadido Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.

Por otro lado, la Proposición de CiU promueve redefinir los espacios litorales que pertenecen al DPMT. Pretenden, bajo el concepto de "ciudad navegable", que urbanizaciones como la Marina d?Empuriabrava (Castelló d?Empuries), los Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S?Abanel escapen a la Ley de Costas (1).

"No se puede permitir la revisión a la carta de la Ley de Costas con el fin de garantizar los diferentes intereses privados. La definición de "ciudad navegable" se podría extender a multitud de espacios en toda la costa española, lo que provocaría un claro proceso de privatización de la costa" Por su parte,, concluye José Luis García Varas, director del Programa Marino de WWF/España denuncia .

Las organizaciones ecologistas recuerdan que el objetivo de la Ley de Costas es garantizar la protección de la costa y el interés público y libre acceso a nuestras playas y acantilados.

Por ello, exigen a los grupos parlamentarios que rechacen estos nuevos intentos de degradar la Ley de Costa y dejar indefenso el litoral.

NOTA (1)
El grupo parlamentario CiU define por "ciudad navegable" como "el conjunto integrado por una urbanización residencial y por una red de canales artificiales permitiendo la navegación de embarcaciones hasta el pie de las parcelas. El citado conjunto deberá contar un plan urbanístico legalmente aprobado. Pueden formar parte del conjunto: un puerto deportivo, muelles de servicios portuarios y dársenas con diferentes tipos de amarres".

Satse califica el acuerdo de "antisocial" y "lesivo" para los derechos de los trabajadores

MURCIA.- La Comisión Permanente del Comité Ejecutivo del Sindicato de Enfermería de Murcia (Satse), reunida para valorar el denominado Acuerdo Social suscrito entre Gobierno, sindicatos de clase y patronal, lo ha calificado de "antisocial" y lesivo para los derechos de los trabajadores, según han informado fuentes sindicales en un comunicado. 


   De este modo, de su análisis se desprende que "es un acuerdo hecho a la medida de los partícipes, que necesitaban cualquier pacto para lavar su deteriorada imagen social".
   Satse ha criticado lo acordado sobre jubilaciones por entender que "han tomado la solución más fácil y arbitraria sin tener en cuenta los perjuicios que van a ocasionar a los derechos adquiridos por los ciudadanos al elevar la edad de jubilación a los 67 años, con 38,5 años trabajadas, e incrementar el cálculo de años para percibir la pensión".
   Asimismo, han indicado que tras este acuerdo "la enfermería tiene más difícil conseguir la jubilación anticipada en base a nuestras especiales condiciones de trabajo y se dificulta notablemente el acceso a la jubilación parcial".
   En su opinión, los sindicatos de clase, "después de aparentar diversas movilizaciones y realizar la huelga general menos seguida de la democracia, han firmado el acuerdo para evitar la convocatoria de unas movilizaciones que ni ellos creían y han otorgado un balón de oxigeno a un Gobierno necesitado de un gesto hacia los sindicatos".
   Por otro lado, creen que han cedido ante el Gobierno "para seguir manteniendo su situación privilegiada, lo que les puede reportar beneficios en ámbitos diversos", y han recordado que el denominado Acuerdo Social "les permite seguir negociando casi con exclusividad, gestionar directa o indirectamente planes de pensiones de las Administraciones Públicas y obtener fondos públicos a través de la formación de trabajadores".
   Y es que, para los responsables del Sindicato de Enfermería, el acuerdo "está en la línea de continuar con la preeminencia de los sindicatos de clase en las negociaciones, en detrimento de los sindicatos profesionales".
   Al hilo, han comentado que, en el ámbito de las empresas privadas, "han promovido que los convenios colectivos se negocien a nivel sectorial, para hacer más difícil que los sindicatos profesionales puedan participar en los mismos".
   Finalmente, en su opinión, "el acuerdo avala que las empresas puedan descolgarse de dichos convenios y que éstos se negocien, a la baja, empeorando las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores".