lunes, 24 de febrero de 2020

El Gobierno reforzará el control de costes y promociones para aliviar la crisis agraria


MADRID.- El Gobierno reforzará los mecanismos de control sobre los costes asociados a la producción y venta de alimentos e introducirá nuevas exigencias a las promociones en los supermercados, como parte del paquete de medidas que prevé aprobar para aliviar la crisis del campo. 

Estas medidas están incluidas en un borrador del real decreto-ley, cuya aprobación está prevista para mañana, después de pasar por el Consejo de Ministros.
Una de las novedades es que se hará pública la identidad de las empresas que cometan infracciones “graves y muy graves” a la Ley de la Cadena Alimentaria con fines “disuasorios pero también punitivos, puesto que el elemento reputacional es esencial en el sector y procede que el público conozca los operadores que han sido objeto de sanción”.
Además, la nueva normativa obligará a los operadores de la cadena agroalimentaria a abonar “un precio igual o superior al coste de producción” del anterior eslabón, de forma que no se pueda comercializar a un precio inferior.
No obstante, el documento precisa que se prohíbe al eslabón que realice la venta final del producto “repercutir a ninguno de los operadores anteriores” costes derivados de su política comercial en materia de precios.
Para calcular ese coste de producción -que a partir de ahora se exigirá de forma expresa que figure en los contratos- se tendrá en cuenta una serie de “factores objetivos” que, en el caso de las explotaciones agrarias, abarca el gasto en semillas, fertilizantes, combustibles, energía, maquinaria, alimentación animal o la mano de obra, entre otros.
El borrador igualmente restringe las actividades promocionales -habituales entre las cadenas de supermercados-, ya que exige que exista un acuerdo con el productor, que haya un interés mutuo y que no se induzca a error “sobre el precio e imagen de los productos” para no perjudicarlos.
“Los operadores deberán identificar su precio claramente en la información publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra, para que no pueda dar lugar a equívocos, de tal forma que el consumidor tenga conocimiento exacto del alcance de la campaña” y evitar, así, “que se desbarate la percepción sobre la cadena de valor en el sector, banalizando la actividad”, reza el documento.
El Ejecutivo detalla que estas novedades regulatorias se anticipan a la “reforma en profundidad” que se realizará de la Ley de la Cadena, para transponer la directiva europea sobre prácticas desleales en el sector.
El paquete de medidas también recoge una bonificación para aquellos empresarios que conviertan contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos bajo la modalidad de fijos discontinuos, con el objetivo de facilitar una mayor estabilidad al personal empleado en el campo.
Además, aplica un cambio en la calificación fiscal de las ayudas que se dan a la incorporación de jóvenes agricultores, dentro del Marco Nacional de Desarrollo Rural, para que los beneficiarios no tengan que pagar el impuesto de una sola vez y puedan fraccionar el pago.
El Gobierno, asimismo, cambiará la Ley de Pesca Marítima del Estado para que la sanción a quienes vendan moluscos de talla o peso inferior a la reglamentaria -cuando la cantidad sea menor al 10 % del volumen total comercializado de dicha especie- sea calificada de “leve” y no “grave” como ahora, ya que la infracción implicaba la pérdida de todas las ayudas del Fondo Marítimo y Pesquero.
Este mismo decreto-ley consigna también medidas ya anunciadas, como reducir de 35 a 20 las peonadas exigidas en Andalucía y Extremadura, para tener acceso al subsidio agrario o la ampliación del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que puedan controlar “los alojamientos y locales de descanso” de los temporeros.
El documento llegará al Consejo de Ministros después de más de cuatro semanas de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias, que protestan por la grave crisis que atraviesa el sector debido a la caída de los precios en origen, las dificultades para exportar como consecuencia de los nuevos aranceles en Estados Unidos y el aumento de sus costes de producción, entre otros.

La Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria confía en la UPCT para la formación de investigadores

CARTAGENA.- La Universidad Politécnica de Cartagena ha sido seleccionada como centro receptor para la especialización de investigadores en la evaluación de riesgos alimentarios, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

La UPCT destaca que la selección no resulta fácil, ya que hay un total de 15 organismos en toda Europa que lo hayan conseguido. "Tampoco obtener una beca de especialización de la EFSA (Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, European Food Safety Authority) es sencillo para los candidatos", añade.
Leonidas Georgalis, epidemiólogo especialista en enfermedades infecciosas, aportó un currículum brillante y consiguió una de las 15 plazas entre cientos de candidatos del programa EU FOR A.
Desde septiembre de 2019 trabaja con el catedrático del Área de Tecnología de los Alimentos de la UPCT, Pablo Fernández Escámez, en los laboratorios de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica para desarrollar una metodología sistematizada que ayude al control microbiológico de organismos patógenos que puedan crecer en productos cárnicos.
Se ha especializado en estudiar el comportamiento de la listeria y la salmonela, dos de las bacterias más peligrosas para la población y que más alarma social crean entre los consumidores. El programa formativo contempla también la realización de cursos formativos en distintas instituciones europeas.
La Universidad Politécnica de Cartagena es organización colaboradora de la EFSA desde el año 2018. La cooperación con EFSA se canaliza a través de consultas públicas, de la participación de la institución académica en las convocatorias de proyectos científicos y formando parte del programa europeo de becas de evaluación de riesgos alimentarios EU-FORA.
Recientemente se celebró en Madrid una jornada organizada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para la presentación de las convocatorias disponibles para las organizaciones colaboradoras de EFSA. 
Tanto el profesor Pablo Fernández Escámez como la responsable de la Oficina de Proyectos Europeos de la UPCT, Chus Legaz, asistieron a esta jornada en la que se pusieron en común las principales líneas de investigación en seguridad alimentaria.

La Comunidad Autónoma y el Colegio de Economistas estudiarán el impacto de la disminución de las aportaciones del trasvase Tajo-Segura

MURCIA.- La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y el Colegio de Economistas abordaron hoy establecer una colaboración que permita realizar un estudio sobre el 'Impacto económico de la disminución de las aportaciones hídricas del trasvase Tajo-Segura en la Región de Murcia', en un encuentro entre el consejero Antonio Luengo y el decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid.

En dicho estudio el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) establecerá varios indicadores sociales y económicos de las orientaciones agrícolas del regadío murciano, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
"Nos interesa conocer las variaciones que el déficit de agua puede tener sobre la productividad socioeconómica y es ahí donde queremos colaborar con el Colegio de Economistas para abordar el impacto que esta reducción en la llegada de agua tiene en los ingresos, los sectores agrícolas, ganadero y del transporte, así como la afección a la población activa regional y a los ingresos de la Comunidad Autónoma de Murcia en distintos escenarios a corto y medio plazo", ha detallado Luengo.
El consejero ha destacado que el Gobierno regional quiere contar con este estudio "para hacerle saber tanto al Gobierno central, como a la sociedad en general, las consecuencias que puede acarrear la disminución de aportaciones hídricas del Trasvase que estamos sufriendo en los últimos meses por las injustas decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica".
En este sentido, ha recordado que "las reglas de explotación fijan las cantidades que cada mes se deben trasvasar del Tajo al Segura, siguiendo los criterios de la Comisión Técnica de Explotación. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica desoyó en los meses de noviembre y diciembre las recomendaciones de los técnicos sobre los volúmenes trasvasables, y negó el envío de agua al Levante para regadío. Asimismo, en enero, el Ministerio anunció su intención de trasvasar 16'5 hectómetros cúbicos, cuando, según los criterios técnicos, nos correspondían 20 hectómetros".
El consejero destacó los aspectos positivos de esta infraestructura del Trasvase, inaugurada el 31 de marzo de 1979, que genera cada año 110.000 empleos directos, principalmente en el sector agrícola, y alrededor de 30.000 más inducidos en el ámbito industrial y del transporte en las provincias de Alicante, Murcia y una parte de Almería.
Luengo ha advertido que el agua del Trasvase no puede ser sustituida por la de las estaciones desalinizadoras porque ésta última multiplica por cuatro la factura energética y por cinco el coste económico. Esto provocaría una pérdida de competitividad y de seguridad económica, perjudicando de forma determinante a un sector con una clara vocación exportadora.
"Sin las transferencias del Trasvase no habría caudal ecológico en el río Segura y se produciría una mayor sobreexplotación de los acuíferos, contribuyendo a una degradación natural de los recursos", ha explicado el consejero, quien ha recordado que "la superficie que riega el Trasvase constituye una zona verde que absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono, así como que la generación de empleo que conlleva detiene las tradicionales corrientes de emigración del sureste peninsular a otras zonas del país".
Luengo ha defendido que "el agua es de todos los españoles, es decir, un bien público y no privativo de ninguna comunidad autónoma en particular". 
Por ello, concluyó, "el Gobierno regional defiende la solidaridad hídrica entre las regiones para llevar agua desde donde sobra hasta donde falta, para lo cual venimos exigiendo un Plan Hidrológico Nacional, debidamente consensuado, que ponga fin al déficit hídrico que padecemos".

Los hoteles de la Región de Murcia computan en enero un total de 138.116 pernoctaciones

MURCIA.- Los hoteles de la Región de Murcia computaron en enero un total de 138.116 pernoctaciones, de las que 93.704 correspondieron a viajeros españoles y las 44.412 restantes fueron de viajeros extranjeros, con una estancia media de 1,90 días frente a los 2,87 de la media nacional.

Según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Región de Murcia recibió en el citado mes 72.541 viajeros, de los que 54.635 eran residentes en España y 17.906 extranjeros.
En la Región de Murcia había 134 establecimientos de estas características abiertos en el pasado mes de enero con un número de plazas estimado de 13.082 y una capacidad de empleo de 1.619 trabajadores.
El grado de ocupación por plazas en la Región en enero fue del 33,88 por ciento (46,14 por ciento en España), mientras que el grado de ocupación de plazas por fin de semana se elevó al 38,73 por ciento (51,22 por ciento en España).
Por otro lado, en la Región de Murcia los precios hoteleros descendieron un 1,35 por ciento en enero con respecto al mismo mes del año anterior, frente al crecimiento del 0,89 por ciento de la media nacional. Así, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) en Murcia se situó en 79,41 mientras que en España lo hizo en 106,34.
En cuanto a los indicadores de rentabilidad del sector hotelero, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) en la Región de Murcia se situó en 56,52 euros, lo que representa una tasa de variación interanual del -0,01 por ciento. La media nacional se situó en 82,02 euros.
Por su parte, el ingreso por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación alcanzada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 22,86 euros en la Región, con una variación interanual del -8,65 por ciento. A nivel nacional, el ingreso por habitación disponible alcanzó los 44,51 euros.

La cifra de parados participantes en el arreglo de desperfectos por las DANA alcanza ya la treintena

MURCIA.- Un total de 30 desempleados inscritos en el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) participan actualmente en San Javier y Los Alcázares en los trabajos de arreglo de desperfectos producidos por las Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA) que han afectado en los últimos meses a la zona del Mar Menor.

Los ayuntamientos de ambos municipios solicitaron al SEF acogerse a la denominada 'colaboración social', lo que se ha traducido en una petición de trabajadores de diferentes perfiles, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
En el caso del Ayuntamiento de Los Alcázares, la colaboración social solicitada y atendida por el SEF se ha traducido en la incorporación de diez desempleados, mientras que en San Javier trabajan actualmente 20. Los participantes son 14 operarios de servicios múltiples (peones de construcción y peones de jardinería), siete pintores, seis albañiles, dos carpinteros y un delineante.
A estos desempleados, que se encontraban percibiendo una prestación, se les ofreció el desempeño remunerado de estos trabajos, mientras siguen percibiendo dicho subsidio. Además, los ayuntamientos completan esta cantidad hasta igualarla, al menos, con el salario mínimo interprofesional vigente.
En el caso del Ayuntamiento de San Javier, solicitó a la Oficina de Empleo de dicho municipio los trabajadores, mientras que el Consistorio de Los Alcázares los requirió a la Oficina de Empleo de Torre-Pacheco. Tras recibir las peticiones, el SEF gestionó la selección de estos profesionales, escrutando su base de datos para escoger a quienes mejor se amoldaban a dichas labores.
El personal técnico del SEF priorizó la elección de aquellos desempleados que contaban con experiencia laboral y formación en el correspondiente campo profesional, partiendo de la condición de que éstos se encontrasen actualmente en condiciones físicas adecuadas para desempeñar estos trabajos y de que no se vieran obligados a un cambio de residencia.
El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, ha destacado que "la colaboración social está siendo una fórmula muy útil para ayudar a paliar los efectos de los recientes temporales, y es de destacar el trabajo que están realizando los profesionales de las Oficinas del SEF para coordinarse con los ayuntamientos y facilitar todas las gestiones".
Los diez trabajadores de Los Alcázares son cuatro peones de la construcción, cuatro pintores y dos albañiles, y no se descarta la próxima incorporación de más participantes bajo esta misma fórmula. Por su parte, los desempleados requeridos por el Ayuntamiento de San Javier han sido diez operarios de servicios múltiples, cuatro albañiles, tres pintores, un delineante, un carpintero metálico y un carpintero.
La legislación en materia laboral especifica que un beneficiario de prestación por desempleo puede ser convocado por las administraciones públicas para realizar trabajos de colaboración social, siempre que se destinen al beneficio de la comunidad, como es el caso. Estas tareas pueden prolongarse por un máximo de tiempo igual al que dure la prestación o el subsidio, y no implican relación laboral.
Además de completar la prestación que percibía anteriormente el desempleado, los consistorios asumen también los posibles gastos por desplazamientos y cotizan a la Seguridad Social por las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

La Unicef cifra en un 32% de niños el riesgo pobreza en la Región

MURCIA.- El 40 por ciento de los niños de entre 2 y 17 años presenta sobrepeso u obesidad, lo que supone más de 11 puntos porcentuales por encima de la media nacional, siendo Murcia la comunidad con mayor índice en este sentido, según recoge el informe 'Los derechos de la infancia y la adolescencia en la Región de Murcia 2020' con datos de 2014/2018 que ha presentado este lunes en rueda de prensa Amparo Marzal, presidenta de Unicef Murcia.

Marzal ha manifestado también que otro de los datos preocupantes es el hecho de que "uno de cada tres niños en la Región se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social".
El informe, que cuenta con el apoyo de la UMU y la UPCT, muestra una selección de indicadores de medición del bienestar de niños vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y metas se refieren a la protección de los derechos de los niños, así como un conjunto de propuestas y recomendaciones en la consecución de la Agenda 2030.
Es la continuidad de un primer trabajo, que se desarrolló hace dos años, en el que se constata la "mejora" en términos generales de estos indicadores oficiales, aunque alerta del elevado índice de obesidad en Murcia con respecto al conjunto nacional.
Es la continuidad de un primer trabajo, que se desarrolló hace dos años, en el que se constata la "mejora" en términos generales de estos indicadores oficiales, aunque alerta del elevado índice de obesidad en Murcia con respecto al conjunto nacional, lo que pone de relieve la necesidad de "mejorar la educación y sensibilización" en este ámbito, ha dicho el autor del informe y la presidenta de Unicef Murcia.
Marzal ha destacado que entre estos datos positivos del informe destaca el alto índice de inclusión en centros educativos y de acogimiento familiar.
En relación al ODS 1 (Erradicar la Pobreza), según la tasa Arope de 2018, Murcia está tres puntos por encima de la media española (29,5%) y casi nueve más que la tasa europea (24%).
Por ello, Unicef considera imprescindible que se proteja, se priorice y se visibilice la inversión en infancia, con el objetivo de asegurar el bienestar de niños, especialmente en los ámbitos con mayores desafíos: lucha contra la pobreza, salud, educación y protección, poniéndolos en el centro de las políticas.
En el ámbito del ODS 3 (Salud y Bienestar), llama la atención el número de nacimientos entre adolescentes de 15 a 17 años, que alcanza en la Región a 3 de cada 1.000 casos, nuevamente por encima de la media nacional.
Así como el número de jóvenes, de entre 14 y 18 años, que declara haber consumido alcohol en el último mes (67,5 por ciento), prácticamente similar a la media nacional, que varía en media décima.
Dentro del ODS 4 (Educación de Calidad), es reseñable cómo casi una cuarta parte de la población regional de entre 18 y 24 años ha completado como máximo la primera etapa de Secundaria, muestra de los altos niveles de abandono temprano presentes en el sistema educativo.
Por otra parte, los niveles de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil son muy reducidos, la mitad del porcentaje alcanzado a nivel nacional. La tasa de escolaridad en la Región en el primer ciclo de Infantil (0-2 años) supone un 19,1 por ciento, inferior al conjunto nacional, que supera el 36 por ciento.
Asimismo, se presentan otros indicadores importantes en el ámbito de las barreras a la participación de los jóvenes en el mercado laboral, dentro del ODS 8 (Trabajo y Crecimiento Económico), la reducción de las desigualdades (ODS 10), el desarrollo de ciudades más sostenibles (ODS 11) o sociedades más seguras (ODS 16).
En este último punto, un 9,9 por ciento de la población de entre 11 y 18 años es víctima de maltrato físico entre iguales en el colegio o instituto (alguna vez en los últimos dos meses).
Según el informe, la Región de Murcia ha realizado un gran esfuerzo en algunas de las áreas prioritarias que se destacaban como imprescindibles en el anterior informe (2018) para mejorar el bienestar de los niños, sobre todo en la reducción de la pobreza infantil, ya que la diferencia en los años de referencia ha sido de casi 7 puntos: de un 39,3% en 2016 al 32,7% de 2018.
Los datos ofrecidos en este estudio, además de ser una aproximación sobre la situación de la infancia en la Región de Murcia con el prisma de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pretenden ser útiles para el seguimiento y la reformulación de las políticas públicas con un enfoque regional.
Asimismo, incluye una propuesta de metas a alcanzar en 2025 y 2030, como la reducción del porcentaje de población menor de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión: por debajo del 25% para 2025 y del 10% para 2030 (ODS 1).

El Gobierno regional mantiene el proceso de diálogo con 'Sabic' para buscar una solución consensuada

MURCIA.- El Gobierno regional mantiene el proceso de diálogo con Sabic para buscar una solución consensuada al ERE planteado por la compañía. La pasada semana el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, en nombre del Gobierno regional, ya puso a disposición de la empresa todos los medios del Servicio de Empleo y Formación (SEF) y del resto de la Administración, para que el cierre anunciado por la compañía en una de sus plantas tenga el menor impacto posible para los trabajadores.

La consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, ha explicado que el Gobierno regional llevará a cabo "todas las medidas necesarias para constatar la viabilidad de la planta y conocer los objetivos de la empresa a medio y largo plazo con el fin de no generar mayor incertidumbre", así como la coordinación de un proceso entre la Administración regional y el Comité de Empresa de Sabic.
Asimismo, entre las medidas que contempla tanto la Consejería dirigida por Ana Martínez Vidal como la de Empleo, destaca un plan de acción integral para ofrecer una atención individualizada de los trabajadores afectados, que les permitirá agilizar los trámites administrativos para la obtención de ayudas económicas, la intermediación y posibles recolocaciones dentro de la misma empresa o en otras.
El próximo viernes, en la sede de la Consejería, Martínez Vidal presidirá el segundo encuentro entre la Administración y representantes de la empresa afectada, líder mundial en el suministro de soluciones de materiales termoplásticos de ingeniería.

La Fundación Haroun Tazieff quiere instalar su sede en Cartagena

CARTAGENA.- La Fundación Haroun Tazieff quiere instalar su sede en Cartagena para centrar en este municipio las investigaciones que lleva a cabo en el ámbito de la sismología, la investigación y el conocimiento de las ciencias de la tierra en su interacción con el hombre, informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Por ello, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, se ha reunido este lunes con un grupo de representantes de la Fundación entre los que se encontraba Frederic Lavachery, hijo de Haroun Tazieff, célebre vulcanólogo y exsecretario de Estado francés.
La Fundación realiza su cometido centrándose en áreas de interés como la paleontología, arqueología terrestre y submarina, los efectos de la acción derivada de la minerología y la preservación del medio ambiente y los espacios naturales.
Bautizado como el "poeta del fuego" por el escritor Jean Cocteau, Tazieff era un defensor de la naturaleza y un activista del ecologismo, que falleció en 1998.

Se distrae con "Patrimonio de la Humanidad" mientras el centro de Cartagena se cae a pedazos

El pasado mes de octubre, el Pleno aprobaba la moción defendida por MC para exigirle al Gobierno local el cumplimiento de la Ley regional del Suelo, que fija la obligación de los propietarios de parcelas de edificar en el plazo de cinco años desde su consideración de solar.
Esta normativa, de 2015, en su artículo 235, otorga un plazo de cinco años para edificar, pudiendo el Ayuntamiento forzar a la construcción e incluso expropiar para llevarla a cabo. Por lo tanto, a partir de este año, el Gobierno local puede obligar a edificar a los propietarios.
En un Casco Histórico con más de cien solares por edificar, esta iniciativa perseguía que el Ejecutivo local contribuya "a fomentar un desarrollo sostenible y construir un municipio amable, olvidando su voluntad de comprar territorios contaminados o amparar pelotazos". A pesar de ello, han transcurrido ya cinco meses desde que se aprobara esta moción que sin que se conozca si el Gobierno local ha iniciado alguna gestión para avanzar en una cuestión que, a la luz de los acontecimientos, resulta urgente aplicar.
"El desplome ayer de parte de un edificio en la calle Cuatro Santos debería ser suficiente para que 'la trinca' fuera consciente de que hemos estado muy cerca de asistir a una verdadera tragedia, si este incidente hubiera ocurrido un día antes con la calle Cuatro Santos repleta de jóvenes disfrutando del sábado de Carnaval", ha manifestado el portavoz municipal de MC, José López.
El edil ha añadido que "la imagen de la calle Cuatro Santos después del derrumbe es la metáfora perfecta del resultado de dos décadas de aniquilación del casco histórico por parte del Partido Popular, traducido en más de cien solares. Políticas que parecían del pasado pero que han sido devueltas a la actualidad gracias a la traición de los tránsfugas socialistas y a la veleta naranja".
"Por ello, y ante la situación de alarma social provocada ante el desplome de este edificio, llevaremos una iniciativa al Pleno del próximo jueves para instar al Gobierno local a llevar a cabo una revisión de todos los edificios y fachadas que cuenten con alguna medida de seguridad como andamios, mallas o cualquier otra", ha señalado el concejal cartagenerista.
"Además, volveremos a reclamar que el Gobierno local dé cumplimiento a nuestra moción del pasado mes de octubre para ejecutar de una vez la Ley regional del suelo, que faculta al Ayuntamiento, desde este mismo año, a forzar a la construcción en solares e incluso expropiar para llevarla a cabo".
"Como no puede ser de otra manera, nuestra labor seguirá siendo la de corregir la pésima labor de 'La Trinca', que sigue esforzándose en ocultar sus vergüenzas detrás de Patrimonio de la Humanidad mientras el centro de Cartagena se les cae a pedazos", ha concluido José López.

El IMAS envía a los pensionistas el formulario de declaración obligatoria de ingresos de 2019

MURCIA.- El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ha enviado por correo postal a los pensionistas de la Región de Murcia los modelos de los formularios necesarios para hacer la declaración obligatoria de los ingresos percibidos en el ejercicio 2019.

En la documentación, que deberían haber recibido la semana pasada, tendrán que indicar la previsión de ingresos de este año, así como notificar si se ha producido algún cambio en su unidad familiar.
Una vez que el Gobierno central ha aprobado la revalorización de las pensiones para 2020, el IMAS ha aprovechado también para notificar cómo queda el importe revisado de cada pensión para este año. 
En total han sido enviadas 15.909 cartas. De ellas, 10.117 corresponden a pensiones de invalidez; 5.185 de jubilación, 565 a personas con discapacidad (antigua Lismi) y 42 al Fondo de Asistencia Social (FAS).
Quienes no reciban la documentación en sus casas podrán descargársela de la página web del IMAS, en el apartado 'Registro y Guía de Procedimientos y Servicios', y especificar que el código de procedimiento es el '0855'.
Para ayudar a los pensionistas que lo necesiten, el IMAS ha habilitado tres puntos de información que funcionarán con cita previa a través del teléfono '968 362 000'. 
Además, quienes estén obligados a rellenar el impreso podrán acudir a los Servicios Sociales de sus ayuntamientos y solicitar a los trabajadores sociales la descarga individualizada de la declaración anual, así como ayuda para rellenarla y registrarla.
Una vez cumplimentados los impresos, éstos podrán ser entregados de forma presencial en la sede de la Dirección General de Pensiones (Ronda de Levante, 16, de Murcia) o presentados en el registro de cualquier órgano de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de la administración local y del sector público institucional, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España, así como en las oficinas de asistencia en materia de registro.
La Región tiene asignados 86 millones de euros para el pago de las pensiones no contributivas. 
Actualmente, la Dirección de Pensiones gestiona, además de las pensiones no contributivas, las del Fondo de Asistencia Social (FAS) y los subsidios recogidos en la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad (antigua Lismi).

Sanidad convoca este martes con urgencia a las CCAA para acordar nuevas medidas frente al coronavirus

MADRID.- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado este martes con urgencia un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que están presentes los consejeros de todas las comunidades autónomas, para analizar y acordar nuevas medidas preventivas contra el nuevo coronavirus.

Así lo ha anunciado Illa en rueda de prensa tras presidir la reunión diaria del Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus y después del brote surgido en Italia, donde ya se han registrado 219 casos y 5 fallecimientos por el virus.
En las últimas horas en España se han descartado 9 casos y actualmente hay tres en estudio, si bien Illa ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía y ha convocado el CISNS monográfico, que se celebrará a las 16.30 horas, para coordinar las nuevas medidas, que serán de carácter informativo, con las comunidades autónomas.
Esta reunión va precedida de otra que va a celebrar, este lunes, el Centro Europeo de Control de Enfermedades y, el martes, el Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus, y la Comisión Delegada de Salud Pública.
"Estas medidas van a ser básicamente informativas para que los ciudadanos que reúnan los requisitos de definión de caso sepan qué tienen que hacer", ha dicho Illa, para destacar la importancia de "reforzar" las iniciativas de detección precoz y sensibilidad con el fin de tener a "toda la red sanitaria" preparada para detectar, descartar o atender los posibles casos que puedan aparecer.
Asimismo, el ministro ha adelantado que durante las reuniones del martes también se va a analizar cambiar el ajuste de la definión de caso, un aspecto que también se está debatiendo en Europa.
"Otro tipo de medidas no se están aconsejando impulsarlas", ha aseverado, para descartar así que se vaya a controlar la fiebre en los aeropuertos. "Lo que se aconsejan son medidas de sensibilidad", ha sentenciado.
Finalmente, Illa ha recordado que el Ministerio de Sanidad se va a seguir guiando por los mismos cuatro criterios de actuación de hasta ahora: seguimiento diario de la situación, la adopción de decisiones basadas en la evidencia científica, coordinación con las comunidades autónomas y los socios europeos, y transparencia informativa.

Sale a concurso la red de drenajes para evitar los vertidos al Mar Menor

MURCIA.- La autorización de vertidos al Mar Menor para la explotación del sistema de la red de drenajes en el Campo de Cartagena y los bombeos de El Albujón, Los Narejos y El Mojón, proyectada por la Confederación Hidrográfica del Segura, salió a exposición pública este lunes por espacio de veinte días hábiles. Una resolución de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia señala que puede ser consultado en la web del organismo de cuenca.

La memoria técnica señala que las aguas que se verterían al mar serían solo las procedentes de la red de drenajes y las superficiales de las ramblas de El Albujón y Miranda en caso de parada técnica o avería de la instalación que se prevé. Y añade que la incidencia en el medio ambiente sería inapreciable, ya que de producirse esas incidencias se activaría un programa de vigilancia y control del vertido que llevaría consigo la paralización de todos los bombeos y la notificación del hecho a la confederación por la empresa explotadora.
El proyecto tiene un presupuesto de 50.780 euros y un plazo de ejecución de tres meses y prevé actuaciones tendentes a la eliminación de aliviaderos y pozos. El proyecto de desagües de la zona regable del Campo de Cartagena fue realizado por el órgano de cuenca en 2001 para captar aguas del subsuelo que eran conducidas a través de bombeos hasta el canal del trasvase Tajo-Segura como agua para riego.
El trazado inicial se ha visto alterado por los desarrollos urbanísticos y otras circunstancias y la situación del Mar Menor se ha visto afectada negativamente en los últimos años, con la especial incidencia que tuvo la gota fría de septiembre de 2019, con reflejo en la gran mortandad de peces y crustáceos, indica la memoria.
Entre los factores que han afectado a su deterioro medioambiental, cita las actuaciones turísticas desarrolladas a partir de los años 60 del pasado siglo, las actividades náuticas que muchas de ellas supusieron y los residuos procedentes de antiguas explotaciones mineras. Ahora se trata fundamentalmente de "actuaciones de obturación de alivios y desagües" para evitar los vertidos contaminantes.

El Ayuntamiento de Cartagena cierra 2019 con 88 millones de euros de deuda viva

CARTAGENA.- El Ayuntamiento de Cartagena llegó a pagar en cinco días las facturas a proveedores durante el mes de diciembre, según el informe de estabilidad presupuestaria y morosidad formulado por la tesorería correspondiente al cuarto y último trimestre del año.

El informe ha sido dado a conocer esta mañana en la Comisión Informativa de Hacienda e Interior, que ha presidido la concejal del área, Esperanza Nieto, y sirve como avance provisional de la liquidación que ya de forma definitiva presentará el consistorio a finales del mes de marzo.

El plazo de pago a proveedores fue rebajándose progresivamente durante los meses anteriores, que fue de 16 días en octubre y de ocho días en noviembre

En cuanto al presupuesto, el Ayuntamiento alcanzó un buen grado de ejecución de las partidas previstas. Así en cuanto a ingresos, el Ayuntamiento reconoció derechos por importe de 217.938295 euros, lo que supone el 97,87 por ciento de lo presupuestado, consiguiendo recaudar de ello el 92 por ciento: 197.839.742 euros.

En cuanto a gastos, se consignaron compromisos de gasto por importe de 200.767.959 euros, el 92,12 por ciento de lo presupuestado, pagándose en el ejercicio el 88,88 por ciento de esos compromisos: 175.287,363 euros.

En cuanto a la deuda viva municipal a 31 de diciembre de 2019, ésta se situaba en torno a los 88 millones de euros, de los que 54 millones corresponden a deuda financiera y 34 a deuda comercial o proveniente de sentencias judiciales.

Sánchez Serna: "El Gobierno de la Región no tiene intención de revertir los recortes en la educación pública"

MURCIA.- Podemos Región de Murcia apoyará la movilización convocada por los sindicatos de enseñanza para el próximo 2 de marzo y señala que "la insumisión del gobierno regional y su negativa a recuperar la inversión en los servicios públicos, tal y como se recomienda desde el Gobierno estatal, debe tener una respuesta social".

Los sindicatos de enseñanza han anunciado esta mañana la convocatoria de una serie de movilizaciones en defensa de la educación pública, tras comprobar que después de casi una década de recortes y pese a las recomendaciones del Gobierno de España para revertirlos, el Gobierno de la Región de Murcia no ha contemplado en su proyecto de presupuestos ni un solo euro para recuperar los niveles anteriores a la crisis económica. 
Desde Podemos Región de Murcia han hecho público su apoyo a esta convocatoria por tratarse de "una movilización muy necesaria contra las políticas de un Gobierno regional que, como bien han señalado los sindicatos, fue de los primeros en reducir la plantilla de docentes, aumentar ratios o subir horas lectivas, pero no muestra ahora voluntad alguna para eliminar estos recortes".
El portavoz de la gestora de Podemos Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha expresado su apoyo a las movilizaciones ya que "el Gobierno de López Miras demuestra con estos presupuestos su nula intención de recuperar algo de lo perdido en la educación pública durante los años de la crisis". 
Lejos de esto, Sánchez Serna ha recordado que la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma que menos invierte en educación. El portavoz de Podemos ha denunciado que "se retraen recursos de la pública para la concertada y se sigue concertando Bachillerato y Formación Profesional, convirtiendo un derecho fundamental como la educación pública en un negocio muy lucrativo para empresas de amigos". 
Para la formación "es obvio que en unos presupuestos regionales en los que se aumenta la partida de dinero público a los conciertos con empresas privadas, pero que no contemplan ni un euro para recuperar a los más de 3.000 profesores despedidos de la pública desde 2012, marcan una dirección muy concreta en el camino hacia la privatización de la educación".
Sánchez Serna ha indicado además que "no sólo se trata de una estrategia contra la Educación Pública, en la que también se enmarcan campañas de desprestigio contra el profesorado como la emprendida con el veto parental, sino que es "el modelo neoliberal del Partido Popular y Ciudadanos, en el que los servicios públicos quedan reducidos a beneficencia y caridad, mientras que se desvía el dinero de los impuestos de todos y todas hacia empresas privadas". 
El portavoz de Podemos ha asegurado que "la educación y la sanidad, junto a las pensiones y servicios sociales, son las grandes joyas de la corona del sistema público", pero advierte que "quien es incapaz de entender que se trata de derechos de todos y todas, ve en ellos un negocio muy suculento que podría explotar". 
Para evitar que ese modelo se imponga, Sánchez Serna ha apostado porque "tendremos que ser los usuarios de la sanidad pública, la educación pública o las pensiones públicas, quienes continuemos saliendo a la calle para defender que los servicios públicos que garantizan derechos de ciudadanía y nos dan cohesión como comunidad".

Los tribunales de la Provincia Eclesiástica de Granada se reúnen lunes y martes en Murcia

MURCIA.- La diócesis de Cartagena acoge, hoy y mañana, la reunión anual de los tribunales de la Provincia Eclesiástica de Granada, que se celebrará en el Hotel Hesperia de Murcia.

La reunión comenzó esta tarde, a las 16:30 horas, con la lectura del acta del encuentro anterior, celebrado en junio de 2019, en Málaga. Después, tuvo lugar la ponencia "Depresión y nulidad matrimonial", a cargo de María Guerrero Escusa, doctora en Psicología, profesora de la Universidad de Murcia, presidenta del Teléfono de la Esperanza y parte del Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Cartagena. 
A continuación, hubo una puesta en común de la información aportada por cada tribunal, seguida de una reunión por sectores. La jornada concluye con una cena en la Escuela de Hostelería de Cáritas.
Mañana martes, por la mañana, tras la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Bartolomé de Murcia, tendrá lugar la ponencia "Competencia del defensor del Vínculo en el control jurídico de la propuesta, admisión, práctica y valoración de pruebas en las causas para declarar la nulidad del matrimonio", a cargo de Diego Martínez Martínez, defensor del Vínculo en el Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Cartagena, rector del Seminario Mayor Diocesano Redemptoris Mater y vicecanciller-vicesecretario general de la Diócesis. 
La reunión concluirá con la visita a la catedral de Murcia y la presentación del proyecto "Conocer para conservar" que el Cabildo puso en marcha, en octubre del pasado año, para dar a conocer el patrimonio del primer templo de la Diócesis.
Este encuentro, según el vicario Judicial de la diócesis de Cartagena, Gil Sáez, se realiza cada trimestre para ampliar la formación de quienes trabajan en los tribunales eclesiásticos de las diócesis de Granada, Almería, Jaén, Guadix, Málaga y Cartagena.

PSOE, C's y Vox tumban la modificación presupuestaria presentada por IU en Lorca

LORCA.- PSOE, C's y Vox tumban la modificación presupuestaria presentada por IU hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca. Quedan sin aprobar el sombraje del C.P. Sagrado Corazón, el ajardinamiento de la UA-23, o la partida para incrementar la seguridad ciudadana en el Barrio de San Cristóbal. Tampoco se aprueba el dinero necesario para el yacimiento arqueológico del Castillo, ni la subvención para el Punto de Atención a la Infancia de La Paca, ni para los productores de aromáticas de las Tierras Altas, ni la consignación para instalar una silla para personas con discapacidad en la piscina municipal de La Torrecilla.

Las actuaciones anunciadas a los vecinos hace sólo una semana por parte del alcalde de Lorca, Diego José Mateos (PSOE) tendrán que esperar. PSOE, C's y Vox han sumado sus votos para tumbar la propuesta de modificación presupuestaria planteada por IU-Verdes, que respetaba "todo lo prometido a los vecinos".
La moción ha podido ser debatida después de que uno de los concejales de Vox, por equivocación, aprobara la urgencia junto a los ediles de IU-Verdes y Partido Popular. Sin embargo, en la votación de los acuerdos, Vox ha votado junto a los diez concejales del PSOE y el único de C's, impidiendo que el Pleno del Ayuntamiento de Lorca apruebe modificar los presupuestos para ejecutar estas actuaciones.
Tampoco se ha aprobado el dinero necesario para el yacimiento arqueológico del Castillo, ni la subvención para el Punto de Atención a la Infancia de La Paca, ni para los productores de aromáticas de las Tierras Altas, ni la consignación para instalar una silla para personas con discapacidad en la piscina municipal de La Torrecilla.
Los dos concejales de IU han lamentado el estilo "chulesco" con el que el alcalde les ha invitado a presentar una moción de censura "mañana mismo". 
Al respecto, Sosa y Martín le han pedido "mesura" y que no siga "echando gasolina al fuego". "A veces nos da la sensación de que está deseando quitarse de encima la responsabilidad que le otorgamos", porque "está demostrando que no sabe gobernar ni dialogar con el que, hoy por hoy, es su principal apoyo numérico a pesar de que eligiera a la derecha de C's como socio de gobierno".

El Consejo Asesor de Medio Ambiente informa favorablemente de cuatro nuevos decretos para el desarrollo de la Ley de Caza y Pesca Fluvial

MURCIA.- El Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente ha informado favorablemente hoy de los cuatro proyectos de decreto para el desarrollo de la Ley de Caza y Pesca fluvial que regulan la práctica de la cetrería en la Región de Murcia y la creación del Registro de aves de cetrería, la autorización y homologación de métodos de captura de especies cinegéticas predadoras y asilvestradas, los cotos intensivos en la Región de Murcia y los Planes de ordenación cinegética en la Comunidad Autónoma.

En la reunión, presidida por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, se informó de los presupuestos de la Comunidad para 2020 en materia medioambiental y de la Estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático.
En relación con los presupuestos, Luengo explicó que las cuentas destinan a las direcciones generales de Medio Ambiente y de Medio Natural la cantidad de casi 64 millones de euros, a los que habría que añadir, también en el campo de la preservación de la naturaleza, los 23 millones que tienen por objeto la recuperación y protección del Mar Menor, "porque el Medio Ambiente es para el Gobierno regional la palanca que debe impulsar el desarrollo económico, potenciando su cuidado y garantizando su protección".
El consejero destacó, entre las actuaciones más descollantes, "seguir desarrollando el Plan de Residuos de la Región de Murcia con medidas de separación de residuos, así como, la adecuación y mejora de los sistemas básicos de gestión, con una importante inversión de 5,5 millones de euros. También duplicaremos la inversión para la prevención y control de los suelos contaminados, las aguas litorales, la calidad del aire y la vigilancia atmosférica, con 2,9 millones de euros". 
Resulta también destacable la elaboración de la nueva Estrategia de Calidad del Aire, que incluirá el Plan específico de ozono y el Plan de mejora para el resto de contaminantes.
Por lo que se refiere a la protección de la flora, la fauna y los espacios naturales, se incrementan de 5 a 8 millones de euros las inversiones en espacios naturales protegidos y conservación de la biodiversidad, que se reflejará principalmente en actuaciones en materia de conservación de la flora y fauna protegida, información, comunicación y fomento de los valores naturales, y en mayor medida en actuaciones prioritarias en el proyecto Red Natura 2000, destinando para ello más de 4 millones de euros.
También se destinan cerca de 11 millones para la prevención de daños forestales, de incendios o desastres naturales en bosques y montes privados, y la recuperación de superficies afectadas por incendios.

Desarrollo de la Ley de Caza y Pesca
Los cuatro proyectos de decreto citados forman parte del desarrollo reglamentario de la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia y se encuentran en la fase final de su tramitación.
Además de la creación del Registro de aves de cetrería, es destacable en estos decretos la homologación de los métodos de captura de especies predadoras. De esta forma, se establece una solución para la captura de especies predadoras (zorro, urraca, gatos y perros asilvestrados) y se ponen los medios para evitar la colocación de venenos.
En materia de cotos intensivos, se establece el régimen administrativo de su declaración y funcionamiento y las condiciones en las que podrá desarrollarse su actividad. Por último, en cuanto a los Planes de ordenación cinegética, se desarrolla el artículo 40 de la citada Ley 7/2003, en cuanto a la regulación del contenido de los planes, tipología, efectos, vigencia, relación con otras normas e instrumentos, procedimiento para su aprobación, así como control anual de capturas.
Por lo que se refiere a la Estrategia regional de mitigación y adaptación al cambio climático, el consejero Antonio Luengo recordó que "nace con el doble objetivo dereducir nuestras emisiones un 26 por ciento hasta 2030, y de adaptar nuestra Región a las nuevas condiciones que impone el cambio climático de la forma más ecoeficiente y rentable posible, apoyándonos en laeconomía circular y las soluciones basadas en la naturaleza". 
Luengo precisó que hoy finaliza el periodo de exposición pública de la Estrategia.

El 73% de los consumidores europeos valoran el origen comunitario cuando compran frutas y verduras

PARÍS.- Siete de cada diez europeos afirman que el origen europeo es importante cuando compran frutas y verduras. Para la mitad de ellos, el origen europeo es uno de los factores que influyen en sus elecciones de alimentos y tiene un peso pequeño cuando se trata de comprar frutas y verduras. Casi 4 de cada 10 dicen que comen frutas y verduras europeas siempre que pueden.

Estas son algunas de las ideas extraídas de la encuesta realizada por CuTE (Cultivating the Taste of Europe) en cinco países europeos (España, Francia, Grecia, Alemania y Polonia).
Los productores europeos de frutas y hortalizas continúan con el segundo año del programa de promoción europeo: CuTE con el apoyo financiero de la UE. El evento ha tenido lugar en el Salón Internacional de Agricultura de París.
Con más de 1000 expositores de 40 países, el certamen parisino supone un importante escaparate para la campaña europea que solo en el primer año ha alcanzado los 143 millones de consumidores potenciales y ha conseguido aparecer en 451 artículos internacionales.  Un espectacular invernadero móvil ha recorrido Europa en el primer año del programa para promover el consumo de las
Según la población encuestada, las frutas y hortalizas europeas están muy valoradas. Se caracterizan principalmente por su calidad, sabor y seguridad alimentaria.
Al comprar frutas y verduras, los criterios de calidad y precio del producto prevalecen sobre los métodos de producción y sostenibilidad ambiental. Los resultados de la encuesta sugieren un bajo nivel de conocimiento de los métodos de producción. La mayoría de los europeos no saben que las frutas y verduras que comen son cultivadas en invernadero y 1 de 4 tiene una percepción positiva sobre la producción en invernadero
frutas y hortalizas europeas.
La Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea - ADEA, creada en mayo de 2019, por asociaciones de diferentes sectores europeos (frutas y hortalizas, azúcar, carme, ron, etc.) trabaja a favor de la defensa y promoción de los agricultores y productos europeos, garantizando la igualdad de condiciones en los acuerdos comerciales de la UE con terceros países. La Alianza cuenta también con el apoyo del Parlamento Europeo.

Virus del tomate

Los portavoces de CuTE  han disipado dudas sobre el virus ToBRFV (tomato brown rugose fruit virus) aparecido en una explotación de Bretaña hace unos días. Se ha mandado un mensaje de tranquilidad, insistiendo que no hay ningún peligro para los consumidores y que tanto las administraciones nacionales y europeas, así como los productores están tomando todas las medidas necesarias para evitar la propagación. 
También se destacó que el virus ToBRFV no se puede trasmitir a personas, pero si tiene un riesgo para tomates y pimientos, causando graves daños a estas producciones.
Según Laurent Bergé, presidente de AOP Tomates y pepinos de Francia: “Se está haciendo todo lo posible para acotar el problema”. 
“Estamos trabajando en todas las medidas de bioseguridad, en alusión al desarrollo, junto a los servicios estatales del Gobierno francés, de  un plan de monitorización que permitirá la vigilancia permanente de una eventual evolución del virus”.
Laurent Bergé también destacó que otros virus han sido contenidos en el pasado, gracias a medidas de seguridad bastante elevadas. “A diferencia de otros países como Holanda, nuestras explotaciones están mucho más dispersas en todo el país, por lo que el riesgo de contaminación de una finca a otra es más limitado”, agregó. 
Sin embargo, "si no podemos contener el contagio/la propagación, el riesgo estriba en que el sector del tomate puede entrar en declive rápidamente ya que se trata de un virus particularmente virulento”, agregó en alusión a los vectores implicados en la transmisión (como envases o palets).

Todos los partidos de Lorca rechazan en el pleno la granja de peces frente a Calnegre

LORCA.- El pleno del ayuntamiento de Lorca se ha opuesto este lunes, por unanimidad de todos los grupos políticos, al proyecto para la construcción de una piscifactoría de casi 300 hectáreas frente a las playas de Calnegre que planea la Comunidad y presentará alegaciones contra la iniciativa, cuyo proyecto y estudio de impacto ambiental se encuentra en fase de exposición pública.
El proyecto prevé la construcción de un 'polígono acuícola' de 297 hectáreas para la producción intensiva de dorada y lubina en 80 jaulas de 30 metros de diámetro cada una situadas a 1,6 kilómetros de la costa, entre las calas de Punta del Siscal y Parazuelos, informa Efe.

El concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz, ha afirmado que el proyecto "no aporta nada", salvo inconvenientes al municipio, un extremo en el que ha coincidido el concejal del PP Ángel Meca, que ha dicho que su partido ya se opuso a la piscifactoría cuando empezó a gestarse el proyecto en 2018 con la mitad de superficie ocupada de la que ahora se prevé.

Los dos partidos han secundado como moción conjunta la propuesta de IU-V contra la piscifactoría, que finalmente también ha recibido el apoyo de Vox tras el debate plenario.

La concejal de IU Gloria Martín ha defendido que el proyecto "generará graves perjuicios ambientales en una zona protegida" en la que serían vertidas ocho toneladas de residuos al año, además de un "brutal impacto paisajístico" en el litoral lorquino.

La piscifactoría se situaría dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 y dentro de la demarcación marina levantina-balear, establecida en la Ley 41/2010, de Protección del Medio Marino, ha relatado.

También afectaría a los Lugares de Interés Comunitario (LIC) Calnegre y Franja Litoral Sumergida, y ha alertado "del enorme perjuicio medioambiental" que ocasionaría el vertido "de ingentes cantidades de restos de alimentos y excrementos".

Serían factor contaminante químico los medicamentos (antibióticos, biocidas, antiparasitarios) empleados para tratar a los peces y las de sustancias empleadas utilizadas para la limpieza y mantenimiento de las instalaciones submarinas.

Según Martín, esa instalación tendría "evidentes perjuicios" para la calidad de las aguas de baño del entorno y ha criticado que el estudio de impacto ambiental ni siquiera contemple el incremento de medusas que suele estar asociado a este tipo granjas marinas.

Además se ha referido al evidente impacto paisajístico de las jaulas flotantes "a solo dos kilómetros de la costa frente a las mejores playas de Lorca", que solo tiene un litoral de 8.000 metros lineales.

Martín ha aludido a que IU ya denunció este mismo proyecto en 2018, cuando la consejería de Agricultura y Pesca, que entonces dirigía el ex alcalde de Lorca, Francisco Jódar, sacó a concurso la elaboración del estudio de impacto medioambiental sobre la construcción de un polígono.

Entonces estaba previsto que la piscifactoría tuviera 130 hectáreas de superficie, que ahora casi se ha triplicado, y "lo que antes parecía un despropósito ahora es un atentado medioambiental" que va a "degradar una de las mayores joyas naturales de Lorca", ha opinado la edil durante su intervención en el pleno.

Los servicios técnicos municipales se ocuparán de la redacción de las alegaciones, que serán trasladadas a los grupos políticos antes de ser remitidas a la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

España ratificará el convenio sobre el trabajo digno de las empleadas del hogar

MADRID.- España ratificará el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo digno de las empleadas del hogar, que implica la equiparación de las cotizaciones y los derechos de este colectivo con las del resto del trabajadores del régimen general.

Así lo ha anunciado este lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su primera comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados en la que se ha referido al colectivo de empleadas del hogar como las “grandes olvidadas” del mercado laboral.
Montero ha avanzado que España ratificará este convenio la OIT -una demanda histórica de los sindicatos- para poner en valor a este colectivo y ha tachado de “inexplicable” el hecho de que este convenio no forme parte ya de los compromisos internacionales de España.
“Todos sabemos lo que es el techo de cristal, pero necesitamos entender que más grave aún resulta el suelo pegajoso de muchas trabajadoras de este país”, ha subrayado la ministra de Igualdad, que ha recordado que, según el INE, el 18,8 % de las mujeres tuvo ingresos iguales o menores al salario mínimo interprofesional de 2017, frente al 7 % de los varones.

España dispara la cifra de funcionarios: 42.000 más en un año, 327.000 desde 2014

ZARAGOZA.- España tiene cada vez más funcionarios, en el sentido más extenso del término -el de empleado público-, aunque bajo esa denominación genérica se incluye un abanico que va desde el funcionario de carrera propiamente dicho, al personal laboral fijo o temporal, pasando por el funcionario interino y los que trabajan en el entramado paralelo compuesto por fundaciones, consorcios, empresas públicas y entes que dependen de las administraciones central, autonómica o local, según Abc. 

Entre 2010 y 2013, el sector público se tuvo que poner a dieta para aliviar su pesado gasto estructural, pero todo lo que perdió lo ha vuelto a ganar. Y la tendencia suma y sigue, ajena a la ralentización que sufre la economía.
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), España terminó 2019 con un total de 3.253.300 empleados públicos. Son 42.300 más de los que había al acabar 2018; y 327.000 más que a finales de 2014, que fue el año en el que volvió a crecer con fuerza el número de asalariados en el sector público.
El grueso de ese aumento corresponde a las autonomías. Lo han hecho, además, con un masivo desembarco de interinos, no de funcionarios de carrera con plaza en propiedad tras la preceptiva oposición. Según la EPA, en el último quinquenio el sector público español ha incorporado otros 302.000 interinos, frente a 23.900 asalariados fijos.
El dato en sí mismo es relevante porque en la Administración -por las condiciones que han de regir tanto para el acceso de la función pública como para la aprobación de las plantillas- los contratos interinos deberían ser excepción. Desde hace años, sin embargo, son la norma.
Ahora bien, en este caso hablar de Administración, sin más, resulta injusto. Porque no todas las administraciones han incurrido en aumento de plantillas en estos años. Las responsables casi exclusivas han sido las autonomías.
La EPA calcula que, desde 2014, los gobiernos regionales han engordado sus plantillas, en su conjunto, con 261.900 empleados públicos más; 61.600 han sumado las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares-; las empresas y entes públicos han aumentado 14.400 efectivos; y, sin embargo, la Administración Central ha perdido 5.300 empleados, y la plantilla de la Seguridad Social ha prescindido de 5.100 funcionarios.

En una perspectiva temporal más amplia, el contraste es enorme entre cómo ha evolucionado el empleo público en España y cómo lo ha hecho el privado.
El análisis de los datos de la EPA deja un dato especialmente revelador al respecto: el sector privado tiene 532.000 asalariados menos que en 2007, justo antes de la crisis; el sector público, sin embargo, tiene 284.000 más que entonces.
Dicho de otra forma: mientras la empresa privada española está todavía muy lejos de recuperar las cifras de empleo que presentaba antes de la recesión, en la Administración el número de efectivos ha ido a más, y con holgura.
Esto tiene una consecuencia directa en términos económicos: el coste que lleva aparejada la expansión del número de asalariados en el sector público, unido al efecto de los incrementos de sueldo que se han ido produciendo en los últimos años. Y todo esto cuando el déficit sigue constituyendo un serio problema en las cuentas españolas, lo que a su vez se traduce en la creciente deuda pública que arrastra el país.

El profesor Juan Velarde, economista y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, advierte de esos efectos negativos que tiene la continua ampliación de plantillas en el sector público español.
De hecho -explica- es algo sobre lo que ya alertó hace unos años un informe del Banco Mundial, «que estudió el caso español junto al de otros países y que llamó la atención sobre el intervencionismo administrativo que se da en España», derivado de una multiplicidad de niveles administrativos, cada uno de ellos dotado de gruesos cuerpos burocráticos.
«Ese creciente poder administrativo dispara la burocracia, lo que frena la actividad económica de una manera extraordinaria y, además, rompe la unidad de mercado, porque resulta que la normativa que en una cierta materia se aplica en una comunidad es diferente que la que rige en otra, y distinta de la que existe en una tercera... Es un hecho preocupante».



La organización burocrática de un país -destaca el profesor Velarde- incide directamente en la mayor o menor facilidad con la que se encuentran los emprendedores para invertir, hacer negocios, crear empresas y empleo. Es algo que analiza periódicamente el Banco Mundial en su informe «Doing Business», con el que elabora un ranking de países, ordenados de mayor a menor según que lo pongan más o menos fácil para hacer negocios. 
En el último ranking, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong y Dinamarca lideran la lista, mientras que España está relegada al puesto número 30, por detrás de países como Kazajistán o Macedonia, en un nivel similar al de Japón, China, Francia y Turquía, y no muy lejos de Azerbayán.
En definitiva, que engordar la burocracia no solo sale caro por el creciente volumen de dinero que se tiene que dedicar a pagar el sueldo de los empleados públicos, sino que es un riesgo potencial para el emprendimiento -indica el profesor Velarde-, porque una burocracia creciente suele ir acompañada de mayores escollos administrativos para el emprendimiento. Y a eso hay que sumar un tercer factor: lo difícil que resulta adelgazar plantillas en el sector público .

Sanidad quiere eliminar las plazas MIR ofertadas por derecho de conformidad

MADRID.- El Ministerio de Sanidad está estudiando la posibilidad de eliminar las plazas MIR ofertadas en centros sanitarios de titularidad privada que ejerzan el derecho de conformidad. Así lo señala el propio órgano ministerial en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Redacción Médica, dirigida al diputado popular, José Ignacio Echániz.
Según la contestación, Sanidad “está considerando los cambios normativos necesarios para eliminar esta modalidad de oferta pues, aunque constituye un porcentaje mínimo del total de plazas (este año un 0,53 por ciento del total), implica que no todos los aspirantes pueden optar a la especialidad que desean cursar en condiciones de igualdad”. La mayoría de estas plazas están ofertadas por la Clínica Universidad de Navarra. En esta convocatoría son un total de 33 plazas MIR. 

Sanidad alega que "no se considera que el sector privado compense la formación que financia el público, de profesionales que trabajan ya como especialistas en centros privados"
 
Una cuestión a la que Sanidad alega que “no se considera esta posibilidad, como tampoco se considera que el sector privado compense la formación que financia el sector público, de profesionales que trabajan ya como especialistas en centros privados. Los profesionales formados, tanto en el sector público como en el sector privado, trabajan indistintamente en uno de los sectores, o en ambos, al finalizar el periodo formativo”.

Y es que el IDIS, tal y como explicó su presidente, Juan Abarca Cidón, a Redacción Médica, quiere que “se replanté la financiación para formar MIR en los centros privados. Es decir, si un hospital privado forma a residentes que luego pueden trabajar en hospitales públicos, debe existir alguna compensación a cambio. 
 
En concreto, consideró que "debería haber una financiación por parte del Estado al respecto". Una reivindicación que, según recoge la respuesta parlamentaria, no se ha hecho llegar de forma oficial al Ministerio de Sanidad.

Así 'subvenciona' España los envíos de los paquetes de Amazon

MADRID.-Hace tres años, las grandes paqueteras españolas se plantaron ante Amazon. Lo peor de la crisis había pasado, los envíos entre empresas remontaban y la compañía de Jeff Bezos seguía creciendo y necesitando quien le entregara sus paquetes, según desarrolla Público.

Hasta entonces, Amazon se había apoyado en distribuidoras como Seur, MRW y DHL. Pero tras el desastre del Black Friday y de la campaña navideña en 2016 —cuando el servicio colapsó y miles de regalos llegaron tarde— estas decidieron no volver a asumir los enormes encargos del gigante. La razón de fondo eran los precios: Amazon mueve mucho pero paga muy poco, así que el esfuerzo solo compensa si no tienes clientes mejores.
"En 2011, con la crisis, las redes de mensajería necesitaban volumen para mantenerse", resume Carlos Zubialde, profesional del sector y autor de Información Logística. "El comercio electrónico podía mantener esas redes. 
Pero cuando el ciclo económico cambió quisieron deshacerse de este tipo de paquetes y volver al B2B [orientado a empresas], que da menos problemas y es más rentable". Aunque no cortaron del todo, las grandes paqueteras redujeron el negocio que tenían con el gigante.
Amazon dejó de ser visto como 'Bienvenido Mr. Marshall' y tuvo que buscar nuevos socios de reparto. Lo primero que hizo fue crear su marca blanca (Amazon Logistics) y nutrirla de subcontratas que aceptaban sus condiciones, como OTL, Tipsa y Ara Vinc. Lo segundo, montar su propio Glovo de repartidores en coche particular: Amazon Flex. A estos les paga 14 euros la hora, pero no les da más de 34 horas semanales. Los costes de gasolina, transporte y cuota de autónomos los asumen ellos.
Lo tercero fue firmar una alianza con Correos Express, la filial de mensajería urgente de Correos. Hace un año renovó el acuerdo con todo el grupo. "Amazon solo te da más si cumples los compromisos de calidad que exige", indican desde la empresa pública. "La renovación es un indicador de que Correos está cumpliendo".
Aunque Correos no da detalles de ese acuerdo (ni cuánto cobra por paquete, ni cuántos reparte), fuentes sindicales de UGT indican que solo Correos Express reparte entre 40.000 y 60.000 paquetes de Amazon diarios.

Amazon le da los peores repartos a Correos

Amazon tiene dos tipos de almacén: centros logísticos y de última milla. En Madrid el centro logístico está en San Fernando de Henares y de última milla hay varios: dentro de la ciudad (Legazpi), en las afueras (Vicálvaro) o en otros municipios (Alcobendas y Getafe). En estos últimos es fácil ver colas de coches de autónomos de Flex. También tienen una entrada para las paqueteras subcontratadas. 
A Vicálvaro van hasta diez empresas a cargar para repartir.
Las franjas de reparto de estos centros son de dos o cuatro horas. 
"En el momento en que tú cierras una compra de Amazon, la etiqueta lleva automáticamente asignada la ruta y el repartidor al que va asignada", señala Zubialde. "Los palés salen clasificados del centro logístico, así que son muy fáciles de repartir. Además puedes concentrar muchos en muy poco tiempo. ¿Por qué lo hacen así? Esos paquetes los derivan a su red de subcontratas; el resto, a compañías externas".
Dicho de otro modo: Amazon se queda para sí mismo la mejor parte del pastel.
En Madrid, los autónomos de Flex y las empresas de Amazon Logistics no van muy lejos. "Lo más lejos que he llegado ha sido Torrejón, Alcalá y poco más", dice Paula, una repartidora cuyo nombre ha sido modificado. "Es una lotería: vamos a cargar y no sabemos ni dónde tenemos que ir ni cuántos paquetes vamos a llevar. Tampoco nos atienden". Una app en el móvil es la que da las instrucciones.
¿Qué sucede con los paquetes que van un poco más allá? Ahí es donde entra en juego Correos, que por ley debe prestar el Servicio Postal Universal (SPU) y garantizar el envío de cartas y paquetes a todo el territorio. En vez de ir a los de última milla (donde Amazon te da todo hecho), Correos va a los almacenes logísticos y de ahí lleva paquetes a sus propios centros de clasificación, lo que encarece el proceso.
"Antes, los paquetes que no repartían con su red se los daban a Seur, MRW y demás. Eran paquetes a zonas difíciles, como la sierra de Madrid. ¿Qué pasó? Que la gente se descolgó y dejó de trabajar con ellos", continúa Zubialde. 
"El único que se ha quedado es el que tenía más necesidad: Correos. El Estado, diciendo: 'tengo aquí una red de carteros y una empresa que me cuesta mucho dinero, así que todo el negocio que meta le vendrá bien'".

Los carteros rurales se convierten en repartidores

"Correos coge de todo. Y más en el reparto rural, que es deficitario", explican fuentes de CSIF Correos. "Imagínate ir a un pueblo para repartir dos paquetes: eso no lo hace ninguna empresa. Lo hace Correos como SPU y el Estado le da dinero para compensar". España paga a Correos entre 50 y 150 millones de euros al año en concepto de compensación por el SPU. Por ejemplo: si por una carta entre Madrid y un pueblo uno paga 0,65 euros pero a Correos le cuesta llevarla 1 euro, el Estado le compensará a final de año esos 0,35 euros.
Correos ha solicitado 2.200 millones al Estado para el período 2011-2020, según calculó Airef. Este informe señaló cómo Correos es, antes de compensaciones, mucho más deficitario que los servicios postales de otros países. El año pasado fue el primero desde 2015 que la empresa obtuvo beneficios, aunque sigue estando subvencionada.
Los carteros rurales trabajan con su propio coche. Cobran 0,23 euros por kilómetro en concepto de mantenimiento y carburante. "Antes no había problema porque eran básicamente cartas", continúan desde el CSIF. "Lo que ha cambiado es que ahora son paquetes de gran tamaño que no entran en los maleteros. Hay que meterlos en el sillón delantero, en el trasero... No llevamos la homologación de carga correspondiente. Estamos en reuniones con la empresa para resolver esto, porque los carteros corren el riesgo de que Tráfico les multe".
Si en las grandes ciudades Amazon compite con Correos y Correos Express, en provincias más pequeñas y en el rural "es otra historia", añade el sindicato. "Es cierto que en los coches se ven paquetes de Amazon. Y Correos está haciendo publicidad con el mundo rural, la España vaciada... Pero claro, ahí cuesta ganar dinero. En unas declaraciones que hizo el presidente, dijo que el potencial es enorme y que competimos con un gigante como Amazon, pero que la paquetería no da para mantener la empresa. No produce tantos beneficios como las cartas". 
Como el margen es bajo, la única solución es compensar con volumen. Justo como hacían las grandes paqueteras antes de plantarse. "Amazon es deficitario si no aglutinas los esfuerzos", añade Juan Carlos Gutiérrez, secretario general de la sección de UGT en Correos Express Madrid. "Así que todo depende de la cantidad de paquetes que muevas. Si tienes que llevar un solo paquete a la Bola del Mundo, no te sale rentable, pero si son muchos multiplicas".
Según fuentes del sector, Amazon paga a Correos entre 1,8 y 2 euros por paquete entregado, además de encargarle las devoluciones, también más caras que una entrega normal. Y, según UGT, el margen está entre 0,8 y 1 euro de media.
Desde Correos señalan que hay sitios donde "o envía Correos, o no lo hace nadie. Con nuestra red cubrimos todo el territorio. Y las oficinas son puntos de entrega para gestionar devoluciones". Aunque los paquetes de Amazon no entran dentro del Servicio Postal Universal, la empresa aprovecha que el Estado español lo financia para encargárselo a precio de saldo.
"Se benefician de algo que ya está instalado", concluye Gutiérrez. "Correos no puede perder el vínculo de la paquetería, porque cada vez hay menos cartas. Y las empresas de entrega domiciliaria, como Unipost, han desaparecido".

Correos sigue perdiendo dinero 

La paquetería es el segmento que más crece en Correos, que se encuentra en pleno proceso de transformación para adaptar su negocio a los nuevos tiempos. La empresa, sin embargo, sigue perdiendo dinero. Tampoco Correos Express es rentable: el grupo soporta sus pérdidas. La AIReF sugirió que el Estado solo compensara por el reparto en zonas rurales de menos de 5.000 habitantes. Además, en 2018 Bruselas ordenó a España recuperar 167 millones en ayudas estatales concedidas a Correos tras determinar que se había beneficiado de "sobrecompensaciones".
El sector de la paquetería lleva años enfadado porque compite contra una empresa "dopada", un competidor desleal que sobrevive gracias a las subvenciones de "papá Correos" y de todos los españoles, como ha señalado en varias ocasiones el director de Tipsa. Las dudas de Bruselas también tenían que ver con si esas ayudas estatales se habían destinado a la filial, Correos Express.
Amazon, por su parte, sigue aumentando su propia red de logística con pequeñas empresas que quieran trabajar para él. Recientemente creó una sociedad en España específica para esta actividad llamada Amazon Transport Road, separada de Amazon Fullfilment, la logística. La CNMC abrió esta semana un expediente para determinar si debe considerarlo un operador postal, aunque eso no significaría mucho más que pagar una pequeña cuota anual (de unos 300 euros) y estar inscrita en un registro. En principio, no afectaría en nada a su negocio ni empleados.
"Amazon trabaja en dos líneas. Flex, que va desapareciendo porque saben que choca con la legislación. Y pequeños operadores a los que controlan bajo Amazon Logistics. A su red le dan lo mejor", concluye Zubialde. "El coste que tiene Amazon de repartir un paquete en su red de es más alto que lo paga a Correos: 3 euros frente a 2. Al final, cada uno de los españoles estamos subvencionando la red de reparto de Amazon. Es un problema que tienen otros países: la distribución se la terminan haciendo los correos estatales porque son los únicos que pueden asumir esos precios".

Una sociedad mal informada debilita la democracia

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También es incierto que 'Amazon' se fuera a instalar junto al aeródromo de Corvera

MURCIA.- También es incierto que 'Amazon' se fuera a instalar junto al aeródromo de Corvera a tenor de una información del diario económico Cinco Días que habla de una pura subcontrata exclusiva de la multinacional norteamericana con la suiza Celeritas. Otra falsedad más, o media verdad, de la factoría de San Esteban para ciudadanos crédulos y simples, avidos de encontrar uno de tantos de los empleos prometidos en pre y campaña electoral.

El gigante del comercio electrónico ultima la firma de un contrato con Celeritas, filial de ecommerce de la multinacional suiza SGEL, para externalizar la gestión de algunas estaciones logísticas, según explican a Cinco Días fuentes conocedoras del proyecto.
Amazon da así un giro importante en su estrategia logística en España. La compañía se abre a subcontratar algunos procesos hasta ahora considerados por ella como core de su infraestructura logística.  
La empresa de Jeff Bezos puso en marcha el pasado agosto dos pilotos para valorar si sus conocidas delivery station (estaciones de entrega) pueden quedar en manos de terceros sin que se resienta la calidad del servicio que ofrece a sus clientes. Los proyectos siguen en marcha en dos instalaciones, una en Zaragoza y otra en Murcia.
En los pilotos, los almacenes, el personal y la gestión están externalizados. Es decir, Celeritas es la arrendataria de los centros y es quien contrata al personal que trabaja en dichas instalaciones, que tienen capacidad para gestionar varias decenas de miles de envíos diarios. 
El trabajo que se desarrolla en estos almacenes, sin embargo, está altamente estandarizado y se lleva a cabo con procesos totalmente reglados por Amazon. Ambos centros de Celeritas trabajan en exclusiva para el gigante estadounidense.
“La logística de Amazon es muy intensiva en capital. Y Abrir tantos centros y estaciones logísticas como son necesarios para cubrir todo un país requiere inversiones titánicas, pero la firma ha visto que hay terceras empresas dispuestas a asumir ciertas tareas, algo que le permite reducir su capex y su riesgo de pasivo laboral, pues en cada estación hay más de 20 trabajadores”, señalan fuentes del sector.
Celeritas no ha querido hacer declaraciones sobre este proyecto y Amazon se ha limitado a decir que “siempre apuestan por la innovación en pro de los clientes, y fruto de ello, es la búsqueda de nuevas formas de colaboración con empresas logísticas”. 
Fuentes conocedoras de la iniciativa remarcan a este periódico que esta es la primera vez que Amazon lleva a cabo un outsourcing de esta parte de su logística y “los buenos resultados obtenidos” le estarían llevando a plantearse extender este modelo de subcontratación de centros de cross-docking a otros puntos de España y a otros países europeos.
A este tipo de estaciones logísticas es donde llegan en camiones los paquetes de los clientes de Amazon listos para una determinada provincia o ciudad y allí se preparan para su reparto por rutas. Son instalaciones intermedias, entre los grandes centros logísticos y de distribución que tiene Amazon en España y el reparto final de última milla, para el que se apoya en grandes carriers como MRW, Seur o Correos y otras pequeñas empresas. Son centros con entre 2.000 y 3.000 m2, donde se desarrolla actividad todos los días del año.
Fuentes del sector aseguran que hasta este momento Amazon se ha ocupado de gestionar directamente tanto su red de centros logísticos como sus centros de distribución y sus estaciones de entrega, “pero esta estrategia de intentar abarcar lo máximo posible con recursos e inversiones internas estaría a punto de cambiar si subcontrata esos almacenes intermedios. 
Y eso que es en áreas como la logística donde la compañía ha construido una barrera de entrada inmensa ante sus adversarios y hacia donde estratégicamente ha destinado una gran parte de sus inversiones desde hace décadas”, subrayan.
Otros expertos apuntan que “la granularidad que exige la operativa logística de una firma como Amazon parece obligar a la compañía a diversificar su estrategia, y simultanear la apertura de nuevos centros y estaciones logísticas con la subcontratación de algunas tareas a empresas especializadas. Todo con el fin de dar respuesta a su única obsesión: la experiencia del cliente”.
Por eso, dicen, subcontratar a empresas como Seur o MRW en España o UPS y DHL en otros países, y ahora dar un paso más allá y subcontratar las estaciones logísticas, no está reñido con la apertura de nuevos centros logísticos, con el desarrollo de sus propias flotas de aviones, furgonetas y drones o con el lanzamiento de iniciativas de economía colaborativa como Amazon Flex, muy criticada por algunos de sus socios en el reparto a domicilio.

Ganar capilaridad en su operativa

Red de centros. Amazon quiere ganar capilaridad en su operativa en España, y parece que la fórmula de la subcontratación de estaciones logísticas les permitirá tener centros más rápidamente en ciudades de menor tamaño. 
La firma dispone hoy de 11 delivery station propias en España, situadas en Alcobendas, Getafe y Vicálvaro (Madrid), Zona Franca y Martorelles (Barcelona), Paterna (Valencia), Trapagaran (Bilbao), Porriño (Pontevedra), Siero (Oviedo), Sevilla y Málaga. 
Amazon también cuenta con siete centros logísticos en el país: los de San Fernando de Henares (Madrid), Illescas (Toledo), Prat del Llobregat, Martorell y Castellbisbal (Barcelona), a los que se suman dos urbanos en Madrid y Barcelona, dedicados a Prime Now, el servicio de entregas ultrarrápidas. 
A todos ellos se suman dos centros de distribución, uno en Getafe (Madrid) y otro en Barberá del Vallés (Barcelona).

Inversión. Amazon desveló recientemente que ha invertido 2.900 millones de euros desde que inició sus actividades comerciales en España en 2011 hasta finales de 2018. La firma detalló que esa cifra incluye inversiones en infraestructura e instalaciones, envíos, salarios y beneficios para los empleados, así como otros gastos de logística.