domingo, 8 de diciembre de 2019

Del desorden de Murcia a la picaresca de Castellón: el 'SimCity' de España


MADRID.- “Construye una ciudad extraordinaria, tú tomas las decisiones. Piénsalas bien para hacer felices a tus ciudadanos”. Así se presentaba 'SimCity', uno de los videojuegos de simulación más exitosos que nació hace tres décadas para poner al jugador en la piel de un alcalde con una única misión: crear una ciudad desde cero. En 'SimCity' no había opción de perder, ni de ganar. Cada cual podía hacer lo que quisiera con su ciudad. El suelo era un lienzo en blanco, según reza hoy El Confidencial.

Para diseñar este famoso videojuego que aún sigue vendiendo, Will Right, su creador, se inspiró en algo tan simple como la realidad urbanística. Todas las ciudades han vivido su 'SimCity' particular y cada una se ha desarrollado con unas características y un ritmo único. Hace unos días, en El Confidencial recopilamos y analizamos los datos del catastro para conocer la historia de 50 capitales de provincia a través de la edad de sus cimientos. Esta vez visualizamos los usos de sus edificios en busca de su cara más social: cómo viven sus habitantes.

El peso de la industria

Aunque a rasgos generales las ciudades españolas destinan más del 80% de su suelo a la vivienda, los edificios industriales han tenido un fuerte peso en la historia urbanística del país. Por eso, sigue habiendo más polígonos que oficinas o servicios. Huesca es el mayor ejemplo; casi un tercio de las construcciones (1.734) son polígonos industriales y solo el 54% de los edificios son hogares. Es el porcentaje de suelo industrial más alto de España.
Lo mismo ocurre en otras urbes afectadas por la despoblación como Cuenca, Pontevedra, Teruel, Logroño o Huelva. Mientras, las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, debido a su mayor desarrollo económico, ya no se apoyan en la industria como la mayor fuente de ingresos. De hecho, estas dos grandes ciudades concentran la mayor proporción de oficinas de España (1,9%).
¿Por qué hay una evolución tan dispar entre el tándem Madrid-Barcelona y el resto de capitales de provincia? La explicación se encuentra 150 años atrás, en la era de la industrialización. Como los habitantes de las ciudades más pequeñas emigraron a Madrid y Barcelona en busca de un empleo mejor, ambas capitales pudieron acumular mucha mano de obra en muy poco tiempo, consolidando una economía fuerte que dio a luz a otros sectores como los servicios o las finanzas, de los que viven actualmente. En las ciudades pequeñas, sin embargo, la falta de alternativas económicas llevó a mantener la industria como proveedora de actividad y empleo.
“La especialización temprana trajo muchas ventajas en el cambio económico, pero también una cara oscura: donde hay más actividad y recursos también se genera una mayor demanda de empleos con remuneración baja”, explica el sociólogo Sergio Torrejón. “Por eso, la polarización del empleo -distancia entre altas y bajas remuneraciones- es mucho mayor en los grandes núcleos urbanos”.

La Castellana, oficinas rodeadas de viviendas

Esto no quiere decir que en Madrid y en Barcelona no haya industria, sino que se desplazó a la periferia cuando dejó de ser un sector prioritario para la ciudad. Un buen ejemplo es el madrileño polígono Marconi o la zona del puerto de Barcelona, que aglutinan decenas de edificios industriales mientras priorizan el sector terciario -comercio y turismo- y el financiero en su centro neurálgico.
“Barcelona ha sido históricamente una ciudad meramente industrial pero fue deslocalizando la industria a la periferia poco a poco. Otras capitales como Málaga o Sevilla, que siguen teniendo un gran peso de la industria, están teniendo un proceso mucho menos maduro”, explica Sergio Porcel, del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona.

Planificación o desorden: Murcia VS Albacete

Observando el mapa con detenimiento se puede ver la importancia que se ha dado a la planificación urbana en unas ciudades y otras. En Murcia, por ejemplo, el crecimiento ha sido más espontáneo que dirigido por el ayuntamiento: “Es una ciudad totalmente desordenada. La huerta, que está alrededor de la ciudad, está completamente llena de viviendas pequeñitas, familiares, porque no se reguló en su momento: nadie se preocupó de conservar el paisaje y no hacer una ciudad disgregada, lo que genera problemas de movilidad”, explica Iñaki Romero, urbanista del estudio Paisaje Transversal.
Albacete estaría en el lado opuesto, con un polígono bien planeado (el Parque empresarial Campollano) a las afueras de la ciudad y un centro monopolizado por viviendas y servicios públicos muy distribuidos por los distintos barrios. Los edificios públicos, por su parte, suelen estar en el centro por dos razones: la primera y más evidente para ser accesibles a la ciudadanía, pero también porque es donde más construcciones históricas hay, que suelen ser de propiedad municipal o estatal.
“En los años 60 se puso de moda separar las funciones de la ciudad para hacerla más eficiente, igual que en una casa separamos las estancias”, continúa Romero. “Por eso, en cuanto nos alejamos del centro de las ciudades los usos empiezan a separarse mucho. En Madrid, si te vas hacia la A-2, industrias y oficinas están pegadas a las carreteras pero las residencias no, porque nadie quiere vivir cerca de las carreteras”, añade Romero.
También en Toledo, la zona de polígonos queda bastante alejada de la ciudad pero dividida tan solo por una carretera de las urbanizaciones construidas en la última década. Soria, sin embargo, tiene una tendencia distinta: casi no hay línea de separación entre el oeste de la ciudad y la zona industrial.

Castellón: la picaresca española

Castellón es una de las ciudades con una planificación más curiosa, aunque en esta ocasión más que el diseño urbano lo que ha entrado en juego es algo tan español como la picaresca. Si vemos el mapa, el núcleo urbano está conectado con el puerto por un eje industrial y toda una constelación de terrenos agrícolas… que no lo son. “Si te fijas, muchas tienen piscinas, así que seguramente son antiguos huertos donde ahora se han construido chalets pero que no se han registrado en el catastro como tales”, explica Romero.
“En todas las ciudades pasa lo mismo: en verano sus habitantes quieren salir de la ciudad, por lo que muchos se compraron un trozo de campo a las afueras”, añade. “Pero luego, cuando los hijos han heredado la huerta del abuelo, han ido haciendo casas de veraneo sin cambiar el uso ni ha habido un control municipal, por lo que sigue apareciendo como agrícola”.

Centro polivalente, ensanches monotemáticos

La planificación urbanística influye directamente sobre la vida de sus habitantes. Cuanto más crezca el comercio en una calle, más aumentarán sus alquileres. Cuanto más se apueste por las zonas verdes, más vida habrá a su alrededor. De la misma forma, el uso que se haga de los edificios acabará por moldear la ciudad y en esto tiene mucho que ver el tipo de economía.
“El desarrollo de las economías capitalistas tiene lugar, entre otros factores, por la vía de consumo. Esto no solo afecta a escala económica, sino también a la creación de espacio social”, detalla el sociólogo Manuel Mejías. “Interactuamos en base al comercio y nuestras relaciones se mercantilizan a un mayor ritmo, lo que modifica el paisaje social en las ciudades”.
Y como las oficinas se sitúan en el centro para estar bien comunicadas con la ciudadanía, que debe ir cada día a trabajar a ellas, los comercios se han situado también en estas zonas para aprovechar el tránsito. Madrid es un caso muy particular ya que no solo tiene una alta densidad de oficinas en el centro sino que ha construido barrios específicamente destinados a este propósito, como el eje de la Castellana, Las Tablas o el polígono de Suances.

Metodología

Para la elaboración de este mapa, se ha utilizado el 'plugin' de Qgis Spanish Inspire Catastral Downloader, que permite descargar en formato .gml los datos catastrales según Inspire de España directamente de la base de datos de la Dirección General de Catastro. Esta base cubre, a nivel municipal, la Península y las islas, a excepción del País Vasco y Navarra, que tienen sus competencias transferidas. Es por esta razón por la que no aparecen pintados en el mapa.

El cambio en el seguro del coche y la ITV que afectaría a todos los vehículos de España

MADRID.- ¿Tienes el seguro en regla pero aún no has pasado la ITV? Esto podría acabarse muy pronto, ya que el director gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), Guillermo Magaz, ha defendido que se exija para la renovación del seguro de automóvil que el vehículo tenga en vigor la ITV.

El directivo ha resaltado que esta medida serviría para mejorar la seguridad vial, logrando que los vehículos que circulan por las carreteras españolas estén en perfecto estado, al tiempo que también permitiría luchar contra el «elevado» absentismo existente en el paso de los vehículos por las ITV.
Magaz recordó que actualmente hay unos seis millones de vehículos que circulan sin tener la ITV en vigor, sobre un parque total de alrededor de 33 millones de unidades. Además, enfatizó que el segmento de las furgonetas registra una tasa de absentismo de esta inspección del 40%.
En esta línea, indicó que, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), las furgonetas sin la ITV vigente están implicados en uno de cada diez accidentes con víctimas mortales. En el caso de los ciclomotores, el 58% no tiene la ITV superada, con una tasa de accidentalidad con víctimas mortales del 7%.

Los bancos españoles no darán el paso de cobrar por los depósitos

MADRID.- Los bancos españoles no darán el paso de cobrar por los depósitos de los clientes minoristas, pese al escenario de tipos de interés negativos consecuencia de la política ultraexpansiva del Banco Central Europeo (BCE), y asumirán en sus debilitadas cuentas el diferencial.
Aunque ya cobran a clientes institucionales y corporativos, las entidades financieras españolas han descartado cargar a los depositantes minoristas, opción que sí aplicarán algunas firmas europeas como la italiana Unicredit y las danesas Jyske Bank y SpardNord Bank, siempre para cantidades superiores a los 100.000 euros y para nuevos clientes.

A mediados de noviembre, un banco cooperativo alemán, el Volksbank Raiffeisenbank Fuerstenfeldbruck, cerca de Múnich, anunció que va a cobrar a sus nuevos clientes por sus depósitos a partir del primer euro, aunque no cargará costes a los antiguos.

La decisión del Banco Central Europeo (BCE) el pasado septiembre de elevar al 0,5 % lo que cobra a las entidades por los excesos de reservas que depositan en el organismo contribuyó a extender la idea entre los analistas de que el escenario de tipos negativos se mantendrá, al menos, por otros cinco o seis años.

Este escenario de tipos de interés nulos o negativos, que comenzó hace cinco años y podría prolongarse por otros tantos -según el consenso del mercado- es similar a la situación vivida en Japón hace más de dos décadas y tampoco allí las entidades financieras trasladaron a los clientes minoristas los tipos negativos.

Algunos expertos advierten de los efectos secundarios de esta política monetaria tan laxa, que no produce el impacto deseado en la inflación y el crecimiento, y que además lesiona la maltrecha rentabilidad de los bancos.

En este sentido, el portavoz de la Asociación España de la Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, ha considerado fundamental desarrollar acciones que "liberen la política monetaria de su elevado protagonismo y de las medidas más distorsionadoras aplicadas durante la crisis, como son los tipos negativos".

Entiende, además, que las entidades financieras son la barrera que está impidiendo que los tipos oficiales negativos se trasladen a las familias.

Entre los bancos españoles, la entidad más a favor de esta opción fue el Banco Sabadell, cuyo consejero delegado, Jaime Guardiola, aseguró que es "inevitable" pensar en cargar ese coste, cuyo ritmo y alcance lo marcará la competencia.

Desde el Banco Santander, su "número dos", José Antonio Álvarez, negó que la entidad vaya a trasladar este coste a los minoristas, aunque dejó la puerta abierta a hacerlo para grandes clientes.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, fue muy tajante, diciendo que en ningún caso cobrarán a sus clientes particulares. Igual de contundentes fueron el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, y la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, que no se plantean cobrar a los particulares por sus depósitos.

Juan Abellán director del máster online en Banca y Finanzas del IEB, cree que la banca comercial no aplicará este coste a los minoristas porque sería "muy impopular" y cree que el ahorrador español tendrá que buscar oportunidades en renta variable y en fondos de inversión.

El economista jefe de Intermoney, Francisco Vidal, también cree "improbable" que los bancos cobren por los depósitos aunque alerta de que si los tipos se mantienen en negativo por mucho tiempo "será difícil que no lo repercutan".

El profesor de economía financiera de la Universidad San Pablo CEU Miguel Córdoba defiende un cambio en la política monetaria del BCE, porque "ya no tiene recorrido" y dice que le extrañaría que 2020 acabe con los tipos en negativo.

Pese a este escenario de nula retribución del ahorro, que continuará en los próximos años, el dinero minorista no ha salido desde los depósitos hacia otros activos más rentables, más bien al contrario.

En el último año los depósitos aumentaron en 37.000 millones, mientras que el patrimonio de los fondos de inversión -que venía creciendo de forma ininterrumpida desde 2012, en el punto álgido de la crisis- registró en 2018 un descenso de unos 4.000 millones.

El peaje de la autopista Cartagena-Vera no subirá un 0,84% a partir del 1 de enero

MADRID.- El precio medio del peaje de las autopistas que conforman la red estatal subirá un 0,84% a partir del próximo 1 de enero de 2020, según informaron fuentes del sector.

La subida se aplicará en todas las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, salvo en las nueve que fueron 'rescatadas' por el Estado al quebrar durante la crisis y que actualmente gestiona el Ministerio de Fomento.
Seittsa, la firma pública que explota estas vías lo hace a través de un contrato que no es de concesión, por lo que no se les aplica la subida fijada para contratos concesionales, según explicaron fuentes de Fomento.
Estas nueve autopistas, que suman unos 700 kilómetros, son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 que une la capital y el aeropuerto, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda y los tramos de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de Alicante.
La subida para 2020 tampoco se aplicará a otras dos autopistas, las que con el fin de año terminan su contrato de concesión, vuelven al Estado y suprimen el cobro de peaje.
Se trata del tramo de la AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante, y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, ambas actualmente gestionadas en concesión por Abertis. Ambas siguen a la AP-1 Burgos-Armiñón, que en diciembre de 2018 se convirtió en la primera vía de pago en culminar su contrato de concesión, desmantelar las barreras de peaje y revertir al Estado.
La subida media de los peajes para 2020 se aplica no obstante al grueso de la red estatal, esto es, en un total de 1.270 kilómetros de vías de pago.

Tres años de subidas

Se trata de un incremento inferior al del 1,67% y el 1,91% que, respectivamente, se aplicaron en 2019 y 2018. No obstante, supone encadenar tres ejercicios de subidas tras los descensos registrados en 2016 y 2017.
La actualización del precio medio del peaje de las autopistas es fruto de una fórmula de revisión automática anual que el sector pactó con el Gobierno en 2002.
Esta fórmula tiene entre sus principales variables el IPC medio entre los meses de octubre de un año y del siguiente que, posteriormente, se pondera en función de la evolución de los tráficos.
La nueva actualización anual de los peajes tendrá lugar en pleno debate sobre la necesidad de garantizar el mantenimiento y la viabilidad de la red de autopistas y autovías del Estado, que conlleva sopesar la eventual articulación de un peaje por el uso de las autovías.
El debate está actualmente en suspenso ante la situación de interinidad del Gobierno, toda vez que la última Legislatura concluyó antes de que se constituyera la Comisión del Congreso de los Diputados que iba a encargarse de abordarlo.
Por el momento, la subida de 2020 se registrará en tanto la red de autopistas estatales encadenará en 2019 un sexto año consecutivo de crecimiento de sus tráficos.A cierre del pasado mes de septiembre, las vías de pago contabilizan una media de 21.012 usuarios al día, un 4,8% más que un año antes.

La economía verde ha generado 500.000 empleos, que se triplicarán en 10 años

MADRID.- La economía verde es responsable de medio millón de empleos en España en la actualidad, que representan el 2,5 % de la ocupación, una cifra que se puede triplicar en los próximos diez años si se acometen las inversiones suficientes que requiere la lucha contra el cambio climático.

El director para España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Joaquín Nieto, asegura que "en la próxima década la creación de empleo verde será muy sostenida" y que se multiplicarán las inversiones, superando las previsiones del Plan Nacional de Energía y Clima que contempla 236.000 millones de euros hasta 2030.

En su conjunto, añade, se generarán al menos medio millón de empleos hasta 2030 en España, ya que a los puestos de trabajo que creará la generación y distribución de energías renovables se sumarán los de otros sectores sobre los que ejerce de locomotora, como el transporte, la edificación o la agroalimentación.

No obstante, teniendo en cuenta también la economía circular y siempre que se adopte en la Unión Europea el "Green New Deal", un programa para la transición hacia una economía de cero emisiones, el "efecto palanca en la generación de empleo elevaría al millón los puestos de trabajo creados en los próximos diez años".

Nieto resalta que "España ha tomado a tiempo la transición energética, esta vez puede no perder el proceso de modernización productiva" y valora los planes de transición energética y climática y la estrategia de transición justa dirigida a los trabajadores que ha elaborado el Gobierno.

"España tiene que hacer a la vez cuatro procesos: adaptación digital, transición energética con criterios de transición justa, la recuperación social y la igualdad, en particular la de género", y todo ello propiciando que se beneficien de estos cambios todos las regiones, lo que podría dar soluciones a "la España vaciada".

El éxito de este proceso dependerá, por un lado, de si se avanza hacia la generación energética distribuida y el autoconsumo, que serán "una fuente de creación de empleos", porque desarrollar una red de instalaciones dispersa conllevará servicios de instalación y mantenimiento, explica Nieto.

Por otro lado, la industria del automóvil está llamada a una reconversión y reorientación hacia el vehículo eléctrico y el autónomo, si bien, señala Nieto, dependerá de si las empresas automovilísticas que tienen sus plantas en España apuestan por desarrollar esta tecnología en ellas.

A nivel mundial, los datos son más ambiciosos, ya que la OIT prevé la generación de 18 millones de empleos netos en el horizonte de 2030, tal y como recoge en su informe sobre "El papel de los trabajadores y los empleadores frente al empleo en una economía verde".

En los próximos diez años, la OIT prevé la aparición de 24 millones de puestos de trabajo nuevos y la desaparición de otros 6 millones de los actuales, al tiempo que se producirá una redistribución de la ocupación entre sectores.

De los 163 sectores económicos analizados, únicamente se destruirá más de un millón de empleos en dos de ellos: el refino y la extracción de petróleo (unos tres millones en su conjunto). No obstante, en otros catorce se observa una pérdida de empleo superior a los 10.000 puestos de trabajo.

Esta transición entre empleos que se quedarán obsoletos hacia otros más "verdes" requerirá de la implementación de un sistema de protección por desempleo que sea "lo suficientemente protector y ágil para atender situaciones de desempleos transicionales rápidas", deja claro el representante en España de la OIT.

Añade que quizás sea necesario poner en marcha políticas de ingreso mínimo o básico, porque el objetivo será "acompañar a estas personas, con formación y protección social, para que a nadie le falte un ingreso, una atención sanitaria, una educación para sus hijos y formación permanente a lo largo de toda su vida".

En este sentido, el secretario de Medio Ambiente de CCOO, Mariano Sanz, coincide en que medidas de protección social, como prestaciones por desempleo o prejubilaciones, son necesarias para aquellas personas que no tengan posibilidades de recolocación, al tiempo que reclama reforzar la negociación colectiva.

"No podemos dejar a nadie atrás y es necesario un plan B", exige la secretaria de Salud Laboral y Medioambiente de UGT, Ana García de la Torre, ya que lo contrario "generará desigualdades" y, por ello, ve necesaria una formación cualificada no sólo para los afectados de forma directa sino también para la industria auxiliar.

Con este planteamiento sindical coincide la patronal, que defiende intensificar la formación, lo que incidirá en una "mejora de la productividad, la competitividad y la fidelización del talento".

Asimismo, explica la directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE, Rosa Santos, es necesario reforzar la negociación colectiva, porque es "la herramienta idónea para la implementación de procesos de transición justa".

Se calcula que en España hay 31.000 personas sin hogar y 8.000 "duermen de manera estable en las calles

MADRID.- Cientos de madrileños se han puesto este sábado en la piel de una persona sin hogar para dormir a la intemperie dentro de la primera "Gran dormida mundial" que se ha celebrado en Madrid y ha tenido lugar también en otras 50 ciudades del mundo, entre ellas Nueva York, Chicago, Londres, Edimburgo, Nueva Delhi, Brisbane, Dublín, Manchester, Bruselas, Oslo y Santiago de Chile, con la que se ha buscado concienciar a los ciudadanos de las dificultades de los sintecho.  

El objetivo de# este evento es recaudar 50 millones de dólares (45,4 millones de euros) para ayudar a los sintecho y los refugiados. La iniciativa ha recaudado hasta el momento cerca de 60.000 euros. Esta iniciativa, que ha tenido lugar por primera vez en España impulsada por HOGAR SÍ, destinará todo lo recaudado a proyectos para personas en situación de sinhogarismo y personas desplazadas y refugiadas. Para seguir contribuyendo a la causa y hacer posible erradicar esta situación, la web lanochesinhogar.org permanecerá activa hasta principios del próximo año.
"Vamos a vivir una mínima parte de lo que sienten en su día a día las personas sin hogar", ha explicado María, una joven estudiante de 21 años que "viene concienciada" desde casa, ya que los domingos por la mañana ayuda a los indigentes.
Unas 2.000 personas cargadas con esterillas, sacos de dormir o dobles capas de ropa se han sumado en Madrid a este proyecto, que en España ha organizado la Fundación Hogar Sí bajo el lema 'La noche sin hogar' en Matadero Madrid, y que ha contado con la actuación solidaria de artistas como Andrés Suárez, Marlon, Marlango, Despistaos, Maika Makovski, Depedro, Neuman, La La Love You, Isma Romero o Soledad Vélez. 
Precisamente, uno de ellos, Depedro, ha hecho un llamamiento a la sociedad: "Que mire a su alrededor para ver las necesidades de las personas que tenemos cerca". "Es muy duro darte cuenta de que necesitamos hablar de un derecho fundamental, tener un techo para dar calor a tu familia", ha recalcado.
Desde Alicante ha llegado el matrimonio formado por Javier y Alicia. "Menos luces de Navidad y consumismo", ha clamado esta pareja como propuesta para solucionar "problemas básicos" como el que este sábado se ha querido visibilizar.
Alicia contrasta el caso de España con el de Escocia, un país que empezó hace 20 años a tomar medidas para combatir este problema social con un reparto mas equitativo de la riqueza.
Jesús, un portero de un edificio céntrico de la capital, comparte esa opinión y considera "penoso" que en nuestro país todavía haya gente que no tiene hogar. "No es justo y es una desgracia", ha enfatizado con su saco de dormir a la espalda.
Se trata de que los participantes "sepan cómo se vive en la calle y puedan concienciar a sus familias y amigos para crear una comunidad" que reclame el acceso a una vivienda digna en todo el mundo, según ha explicado Juan Manuel Caballol, coordinador del programa Habitat de esta ONG.
Según las previsiones, la mitad del dinero recaudado en esta acción se destinará a programas dirigidos a personas sin hogar, como el "Vivienda primero" (Housing First, en inglés), mientras que el otro 50% será para ayudar a los refugiados. 

Aumentan los sintecho en España

Caballol calcula que en España hay 31.000 personas sin hogar y 8.000 "duermen de manera estable en las calles" y no acude a los "sitios en los que pregunta el Instituto Nacional de Estadística (INE)".
Los últimos datos del INE indican que las personas sintecho acogidas en centros han aumentado casi un 10% en dos años y ya son 18.000.
El responsable de Hogar sí, que destaca que el sinhogarismo ha aumentado en toda Europa "excepto en los países que toman decisiones correctas", cifra en un 5% el crecimiento de los sintecho en España.
Sin embargo, por el momento no relaciona este aumento con la crisis económica, pero sí vaticina que su efecto se notará "en un futuro cercano".
Insiste en que el proceso para convertirse en una persona sinhogar requiere un período largo de tiempo y niega haya un "perfil concreto".
"Le puede pasar casi a cualquiera en cuanto a edad, género o condición social", afirma Caballol, que añade: "Hay cosas que nos protegen de quedarnos sin hogar", entre ellas, la economía personal de cada uno y la red de relaciones que "en un momento de dificultad pueden ayudar".
En este sentido, recuerda que, en los casos de desahucio, cuando los afectados han tenido una red familiar y una casa en la que refugiarse, "han podido aguantar el embate de la crisis", mientras que a los que les faltan estas redes "son los que han caído en la calle".
Según sus datos, los sintecho —un 20% mujeres, frente al 80% de hombres— tienen normalmente una esperanza de vida 20 años menor que la población en general.

Sistema de integración exitoso

Así, frente al tradicional "sistema en escalera" -que ofrece techo temporal y comida y "que, lejos de solucionar el problema, lo cronifica"-, Hogar Sí apuesta por el sistema "Vivienda primero", que desarrolla en España desde 2014, tras ser probado con éxito a nivel internacional.
En este sistema que facilita un hogar a los sintecho, el 95% de los participantes permanece dos años después, según las evaluaciones realizadas, "reduce la victimización y el sufrimientode delitos de odio desciende casi a cero".
Además, José Manuel Caballol destaca la "significativa recuperación de las relaciones familiares y la mejora la salud, principalmente relacionada con problemas de sueño y depresión", que experimentan los sintecho con este programa.
Disponer de un hogar les permite "tener un proyecto sobre su propia vida y decidir sobre ella", explica el responsable del programa.
Los beneficiarios son visitados semanalmente por un equipo de profesionales que les ayudan en los objetivos que se han propuesto y, en el caso de que tengan adicciones, no se les sugieren que las abandonen. Simplemente se "espera pacientemente y se les confronta con las consecuencias que ese problema puede tener para ellos, para que tomen la decisión", concluye Caballol.
Un problema complicado pero del que se puede salir, como explica Diego, uno de los asistentes al evento de Madrid, que abandonó las calles gracias a la ayuda de una entidad.
"Es muy duro y un problema muy grande. No he dormido en la calle por gusto. Necesitas alguien que te comprenda y te ayude", ha dicho con su saco de dormir sobre la espalda.

"Coloquios alternativos para tiempos inciertos", mañana lunes en el Club 'Atalaya Ateneo' de Cieza a las 19.30 horas


CIEZA.- El Club Atalaya Ateneo de Cieza ha programado, para mañana lunes día 9 de diciembre, a las 19,30 horas calle Pablo Iglesias, 53 y, dentro de su ciclo de "Coloquios alternativos para tiempos inciertos", un encuentro sobre 'La Alemania de Weimar y la Europa de Entreguerras (1919-1939: reflejos de actualidad', en el que se tratará la trascendencia multifacética (sociedad, cultura, política) de esos años, poniendo el acento en sus reflejos y las lecturas posibles de actualidad, tanto en el ámbito alemán como en el europeo (con especial alusión a España).

Participan el catedrático emérito de la UMU, Francisco Jarauta; el sociólogo, activista ambiental y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Pedro Costa Morata, y Alejandro García, historiador y profesor de la UMU. Habrá un coloquio posterior

Cien años después, la Alemania regida por la Constitución de Weimar (1919) sigue suscitando interés, polémica y también asombro, debido a que el periodo histórico que protagonizó, tras ser derrotada en la Primera Guerra Mundial, concentró tensiones y esperanzas, actitudes y espejismos que, en mezcla nunca bien distinguible, llevó fatalmente al ascenso del nazismo y a la Segunda Guerra Mundial.

Fallece el franciscano Víctor Sánchez Gil, fundador de la revista 'Carthaginensia' y ex director del ITM


MURCIA.- El franciscano y profesor Francisco Víctor Sánchez Gil, que fuera director-fundador la revista Carthaginensia y del Instituto Teológico de Murcia (ITM), ha fallecido este domingo festividad de la Inmaculada Concepción, tras una vida intensa y extensa en el ámbito de la investigación, docencia y publicaciones, amén de director de relevantes proyectos e instituciones al servicio de la Orden y de su Provincia franciscana de Cartagena.

Su entierro tendrá lugar mañana lunes 9 de diciembre, en la Iglesia de La Merced a las 10:30 horas. El funeral del Instituto Teológico de Murcia tendrá lugar el lunes 16 de diciembre a las 20:00, también en la Iglesia de La Merced.
"Nuestra Madre Inmaculada lo ha cogido de su mano para llevarlo al Padre Celestial", han escrito desde el lnstituto Teológico de Murcia en redes sociales poco después de fallecer.
Hace algo más de tres años, la Junta de Gobierno de la revista Carthaginensia y la Dirección del Instituto Teológico de Murcia OFM aprobaron dedicar todo el volumen del año 2015 a su primer Director, el profesor P. Francisco Víctor Sánchez Gil, con ocasión, además, de sus cincuenta años de vida académica en los Centros y Facultades de Estudios que el profesor P. Riquelme Oliva indica en su Biobibliografía.
Como Director de Carthaginensia y, sobre todo, de las dos revistas de Historia de la Orden Franciscana más importantes, como son la nombrada Archivo Iberoamericano y Archivum Franciscanum Historicum, un numeroso grupo de profesores e investigadores, colaboradores de dichas revistas o profesores en los Centros donde el profesor Sánchez Gil ha impartido clase, escribieron interesantes artículos agrupados en tres grandes secciones: Historia de la Iglesia, Historia de la Teología y Franciscanismo. 
Tres temas que el profesor Sánchez Gil ha cultivado a lo largo de su vida científica. En todos ellos se incide tanto en la memoria histórica de la Iglesia y de la Orden y la reflexión actual donde dicha memoria actúa como camino a seguir para servir con fidelidad al Evangelio, que encarnó San Francisco de Asís.
Posteriormente, el lunes 28 de noviembre de 2016, el Instituto Teológico de Murcia OFM se vestía de gala para celebrar el homenaje al profesor franciscano hoy desaparecido. Profesor de Historia de la Iglesia y ex Director del ITM y primer director de la revista de investigación Carhaginensia.
Con tal motivo se contó con la presencia del cardenal Claudio Hummes, franciscano y Prefecto emérito de la Congregación para el Clero, que realizó la laudatio del homenajeado. 
Acompañaron también en este acto el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, el Secretario de Formación y Estudios de la Orden Franciscana, Fr. Cesare Vaiani ofm, y el Vicario Provincial de la Provincia de La Inmaculada Concepción, Fr. José María Sainz Jiménez ofm, con sede en Madrid.
El acto concluyó con un toque musical a cargo de Fátima García Celdrán que fue acompañada por José Daniel Montañes.

 

Libros

Juan Bautista Vilar Ramírez (ed. lit.), Víctor Sánchez Gil (ed. lit.), María José Vilar (ed. lit.)
Universidad de Murcia, Edit.um Ediciones de la Universidad de Murcia, 2008. ISBN 978-84-8371-862-9
Ha sido reseñado en:

Colaboraciones en obras colectivas

La era de los extremos climáticos ya está aquí... y nada está preparado

BARCELONA.- La era de los extremos climáticos ya está aquí. En los últimos 20 años, 12.000 fenómenos meteorológicos extremos han dejado su rastro en prácticamente todos los rincones del planeta. Lluvias torrenciales, huracanes, inundaciones, olas de calor y sequías se han cobrado la vida de 495.000 personas y han dejado a su paso unas pérdidas de 3,54 billones de dólares, según los datos del Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch, se recuerda hoy en El Periódico.

 ¿Pero es la crisis climática responsable de estos fenómenos? La respuesta es más complicada de lo que, a priori, podría parecer. Científicamente no sería correcto atribuir un evento meteorológico concreto, como el caso de una tempestad o una gota fría, al estado de emergencia climática. 
Pero, a falta de estadísticas a largo plazo que confirmen esta relación, los expertos recuerdan que la crisis climática está relacionada con el aumento de la frecuencia y la intensidad de este tipo de sucesos. Esta es la cara más visible de una 'era de los extremos climáticos' que en los últimos años ha dejado innumerables daños tanto humanos como materiales en todo el planeta.
Los últimos episodios de gota fría, también conocidos por las siglas de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que han afectado a la península Ibérica este último año. La lluvia torrencial que provocó la crecida del río Francolí, en Tarragona. Las inundaciones de Sant Llorenç, en Mallorca. Los intensos aguaceros vividos este otoño, los más abundantes de los que se tiene constancia en el último medio siglo. La ola de calor que este verano ha ahogado una Península ya en riesgo de desertificación dejando récords de temperatura históricos. Todos ellos escenifican estos extremos. 
Pero, aun así, ninguno de estos puede atribuirse directamente a la alteración del clima causada por la acción humana. "Los modelos que utilizamos para estudiar el clima muestran que en un escenario de cambio climático estaremos más expuestos a este tipo de fenómenos. No podemos hacer extrapolaciones directas, pero sí confiar en estos patrones", argumenta José Manuel Gutiérrez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Física de Cantabria.

A falta de confirmación, pruebas

Gutiérrez explica que este tipo de estudios de atribución empezaron hace relativamente poco y aún hacen falta más investigaciones para hablar de manera más contundente. Una cosa son los fenómenos meteorológicos concretos (tormentas, tornados, huracanes, heladas, granizos o nieve, por ejemplo) y una muy diferente el clima (los valores promedio recogidos durante largos periodos de tiempo). 
"Por ahora se han estudiado algunos eventos a nivel individual. Pero necesitamos más tiempo y datos para extraer conclusiones más robustas a nivel global", comenta el experto en meteorología, quien pronostica que los datos más concluyentes hasta la fecha llegarán de la mano del próximo informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático del 2021.
A falta de confirmación oficial, la relación entre la crisis climática y los fenómenos meteorológicos extremos tendría una explicación física más que evidente. Rubén Sousse, físico dedicado al estudio de la atmósfera en la Universidad de Bremen (Alemania), apunta a que la demostración no es otra que el ciclo del agua. La emisión de gases contaminantes genera el ya conocido efecto invernadero, responsable del calentamiento global. 
Esto, a su vez, provoca que los océanos reaccionen a la subida de las temperaturas con una mayor evaporación de agua. Y este proceso es el que, a grosso modo, estaría alimentando unos fenómenos atmosféricos cada vez más frecuentes y extremos. Y no es que llueva más o menos que antes. Sino que los niveles de precipitaciones que antiguamente caían repartidas a lo largo de un año entero se concentran ahora en unos pocos episodios. 
"Para que nos entendamos, es como si estuviéramos echándole más leña al fuego", comenta Sousse.

Un año catastrófico

"Las olas de calor y las inundaciones que solían producirse una vez cada 100 años son cada vez más frecuentes", recalca el último informe de la Organización Meteorológica Mundial (WMO), presentado por Petteri Taalas, secretario de la institución, durante la COP25. Los efectos de las precipitaciones irregulares ya dejan su huella a escala global. Mientras en un parte del mundo se producen tormentas, huracanes e inundaciones; en otra predominan las sequías. Muestra de ello, los datos de este último año. 
Visto en perspectiva, el 2019 cierra la década con las temperaturas más altas desde que se tiene registro. En estos últimos 365 días, las intensas precipitaciones han azotado con especial fuerza a la parte central de los Estados Unidos de América, la zona septentrional del Canadá, el norte de Rusia y la zona de Asia Suroccidental. 
Hasta la fecha, en el hemisferio norte se han producido 66 ciclones tropicales, una cifra notablemente superior al promedio de 56 que suelen formarse hasta esta época del año.
Paralelamente, las sequías extremas afectaron muchas partes del sureste asiático y el suroeste del Pacífico y las olas de calor se cebaron con Europa. Francia alcanzó un nuevo récord nacional de temperatura máxima de 46,0 °C (1,9 °C por encima del máximo anterior). Australia también vivió la temperatura media más elevada jamás registrada. Esto, a su vez, contribuyó a una temporada de incendios que superó los registros medios en lugares como Siberia y Alaska. 
Las condiciones de sequía en Indonesia y los países vecinos dieron pie a la temporada de incendios más devastadora desde 2015. América del Sur, uno de los territorios que  más perjudicado por los extremos de la crisis climática, ha vivido en el último año tanto graves inundaciones en el norte de la Argentina, el Uruguay y el sur del Brasil como devastadores incendios en el Amazonas, Bolivia y Venezuela.

Consecuencias extremas

La otra cara de la 'era de los extremos climáticos' es la huella que dejan en la vida de las personas. "Los eventos meteorológicos extremos son aquellos que dejan efectos extremos en la sociedad", recuerda Gutiérrez, experto en meteorología y datos. Y es que, aunque muchos relacionen la crisis climática solo con el desolador rastro de los huracanes, el Mediterráneo será una de las zonas más afectadas por la crisis climática. 
"Todo apunta a que en esta zona las temperaturas seguirán subiendo y que, por lo tanto, las sequías se incrementarán. Un 75% de la península Ibérica es susceptible de convertirse en una zona desértica. Esto tendrá efectos innegables en los recursos naturales del territorio, en las actividades que dependen de la naturaleza y en la población", destaca el investigador en referencia a los últimos informes publicados sobre la cuestión.
Inundaciones, tormentas y sequías están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los territorios más vulnerables del planeta. Un total de 35 millones de personas se encuentran en riesgo de hambruna por la crisis climática, de las cuales 17 millones son niños. 
LA WMO calcula que, entre enero y junio del 2019, más de diez millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de los daños que la crisis climática. 
Si la situación sigue como hasta ahora, los desplazamientos asociados a fenómenos meteorológicos extremos podrían triplicarse hasta alcanzar una cifra de aproximadamente 22 millones de personas a finales de 2019. Y esta es solo la punta del iceberg de una crisis medioambiental extrema que ya afecta a todo el planeta.

Las ciudades no están preparadas para la crisis climática

La crisis climática hará estragos en el Mediterráneo. Los expertos apuntan a que, al menos en Europa, esta será la zona más afectada por inundaciones, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos provocados por la acción del hombre sobre el medio ambiente. Aun así, las grandes ciudades del sur de Europa son las menos preparadas para hacer frente a lo que se avecina. 
El análisis más completo realizado hasta la fecha de los planes de acción climática de 885 ciudades europeas desvela que "las ciudades con altas tasas de desempleo, veranos más cálidos, próximas a la costa y, por lo tanto, con una mayor exposición a los impactos climáticos futuros, tienen significativamente menos planes de acción climática".
El estudio, liderado la Universidad de Twente (Países Bajos) en colaboración con 30 investigadores de diferentes instituciones, concluye que las zonas mejor preparadas para hacer frente a la crisis climática son las metrópolis de más de 500.000 habitantes y las localidades del norte del continente. 
Los datos sugieren que la mayoría de las ciudades europeas, concretamente un 66%, tienen un plan para mitigar los efectos de la crisis climática, ya sea autónomo o en sintonía con las políticas nacionales y/o europeas. 
Solo un 17% de las urbes europeas cuenta con un programa coordinado de adaptación y mitigación con el que hacer frente a los efectos de la emergencia climática. En el otro extremo, el 33% de carece de cualquier forma de programa independiente.

Pérdidas incalculables

Mientras, los eventos meteorológicos extremos van dejando rastro a su paso por el territorio. Por ejemplo, colapsando e inundando ciudades sin un alcantarillado adaptado. El Consorcio de Compensación de Seguro (CCS) estima que las últimas inundaciones vividas en España, que afectaron especialmente las regiones de Alicante y Murcia, provocaron unas pérdidas equivalentes a 445 millones de euros. 
Esta gota fría habría sido el segundo siniestro más caro en la historia reciente de España, después de las inundaciones del País Vasco de 1983. "Y esto solo es la punta del iceberg", asegura Pedro Tomey, director general de la Fundación Aon España. 
"Estas cifras solo reflejan la compensación económica de los elementos asegurados. Si tenemos en cuenta los daños humanos e inmateriales las pérdidas ocasionadas por la crisis climática serían incalculables", añade.
El rastro de los fenómenos meteorológicos extremos va mucho más allá de los daños que causa en el momento. "Estas catástrofes naturales también afectan al urbanismo, la producción agrícola, los recursos del territorio. Hay zonas que quedan totalmente devastadas después de una tormenta y la gente se ve obligada a reconstruir su vida o huir", argumenta Tomey. 
En España, explica, las catástrofes climáticas más amenazantes llegan en forma de inundaciones,  desertización y olas de calor cada vez más intensas y duraderas. "Y luego están los incendios, que también proliferan como una consecuencia indirecta del aumento de las temperaturas, el desgaste del suelo y la acción humana", recalca.

Epicentros del cambio

Los expertos sitúan a las ciudades como epicentros del cambio en la lucha contra la crisis climática. El 'pacto de los alcaldes por el Clima', por ejemplo, ya reúne a más de 9.000 autoridades locales y regionales. España a Italia destacan como los países con más número de alcaldes adheridos a este convenio. 
Los datos indican que el impulso de políticas públicas en un territorio no solo afecta a este, sino que incita a los de su alrededor a actuar en la misma línea. Muestra de ello, la proliferación de iniciativas alrededor de las metrópolis con planes más ambiciosos de transición ecológica.
"Es importante que las administraciones locales se comprometan con medidas en favor de la la sostenibilidad tanto ecológica como social como, por ejemplo, la limitación del tráfico para el control de las emisiones", argumenta Agustí Amorós, de la consultora AIS Group quien, en colaboración con el Observatorio de la Sostenibilidad, lanza un programa para que los ayuntamientos puedan medir su grado de cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
"Ahora mismo necesitamos ir más allá de las iniciativas puntuales y apostar por una acción conjunta para hacer frente a este problema global", recalca.

Informe Semanal - 'Salvar al Mar Menor' 07 dic 2019


MURCIA.- "Nos negamos a que sea un mar muerto porque nosotros estamos vivos y queremos que viva con nosotros". Celia Martínez, ingeniera agrónoma, es portavoz del Pacto por el Mar Menor, la plataforma ciudadana que lucha para salvar la mayor laguna salada de Europa: 17.000 hectáreas de agua separadas del Mediterráneo por los 24 kilómetros de La Manga. 

La aparición hace dos meses de tres toneladas de peces y crustáceos muertos en sus orillas evidenció una catástrofe que venía de lejos: primero fueron los vertidos de la minería, luego el urbanismo desaforado y ahora, la agricultura intensiva.
Un equipo de "Informe Semanal" de TVE ha viajado a la Comunidad murciana para ver sobre el terreno la asfixia del Mar Menor. 
Los expertos coinciden en que la actividad humana y su gestión del agua es la gran culpable de la agonía de la laguna. 
La catástrofe, además, puede tener consecuencias penales. La fiscalía investiga por un delito medioambiental a medio centenar de políticos, funcionarios, agricultores y empresarios, entre ellos, un expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y un exconsejero de Agricultura de la Comunidad Autónoma.


Casi 100 días para cobrar de una empresa privada en la Región

MADRID.- El periodo medio de pago entre empresas privadas (B2B) se establece en 89 días, doce días más de los 77 que registraban en 2016, y 29 días más de los 60 que establece la Ley de Morosidad. Si tenemos en cuenta el tamaño de la empresa podemos afirmar que son los autónomos sin trabajadores y las micropymes las que antes pagan a sus proveedores. Según va escalando el tamaño de empresa, va empeorando los periodos medios de pago, siendo nuevamente las grandes empresas las que más tardan en pagar las facturas pendientes (122 días de media).

Estos datos han sido elaborados con las respuestas de las encuestas realizadas a los socios y autónomos durante el último mes. Los autónomos en noviembre de 2019 han pagado sus deudas con otros autónomos en una media de 61 días de plazo, es decir, un día más tarde de lo que se establece como fecha máxima en la Ley de Morosidad.
Por primera vez incumplen los plazos máximos establecidos por la Ley de Morosidad, aunque son los que antes pagan ya que son los más conscientes de lo que supone un retraso en los cobros de factura con otro autónomos.
Las micropymes pagan sus facturas en 70 días. Las pymes o pequeñas empresas pagan de media en 76 días y a partir ahí es cuando se dispara la espera de las empresas para cobrar de otras empresas. Las medianas empresas tardan de media unos 116 días en pagar y las grandes 130 días, más de cuatro meses, cuando la Ley establece como máximo dos.
Si además comparamos la evolución con el mismo estudio de hace tres años podemos resaltar que la espera se ha incrementado de media en el pago entre empresas en casi dos semanas (12 días) y que sólo las grandes empresas han podido reducir en una semana la espera.
Son 8 días menos de media de espera ya que en 2016 pagaban a 130 días de media, pero eso no alivia la gran carga que supone que tarden actualmente cuatro meses en pagar las facturas a trabajos realizados para ellas por otras empresas, por regla general mucho más pequeñas y con menos poder de aguante ante los impagos.
En los últimos tres años, la que más ha incrementado el tiempo de espera de otras empresas y autónomos para cobrar sus facturas es la mediana empresa que ha sumado 22 díaS.
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA ha podido constatar también el periodo medio de pago entre empresas y por comunidad autónoma en virtud al estudio realizado a través de encuestas por el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA. Esta vez, sin distinguir entre el tamaño de las empresas.
Así, son las empresas de Extremadura las que más tardan, de media, en pagar a otras empresas y suman un retraso medio de 98 días, es decir, tres meses y una semana. Le sigue liderando esta lista de las que más tarde pagan a sus proveedores las empresas afincadas en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha con 97 días de media de espera y Murcia con 96.
Sin embargo las empresas afincadas en Canarias y Asturias son las que más han incrementado los periodos medios de pago en los últimos tres años, pasando de 68 a 89 días en el caso de C-LM y de 67 a 88 en el de Canarias en tres años. Ambas han sumado 21 días al periodo medio de pago, 21 días más tarde que en 2016 y pasando de estar muy cerca de cumplir la ley a pagar en tres meses las facturas a sus proveedores.
Las empresas de Navarra son las que antes pagan de media, aunque tardan 78 días, lo que incumple la Ley de Morosidad y las de Islas Baleares, que lo hacen en 79. Esta última comunidad autónoma paga sus facturas sólo dos días después que en 2016. La única comunidad autónoma cuyas empresas no han incrementado sus periodos medios de pago es Cataluña.
"Tanto en la administración pública, como hemos visto en anteriores informes, como desde las grandes empresas privadas se siguen incumpliendo los periodos de pago con los autónomos y empresas más pequeñas. Y si los autónomos y pequeños empresarios han incrementado unos días sus periodos medios de pago es por lo mal que ellos cobran de las administraciones y de las grandes empresas. La morosidad es uno de los principales problemas que sufren los autónomos y que frenan en seco su continuidad y consolidación. No nos vamos a cansar de pedir un régimen sancionador para aquellos que incumplan los plazos de pago estipulados por ley de manera sistemática y asidua", afirma Lorenzo Amor, presidente de ATA.
"Muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no poder soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos, adelantando recursos, materiales y esfuerzo. Para que los autónomos no sufran más deben recibir el pago de su trabajo en tiempo y forma", añade.

Imputada una funcionaria de la CARM por retirar la custodia a una madre alegando una enfermedad mental que no tiene

MURCIA.- Una técnico responsable de la Consejería de Familia y Política Social tendrá que declarar ante el juez el próximo 10 de diciembre en calidad de investigada (anterior figura del imputado) acusada de un supuesto delito de falsificación de documentos públicos por un informe emitido por ella que motivó la retirada de la tutela de un menor a su madre.
La alta funcionaria, P.S.J., declarará en el juzgado de instrucción nº 5 de Murcia por unos hechos que se remontan a octubre de 2011, cuando la Policía Local de Cieza detuvo al padre mientras conducía su coche de madrugada con el menor tras haber consumido una alta dosis de medicación.
La madre, María José, le había anunciado en esas fechas que iba a pedir el divorcio para acabar con la situación de malos tratos que estaba sufriendo y por la que en 2012 fue condenado.
Los agentes trataron de localizar a la mujer sin éxito, por lo que derivaron al niño a los servicios sociales y cuando María José acudió a la mañana siguiente a reclamarlo, le negaron esa posibilidad argumentando que debían estudiar la situación de su familia.
Solo una semana más tarde la técnico ahora investigada emitió un informe en el que declaraba el estado de "desamparo" del menor alegando que sus dos progenitores sufrían una "enfermedad mental".
Para Ramón Jiménez, abogado de María José, se cometió un delito de falsedad documental, puesto que la madre no fue en ningún momento sometida a examen médico ni psicológico, y la alta funcionaria no tenía información alguna para hacer ese diagnóstico.
De hecho, los exámenes posteriores a los que se ha sometido María José, tanto en el centro de salud mental de Cieza como a través de los psicólogos forenses de la Audiencia Provincial de Murcia son claros al señalar que la mujer "no padece enfermedad mental" ni "ningún tipo de patología mental o síntomas clínicos relevantes que puedan influir en su rol parental, así como tampoco ningún trastorno de la personalidad o de otra naturaleza incompatible con el cuidado de su hijo".
A pesar de ello, los servicios sociales nunca le devolvieron la tutela del menor, y en abril de 2013 perdió incluso el derecho a visitarle o comunicarse con él.
Actualmente el niño está tutelado por una familia en régimen de pre adopción.
Fuentes de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de Murcia han señalado que no pueden valorar este caso, puesto que se trata de una querella entre particulares (contra una funcionaria concreta y no contra la administración), aunque se han mostrado abiertos a colaborar con la justicia aportando toda la información que les sea requerida.
Para Jiménez, el caso es más flagrante aún si se tiene en cuenta que los mismos servicios sociales que le negaron estar capacitada para cuidar de su hijo le concedieron en mayo de 2013 la tutela de su hermano, un hombre de 30 años y con síndrome de Down que fue declarado incapacitado.
El abogado ha advertido de que el de María José no es un caso aislado: en los dos últimos años ha logrado que 38 menores que fueron declarados en desamparo regresen con sus familias biológicas, no solo en la Región de Murcia, sino en toda España.
Los problemas de salud mental, aún sin diagnóstico, son uno de los argumentos utilizados frecuentemente, junto con la culpabilización de los progenitores por problemas del desarrollo de los hijos (déficit de atención o hiperactividad y bajo rendimiento escolar, principalmente), además de la acusación de que los padres no se muestran colaboradores con la administración.
En su opinión, estas situaciones son tan frecuentes porque el artículo 172 del Código Penal permite a la administración dictar la condición de "desamparo" de un menor sin que lo dictamine un juez y, para ello, se elaboran informes copiados de otros anteriores sin tener en cuenta las características concretas de cada caso.
Jiménez ha lamentado que, incluso aunque esta funcionaria llegue a ser condenada por falsedad documental (un delito que conlleva penas de prisión de 3 a 6 años), María José tendrá muy difícil recuperar la tutela de su hijo, tanto por el tiempo transcurrido como porque las resoluciones emitidas en su día son ya firmes y no admiten recurso.
No obstante, asegura que el principal interés de esta madre es el de evitar otros casos similares porque cuando un menor es separado de su familia por un supuesto caso de desamparo, los progenitores se ven envueltos en un laberinto administrativo y judicial que, en el mejor de los casos, se prolonga durante un año separados de sus hijos.

El cambio climático provocará más migraciones y desplazamientos en el mundo

MADRID.- Las causas climáticas ya superan a guerras y factores económicos como motivo de salida. No dan derecho a acceder al estatuto del refugiado, aunque las causas climáticas superan a los conflictos y factores económicos como motivo de los desplazamientos internos. Y si seguimos sin hacer nada, dentro de 30 años habrá 200 millones de migrantes climáticos, uno de cada 45 habitantes del mundo.
La degradación medioambiental avanza a tal ritmo que, desde los años 70, el riesgo de convertirse en un desplazado climático se ha duplicado. "Nos estamos arriesgando a que no haya un solo rincón en el planeta a salvo del cambio climático", augura María Jesús Vega, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en España.
Desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), definen como "migrantes climáticos" a aquellos que, "por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a la vida o las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales, o deciden hacerlo, ya sea de forma temporal o permanentemente, y que se mueven ya sea dentro de su país o hacia el extranjero".
Aunque lo normal es que estos movimientos sean internos, hay casos transfronterizos en los que es el país receptor el que tiene que asistir a los migrantes. Y es ahí donde "surge el problema", ya que los refugiados tienen la protección de la Convención de Ginebra, pero los desplazados climáticos no cuentan con un paraguas normativo internacional, quizá alguna convención regional en las que sus situaciones "puedan encajar", aclara Vega.
"La línea de separación entre desplazado climático y refugiado es muy fina", añade. Porque el cambio climático es un "multiplicador de amenazas" que muchas veces lo que hace "es provocar o exacerbar conflictos ya existentes" por la carencia de recursos.
De hecho, en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) rechazan de plano el concepto de "migrante climático" porque "alude a un cierto grado de decisión, a un mínimo de voluntariedad y de capacidad de las personas para decidir, ocultando el carácter forzado de estos movimientos", explica Raquel Celis, coordinadora de Incidencia y Participación Social de CEAR-Euskadi.
Además, el cambio climático "se queda muy corto para describir el nivel de degeneración medioambiental que sufre el planeta" y, aunque es cierto que está desplazando a población, hay otras degradaciones no incluidas en este concepto que también fuerzan migraciones: las provocadas por la industria del carbono y otras extractivas.
Un estudio de la organización británica Carbon Disclosure Project desvela que desde 1988 -cuando se creó el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)-, más de la mitad de las emisiones industriales mundiales se pueden rastrear en solo 25 empresas y entidades estatales.
"El cambio climático es la consecuencia última de un modelo que viene expoliando los bienes que son necesarios hoy y para las futuras generaciones y de un sistema en el que las industrias que están esquilmando los recursos juegan un papel muy importante", censura.
La consecuencia es que 2018 batió el récord de nuevos desplazamientos internos: 30 millones. De ellos, 10,8 millones fueron por conflicto y los 17,2 millones restantes por desastres, en su inmensa mayoría (16,1 millones), relacionados con el clima, especialmente tormentas (9,3 millones); ciclones, huracanes y tifones (7,9 millones) e inundaciones (5,4 millones).
El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) indica en su último Informe Mundial 2019 que Europa y Asia Central es la zona con menos movimientos de este tipo del mundo, el 0,2% del total. En 2018 fueron 52.000, de los que 41.000 estuvieron asociados a desastres; entre estos últimos, 3.300 se produjeron en España. Solo los incendios forestales de Valencia causaron 2.600 en agosto.
Intermon Oxfam sitúa a nuestro país, por detrás de la República Checa y de Grecia, como el tercer país europeo con mayor riesgo de sufrir desplazamientos climáticos.
Sin embargo, en Acnur consideran que "no hay ninguna constancia de que en España haya desplazados climáticos" porque, aunque sí se pueden notar sus efectos, las condiciones climatológicas duras y el cambio climático son algo que se ceba con las zonas más desfavorecidas como el cuerno de África, el Sahel, Asia y algunos países de Latinoamérica.
Nadie está a salvo del cambio climático, pero sus estragos son más crueles aún con los 70,8 millones de personas que han tenido que huir de la guerra o de la persecución, 30 millones de ellos refugiados, según Acnur.
"Muchas veces los espacios que proporcionan los gobiernos para levantar un campo de refugiados son zonas estériles, sin acceso al agua, aislados y expuestos a inundaciones, sequías y otros desastres", relata Vega.
Es lo que ha ocurrido con 200.000 de los 900.000 rohinyás que, tras lograr escapar de la violencia de Myanmar, tuvieron que salir de sus asentamientos de Bangladesh, anegados por las inundaciones. Es "el desplazamiento dentro del desplazamiento".
Mujeres y niñas sufren de manera diferenciada los impactos del cambio climático en general y de las migraciones climáticas en concreto. Así lo ha puesto de manifiesto recientemente Ecodes en "Perspectiva de género en las migraciones climáticas".
Y es que suelen ser las principales responsables de tareas que son cada vez más difíciles de realizar por el impacto climático, como es la recogida de agua, de lo que se encargan en ocho de cada diez hogares que carecen de ella. Algo que incide en asuntos como su educación o salud.
Por no hablar de que, tras un desastre, están más expuestas a todo tipo de violencias machistas, un peligro ya de por sí alto en cualquier contexto migratorio, en los que las probabilidades de ser violadas, obligadas a casarse o a prostituirse se disparan.

La Ley de Responsabilidad Medioambiental, papel mojado en la Región de Murcia

MURCIA.- «Quien contamina, paga». Es la filosofía con la que nacía, allá por 2007, la Ley de Responsabilidad Medioambiental, una norma que, aunque sigue vigente, se queda, en demasiadas ocasiones, en papel mojado. Fue una de las conclusiones de las jornadas que, con el título La protección del medio ambiente: derechos de la ciudadanía, se celebraron los días 28 y 29 de noviembre en el Teatro Romano de Cartagena, recuerda hoy La Opinión.

Las jornadas estuvieron organizadas por la Comisión de lo Contencioso Administrativo de Juezas y Jueces para la Democracia, y contaron con la presencia de profesores de Ecología y Derecho Administrativo, magistrados y fiscales, que hablaron sobre cómo proteger el medio ambiente.
Al término de las jornadas, la sección territorial de Juezas y Jueces para la Democracia elaboró un documento a modo de resumen en el que se aborda la Ley de Responsabilidad Ambiental, norma que tachan de «gran desconocida». 
En las jornadas disertó sobre la ley el fiscal Manuel Campoy, fiscal de Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la ponencia titulada Acción pública y responsabilidad medioambiental.
Aluden en la asociación lo que pasó, por ejemplo, en octubre en el Mar Menor, donde «se produjo un ecocidio, entendido aquí como cualquier daño masivo o destrucción medioambiental de un territorio, de tal magnitud que puede poner en peligro la supervivencia de sus habitantes».
«Sin embargo, la visión de los miles de seres vivos amontonados en las orillas del Mar Menor asfixiándose hace pensar en algo todavía más dramático: la autodestrucción animal ante una situación de muerte inevitable», explican en el documento, donde añaden que «los expertos parecen estar de acuerdo en que lo ocurrido es la consecuencia de una insostenible situación instaurada durante mucho tiempo, y a la que han contribuido múltiples factores». «Surge la pregunta si entre dichos factores está la inejecución de las previsiones que contempla la normativa de aplicación», apuntan al respecto.
Desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región explican que «en la Región no se ha abierto ningún expediente por este motivo, no ha habido ningún caso que haya generado un problema de contaminación de recursos naturales».
«Cuando reciben las autorizaciones los particulares presentan unas garantías para responder, en caso de que fuera necesario, ante daños que se produjeran», detallan desde este organismo.
Mientras, Juezas y Jueces para la Democracia recuerda que «la 50ª Reunión Plenaria y la XLIV Jornada Temática de la Red de Autoridades Ambientales tendrán lugar en la primavera 2020 en la Región de Murcia», a lo que añade que «quizá sea ese el momento y el lugar para saber por qué la Ley de Responsabilidad Medioambiental ha sido aplicada en tan pocas ocasiones y, en concreto, saber por qué nunca se ha aplicado en la Región de Murcia».
Y es que, continúan los juristas en su documento, «entre el 30 de abril de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2017 se han registrado únicamente 34 casos de exigencia de responsabilidad medioambiental tramitados por las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana».
De estos asuntos, desgranan los expertos, tres hacen referencia a daños producidos al suelo, uno al suelo y los hábitat; veinte a las aguas y al suelo; tres al suelo, a las aguas y los hábitats; uno a las aguas, al suelo y a la ribera del mar y a las rías, tres a las aguas y tres a las especies y su hábitat.

 
¿Cuál es el objeto de la Ley de Responsabilidad Medioambiental?


Su objeto es regular la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de 'quién contamina paga'. Con ello se persigue asegurar la reparación de daños medioambientales derivados de actividades económicas, aún cuando estas se ajusten plenamente a la legalidad y hasta si se ha querido prevenir, indica el Ministerio en su web.

¿Qué es la Responsabilidad Medioambiental?

Es la responsabilidad derivada de la Ley 26/2007 que obliga a los operadores dentro de su ámbito de aplicación, a poner en marcha las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales que puedan provocar, para devolver los recursos dañados al estado en el que se encontraban.
La responsabilidad medioambiental se exige al titular de la actividad económica o profesional que ha ocasionado el daño, quien debe asumir la totalidad de los costes de las medidas de prevención, evitación o reparación adoptadas.

La Ley 26/2007 establece dos tipos de responsabilidad medioambiental:

Objetiva e ilimitada, para todas las actividades incluidas en el anexo III de la Ley que obliga al operador a adoptar las medidas de prevención, evitación y reparación necesarias, con independencia de que se actuara o no con dolo, culpa o negligencia.
Subjetiva, para el resto de actividades, en la que se limita la adopción de medidas de reparación a los casos en que exista, dolo, culpa o negligencia. En todo caso, están obligados a adoptar las medidas de prevención y evitación necesarias, y quedarán obligados a la adopción de medidas de reparación si se incumplen los deberes relativos a las medidas de prevención y de evitación de daños.
Es una responsabilidad administrativa, es decir, la exige la administración pública y es independiente de la responsabilidad civil o penal que pueda exigirse por el mismo hecho.

¿Qué daños medioambientales quedan cubiertos por la ley?

El ámbito de aplicación de la Ley incluye los daños y las amenazas inminentes de daños a las aguas, a la ribera del mar y de las rías, al suelo y a las especies de flora y fauna silvestres, así como a los hábitats.
Además, se aplicará solamente a los daños medioambientales que produzca efectos adversos significativos en estos recursos, con los criterios que se establecen en la ley.

¿Qué daños medioambientales quedan excluidos?

Quedan excluidos los daños al aire y los denominados daños tradicionales, es decir a las personas y sus bienes, salvo que constituyan un recurso natural.
También quedan excluidos los daños medioambientales y las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan cuando hayan sido ocasionados por alguna de las siguientes causas:
Un acto derivado de un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil o de una insurrección.
Un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible.
Las actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional, y las actividades cuyo único propósito sea la protección contra los desastres naturales.
Los daños medioambientales cuando tengan su origen en un suceso cuyas consecuencias en cuanto a responsabilidad o a indemnización estén establecidas por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo IV.
Los riesgos nucleares, a los daños medioambientales o a las amenazas inminentes de que tales daños se produzcan, causados por las actividades que empleen materiales cuya utilización esté regulada por normativa derivada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, ni a los incidentes o a las actividades cuyo régimen de responsabilidad esté establecido por alguno de los convenios internacionales enumerados en el anexo V.

¿Qué son las medidas de prevención?

Son aquellas medidas que, si se produce una amenaza inminente de daño medioambiental, el titular de la actividad responsable debe adoptar con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho daño.

¿Qué son las medidas de evitación?

Son aquellas medidas que, una vez producido un daño medioambiental, el titular de la actividad responsable debe adoptar para limitar o impedir mayores daños medioambientales.

¿Qué son las medidas de reparación?

Son todas aquellas medidas que tengan por objeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados.

La ley distingue las siguientes medidas de reparación:

Reparación primaria: Toda medida reparadora que restituya o aproxime al máximo los recursos naturales dañados al estado en que se encontraban antes del daño (estado básico).
Reparación complementaria: Toda medida reparadora adoptada para compensar el hecho de que la reparación primaria no haya dado lugar a la plena restitución de los recursos naturales dañados.
Reparación compensatoria: Toda acción adoptada para compensar las pérdidas provisionales de recursos naturales que tengan lugar desde la fecha en la que se produjo el daño hasta la fecha en la que la reparación primaria haya surtido todo su efecto.