domingo, 10 de febrero de 2013

El PSRM exige que políticos imputados, como Cámara, alcalde de Murcia, dimitan de sus cargos

MURCIA.- El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López, considera que el caso Bárcenas representa "un punto de inflexión" en la crisis de la vida pública y política y pide que se llegue hasta el final "porque la sociedad no puede aceptar ni medias verdades ni pseudo investigaciones para acallar el ruido mediático". Y exige que políticos imputados, como el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, del PP, dimitan de sus cargos


   Para López, "una sociedad democrática no puede aceptar que políticos imputados sigan permaneciendo en sus cargos". Es el caso, ha recordado, del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, "que continúa imputado en la investigación del caso Umbra".

   "Desde el PSOE hemos pedido varias veces que asuma sus responsabilidades políticas y deje su cargo, algo que cada vez es más necesario porque la sociedad ya no tolera ni una más a los políticos", ha aseverado el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, a la vez que ha señalado que "cada vez que un político es imputado debe dimitir por respeto a los ciudadanos a los que representa".

   A su juicio, "no es momento de sacar pecho, tal y como intentó en días anteriores Cámara, sino de asumir responsabilidades y poner luz sobre los asuntos que generan desconfianza a los ciudadanos, y podrían ser actuaciones delictivas".

   Ni como alcalde de Murcia, ha subrayado, "ya que él mismo está imputado en un asunto de corrupción, así como el ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y la cúpula de la antigua Gerencia de Urbanismo de los últimos años", ni como secretario general del PP en la Región, puesto que "son muchos los casos de corrupción que salpican al PP en esta Comunidad".

   Así, López propone para regenerar la vida política y recuperar la confianza de los ciudadanos en los políticos una apuesta para consensuar una nueva Ley de Financiación de los partidos políticos "que obligue a la máxima transparencia y al máximo control de las cuentas, puesto que éstos reciben recursos públicos".

   Igualmente considera que es necesario que los sueldos de los políticos, tanto los que forman el Gobierno como los que conforman la oposición, vengan fijados por Ley; y que los recursos públicos que reciben los diferentes grupos políticos para llevar a cabo su tarea, además de venir fijados por Ley, "sean establecidos con criterios de proporcionalidad", en función de los resultados electorales obtenidos.

   También señala que sería necesario modificar la Ley de contratos públicos para darle más transparencia a los contratos administrativos incorporando la figura de observadores externos, a modo de 'cascos azules', que puedan velar por el cumplimiento de la Ley mediante acuerdos con colegios profesionales, universidades y agentes externos que tengan que ver con la contratación pública.
   Por último, a nivel municipal, López opina que en los ayuntamientos se tiene que avanzar para que los grandes asuntos, como los Planes Generales de Ordenación Urbana, Planes Estratégicos, o los grandes contratos que puedan exceder más de una legislatura, sean aprobados por mayorías cualificadas (2/3 o 3/5) "para evitar el rodillo de las mayorías absolutas en los grandes temas".

Buscan a 100 familias para ayudar a refugiados de Tinduf

MURCIA.- La Liga de Derechos Humanos de España, en colaboración con la Tuna España de Murcia, han puesto en marcha una campaña para tratar de ayudar a los refugiados de Tinduf en el Sáhara.

   Con motivo del 100º aniversario desde que España se agregó a la Liga de Derechos Humanos, asociación española sin ánimo de lucro cuyo fin primordial es la defensa y vigilancia de los derechos y las libertades fundamentales, a primeros de este año comenzó el programa para localizar a 100 familias del conjunto nacional que puedan ayudar a otras 100 familias que se encuentran en situación de "extrema pobreza" en el campamento de refugiados de Tinduf.
   Así lo ha explicado el presidente de la Liga de Derechos Humanos de la Región de Murcia, Alfredo Salar, quien ha hecho un llamamiento a la sociedad murciana para que colabore en este campaña, a la que ya se han sumado familias de distintos puntos de la geografía del país,
   Para poder ayudar a los refugiados de Tinduf, las familias que se sumen a esta campaña tendrán que abonar, durante dos años, 115 euros mensuales destinados a alimentos de primera necesidad.
   La recaudación total llegará a la cuenta de Derechos Humanos de España, que la llevará de forma directa, sin intermediarios, al campamento para que estas familias puedan comer.
   La Liga Española tiene el objetivo de extender y afirmar los derechos individuales inherentes a la personalidad humana, ha resaltado Salar, quien insiste en hacer ese llamamiento para encontrar a 100 personas o familias en España que apadrinen durante dos años a familias saharauis.

La Biblioteca Regional incrementa un 45% sus visitantes online

MURCIA.- La página web de la Biblioteca Regional de Murcia, 'http://bibliotecaregional.carm.es', ha visto aumentado su número de visitas en un 45% durante el mes de enero al pasar de una media de 45.000 visitantes a 65.000, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Durante ese mes más de 150.000 páginas fueron vistas en el sitio web del centro y se detectó también un significativo crecimiento de usuarios que se conectan desde dispositivos móviles, como tablets o smartphones.
   La web de la Biblioteca Regional, creada en 2009, centraliza una serie de servicios online que van desde la información sobre el centro, como novedades, actividades o su localización, hasta la renovación o reserva de préstamos, pasando por la consulta de su catálogo, que constituye casi la mitad de los accesos registrados a la página web.
   Aunque la mayoría de las consultas han sido realizadas por usuarios de habla española, también han accedido a la página visitantes en otros idiomas como el inglés, el francés o el portugués. A este respecto, la Biblioteca Regional, en constante renovación para ofrecer el mejor servicio a sus usuarios, ya puede consultarse en su totalidad en inglés y, a corto plazo, también en francés.

La Comisión de la Sareb de Murcia, para canalizar todos los activos tóxicos, se constituye mañana

MURCIA.- La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm) constituirá mañana lunes la Comisión de la Sareb ('banco malo') de Murcia al objeto de negociar directamente con este órgano y aglutinar los activos tóxicos de sus asociados, es decir aquellos que tengan activos, ya sea viviendas o créditos, de las entidades del Grupo 1 y 2.

   Así lo ha anunciado el presidente de Apirm, José Hernández, quien ha explicado que esta Comisión se integrará en la ya constituida a nivel nacional, cuyo fin es "canalizar la oferta". Para ello, se crearán grupos de trabajo en cada una de las asociaciones provinciales de promotores.
   Lo que se pretende, según ha desvelado Hernández, es que "sea un foro de discusión y para compartir experiencias", además de que los promotores "sean escuchados".
   Precisamente, esta comisión "va a aglutinar todos los activos de los asociados para pedir mejores condiciones tanto a las subrogaciones de los préstamos como a posibles quitas de hipotecas". Es decir, subraya, "que la Sareb haga posible las ventas de viviendas de promotores a través de una quita de la deuda hipotecaria".
   Se pretende "aglutinar toda la oferta, conseguir unas óptimas condiciones de financiación para el producto de los asociados, así como su comercialización".
   Hernández ha señalado que "los activos tóxicos que van a la Sareb son casas de los bancos y los créditos de los promotores (casas de promotores hipotecados con entidades de crédito)".
   En esta línea, Hernández considera que "lo único que preocupa parece que es salvar a los bancos a costa de las empresas y de la sociedad".
   Se pregunta por ello "cómo se explica que los créditos tóxicos que dieron determinadas entidades y que hemos comprado entre todos los españoles a través de la Sareb se les vuelvan a entregar para que los gestionen, así como los bonos multimillonarios de algunos directivos de la banca y las condiciones de prejubilación y despido para ese colectivo que ya querría tener la empresa privada"; algo que ha calificado de "inconcebible", pareciendo que hay "una sociedad de castas". 
"El crédito sigue sin llegar y cada vez quedan menos empresas", concluye.

Un diputado por Murcia propone la dación en pago para quienes ingresan menos de 19.164 euros

MURCIA.- El diputado nacional por Murcia y portavoz de Vivienda en el Congreso, Teodoro García, del PP, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una propuesta "que hace posible, por primera vez, la dación en pago para los colectivos más vulnerables, aquellas personas que están cobrando el paro o que tienen ingresos inferiores a 19.164 euros".

   Según ha explicado, esta medida forma parte de la batería de enmiendas que han presentado los 'populares' al Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, con las que "se busca dar una solución al colectivo más vulnerable de la sociedad, es decir, aquellas personas sin empleo que, además, tienen el riesgo de perder su vivienda".
   En este sentido, ha señalado que "se eleva el ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas a tres veces el IPREM, de manera que es posible acogerse a la reestructuración de la deuda hipotecaria, bien con una carencia de amortización de cuatro años; bien reduciendo los tipos de interés al Euríbor + 0'25; o ampliando el pago de la devolución a 40 años", según han informado fuentes 'populares' en un comunicado.
   "También aplicando una quita del 25% del capital pendiente y en su caso, la dación en pago quedándose el deudor en la vivienda mediante contratos de arrendamiento por dos años, para las familias con ingresos inferiores a 19.164 euros y cargas familiares", ha añadido.
   El dirigente 'popular' ha asegurado que estas enmiendas también contemplan medidas para dar "más protección al deudor hipotecario, como la limitación de los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero, con lo que  no superarán el 12 por ciento -cuando hoy en día están entre el 25 y el 29-, con lo que se reducen en más de un cincuenta por ciento".
   Entre otras medidas que dan más protección al deudor se incluye que ahora se exigirá el impago de tres cuotas para poder iniciar la ejecución, cuando en la actualidad con el impago de una es suficiente; que el valor de la vivienda en la subasta no podrá ser en ningún caso inferior al 75% del valor de la tasación fijado en la escritura pública de formalización del préstamo; y que se aumenta del 60 al 70% el porcentaje por el que el banco puede adjudicarse la vivienda.
   Asimismo, cuando el banco se adjudique una vivienda, si quedara deuda pendiente, el capital pendiente se podrá reducir en un 35% si el deudor salda la deuda en los cinco años siguientes, o en un 20% si la salda en los 10 años siguientes.
   El tercer objetivo de las enmiendas del Grupo Popular contempla iniciativas para alcanzar mayor independencia de las entidades de tasación respecto de las entidades financieras, por ejemplo estableciendo un máximo del 10% de la relación de negocio entre las tasadoras y los bancos, y obligando al banco a aceptar la tasación oficial que le presente el cliente, aunque sea de una tasadora distinta, siempre que esté homologada.
   Finalmente, el cuarto objetivo se refiere a medidas para evitar el sobreendeudamiento, como por ejemplo limitar a 30 años el plazo máximo de amortización de una hipoteca sobre vivienda habitual.

El Congreso pone en marcha la declaración de los toros como bien cultural

MADRID.- La tramitación parlamentaria de la iniciativa ciudadana para declarar las corridas de toros como un bien de interés cultural, a salvo de normativas autonómicas, arrancará el próximo martes en el Pleno del Congreso con el único apoyo garantizado del PP, mientras que los socialistas han optado por desmarcarse. 

   La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) fue promovida por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, con el objetivo de revocar la prohibición de las corridas de toros que fue decretada por el Parlamento catalán en 2010 y puesta en marcha en 2012. Cuenta con casi 600.000 firmas (se precisaba medio millón) pero necesita el apoyo de los grupos parlamentarios para continuar adelante.
   El presidente de la Comisión de Cultura del Congreso y diputado del PP, Juan Manuel Albendea, uno de los firmantes de la propuesta, ha asegurado que la iniciativa ciudadana saldrá adelante con el apoyo de los 'populares' --que cuentan con mayoría absoluta-- y con ello calcula que la normativa podrá estar en vigor a finales de verano.
   De esta manera, augura que se podrán volver a celebrar corridas de toros en Cataluña en el próximo mes de septiembre, en su tradicional Feria de la Mercé, sorteando así la prohibición decretada por la Generalitat desde enero de 2012.
   El diputado explica así que, una vez sea admitida a trámite la iniciativa ciudadana, pasa a ser trabajada en la Comisión de Cultura, donde los grupos parlamentarios tienen opción de realizar sus aportaciones.
   Posteriormente, las enmiendas presentadas se discuten y votan, para que, con competencia legislativa plena, la futura normativa pase a debatirse en el Senado, donde se pueden introducir nuevas enmiendas que ya pasarían finalmente al Pleno del Congreso, donde se dará luz verde a la normativa de forma definitiva.
   "Más o menos entraría en vigor la normativa en junio o en septiembre, en función de la rapidez del trámite legislativo", indica el presidente de la Comisión de Cultura, al tiempo que avanza que, al tratarse de una normativa de carácter estatal, donde las competencias ya no son autonómicas sino del Estado, se derogaría la ley catalana que prohíbe los toros en Cataluña.
   Sin embargo, desde el PSOE han decidido no respaldar el próximo martes la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular, según adelantó en 'Twitter' el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina.
   Cuando en julio de 2010 el Parlamento catalán prohibió las corridas de toros, los diputados del PSC tuvieron libertad a la hora de efectuar su voto y tres votaron a favor de prohibir los toros en la comunidad autónoma, mientras que otros tres se abstuvieron, al mismo tiempo que los 31 restantes rechazaron la prohibición.
   En aquella ocasión, PP y Ciutadan's fueron las únicas formaciones que apoyaron la continuidad de las corridas de toros en Cataluña, mientras que los representantes de CiU, al igual que el PSC, tuvieron libertad de voto.
   Los nacionalistas catalanes liderados por Artur Mas y Oriol Pujol, concedieron hasta 32 votos a favor de la prohibición de las corridas taurinas; otros seis, entre los que figuraba la consejera de Educación Irene Rigau, se abstuvieron; mientras que otros siete respaldaron la continuidad de los toros.
   En el caso de ERC e ICV-EUiA votaron para que no prosiguieran los festejos taurinos en Cataluña. Para esta ocasión, el diputado republicano Joan Tardà ha solicitado que en la votación del próximo martes de cada diputado sea individual y en voz alta.
   La iniciativa ciudadana fue registrada en la Cámara Baja en marzo de 2012, en medio de una recepción institucional en el Congreso de los Diputados que fue encabezada por el presidente del Congreso, Jesús Posada, y Juan Manuel Albendea, ambos del PP, que recibieron solemnemente a toreros, ganaderos y empresarios taurinos, a quienes también se espera en el debate del próximo martes.  
   En aquel acto, Posada no ocultó su "satisfacción" por ver registrada la iniciativa, subrayando que no es una petición minoritaria sino una reclamación "suprapartidaria" a la que auguró "una trayectoria positiva".
   Además del respaldo de Posada y Albendea, la iniciativa popular cuenta con la firma del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, además del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, el cantante Joaquín Sabina y la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre.

La conflictividad en el TC entre Estado-CCAA crece con respecto a la etapa Zapatero

MADRID.- La conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas por la defensa de sus respectivas competencias creció el año pasado en relación a los años de José Luis Rodríguez Zapatero y ha vuelto a la etapa más convulsa de José María Aznar. Ambas partes se denunciaron ante el Tribunal Constitucional el año pasado en 44 ocasiones, frente a las 105 veces de toda la legislatura anterior y las 76 de la primera de Zapatero.

   El Estado planteó 18 impugnaciones: cinco contra Cataluña, cuatro contra Andalucía, tres contra el País Vasco y otras tres contra Navarra, dos contra Madrid y una contra Asturias.
   Y las comunidades presentaron 26: Navarra y Canarias, cinco impugnaciones cada una; Cataluña, cuatro; Andalucía, tres; Extremadura, Asturias y País Vasco, dos cada una; y Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana una cada una.
   La mayoría de los casos son recursos de inconstitucionalidad (46 entre ambas partes, frente a nueve conflictos de competencia).
   El primer año de legislatura con Mariano Rajoy al frente del Gobierno es por el momento más conflictivo que los años del socialistas José Luis Rodríguez Zapatero. De mantenerse este ritmo, se volvería a cifras de la época de José María Aznar: de 1996 a 2000, estas administraciones llevaron al Tribunal Constitucional sus diferencias en 141 ocasiones (35 impugnaciones de media al año) y en los cuatro años siguientes, de 2000 a 2004, en 217 casos (54 de media al año).
   Los años más conflictivos fueron los primeros del Estado autonómico actual. Así, entre 1982 y 1986, las impugnaciones fueron 382: 134 por parte del Estado y 248, de las autonomías. En la legislatura siguiente, hasta 1989, se presentaron 284 casos ante el Constitucional.
   Así figura en el informe sobre conflictividad elaborado por la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas sobre el primer año de la actual legislatura. En él se recoge también que el Constitucional dictó además 66 sentencias, el año con más resoluciones desde que se inició esta contabilidad (1981). Dio la razón casi a partes iguales al Estado y las autonomías.
   Entre los asuntos que han denunciado el Estado se encuentran las prestaciones farmacéuticas, las sanitarias, la convocatoria de plazas para profesores o la paga extraordinaria para los funcionarios, medidas aprobadas por distintas autonomías en contra de las restricciones impuestas por el Gobierno.
   En el caso de las autonomías, y además de los conocidos conflictos en materia sanitaria o educativa, recurrieron normativa de muy diversos contenidos: agua, agricultura, medio ambiente, urbanismo y vivienda, energía, función pública o comercio. En todos los casos, consideran que el Estado vulnera competencias autonómicas.
   El Estado y las comunidades autónomas tienen cauces para tratar de evitar el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Comparten comisiones mixtas y bilaterales en las que negociar directamente y cuentan además con departamentos encargados de revisar la cuestión competencial de las leyes antes de que se aprueben.
   En el caso del Estado, es la dirección general de Coordinación de Competencias la encargada de revisar que los proyectos se ajusten a la Constitución. Los propios y los de las autonomías, ya que estos son remitidos a los ministerios correspondientes para que los estudien.
   Si se encuentra algún "vicio de inconstitucionalidad", se le envía a la autonomía una carta de cooperación explicando el problema. El año pasado, se enviaron 28 de estas cartas, a todas las autonomías salvo Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja. Además, una vez aprobadas las leyes autonómicas y para lograr "un correcto desarrollo legislativo", el Estado les envió otras 54 cartas de cooperación.
   Y las comunidades autónomas hacen lo propio, revisan los proyectos del Estado y envían cartas de cooperación cuando encuentran "observaciones competenciales", según se explica en este informe. Estas dudas son remitidas al ministerio en cuestión.