MADRID.- La titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto la primera vía penal contra el Gobierno central por la celebración de manifestaciones multitudinarias, como la del 8-M, en los días previos a que se declarara el estado de alarma, según recoge El Confidencial.
Tras recibir por reparto de decanato, el pasado viernes 20 de marzo, la denuncia de un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y contra todos los delegados del Gobierno de las diferentes comunidades
autónomas (José Vélez entre ellos), la magistrada ha incoado diligencias previas en exclusiva
respecto al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, el único sobre el que tiene competencia.
La magistrada pide a la persona que denunció que, si lo estima, traslade el procedimiento ante los órganos competentes:
sobre el presidente del Gobierno, ante la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, y sobre el resto de delegados del Gobierno, ante los órganos
judiciales de sus comunidades autónomas.
Explica en un auto que las diligencias previas se incoan frente al delegado del Gobierno de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa y/o lesiones por imprudencia profesional.
Además de abrir la investigación, la jueza ordena una batería de diligencias de investigación a
la Policía, la Guardia Civil y al médico forense, con expresa
advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse
cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma.
La denuncia, que no solo se limitaba a la celebración de la masiva
manifestación del Día de la Mujer, detalla que en la comunidad hubo 77
reuniones multitudinarias desde que, el 2 de marzo, el Centro Europeo
para el Control y Prevención de Enfermedades emitiera un informe de
aviso.
La jueza constata que el derecho de reunión que protege la Constitución debió limitarse debido a la "desproporcionada perturbación de otros bienes", en este caso, la vida y, en concreto, "si en el momento de la decisión gubernativa
se tenían suficientes datos".
Pese a ello, alberga serias dudas sobre
la calificación de los hechos que realiza el denunciante.
"La
calificación jurídica puede ser esta o puede ser esta en concurso con
otras", indica.
Interrogantes
El auto indica que existen, a
día de hoy, una serie de interrogantes sobre los que nada se sabe.
Explica que se desconoce si el informe del centro europeo fue remitido
oficialmente a España, en qué fecha y a qué autoridad. Tampoco se conoce
si la Delegación del Gobierno fue instada a alertar sobre el peligro de propagación del virus en estas concentraciones o incluso a prohibir o autorizar su celebración.
Por
eso considera necesario reclamar una serie de diligencias. Reclama al
médico forense un informe sobre si las manifestaciones fueron
susceptibles de causar riesgos evidentes para la vida y, en el caso de
que concluya que sí, si esta circunstancia era notoria en aquel momento.
Solicita, además, una estadística de probabilidad en la que se le
indique si hay datos que evidencien el daño.
"Por ejemplo, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron", indica.
Ordena a Policía y Guardia Civil que rastree el informe del centro europeo y la existencia o inexistencia de recomendaciones sanitarias del Gobierno central en los días previos a las concentraciones masivas.
También todas las comunicaciones hechas a la Delegación del Gobierno y
si se instó a la toma de medidas de precaución como guantes o mascarilla
para acudir a esas marchas.
