El PSRM considera un exceso que el Gobierno regional afirme que el Mar Menor no está contaminado

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Guillamón considera, después de escuchar al director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo Zapata, que ha comparecido en la Comisión Especial sobre el Mar Menor, que desde el Gobierno regional no se están haciendo las cosas bien y no se están acometiendo las actuaciones necesarias para corregir la situación de la laguna salada.

"El Gobierno regional se está limitando a realizar acciones superfluas y al control de los índices de transparencia, clorofila, turbidez, etc., y no va más allá".

Guillamón reprochó que la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor no tenga el protagonismo que se requiere en estos momentos para un asunto de tanta complejidad y envergadura y haya cedido terreno a la Consejería de Agricultura, que está tomando la iniciativa".

Sobre el análisis de soluciones para el vertido cero, el diputado socialista indicó que "es importante dejar claro que la Comunidad ha venido colaborando desde el primer momento con el Gobierno de Rajoy y no puede alegar ahora con un Gobierno socialista ni desconocimiento ni disconformidad".

Para Antonio Guillamón "es impresentable" que el Gobierno regional presente el Plan de Ejecución de Infraestructuras Sostenibles, como si necesitara una adaptación de las 21 medidas contempladas en el Plan de vertido cero a las necesidades o conveniencia del propio Gobierno regional y de algún sector económico.

Con relación al Proyecto Informativo y el Proyecto de Impacto Ambiental señaló que "deja en evidencia al Gobierno regional", porque desde el Ministerio se han propuesto un conjunto de medidas ambiciosas para enfrentarse al problema. 

"Por eso, consideramos un acto de hipocresía que el Gobierno regional vaya a presentar alegaciones a este estudio que conocían de sobra. El PP tiene una postura en Madrid y otra en la Región".

Guillamón puntualizó que las medidas que se proponen en ese proyecto son muy similares a las que ha venido proponiendo el Grupo Parlamentario Socialista. "Es bueno que se reúnan los responsables de la Administración regional con los colectivos afectados, pero no para ver cómo se adapta sino cómo se debe aplicar. Nos tememos que el PP va a seguir en la misma tónica y no van a hacer lo necesario para salvar el Mar Menor".

El diputado socialista calificó de "inapropiados" los comentarios del director general en los que ha afirmado que el problema del Mar Menor es una oportunidad para obtener un beneficio partidista, algo que es inaceptable y denotan mala conciencia.

Otra afirmación provocadora del director general, en opinión de Antonio Guillamón, es decir que el Mar Menor no está contaminado, "con la que está cayendo y con lo que ha dejado claro el Comité Científico y colectivos sociales, por lo que debería rectificar y pedir disculpas".

Para el diputado socialista, el director general "no puede dar a entender que todo lo que ocurra en la laguna solo depende del cambio climático y de la temperatura del agua, como si lo que ha venido sucediendo careciera de importancia".

Por último, Antonio Guillamón denunció que se están sucediendo movimientos por parte de la Consejería de Agricultura para modificar algunos artículos de la Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del Mar Menor, aprobada en la Asamblea. 

En este sentido, precisó que "cualquier matización a esta ley debe realizarse en el marco de la Ley Integral del Mar Menor, que el Gobierno regional tendría que enviar a la Cámara sin más dilación".

'Ahora Murcia': "La solicitud para legalizar las obras ilegales de la UCAM estaría desestimada por silencio administrativo"

MURCIA.- Ahora Murcia ha registrado hoy una solicitud al Ayuntamiento de Murcia instándole a que reconozca la desestimación de la legalización de las construcciones que solicitó la UCAM, al haberse agotado el plazo para la tramitación de la misma.

Se hacía necesario para aprobar el expediente que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia emitiera la autorización que le solicitó el Ayuntamiento, pero se ha agotado el plazo para la misma, sobrepasándolo ampliamente sin que la CARM haya informado ni autorizado las construcciones.

Es por ello que este grupo municipal ha requerido que, en cumplimiento de la ley, se emita la correspondiente "CERTIFICACIÓN DE ACTO PRESUNTO EN SENTIDO DESESTIMATORIO", lo que supone reconocer que se ha acabado el plazo de tramitación y, como señala la disposición legal, "el transcurso del plazo máximo establecido sin resolver, determina la denegación de la autorización".

Desde el PP, el concejal Navarro Corchón, se ha escudado repetidas veces en que las ilegalidades en las que incurre la UCAM se iban a solucionar con un procedimiento abierto para su legalización mediante "autorización excepcional por razones de interés público", que debía otorgar la CARM tras la revisión del expediente remitido desde el Ayuntamiento.

Como ahora reclama este grupo municipal, "al estar agotado el plazo de tramitación de 4 meses de que disponía la CARM para conceder la autorización excepcional, se entiende que la solicitud ha sido desestimada, al no haberla concedido expresamente en plazo". 

El Ayuntamiento remitió el 28 de octubre de 2016 el expediente a la CARM, con lo que el tiempo transcurrido ha sido de año y medio, superándose en más de un año el plazo máximo legal para emitir la autorización.

Por ello, desde Ahora Murcia instamos al concejal Navarro Corchón a que "deje de inventar excusas y cumpla la ley, reconociendo que se ha acabado el tiempo de la supuesta legalización y ahora toca reconocer la desestimación de lo que pretendía la UCAM", así como que "acabe con la barbaridad de dar cobertura administrativa a la UCAM", que sin respeto alguno a las normas y por la vía de los hechos consumados, ha construido una superficie de miles de metros en el entorno monumental del Monasterio de los Jerónimos, con valores altamente protegidos.

Por último, y en referencia a la moción que se ha debatido esta tarde en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, se ha debatido la propuesta de Ahora Murcia para que el equipo de gobierno del PP rindiera cuentas por la situación de la UCAM.

Tras un intenso debate, donde la concejala Ángeles Micol ha anunciado la solicitud de certificación de la desestimación por silencio de la legalización de la UCAM, la propuesta de rendición de cuentas del concejal de Urbanismo y del equipo de gobierno del PP ha sido rechazada. Ha sido necesaria una segunda votación ante el empate producido en la votación, y el alcalde José Ballesta ha hecho uso de su voto de calidad para impedir la aprobación de la moción.

Ahora Murcia ha instado a los concejales del PP que han sido profesores de la UCAM o que han cobrado de esta entidad privada se abstuvieran de participar en la votación, cosa que finalmente no han hecho.

La UCAM advierte

"La UCAM confía en que la comisión municipal creada sea el instrumento para solucionar la grave situación a la que se está sometiendo a esta institución desde hace tres años, ya que tras realizar una fuerte inversión en estos terrenos de la zona norte del campus (Plan Especial GU-Ñr3), en los que ha hecho la completa obra de urbanización con autorización de Ayuntamiento y Consejería de Cultura, se le impidió seguir con los trabajos justo en el momento de iniciar la edificación de las instalaciones educativas (febrero de 2016), planificadas de manera respetuosa con el entorno y preservando la hegemonía del Monasterio de los Jerónimos, recuperado y rehabilitado por esta institución", dice la UCAM en un comunicado.

"Esas instalaciones son aularios, laboratorios, un complejo deportivo o la Incubadora de Tecnología en Salud, Deporte y Nutrición, obtenida con fondos FEDER a través de la Fundación Incyde para desarrollar investigaciones aplicadas a las empresas y la sociedad murciana, y que contará con el liderazgo del investigador Juan Carlos Izpisua, catedrático por esta Universidad", añade.

"Esta decisión de paralización es contraria a Ley, priva a la fundación de ejercer sus derechos legítimamente adquiridos e incumple los acuerdos alcanzados. La actuación de la administración ha provocado hasta ahora pérdidas millonarias a la Fundación Universitaria San Antonio y un grave perjuicio en la prestación de los servicios que le demanda la sociedad. Solucionar esta situación debe servir para evitar problemas de mayor envergadura", concluye.

Murcia exigirá al municipio de Coslada que mantenga la calle con el nombre de Juan de la Cierva

MURCIA.- El Pleno municipal del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado esta mañana, con los votos a favor del Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y el concejal no adscrito, Francisco Javier Trigueros, y en contra de Cambiemos Murcia, la moción en la que se insta a la Junta de Gobierno a que exija al Ayuntamiento de Coslada "que rectifiquen y dejen sin efecto el acuerdo que afecta a la figura del murciano Juan de la Cierva" y que supone la retirada de una calle con su nombre por considerarlo franquista.

Además, "respetando la potestad y competencia del Ayuntamiento de Coslada para tomar las decisiones que afecten a su municipio, la Corporación de Murcia le transmite su petición para que mantengan el nombre del insigne inventor murciano en su inventario, conforme al reconocimiento unánime de su figura", se indica en el texto aprobado y presentado por el Grupo Municipal Popular.

El concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, Jesús Pacheco, ha recordado que De la Cierva es "Hijo Predilecto de Murcia e inventor que ha sido merecedor de los mayores reconocimientos internacionales por su autogiro" y que "falleció en accidente de aviación civil en Londres el 9 de diciembre de 1936, apenas unos meses después del inicio de la Guerra Civil y casi tres años antes del comienzo de la Dictadura".

Podemos considera que el Mar Menor "sólo se recuperará" si el PP deja de estar al frente del gobierno

CARTAGENA.- María Giménez, diputada regional de Podemos, ha afirmado que es "surrealista" que el Partido Popular siga manteniendo que el Mar Menor no está contaminado. Tras escuchar a diputados, al consejero de Medio Ambiente y ahora al Director General "negar lo que es más que evidente, consideramos irresponsable que vendan a bombo y platillo a comerciantes y veraneantes una mentira. El PP comete un fraude que nos puede salir muy caro".

Giménez ha recordado el reciente vídeo de una asociación que trabaja en el Mar Menor, que constata que el agua a dos metros de profundidad recuerda a "esa famosa sopa verde. No queremos menos a esta Región por contar qué sucede en el Mar Menor. De hecho, lo que hace el PP engañando a la gente es traicionar nuestros intereses, tanto económicos como medioambientales". 

Además, ese vídeo se suma al informe Banderas Negras de Ecologistas en Acción que sitúa al Mar Menor como uno de los casos de mala gestión ambiental más relevantes de España.

"Mirar hacia otro lado o negar la realidad" ha dicho la diputada de Podemos, "es lo que hace daño a la Región de Murcia". 

A esto hay que unir, según María Giménez, que tras escuchar al director general, tenemos cada vez más claro que el gobierno "no quiere ponerse manos a la obra para hacer una ley integral. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, es la Administración la que tiene tanto por número como por conocimiento técnico, todas las herramientas a su disponibilidad. La recuperación del Mar Menor debe ser un asunto de interés máximo y para hacer una de las leyes más importantes de nuestro ordenamiento, hay que contar con lo mejor que tengamos".

De ahí que Giménez haya incidido en que no caben más opciones, "o se está con la recuperación del Mar Menor o con el Partido Popular. El gobierno ha demostrado que no está capacidad para asumir una responsabilidad así. Su inacción lo demuestra y sólo esperamos que a partir de 2019 podamos trabajar de otra forma".

El Gobierno de España mantendrá la rebaja del IBI a lorquinos tras dar luz verde el Congreso a los PGE

LORCA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha destacado la altura de miras y el ejercicio de responsabilidad y coherencia del nuevo Gobierno de España, y del presidente Pedro Sánchez, cumpliendo con su palabra de gobernar con los Presupuestos Generales ya aprobados.

El Congreso ya ha dado luz verde a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, por lo que Mateos ha destacado que el alcalde de Lorca "ya no tiene nada que temer" pues lejos de los augurios que hacía el propio Gil Jódar, ha quedado claro que el compromiso de Pedro Sánchez es el de respetar los Presupuestos Generales aprobados para garantizar la estabilidad política del país.

De esta manera, advierte Mateos, Gil Jódar ya no tiene nada de lo que preocuparse en este sentido, ni por lo que alarmarse.

Tal y como confiaba Mateos, todas las inversiones previstas para Lorca se mantienen y serán respetadas y ejecutadas por el Gobierno de España. 

Entre otras, la bonificación del 50% del IBI a los afectados por los terremotos,la construcción del Palacio de Justicia, la futura llegada del AVE, el soterramiento de las vías del ferrocarril o el convenio de tres millones de euros para inversiones en pedanías. Se tratan, todas ellas, por inversiones que han sido reivindicadas y apoyadas por el PSOE, también desde la oposición, por lo que "no cabía duda que se iban a respetar y a aplicar"

Lo que Mateos lamenta es que en estos Presupuestos que el Congreso ha aprobado y que Pedro Sánchez mantendrá pese al cambio de Gobierno, no contemplen "ni un céntimo" para cuestiones tan importantes para Lorca como puede ser la modernización del Cercanías, la construcción de la autovía Lorca-Caravaca, un plan de recuperación integral de la ciudad tras los seísmos, la puesta en funcionamiento al 100% de su capacidad de la desalinizadora de Águilas, o las inversiones necesarias para completar el Plan de Defensa contra Avenidas.

Inversiones estas que sí fueron propuestas por el PSOE a través de las enmiendas presentadas por los diputados murcianos, María González Veracruz y Pedro Saura, y que no fueron incluidas por el voto en contra del Partido Popular y de Ciudadanos.

Alcaldes pedáneos socialistas de Murcia vuelven a pedir una reunión a Conesa sobre las obras del soterramiento

MURCIA.- Alcaldes pedáneos socialistas de la zona sur del municipio de Murcia han vuelto a dirigirse a la Delegación del Gobierno para solicitar una reunión con su máximo responsable, Diego Conesa, sobre el estado de las obras del soterramiento, tras el malogrado intento con el anterior delegado, Francisco Bernabé, quien, "en consonancia con su habitual trato despectivo a los vecinos, nos emplazó a buscar la información en el Ayuntamiento, a través del Grupo Municipal Socialista", han manifestado. 

El pasado 16 de marzo, los alcaldes pedáneos del Barrio del Progreso, Santiago el Mayor, San Pío, Nonduermas y El Carmen solicitaron una reunión con el delegado del Gobierno de entonces, Francisco Bernabé, para conocer de primera mano el estado de las obras y así mantener informados a sus vecinos, "muy inquietos por el desarrollo del proyecto y, sobre todo, por su accesibilidad", han explicado. 

Sin embargo, semanas después recibieron la respuesta de que existía una Comisión de Seguimiento donde estaban representadas todas las entidades interesadas y las administraciones públicas por lo que les conminaba a que buscaran esa información a través de las mismas.

Sin embargo, los alcaldes pedáneos, cuyas localidades están afectadas directamente por las vías y, por tanto, por las obras de soterramiento, precisan de información pormenorizada y resolver dudas, cuyo detalle esperan obtener del delegado de Gobierno. 

"Es imprescindible estar puntualmente informados para dar respuesta a nuestros vecinos", han afirmado. Por ello, han decidido insistir, aprovechando el nombramiento de Diego Conesa al frente de la Delegación, y han registrado esta mañana la solicitud de reunión.

Urralburu: "La Conserva seguirá siendo crucial para la Región si sus trabajadores recuperan los derechos laborales"

MURCIA.- El Secretario General de Podemos y Portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu ha apoyado la concentración en la jornada de huelga de las trabajadoras y trabajadores de la Conserva, organizada por los Sindicatos CCOO y UGT, y que ha sido secundada por unas 8.000 que demandan derechos laborales como el incremento salarial del 2% y con cláusula al IPC y mantener el orden de llamamiento al trabajo respetando la antigüedad, así como medidas para favorecer la igualdad real entre hombres y mujeres.

Óscar Urralburu ha afirmado que "es la primera huelga, despues del cambio de gobierno, de un sector clave en nuestra Región y nuestro país como es el sector de la Conserva, el cual está eminentemente feminizado y precarizado y donde las trabajadoras han convivido con la continuada pérdida de derechos y la explotación laboral".

Urralburu ha explicado que el origen de esta injusticia hunde sus raíces en la última reforma laboral propiciada por el PP y la patronal "que troceó las jornadas, los salarios y por ello recortó los derechos laborales de tantas personas en nuestro país dedicadas a este sector"; por lo que resulta "inadmisible que el descuelgue de los convenios colectivos de poder a las empresas para no negociar condiciones básicas salariales, de jornadas, horarios y condiciones de seguridad laboral que otorgue a estas trabajadoras y trabajadores la dignidad profesional que merecen, y garanticen que los criterios de antigüedad".

Finalmente ha concluido en que el sector de la Conserva es crucial en la economía de la Región de Murcia: "Hoy observamos como el poder lo tienen las trabajadoras y trabajadores, donde se han empoderado en esta primera jornada de huelga, que significa un punto de partida, para la recuperación de sus derechos" y ha añadido que "no puede estar creciendo el PIB en la Región y las exportaciones a costa de la merma de los derechos laborales. No se puede trabajar más por menos".

Ciudadanos apuesta por la oficina permanente de la Delegación del Gobierno en Cartagena

CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena asegura ser plenamente consciente de que establecer una subdelegación del Gobierno de España es una vieja reivindicación social defendida y apoyada por buena parte de la población cartagenera, que considera y con razón que el municipio de Cartagena (de más de 217.000 habitantes) cumple la posibilidad establecida legalmente de, mediante Real Decreto, crear este órgano de la Administración periférica del Estado por darse las singularidades y circunstancias propicias de población, por su geografía estratégica militar e industrial y por su volumen de gestión.

Y a su juicio, máxime cuando se están debatiendo que lleguen proyectos con participación estatal tan importantes como la ZAL, el AVE, la Ciudad de la Justicia, o la dársena de El Gorguel (Autoridad Portuaria). 

"Que haya más presencia del Estado en el municipio es por tanto una demanda primaria en Cartagena que compartimos, como no puede ser de otra manera", ha defendido Manuel Padín, pero añade que "Ciudadanos quiere además que esa presencia no suponga la creación de más estructuras políticas, la creación de más cargos políticos, ni que tengamos que sufragar más sueldos públicos porque de eso vamos sobrados.

 Por eso nos hemos abstenido, porque deberíamos empezar a caminar hacia menos diputaciones provinciales, menos subdelegaciones del Gobierno, y menos cargos políticos de dudosa utilidad pública, es decir, desinflar la burbuja política derrochadora de este país".

Sin embargo la formación naranja sí defiende y apoya la creación de una oficina permanente en Cartagena (ya creada por el anterior delegado del Gobierno, Francisco Bernabé), en la que todas las semanas se atienda de manera directa y cercana las necesidades de las más de 400.000 personas (un tercio de la población de la Comunidad Autónoma) que viven en Cartagena y Comarca.

 "La oficina permanente de la Delegación de Gobierno cumple con creces las funciones que podría tener la subdelegación del Gobierno, pero a coste cero", explica el portavoz naranja que considera que esta oficina puede " funcionar mejor que con el señor Bernabé que sólo venía una vez a la semana; creemos que es posible aumentar la periodicidad de sus citas a dos o tres días por semana facilitando así la recepción de propuestas y demandas de carácter estatal por parte de colectivos sociales y empresariales".

"Otros partidos, como MC, están ansiosos por crear más estructuras políticas, más sillones y más sueldos, pero eso es una tremenda irresponsabilidad y va contra toda lógica y razón; sobre todo cuando existen posibilidades de conseguir lo mismo sin gastar un euro; apelar a la discriminación de este municipio que es cierta y que Ciudadanos está resuelto a corregir porque la igualdad de todos los españoles es un principio fundacional de este partido, para aumentar el número de sueldos políticos, sólo se le puede ocurrir a partidos populistas como MC", afirma Manuel Padín. 

En cuanto a las acusaciones del partido autoproclamado el único cartagenerista, el portavoz de la formación naranja reconoce estar muy cansado "de esas afirmaciones infantiles y ridículas de que todo aquel cartagenero que no vote a MC o no esté de acuerdo con cada una de sus ideas es porque vive esclavizado y supeditado al voraz centralismo capitalino que mueve los hilos en su beneficio, y de que ellos y sólo ellos representan a Cartagena; esta actitud obtusa, interesada, y excluyente que sólo trabaja para unos pocos y se enfrenta a todos los demás, sólo nos va a llevar al aislamiento y a la parálisis, como ya hemos tenido la desgracia de comprobar durante sus dos largos años de gobierno".

Las ventas del comercio minorista suben en Murcia un 1,1% mientras caen en España

MADRID.- Las ventas del comercio minorista subieron en mayo en la Región un 1,1% mientras que bajaron un 0,4% en el conjunto de España respecto al mismo mes de 2017. Este indicador rompe con una racha de seis meses consecutivos al alza, lastrado por la caída del comercio textil y de la facturación en estaciones de servicio.

Corregidos los efectos del calendario (diferencia de días hábiles), las ventas descendieron el 0,3% -hasta abril habían aumentado en 44 de 45 meses-, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el acumulado de los cinco primeros meses, las ventas del comercio al por menor se incrementaron el 1,2% y el empleo el 0,9%. Sólo en mayo, la contratación creció el 0,8% y encadenó 49 meses consecutivos al alza.

En cuanto al empleo, en España aumento un 0,8% y en la Región de Murcia un 1,6%.

Por tipo de producto, las ventas de alimentación aumentaron el 0,7%, y las de equipamiento para el hogar el 4,5%.

Las ventas de otros bienes retrocedieron el 1,1% y las de equipo personal -que fundamentalmente engloba ropa y complementos- se desplomaron el 4,7%.

Por modos de distribución, el negocio bajó el 2% en el pequeño comercio y el 1,2% en las grandes superficies. En las pequeñas cadenas repuntó el 1% y en las grandes cadenas, el 1,6%.

Según los datos del INE, las ventas minoristas aumentaron en diez autonomías y los avances más abultados correspondieron a Aragón (2%) y Murcia (1,1%).

Las mayores caídas se dieron en Castilla y León (1,7%), Cataluña (1,5%) y Andalucía (1%).

En lo que respecta al empleo, en las gasolineras subió en mayo el 2,1%; en las grandes cadenas, el 2,7%; en las grandes superficies, el 0,4%; en las pequeñas cadenas, el 0,3%, y en las tiendas unilocalizadas, el 0,1%.

Por autonomías, la contratación sólo bajó en Andalucía (0,7%) y en Castilla-La Mancha (0,1%). Las mayores subidas se dieron en Asturias (3,4%), Baleares (2,6%) y Comunidad Valenciana (2%).

'Hefame' supera en 2017 los 1.300 millones de euros en ventas, un 5% más que en 2016

MURCIA.- Grupo Hefame acaba de presentar durante las Juntas Preparatorias sus resultados del pasado ejercicio. Los últimos datos analizados del cierre y balance final de 2017, que se han presentado ante la Asamblea, sitúan la cuota de mercado de Hefame en un 10,97%, entrando ya por méritos propios dentro del ranking de los tres principales players del sector de la distribución en España. Grupo Hefame ha superado los 1.300 millones de facturación y un crecimiento en el pasado ejercicio superior al 5%.

Los directivos de la cooperativa farmacéutica, Carlos Coves, presidente y Javier López, director de Grupo Hefame, han presentado conjuntamente las principales conclusiones de la estrategia implementada en los últimos tres años de gestión y la línea de trabajo para el nuevo plan estratégico hasta el 2020. 

Las Juntas Preparatorias han tenido lugar, durante el mes de junio, en las ciudades de Málaga/Granada, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Madrid y han finalizado con la Asamblea General de delegados del Grupo, elegidos con anterioridad en las diferentes Juntas para representar a la totalidad de los socios de la cooperativa. En éstas, el Consejo Rector y la dirección de la compañía han dado cuenta detallada de la gestión a sus socios y han presentado las cuentas anuales del Grupo para someterlas a debate y aprobación.

“2017 ha sido un año para la consolidación y hemos batido todos nuestros récords en facturación y cuota de mercado”, ha puntualizado Coves.

 “Estamos muy satisfechos con los hitos obtenidos y esperamos seguir impulsando un gran número de servicios tecnológicamente avanzados, que ya nos diferencian de la competencia, para que nuestro socio pueda competir en este mercado con el objetivo claro de dar más información, más apoyo al paciente, compras más atractivas y dirigidas a través de las Redes Sociales. ¿Y, qué mejor asesoramiento podemos tener en temas de salud que la del propio farmacéutico, y, además, teniendo más de 20.000 puntos de atención en nuestro país?”. 

Por su parte, Javier López ponía de relieve la importancia de los objetivos logrados en la estrategia que finalizaba en el 2017, que se centraban en una estrategia sostenible para mantener la solidez financiera, cohesión interna y un mejor servicio a los socios, y ahora Grupo Hefame se embarca en un nuevo plan estratégico hasta 2020.

“Grupo Hefame ha protagonizado en este pasado ejercicio un crecimiento del 5%, ganando así cuota de mercado. Tras mejorar la política comercial de nuestros socios, el ebitda generado alcanzó la cifra de 9.8 millones de euros, incrementándose un 18% respecto a 2016”, comentaba Javier López.

En 2017, Grupo Hefame ha acortado distancias entre almacenes y establecimientos abriendo un nuevo almacén en Tortosa (Tarragona) y próximamente el abrirá un nuevo almacén, a la vanguardia tecnológica, en Valencia para expandir y mejorar el servicio a nuestros socios”. 

De 2015 a 2017 ha abierto nuevas rutas mejoradas gracias a la apertura de almacenes en Albacete, Tortosa, Granada y Melilla y la modernización realizada en la sede central de Murcia. 

“Estamos mejorando de manera sustancial las  rutas y nuestra principal preocupación sigue y seguirá siendo siempre que los medicamentos lleguen a su hora a las farmacias”, apuntaló López durante sus intervenciones” 

Para ello, en el pasado ejercicio, Hefame continuó con el plan de inversiones en activos fijos, precisamente en proyectos basados en la robotización y modernización de las plataformas logísticas de los diferentes almacenes que tiene la distribuidora española, así como en el desarrollo del software que soporta la actividad.

El presidente Coves, por su parte, recalcaba que, “vamos a seguir siendo punta de lanza para nuestro socio y seguir mejorando su relación/comunicación con el paciente y entregar un servicio digitalizado a la farmacia”. 

A día de hoy, puntualizaba, “Grupo Hefame está ayudando a cientos de farmacias, y a más de 900 farmacias en todo el territorio, que no disponen de los medios necesarios, a dotarse de la tecnología adecuada con F+Online (www.fmasonline.com)”. 

El proyecto más importante en el que se ha embarcado Grupo Hefame estos últimos años ha sido la Farmacia F+, desde donde los farmacéuticos pueden ya vender, facturar y controlar su comunicación con sus pacientes.

El gasto público por habitante en la Región supera en un 9% la media nacional

MADRID.- El gasto en servicios públicos fundamentales en 2016 en la Región de Murcia fue de 2.695 euros por habitante, mientras que el mismo dato en el conjunto de España fue de de 2.464 euros por habitante, lo que supone que la cifra regional sea un 9,4% mayor que la nacional. La Región se encuentra entre las comunidades con un mayor gasto por habitante en estos servicios: solo es superada por el País Vasco, Navarra, Cantabria y Extremadura, en ese orden.

Sólo País Vasco y Cantabria han recuperado los niveles de gasto público por habitante que había antes de la crisis, según un informe de la Fundación BBVA, que subraya además que hay diferencias notables entre unas comunidades y otras respecto a lo que destinan a educación, sanidad y protección social.

En su último informe de la serie "Esenciales", elaborado junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), esta fundación analiza la etapa de 2003 a 2016 y señala que no todas las comunidades se han comportado de la misma manera a lo largo de ese tiempo. Destaca la Región de Murcia, que cerca del 50%, lidera el crecimiento acumulado del gasto real por habitante, principalmente por la etapa expansiva de 2003 a 2009.

Durante la etapa expansiva (de 2003 a 2009), el gasto real por habitante en servicios públicos esenciales experimentó un crecimiento acumulado de algo más del 20% en todas las autonomías y rebasó el 40% en Murcia y en Castilla-La Mancha.

Tampoco fue la misma la intensidad de los ajustes en los años de crisis y, mientras Castilla-La Mancha redujo su gasto en esta materia por encima del 26% entre 2009 y 2013, el País Vasco, Asturias y Cantabria lo hicieron en menos de un 10%.

De media, las comunidades bajaron su gasto público un 15% durante la crisis, mientras que la Seguridad Social -que se encarga principalmente de las pensiones y las prestaciones por desempleo- logró proteger el nivel de gasto en servicios públicos fundamentales.

En los últimos años, agrega el estudio, el gasto ha iniciado una senda de recuperación, si bien ninguna comunidad, excepto Cantabria y País Vasco, ha recuperado los niveles de gasto público per cápita (calculado en euros constantes) previos a la crisis.

Además de experimentar evoluciones tan distintas, los niveles de gasto en educación, sanidad y protección social por habitante difieren notablemente entre comunidades, hasta el punto de que el del País Vasco (3.218 euros) es un 42% superior al de Canarias (2.265 euros).

El gasto por habitante ajustado de País Vasco y Navarra es 31 puntos y 23 puntos superior a la media española en 2016, respectivamente, mientras que el de las comunidades insulares (Baleares y Canarias) fue un 7-8% inferior.

Unas diferencias interregionales que ya eran patentes en el momento en el que finalizó el traspaso de competencias a las comunidades en 2002 y la posición relativa de las mismas apenas ha sufrido modificaciones a lo largo de periodo.

Y es que, según recuerda la Fundación BBVA, la existencia de obligaciones de gasto por habitante son distintas dependiendo del territorio, de manera que una población más envejecida tiene mayores necesidades sanitarias y de dependencia que una más joven, cuyas exigencias están más enfocadas al ámbito educativo.

Las comunidades con población más dispersa asumen igualmente mayores costes unitarios para prestar servicios públicos como consecuencia del desaprovechamiento de las economías de escala.

Se analiza además el nivel de bienestar calculado a partir de variables de naturaleza objetiva correspondientes a tres dimensiones: bienestar material, educación y salud.

País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid y Cantabria se situaron en las primeras posiciones en cuanto a bienestar en 2015 (último año disponible), y todas ellas -excepto la comunidad madrileña- presentan un gasto en servicios públicos fundamentales superior a la media española.

En las últimas posiciones se encuentran Canarias y Andalucía, ambas por debajo del promedio en gasto público per cápita.

El Gobierno municipal de Cartagena y MC piden la dimisión del exconcejal Joaquín Segado como presidente de la Autoridad Portuaria

CARTAGENA.- La portavoz del gobierno municipal socialista de Cartagena, Obdulia Gómez, exigió este jueves la dimisión del actual presidente de la Autoridad Portuaria y exconcejal de Urbanismo en la etapa del Partido Popular, Joaquín Segado, por ser quien, como concejal de Urbanismo (del PP) tomó la «decisión política» de aprobar el cambio de uso del terreno en La Azohía. «Nos hará perder 3,4 millones de euros, más las costas y los intereses, es decir alrededor de cuatro millones apuntó»!.

Sin embargo, eludió cargar con responsabilidad alguna al jefe de área de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, que dio el visto bueno técnico previo a la decisión y una funcionaria que también informó favorablemente la decisión.

Gómez avanzó que el Ayuntamiento interpondrá un recurso de aclaración ante el TSJ y, con toda seguridad, acudirá al Supremo en casación. El Grupo Municipal del Partido Popular indicó que por ahora no hace valoraciones

Para el Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede (Podemos), «resulta escandaloso que la Administración Local prevarique a costa del dinero público, y que el conjunto de los vecinos paguemos las consecuencias del urbanismo del Partido Popular, que hace tres años dejó el Gobierno pero aún sigue haciendo daño al municipio».

La portavoz de Podemos, Pilar Marcos, consideró este jueves «inmoral que el conjunto de los cartageneros paguemos 3,4 millones de euros a las promotoras como consecuencia de decisiones técnicas y políticas de personas que no han asumido ni asumirán sus responsabilidades» .

La formación morada también calificó de «vergonzoso que el Gobierno del PSOE no haya exigido dichas responsabilidades tras estas sentencias que condenan al Ayuntamiento a seguir pagando indemnizaciones al por mayor, unas indemnizaciones que consolidan la sangría económica, en la misma senda que ha ocurrido con las sucesivas sentencias de Casco Antiguo SA».

El grupo municipal añadió «que esta supuesta mala praxis no es causal ni mucho menos, y que es la consecuencia del urbanismo «popular» que el PSOE no ha revertido en modo alguno... un urbanismo que sigue sumando desastres como los sobrecostes millonarios del Batel, la construcción faraónica del Palacio de los Deportes, la tragicomedia de la anulación del Plan General o las citadas sentencias sobre Casco Antiguo SA».

El presidente de MC, Jesús Giménez, por su parte, manifestó sobre la sentencia del TSJ que «ya parecen estar fuera de circulación Alonso y Barreiro, pero ahí sigue Joaquín Segado, el responsable político de esta cacicada en La Azohía que nos va a costar unos 4 millones de euros con intereses y costas».

«Entiendo que el señor Segado dimitirá de su cargo de modo inmediato y abandonará la vida pública, porque además de aprobar un plan anulado y que está comprometiendo el desarrollo del municipio y costarnos 8.000 euros al mes que se lleva de sueldo; desde esta sentencia sabemos que todos los ciudadanos de Cartagena perderemos servicios por valor de 4 millones para pagar sus desmanes en la gestión», añadió Giménez.

A juicio de MC, «si no dimite deberán cesarlo de modo inmediato desde el Gobierno regional (del PP), por su ineptitud presente demostrada en que mantiene amianto al aire libre junto a los trabajadores en Peñarroya y pasada, porque políticos como él nos cuestan la salud y el dinero, y ya está bien».

Para la formación naranja, la gestión urbanística del Gobierno del Partido Popular en Cartagena sigue tres años después ocasionando gravísimos perjuicios económicos a este municipio. No sólo porque diseñaron un plan general de ordenación urbana que fue anulado y ha provocado la paralización de muchos proyectos y cuyo coste público es difícil de determinar (sin duda millonario), sino porque se tomaron decisiones, que de momento, han merecido una reafirmación del TSJ de una condena que podría conllevar el pago por parte del Ayuntamiento de unos cuatro millones de euros por demorar los permisos necesarios para iniciar unas obras en La Azohía de manera arbitraria hasta que consiguió impedirlas de manera irregular, según reza el contenido de la sentencia.

Con motivo de esta información, Ciudadanos quiere manifestar una vez más su respeto a las decisiones judiciales y recuerda que este fallo puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo y que el Ayuntamiento de Cartagena ya ha manifestado públicamente su intención de hacerlo.

Técnicos del 'Cedex' se encargarán de redactar un plan para la recuperación del Mar Menor

MURCIA.- Priorizar, jerarquizar y ordenar las distintas actuaciones que se desarrollan para la recuperación total del Mar Menor. Este es el objetivo del plan de playas que impulsa la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio para la Transición Ecológica para detallar qué actuaciones se tendrán que acometer para mantener las zonas de baño y compatibilizar la recuperación de la laguna y su disfrute turístico.

El Ministerio ha contratado la elaboración de dicho documento a expertos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex). De momento, esta semana, técnicos del Cedex han mantenido una reunión representantes políticos, de asociaciones de vecinos de la zona, de universidades y centros de investigación.

El citado plan, que estará finalizado hacia finales de año, constará de una primera parte en la que se realizará una descripción detallada del ecosistema del Mar Menor y de sus condicionantes medioambientales, para posteriormente elaborar una caracterización en la que se analizarán aspectos como el clima marino, las corrientes o los fondos. 

En la última fase se llevará a cabo la propuesta de actuaciones, para lo que los expertos mantendrán encuentros con asociaciones y ayuntamientos costeros para establecer sectores y definir las medidas más adecuadas para recuperar la laguna.

'Pacma' pide una Ley ‘Cero’ que acabe con los toros y los circos con animales

MADRID.- El Partido Animalista Pacma ha entregado este jueves en el Congreso de los Diputados las 220.000 firmas recogidas en apoyo de su Ley Cero de bienestar animal, que sigue siendo "asignatura pendiente" del Congreso un año después de haberla presentado en la Cámara Baja.

El documento, articulado en su integridad por el Partido Animalista, supone una “ley muy completa” que habla en “todos los términos en los que se maltrata y perjudica a los animales en nuestro país”, ha indicado su portavoz, Laura Duarte.

Duarte ha destacado como puntos “más perjudiciales” para los animales y que la sociedad “más demanda” la prohibición de la tauromaquia, la caza, los circos con animales o el sacrificio en perreras.

La petición llevada por Pacma al Congreso en mayo de 2017 instaba a los grupos con representación parlamentaria a que se comprometieran y sacaran adelante esta ley “imprescindible”, aunque hasta ahora, según Duarte, “ninguno” se ha mostrado dispuesto a llevarla a trámite.

No obstante, la portavoz de Pacma ha reconocido ciertos “signos de aparente interés” en el nuevo Gobierno, ya que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “ha dado a entender” su preocupación sobre la situación de los animales “a nivel general, no solamente en circos, granjas o perreras”.

Duarte confía en que esta voluntad se materialice, ya que, “a pesar de que el arco parlamentario está igual repartido y las cosas no son fáciles”, es posible llegar a acuerdos con el resto de grupos.

En mayo de 2017, Pacma lanzó una campaña de recogida de firmas a través de la web leycero.es que en sólo dos horas, según sus promotores, recabó 5.000 apoyos, y publicó en su página web un calendario de acciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga.

La Seguridad Social vigilará que no se despida a docentes interinos en verano

MADRID.- La Seguridad Social vigilará que no se despida a los profesores interinos en verano y advierte a las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas de la obligación de mantener el alta y la cotización al sistema durante julio y agosto siempre que tengan derecho a retribución.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha dictado este criterio de actuación como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 11 de junio, que establecía que no se pueden hacer diferencias de trato entre funcionarios docentes de carrera e interinos.

Para asegurar su cumplimiento, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) llevará a cabo las acciones oportunas en su ámbito de actuación, para que las comunidades autónomas mantengan a los trabajadores de educación interinos en alta en el sistema de Seguridad Social y abonen las cuotas que correspondan.

Además, cuando se trate de contratación temporal en centros educativos concertados, la ITSS actuará si comprueba que ha sido en fraude de ley.

Italia bloquea la cumbre europea sobre inmigración y pone a Merkel contra las cuerdas

BRUSELAS.- El Gobierno italiano bloqueó este jueves la adopción de conclusiones de los temas abordados en la primera sesión de trabajo de la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) hasta ver si es posible llegar a un acuerdo sobre política inmigratoria que satisfaga sus demandas. Un bloqueo que supone un duro revés a la canciller alemana, Angela Merkel, que llegó a la Cumbre con el desafío de los conservadores bávaros, que exigen un giro derechista a su política migratoria.

Fuentes europeas indicaron que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, defendió en la reunión que debe aplicarse el principio de que “nada está acordado hasta que todo está acordado” y que Roma se reserva el derecho de evaluar su posición sobre todas las partes del documento final hasta que se conozcan las decisiones en inmigración.

Minutos después, el Consejo Europeo confirmó en un comunicado que “un Estado miembro reservó su posición sobre las conclusiones completas”, por lo que “no se ha acordado ninguna conclusión” hasta el momento.

Esto obligó a posponer hasta este viernes, tras la segunda jornada de cumbre, la rueda de prensa del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, prevista inicialmente para este jueves.

En la primera sesión de trabajo, que comenzó a las 13.00 GMT, los Veintiocho abordaron los avances en las políticas de seguridad y defensa, la situación del comercio global tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 y las sanciones a Rusia por el derribo del avión MH17. 

Fuentes europeas indicaron que había acuerdo entre el resto de Estados para aprobar las conclusiones sobre estos puntos y que, a la vista del bloqueo italiano, los líderes debatieron durante más de 30 minutos el procedimiento a seguir en ese caso y concluyeron que sin unanimidad no podían aprobarse.

El debate sobre inmigración ha comenzado ya durante la cena de trabajo de los líderes y continuará tras la misma para acordar cambios en la gestión migratoria europea. El objetivo es dar respuesta a una crisis que, admiten, es política y no de refugiados (las llegadas a la UE por el Mediterráneo se han reducido en un 96 % desde la crisis de 2015).

Conte, que preside un gobierno integrado por los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, ya había advertido a su llegada a la cumbre de que Italia no descartaba vetar el acuerdo si no obtenía garantías de una mayor solidaridad de sus socios. 

“Italia no necesita declaraciones verbales, sino hechos concretos. Esta es la ocasión adecuada (…) En lo que a mí respecta, estoy dispuesto a sacar todas las consecuencias debidas”, dijo.

El nuevo Ejecutivo de coalición italiano, que abandera una retórica anti-inmigración, está decidido a bloquear un acuerdo si no se recogen los puntos esenciales de su propuesta migratoria.

Para Italia, uno de los principales puntos de llegada a Europa de migrantes irregulares, el acuerdo solo será posible si recoge la creación de centros para inmigrantes en países de origen y tránsito, reconoce que los desembarcos en Italia lo son en Europa y la responsabilidad debe ser compartida en la UE, apoya cambiar el sistema de Dublín que obliga a pedir asilo en el país de llegada y se prioriza la financiación para el Norte de África.

Un bloqueo que pone contra las cuerdas a Merkel

En el otro lado de la mesa, la canciller alemana, Angela Merkel, partidaria de la acogida, necesita un acuerdo europeo para contentar a su ministro del Interior, Horst Seehofer, y evitar el colapso del Gobierno en un momento de auge del partido ultraderechista AfD.

Desde hace semanas la atención política en Alemania está centrada en la exigencia de Seehofer de implantar su llamado “plan maestro” para contener la llegada de refugiados e inmigración ilegal. 

Se sabe que consta de 63 puntos, que el ministro no ha presentado por falta de consenso con la canciller y cuyo punto más conflictivo es el propósito de impedir la entrada a Alemania de refugiados rechazados y registrados anteriormente en otro país europeo. Para conseguirlo, está dispuesto a cerrar las fronteras, lo que Merkel rechaza mientras insiste en la necesidad de buscar una política migratoria común en la UE.

Merkel ha defendido que, a falta de acuerdos europeos, podrían sellarse pactos bilaterales con los países implicados para abordar el problema, una opción que apoya España. Roma, sin embargo, pide primero un acuerdo a Veintiocho.

En este contexto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó este jueves el refuerzo de las fronteras exteriores y las plataformas en países terceros como una medida necesaria para evitar otras propuestas “realmente duras”. 

“La alternativa a esto sería un avance caótico hacia el cierre de las fronteras, también dentro de la UE, así como conflictos crecientes entre Estados miembros de la UE”, advirtió.

Según se recoge en el último borrador de conclusiones, los líderes respaldarán desarrollar “plataformas regionales de desembarco” fuera de la UE en cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En estas plataformas se determinaría, antes de su partida hacia Europa, si se trata de inmigrantes económicos o de refugiados que sí tienen derecho a protección.

La precariedad frustra a los jóvenes: ya solo tres de cada diez se emancipan

ZARAGOZA.- La crisis y la precariedad del empleo están frustrando la carrera vital de los jóvenes españoles: siete de cada diez de entre 18 y 30 años siguen viviendo con sus padres mientras apenas tres se emancipan, según reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia y que recoge Público.

La falta de posibilidades de emancipación se ha intensificado en los últimos años con un avance de cuatro puntos en términos generales que ha reducido por debajo del 19% la tasa de jóvenes de 20 a 24 años que se emancipan y ha elevado por encima de la mitad el grupo de los de entre 25 y 30 que continúan viviendo con sus padres, una edad a la que hace unas décadas era habitual que las parejas hubieran formado su propia familia. 

Según indica una respuesta anterior a Heredia, entre 2012 y 2016 la cifra de jóvenes emancipados ya se había reducido en 930.000, al pasar de 4,14 millones a 3,21, una caída del 22%.

Las trabas económicas para el desarrollo de un proyecto vital están teniendo consecuencias demográficas, entre las que destacan sus efectos en la natalidad: la edad a la que se tiene el primer hijo se ha retrasado más de un año y medio en una década (de los 29 años y tres meses a casi 30 años y once meses) y se acerca a los 30 años y medio en el caso de las españolas, mientras, en ese mismo periodo, la tasa de natalidad se desplomaba casi un 25%, al pasar de 11,27 nacidos por cada mil habitantes a 8,37, con un registro de solo 7,5 entre los autóctonos.

“Los elementos clave en este fenómeno son, sobre todo, la falta de empleo y la mala calidad del empleo que existe”, explica el economista y politólogo Saúl Pérez, que señala esa situación como uno de los obstáculos que impiden que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y emanciparse.

La caída de los salarios y la ocupación entre los jóvenes

Los datos oficiales revelan cómo tras la crisis se ha reducido a la mitad el empleo juvenil en España, con una caída de ocupados de 16 a 30 años de casi 2,5 millones (de 4,9 a 2,5) y un aumento de casi 300.000 parados (de 728.000 a 1,06 millones). 

Y también ponen sobre la mesa cómo esa reducción del empleo ha ido acompañada de un notable desplome de los salarios en esas franjas de edad, con mermas de más de 1.500 euros anuales entre los de 25 a 29 años (de 17.434 a 15.876) y superiores a los 2.800 entre los de menor edad (de 9.960 a 7.128), lo que deja la horquilla salarial entre 1.134 y 509 euros brutos mensuales (en 14 pagas).

Así, no resulta para nada extraño que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) concluya que el riesgo de pobreza afecte a un 37,6% de los jóvenes de 16 a 29 años. “Decenas de miles de jóvenes han tenido que irse al extranjero a buscar una oportunidad que no encontraron en nuestro país”, señala el diputado.

“Se dice que no se debe destinar más del 30% del salario al pago de la vivienda, pero con los salarios actuales y los precios de alquiler a muchos jóvenes les resulta prácticamente imposible acceder a una casa”, indica Pérez, que recuerda cómo, paralelamente, “desde la crisis los bancos han restringido la concesión de las hipotecas porque los salarios no alcanzan para pagarlas, especialmente en el caso de los jóvenes”.

“El Gobierno de Rajoy ha machacado a la juventud, les hizo optar únicamente entre dos opciones: la cartilla del INEM o el pasaporte”, asegura Heredia, que destaca cómo “miles de jóvenes han tenido que volver a casa de sus padres” ante el panorama de las “altas tasas de paro juvenil, empleo muy precario y salarios miserables”.

700 euros por un piso de 40 metros

En el caso del alquiler, portales especializados como Idealista cifran el aumento de los precios en el último año en un 18,3%, con un promedio de 10,6 euros por metro cuadrado que sitúa en 424 la renta de un piso de 40 metros y en 636 la de uno de 60, mientras otros como Fotocasa estiman el alza en el 12,4% en los últimos quince meses.

Los precios del alquiler alcanzan niveles inasumibles para la mayoría de los jóvenes en Madrid y Barcelona, donde las medias alcanzan, respectivamente, los 15,9 y los 17,6 euros por metro cuadrado; es decir, 636 y 704 euros por un piso de 40 metros.

“Los jóvenes son uno de los principales perfiles de demandantes de alquiler, pero se enfrentan a un boom de los precios” que los hace inalcanzables, anota Pérez.

Fotocasa, por su parte, pone en entredicho la ortodoxia económica de esos aumentos de precios, en los que tiene una influencia fundamental el sector de los pisos vacacionales. 

“La demanda de alquiler cae un 36% en un año debido a que hay menos jóvenes (de 18 a 34 años) activos en el mercado que en 2017”, señala el portal inmobiliario, que añade que “si en 2017 había un 14% de personas mayores de 18 años que habían alquilado o intentado alquilar una vivienda, en 2018 ese porcentaje es del 9%”.

La imposibilidad de alquilar una casa

Esa tendencia resulta especialmente acusada en el caso de los menores de 24 años: el porcentaje de los que han conseguido alquilar vivienda este 2018 ha caído un 58%, mientras el descenso alcanza el 25% entre los que tienen de 25 a 34, según ese mismo portal.

Solo un 5% de los primeros y un 12% de los segundos logró una casa de arriendo, mientras la participación de los jóvenes en el mercado del alquiler caía un 39%, al pasar del 28% al 17% en un año.

Este aumento de los precios corre, paradójicamente, en paralelo a un incremento de la oferta como consecuencia de la salida al mercado de las casas adquiridas como inversión por particulares en los últimos años y de la movilización de miles de inmuebles por bancos y fondos de inversión. Y pone sobre la mesa la desidiosa política de vivienda del Gobierno central y la mayoría de los autonómicos en las últimas décadas, que han situado el parque social de alquiler del país a la cola de la UE.

La Región roza en abril el techo de déficit permitido para todo el año

MADRID.- El déficit murciano autorizado para 2018 ha llegado al borde del límite. El Gobierno regional incrementó hasta el mes de abril su déficit público hasta el 0,38% del PIB de la Región, lo que sitúa el margen permitido en un 0,02% para lo que queda de año. El objetivo fijado para el Ministerio de Hacienda para las comunidades durante este ejercicio es del 0,4%.

Se trata del sexto mayor porcentaje nacional por comunidades, equiparado al de Cataluña y dos décimas menos que el de 2017 por esas fechas, cuando era de 120. En concreto, el Ejecutivo murciano aumentó hasta abril de este año su déficit público en 119 millones de euros.
Precisamente la  Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya avisaba de que veía "muy improbable" que la Región cumpliera con el objetivo marcado para este año.
En el resto del país, las comunidades autónomas redujeron su déficit en abril el 31,1% respecto al mismo mes del año anterior, hasta colocarse de media en el 0,2% del PIB, dentro de los objetivos marcados para este año, del 0,4 por ciento, y un desfase conjunto de 2.438 millones.
El Ministerio de Hacienda publicado ayer el dato de déficit de la Administración central, las comunidades y la Seguridad Social, que se redujo un 24,4% hasta abril, de manera que en el primer cuatrimestre del año el desajuste se situó en el 0,57% del PIB, frente al 0,78% del mismo mes de 2017.
Las comunidades pasaron del 0,3% de déficit hace un año, equivalente a 3.538 millones de euros, al 0,2% y 2.438 millones. Hay además tres comunidades que presentan superávit: País Vasco, del 0,56 % y 418 millones; Asturias, del 0,19 % y 44 millones, y La Rioja, del 0,06 % y 5 millones. 

Del resto, la que registra un déficit más elevado es Navarra, del 0,66 % y un desfase de 137 millones, seguida de Castilla-La Mancha, con el 0,51 % y 214 millones, y Cantabria, del 0,46 % y una necesidad de financiación de 63 millones. 

Según Hacienda, los recursos de las comunidades crecieron un 5,9% en este periodo, principalmente por los mayores anticipos a cuenta del sistema de financiación recibidos, 1.046 millones frente a 244 millones en 2017, el incremento en 1.263 millones de las entregas a cuenta y el aumento del 12,3 % registrado por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La subida fiscal del diésel pone en alerta a más de 200.000 autónomos

MADRID.- La subida fiscal del gasóleo sería una buena noticia para la lucha contra el cambio climático, pero mala para los millones de usuarios de los vehículos que usan ese carburante. Sobre todo, para aquellos que los necesitan para trabajar, pero no tienen acceso a las bonificaciones fiscales, razona Expansión. 

Es el caso de algo más de 200.000 autónomos que trabajan gracias a sus coches o furgonetas de tracción diésel, según las estimaciones de la Federación Nacional de Autónomos (ATA) para este diario. Entre ellos, hay nada menos que 40.000 taxistas, 20.000 repartidores, 25.000 agentes comerciales y miles de conductores de ambulancias, agentes de seguros, floristerías, trabajadores de la construcción, empresas de movimientos de tierras y un largo etcétera.

La idea que maneja el Gobierno es que se equipare gradualmente el impuesto especial del gasoil al de la gasolina. El primero es de 30,7 céntimos por litro; el segundo, de 40,25. Es decir, la carga impositiva aplicada al diésel subiría hasta 9,55 céntimos, un 31%. El precio medio del gasóleo era, ayer, de 1,233. Este tipo de carburante está marcando su récord desde 2014. Con la reforma del Ejecutivo, pasaría a ser de 1,328 euros, 0,2 céntimos por encima del precio que marcaba ayer la gasolina sin plomo 95. De esta forma, llenar un depósito de 60 litros de gasóleo pasaría de costar 74 euros a 79,7, o sea 5,7 euros más.

Los bonificados, en principio, seguirían siendo los agricultores y los camioneros, pero no se puede descartar que en el futuro se articulase un alivio a otros profesionales.

Hay que recordar que, según los últimos datos de la DGT, en España hay 17,9 millones de vehículos con tracción diésel frente a 13,6 millones de vehículos que usan gasolina. En España, hay 541.751 furgonetas y camiones que consumen gasolina y 4.342.980 que usan gasóleo. Nada menos que siete veces más. Dicho de otra forma, por cada vehículo profesional de gasolina, hay ocho con gasoil.

Notarios y registradores, en guerra por el control de la información sobre blanqueo

MADRID.- La decisión del Consejo General del Notariado de constituir un registro electrónico con datos de particulares y de escrituras mercantiles, gestionarlo a través de una empresa propia de naturaleza privada y ceder esa información a terceros - habilitados legalmente, eso sí, para conocer esos datos- a cambio de una compensación económica, ha desencadenado una guerra abierta entre colectivo y el de los registradores de la propiedad, con el asunto del control de los datos necesarios para controlar potenciales operaciones de blanqueo de capitales como telón de fondo, destapa hoy www.lainformacion.com. 

Una Orden Ministerial aprobada el pasado mes de marzo por el Ministerio de Justicia, que habilitó a los registradores para recoger datos sobre los titulares reales de las sociedades en sus oficinas a partir de este mes de junio - los más relevantes a la hora de perseguir el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo -, ha provocado un auténtico seísmo en la relación de atribuciones entre estos colectivos profesionales, al quebrar la gestión exclusiva que hasta ese momento  realizaban en ese ámbito los notarios a través de su Índice Único Informatizado (IUI). 

La maniobra gubernamental ha recrudecido el cruce de acusaciones entre ambas partes, que ya se producía desde hace tiempo. Desde el bando de los registradores se critica con dureza el hecho de que los notarios estén utilizando los datos que recogen para elaborar ese índice, y en la mayor parte de las escrituras públicas que realizan, para cedérselos a una empresa privada, Ancert, unipersonal y controlada por el Consejo General del Notariado, a través de la que ceden esa información a entidades y plataformas del sector financiero, como Asnef o algunos de los grandes bancos, a cambio de una retribución económica.

Frente a ello, fuentes cercanas a la actividad notarial aseguran que Ancert es una entidad sin ánimo de lucro (aunque sea una sociedad limitada), que no comercializa los datos, sino que los cede a los 'sujetos obligados', según la definición de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que se los solicitan, y sólo cuando cuentan con el visto bueno de la Dirección General del Tesoro, el Ministerio de Economía y la Agencia de Protección de Datos para hacerlo.

Según las estimaciones que realizan estas fuentes, la compensación económica que reciben no llega a un euro por cada dato proporcionado y apenas alcanza para cubrir una quinta parte del coste de mantenimiento de la Base de Datos de Titularidad Real. Esa base existe en el seno del Notariado desde el año 2012, y fue reconocida como registro público por el reglamente de prevención del blanqueo de capitales en 2014. 

Los registradores también cobran por esa información, pero lo hacen a partir tarifas regladas para cada una de sus operaciones (peticiones de datos, notas, etc.). De hecho, son más caras que las que cobra el Notariado, pero están tasadas y sobre ellas no pesa ninguna sospecha de comercialización.

Europa exige un único registro de datos

La polémica por el control y la cesión de esos datos, básicos para contrastar investigaciones sobre blanqueo, tropieza además con la directiva europea que se debe trasponer a la legislación española en breve y que exige en su artículo 30 (revisado) que haya un único registro público para controlar este proceso, susceptible de ser contrastado e interconectado con los que existen en el resto de la UE. 

Esa norma mantiene que la base de datos puede cederse, incluso a las personas que tengan un “interés legítimo” demostrado para contar con ello, si bien deberá ser una ley interna la que deberá decidir que se entiende por ello.

Los notarios acusan a los registradores de ser ellos los que quieren arrogarse ahora este servicio (y sus ingresos correspondientes) y  decidir en cada caso quién tiene ese interés legítimo, sin base legal alguna. Mientras, por parte de los registradores se advierte que lo que la directiva establece es la imposibilidad de utilizar los datos reales de esas transacciones y cambios societarios para actividades cuasi comerciales. 

De hecho, los notarios llegaron a impugnar ante la Audiencia Nacional la orden que habilita ahora a los registradores a reclamar datos sobre titularidad real de las sociedades, sin éxito.  

Fuentes cercanas al ámbito del Notariado recuerdan que la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales (al menos su Reglamento) permite utilizar la figura del convenio para ceder la base de datos a terceros en las condiciones y con los requisitos que se establecen al efecto. 

Una habilitación que desde el ámbito registral no se ve tan cristalina: advierten de que esa interpretación es relativa y aseguran que en algunos ámbitos incluso se han llegado a plantear elevar a los juzgados el asunto.

Otro de los aspectos controvertidos que se subrayan en relación a este  asunto es la elaboración de actas notariales de identificación por parte de los notarios. Éstas suponen una de las bases informativas que los notarios utilizan para conformar su fichero y aunque no son obligatorias, sí son recomendables (“como los seguros que se venden con las hipotecas”, aseguran). 

Cada una de esas actas cuesta algo más de setenta euros al usuario.

El presidente Sánchez renunciaría a 10.340 millones por 'nacionalizar' las autopistas

MADRID.- Una de las primeras medidas que anunció el Gobierno de Pedro Sánchez al poco de llegar al poder fue la decisión de no prolongar la concesión de las primeras autopistas de peaje en España, así como la eliminación de los peajes que hoy pagan los ciudadanos. De esta forma, las autopistas empezarán a revertir al Estado a partir de noviembre de este año. Esta 'nacionalización' supondrá que el Estado renuncie a 10.340 millones a largo plazo, según los cálculos realizados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y que hoy recoge Voz Pópuli.

En concreto, suprimir los peajes que hoy pagan los ciudadanos por circular por esas carreteras de pago tendrá un impacto negativo en las arcas públicas de 437,5 millones euros al año, como ya dijo la patronal de constructoras y concesionarias Seopan. 

Según el IEE, la cifra se explica por los 84,8 millones de coste de explotación y mantenimiento, hasta ahora asumido por las concesionarias, y por los 352,7 millones que dejaría de recibir el Tesoro en concepto de retorno fiscal anual (IVA, Sociedades, IRPF, cargas sociales y otros tributos).

Pero ahí no acaban los problemas. A esta cifra habría que añadir las pérdidas en las que incurriría el Estado por no volver a licitar, como estaba previsto, las nueve autopistas que han revertido anticipadamente y cuyo ingreso para el Estado se estima en unos 1.000 millones de euros. 

Además, el levantamiento de barreras de las autopistas que terminan contratos implica la renuncia a su relicitación, que podría haber permitido un pago inicial al Estado por parte de futuros concesionarios de 9.340 millones de euros.

La renuncia de Sánchez

Esto significa que la continuidad del sistema de peaje en las tres autopistas que acaban contrato en breve (AP-1, AP-7 y AP-4) y la relicitación de las autopistas que han revertido anticipadamente supondrían la obtención de unos recursos adicionales para el Estado de 10.340 millones a los que Sánchez ha decidido renunciar, según anunció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista concedida a El País. A esta renuncia de ingresos habría que sumar los 437,5 millones que se ahorraría en gastos.

En 2021 llegará el vencimiento de otras dos autopistas de peaje: la AP-2 entre Zaragoza y la costa mediterránea y diversos tramos de la AP-7 (Tarragona-La Junquera y Montmeló-El Papiol). Sin embargo, el horizonte temporal del fin de estas concesiones trasciende la actual legislatura por lo que deberá ser el Gobierno resultante de las próximas elecciones el que tome una decisión definitiva.

Lo cierto es que el Gobierno del PP había dicho también que no prolongaría las concesiones de peajes con próximos vencimientos, a pesar de las peticiones de las sociedades concesionarias (Itínere, para el caso de la AP-1, y Abertis para las otras dos vías). Sin embargo, no terminó de definir cuál sería el destino de los peajes una vez que finalizara la concesión.

La idea del Ministerio de Fomento que dirigía Íñigo de la Serna era que el coste de estas primeras autopistas de peaje ya estaba amortizado. No obstante, aún se planteaba la posibilidad de que fuera el Estado el que siguiera cobrando el peaje, una vez vencida la concesión, para sufragar el mantenimiento de esos tramos, que ya no correrían a cargo de la concesionaria.

La renuncia a los 10.000 millones es una de las razones que han llevado al Instituto de Estudios Económicos (IEE) a llamar a su ultimo informe  ‘No perder la confianza que tanto ha costado recuperar’. 

El organismo, laboratorio de ideas económicas de la CEOE, se ha mostrado muy critico con las primeras medidas anunciadas por el nuevo Gobierno y convencido de que el próximo que salga de las urnas en 2020 tendrá que arreglar los desastres de los socialistas.

Calviño a Goirigolzarri: hay tiempo para privatizar Bankia

MADRID.- La reunión se produjo. La ministra de Economía, Nadia Calviño, y el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se reunieron el pasado lunes para conocerse personalmente y, sobre todo, para hablar del futuro de la entidad financiera. Bankia es la cuarta firma bancaria española y la única ya en la que el Estado, a través del FROB, mantiene una participación mayoritaria del 61% de su capital, tal como recuerda hoy Cinco Días.

En esta reunión la responsable de Economía tranquilizó al banquero, al explicar que no está entre sus planes convertir Bankia en un banco público vitalicio, como ha reclamado en alguna ocasión Podemos.

Sobre las fechas para la privatización de esta entidad financiera, Calviño también le transmitió que aún queda tiempo para decidir si se amplía o no la fecha para la venta del 61% que controla el Estado en paquetes.

La normativa española, modificada ya el pasado año, fija diciembre de 2019 como tope para su privatización, aunque esta fecha puede ampliarse nuevamente, ya que el primer plazo era a finales de 2017, algo que aún no se ha abordado, pero que tampoco sería extraño, como exponen algunos expertos.

La idea de Economía, como la del FROB es intentar maximizar el valor de este banco para que el contribuyente pueda recuperar todo lo posible de las ayudas públicas que se concedió a esta firma, y que ascendieron a 22.424 millones de euros.

El problema de Bankia es que a los precios actuales a los que cotiza, es imposible devolver estas ayudas. Sus títulos cerraron ayer a 3,22 euros, con una caída del 0,77%. Su capitalización total suma 9.942,84 millones de euros. Para recuperar las ayudas el precio de la acción tendría que situarse cerca de 6 euros.

Goirigolzarri ya ha comentado en las últimas semanas “no tenemos agobios”, para la fecha de privatización de Bankia, pese a que quede solo un año y medio para la fecha fijada en la actualidad. Aun así, es partidario de su privatización a medio plazo, aunque cree que es positivo que el Gobierno tenga la capacidad de extender el periodo si fuese necesario.

El FROB, presidido por Jaime Ponce, también ha comentado en más de una ocasión estar a favor de poder tener la opción de ampliar la fecha de salida del Estado en el capital de esta entidad financiera.

La cúpula de Bankia está convencida de que cuando suban los tipos de interés el valor de la entidad será uno de los más beneficiados, opinión que comparten los analistas.

La trayectoria europeísta de Calviño también hace que el Estado se incline más por su privatización a medio plazo.

Peligra el megacontrato de 'Navantia' con Australia para fabricar nueve fragatas

MADRID.- En Navantia daban por sentado que el pasado viernes conocerían la decisión final del Gobierno de Australia sobre cuál de las tres ofertas finalistas fabricaría las nueve fragatas para la marina austral. Sin embargo se ha aplazado la decisión. Y varios datos apuntan a que podría complicarse el contrato, según publica hoy El Confidencial Digital.

Están en juego 22.500 millones de euros. El mayor contrato que haya conseguido nunca una empresa española en el extranjero. La oferta de Navantia partía -a priori- con cierta ventaja: en Australia se la consideraba la menos arriesgada económicamente, y además las futuras unidades son totalmente compatibles tecnológicamente con las fragatas de la US.Navy (ambas llevan el mismo sistema de combate).

La decisión se esperaba para el mes de mayo, pero finalmente se retrasó un mes más. Fuentes de Navantia confirmaron a ECD que habían recibido información de que el anuncio llegaría el pasado viernes 22 de junio. Llegó el día y tampoco hubo noticias al respecto.

Ahora se sabe que Australia ha ordenado otra moratoria en la decisión, sin establecer un plazo concreto. Fuentes gubernamentales, citadas por medios especializados locales, aseguran que el retraso se debe a que el Canberra estaría intentando introducir a un astillero local -Austal- dentro del concurso. Como cuarta opción o como opción de subcontrata para la empresa ganadora.

El gobierno australiano buscaría así darle una oportunidad de negocio a una empresa nacional que no pasa por buenos momentos tras perder sus opciones en otra reciente adjudicación. 

Fuentes del sector explican a ECD que, sin embargo, el proyecto SEA 5000 -como se denomina a las 9 fragatas- le “queda muy grande” a una firma como Austal, que ha fabricado unidades de tipo patrullero para la marina australiana, para Estados Unidos y para algunas monarquías del Golfo Pérsico.

Sin embargo no sería este el único problema que pondría en peligro la candidatura de Navantia. Según ha filtrado la prensa local, aludiendo a fuentes de Defensa, que la opción elegida finalmente sería la de la británica BAE Systems y sus Type 26. La oferta más cara y arriesgada -es un proyecto, aún no hay ninguna unidad navegando-, pero también la más ambiciosa y avanzada tecnológicamente.

El contrato, explica la prensa, sería la primera muestra del nuevo tratado de libre comercio (FTA) que perfilan Londres y Camberra de cara a la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Sin embargo, fuentes próximas a Navantia explican que pese a que estas noticias puedan generar “inquietud”, no son más que “cabildeos” de Reino Unido con políticos australianos y que aún está por ver si se cumplen estas previsiones.

La Asociación 'Hippocampus' ha encontrado un caballito en aguas del sur del Mar Menor

CARTAGENA.- La supervivencia del caballito de mar en el Mar Menor ha estado pendiendo de un hilo desde el verano de 2016, pero las últimas inmersiones de la Asociación Hippocampus arrojan un rayo de esperanza para la supervivencia de estos animales marinos.

En abril de este año la Asociación encontró durante una de sus salidas cuatro ejemplares, demostrando que siguen nadando en el Mar Menor. El pasado sábado 23 de junio, cuatro miembros de Hippocampus dieron con otro caballito de mar entre Los Nietos y Los Urrutias.

En concreto, hallaron una hembra de 7,5 cm, además de dos ejemplares de abaster o pez agua y un lenguado.

"Hoy no se puede ser más feliz", expresaron desde la Asociación a través de las redes sociales, donde compartieron el vídeo en el que se puede observar cómo hallaron el caballito de mar.

La Asociación Hippocampus investiga desde hace años el estado de esta especie en el Mar Menor como parte de sus estudios de la conservación de la laguna.

Una especie en estado de vulnerabilidad

El caballito de mar, uno de los animales más emblemáticos de la fauna del Mar Menor, se encuentra en un estado de "vulnerabilidad" por su riesgo de extinción. La Asociación Hippocampus recuerda que el Libro Rojo de los Vertebrados de la Región catalogó 'en peligro crítico' el estado de conservación de la especie, "lo que supone un riesgo extremadamente alto de su extinción en estado silvestre en un futuro inmediato", como así manifiestan los investigadores de la asociación.

Los últimos datos conocidos hasta la fecha, hechos públicos en enero de este año, ponían de relieve que la población del caballito de mar podría haberse reducido hasta un 90%.

¿Las causas del peligro de desaparición de esta especie? A juicio de la asociación murciana, "la contaminación y pérdida de pradera marina, la extracción masiva por parte de pescadores y la invasión de especies no autóctonas, como la dorada y la lubina" son los principales motivos de la disminuición de la cifra de caballitos de mar.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) ya exigió en 2016 medidas de protección "porque la laguna salada es como si fuera un reservorio de esta especie en el mediterráneo español", según se recogió en prensa. Este instituto señalaba que el caballito de mar "se encuentra en unas densidades bajísimas y es difícil de encontrar".

En cambio, añadían, en el Mar Menor "es como si tuviéramos un pequeño laboratorio, teniendo, antiguamente, unas densidades muy buenas", ya que se llegaron a capturar "para venderse secos a una empresa que hacía souvenir".

"El Mar Menor se está estabilizando"

Por otro lado, el director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo Zapata, ha insistido este jueves, durante su comparecencia ante la comisión especial sobre el Mar Menor, que la laguna salada "se está estabilizando" y tiene ya casi 5 metros de transparencia, los datos de turbidez han pasado de 11,75 en 2016 a 1,57 y la clorofila también ha experimentado una mejoría pasando de 38 microgramos por litro a 0,8.

Según ha apuntado, el Mar Menor es un ecosistema que "ha sufrido una crisis e inestabilidad importante" y que "requiere de mucho tiempo" para volver a su estado normal.

Ha instado a "ser prudentes" y a dejar trabajar a los científicos, ya que "cualquier acción ha de hacerse de manera consensuada".

Asimismo, ha pedido a la Asamblea Regional que trabaje en la ley integral del Mar Menor y ha puesto a disposición de los grupos parlamentarios los medios técnicos y científicos de la consejería para ayudarles en la redacción de dicha ley. Piensa que en su redacción "debe haber un consenso político desde el minuto cero".

En cuanto a las medidas que se llevan a cabo para recuperar la laguna salada, ha destacado la estrategia de zona integral costera, la retirada de embarcaciones varadas y utensilios del Mar Menor, así como la identificación de diversas actuaciones por playa y la elaboración de un modelo hidrogeológico del Mar Menor, entre otras.

En cuanto a los grupos parlamentarios, el diputado del PP Jesús Cano ha resaltado que el Gobierno está actuando con "absoluta transparencia" sobre el Mar Menor.

En ese sentido, ha dicho que los datos reflejan que la laguna salada "está mejor que hace un año y que hace dos" y ha reprochado a la oposición la falta de colaboración criticando que insistan en que el Mar Menor está contaminado, "no lo está, atraviesa una situación de crisis de la que se recupera de forma estable".

Por parte de Ciudadanos, Luis Francisco Fernández ha echado en falta una "respuesta clara" sobre las actuaciones que se piensan tomar en materia del Mar Menor. A su juicio, falta coordinación entre administraciones y consejerías para solucionar los problemas del Mar Menor. Considera que es necesario implicar a los ayuntamientos en la gestión del Mar Menor.

Desde Podemos, María Giménez ha criticado al director general por acusar a la oposición de crear alarma social. Ha advertido que no se corresponde la información que a ellos les llega sobre el estado de la laguna salada a la que "se nos vende; no entendemos la negativa del Gobierno regional a eximirse de responsabilidades".

Finalmente, el socialista Antonio Guillamón piensa que no se están desarrollando las actuaciones necesarias y efectivas para corregir el problema del Mar Menor. Él considera una afirmación "provocadora" que se haya dicho que el Mar Menor no está contaminado.

A su vez cree que la dirección del Mar Menor y Medio Ambiente no tiene el protagonismo que se requiere añadiendo que le parece "razonable" el estudio de impacto ambiental propuesto, pero que "deja en evidencia al Gobierno regional y supone un bofetón a los responsables de las medidas de mayor trascendencia".