Valcárcel esgrime sus razones para justificar los tan contestados recortes

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha mostrado este lunes su respeto al derecho a la manifestación pues, apuntó, "está reconocido y recogido en la Constitución Española y por otra parte no tiene que haber siempre un punto de coincidencia", aunque, subrayó, "más fácil sería --para el Gobierno-- no hacer nada".

   Valcárcel hacía así mención a la concentración que a esa hora los empleados públicos celebraban por las calles de Murcia contra los recortes del Gobierno regional.

   En este sentido, el presidente aseguró que "desde el Ejecutivo murciano hemos optado por hacer lo que teníamos que hacer, más cómodo sería no hacer nada, pero esa comodidad podría suponer, sin embargo, dejar de garantizar el bienestar de los ciudadanos".

   "Como cualquier empresa, familia o administración en estos años hemos dejado de ingresar como consecuencia de la crisis y sus efectos; es normal", recalcó.

   Pero, apuntó el presidente, "no se quiere entender que las administraciones, igual que las familias o las empresas, también dejan de ingresar, así como que la Administración ingresa en el momento en el que el ciudadanos aporta ese ingreso, si el ciudadano en su crisis económica, lamentablemente, no aporta a la Administración ésta no puede seguir manteniendo el mismo nivel de gasto".

   Una de dos, subrayó, "o tienes una máquina para hacer billetes, y de eso no hay nada, o muy al contrario se tiene que acudir al endeudamiento". Esta Región, recordó el jefe del Ejecutivo murciano, "podría presumir de ser la cuarta comunidad de España que menos endeudamiento tiene y sin embargo, paradojas de la vida, no se le deja endeudarse".

   Con lo que, señaló, "si ingresamos menos, no tenemos máquinas de hacer dinero y el único recurso es endeudarnos porque podemos hacerlo, pero se nos prohíbe desde el Estado, qué hacemos".

   "Hay dos caminos, o seguimos haciendo lo de hasta ahora, con lo cual ponemos en riesgo que el chico que va al colegio encuentre el aula abierta y el profesor para impartir la clase, o que la persona que utiliza la Sanidad deja de hacerlo", enfatizó Valcárcel, quien destacó, "que también se da la circunstancia de que en la Región de Murcia la población ha crecido más que en ningún otro lugar de España".

   "Qué hacemos", se cuestionó el presidente, "a cuántos médicos mandamos a la calle porque no hay forma de pagarles, a cuántos alumnos les decimos que no vayan al colegio porque habría también que reducir profesores, cerrar colegios, o a cuántos guardias jurados ponemos en las puertas de hospitales para que quien vaya a utilizar la Sanidad, no la utilice porque no hay recursos económicos suficientes".

   Se quiere hacer lo mismo que hacíamos antes pero en peores circunstancias. Lo que está claro, continuó el presidente, "es que, a pesar de ello, los quirófanos seguirán abiertos, los hospitales seguirán dando atención a todo el mundo, aunque la población siga creciendo, y seguirán los colegios abiertos".  

   Esto significa, indicó Valcárcel, "una readaptación a la situación, pues todo no puede ser igual, si no hay dinero nadie puede pretender que se gaste lo que no hay. Habrá que establecer la prioridad" y ésta, a su juicio, "es el estado de bienestar de los ciudadanos".

   A partir de ahí, concluyó, "mucho diálogo y firmeza". Todo esto que se está diciendo, advirtió el presidente del Ejecutivo murciano, "es mucho menos de lo que es y llegará el momento de hacer números, de sentarnos y explicarlo a la población".

La Comunidad Autónoma debe 1.823 millones de euros a los contratistas murcianos de obra pública

MURCIA.- Las administraciones públicas deben a las empresas contratistas de obra pública de la Comunidad Autónoma de Murcia una media de 2,5 millones de euros a cada una, tal y como han afirmado en rueda de prensa la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) y la Cámara de Contratistas de Obra Pública.

   La Cámara de Contratistas hizo una encuesta a varias de sus empresas que reflejó que "la media de la deuda con cada una de las compañías se sitúa en torno a los 2,5 millones de euros", según Belando, quien denunció que se trata de una situación "inviable" que aboca prácticamente al cierre a las empresas de tamaño pequeño y mediano, que son "con las que cuenta la Región de Murcia".

   Se vaticinó hoy para el sector un 2011 de previsiones "muy negativas" en inversión, y extendió esta previsión a la baja al contexto regional, ya que tanto la Comunidad Autónoma como los ayuntamientos no podrán afrontar inversiones de consideración por falta de liquidez.

   Se ha explicado que el endeudamiento de la Comunidad Autónoma a final de 2010 está en 1.823 millones de euros y aún no conocemos los datos de todas las empresas. En los próximos meses, adelantó que la previsión es poder alcanzar los 2.200 millones de euros. Así, dijo que la Comunidad "tiene pendientes de pago certificaciones desde mayo, es decir, las empresas están siete meses sin cobrar".

   Por su parte, los ayuntamientos "tienen un endeudamiento en torno a los 800 millones de euros y deben en general los últimos seis meses y en algunos casos hasta un año y medio", se denunció públicamente hoy, cuando se ha anunciado "más recesión para 2011 que llegará en torno a un siete por ciento, y una posible recuperación muy lenta el año siguiente, porque todo indica que el sector ha tocado fondo".

   Ambos representaciones empresariales mostraron su preocupación por los puestos de trabajo perdidos en esta coyuntura tan negativa. "Desde 2007 se ha perdido el 50 por ciento del empleo que generaba el sector porque, hace tres años había 105.000 ocupados y ahora 55.000 y se pueden perder otros 10.000 en 2011", se afirmó, tras matizar que el año próximo sólo el capítulo de rehabilitación de viviendas demandará mano de obra.

   Se explicó que los distintos ministerios tenían prevista una inversión en la Región de Murcia del orden de los 735 millones de euros de los que "apenas se ha ejecutado el 50 por ciento", mientras que la otra mitad "son obras que se han paralizado, que se han alargado o que se han prorrogado a otros ejercicios".

   Para el 2011, se informó de que se prevé que los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente reduzca sus presupuestos destinados a la Región de Murcia un 43 y un 39 por ciento respectivamente. De hecho, de los 526 millones de euros destinados a nuestra comunidad autónoma, sólo 54 se dirigen a obra pública, "ya que la mayor parte se lo llevan transporte y el ferrocarril", se matizó.

   "Teniendo en cuenta que no se retrasen a otros ejercicios las inversiones previstas para transportes y ferrocarril, las expectativas de inversiones por parte de los ministerios son francamente negativas", según FRECOM, desde donde se cifró en un descenso medio del 28 por ciento de las inversiones del conjunto del Gobierno central.

   En la Comunidad Autónoma, se indicó que las licitaciones que ha habido en 2010 se han situado en torno a los 100 millones de euros, y las previsiones para 2011 son de 211 millones de euros, aunque destacó que "gran parte de estas inversiones son obras que ya están licitadas y que se adjudicarán a principio de año".

   Por este motivo, se indicó que "va a ser difícil que salgan a licitación nuevas obras por parte de la Comunidad Autónoma". Por el contrario, se señaló que la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio "está sacando un paquete de obras en colegios e institutos con financiación aplazada al 2012 y 2013", pero se manifestó que las empresas "no tienen capacidad de ejecutar las obras y cobrarlas cuando estén terminadas".

   La licitación de los ayuntamientos en 2010, por su parte, fue de 150 millones de euros, pero se advirtió que en esta cantidad total están incluidos los planes estatales de inversión local, que son la mayoría del conjunto de la inversión". Para 2011, FRECOM estima que las inversiones de las corporaciones locales "van a ser muy escasas, máxima si carecen de capacidad de endeudamiento".

   Se informó de las cifras alcanzadas por el sector en 2010, en el que se iniciaron 2.200 viviendas y se terminaron 7.500, mientras que las escrituras de compraventa corresponden a 18.000 viviendas. Así pues, los empresarios estiman que, si el 2011 se comporta de forma similar al 2010, las existencias o el 'estocage' de viviendas se finalizará en 2011.

   En 2010 se financiaron 488 viviendas de protección oficial y se quedaron sin iniciar por falta de financiación 595. Además, se ejecutaron 4.800 expedientes de rehabilitación en viviendas y comunidades, aunque se dijo que son expedientes de pequeño tamaño y no se incluyeron grandes proyectos en este apartado ni se espera que se incluyan en 2011.

   Por su parte, se cifró en 300 millones de euros la cantidad que se debe a las empresas de obra pública, que suman unas 200 compañías en toda Región de Murcia. La estimación porcentual apunta a que los más morosos son los ayuntamientos, que acumulan en torno a un 40 por ciento de esos 300 millones de deuda total, y que la Administraciones central y regional acumulan un 25 por ciento de deuda cada una.

   Para solucionar la situación, se expuso una iniciativa empresarial para combatir la elevada morosidad de las Administraciones Públicas, que consiste en la edición de una guía en la que se explica cómo reclamar los intereses por mora o tardanza en el pago de las obras del sector público y se explicó que iniciativas de esta índole se han tomado en otras regiones españolas, como Cataluña.

   "Es una guía para que el empresario haga valer sus derechos ante las administraciones públicas, porque muchas empresas están al borde del cierre o del concurso de acreedores por las deudas acumuladas", se aclaró. De hecho, se indicó que un total de 50 empresas de obra pública se encuentran en situación concursal, el 20 por ciento de las 200 empresas murcianas que hacen obra pública.

   Hasta ahora, se dijo que los empresarios "no han reclamado los intereses, quizá, porque eran tiempos de bonanza económica y porque no han querido aprovechar esa situación de ventaja ante la Administración y por la amenaza de que, si piden los intereses, la administración no va a volver a llamarle". Sin embargo, se criticó que en el escenario actual "es prácticamente imposible mantener a las empresas con la demora en el pago de las certificaciones que hay".

   En este sentido, se  manifestó que el interés de demora por retraso en el pago de la Administración "se encuentra en el ocho por ciento, lo que puede ser una buena inversión, pero las empresas, evidentemente, no están en situación de invertir ni tienen suficiente capacidad financiera para financiar a todas las administraciones", se destacó.

   Sobre este particular, los empresarios reclamaron apoyo de las Administraciones para que las entidades financieras les descuenten las certificaciones. "Hay que evitar tensiones, sobre todo entre los ayuntamientos y las empresas pequeñas, que son sus principales acreedores. Ninguna empresa quiere enriquecerse con los intereses de demora, sólo pretenden cobrar", concluyó.

Saura considera "despilfarradora" la gestión de un Valcárcel que debe 1.000 millones de euros a provedores

MURCIA.- El secretario general del Partido Socialista en la Región de Murcia, Pedro Saura, consideró este lunes "injusto" los recortes del Gobierno murciano porque, a su parecer, son consecuencia de la "mala" y "despilfarradora" gestión de la Administración regional.

   Saura, que aseguró en rueda de prensa que no es una novedad lo que está sucediendo con el "caos" de las cuentas públicas, subrayó que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, "es el jefe del Ejecutivo más despilfarrador de entre todas las CC.AA", al tiempo que destacó su "mala" gestión al frente del Gobierno murciano.

   Las consecuencias, según el socialista, "son una menor inversión, el recorte en las políticas sociales y unos empleados públicos como paganos de esa mala administración de las cuentas públicas por parte del presidente Valcárcel".

   "Desde luego es injusto que una vez que los empleados públicos ya han asumido una parte del ajuste de la crisis económica siga recayendo sobre ellos ese despilfarro del Ejecutivo regional", insistió.

   Por lo que respetó las concentraciones llevadas a cabo por los empleados públicos, puesto, que desde su punto de vista, "tienen que defender sus derechos".

   "Aquí se ha malgastado, administrado mal, se han creado consejerías que no debían crearse y sin competencias y se ha malgastado recursos año tras año", recalcó Saura, y "ahora se dan cuenta que no cuadran las cuentas y son los empleados públicos los que tienen que pagar las consecuencias de tener al frente de la Comunidad Autónoma al presidente más ineficaz en la gestión de las cuentas públicas y el más moroso de entre todas las comunidades", continuó.

   Saura aseguró desconocer si la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas será suficiente para que el Ministerio de Hacienda permita a la Comunidad Autónoma endeudarse, aunque matizó que el objetivo claro del Gobierno regional es endeudarse "para tratar de conseguir 500 millones de euros".

A su juicio, Ramón Luis Valcárcel, "es el moroso de 2010" y que "con un Gobierno regional que no sabe de economía ni como administrar eficientemente los recursos, nos enfrentamos a un deterioro del estado del bienestar".

   Saura, que se refirió a los datos sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas en el tercer trimestre de 2010, hechos públicos por el Ministerio de Economía y Hacienda la semana pasada, aseguró que estos datos muestran que "la Región de Murcia está sumida en el caos y el desbarajuste de un Gobierno regional que no sabe hacer cuentas ni llevar las cuentas de la Comunidad Autónoma".

   Y es que, dice, "no hay nadie en el Consejo de Gobierno, ni un solo consejero, que sepa de economía". Y lo más grave, añadió en rueda de prensa, "es que les da igual".

   Pedro Saura lamentó así que el Gobierno regional no haya gastado el dinero de todos los murcianos de forma racional. "En lugar de utilizar los recursos económicos con eficacia, nos encontramos con consejeros que hacen obras donde no se demandan, con un consejero, el de Justicia, con Consejería pero sin competencias y con el sobrino del presidente al que había que darle trabajo y que, convertido en consejero de Cultura, ha gastado con pólvora de Rey".

   En definitiva, subrayó el secretario general de los socialistas murcianos, "es imposible que en este contexto a la Región de Murcia le salgan las cuentas. Es un auténtico caos".

   En estos tres trimestres, apuntó, Murcia ha crecido en gasto corriente un 6,5 por ciento. Aunque, advirtió, que lo más grave es que, mientras el gasto corriente ha seguido aumentando más que en ninguna otra comunidad autónoma, "el pago a los proveedores ha disminuido en un 4,5 por ciento".

   Es decir, apostilló Saura, "que la solución de Valcárcel a no poder pedir prestado, es dejar de pagar a los proveedores, a los que ya les debe 1.000 millones de euros".

   "Valcárcel ha demostrado y sigue demostrando que es el moroso de 2010, de la Región de Murcia y del conjunto de comunidades autónomas", afirmó el socialista quien añadió que Murcia se encuentra en el kilómetro 0".

   Y es que, concluyó, "la Región está en el Km. 0 de la mala gestión de las cuentas públicas, el Km. 0 de la crisis económica y el Km. 0 del caos en la gestión de los recursos públicos".

IU pide que el objetivo de déficit de las CCAA se vincule a su endeudamiento

MURCIA.- IU ha presentado una moción en la Asamblea Regional por la que insta al Gobierno murciano a que solicite la convocatoria "urgente" del consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de que establezca un nuevo objetivo de déficit de las comunidades vinculado al nivel de endeudamiento de las mismas.

   Así lo ha anunciado hoy el portavoz de IU en el Parlamento autonómico, José Antonio Pujante, quien ha indicado que esta iniciativa persigue un reparto "más justo y equitativo" de las cargas para el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit público establecido por el Ejecutivo central.

   Pujante también ha pedido que este objetivo de déficit, que se sitúa en el 2,4 por ciento para las comunidades autónomas, aumente el uno por ciento al considerar que es "muy bajo" para abordar "con garantías suficientes" el actual contexto de crisis económica de la Región de Murcia.

   El parlamentario de IU ha indicado que el 2010 ha sido un año "difícil" marcado por el incremento del desempleo, la pobreza y la exclusión social, así como por los recortes "antisociales" que, a su juicio, han aplicado los ejecutivos regional y central en materia social y laboral.

Pujante ha asegurado que el "tijeretazo" del Gobierno regional a los empleados públicos se traducirá en una contracción de la economía y un descenso del consumo, al tiempo que "empeorará la calidad de servicios públicos", entre los que ha destacado la sanidad, la educación y los servicios sociales.   

Además, ha señalado que cualquier modificación del Ejecutivo autonómico no serviría para paliar los problemas económicos de la Región de Murcia "a no ser que se opte por un cambio en la orientación económica a través de una política que no haga recaer sobre los de siempre" el peso de la crisis.

Miles de funcionarios pierden el miedo a Valcárcel mientras algunos apedrean su palacio y su mansión

MURCIA.- Miles de empleados públicos regionales, unos 4.500 según la Policía Local y entre 4.000 y 7.000, según los sindicatos, han participado en la concentración que ha tenido lugar este lunes a las puertas del Palacio de San Esteban -sede del Gobierno regional- y en la posterior manifestación que ha recorrido el centro de Murcia por la Gran Vía Escultor Salzillo y la avenida Teniente Flomesta hasta la Consejería de Economía y Hacienda, en protesta de las últimas medidas de recorte salarial y condiciones de empleo llevadas a cabo por el Ejecutivo murciano.

   La movilización ha transcurrido sin incidentes destacables, salvo algún forcejeo entre manifestantes y la treintena de agentes antidisturbios de la Policía Nacional que protegían el Palacio de San Esteban, así como el lanzamiento de huevos contra la fachada de la sede de la Administración autonómica y el portal de la casa del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, situada en el trayecto que han recorrido los participantes.

   Los manifestantes, convocados por los sindicatos por CSIF, Sterm-Intersindical, ANPE, SATSE, UGT y CCOO, han protestado así contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas aprobada en la Asamblea Regional el pasado jueves y con la que la Comunidad Autónoma pretende ahorrar más de 300 millones de euros recortando, entre otras cosas, las condiciones laborales y a las retribuciones de los empleados públicos de la Administración regional.

   Sobre las 11.00 horas, los participantes se concentraron ante la puerta del Palacio de San Esteban bajo las pancartas 'Listas de espera, bajas y jubilaciones sin cubrir, ¿y esto no te afecta a ti?' o 'Por la defensa de la Sanidad Pública', gritado al unísono 'Hay ladrones, detrás de los balcones', 'Valcárcel, cretino, baja el sueldo a tu sobrino' o 'Menos corrupción y más Educación', mientras lanzaban huevos contra la fachada.

   Posteriormente, los concentrados han decidido dirigirse a la plaza de la Fuensanta para, desde allí, emprender una manifestación por la Gran Vía Escultor Salzillo hasta la Consejería de Economía y Hacienda, mientras coreaban eslóganes como 'Menos typical y más sanidad', 'Manos arriba, esto es un atraco', 'Para el ladrillo riqueza, para la enseñanza pobreza' y 'No nos mires, también es tu dinero', con el que incitaban a los ciudadanos unirse a la manifestación.

   A la altura del portal de la casa de Valcárcel, los manifestantes han protagonizado una sentada y han hecho sonar pitos y bocinas, al tiempo que tiraban petardos y arrojaban huevos contra la puerta mientras gritaban con las manos en alto pidiendo la dimisión del presidente regional, y cantaban consignas tales como 'En este piso está nuestro dinero', 'Como el de Ramoncito, queremos un pisito', y 'Del piso de Valcárcel no nos moverán'.

   Tanto el secretario general de UGT en la Región de Murcia, Antonio Jiménez, como su homólogo de CCOO, Daniel Bueno, plantearon la posibilidad de nuevas vías jurídicas para evitar la aplicación de la Ley, aprobada el pasado jueves en la Asamblea Regional, y esgrimieron, incluso, la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad.

   En concreto, Bueno explicó que el recurso de inconstitucionalidad se puede poner "por parte de 50 diputados", y mostró su esperanza en que "ojalá" lo apoye algún grupo parlamentario con votos suficientes capaz de llevar a cabo una cuestión de constitucionalidad, que a su juicio "debería ser el PSOE". No obstante, indicó que, si esa vía no es posible, CCOO estudiará "otras con el objetivo de evitar que esta Ley sea de aplicación a partir del 1 de enero".

   Jiménez, por su parte, respaldó la formulación de "todos los recursos jurídicos al alcance del sindicato, incluido el recurso de inconstitucionalidad, para intentar neutralizar los tremendos efectos negativos de esta Ley".

   Además, ambos líderes sindicales advirtieron que las protestas en la calle van a tener continuidad. En concreto, Bueno anunció una nueva manifestación para el próximo miércoles, 12 de enero, por la tarde aunque otros sindicatos convocantes adelantaron la fecha al próximo miércoles, 29 de enero. Ante la falta de consenso, los sindicatos con representación en el área pública están reunidos para tratar de alcanzar un acuerdo.

En opinión de Bueno, la manifestación de este lunes que ha recorrido las calles del centro de Murcia "es un nuevo acto de protesta contra la premura de una Ley que se ha aprobado de un día para otro", y mostró su esperanza en que la movilización "sea capaz de echar para atrás una Ley que consideramos que vulnera flagantemente los derechos de los trabajadores públicos".

   Específicamente, reprochó que la Ley va contra "la negociación colectiva, que hace desaparecer todos los acuerdos laborales de los últimos 12 años, que produce un nuevo recorte en términos económicos a trabajadores que ya tenían recortado su salario, y que pone en peligro más de 2.000 puestos de trabajo, que corresponden a interinos, fundamentalmente".

   En este sentido, Bueno ha puntualizado que las manifestaciones están siendo "actos de protesta muy espontáneos" y que el clima de indignación de los trabajadores públicos es "enorme". Por ello, adelantó que la gente "va a seguir protestando" y advirtió que "nadie piense que, por haber aprobado la Ley en el Parlamento, las movilizaciones se van a quedar aquí".

   "Los únicos responsables de lo que está sucediendo es el propio Gobierno regional, que ha gestionado mal los presupuestos del año 2010, y sobre su incompetencia, quiere que sus fallos los paguen los trabajadores públicos", según Bueno, quien ha lamentado que "no se puede confiar en un Gobierno que un día aprueba unos presupuestos de la Comunidad y al día siguiente los autoenmienda".

   A su juicio, la peor conclusión es que la Comunidad "no tiene Gobierno", por lo que ha considerado una buena opción "que las elecciones sean pronto, para ver si hay cambios en el Ejecutivo". Asimismo, instó a Valcárcel a "pensar su vocación de seguir al frente del Gobierno, porque ha sido incapaz de gestionar la Comunidad en tiempos de crisis, ha quedado paralizado".

   Jiménez ha señalado que la Ley aprobada es "injusta, castiga doblemente al empelado público y, por ende, también a los servicios públicos de la ciudadanía". Además, reprochó que constituye "la mayor regresión laboral de la historia de la Comunidad".

   El secretario general de UGT Región de Murcia resumió que la Ley "perjudica a 55.000 familias; reduce injustamente y, por segunda vez, salarios a los empleados públicos; amplía la jornada laboral, con lo que va a suponer de la expulsión de muchos empleados públicos como resultado de la reducción de la jornada máxima legal". En concreto, criticó que con la Ley se verán expulsados "entre 2.000 y 3.000 personas".

   "Lo que ha hecho el Gobierno regional ha sido imponer y no ha dado ninguna posibilidad de negociar", según Jimenez, que ahora tiende la mano de los sindicatos para "plantear alternativas e intentar que la Comunidad pueda negociar todas estas condiciones de trabajo tan perniciosas, para neutralizar sus efectos", matizó.

   En la concentración también estuvo presente la portavoz de la Presidencia de IURM, Esther Herguedas, quien calificó la convocatoria de manifestación como "absolutamente justificada", puesto que la Ley plantea medidas que "recortan derechos laborales y salariales que no sirven en absoluto para salir de la crisis, sino que van a servir para retroceder aún más".

Otra, el miércoles

Las organizaciones sindicales CSIF, Intersindical, ANPE, SATSE, UGT, CCOO y SIDI, han convocado una nueva manifestación el próximo  miércoles, 29 de diciembre, que partirá desde la Plaza Fuensanta de Murcia a las 18.00 horas para protestar por las últimas medidas de recorte a los empleados públicos llevadas a cabo por el Ejecutivo murciano.

   El objetivo es "manifestarse pacíficamente en defensa de unas condiciones de trabajo dignas, por el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva y en defensa de unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía murciana", según informaron fuentes de los sindicatos en un comunicado conjunto.
   Las organizaciones han decidido organizar esta nueva manifestación "tras el éxito de la movilización de este lunes y ante la voluntad manifiesta de los empleados públicos de la Comunidad de continuar la lucha contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de la Finanzas Públicas aprobada por el Gobierno regional".
   Dichas organizaciones están "convencidas de ganar esta batalla, que supone la mayor agresión cometida nunca contra los trabajadores y trabajadoras de la Administración autonómica, atentando directamente contra su dignidad".

Fotografías de Juan Oliver

El aeropuerto de Castellón, camino de ser otro fiasco tras el de Ciudad Real

VALENCIA.- El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat elaborado por la Sindicatura de Comptes correspondiente a 2009 señala que Aeropuerto de Castellón S.L. (ACSL) se encuentra en uno de los supuestos de disolución previstos en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada dado que su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social.

   En concreto, la Sindicatura especifica que, como consecuencia de las pérdidas acumuladas, el patrimonio neto de la sociedad a 31 de  diciembre de 2009 presenta un valor negativo de 12.789.931 euros, por lo que emplaza a los administradores de la sociedad a adoptar medidas para "reequilibrar su situación patrimonial en los plazos legalmente previstos".

   El informe también concreta que el capital social de ACSL asciende a 827.400 euros, representado por 2.068.500 participaciones de 0,4 euros de valor nominal cada una, propiedad en un 99,85 por ciento de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) y en un 0,15 por ciento de la Diputación Provincial de Castellón.

   Aeropuerto de Castellón S.L. tiene firmado un contrato con la mercantil Concesiones Aeroportuarias, S.L. para la construcción del aeropuerto de Castellón Costa Azahar, su explotación durante un plazo de 50 años y su financiación parcial. La Sindicatura afirma que el impacto de este contrato en la actividad de la sociedad y en sus cuentas anuales es "muy significativo", por lo que insta a dar "información detallada" del mismo.

   Asimismo, considera que el saldo de los epígrafes correspondientes al inmovilizado material y a subvenciones, donaciones y legados se encuentra "sobrevalorado" en 8,8 millones de euros e insta a reducirlo en esa cuantía.

   Al respecto, argumenta que la concesión realizada por la Diputación de Castellón del uso y explotación de los terrenos necesarios para la construcción de las instalaciones aeroportuarias "no tiene un carácter gratuito, ya que su contraprestación está constituida por la construcción del aeropuerto y las infraestructuras y vías de conexión, que revertirán a la misma al finalizar el periodo de cesión".

   También indica que al finalizar el ejercicio 2009, Aeropuerto de  Castellón, S.L. ha contabilizado 98,7 millones con cargo al epígrafe de inmovilizaciones materiales por las certificaciones de obra emitidas por la empresa contratada para ejecutar los trabajos de las instalaciones aeroportuarias. La contrapartida del cargo se encuentra contabilizada en los epígrafes de 'Periodificaciones a largo plazo', con 86.815.710 euros; 'Otras deudas a largo plazo', con 3.941.415 euros, y 'Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar', con 7.979.925 euros.

   Sin embargo, la Sindicadura estima que dado que las obras no se integrarán en el patrimonio de ACSL hasta su finalización "no  deberían haberse contabilizado".

   Asimismo, el órgano fiscalizador detecta una serie de "incumplimientos significativos" de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. Entre ellos, señala que las instrucciones de contratación aprobadas por ACSL "no garantizan adecuadamente la efectividad de los principios básicos en la actividad contractual que realice la sociedad" como la adjudicación a la oferta económica más ventajosa o la aplicación del principio de publicidad.

   La Sindicatura también recomienda a la sociedad que en los contratos de patrocinio justifique en sus expedientes la  necesidad del gasto y la determinación del precio contratado, de manera que quede "garantizada la equivalencia de las prestaciones acordadas".

   Por otro lado, detalla que para apoyar la construcción y explotación del aeropuerto, ACSL concedió en 2004 un préstamo participativo a Concesiones Aeroportuarias, S.A. que podía  alcanzar un importe máximo de 44 millones de euros. La cantidad económica dispuesta a 31 de diciembre de 2009 es de 37.360.000 euros, en tanto que ACSL tiene pendiente de atender las solicitudes de disposición de fondos por importe de 2,5 millones de euros realizadas por la prestataria en noviembre de 2009.

   Por otra parte, en septiembre de 2009 finalizó el período de disposición de fondos del crédito sindicado suscrito con diversas entidades financieras por un importe máximo de 46 millones de euros, con el objeto de financiar el préstamo participativo. Debido a que no estaban finalizadas las obras en dicha fecha, quedan por disponer 6.649.870 euros, según especifica la Sindicatura.

   Ante dicha situación, el 10 de noviembre de 2009 ACSL se dirigió al Instituto Valenciano de Finanzas para ampliar el plazo de disposición hasta el 31 de octubre de 2010 "sin que se haya obtenido respuesta alguna por parte de dicho organismo".

   A fecha de junio 2010, Concesiones Aeroportuarias S.A. no ha solicitado que se ejerza la cláusula de indemnización prevista en el contrato de préstamo participativo, señala la Sindicatura. Este órgano considera que estas circunstancias "ponen de manifiesto la difícil situación financiera que presenta actualmente ACSL, además de las posibles repercusiones legales y económicas que se pueden derivar en el futuro".