MURCIA.- Ante la campaña iniciada por la
Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región (APRIM) contra los recibos
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en
donde solicitan bonificaciones para los mas de 1.500 propietarios de suelos en
unidades de actuación paralizadas por la crisis, y que, según dicen, no cuentan
con todos los servicios urbanos, HUERMUR manifiesta "su más rotundo rechazo a
que se autoricen estas bonificaciones entre el 80 y 90% del impuesto, pues
tal rebaja supone que los beneficios han sido para su disfrute personal y,
ahora que tienen pérdidas, pretenden que las asuman los ciudadanos de Murcia".
"Además, estas bonificaciones
supondrían una auténtica discriminación ya que existen miles de familias en la Huerta de Murcia cuyas viviendas carecen de servicios urbanos como
alcantarillado, aceras, transporte público, etc., y el Ayuntamiento no les
rebaja el impuesto que pagan. Si se les rebaja el IBI a esos 1.500 promotores
urbanísticos debe también rebajarse a las miles de familias murcianas que no
reciben los adecuados servicios urbanos por los que se les cobra el impuesto".
"La Ley del Catastro es muy clara,
así como la numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo, en donde se esclarece
el deber de pagar IBI urbano para los suelos
urbanizables sectorizados incluidos
en un sector del Plan General, así como los demás suelos de este tipo a
partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las
determinaciones para su desarrollo, y, también, el suelo ya transformado
por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación
urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica".
Por otro lado, desde HUERMUR se
señala que "estas bonificaciones resultan de muy difícil encaje en el artículo 74
de la Ley de Haciendas Locales, que faculta a los ayuntamientos a aplicar
bonificaciones potestativas en la cuota íntegra del Impuesto de Bienes
Inmuebles, por lo que al final podríamos estar ante un flagrante incumplimiento
de la Ley por parte del Ayuntamiento si este accede a conceder dichas
bonificaciones sin que se den las condiciones legales para ello.
A esto hay que sumar que la
bonificación a los promotores urbanísticos supondría una considerable merma en
la recaudación de impuestos municipales, merma que inexorablemente la Administración
local tendría que compensarla con la subida de otros impuestos al resto de los
murcianos".
Cabe señalar que HUERMUR viene solicitando
desde el año 2011 al Ayuntamiento de Murcia la aplicación de una bonificación
en el IBI para los bienes inmuebles de naturaleza urbana, constituidos por
suelo urbano o urbanizable, que se encuentran en la huerta de Murcia y que en
la actualidad están dedicados a actividades agrícolas o ganaderas (tanto para
comercialización como autoconsumo), o que mantengan especies de vegetación
protegida según la legislación vigente, todo ello establecido a partir de unas
dimensiones mínimas que se determinarían en la ordenanza fiscal y de acuerdo
con el artículo 74 de la Ley de Haciendas Locales, que permite esta
bonificación para todos aquellos terrenos
con vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola,
ganadero, forestal, o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de
competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al
existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio.
"Todo esto debe ir acompañado por una
revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Murcia que
clasifique los suelos de acuerdo a su realidad física, y no al interés
recaudatorio y especulativo del Ayuntamiento y de otros interesados.
De esta forma, se premiaría a
aquellos murcianos que contribuyen al mantenimiento de unos suelos fértiles que
ayudan a regular el microclima del valle, protegiéndolo de la desertización, y de
una vegetación que sirve para purificar el aire que todos respiramos, manteniendo
un lugar singular como la huerta de Murcia con grandes valores ambientales,
paisajísticos y culturales, que, en definitiva, es de todos. Con esta medida se
incentivaría el cultivo y el cuidado de la huerta de Murcia, con lo cual
ganaríamos todos al mejorar el entorno de la ciudad y las pedanías.
Para compensar la bajada de
ingresos procedentes de este impuesto, el Ayuntamiento debería aplicar el
recargo que le permite la Ley, y que viene establecido en el artículo 72.4 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, exigiendo un recargo de hasta el
50% de la cuota líquida del impuesto a las viviendas que se encuentren desocupadas
con carácter permanente.
Además de una poderosa razón, que
es la justicia social y la no discriminación entre los ciudadanos, resulta que
con estas medidas, por un lado se incentivaría la conservación de la huerta de
Murcia, con lo cual ganaríamos todos al mejorar nuestro entorno, y, por otro
lado, se presionaría a los que mantienen viviendas desocupadas para que las
saquen al mercado y aumente la oferta de alquiler.
El establecimiento de estas
medidas es una competencia exclusiva del ayuntamiento de Murcia, que con solo
modificar la Ordenanza Municipal que regula el impuesto ya sería de aplicación".
Desde 2011 el Ayuntamiento viene
rechazando estas propuestas de HUERMUR, con las que se pretende una
bonificación del IBI para los ciudadanos "que nunca han tenido ánimo de
especular con sus huertos y que se vieron inmersos en una vorágine urbanística
sin desearlo, por lo que ahora el Ayuntamiento no puede conceder a aquellos
promotores inmobiliarios que impulsaron reclasificaciones de suelo,
modificaciones del PGMO y promovieron los trámites para el desarrollo
urbanístico de sectores, contribuyendo así de forma activa a la creación de la
nefasta burbuja inmobiliaria, la bonificación solicitada en lo que podría
ser un fraude de ley al conceder el Ayuntamiento lo que la Ley les niega".
