MADRID.- PSOE y Podemos se han unido este martes para pedir el cese de Federico
Trillo como embajador de España en el Reino Unido después de que el
Consejo de Estado haya determinado la responsabilidad del Ministerio de
Defensa, que él dirigía entonces, en el accidente del Yak-42 en el que
murieron 62 militares españoles en 2003.
"Un Gobierno a la altura de su gente no puede mantener a
Trillo como embajador tras el informe del Consejo de Estado", ha
afirmado Iglesias en su cuenta de Twitter.
El Consejo de Estado ha responsabilizado al Ministerio de
Defensa del accidente registrado en Turquía en el que fallecieron los 62
militares españoles cuando regresaban de una misión en Afganistán.
Al igual que PSOE y Ciudadanos, el grupo parlamentario de
Unidos Podemos ha pedido la comparecencia de la ministra de Defensa,
María Dolores de Cospedal, para que dé explicaciones tras el informe del
Consejo de Estado.
Asimismo, ha registrado varias preguntas escritas dirigidas
al Gobierno en las que critica al presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, por asegurar que el caso del Yak-42 "ya está sustanciado
judicialmente".
Tras el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza a
Defensa del accidente, el portavoz de este área del PSOE en el Congreso y
responsable del Área Internacional y la UE de la Gestora, Ricardo
Cortes, ha reclamado al Gobierno que asuma responsabilidades políticas
"inmediatas" apartando a Trillo de la Embajada en Londres.
"El Gobierno
de Mariano Rajoy tiene ahora la oportunidad de demostrar que, esta vez
sí, va a estar a la altura del dolor de las familias de las víctimas"
asumiendo "de una vez por todas" responsabilidades políticas por las
"escandalosa" gestión del entonces titular de Defensa, ha señalado
Cortés.
El dictamen del Consejo de Estado responde a la petición de
291 familiares de 55 de los fallecidos que reclamaron la responsabilidad
patrimonial del Estado en este caso. El dictamen se refiere a la
existencia de "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a
la Administración ponderar el "especial riesgo" que concurría en el
transporte contratado para el traslado de las tropas.
"Dicho con otras palabras -señala el documento-, pudieron
ser advertidas circunstancias que habrían llevado a la adopción por los
órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo
que se corría".
El dictamen admite, como lo hizo la Audiencia Nacional al
archivar definitivamente el procedimiento penal abierto contra seis
mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte,
que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos
del Yak-42 y su falta de formación para afrontar situaciones como la
que vivieron.
Sin embargo, frente a la tesis de que la responsabilidad del
siniestro fue exclusivamente de la agencia de la OTAN con la que
Defensa había acordado delegar la gestión de los transportes de tropas,
NAMSA, el Consejo de Estado entiende que el procedimiento exigía al
Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus
contratistas, y más en actividades de riesgo.
Según los autores del dictamen, el acuerdo de ventas
suscrito con NAMSA no permite suponer una desvinculación total de la
administración militar de sus competencias en materia de seguimiento y
control de las empresa subcontratada que se encargó del viaje.
Consideran que la Ley de Contratos de la Administración
Pública impone a éstas el deber de velar por el cumplimiento de los
requisitos aplicables mediante labores de comprobación, verificación,
inspección o investigación de las empresas contratadas.
Labores previas que consideran de "especial importancia" cuando la actividad a realizar presenta "riesgos".
El Consejo de Estado valora, a tenor de los informes
aportados en las pruebas judiciales, que la tripulación ucraniana
carecía de la preparación y de la formación suficiente para enfrentarse a
las dificultades que se le plantearon al tratar de aterrizar en el
aeropuerto de Trebisonda, una zona de complicada orografía.
Sin embargo, a diferencia de lo mantenido por la
jurisdicción penal, estima que los datos que la administración española
aseguró desconocer no sólo eran de "gran trascendencia" sino que exigían
la adopción de medidas de supervisión para garantizar el transporte en
condiciones de seguridad.
A juicio de este órgano, la larga cadena de
subcontrataciones realizada, que permitió reducir el precio inicial del
transporte de 149.000 euros a 38.442 dólares estadounidenses, hacía
"razonable" pensar en que dicha rebaja afectó también a las condiciones
exigidas al contratista.
El informe señala que la administración militar podía
conocer esta situación y se apoya en un informe previo de un teniente
coronel de Infantería hecho en Kabul en el que advertía de que "se están
corriendo graves riesgos" al transportar personal militar en aviones de
carga de la antigua URSS, con un mantenimiento que calificaba el autor
de "muy dudoso".
Esta advertencia de posibles consecuencias perjudiciales
para la seguridad de las tropas, señala el dictamen, debía haber
motivado una actuación previa por parte de las autoridades militares
para verificar la situación.
El Consejo de Estado se apoya también en el testimonio de un
capitán noruego que pilotó previamente el mismo avión, a cuya
finalización puso en conocimiento de sus superiores que había estado
"muerto de miedo al volar en aquella chatarra".
El dictamen descarta, sin embargo, la posibilidad de que los
familiares de víctimas que acudieron a la vía civil para ser
indemnizados puedan serlo una segunda vez a través de la responsabilidad
patrimonial imputada al Estado.
Por otra parte, se hace una breve mención al procedimiento
penal que supuso la condena de un médico militar por la identificación
errónea y defectuosa de los cadáveres de las víctimas, al señalar que
con la indemnización acordada en sentencia "puede tenerse por resarcido
el concreto daño moral sufrido por las familias".
Piden que se reabra el caso tras el dictamen
Francisco Cardona, vicepresidente de la asociación de víctimas del
Yak-42 y padre de uno de los militares que fallecieron en el siniestro,
ha vuelto a arremeter contra la ocultación y la falta de asunción de
responsabilidades que han rodeado toda la investigación del accidente
del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares el 26 de mayo de 2003.
El
dictamen del Consejo de Estado responsabiliza por primera vez de lo
sucedido al Ministerio de Defensa, que entonces dirigía Federico Trillo,
actual embajador de España en Reino Unido.
Cardona ha pedido este martes, en declaraciones a la Cadena SER, que
se reabra el caso que fue archivado en 2012 por el juez de la Audiencia
Nacional, Fernando Grande-Marlaska.
Según el informe del Consejo de Estado, el accidente podría haberse
evitado si Defensa hubiera atendido a las denuncias y señales que
recibió sobre la precariedad de los aviones y tripulaciones que
subcontrataba.
Para Cardona, “lo que diga el señor Trillo a mí me da
risa. Él no debió autorizar, o alguien por encima de él, el vuelo del
Yak-42 porque se ha demostrado en todas las instancias judíricas que el
vuelo era ilegal. Si el Ministerio de Defensa hubiera actuado conforme a
la legislación vigente ese vuelo no habría despegado”.
Cardona ha empezado la entrevista en la SER recordando que él no ha
perdido ningún hijo. “A mí me han matado a un hijo”, ha dicho y ha
continuado: “Si el Gobierno del PP pide perdón, que tengo serias dudas,
que se atengan a las consecuencias porque mis lágrimas no me las pueden
secar. Mi hijo y los 61 compañeros del Yak no vuelven a casa por Navidad
y nunca volverán”.
