sábado, 25 de junio de 2011

Almunia exige a las autonomías contribuir con decisiones que reduzcan su déficit


BILBAO.- El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha calificado de "preocupante" que las Comunidades Autónomas no estén siendo capaces de controlar su déficit, y ha asegurado que éstas deben contribuir tomando medidas de forma autónoma.

"Tienen que contribuir y como son autónomas por definición, tienen que contribuir tomando ellas sus decisiones. No pueden esperar a que les impongan una decisión desde fuera porque ganaron su autonomía y la autonomía significa también responsabilidad", ha afirmado Almunia en una entrevista en Radio Euskadi.
En palabras de Almunia "no se puede exigir el mayor grado de autonomía, fiscal, financiera, presupuestaria, y luego decir, a mí nadie me puede decir nada y yo no tengo por qué hacer nada".
El vicepresidente de la Comisión Europea también se ha referido a las reformas que se están llevando a cabo en España, unas reformas que, según ha dicho, "se tenían que haber hecho hace mucho tiempo" porque "llevamos años, viendo que el mercado de trabajo español no funciona bien" o que el sistema de negociación colectiva no era "suficientemente eficiente".
Ha reconocido que tal vez no es el mejor momento, pero ha insistido en que "ya no se puede elegir".
Preguntado por si cree que serán suficientes las reformas acometidas, Almunia ha explicado que eso se tendrá que ir viendo con el tiempo pero ha dejado claro que "no podemos esperar a la siguiente crisis para preguntarnos por qué no lo hicimos".
"Si cuando todos los demás hayan salido de la crisis, aquí todavía sigue habiendo un 18-17% de paro tendremos que seguir preguntado por qué", ha añadido.
Finalmente se ha mostrado convencido de que el plan de ajuste griego "va a salir" aprobado en el Parlamento de ese país porque el gobierno tiene los votos suficientes, pero ha apelado a la responsabilidad de la oposición para apoyar esas medidas de ajuste.

Tomás Fuertes apoya al murciano Del Rivero en su pugna con el propietario de Estrella de Levante en Sacyr

MADRID.- La pugna empresarial por el poder en una de las principales constructoras de España, Sacyr Vallehermoso, que ha llenado páginas en la prensa económica del país en las últimas semanas, posee importantes ramificaciones en la Región de Murcia. No sólo por las raíces murcianas de algunos de los protagonistas de esta confrontación, sino también por los importantes intereses empresariales que en la Región tienen las compañías implicadas, según publica 'Abc'. 

De un lado se encuentra el presidente y fundador de Sacyr, el empresario murciano Luis del Rivero, que cuenta entre sus aliados a Tomás Fuertes, propietario de ElPozo y presidente del grupo empresarial más poderoso de la Región.
El Grupo Fuertes elevó el pasado mes de marzo su participación en Sacyr desde el 3,9% hasta el 5,001% tras acudir a la última ampliación de capital de este grupo. También tiene intereses en la constructora la primera entidad financiera de la Región, Cajamurcia, que adquirió una pequeña participación del capital junto con un grupo de cajas de ahorro.
El grupo opositor a Del Rivero está liderado por Demetrio Carceller, una de las mayores fortunas de España y uno de los empresarios más enigmáticos, que nunca concede entrevistas y que posee una profunda aversión a las fotografías. Carceller es propietario de Disa, la mayor compañía de distribución de carburantes de Canarias, con una red de más de 200 estaciones de servicio, y es también presidente del grupo cervecero Damm, al que pertenece la murciana Estrella de Levante.
En los últimos años, Carceller ha ido adquiriendo en el mercado acciones de Sacyr hasta convertirse en la actualidad en su primer accionista individual, con el 13% del capital.
El peso creciente en la constructora de Carceller, que también posee actividades empresariales en la Región a través de Alfil Logistic, terminó por generar roces con el núcleo fundacional, que encabeza Del Rivero.
Las desavenencias internas acabaron por estallar el pasado 19 de mayo, cuando la junta de accionistas de Sacyr aprobó incrementar de dos a cuatro el número de miembros del consejo de administración afines al presidente, Luis del Rivero, y al consejero delegado, Manuel Manrique.
Carceller, con el apoyo de Juan Abelló, que posee el 9,62% de Sacyr, decidió entonces impugnar judicialmente esta decisión, argumentando que la misma no había pasado por la comisión de nombramientos de la constructora, y acusó a Del Rivero de incumplir las normas internas de buen gobierno.
El constructor murciano respondió el pasado 22 de junio al conseguir que su aliado, el ex presidente y uno de los fundadores de Sacyr, José Manuel Loureda, fuera nombrado nuevo presidente de la comisión de nombramientos del grupo, con lo que reforzaba así su posición en los órganos de gestión de la compañía.
La tormenta que sacude a la constructora tiene un interés añadido en la Región de Murcia, puesto que es la máxima accionista de dos importantes proyectos de infraestructuras: el nuevo aeropuerto internacional y la autovía del Noroeste.
Y no se detienen ahí las derivaciones murcianas de este conflicto empresarial. Fuentes periodísticas apuntan que el objetivo final de Carceller, uno de cuyos puntos fuertes es el negocio de hidrocarburos, no es tanto Sacyr, sino la participación del 20% que la constructora tiene en Repsol, compañía que lleva a cabo una de las mayores inversiones privadas en Cartagena a través de la ampliación de la refinería de Escombreras.

Las administraciones deben 13.300 millones a los autónomos, el 57% en cuatro autonomías

MADRID.- Las administraciones públicas adeudan a los autónomos 13.300 millones de euros, de los cuales más de la mitad (57 por ciento) corresponden a entidades de cuatro comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

Así consta en el informe que ha hecho público la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en el que se estima que la deuda de las administraciones catalanas con este colectivo asciende a 2.433 millones, por delante de los 2.154 millones de Andalucía y los algo más de 1.500 de Madrid y la Comunidad Valenciana, en cada caso.
A estas cuatro comunidades les siguen Galicia (940), Castilla y León (758), Castilla-La Mancha (631), País Vasco (625) y Murcia (532), mientras que, con una deuda inferior a los 500 millones se sitúan Extremadura, Aragón, Canarias, Baleares y Asturias.
Por último, se encuentran La Rioja, Navarra y Cantabria, donde, según ATA, las administraciones son "más cumplidoras" y su deuda con los autónomos y microempresas no supera los 200 millones de euros.
Para que las corporaciones locales puedan pagar las deudas contraídas con los autónomos, ATA ha solicitado la puesta en marcha de una línea ICO que esté acompañada de un régimen sancionador que obligue a las administraciones a abonar intereses de demora o que permita compensar estas deudas con los impuestos o cotizaciones.
En una visita al parlamento europeo, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya solicitó al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria y Empresas, Antonio Tajani, la creación de mecanismos de control para que los estados miembros cumplieran los plazos de pago.
ATA resalta en su informe que un 95 por ciento de las administraciones públicas en España incumple la Ley de Morosidad y las considera el principal foco de destrucción de empleo de autónomos y microempresas.
Según el último barómetro realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo de esta organización, el 60,6 por ciento de los autónomos se ve afectado por la morosidad pública y cuatro de cada diez tarda más de seis meses en cobrar sus facturas, aunque en el 30 por ciento se llega a un año.
Además, el periodo medio de pago de las administraciones públicas se sitúa en 170 días, lo que contrasta con el resto de Europa, donde los plazos de pago a autónomos se van reduciendo, según Amor.
El informe también pone de relieve que los autónomos han adelantado más de 1.600 millones de euros en concepto de IVA por unas facturas que aún no han cobrado.
Cataluña ha abonado por este concepto un total de 392,6 millones de euros, por delante de los 322 de Madrid, los 200 de Andalucía o los 180 de la Comunidad Valenciana, concentrando entre estas cuatro comunidades el 66,9 por ciento del total del IVA adelantado por los autónomos.
Les siguen el País Vasco (87,3 millones), Galicia (84), Aragón (58,4), Murcia (53,5), Castilla-La Mancha (53) y Castilla y León (52,1).
"Estos datos suponen un testimonio claro y definitivo de que autónomos y microempresas están financiando a las administraciones públicas cuando debería de ser al revés", asevera Amor.

Saura afirma que el nuevo Gobierno regional "no nos va a sacar de la crisis"

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, ha afirmado que el nuevo Gobierno regional "no nos va a sacar de la crisis" y considera "urgente" que Valcárcel tome medidas inmediatas para pagar la deuda contraída por la Comunidad Autónoma con los proveedores, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   De este modo, Saura piensa que es un gobierno en el que Valcárcel "no acomete los cambios en profundidad necesarios para sacar a esta región de la crisis".
   Asimismo, ha apuntado que en este nuevo gobierno "no se han realizado los cambios que se esperaban, de hecho, llama la atención que la consejera de Sanidad, cuyo gasto farmacéutico ha crecido en torno a un 30 por ciento, haya sido compensada con más competencias en lugar de excluirla de la nueva composición del gobierno".
   Y es que, según ha asegurado el secretario general del PSRM, "Valcárcel no se ha enterado donde están los problemas estructurales del gasto autonómico. No se entiende que Valcárcel no haya mirado más por la hacienda regional y no haya introducido cambios en profundidad ni abordado los problemas que tiene la administración. Parece que Valcárcel no es consciente de que está en juego la viabilidad futura de la Administración regional".
   "Es necesario que no se pierda más tiempo y se tomen decisiones de calado lo antes posible, porque los proveedores no cobran, la deuda asciende casi a la totalidad del presupuesto regional y la inversión está paralizada. Por mucha foto y toma de posesión que predomine estos días, la crisis de la hacienda regional sigue existiendo y lo prioritario es introducir cambios en profundidad y políticas ambiciosas y de liderazgo", ha concluido.

Sinde cifra en 50 millones de euros el coste de rehabilitar el dañado patrimonio cultural de Lorca

LORCA.- La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha viajado hoy hasta Lorca para conocer de primera mano el estado en que se encuentran los diferentes monumentos del patrimonio cultural afectados por el terremoto, como la Torre del Espolón y murallas del Castillo, Iglesia de San Clemente, Museo Arqueológico de Lorca e Iglesia de Santiago.

   Tras ser recibida en el Ayuntamiento lorquino por su alcalde, Francisco Jódar, ha visitado también la Fortaleza del Sol acompañada del consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz; el delegado del Gobierno Rafael González, así como el subdirector general del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Alfonso Muñoz.
   Tras finalizar la visita, la ministra ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha indicado que hay dos millones de euros para la restauración de la Torre del Espolón, unos trabajos que ya han comenzado y que se espera que terminen el año que viene.
   Finalmente, González-Sinde ha explicado que el Ministerio de Cultura ha cifrado en unos 50 millones el coste que supondrá la rehabilitación del patrimonio cultural dañado por los seísmos.