SACRAMENTO/NUEVA YORK.- Un juez federal ordenó esta semana que todos los empleados que laboran
en las cárceles de California tendrán que ser vacunados, a excepción de
que tengan una excusa religiosa o médica.
Los reclusos que desean visitas en persona o que trabajan fuera de
las prisiones, incluidos los bomberos reclusos, también deben estar
completamente vacunados o tener una exención religiosa o médica.
El sindicato de guardias de la prisión dijo que podría apelar la orden judicial.
El juez de distrito de los EE. UU. Jon Tigarijo dijo que los funcionarios estatales "han tomado muchas medidas
encomiables", pero está actuando "porque se niegan a hacer lo que las
pruebas indiscutibles requieren".
Tigar tiene amplia autoridad para dirigir la atención médica dentro
de las cárceles de California en virtud de una demanda de larga duración
sobre la atención médica deficiente. Aceptó la recomendación de su
receptor federal, J. Clark Kelso, quien tiene el control operativo.
La Asociación de Oficiales de Paz Correccional de California ha dicho
que la orden podría crear escasez de personal si los empleados se
niegan a cumplir.
“Hemos emprendido un programa de vacunación voluntario y agresivo y
todavía creemos que el enfoque voluntario es el mejor camino para
seguir. Estamos analizando nuestras opciones legales para abordar esta
orden”, dijo el presidente del sindicato, Glen Stailey, en un
comunicado.
Colorado, Illinois, Oregon, Massachusetts, Washington, Nevada, Nuevo
México y todas las prisiones federales ya tienen mandatos similares pero California fue la primera en imponer una orden judicial.
La medida fue rechazada por la agencia de prisiones del estado y el
gobernador Gavin Newsom, cuya administración había ordenado vacunas o
pruebas para todos los empleados estatales, incluidos los empleados
penitenciarios. La orden de Tigar elimina la opción de pruebas
frecuentes.
La administración está "evaluando la orden de la corte en este
momento para determinar los próximos pasos", dijo la portavoz del
departamento de correcciones, Dana Simas, en un correo electrónico.
“Estamos respetuosamente en desacuerdo con la medida de indiferencia
deliberada, ya que el departamento ha adoptado durante mucho tiempo las
vacunas (voluntarias)” y fue uno de los primeros en proporcionarlas a
los presos y al personal vulnerables a fines del año pasado.
Además, indicó que
entre los empleados de prisiones, el 57% están completamente vacunados.
Tigar dijo que eso incluye alrededor del 42% de los oficiales
correccionales en todo el sistema, pero las tasas de vacunación varían y
son solo del 18% en una prisión. En varias cárceles, las tasas entre
todos los empleados están en el rango del 30%, dijo.
El juez les dio a Kelso y a los funcionarios de la prisión dos
semanas para decir cómo cumplirían con su orden. También le dijo a Kelso
que considerara otras formas de aumentar la tasa de vacunación de los
reclusos, incluida una posible política de vacunación obligatoria para
todos los reclusos.
Docentes de Nueva York
Ayer lunes 27 de septiembre era un día clave en el Estado de Nueva York y su lucha contra la covid-19.
La fecha límite para que los docentes del sistema público -el más
extenso del país- presentaran una prueba de vacunación de al menos una
dosis, en virtud del mandato emitido el mes pasado por el alcalde de la
ciudad, el demócrata Bill de Blasio.
Pero las reticencias médicas o
religiosas de algunos profesores, junto a la poderosa acción de los
sindicatos que los representan, han dilatado y complicado el proceso.
En un fallo supuestamente definitivo, un tribunal compuesto por tres
jueces ha sentenciado hoy que el mandato que ordena la obligatoriedad de
la vacunación para poder trabajar en los centros públicos de la ciudad de Nueva York,
en suspenso por un tribunal de apelaciones desde el pasado viernes,
debe aplicarse.
Es decir, la vacunación obligatoria de más de 150.000
empleados en las escuelas públicas avanzará según lo previsto, y los
rebeldes afrontarán recortes de sus nóminas. La sentencia de los tres
jueces se adelanta unos días al plazo esperado, poniendo fin a un culebrón judicial -a instancias de los sindicatos docentes- que ya ha registrado dos aplazamientos por parte de sendas cortes del Estado y federal en las últimas semanas.
El mandato municipal es la prescripción más estricta hasta la fecha
dirigida a un colectivo profesional, y su sanción por parte del último
tribunal podría abrir la puerta a otro mucho más amplio para todos los
empleados de la Administración local o estatal en las próximas semanas.
El mandato del alcalde De Blasio atañe solo a los adultos que trabajan en los
centros, ya que a los alumnos no se les exige estar vacunados para
asistir a clase, a diferencia de ciudades como Los Ángeles.
Los sindicatos han urgido al alcalde De Blasio a ampliar el plazo de
vacunación, arguyendo que los centros no podrán afrontar la previsible
escasez de docentes y empleados que puede derivarse de una aplicación a
rajatabla del mandato. Un riesgo que, en otro nivel de la
Administración, el estatal, afronta la red de hospitales de Nueva York.
La gobernadora, Katy Hochul, ha anticipado este fin de semana que
recurrirá a la Guardia Nacional -cuerpo de reservistas voluntarios- para
paliar el absentismo de todos aquellos sanitarios que, agotado el plazo
límite de hoy, no se hayan vacunado. La demócrata Hochul también ha
manifestado su intención de convocar a sanitarios jubilados o de otros
Estados, para sustituir a las decenas de miles de trabajadores que con
probabilidad perderán sus puestos de trabajo por no presentar a tiempo
la prueba de vacunación.
Mientras, los hospitales se preparan para despedir a decenas de miles de empleados que no cumplan, por razones médicas (como alergias) u objeciones religiosas,
con el mandato. Es el caso, entre otros, de la red de hospitales
dependiente de la Universidad de Nueva York, que ha advertido a sus
trabajadores que aquellos que se resistan a la vacuna serán
“inmediatamente suspendidos y propuestos para despido”, según crónica del diario español El País.
Así pues, la toma de posesión de la sociedad por la ley
marcial medial ha comenzado en Nueva York, donde la gobernadora Kathy
Hochul ya anunció el despido masivo de trabajadores de la salud no
vacunados, para ser reemplazados por trabajadores extranjeros y
tropas de la Guardia Nacional.
Este mismo patrón de reemplazo de trabajadores
civiles por tropas militares se replicará en las fuerzas del orden,
paramédicos, bomberos, conductores de camiones, trabajadores de
fábricas y otros sectores de la economía que están colapsando
rápidamente debido a las restricciones de encierro covid.
Estamos siendo testigos de una rápida toma de
control militar de la sociedad bajo el disfraz de un "estado de
emergencia" después de la escasez de personal que en realidad
es causada por las propias políticas del gobierno.
Todas nuestras libertades se desvanecen día a
día. Pronto, Estados Unidos será Australia y Australia será Corea
del Norte, se escribe en el digital https://www.naturalnews.com
