MADRID.- El informe y las conclusiones de la comisión que ha investigado en el
Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las
cajas de ahorros llega este jueves al Pleno del Congreso, que en su
última sesión antes de la disolución de las Cortes avalará el dictamen
de esta comisión y realizará una última criba a las conclusiones y
propuestas presentadas por los grupos.
El informe fue aprobado favorablemente por PP, PSOE, Esquerra
Republicana, PNV y Coalición Canaria, mientras que Unidos Podemos y
Compromís se abstuvieron y Ciudadanos optó por votar en contra. En
cualquier caso, todos ellos, a excepción de las formaciones del Grupo
Mixto (CC y Compromís), decidieron registrar sus votos particulares, que
también se votarán en el Pleno.
Sin embargo, ninguno de ellos prosperará, ya que según han informado los diferentes grupos, todos ellos rechazarán el resto de
propuestas particulares a excepción del suyo propio, lo que los condena
al fracaso y a no incorporarse al dictamen.
Este consta de un informe, que relata la investigación parlamentaria
realizada, con citas y datos a partir de los documentos aportados por
los grupos, un bloque de antecedentes, con la documentación reclamada
por la comisión y la relación de comparecientes, tanto los que acudieron
como los que no lo hicieron, y un bloque de conclusiones y propuestas
de los grupos.
En su relato, la comisión de la crisis financiera reprueba la gestión
realizada por el Banco de España y el resto de organismos de
supervisión, pues considera que “no hicieron frente a sus obligaciones”
para actuar contra la burbuja de crédito y la burbuja inmobiliaria.
Así, considera que “había herramientas disponibles” para actuar por
parte del Banco de España, pero que estas herramientas “no se usaron por
falta de voluntad política”, y carga contra el supervisor en su gestión
sobre las preferentes, pues cree que “no impidió” su venta pese a que
“ya se tenía constancia sobre la aversión a estos productos por parte de
los inversores institucionales”. Su venta es considerada como “una
decisión desesperada de la industria financiera” y “un claro engaño a
los consumidores”, señala.
Además, el informe apunta también a los gobiernos de Felipe González y
José María Aznar por la aprobación de diferentes leyes. Al presidente
del PP le achacan la Ley del Suelo, que “favoreció el aumento de suelo
urbanizable disponible”, y al socialista la regulación de fondos de
titulización, que permitió que los créditos no figuraran en las cuentas
de entidades y así no asumir el riesgo.
“Malas prácticas” en bancos y cajas
También condena “el funcionamiento del modelo de negocio bancario”
desarrollado “a lo largo de las últimas décadas” como “una de las causas
de la crisis financiera”. “Este modelo basaba su crecimiento en la
expansión del negocio hipotecario e inmobiliario, tanto en volumen como
copando amplios territorios”, subraya.
El informe apunta que “la propensión al desarrollo de operativas que
aumentaban el riesgo de entidades se daba de manera similar entre bancos
y cajas de ahorros, por lo que la asunción de estas malas prácticas se
relaciona más con la gobernanza de cada entidad particular que con su
forma jurídica y titularidad”. De hecho, destaca que también muchos
bancos recurrieron a la venta de preferentes.
“Del fracaso de las cajas no cabe concluir el éxito de los bancos. A
estos últimos les salvó su diversificación internacional, mientras que
en España también experimentaron dificultades y ayudas puntuales”,
abunda el informe, que pone de ejemplo el creciente peso del negocio
internacional en las dos mayores entidades, Banco Santander y BBVA.
Respecto a los diferentes modelos de gestión, gobernanza y una
posible politización de las entidades, el informe señala que “las
decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de
personas, independientemente de su profesión o filiación”, y también la
existencia de “incentivos perversos que promueven la toma de decisiones
erróneas”.
Así, asegura que “lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron
en muchas entidades de crédito, tanto bancos como cajas de ahorro, son
determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e
intereses particulares”, y niega que la diferente titularidad de cajas
respecto a los bancos haya sido “un factor determinante en su diferente
exposición a la crisis”.
En este sentido, atribuye las malas prácticas en el sector a la
búsqueda de mejoras en la cuenta de resultados “de manera creciente y
continuada” y al “establecimiento de sistemas de remuneración e
incentivos ligados a la consecución de objetivos”.
Revisar sanciones a banqueros y supervisores
Entre las conclusiones incluidas en el informe aprobado, la comisión
destaca que “numerosos actores principales del sector no han respondido
por los enormes costes generados por su acción u omisión”, por lo que
considera “conveniente” actuar sobre estos regímenes sancionadores.
Por otro lado, aludiendo a las normas de conducta impulsadas en los
últimos años, también señala que “todos los informes sobre fraudes
financieros coinciden en considerar que estas reformas no redundan en
una efectiva protección del cliente”.
Así, el Congreso considera que “los supervisores anteponen primar la
estabilidad ante la conducta”. Por ello, subraya que “los expertos
recomiendan abordar un cambio en el modelo de protección al consumidor
financiero para lograr una regulación equilibrada”, argumenta el
informe.
Como consejo a la banca española, el Congreso cree que “no solo
necesita ser más sólida que antes, que ya lo es, sino que tendrá que ser
más ágil y más transparente, para estar mejor preparada para responder
de forma rápida, sencilla y eficiente a las demandas de los usuarios de
banca”.
Por otro lado, la comisión considera que existen “muchas dudas” en el
actual modelo europeo de supervisión, regulación y resolución de
entidades para “garantizar la estabilidad del sector en su conjunto”,
ante la existencia de “toda una serie de carencias y disfuncionalidades”
en torno al nuevo marco institucional desarrollado tras el estallido de
la crisis financiera.
“Se detectan toda una serie de carencias y disfuncionalidades que
provocan muchas dudas sobre la validez del nuevo modelo como herramienta
para la solución de los problemas a afrontar en relación con la
regulación, supervisión y resolución de entidades financieras, así como
para garantizar la estabilidad del sector en su conjunto”, reza el
informe.
Entre sus recomendaciones, el Congreso ve necesario actuar sobre los
actuales mecanismos de intervención en entidades en dificultades, con el
fin de “mejorar la provisión de liquidez”, con el fin de “permitir una
mejor gestión de la etapa final de los bancos intervenidos”, e
intensificar los recursos de estos fondos.
En este sentido, cree necesario “dotar de una mayor potencia de
fondos” al actual Mecanismo de Resolución para garantizar la eficiencia
de estas actuaciones de último recurso, y reafirma la necesidad de
contar con un Fondo de Garantía de Depósitos “para que la Unión Bancaria
sea una realidad”, aunque también eliminando “los activos heredados o
dañados en etapas anteriores y momentos de crisis, en procesos de
cancelación de deuda o impagos”.
