sábado, 3 de noviembre de 2018

El ministro Ábalos anuncia ahora que la AP-7 será “gratuita para los vecinos” de los municipios que atraviesa esta vía


MURCIA.- Días después de que su partido, el PSOE, se abstuviera ante la moción que aprobó el Congreso de los Diputados para que la AP-7 sea gratuita a partir de 2020, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado que, en cuanto acabe la actual concesión el 31 de diciembre de 2019, la autopista pasará a ser “gratuita para los vecinos” de los municipios que atraviesa en Cataluña y Comunidad Valenciana, que no es el caso de la Región de Murcia.

Es la frase que ha pronunciado ante las preguntas de los periodistas el ministro sin concretar más detalles sobre la fórmula que baraja el Gobierno, según informa en su web Apuntmèdia.
Las palabras de Ábalos llegan tras las críticas recibidas por el partido socialista por no haber apoyado la moción del pasado martes en el Congreso, una iniciativa de Compromís que también obtuvo el respaldo de otros grupos como el PP, Unidos Podemos y C's. 
El martes el PSOE optó por abstenerse argumentando que era necesaria una subcomisión de Carreteras en la que se analice y debata sobre las vías rápidas de la red española en su conjunto y su mantenimiento.
La portavoz regional del PP de la Región de Murcia, Nuria Fuentes, ha salido hoy al paso de esa decisión del Gobierno, que se ha desmarcado del acuerdo para eliminar el peaje de la autopista AP-7.
En este punto ha afirmado que "el PSOE quiere que el peaje de la AP-7 lo paguen los murcianos, saltándose el acuerdo que establecía la gratuidad para todo el Arco Mediterráneo".
Por ello, ha reclamado al Gobierno de España que, "a partir de 2019 se contemple el cien por cien de las bonificaciones a los transportistas que desde el 2 de septiembre pasado solo pueden circular por esta autopista, tal y como se ha exigido en una iniciativa del PP en el Congreso de los Diputados".
Una vez más, ha remarcado, "el PSOE de Sánchez castiga a los murcianos y los socialistas de la Región, callan y otorgan decisiones que perjudican a Murcia y al sector del transporte".
"El PP apoya y respalda con firmeza al sector del transporte regional" ha anunciado la portavoz 'popular', para defender que "se exima por completo de los peajes en idénticas condiciones a las acordadas para la AP-7 en Cataluña".
Además, se ha referido al transporte de mercancías por carretera como "esencial para el desarrollo económico y con un peso específico muy grande en la Región de Murcia y lo que le afecte repercute directamente en nuestra economía".
 Y ha finalizando subrayando que "desde el PP seguiremos trabajando para oponernos a aquellas medidas que perjudiquen al sector del transporte y apoyaremos todas las que les beneficien".
La diputada del PP por Murcia Isabel Borrego ya anunció, por su parte, que el Grupo Popular va a presentar una iniciativa para ampliar el contenido de la moción de Compromís, en la que se incluirían también las bonificaciones a los transportistas, que desde el pasado 2 de septiembre solo pueden ir por la autopista.
Y es que la decisión no permitiría a los murcianos utilizar gratuitamente los 474 kilómetros de pago entre Alicante y Tarragona. Además, unos 80.000 camiones que viajan desde la Región hacia la frontera francesa están obligados a utilizar exclusivamente la AP-7 desde principios de septiembre. 
PSOE y Podemos pretenden constituir una subcomisión en el Congreso para diseñar un plan conjunto para las autopistas con concesiones a punto de caducar y las rescatadas por el Estado, entre las cuales se encuentra la de Cartagena-Vera.
Lo que propone ahora el ministro Ábalos es que no paguen peaje exclusivamente los usuarios que  se ven obligados a utilizar esta autopista de peaje para desplazarse ante la ausencia de otras alternativas en municipios de la Comunidad Valenciana y Cataluña.
La comisión creada evaluará la gratuidad de la AP-7 a su paso por la Comunidad Valenciana y la construcción de tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes.
En concreto, en la moción de Compromís se insta al Gobierno a no realizar nuevos trámites que permitan una nueva prórroga de la gestión de la AP-7 y a que no se aplique ningún canon o peaje blando, además de bonificar el 50% del importe de peaje a los vehículos pesados y eximir del pago de peaje a los vehículos ligeros en la Comunidad Valenciana, como ya ocurre en Cataluña desde agosto 
 El acuerdo aprobado el martes en el Congreso a propuesta de Compromís, que consiguió el apoyo del PP, Podemos, ERC y C's, se presentó como una interpleación en la que se insta al Gobierno a levantar el peaje de la AP-7 a partir del 1 de enero de 2020, ya que la concesión expira el 31 de diciembre de 2019. También incluye otras propuestas, como «la construcción de nuevos tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes».
En el fondo, el problema es quién asumirá el mantenimiento de la vía, doce mil euros por kilómetro al año y, en el fondo de todo, están las intenciones de dejar atada la implantación de una euroviñeta o tasa de pago por circulación en la AP-7.
Desde Podemos se piensa que allí donde los peajes suponen un agravio para las poblaciones afectadas, frente a los que no tienen peajes, hay que ofrecerles una solución inmediata.
Mientras tanto, Fomento guarda silencio sobre los planes que tiene para las autopistas. Ni el ministro, José Luis Ábalos, ni el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, han aclarado las verdaderas intenciones de Fomento.

La Comunidad Autónoma prepara un plan de dinamización industrial del Noroeste y el Río Mula

MURCIA.- El Gobierno regional está ultimando un plan de dinamización industrial de las comarcas del Noroeste y el Río Mula en el que ha venido trabajando a lo largo de los últimos meses y que va a implicar a los ayuntamientos. 

De cara a ese objetivo, se han mantenido contactos con alcaldes de estas comarcas, como Campos del Río, Calasparra o Mula, y también se ha informado a los sindicatos más representativos sobre esta iniciativa de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, desarrollada a través del Instituto de Fomento (Info).
Las acciones que se llevarán a cabo responden a un análisis previo y global del escenario económico del Noroeste-Campo de Mula, con el objetivo de impulsar la actividad y la generación de puestos de trabajo en la zona. 
De hecho, la Agenda Industrial y Tecnológica 2018-2021 del Gobierno regional incluye una línea de vertebración industrial de esta área, con actuaciones a las que se unirá, por ejemplo, el impulso del eje Yecla-Jumilla-Cieza-Blanca-Archena.
El plan incluirá, entre otras prioridades, un estímulo de las oportunidades de negocio en estas comarcas, la intensificación de las captaciones de inversiones, un impulso del emprendimiento y del cooperativismo, el fomento de la capacitación y la actualización de competencias para el empleo, la modernización de zonas industriales y el diseño e implementación de incentivos para la actividad económica.
Así, el plan va a permitir que se desarrollen estudios en profundidad sobre sectores económicos con potencial de crecimiento, ciclos de jornadas orientadas a la formación en la puesta en marcha de negocios, con especial incidencia en el ámbito de la economía social, y también pondrá el acento en el estrecho trabajo con las agencias de desarrollo de los municipios para identificar el potencial de crecimiento de empresas ubicadas en la zona.
Tras la ronda de contactos con entidades locales y agentes sociales, está previsto que el plan se ejecute a lo largo del próximo año, con el objetivo de que en 2019 se pueda reactivar la inversión industrial y la actividad empresarial en la comarca, especialmente en Mula, Calasparra y Campos del Río.
El Ejecutivo autonómico parte de la base de que el corredor industrial que discurre entre los municipios de Albudeite y Caravaca de la Cruz es una de las zonas con mayor potencial de desarrollo para los próximos años en la Región de Murcia. Dicho corredor incluye concretamente las localidades de Calaparra, Moratalla, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas, Mula y Albudeite.
Algunos de los factores que hacen atractivas estas comarcas son que se trata de un área estratégica de cara a los futuros flujos de mercancías o que puede convertirse en un territorio de expansión natural para las empresas industriales que buscan una ubicación alternativa.

El PP solicita al Gobierno de España la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en la Región el próximo año


CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Domingo Segado, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que solicita al Gobierno de España que se celebre en la Comunidad Autónoma el Día de las Fuerzas Armadas el próximo año 2019 para fomentar su conocimiento e integración en la sociedad.

Con la moción, que se llevará a pleno el próximo jueves, ha señalado Segado se reconocerá el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas de protección, tanto en España, como en cualquier lugar del mundo, y además ha indicado que es una ocasión idónea para reivindicar los valores de solidaridad y reconocimiento de nuestra nación.
Segado ha recordado que la celebración del Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978, cuando se estableció la conmemoración anual de una fiesta de carácter nacional y que homenajeara a las Fuerzas Armadas y fomentara su conocimiento e integración en la sociedad.
Asimismo ha añadido el dirigente 'popular', la Región de Murcia le debe mucho al ejército por su inestimable ayuda en distintos municipios, por ejemplo la labor realizada por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el terremoto de Lorca en mayo de 2011; en Los Alcázares en diciembre de 2016 con la descomunal inundación sufrida por los alcazareños; y en el incendio forestal en la sierra de Almirez, entre otros.
Del mismo modo, ha apuntado Domingo Segado, la ciudad portuaria de Cartagena también tiene una histórica vinculación con nuestra Armada, ya que cuenta con el Arsenal Militar, la Escuela de Infantería de Marina, la Fuerza de Protección de la Armada y el Tercio de Levante; y también ha mencionado el diputado la presencia en San Javier de la Academia General del Aire (AGA) y la Base Aérea en Alcantarilla.
Esa presencia destacada de nuestros ejércitos es la que motiva, según el diputado autonómico del Partido Popular que este acto pueda llevarse a cabo en la Comunidad Autónoma de Murcia el próximo año, y por ello expone la solicitud al Gobierno de la celebración del desfile en la Región.

Agricultura concede 649.900 euros en ayudas a 47 agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de la Región

MURCIA.- La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha concedido ayudas por valor de 649.994 euros a un total de 47 agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADS) de la Región oficialmente reconocidas, para la realización de programas sanitarios de prevención, control, lucha y erradicación de determinadas enfermedades animales, así como para compensar los costes derivados de su implementación. 

De estas ayudas, 455.000 euros son para agrupaciones de especies rumiantes y 195.000 euros para especies monogástricas.
El procedimiento de concesión de ayudas se inició a solicitud de los interesados al amparo de la correspondiente convocatoria aprobada por Orden de 20 de mayo de 2018.
El director general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, Francisco González Zapater, destacó que la creación de dichas agrupaciones "supuso en la Comunidad de Murcia un notable incremento de la sanidad animal en la cabaña ganadera de las explotaciones asociadas, lo que se ha reflejado en un aumento del estatus sanitario y en la producción de las mismas".
En la Región de Murcia existen 50 Agrupaciones de Defensa Sanitaria reconocidas, 10 de ganado porcino, 9 de monogástricos, 28 de rumiantes, que totalizan 47 asociaciones perceptoras de esta línea de ayuda. También hay agrupaciones para la apicultura y la acuicultura, que cuentan con líneas de ayudas específicas para estos dos sectores productivos.
El objetivo de las ADS es reforzar la sanidad como un factor determinante en la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, por lo que, según González Zapater, "resulta decisivo que los ganaderos actúen de manera coordinada y sean protagonistas de la defensa de sus propios intereses, coordinando actuaciones que son dirigidas por un veterinario asociado a la ADS tanto en la lucha y erradicación de enfermedades como en el mantenimiento de estructuras defensivas ante el riesgo de aparición y difusión de las exóticas".
Estas entidades, que tienen la obligación de colaborar en todo momento con la Administración, desempeñan además un papel fundamental en el fomento y desarrollo de las explotaciones en otros ámbitos, como el de la mejora zootécnica, identificación y bienestar animal.
Asimismo, son una pieza clave actualmente para favorecer la implantación de la bioseguridad de las explotaciones y minimizar los riesgos en la aparición de un brote de la peste porcina africana o de otras enfermedades, mediante el establecimiento y ejecución de programas de mejora de las condiciones higiénicas, que permitan aumentar el nivel productivo y sanitario de sus productos.

¿Qué hace aún Goirigolzarri en Bankia entre el PSOE y Podemos?

MADRID.- José Ignacio Goirigolzarri ha recibido esta semana dos noticias procedentes del Gobierno sobre Bankia. Ha sido una de cal y otra de arena. Por una parte, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha asegurado, en una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos sobre cuáles son sus planes sobre la entidad financiera controlada por el Estado, que su presidente es un buen gestor y que sus resultados son más que correctos. Todo un halago procedente de un Ejecutivo que no fue el que le nombró en mayo de 2012 y con el que hasta la fecha ha tenido una relación más bien distante, según El Confidencial.

Por otra, el Ministerio de Economía ha ratificado que, por el momento, "no hay urgencia, a la luz de la cotización en el mercado en este momento, de tomar ninguna decisión" sobre la privatización. Un mazazo a la petición recurrente de Goirigolzarri de pedir al Estado que venda cuanto antes —a ser posible ya— la participación del 61% que aún mantiene en Bankia. Una presencia en el capital que, a juicio del banquero vasco, lastra cualquier posibilidad de entrar en el juego de la consolidación del sector mediante fusiones y adquisiciones.
Para el Gobierno, "queda tiempo" y lo más importante es tomar la buena decisión desde la perspectiva de "maximizar la recuperación de las ayudas para los contribuyentes españoles, que tiene que ser el objetivo final de actuación del Ministerio de Economía y Empresa". 
Una buena declaración de intenciones que la ministra del PSOE comparte con su antecesor, del PP (Luis de Guindos), quien durante los últimos meses de su mandato no se cansó de repetir que Bankia tenía mucho valor y que con su venta se devolverían los 22.424 millones inyectados en la primavera de hace ya seis años y medio.
La cantidad a devolver es mayor puesto que, tras la integración de Banca Mare Nostrum (BMN), la antigua CajaMurcia, Caixa Penedés, Sa Nostra y Caja Granada, también hay que meter en la mochila de Goirigolzarri los 1.645 millones de euros que el Estado prestó a ese engendro de banco para salvar el honor de varios gobiernos locales. De los 24.069 millones, solo han vuelto a la caja pública 2.863, contabilizados los dividendos.
La declaración del flamante vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) tiene su justificación porque fue él quien aprobó el rescate, que ha costado más de 60.000 millones a los españoles, y fue él que se decantó por Goirigolzarri para sustituir a su amigo Rodrigo Rato. 
Sin embargo, este objetivo se presume imposible en el corto, medio y largo plazo, ya sea con uno u otro partido, dada la situación del sistema financiero actual, con unos tipos de interés todavía en negativo debido a la morfina inyectada por el supervisor europeo durante el último lustro.
Por este motivo, los chicos y chicas de Pablo Iglesias han instado por escrito a Sánchez a que suspenda la privatización de la entidad financiera y la convierta en un banco público para cuidar a las personas más discriminadas. Un colectivo al que Bankia no ha cuidado mucho ya con Goirigolzarri al frente y por el que hace unas semanas fue multada con 8 millones de euros por incumplir el código de buenas prácticas en lo referente a los deudores hipotecarios sin recursos.
Para tranquilidad de Goirigolzarri, los del PSOE no están por la labor de hacer caso a Unidos-Podemos porque le han aseverado por carta que comparten la intención del presidente de vender el 61,33% del capital que aún controla. Pero tampoco tienen ninguna prisa porque desde el criterio electoral cortoplacista estaría mal visto por sus votantes enajenar, y encima con fuertes pérdidas, una cosa que es de todos. 
Especialmente si se compara con la actuación de otros países, como Estados Unidos y Holanda, donde se han obtenido hasta plusvalías.
Más aún, han afirmado ya oficialmente que van a solicitar una ampliación del plazo que en su día le dio la Comisión Europea para salir del capital. La fecha limite actual vence el 31 de diciembre de 2019, apenas dentro de un año, periodo en el que la cotización de Bankia debería de multiplicarse por más de cuatro —el paquete público actual apenas vale 5.300 millones— para que el erario público recuperase el dinero. 
O lo que es lo mismo, el presidente deberá permanecer en su puesto muchos años más sometido al corsé de ser un banco controlado por un Estado inmerso en una inestabilidad política histórica.
Porque con Bankia cotizando a 2,82 euros —0,70 euros si no se tiene en cuenta el contrasplit de 2017— y con unos resultados más bien pobres —el beneficio apenas creció un 0,7% hasta septiembre—, las posibilidades de Goirigolzarri para hacer crecer el banco y cumplir con el mandato para el que fue nombrado son mínimas. 
Solo siete de los 30 analistas que cubren el valor aconsejan comprar, con un precio objetivo a un año vista de 3,38 euros por título. Los bajistas lo saben y por ello atacan la cotización, que es el tercer peor valor del Ibex en lo que va de año, tras dejarse un 29%.
Los ajustes de plantilla ya están hechos y las opciones de exprimir más la maquinaria son reducidas. Su única esperanza es que suban mucho los tipos de interés, algo que se prevé más que complicado teniendo en cuenta la política seguida por el BCE y las malas previsiones de crecimiento económico en Europa.
A Goiri, que aún disfruta de los 53 millones que se llevó de BBVA, le queda hasta mediados de 2021 como presidente de Bankia, momento en el que expira su mandato. Veremos si lo cumple.

El alza del euríbor encarecerá 10,7 euros al año las hipotecas en Murcia

MURCIA/MADRID.- Los murcianos que tienen suscrita una hipoteca pagarán 10,7 euros más al año de media por el alza del euríbor en septiembre.

En el conjunto de España, los madrileños, los vascos y catalanes son los españoles a los que más afectará la nueva subida del euríbor desde febrero de 2012, ya que el importe anual de las hipotecas se elevará en 23 euros para los primeros, y 20 euros para los segundos y terceros.
Por el contrario, a los riojanos y a los extremeños será a los que menos les afecte esta subida, ya que el coste anual del crédito hipotecario se elevará en 9,29 euros y 10,67 euros, respectivamente.
El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado para calcular las hipotecas en España, encareció estos créditos en septiembre por primera vez desde febrero de 2012, al situarse en el -0,167 %.
En octubre, el indicador ha cerrado al alza, en el -0,154 %.
Y es que pese a marcar 33 meses consecutivos en negativo, desde que en febrero de 2016 se situará por primera vez por debajo de cero, el euríbor de octubre es menos negativo, y por lo tanto, superior al registrado en septiembre.
Igualmente, es menos negativo que el -0,180 % que marcó en octubre de 2017.
Según los datos publicados por el Instituto de Estadística (INE), el importe medio de una hipoteca para la compra de una hipoteca era de 120.628 euros en octubre de 2017.
De esta manera, una vez aplicado el euríbor de entonces más un diferencial de un punto, la cuota de un préstamo por esa cantidad a 25 años era de 444,85 euros.
Si ahora esa misma hipoteca se revisa con el dato del euríbor de octubre de 2018, (-0,154 %), la cuota subirá a 446,25 euros, lo que supone 1,40 euros al mes o 16,80 al año.
No obstante, la rebaja de las hipotecas depende del importe del crédito solicitado, que varía dependiendo de la comunidad autónoma española en la que se compre la vivienda.
Así, por comunidades autónomas, el importe medio de las hipotecas oscila desde los 166.310 euros en Madrid, que es el más alto, y los 66.670 euros de La Rioja, el más bajo.
Los riojanos que tengan una hipoteca serán los menos perjudicados por el nuevo alza que ha registrado el euríbor, ya que la cuota mensual del crédito pasará de los 254,86 euros al mes, a 246,64 euros, lo que supone 9,29 euros más al año.
En Extremadura, la subida anual será de 10,67 euros; en Murcia, de 10,70 euros; en Castilla La Mancha, de 11,72 euros; en la Comunidad Valenciana, de 11,79 euros; en Castilla y León, de 12,49 euros; en Asturias, de 12,52 euros; y en Canarias, de 12,80 euros.
En Galicia, el aumento anual será de 13 euros; en Aragón, de 13,08 euros; en Andalucía, de 14,14 euros; en Navarra, de 15,08 euros; en Cantabria, de 16,39 euros; y en Baleares, de 18,23 euros.

Las reservas de Islas Hormigas y Cabo Tiñoso tendrán una mayor protección

MADRID.-El Gobierno central aprobó las estrategias marinas con el fin de garantizar el buen estado de conservación de los mares españoles antes del año 2020. Con ese fin, el Consejo de Ministros dio luz verde a un real decreto que concede a esas «estrategias» un valor normativo al que tendrán que ajustarse todas las políticas sectoriales y actuaciones que inciden en el medio marino. La Región cuenta ya con dos de las once reservas marinas que hay en España: Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo Tiñoso. 

El decreto fija los mecanismos para su aplicación y un calendario de actualización de esas estrategias cada seis años, ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica tras la reunión del Consejo de Ministros.
Las «estrategias marinas» son una herramienta de planificación para proteger y preservar el medio marino y su biodiversidad, recuperar los ecosistemas afectados, prevenir y reducir los vertidos y la contaminación y garantizar que los usos y actividades en el medio marino son compatibles con su conservación.
En España se han elaborado cinco estrategias marinas, una para cada una de las demarcaciones marinas: noratlántica, sudatlántica, Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria.
El país cuenta en la actualidad con casi el 13% de sus aguas marinas protegidas, superando ya el compromiso internacional de alcanzar al menos el 10% en año 2020, ha recordado el Miteco, que sitúa la protección de los espacios marinos y la preservación de las actividades sostenibles costeras como unas de las líneas prioritarias de este departamento.

Murcia, quinta región con la tierra agrícola más cara de España

MURCIA/MADRID.- El precio medio de la tierra para uso agrario en Murcia era en 2017 de 17.988 euros por hectárea (euros/ha), un 5,1% más que en 2016, lo que sitúa a esa región como la quinta de España con el terreno para cosechar más caro de España y esa subida porcentual como la cuarta más elevada por comunidades. 

En España, el precio subió 200 euros/ha hasta alcanzar los 10.082, frente a los 9.882 de 2016.
Según la Encuesta de Precios de la Tierra 2017 difundida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a precios corrientes, la evolución representa un alza del 2%, pero a precios constantes -contabilizando como deflactor la subida del 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB) -, el crecimiento real es del 0,8%.
La tierra agrícola logra sus máximos valores para hectáreas en regadío para el cultivo de hortalizas en invernadero (178.389 euros, +10% respecto a 2016), frutales de clima subtropical (113.576 euros, -1,1%), aceituna de almazara (42.007 euros, +0,6%) y cítricos (39.680 euros, +3,6%). Les siguen los dedicados a uva para mesa y pasas en regadío (36.180 euros/ha, +13,6%) (es la categoría que más sube en un año); hortalizas al aire libre en regadío (34.999 euros/ha, +1,7%) y los de arroz (+0,3%) y los de aceituna de mesa en regadío (+2,3%), ambos con un precio de 29.239 euros/ha.
La tierra más barata corresponde a cultivos de secano, en concreto a los de clima subtropical (6.234 euros/ha); herbáceos y barbecho (6.987 euros/ha); frutos secos (8.720 euros/ha), frutales de clima templado (8.720 euros/ha), uva para vino (13.563 euros/ha), uva de mesa y pasas (13.653 euros/ha) y aceituna de mesa (15.114 euros/ha).
Canarias es, con diferencia, la región con un precio medio mayor (86.072 euros/ha, -0,6%), seguida por Andalucía (19.957 euros/ha, +2,4%), Baleares (19.613 euros/ha, +2,2%); Comunidad Valenciana (18.788 euros/ha, +3,6%) y Murcia (17.988 euros/ha, +5,1%); a la cola se sitúan Extremadura (4.149 euros/ha, +4,4%) y Aragón (5.194 euros/ha, -1,5%).
Las comunidades autónomas en las que más se revalorizó la hectárea agrícola fueron La Rioja (12.800 euros/ha, +6,9%) y Madrid (7.479 euros/ha, +6%).
Mientras que en Andalucía la hectárea para el cultivo de herbáceos o para barbecho de secano se sitúa en 11.346 euros/ha, en Aragón vale 4.128 euros/ha; en herbáceos de regadío el precio oscila entre los 26.792 euros/ha de la región andaluza y los 12.597 euros/ha de la aragonesa.
Entre las principales zonas de producción de uva para vinificación en secano, La Rioja, con 33.960 euros/ha, acapara el primer lugar, seguida de Cataluña (21.323 euros/ha), Castilla y León (19.293 euros/ha), Comunidad Valenciana (8.958 euros/ha), Castilla-La Mancha (8.854 euros/ha).

Podemos insta a la CARM y al Ayuntamiento a promover una mediación para salvar al Real Murcia

MURCIA.- Podemos Región de Murcia muestra su solidaridad con los trabajadores del Real Murcia que llevan casi medio año sin cobrar sus salarios, con los futbolistas, que ya tienen tres nóminas sin percibir y a toda la afición murcianista, "que asisten atónitos al espectáculo cotidiano que están ofreciendo los actuales dirigentes; en unos casos con resignación y en otros con una movilización digna de la defensa de una institución centenaria que cuenta con el afecto y la pasión de la mayoría de los murcianos".

El secretario de Economía de Podemos Región de Murcia, Rafa Esteban, ha señalado que "la actual deuda que supera los 50 millones de euros, de los que más de 18 se adeudan a Hacienda y Seguridad Social, hunde sus raíces en el nefasta época del alcalde Cámara y el fallecido Jesús Samper y los desarrollos urbanísticos del norte de la ciudad de Murcia".
Una gestión, ha recordado, "vinculada a sonoros casos de corrupción (como el caso Umbra) y a la depredación inmobiliaria. El desastre de planificación económica y deportiva de esos años llevó al Real Murcia al concurso de acreedores, y que lo ha sumido en un círculo vicioso del que no ha sido capaz de salir".
Esteban ha señalado que "fruto de esta desastrosa gestión, que ha velado por intereses particulares, a costa del club deportivo, de los colores a los que representa y de toda la afición nos encontramos en la situación actual.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo, el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol han sancionado que la propiedad del club es del Sr. García de la Vega, el cual está ejerciendo las acciones judiciales pertinentes en los Juzgados de lo Mercantil".
"Mientras tanto asistimos a una ampliación de capital de dudosa legalidad, a un presidente que no paga los salarios a los trabajadores y a la plantilla deportiva y a un equipo de un inmenso potencial deportivo que no puede trabajar en condiciones dignas", ha añadido Esteban.
Asimismo, ha resaltado "ha surgido un inesperado y transversal movimiento popular de apoyo a los trabajadores y aficionados al Real Murcia, clubes de tercera división que ceden su taquilla (como el CAP Ciudad de Murcia) o promocionan la compra de pulseras solidarias para recaudar fondos, la Federación de Peñas del Elche CF -rival histórico del Murcia- o las peñas del Castellón CF", al que ha definido como "un movimiento de solidaridad que va más allá de lo deportivo y que es el único hálito de esperanza que se atisba en esta situación".
Tanto el Esteban como el secretario general de Podemos en el municipio de Murcia, Ginés Ruiz, han manifestado que la postura tanto del Ayuntamiento de Murcia como de la Comunidad Autónoma deberá ser la de apostar por el futuro del equipo de fútbol, e intentar llevar a cabo una labor de mediación.
"Hasta el día de hoy el PP que gobierna el Ayuntamiento de Murcia ha demostrador ser incapaz de galvanizar esa mediación, en buena medida preso de la actuación de sus antecesores, Miguel Ángel Cámara o Miguel Cáscales que plasmaron una gestión nefasta para los intereses del club", han subrayado.

Las bodegas de la D. O. de Bullas buscan el compost natural más ecológico

BULLAS.- Las empresas Microgaia Biotech, Eurovértice y bodegas de la D. O. Bullas han desarrollado un compost natural que mitiga el cambio climático. Y es que las dos empresas, instaladas en el Parque Científico de Murcia, afrontan entre 2016-2020 el proyecto europeo Life Sarmiento, en donde han logrado establecer una metodología innovadora de buenas prácticas sostenibles en viticultura, con el fin de transformar este residuo agrícola procedente del cultivo de la vid en abono biológico, reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y fomentar la economía circular en la agricultura. 

En la iniciativa se cuenta con la participación como consorcia de la Cooperativa Bodegas del Rosario, desde 2016, y como colaboradoras desde la campaña 2017-2018 a las Bodegas Carrascalejo, Lavia y Monastrell, todas ellas en la D.O. Bullas, que aportan residuos de poda para la investigación en curso sobre valorización del sarmiento de vid. 
El proyecto europeo Life Sarmiento planteó el desafío al equipo de equipo de empresas y bodegueras ciento por ciento de la Región de Murcia de desarrollar una hoja de ruta para los viticultores europeos que permita combatir la práctica usada en el continente de quemar los sarmientos en la plantación agrícola, tras la vendimia, por el alto grado de contaminación ambiental que ocasiona. 
La propuesta partió del hecho de que esta práctica es la causante de que sólo en la Región se produzcan unas 71.000 Tm de CO2 cada año, que se emiten a la atmósfera, cifra que sube hasta los 6,5 millones al hablar de toda Europa, además del riesgo añadido de incendio en áreas forestales próximas.

Cada año se detectan 800 cánceres de próstata en la Región

MURCIA.- La Consejería de Salud está desarrollando un plan de mejora para optimizar la asistencia sanitaria que reciben en la Región los pacientes con cáncer de próstata en todas las fases de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de su patología.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto 'Diseño y plan de optimización del proceso asistencial del cáncer de próstata (Eficap)' liderado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) con la colaboración de las compañía farmacéutica Astellas y la consultora Deloitte.
El objetivo de este proyecto es reducir el tiempo de diagnóstico y tratamiento de estos pacientes partiendo de un análisis del modelo asistencial actual que se ofrece a estos pacientes en el SMS, en Atención Primaria y Hospitalaria, y detectar oportunidades de mejora.
Se trata de revisar las actividades que se desempeñan en cada uno de los subprocesos que se derivan del abordaje del cáncer de próstata desde el momento que hay una sospecha, se confirma el estado del paciente, se toma una decisión terapéutica y se administra el tratamiento, y por último, se hace su seguimiento y control.
El Área de Salud de Cartagena cuenta con grupos multidisciplinares de expertos que han revisado los protocolos y guías clínicas que se utilizan para el abordaje de estos pacientes e investigan para detectar sus necesidades en cuanto a su continuidad asistencial.
En esta experiencia piloto interviene personal médico y de enfermería de los centros de salud del Barrio Peral y Cartagena Oeste y de diferentes especialidades del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena como Oncología Médica y Radioterápica, Urología, Farmacia, Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y Calidad.
La Región de Murcia registra cada año unos 800 nuevos casos de cáncer de próstata, según los datos del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud.
El Registro de Mortalidad del Centro Regional de Estadística de Murcia indica, por otra parte, que en 2016 el cáncer de próstata fue la octava causa de muerte en hombres, con 148 casos, lo que supone una tasa bruta de 20,18 casos por 100.000 habitantes.
Se calcula que cada año se diagnostican 25.000 nuevos casos de cáncer de próstata en España y fallecen unas 5.500 personas por esta causa.
En cuanto a los tratamientos, estos conllevan en ocasiones efectos como la incontinencia de orina, disfunción eréctil, estenosis de uretra y fístulas urinarias, además de cuadros de ansiedad-depresión reactiva y pérdida de autoestima.
En la actualidad, el diagnóstico precoz es fundamental para abordar la enfermedad. La prueba de PSA (antígeno prostático específico) en sangre constituye el principal método para detectar tumores en la próstata.

El tabaco es la causa principal de muerte por cáncer en la Región

MURCIA.- El tabaco es la causa principal de cáncer y de muerte por cáncer en la Región de Murcia. Así lo destaca el director general de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud, José Carlos Vicente, quien explica que es responsable de, al menos, diez tipos distintos de cáncer, además del cáncer de pulmón, es la causa del cáncer de laringe, boca, esófago, garganta e incluso, en menor incidencia, del cáncer de vejiga, riñón, hígado, páncreas o estómago.

El director general de Salud Pública ha resaltado que las personas que consumen tabaco tienen mayor probabilidad de padecer algún tipo de cáncer, sobre todo de pulmón, "claramente en los cánceres relacionados con el aparato respiratorio existe una mayor relación, pero se ha encontrado una relación causal también en los demás".
José Carlos Vicente celebra que el consumo de tabaco actual en la Región esté a la baja y se encuentre entre el 23-24 por ciento frente al cerca del 40 por ciento hace 20 años, "una disminución que tiene reflejo en el cáncer, pero no es inmediato".
Así, ha destacado que el objetivo "prioritario" de la Consejería es la eliminación del riesgo que supone el consumo de tabaco.
"Es un objetivo ambicioso, pretendiendo reducir por debajo de los dos dígitos el consumo del tabaco, sobre todo en los jóvenes, para el año 2025" y es que, ha subrayado, "el tabaco es uno de los factores de riesgo para la salud sobre el que se puede incidir; dejar de fumar ya significa un gran avance, si conseguimos esto habremos dado un paso de gigante en avanzar en salud y en prevención tanto para los que fuman como para los fumadores pasivos".
Campañas con las que la Consejería de Salud informa de las ventajas de dejar de fumar, a fin de lograr "desnormalizar" el uso del tabaco, y con las que intenta motivar a los jóvenes y adolescentes para que no se incorporen al hábito tabáquico, porque "cuanto más se retrase el contacto con el tabaco, menos posibilidad de que éste se convierta en un hábito adictivo y pernicioso en las personas", ha subrayado Vicente.
La incidencia del cáncer sigue siendo mayor en hombres que en mujeres, una tendencia creciente, aproximadamente entre 465 y 500 casos de cáncer por cada 100.000 habitantes en varones, y de 288-290 para mujeres. En cifras, significa que en la Región fueron diagnosticados más de 7.000 cánceres (más de 4.300 en hombres y 2.700 en mujeres) alrededor de 2015 y 2016, últimos datos registrados.
José Carlos Vicente ha explicado que la incidencia va creciendo "porque somos capaces de vivir más", ha destacado que más del 50 por ciento de los cánceres son a partir de los 60-65 años, es decir, "han transcurrido 60 años para que aparezcan la mitad de los cánceres, el otro 50% se diagnostica en las últimas dos-tres décadas de la vida del ser humano" porque "está ligado al propio proceso de renovación celular".
Concretamente en hombres, el cáncer con mayor incidencia es el de pulmón, con 83 casos por cada 100.000 habitantes (en las mujeres es de 12,5 casos por cada 100.000 habitantes), una incidencia de 850 nuevos casos anuales en la Región en Murcia, de ellos 670 en varones y 180 en mujeres, y una tasa de supervivencia de entre el 15 y 20 por ciento cinco años después del diagnóstico "porque el 70-80 por ciento de los pacientes se diagnostican en estado avanzado".
Le siguen el cáncer de próstata "que ha aumentado su incidencia, con más de 900 casos anuales en la Región de Murcia" aunque su tasa de supervivencia es del 99 por ciento; el de vejiga, con un 13% del total de casos de la Región; colon, 10% del total de casos y recto, 5% del total de casos, con una tasa de supervivencia estos últimos del 65 por ciento.
En el caso de la mujer, el cáncer de mama, con más de 750 casos anuales en la Región aunque con una mayor tasa de supervivencia, del 89 por ciento; el cáncer colorectal tiene una incidencia anual de 53 casos por cada 100.000 habitantes, con un total de 742 nuevos casos anuales.
La enfermedad cancerosa u oncológica adopta diferentes manifestaciones y localizaciones, y se ha convertido en una enfermedad muy individualizada, "ahora mismo cada persona, en función del tipo de cáncer, requiere de una terapia distinta", aplicándose, por ejemplo, la inmunoterapia en algunas variedades de melanoma y del cáncer de pulmón, "lo que contribuye a mejorar la supervivencia".
Tras lo que el director general de Salud Pública ha afirmado que la tasa de supervivencia está aumentando en todos los tipos de cánceres, alrededor del 55 y 60 por ciento al cabo de cinco años de ser diagnosticados, en algunos casos alcanza cifras del 80 e incluso del 100 por cien.
José Carlos Vicente ha querido hacer hincapié en la prevención, "podemos actuar sobre el tabaco, sobre la dieta, la capacidad de hacer ejercicio o evitar la obesidad", subrayando la importancia de llevar una vida saludable, hacer ejercicio, evitar el tabaco y eliminar el alcohol porque "puede ayudar, sin duda, a la reducción de la aparición del cáncer".
Así como es fundamental, ha finalizado, "someterse a los cribados de cáncer que permitan un diagnóstico precoz" porque "el cáncer se aborda con mucha mayor capacidad de éxito y supervivencia si se diagnostica en sus fases iniciales".

¿Qué esperaban? / Ramón Cotarelo *

Una oleada de indignación ayer al conocerse las peticiones fiscales. En la izquierda española, consternación; en el independentismo, furia. Y eso sin atender a las peticiones de Vox, que no exigen la pena de muerte porque no es legal, pero sí pena de muerte civil.

Realmente, ¿qué esperaban? ¿Entretenernos con la rebajita de la abogacía del Estado? La han aprovechado los de C's para enseñar los colmillos y pedir elecciones anticipadas. O quizá fueron los del PP. Son lo mismo. 

¿Qué se esperaba? Cuando se dice que este es un proceso político contra el independentismo disfrazado de farsa judicial, ¿qué es lo que no se entiende?

El Estado se siente amenazado y, ante la amenaza, responde movilizando todos sus poderes. O casi todos. Falta el militar abierto. Sus poderes más obvios son el gobierno, el Parlamento y los jueces. Tiene otros, en los medios, la banca, etc.  
 
El poder judicial es un poder del Estado. Administra justicia en nombre del Estado (o del rey, que lo simboliza) y, si el Estado se siente amenazado y en contra de otra parte, administra la justicia en nombre e interés del Estado y en contra de la parte. Administra la justicia de la parte fuerte contra la débil y esta sufre la "justicia" del enemigo. 

Conclusión: las peticiones, con ser disparatadas, no son absurdas. Lo absurdo es el proceso en sí. Aunque las peticiones fueran simbólicas, de unas horas o una semana de servicios sociales, serían absurdas. Estos ciudadanos y ciudadanas no han hecho nada delictivo. Han cumplido escrupulosamente un mandato popular democrático. 

Es un proceso inquisitorial y lo sería aunque la causa hubiera sido gestionada con competencia jurídica, porque el punto de partida, el origen del hecho reprochable, no es reprochable, sino puramente ideológico. La pena es personal, pero el objetivo es amedrentar a una sociedad, acallarla por el miedo. Una técnica muy frecuente en España en manos de la derecha a la que ahora se ha unido de modo entusiasta el PSOE. 

La lucha del Estado contra la nación catalana es una lucha por la supervivencia como Estado. Por fin se confiesa claramente. Y en la lucha por la supervivencia vale todo. Desde que el rey llame a los empresarios catalanes para que abandonen Catalunya hasta que el mismo mozo saque a su primogénita a hacer el ganso en una ceremonia que, en sí, es una gansada. ¿O no es una gansada celebrar tan contentos el 40 aniversario de una Constitución que una gran mayoría cuestiona y quiere reformar? Sí, esa misma Constitución que los gobiernos blanden como si fuera una Tizona, lista para volver a la España del Cid. 

Vale todo. Hasta que un poder judicial al servicio de la política "nacional" administre la justicia en nombre de la tiranía. Porque este es el momento en que el Parlament ha reprobado al monarca. Felipe VI no es rey de Catalunya por libre voluntad de los catalanes. 

Entonces, ¿por qué lo es? Por derecho de conquista que los indepes tratan de revertir democrática y pacíficamente y el Estado de mantener a costa de la justicia y con obvia violación de los derechos más elementales de los presos/as políticas, los y las representantes independentistas democráticamente elegidos.

Sí, hay una cuestión española, hay un problema. Pero el sentido común más elemental dice que los problemas políticos, sobre todo de esta envergadura, no se resuelven metiendo a la gente en la cárcel.

¿No les da vergüenza basar su poder en la persecución y la represión?
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El golpe estaba en Madrid / José Antich *

Lo que empezó el Partido Popular lo ha terminado el Partido Socialista. Lo que empezó Mariano Rajoy lo ha acabado Pedro Sánchez. Lo que empezó la política lo finaliza ahora la justicia. Lo que empezaron los medios de comunicación de aquí y de allí hostiles hasta el paroxismo con el independentismo lo concluye una fría nota de prensa de la Fiscalía General del Estado. 

El 155 del a por ellos en su vertiente policial encuentra este viernes 2 de noviembre su corolario en un disparatado escrito de la Fiscalía General del Estado en el que se pone negro sobre blanco un relato irreal sobre los hechos del 20 de septiembre y el referéndum de independencia del 1 de octubre.

En total, más de 200 años de prisión contra los miembros del Govern en prisión o en libertad y que no han ido al exilio, los líderes sociales de Òmnium y de la ANC, la Mesa del Parlament, muy significativamente su ex presidenta Carme Forcadell, y el major Josep Lluís Trapero y la cúpula policial del departamento de Interior. De los 25 años de privación de libertad pedidos para el vicepresident Oriol Junqueras hasta los 20 meses para los miembros de la Mesa, excepción de Carme Forcadell para la que se pide 17 años. Un auténtico escándalo y toda una ignominia.

La monarquía española que creyó ver en la situación catalana una palanca para consolidar la institución y el reinado de Felipe VI ha conseguido el efecto contrario. Con su discurso del 3 de octubre ha abierto en canal las instituciones del Estado, las ha situado en el nivel más bajo de popularidad desde la transición -la suspenden el 80% de los catalanes- y la ha alejado irremediablemente de los ciudadanos a los que también debía proteger. 

Hoy, su situación es insostenible en Catalunya pero empieza serlo también en Navarra, País Vasco y en menor medida en Asturias. El Govern y el ayuntamiento de Barcelona lo han reprobado en una iniciativa que se extenderá en las próximas semanas por múltiples ayuntamientos catalanes. Lo mismo intentará Izquierda Unida en España en una iniciativa política inusual hasta la fecha en el Estado.

Los escritos de la Fiscalía no han sido una sorpresa para nadie ya que habían sido convenientemente filtrados en las últimas horas. Decir que se ha impuesto la línea dura es casi una temeridad ya que si la construcción del relato es falsa dificilmente se podía esperar otra cosa de las conclusiones. Más vale, por tanto, no llamarse a engaño: no estamos hablando de lo que dice el código penal y de las penas que preve. Es justo a la inversa. 

Primero se ha construido un relato que lleve aparejado muchos años de prisión y solo después se han buscado si existían pruebas para poderlo defender. Y cuando no se han encontrado se ha echado, como ya se ha visto en los últimos meses, por el camino de en medio. Por cierto, ¿alguien me podrá explicar si es muy normal que los abogados defensores pidieran a través de las redes sociales los escritos de la Fiscalía a los periodistas porque ellos no los tenían? ¿O por qué se condena por igual a siete años a los consellers Carles Mundo, Meritxell Borras y Santi Vila cuando este último dimitió horas antes de la declaración de independencia del Parlament? ¿O es que la proclamación de independencia no era delito?

Como tampoco lo ha sido el de la Abogacía del Estado que rebaja algo las penas pero incorpora a su escrito inicial de cuando se personó en la causa el de sedición. Para que se entienda: cuando el pasado mes de febrero lo hizo bajo gobierno del Partido Popular la explicación fue que era para defender que había habido malversación de dinero público. Ocho meses después y bajo un gobierno socialista ratifica la idea incial de malversación e incorpora la de sedición. Estos son los hechos. 

Y, mientras eso sucede, el Madrid político y mediático grita que no ha incorporado también el delito de rebelión. Ocultando que la adición de sedición y malversación acaba sumando los mismos años de prisión que rebelión y que, en cambio, si solo hubiera rebelión el de malversación no sería acumulable. El llamado gesto de Pedro Sánchez es eso, humo. Por más que chillen en el Madrid oficial no tendrán más razón. 

España se suma así en una vergüenza jurídica internacional sin que parezca importarle mucho. De hecho, nada. Sin haber aprendido nada de la historia. En defensa de la unidad se realizaron en el pasado muchas atrocidades y ahora la historia se repite. También se repetirá el final: España perderá a Catalunya mientras sus gobernantes se dan golpes en el pecho y prefieren tirar de autoritarismo y no de diálogo. 

La muy digna reacción de todos los que hoy están en prisión es el reflejo de la pulsión que hoy respira el independentismo y sus fronteras colindantes. El escarmiento por encima de la justicia denigra a quien lo realiza y enaltece a quien lo recibe. Quien piense que la reacción catalana será de sumisión y acatamiento desconoce la pulsión exacta de la ciudadanía. 


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


El difícil camino hacia la razón / Elisa Beni *

Hoy, que toca análisis urgente de los escritos de calificación conocidos ayer, no esperen que vuelva yo a entrar machaconamente en lo que tantas veces ya he explicado. Entrar en el bucle de si la rebelión o si la sedición, es volver la vista atrás a decenas de columnas en las que ya se plasmó lo que no ha variado: la Fiscalía General, representada por Maza, creó una ficción jurídico-factual por la cual lo que durante años o meses no había tenido un carácter penal, ni siquiera para el gobierno de Rajoy, se convertía por obra y gracia del escarmiento en un delito de rebelión.

Un delito que precisaba forzar los hechos hasta lo indecible y más para intentar que encajaran en un tipo, la rebelión, diseñado por el legislador para las intentonas militares. No hay más. Después, el fervor del bando mal considerado patriótico lo convirtió, a base de repetirlo, en un “golpe de Estado” -convenientemente jaleados por el magistrado instructor que lo comparó con el 23F- y en un paso más se condenó ya de hecho en el relato de la derecha a los “golpistas”. 

A la vez, se buscó silenciar a todos las voces jurídicas que se llevaban las manos a la cabeza. De catedráticos a jueces o fiscales, no militantes en otra patria que la de la ley. Con la espiral de silencio organizada, tocaba tachar de traidores o anti patriotas a las voces que aún intentaban denunciar los que sucedía.

Todo era perfecto. Los partidos de derechas, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía General en manos del PP, los medios afectos, los que no querían quedar como desafectos... Todo estaba atado y bien atado. Hasta la moción de censura. El nuevo gobierno sirvió para romper esa espiral de silencio por parte de muchos y para que comenzara a producirse un intento de distensión que todos preveíamos -con el PSOE en el poder durante todo el reto independentista no estaríamos en este punto, pensábamos muchos- y que fue dejando paso a voces que volvían a recordar que, como han visto los tribunales extranjeros, la desobediencia de los políticos catalanes no constituía un hecho criminal. Los de siempre llaman a esto peaje. Muchos consideramos que ya era llegada la hora de intentar arreglar el desaguisado de alguna forma.

Podría analizar ahora los escritos presentados ayer, pero analizar una acusación que afirma que “los elementos precisos incluían la violencia necesaria para conseguir el resultado criminal pretendiendo valerse de la fuerza intimidatoria que representaba por una parte, la actuación tumultuaria y, por otra, el uso de los Mossos de Escuadra (...) que podrían proteger coactivamente sus objetivos criminales” me parece entrar en un terreno que prefiero dejarle a Babelia. 

No es lo mío la crítica literaria y me parece que el papel timbrado aguanta mal las metáforas porque si pretender la independencia es en sí buscar “un resultado criminal” y si ahora el condicional “podrían proteger coactivamente” forma parte sustancial de los hechos que deben conformar un tipo penal, pues para qué vamos a meternos en disquisiciones que no llevan a parte alguna, que diría el bueno de Rajoy.

No voy a entrar de nuevo a ese trapo. Y miren que hay cosas jugosas como cuando dicen que Cuixart “apeló a la determinación mostrada en la guerra civil, empleando la expresión no pasarán”. Justifica así la violencia un guionista y le hunden la serie.

Voy, sin embargo a intentar aclarar las distintas posiciones procesales, qué aportan, a qué se deben, qué intereses representan, qué consecuencias pueden tener y a qué elementos externos se vinculan en muchos casos. Que la Fiscalía del Tribunal Supremo iba a mantener la acusación por rebelión sí o sí, es algo que yo ya les había vaticinado muchas veces. Desde El Supremo se hace bola vengo relatándoles que hace tiempo que el Tribunal Supremo se ha constituido en último baluarte de la unidad de España y que, haciéndose fuertes en la razón de Estado, presentan un frente único e inamovible.

Esto incluye a todos los que han visto recursos del instructor, que no han cedido ni un milímetro, y también a los cuatro fiscales de Sala que hace tiempo le plantaron cara también a Sánchez-Melgar. ¿Recuerdan? Éste quiso retirar la prisión sin fianza de Forn y permitirle salir y los cuatro jinetes del Ministerio Fiscal lo hicieron manifestando en el plenario que lo hacían únicamente por orden del FGE.

Lo mismo le dijeron a Segarra - La fiscal de Ikea-, así que díganme qué capacidad de actuación tenía una fiscal general en precario y qué consecuencias políticas hubiera tenido para el Gobierno, si lo hubiera deseado, el presionar para cambiar una calificación que técnicamente es perfectamente alterable. La Fiscalía no iba a moverse ni un milímetro antes del juicio, aunque no desestimen que esperen al trámite de conclusiones de la vista oral para bajarse ellos también del burro a la petición de sedición. El tiempo dirá.

Lo más novedoso del día es, sin duda, la postura de la Abogacía del Estado. Una postura que pretende -más allá del gesto, que no sé si lo es mucho, puesto que nunca iba a bastar a los independentistas- que una de las partes del proceso que, normalmente, no tiene ninguna relevancia y en los procesos penales es prácticamente ninguneada por las demás, ya que entre otras cosas suele andar al mismo paso que la Fiscalía, ahora obtenga una posición autónoma que, no lo duden, utilizarán en el juicio para intervenir con una línea jurídica propia.

Me consta que la posición ha incomodado en ambas orillas. En la de los independentistas, porque pensaban que los movimientos podían ir dirigidos a una retirada de la acusación de malversación, o bien ahora o bien en el juicio, que dejara caer con ella todas las demás. 

En el frente patriótico, porque consideran que es un claro beneficio para los acusados una vez el recurso llegue a Estrasburgo, si hay condena, dado que se verá palmariamente que no es unívoca la pretensión de que ha habido una rebelión y que la representación del gobierno ni siquiera mantuvo esa tesis en juicio. Eso es una baza para los recurrentes, dicen. 

Tampoco podía el Gobierno alterar o anular la postura de la Abogacía de forma absoluta, con las elecciones andaluzas a la vuelta y una oposición dispuesta a utilizar ese asunto como Maza, con motivo o sin él. Y con un partido  y un Gobierno que tampoco es uniforme en esta cuestión.

Lo único cierto es que, llegados a este punto, la vuelta a la razón precisa de movimientos lentos y precisos. Igual que cuando se somete a un músculo a estiramiento no es bueno hacerlo volver de golpe a su posición original. 

Así las cosas, el juicio va a resultar muy aclaratorio y solamente en él, y bien jugadas las bazas de las defensas ahora que además tienen a una parte que está dispuesta a escucharlas, se producirán movimientos que cambiarán el panorama. Al menos eso espera la razón. Todo se dirime ahora en un escenario nuevo. Los egos y las ambiciones que también empedran las salas de vistas estarán ya cumplidamente cubiertas por otros. Ya verán.


(*) Periodista