El PPRM deja a Cámara abandonado a su suerte tras conocerse el informe de Anticorrupción

MURCIA.- La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los convenios urbanísticos en la zona norte del municipio de Murcia ha arrojado nuevos datos a punto de que sea levantado el secreto del sumario y el PPRM haya dejado abandonado a su suerte a quien todavía es hoy su secretario regional y alcalde de Murcia, el profesor de Orihuela, Miguel Ángel Cámara Botía. Ni el presidente del partido, Ramón Luis Valcárcel, ni el vicesecretario general, Pedro Antonio Sánchez, quieren saber nada de él a tenor de sus últimas y sendas declaraciones de esta noche en Alhama.

«No he leído nada sobre Cámara y sobre su implicación en la operación de Nueva Condomina. No sé, no sé, de verdad», ha dicho el también alcalde de Puerto Lumbreras.

«Dejemos que la Justicia haga su trabajo. Siempre hemos sido muy respetuosos con sus decisiones», ha dicho, por su parte, el también presidente de la Comunidad Autónoma, tras sostener que no tiene una opinión formada sobre el informe hecho público por la Fiscalía Anticorrupción.

Y es que el fiscal desvela que el Ayuntamiento de Murcia usó una ley que todavía no estaba en vigor para aumentar la edificabilidad en Nueva Condomina al pasar del tope legal de 0,4 m2/m2 al 0,63 (un 60% más), lo que equivale a 190.000 m2 y a 1.584 viviendas extra. Desvela, además, que se hizo pese a que la Comunidad Autónoma advirtió de su ilegalidad en el informe preceptivo.

También desvela que el campo de golf se autorizó en una zona de especial protección forestal, vulnerando presuntamente la ley y en contra de los informes técnicos de la Comunidad Autónoma. Y que la «condonación ilegal» a Samper del pago del 10% del aprovechamiento urbanístico, por considerar que con la entrega del campo de fútbol era suficiente, se hizo sin que existiera informe alguno sobre el valor de ambos bienes.

 Asimismo que el exconcejal de Urbanismo, Ginés Navarro, era partidario de convocar un concurso público para construir el campo de fútbol y que ello le costó el enfrentamiento con el alcalde. Señala además el fiscal que incluso hubo dos propuestas de Metrovacesa para construir el estadio, que el Ayuntamiento ni siquiera contestó.

 Sostiene el informe que todos los funcionarios intervinientes, entre ellos el alcalde, bendijeron «todo un cúmulo de ilegalidades administrativas, que siempre beneficiaban al promotor (Samper), por encima de los intereses generales». También les imputa haber actuado «con ceguera jurídica».

 Por vez primera señala directamente al alcalde Cámara como máximo responsable político del convenio urbanístico de Nueva Condomina y último garante del macroproyecto. También desvela parte del contenido de las declaraciones de Cámara en el juzgado y le advierte de que no puede aducir ignorancia y que, de existir, ello agravaría incluso su responsabilidad penal.

Finalmente sostiene que Cámara adoptó en primer lugar la decisión de sacar adelante el convenio para construir el campo de fútbol y luego llegaron los informes técnicos, para darle una apariencia de legalidad.

El alcalde de Murcia se agarra a un clavo ardiendo, tras el varapalo de Anticorrupción, al implicar al TSJ y al PSRM

MURCIA.- La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, ha recordado este sábado que, en cumplimiento de la Ley, todos los trámites administrativos que se realizan en el Ayuntamiento de Murcia "están avalados por informes favorables de técnicos independientes, sin que hasta la fecha se haya adoptado decisión alguna que no cumpla con este requisito", en respuesta al concluyente informe de la Fiscalía Anticorrupción.

   La concejal Fuentes ha recordado que la legalidad de la tramitación de los convenios de la Zona Norte también fue avalada por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), según han informado fuentes municipales en un comunicado.

   De este modo, las sentencias a las que se hace alusión son la del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 30 de diciembre de 2005, número 983/05, y la del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 16 de julio de 2006, nº 461/06.

   La portavoz ha añadido que las dos sentencias confirmaron, por partida doble, la plena validez del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, incluyendo la ordenación de la zona Norte, y muy detalladamente el convenio urbanístico del que se derivó el correspondiente plan parcial Nueva Condomina, aprobado con los votos favorables del Partido Popular y PSOE.

   Fuentes también ha recordado que, en el caso de Nueva Condomina, la aprobación del proyecto fue debatida y aprobada por todos los ediles del Partido Popular y del PSRM que conformaban el Pleno del Ayuntamiento de Murcia.

Pero el fiscal decía en su informe al juez instructor que «conviene desde ya rechazar la  alegación que repiten todos los imputados acerca de la legalidad del PGOU de Murcia y de los convenios». Y señalaba que «las dos sentencias del TSJ que se han pronunciado sobre los convenios urbanísticos en nada afectan a esta denuncia de la Fiscalía, sino que, más bien al contrario, la refuerzan».

Y en cuanto al conocimiento y aprobación del tema por los concejales socialistas, el fiscal anticorrupción hacía constar que «era la Alcaldía la que contaba con toda la información relevante para formarse opinión, al ser partícipe en todo el proceso negociador previo, y era la Alcaldía la que debía someter al Pleno el expediente de convenio con todos los informes preceptivos y los borradores que se utilizaron en las negociaciones y que no se aportaron al expediente».

«La mera consulta previa a los partidos de la oposición municipal -insistía el fiscal-, si no se les dotó de todos los antecedentes necesarios, ocultándoles informes y borradores previos, no es suficiente para justificar la decisión adoptada por mayoría municipal».

IU-Verdes considera que el informe de Fiscalía es "demoledor" para el alcalde Miguel Ángel Cámara

MURCIA.-   La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha dicho este sábado que el informe de Fiscalía sobre las irregularidades del proyecto Nueva Condomina es "absolutamente demoledor" para el alcalde, Miguel Ángel Cámara, puesto que "apunta hacia su persona como el eje central sobre el que gira una serie de operaciones fraudulentas y perjudiciales para el municipio".

   Para Herguedas, "es especialmente significativo que el fiscal rechace cualquier alegación de ignorancia entendiendo que la falta de conocimiento de un alcalde en una operación de esta transcendencia constituiría un hecho agravamiento de su responsabilidad", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

   Así, ha señalado que su formación "nunca ha dudado de que la operación de Nueva Condomina respondía a todo un plan organizado desde unos años antes de la firma del convenio, todavía en pleno proceso de tramitación del Plan General en el que el logro del objetivo, el estadio de fútbol, se antepuso al cumplimiento de la Ley".

   Por eso, la edil considera este informe como "un reconocimiento a las denuncias que su organización viene realizando desde el año 2001, fecha en que se aprobó este convenio urbanístico con el que se inició la etapa del urbanismo a la carta".

   Igualmente, ha destacado que precisamente la primera de las irregularidades que señala fiscalía (la exención de ceder el 10 por ciento de aprovechamiento que por Ley corresponde al municipio y que se ha valorado en un perjuicio de 18 millones de euros), fue uno de los aspectos que IU-Verdes denunció en el pleno de aprobación en el convenio de Nueva Condomina.

   En el mismo, recuerda Herguedas, "ofrecimos las cifras de lo que el municipio perdía y advertimos al resto de los concejales de la irregularidad que cometían, a pesar de lo que el convenio se aprobó con los votos de PP y PSOE y el único voto en contra de los dos ediles de IU, que entonces eran Concha Hernández y José Manuel López".

   Y es que, la portavoz de IU-Verdes contrapone el "rédito electoral que Cámara consiguió con el convenio al coste que la defensa de la legalidad tuvo para IU que perdió su representación en el Ayuntamiento de Murcia en la siguiente legislatura".

   "A pesar de ello, esta organización mantuvo siempre su coherencia en la denuncia del convenio y también lo hicimos, con su desarrollo posterior en el que tal y como también recoge el informe de Fiscalía las normas urbanísticas fueron aplicadas a conveniencia", añade.

   Finalmente, Herguedas ha recordado que la transcendencia de este convenio se extiende al resto de los firmados en la zona norte del municipio, "a los que se aplicaron las mismas ventajas para evitar denuncias en los juzgados. Algunos de ellos siguen siendo investigados dentro de la trama Umbra".

El PSRM pide en la Asamblea Regional la creación de una oficina contra los desahucios

CARTAGENA.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán va a presentar una iniciativa en la Asamblea Regional en la que reclama la creación de una Oficina contra los desahucios en la Región.  

   De este modo, su función sería ocuparse del asesoramiento y protección de los miles de ciudadanos y familias de la Comunidad que viven "este drama de perder su vivienda habitual", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   López Pagán afirmó que con esta medida, cuya ubicación debería ser en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, con personal de la misma, se conseguiría una protección integral de todas las personas afectadas por los procesos de desahucio en fase más avanzada y a la hora de buscar soluciones para resolver su deuda con la entidad financiera, bien renegociando la cuota o aplicando la dación en pago.

   Por otro lado, tendría una labor de prevención pero, sobre todo, de información a aquellas personas que quieran acceder a una vivienda y vayan a contratar un préstamo hipotecario y lo puedan hacer conociendo el alcance de las obligaciones que contraen; y por último, para proteger y dar soluciones a las familias a las que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España no hayan evitado la fatal consecuencia de perder su vivienda habitual.

   El diputado socialista argumentó que "esta dramática realidad está hoy más viva que nunca en nuestra Región, pues según las últimas estadísticas oficiales, nuestra Comunidad es precisamente la que más ha crecido en el último año en número de desahucios en comparación con los dos últimos años; en los nueve primeros meses de 2012 especialmente, al pasar de 584 a 865 desalojos, un 48,1 por ciento más".

   Una oficina similar funciona desde el pasado mes de octubre en Andalucía, "con excelentes resultados y también ha sido puesta en marcha en diversos municipios de nuestro territorio". Por ello, en opinión del parlamentario, es necesario "que el Gobierno regional asuma la necesidad ayudar de forma decidida a los ciudadanos y ciudadanas de la Región que peor lo están pasando, creando esta oficina que coordine las existentes e impulse la creación de nuevas oficinas municipales".

   Y es que, el viceportavoz socialista mostró su esperanza de que el Gobierno del PP acceda a poner en marcha esta iniciativa, ya que no requerirá mayores fondos públicos al encontrarse incardinada en la Consejería competente en materia de vivienda.

   "Consideramos que en estos momentos difíciles hacen falta respuestas inmediatas y medidas efectivas que alivien a los ciudadanos que sufren la lacra del desempleo, que elevan nuestros niveles de población excluida de la sociedad, a los que estamos obligados a apoyar y ayudar para salir de situaciones tan complicadas como la del riesgo de perder su vivienda habitual", concluyó.

El comunista Pujante lamenta el "perfil bajo" de la Asamblea Regional y reclama debatir sobre los temas "importantes"

CARTAGENA.- El coordinador de IU-Verdes y diputado de esta formación en la Asamblea Regional, José Antonio Pujante, lamenta que el planteamiento del PP es que la Asamblea Regional "tenga un papel de bajo perfil", y que su labor principal "sea remitida al propio Gobierno de la Región de Murcia, que tiene el papel fundamental".

   "Esto hace que la tan cacareada división de poderes a la que se hace continuamente referencia no se concrete y no se manifieste", ha criticado Pujante, quien cree que el Grupo Parlamentario Popular "hace de mero transmisor y resolvedor de los problemas que pueda tener el Gobierno de la Región".

   El coordinador de la federación de izquierdas considera que se ve "invalidada" la función de la Asamblea Regional, que "debería ser una caja de resonancia de los problemas de la Región de Murcia, porque ahí, quien habla y debate son los representantes del pueblo".

   Pujante admite que este año se ha intensificado la actividad parlamentaria, pero "no en lo que se refiere a abordar los problemas que tiene la Región de Murcia". Por tanto, no cree que la Asamblea vaya a recuperar su "vitalidad" por trabajar más, sino en la medida en que se cumplan sus funciones.

   Recuerda que entre estas funciones está la de "impulsar y controlar la gestión del gobierno", así como "debatir las cuestiones fundamentales que afectan a la Región de Murcia, como el modelo de Sanidad o Educación que se pretende".

   Por ejemplo, Pujante echa de menos que se hable directamente de los recortes, de qué está pasando con el Aeropuerto Internacional de la Región, y qué repercusión puede tener el aval de 200 millones de euros que le ha concedido el Gobierno regional.

   Asimismo, le gustaría debatir "sobre qué hay de la Paramount, qué hay realmente del AVE, si va a llegar o no, cómo va a llegar y por donde". También echa de menos debatir sobre la financiación europea, la financiación autonómica o la deuda histórica.

   Ha remarcado la importancia que tendría debatir "los temas importantes" y reales que tienen trascendencia, pero lamenta que la cámara es un mero "certificador notarial de la acción de Gobierno y un mero trámite que hay que cumplir inexorablemente para dar salida a determinadas leyes".

   Bien es cierto que, según Pujante, es un parlamento regional "distorsionado por una ley electoral que concede al PP los dos tercios de la cámara, aún cuando no tiene los dos tercios de los votos".

   Esta "mayoría aplastante" hace que, a veces, "se debatan cuestiones que se podrían sustanciar en una comisión", pero lamenta que esto es así porque "es el grupo mayoritario el que determina qué es lo que se debate y qué es lo que no se debate".

   A su parecer, "tampoco se le da la resonancia ni el eco necesario a lo que allí se debate", de forma que la Asamblea se ve como un "instrumento secundario al que no se le ha querido dar el papel que tiene". Es una situación que Pujante tacha de "penosa" y que a su parecer "habría que rehabilitar".

   Considera que deberían ir más al parlamento tanto Valcárcel como los consejeros autonómicos, y "debería haber una mayor labor de control y seguimiento al propio Gobierno regional". Sin embargo, aclara que esto provoca "un desgaste" al Gobierno regional.

   Cuando los representantes del Ejecutivo aparece en el parlamento, "acuden con todo preparado, con su cohorte de seguidores para aplaudir, con la displicencia con la que responde a la oposición Valcárcel, que no contesta ni siquiera a contenido de las preguntas".

   De hecho, explica que el presidente regional "sale huyendo" en cuanto "terminan las preguntas cuya respuesta ya le habían preparado". A su juicio, esto "no es de recibo y no es beneficioso para la propia imagen del parlamento".

   Al ser preguntado por las protestas que se han producido en la Asamblea durante el 2012, Pujante recuerda que se han producido cuando el Ejecutivo ha acudido al parlamento. Y es que el papel de la cámara "es tan secundario" que la gente "ya no se molesta en ir a protestar".

   Al ser preguntado por una posible salida de Valcárcel del Ejecutivo, Pujante cree que es "secundario" si las políticas que se llevan a cabo "son las mismas", porque el PP tiene "una mayoría absoluta aplastante que le permite hacer u deshacer a su antojo". Un posible cambio dependería, a su parecer, de la voluntad de un nuevo presidente, y que "se quiera dar un papel más relevante al propio parlamento".

   El Grupo Parlamentario Mixto en la Asamblea, integrado por IU-Verdes con Pujante como único diputado, ha presentado 27 mociones en comisión; seis preguntas orales al Consejo de Gobierno; y ha impulsado dos proposiciones de ley, una de ellas sobre la inconstitucionalidad de la reforma laboral y otra sobre la financiación autonómica.

   IU-Verdes también ha presentado 28 sesiones informativas en pleno; una interpelación en comisión; una sesión informativa en comisión; 50 mociones en pleno; 11 preguntas orales en comisión; 50 solicitudes de información; y una interpelación en pleno sobre el aeropuerto de Corvera.

   Asimismo, Pujante presentó 11 preguntas para respuesta escrita; cinco preguntas orales en pleno; y 28 solicitudes de comparecencia de consejeros en pleno. A todo esto hay que añadir las enmiendas a la totalidad y parciales presentadas tanto a proposiciones como a proyectos de ley.

   IU-Verdes también ha presentado enmiendas al proyecto de presupuestos de 2013, que se están debatiendo en este mismo momento.

   Al ser preguntado por cuál de estas iniciativas le ha molestado más que sean rechazadas, ha destacad quizá "el hecho de que las enmiendas parciales presentadas a los presupuestos no sean atendidas en ninguna de sus medidas".

   En este sentido, entiende que haya lo que se denomina "rodillo", de forma que la orientación mayoritaria del presupuesto sea la del Gobierno que la ha realizado, pero reclama "una cierta flexibilidad en la aceptación de algunas enmiendas", algo que "no se ha producido en ningún caso".

  El coordinador de la federación de izquierdas ha recordado que España termina el año con la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia sobre lo que se conoce como 'teletransporte', y que "no es más que una figura que el Gobierno murciano se inventa para justificar y garantizar la especulación urbanística".

   Ha replicado que esta especulación "está detrás de la profunda crisis que tenemos", pero, sin embargo, no ha merecido a su juicio "ningún tipo de repercusión desde el punto de vista mediático". Considera que tiene más repercusión una fiesta de pedanías que "un varapalo de esta naturaleza".

   Por ello, cree que la realidad "que mediáticamente contradice lo que está ocurriendo. Hay un divorcio total entre lo que se dice que ocurre en la Región de Murcia y lo que realmente ocurre", y para comprobarlo "no hay más que pasearse por las calles".

   Por el contrario, lamenta que ahora desaparecen asuntos "con los que antaño nos machacaban y que ahora desaparecen, como la deuda histórica, el nuevo sistema de financiación autonómica y el trasvase del Ebro, del que antes se hablaba insistentemente y que ahora ha desaparecido del vocabulario del Partido Popular".

   "Si gobiernan los míos, las reivindicaciones que antes era urgente e inmediata, ahora desaparece y se apela a otro tipo de cuestiones", reprocha Pujante. Por ejemplo, "se habla mucho del aeropuerto de Corvera, del parque de la Paramount, del AVE y de infraestructuras".

UPyD espera que la declaración como Reserva de la Biosfera sea freno a los "alocados" desarrollos urbanísticos de la capital

MURCIA.- El concejal de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Sotomayor, confía en que la candidatura anunciada por el Gobierno municipal para conseguir la declaración de Reserva de la Biosfera de las Sierras y Campo de Murcia por parte de la Unesco sirva para aumentar la protección de estos espacios.

   Así como para corregir los excesos urbanísticos que se han efectuado en el municipio con el 'teletransporte' y la modificación de la Ley del Suelo que ha sido declarada inconstitucional. Por lo que, a su juicio, la declaración como Reserva de la Biosfera "debe ser un freno para los alocados desarrollos urbanísticos que se han hecho en estos últimos años" y para futuros equipos de gobierno municipal.

   Sotomayor considera, de tal forma que esta declaración puede afectar de una forma positiva a los futuros desarrollos urbanísticos en las zonas limítrofes. Y es que, ha argumentado, "no se entenderían urbanizaciones tan desastrosas como la que existentes en la pedanía de Gea y Truyol, con edificios de tres y cuatro plantas cuando este territorio esté incluido como zona de transición de una Reserva de la Biosfera". Aún así, ha apostillado, "habrá que ver si lo que ya se ha hecho ya no es un 'hándicap' para que se acepte la candidatura".

   UPyD opina que esta candidatura, que previsiblemente apoyarán todos los grupos políticos en el Pleno de este mes de enero, es una buena idea que puede repercutir de forma beneficiosa sobre ciertos aspectos económicos de la población y del territorio, de hecho, "se podría desarrollar agricultura ecológica sobre todo en zonas de las sierras Altaona y Escalona amparadas con el sello de producida en una Reserva de la Biosfera". Además, ha indicado el concejal, "sería una fuente de turismo rural ligada a la hospedería y restauración".

   Personalmente, ha explicado, la concesión de la figura de Reserva de la Biosfera "supondría el reconocimiento por la Unesco de la importancia de la vegetación mediterránea". Una vegetación, ha lamentado, "que por estar compuesta fundamentalmente por matorral arbustivo y pinos, la tenemos nosotros mismos tan mal considerada, a pesar de que poseemos la mayor diversidad florística de Europa".

   Por otro lado, Sotomayor ha remarcado, serviría de impulso para que los colegios de Educación Secundaria "tomen en serio la enseñanza de nuestra flora y fauna, y hacerles ver a los alumnos de la importancia de nuestra vegetación, y a quererla y respetarla".

   Así, ha aclarado que la consideración de una Reserva de la Biosfera no contempla ninguna figura proteccionista que impida los aprovechamientos agrícolas o ganaderos que actualmente existen, "aunque es natural que las zonas de transición del Campo de Murcia y Sucina, con una actividad agraria de alto rendimiento, deban respetar el Código de Buenas Practicas Agrarias".

   Pero esto no debe representar ningún inconveniente, pues este código ya es de obligado cumplimiento en la Vega Alta y Huerta de Murcia, y en las zonas más productivas del Campo de Cartagena, ha agregado el edil, por lo que más que un inconveniente, "puede suponer un avance en conseguir armonía entre agricultura y medio ambiente, y a su vez, se verían beneficiadas las producciones por el marchamo de producidas en una Reserva de la Biosfera".

   Sotomayor está convencido de que "si se hace un buen trabajo" hay muchas posibilidades de que "nos concedan la Reserva de la Biosfera" pero, aunque no tiene dudas de que desde la Concejalía de Medio Ambiente se están haciendo todos los esfuerzos posibles "en beneficio de todos los murcianos", considera que esta candidatura no se va a entender "si no va acompañada de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Regional Carrascoy-El Valle", que se encuentra incluido en el núcleo de la zona que se pretende nominar y a la espera de esta aprobación desde 2005.

   Por este motivo, ha recordado, que le propuse a la concejal de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, la necesidad de todos los grupos municipales "instáramos a la Comunidad Autónoma, bien mediante acuerdo del Pleno u otro documento, la necesidad y urgencia de que se apruebe el PORN", pues "si no somos capaces, dentro de casa, de organizar nuestros recursos, difícil lo van a entender fuera".

   Tras lo que ha asegurado que en la Región de Murcia "el Medio Ambiente se ha venido maltratando sistemáticamente por los gobiernos del Partido Popular". De hecho, ha recordado, la Ley del Suelo de 2001 de la Comunidad Autónoma desprotegió 11.000 hectáreas de vegetación natural, por lo que "esta solicitud debe considerarse una buena noticia, ojalá suponga esta solicitud un cambio de rumbo", ha finalizado.

El PSRM exige al Gobierno regional que aclare qué proyectos y planes urbanísticos están afectados por la sentencia del TC

MURCIA.-   El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSRM, Marcos Ros, pidió hoy al Gobierno regional "que aclare de forma urgente cuántos planes urbanísticos y cuáles son los afectados por la redefinición de límites de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia".

   La reciente promulgación de la Sentencia del Tribunal Constitucional que deroga la Disposición Adicional Octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, afirma Ros, "va a tener impacto en muchos municipios de la Región, puesto que obliga a volver a los límites de los Espacios Naturales Protegidos que se definieron en la Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región".

   Y es que, en su opinión, "es muy importante sentar las bases de un nuevo modelo urbanístico y territorial en la Región de Murcia, según Marcos Ros, que esté fundamentado en el principio ineludible de la seguridad jurídica", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   Para ello, "es necesario que todos los municipios de la región conozcan, a la mayor brevedad posible, de la mano de la Comunidad Autónoma, cuál es la afección concreta de esta sentencia en su término municipal y en su Plan General de Ordenación", añade.

   Ante la denuncia formulada ayer por grupos ecologistas sobre la afección de esta nueva definición de límites al proyecto del Parque Paramount, y la indefinición e inseguridad que se ciernen sobre el proceso, Ros exigió a los responsables del Gobierno regional que "dejen de lanzar evasivas y doten a la Región y a sus proyectos de seguridad jurídica y urbanística de una vez por todas".

   En su opinión, "los ciudadanos de esta Región no nos merecemos el rosario de sentencias que una y otra vez van tumbando los proyectos de Valcárcel por no ajustarse a lo dispuesto en nuestra legislación".

   Por ello, el responsable socialista señaló que "es imprescindible, para sacar de la crisis a esta Región, un cambio de rumbo en nuestro modelo urbanístico, que se asiente en la seguridad jurídica y por la legalidad urbanística, que no esté siempre al albur de las sentencias de tribunales superiores, y que apueste por la revalorización de nuestros espacios naturales como fuente de atracción turística en la Región, como ya han hecho en otros lugares".

   "La Región de Murcia tiene valores naturales y ambientales suficientemente atractivos como para ser puestos en valor y conseguir un nuevo modelo urbanístico y turístico, viable económicamente, sostenible en el tiempo con generación de empleo estable y duradero, y respetuoso con los valores ambientales y la riqueza de espacios naturales que disponemos", finalizó.