El Gobierno central crea un Comisionado para impulsar y coordinar las actuaciones en Lorca

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se crea un Comisionado que continuará con las acciones emprendidas en Lorca, tras el terremoto, e impulsará "nuevos acordes" con la evolución de los acontecimientos.

   El subsecretario de Fomento, Jesús Miranda, ocupará el cargo de Comisionado, a propuesta de los Ministros de la Presidencia y de Fomento, y dependerá funcionalmente del Ministro de la Presidencia y orgánicamente del Ministro de Fomento.

   Miranda, que tendrá el rango de Secretario de Estado, se dedicará al impulso, la coordinación, el seguimiento y a las propuestas que realice el Gobierno de las actuaciones que considere necesarias para reparar los daños causados por el terremoto de Lorca.

   Asimismo, tendrá encomendada la realización de informes y la convocatoria y presidencia de las reuniones de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 6/2011, cuya vicepresidencia corresponde a la Subsecretaria de Interior.

   Para todo ello, el Comisionado estará asistido por una Oficina que contará con apoyo administrativo y material de los distintos Ministerios y de la Delegación de Gobierno. Esta oficina estará dirigida por el Jefe de Gabinete del Subsecretario de Fomento, Tomás Moreno Bueno, sin que sus funciones sean retribuidas.

Precisa Tovar

El delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, ha aclarado al portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, cuando estuvo en Lorca, indicó que tal como mandó el Congreso de los Diputados, "se está elaborando un Plan para Lorca que implica a todos los Ministerios, y que se suma al Real Decreto aprobado 48 horas después de los terremotos del pasado 11 de mayo".
   El delegado ha contestado de esta forma a Ballesta, quien ha expresado la "profunda decepción" de todo el Consejo de Gobierno de la Comunidad por las manifestaciones de Jáuregui al dar a entender que "no se iba a desarrollar el Plan Lorca, por el que tanto hemos luchado", y que "en cierta manera, el Real Decreto Ley 6/2011 que se aprobó 48 horas después de los terremotos es el Plan Lorca".
   González Tovar ha indicado que el Plan Lorca "contempla un sinfín de acuerdos y por el que se están aprobando numerosas medidas que lo único que buscan es el máximo beneficio de los lorquinos", según informaron fuentes de la delegación del Gobierno en un comunicado.
   Así, ha puesto como ejemplo el Plan de Vivienda "sufragado en su totalidad por el Gobierno de España, mediante el cual se van a construir 300 casas para los lorquinos, o el Plan de ayuda al Comercio, para el cual el Gobierno de España va a poner sobre la mesa un millón y medio de euros, sin nombrar las ayudas al patrimonio cultural, al alquiler de vivienda, de enseres, y un largo etcétera".
   El delegado ha subrayado que el Gobierno "no se ha negado en ningún momento a llevar a cabo un Plan para Lorca, y para ello se cuenta con los diferentes departamentos ministeriales, que trabajan sin descanso por el bien de Lorca y de sus habitantes, como así puede comprobar tras siete reuniones de la Comisión Interministerial".
   González Tovar ha declarado que no se debe confundir el Plan con el que está trabajando el Gobierno por mandato del Congreso, con  el presentado por el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel en la Región, ya que el Grupo Parlamentario del PP "no lo presentó en el Congreso de los Diputados, algo que no se puede imputar al ministro ni a ningún miembro del Gobierno o del Grupo Parlamentario Socialista".
   El delegado ha reiterado que la Proposición no de Ley del Congreso  de los Diputados instó a elaborar un nuevo Plan Lorca, "más completo y riguroso" y ha añadido que el consejero Ballesta "no debió escuchar correctamente lo que dijo el Ministro de la Presidencia, cuando anunció que convocaría en breve tanto a la Comunidad Autónoma como al Ayuntamiento de Lorca, para seguir trabajando por el Plan Lorca".
   Finalmente, González Tovar ha manifestado que con declaraciones como las realizadas por el consejero "lo único que se pretende es confundir a los lorquinos y tratar de ocultar las acciones que el Gobierno de España está llevando a cabo por y para Lorca". Y ha finalizado matizando que el Gobierno central "es el único que realmente está haciendo una labor intachable tras los terremotos acaecidos el pasado 11 de mayo".

Cámara anuncia que se impondrá el nombre de Tomás Fuertes a una calle de la ciudad de Murcia

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha anunciado este viernes que una vía pública de la ciudad llevará el nombre del empresario Tomás Fuertes, de quien ha dicho que es "referente de todos los ámbitos, no sólo por su modélica trayectoria empresarial, sino también por su calidad humana y personal".

   Cámara ha respondido así a la petición hecha en este sentido por Miguel López Guzmán, promotor del almuerzo-tertulia 'Arroz y Habichuelas', que ha rendido homenaje a Fuertes, a quien se ha impuesto la 'Habichuela de Oro' en el transcurso de una comida celebrada en el Hotel Silken 7 Coronas.

   "Las calles contribuyen a honrar a las personas que les dan nombre -ha añadido el alcalde-, pero también ayudan a hacer historia de ciudad", según fuentes municipales.

El número de desahucios en la Región de Murcia aumentan un 640% en segundo trimestre

MURCIA.- Los desahucios en la Región de Murcia aumentaron un 640% en el segundo trimestre del 2011 respecto al mismo periodo del año anterior, el mayor incremento porcentual por provincias, ya que estos procedimientos se elevaron a 259, frente a los 35 registrados entre abril y junio de 2010.

   Así se desprende de los datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reflejan que el incremento de los desahucios experimentado en la Región de Murcia en el segundo trimestre de este año es el mayor por provincias con diferencia, muy por encima del incremento del 97,7 por ciento de Jaén, que fue el segundo mayor aumento porcentual.

   Pero la Región de Murcia no solo lideró el número de desahucios en el segundo trimestre, sino que también encabezó el ranking por provincias en el primer trimestre de 2011 con un incremento del 446,9 por ciento, al pasar de 32 casos a los 175.

   Además, Murcia registró el segundo mayor aumento en el cuarto trimestre de 2010 con un crecimiento del 386,6 por ciento, solo por detrás de Cuenca (720 por ciento). En este caso, Murcia pasó de registrar 35 desahucios entre octubre y diciembre de 2009 a los 164 del mismo periodo de 2010.

   Habría que remontarse al tercer trimestre de 2009 para encontrar un aumento tan abultado en la Región de Murcia, ya que en aquel periodo los desahucios llegaron a crecer un 1.300 por ciento, lo que representa el mayor incremento porcentual histórico de España por provincias registrado desde el primer trimestre de 2009. Los desahucios pasaron de ser dos en el tercer trimestre de 2008 a los 28 del tercer trimestre de 2009.

   Entre medias, los crecimientos de los desahucios en la provincia de Murcia han sido más moderados, ya que se elevaron al 3,6 por ciento en el tercer trimestre de 2010 respecto al mismo periodo del año anterior; al 29,6 por ciento en el segundo trimestre de 2010; al 77,8 por ciento en el primer trimestre de 2010; y al 66,7 por ciento en el cuarto trimestre de 2009.

   En el cómputo anual, el número de desahucios en la Región de Murcia creció un 140,7 por ciento entre 2009 y 2010, al pasar de 108 a los 260. Se trata del tercer mayor aumento por provincias, solo por detrás del de Cuenca (217,9 por ciento), y Castellón (217,9 por ciento).

   Entre 2008 y 2009, el crecimiento fue mucho más moderado, del 16,1 por ciento, al pasar de 93 procedimientos a los 108, y solo en 2011, desde enero hasta junio, se han dado 434 desahucios en la provincia de Murcia.

   Los desahucios tramitados por los juzgados españoles alcanzaron un nuevo récord histórico en el segundo trimestre del año al sumar un total de 16.464 ejecuciones, lo que supone un 21,2% más que en el mismo período de 2010, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   En lo que va de 2011 se han producido ya 32.010 embargos de viviendas, casi el total de los desahucios dictados por los tribunales en todo el 2009, que finalizó con un total de 33.918 procesos, y un 33% menos que el récord de 47.809 registrado en 2010.

   Por provincias, entre abril y junio de 2011 Madrid se situó a la cabeza de los embargos con un total de 2.688, seguida de Valencia con un total de 2.171, Barcelona con 1.643 y Alicante con 1.137.

   Durante el segundo trimestre del año, los juzgados españoles recibieron 15.546 solicitudes de desahucio, un 36,8% más que en el mismo periodo de 2010. Muchas de estas solicitudes, en su mayoría presentadas por las entidades financieras por impago de hipotecas,  están pendientes de ejecución, lo que hace prever un aumento de las cifras a final de año respecto a 2010.

Intervenciones

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha paralizado 37 desahucios en la Región de Murcia, de los 78 que hay detenidos en toda España, y ha intermediado en un centenar de casos, que ha conseguido impedir a cambio de la dación en pago u otras soluciones, todo ello desde diciembre de 2010 hasta la actualidad.
   La Plataforma, que tan solo ha sido incapaz de evitar un desahucio en Molina de Segura donde intervino la Policía Nacional, está en contacto con unas 360 familias en toda la Comunidad Autónoma, aunque la situación "empeora" y están recibiendo hasta cuatro o cinco llamadas al día de afectados.
   Así lo ha hecho saber el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la Región, José Coy, quien ha explicado que los casos de desahucios que ahora mismo están llegando a la fase judicial datan de dos o tres años atrás, es decir, del comienzo de la crisis, por lo que se espera una eclosión de casos, y prevén un mal 2012.
   Los procesos de desahucio interrumpidos "son un pequeño porcentaje" y, de hecho, en la Región de Murcia hay 9.000 familias inmersas en procedimientos judiciales por este motivo, según Coy, quien también es miembro de la Comisión de coordinación de la Plataforma estatal de Afectados por la Hipoteca.
   Los afectados se suelen poner en contacto con la Plataforma telefónicamente o por correo electrónico, aunque esta organización también recibe peticiones de ayuda de Cáritas, sindicatos y asociaciones de vecinos.
   La organización atiende todas las llamadas, que normalmente piden asesoramiento por estar desorientados, y normalmente encuentran respuestas a todas sus preguntas "gracias a la experiencia acumulada" de la Plataforma.
   En cualquier caso, la Plataforma colabora con la organización de consumidores Consumur-Facua, que les ofrece cobertura legal, y a donde se derivan los casos más concretos que precisan una mayor especialización jurídica.
   Coy ha explicado que la paralización de desahucios "es lo más espectacular", pero ha señalado que la plataforma se dedica también a otras cosas, como a la intermediación directa con los bancos y cajas de ahorro para tratar de conseguir soluciones como la dación en pago o el alquiler con opción a compra.
   El coordinador de la Plataforma ha instado a los afectados a que se pongan en contacto con ellos antes de que se inicie el procedimiento judicial, a partir de cuatro meses de impago. Ese margen de tiempo da posibilidades de mediar con la entidad financiera. Si no hay acuerdo, el proceso judicial continúa.
   En este sentido, ha querido recriminar que las entidades financieras con menos receptividad a sus demandas o peticiones de negociación son dos grandes bancos porque "son los más sobrados y uno de los poderes del país". No obstante, ha puntualizado que "determinadas cajas de ahorro y cajas rurales son más receptivas".
   Al hilo ha destacado especialmente el "problema" de la Caja Mediterráneo (CAM), que tiene en sus manos unos 60 casos en los que trata de intermediar la Plataforma. En concreto, ha acusado a la directiva de esta entidad financiera de ser "insensible" a las negociaciones, lo que achaca a la situación de intervención en la que se encuentra la caja a manos del Banco de España.
   Y es que la Plataforma de Afectados ha mostrado su interés por negociar con la CAM, pero dice que no es posible porque la entidad financiera se encuentra inmersa en un periodo de transición e incertidumbre derivada de su "intervención y de su proceso de venta al mejor postor".
   Ha exigido que la caja "siga siendo pública y no se regale, para que pueda dar una salida a todas las familias en dificultades en el marco de un proyecto público".
   A su juicio, una de las salidas más factibles para los propietarios que se encuentran en situación de ser desahuciados, es el alquiler con opción a compra, que consiste en que el propietario alquile la casa y pueda recuperarla cuando vuelva al mercado de trabajo, de forma que se reste la cantidad que ya han abonado por el arrendamiento.
   Otra reivindicación fundamental de la Plataforma es la dación en pago, que resuelve un problema "porque permite entregar la casa pero te libera de la deuda". No obstante, Coy ha dicho que lo que hay pedir es "trabajo, porque si hay empleo hay una solución". Por ello pide una moratoria a las entidades financieras, y mientras haya crisis no quiten la casa no cobren intereses.
   "Los recibos que no pagas aumentan en muchos casos un 25 por ciento, porque se te acumulan intereses, y pone a los ciudadanos en un callejón sin salida", ha añadido Coy.
   Coy se pregunta "por qué se tienen que quedar las casas vacías si la situación se puede resolver de una manera mucho más humanitaria, porque los pisos no solo son cemento, sino que también tienen identidad y guardan historias de las diferentes familias".
   El movimiento comenzó en 2009, cuando se creó una asamblea de personas paradas en Molina de Segura, y se dieron cuenta que compartían problemas de hipotecas. Así, se pusieron en contacto con la Plataforma en Cataluña, donde ya había sido puesta en marcha, y tras el 15-M la situación "se ha desbordado".
   La próxima actuación de la Plataforma será hoy sábado, cuando hay prevista una manifestación que saldrá del jardín de Floridablanca, a las 20.00 horas. Coy ha hecho un llamamiento a los afectados por la hipoteca para que "participen en esta movilización planteada por el 15-M y Democracia Real Ya, en una convocatoria a nivel internacional bajo el lema 'Por un cambio global'".

Desestiman un recurso de Barreda contra las demarcaciones de Júcar y Segura

TOLEDO.- El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por José María Barreda, presentó ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas del Júcar y el Segura. 

   Según reza la sentencia, el Ejecutivo que presidía Barreda demandó a la Administración General del Estado, a la Generalitat Valenciana, la Región de Murcia y la Comunidad de Regantes de Campo de Cartagena, y solicitaba que el alto tribunal declarase la nulidad del artículo 2 en lo que respecta a las Demarcaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar.

   El anterior Gobierno del PSOE alegaba que en el caso de la Demarcación Hidrográfica del Segura, no podían computarse como recursos hídricos en esta demarcación los procedentes del trasvase Tajo-Segura, dado que estos están supeditados a posibles excedentes de la cuenca cedente (la de Castilla-La Mancha) y sujetos a la prioridad de otras cuencas y territorios.

   Por lo que respecta a la Demarcación del Júcar, la observación principal del Ejecutivo socialista era que de acuerdo con la Sentencia del Tribunal supremo de 20 de octubre de 2004, es imprescindible excluir real, efectivamente y a todos los efectos, las cuencas internas de la Comunidad Valenciana, incluidas todas las denominadas costeras, ya que cualquier actuación en otro sentido acarrearía la nulidad del proceso.

   Pero el Tribunal Supremo ha dictaminado que dicho Real Decreto es conforme a derecho, y para ello, comienza diferenciando lo que son cuentas intracomunitarias, de las intercomunitarias. Así, determina que la cuenca que discurre por una comunidad es intracomunitaria, y en el caso de que pase por varias comunidades es una cuenca intercomunitaria, cuya competencia viene atribuida al Estado.

   Defiende el tribunal que tanto la Comunidad Valenciana como Murcia son titulares de la competencia en materia de aguas sobre las cuencas intracomunitarias, porque la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía así lo atribuyen.

   El Supremo matiza también que la fijación de la demarcación de las comunidades demandadas -Comunidad Valenciana y Murcia- sobre estas cuencas tiene carácter provisional o temporal, temporalidad que terminará cuando las comunidades afectadas asuman de manera definitiva la competencia sobre dichas cuencas.

   Aunque el alto tribunal admite que habrá que revisar las demarcaciones correspondientes "hasta entonces, toda cuenca hidrográfica intracomunitaria no traspasada queda provisionalmente adscrita a la demarcación hidrográfica cuyo territorio esté incluido en el ámbito territorial de la confederación a la que pertenezca la cuenca".

El PP no dejará que el aeropuerto de Ciudad Real "sea un pozo sin fondo"

TOLEDO.- La diputada regional del PP Cesárea Arnedo ha señalado que el aeropuerto de Ciudad Real ha sido "un despropósito" del Gobierno de José María Barreda, y lo que no van a hacer los 'populares' es dejar "que sea un pozo sin fondo sin una viabilidad económica y sin un proyecto empresarial que lo respalde".

   A preguntas de los medios sobre el hecho de que los administraciones concursales del aeropuerto de Ciudad Real hayan solicitado la suspensión de actividades de la infraestructura durante un año, Arnedo ha señalado que "ahora hay que tomar un paréntesis".

   En su opinión, lo que hay que plantear son proyectos viables económicos "para la mayoría de los ciudadanos, no para cuatro empresarios como así ha venido siendo" en el caso del aeropuerto de Ciudad Real.

Por su parte, el diputado socialista Fernando Mora ha señalado este viernes que el aeropuerto de Ciudad Real "tiene que buscar salida" a su situación y es "importante" que las administraciones públicas "apoyen esa salida" y se generen "otro tipo de expectativas".

   Mora se ha manifestado así, en rueda de prensa, preguntado por el hecho de que los administraciones concursales del aeropuerto de Ciudad Real hayan solicitado la suspensión de actividades de la infraestructura durante un año.

   El parlamentario socialista ha abogado --aunque ha reconocido que en época de crisis "es complicado"-- por buscar una solución para el aeropuerto y encontrar a "alguien que sea capaz de darle futuro" porque este proyecto "puede tener futuro".

   En este punto, ha remarcado que el aeropuerto, de carácter privado, nació con unas circunstancias de expansión económica aunque su posterior apertura coincidió con la crisis, lo que ha hecho "que no remonte".

   Mora ha defendido la necesidad de buscarle una salida al aeropuerto, pero considera que se debe descartar la expropiación, porque no sería "lo más sensato".

La Caixa retrasa una emisión de bonos a cinco años

BARCELONA.- La Caixa ha decidido retrasar una emisión de bonos simples por 1.500 millones de euros a cinco años con un interés del 5,95% "para considerar otras alternativas", han informado hoy fuentes de la entidad presidida por Isidre Fainé.

   Los bonos, de 1.000 euros cada uno, se iban a emitir el 31 de octubre con vencimiento en la misma fecha de 2016, según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Estos bonos iban destinados a su colocación en la red de oficinas entre los clientes de la entidad.

   Si se hubiese cumplido el calendario previsto inicialmente, habrían coincidido en parte con la emisión de bonos minoristas que realizará la Generalitat por 3.000 millones ampliables a 4.000, y que se comercializarán entre el 24 de octubre y el 14 de noviembre.

   Los bonos de la Generalitat, también de 1.000 euros cada uno, ofrecen una rentabilidad del 4,75% a un año y del 5,25% a dos años, y La Caixa, CatalunyaCaixa y Banco Sabadell lideran la colocación.

Blanco confía en que la Unión Europea tendrá en cuenta los corredores ferroviarios desde España

MADRID.- El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, aseguró estar en "condiciones de afirmar que probablemente" los corredores propuestos por España pasen a formar parte de la nueva relación de Redes Transeuropeas prioritarias que se anunciarán el próximo 19 de octubre.

   Blanco calificó de "muy positiva" la reunión mantenida sobre este tema ayer jueves en Luxemburgo con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Transportes, Siim Kallas.

   "En la reunión de ayer el comisario reconoció que hemos hecho una gran trabajo, dado que hemos planteado un objetivo muy ambicioso, que busca articular mejor el país", detalló Blanco en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   "Se trata de un ambicioso proyecto, de la segunda gran modernización de las infraestructuras españolas, que presenta una visión mallada y articulada del conjunto del país", añadió.

   Asimismo, el titular de Fomento confesó sentirse "bastante satisfecho" del trabajo realizado por el Gobierno español ante la revisión de las redes transeuropeas. "Espero noticias positivas para el país", subrayó al respecto.

   El ministro aseguró que la propuesta española establece además los parámetros y el tipo de financiación y la inversión necesarios para cada corredor.

   Con todo, Blanco afirmó estar "en condiciones de afirmar que probablemente se consiga" que los corredores propuestos por España pasen a formar parte de la nueva Red Transeuropea de Transportes para el periodo 2014-2020. Entre estos corredores figuran el Mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa, el Cantábrico-Mediterráneo y el Eje central por los Pirineos, entre otros.

Blanco: "Ni un solo euro del contribuyente irá a sanear el sistema financiero"

MADRID.- El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, ha asegurado que "ni un solo euro del contribuyente irá a sanear el sistema financiero" después de la unificación de los tres fondos de garantía de depósitos anunciada este jueves.

   En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Blanco sostuvo que dicha reforma responde al principio fundamental del Gobierno de garantizar que el coste de la recapitalización de las entidades financieras sea asumido por la banca.

   "El coste de la recapitalización de las entidades financieras será asumido por el conjunto de los bancos españoles y no por el bolsillo de los ciudadanos", enfatizó el ministro portavoz.

   La ministra de Economía, Elena Salgado, anunció este jueves el Gobierno prevé unificar los tres fondos de garantía de depósitos existentes, de bancos, cajas y cooperativas de crédito, en uno solo para que absorba las eventuales pérdidas futuras del sector financiero.

   La intención del Gobierno es que una vez acometida la recapitalización del sector financiero las posibles pérdidas futuras que pudieran aparecer en el proceso de reestructuración ni se trasladen al contribuyente ni aumenten el déficit.

   A partir de ahora, este único Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutrirá de las aportaciones de las entidades financieras, va a proveer al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante las pérdidas netas potenciales que puedan acontecer en el proceso de reestructuración, como pudiera ser el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

   Respecto a si la iniciativa supone cargar en los bancos las inyecciones de capital acometidas en las cajas de ahorros, Blanco defendió que "las entidades financieras que están saneadas podrían hacer una contribución especial para afrontar los desafíos del país".

   En este sentido, agregó que la unificación de los fondos de garantía de depósitos en uno solo, con competencias más allá de garantizar los ahorros de los españoles, "es una decisión importante y trascendente en este momento".

   Sin hacer referencia explícita a los bancos, el ministro de Fomento dijo que el Gobierno "puede entender las críticas", si bien insistió que su decisión de no cargar al contribuyente con cargas del sector financiero es "clara y contundente".

Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía mantendrán los fondos regionales

BRUSELAS.- Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Murcia mantendrán parte de los fondos europeos procedentes de la política comunitaria de cohesión, gracias a la creación de una nueva categoría de regiones en periodo de transición.

Los comisarios europeos de Política Regional y de Empleo, Johannes Hahn, y Lázló Andor, respectivamente, presentaron en rueda de prensa los nuevos reglamentos que guiarán la política de cohesión en el periodo 2014-2020 y para el que propone un presupuesto de 376.000 millones de euros, casi un 37% del presupuesto de 1.025 billones de euros que la CE ha propuesto para el mismo periodo.

La Comisión Europea propuso la creación de regiones transitorias en la presentación a finales de junio del presupuesto multianual para 2014-2020 y el Parlamento Europeo aprobó la propuesta en julio.

La CE ha propuesto destinar 38.900 millones de euros para apoyar durante el periodo 2014-2020 a las regiones de transición, es decir, aquellas que no serán consideradas objetivo prioritario, pero cuya renta esté aún lejos de la media comunitaria.

Con su nueva propuesta seguirán recibiendo fondos: las regiones menos desarrolladas (cuyo PIB per cápita esté por debajo del 75% de la media europea), las regiones en transición (con un PIB de entre el 75% y el 90% de la media de la UE) y las regiones más desarrolladas (PIB superior al 90% de la media).

Hahn explicó que dos tercios de los fondos de la política de cohesión se destinarán a la primera categoría, las regiones más desfavorecidas, mientras que el resto se repartirá entre las dos últimas.

El objetivo es hacer más suave la transición para aquellos territorios que dejen de ser "objetivo prioritario", porque aunque su PIB supera el 75% de la media europea, aún se encontrará lejos del 90% o el 100% de la media de la UE. Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía están en esa situación.

La UE financiará como máximo el 60% de los proyectos de las regiones en transición. El 40% restante cofinanciarán las regiones. Extremadura seguirá siendo considerada un "objetivo prioritario".

Murcia se beneficia hoy de una "fase de transición", una figura que ahora la CE quiere institucionalizar con la creación de la nueva categoría intermedia. En ella no entrará Asturias, que hoy por hoy está en la misma situación que Murcia.

El reparto del presupuesto propuesto por la CE, aún tiene que ser discutido y aprobado por los países de la UE y el Parlamento Europeo en un proceso que podría demorarse unos 18 meses.

Por otro lado, la Comisión Europea también ha propuesto suspender las ayudas regionales a los países con procedimientos abiertos por incumplimiento de los objetivos de déficit establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

La reforma pretende dar más énfasis a las ayudas regionales en materia de crecimiento, competitividad, creación de empleo, investigación e innovación, la energía, la educación y la reducción de la pobreza, todos ellos objetivos esbozados en la Estrategia Europa 2020.

El presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, y el comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, han insistido en incluir la posibilidad de la congelación de las ayudas regionales en la propuesta, pese a la oposición de Hahn.

Barroso dijo este miércoles en la rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel, que quería que la política de cohesión "apoye nuestros esfuerzos de mejorar la disciplina fiscal y estimular el crecimiento". Este cambio fue introducido hace solo tres días en los nuevos reglamentos, según fuentes europeas.

Precisamente, Merkel y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, han presionado a favor de que se incluyera una suspensión de un año de las ayudas de cohesión como sanción económica para aquellos Estados miembros que incumplen el PEC.

En la UE, 23 de los 27 países miembros tienen procedimientos abiertos por déficit excesivo, sólo cuatro estados no superan los límites marcados por el PEC: Luxemburgo, Estonia, Suecia y Finlandia.

El plan ha sido criticado por Danuta Hübner, eurodiputada polaca y presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, porque considera que las sanciones propuestas socava los esfuerzos del programa de ayudar a los países más pobres de la UE, que dependen de la ayuda europea.

Pero la CE argumenta que la reforma del plan de cohesión pretende mejorar el impacto de la ayuda regional en todas las regiones, no solamente en los más pobres.

La reforma también pretende imponer condiciones más estrictas, condiciones y puntos de referencia en el marco de contratos que la CE va a firmar con los Estados miembros y que establecerán cómo se debe gastar la ayuda regional.

Si los países no se ajustan a los puntos de referencia se podría retrasar el desembolso de más fondos, mientras que aquellos Estados que superan los objetivos se beneficiarán de un sistema de primas.

Se aventa inestabilidad social-laboral en 'Mare Nostrum' ante los centenares de despidos ineludibles

GRANADA.- Los 350 trabajadores de los servicios centrales de CajaGranada no descartan iniciar una huelga si se confirma la posibilidad de que el Grupo Banco Mare Nostrum (BMN), en el que está integrado Caja Murcia, Sa Nostra, Caixa Penedés y la caja granadina, emprenda un nuevo proceso de reestructuración que suponga el despido de entre 400 y 800 empleados de estas cuatro entidades. Estos empleados seguirán con las concentraciones semanales hasta la reunión prevista para el 18 de octubre.

El presidente de CajaGranada y vicepresidente de BMN, Antonio Jara, ha expresado su confianza en alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores en torno al proceso de recapitalización de Banco Mare Nostrum (BMN), un proceso que resulta "obligado e ineludible".

A su juicio, el proceso de recapitalización en que BMN está inmerso "viene exigido por los organismos reguladores y, por tanto resulta obligado e ineludible en este momento".  Y ha señalado, además, que dicha recapitalización "avanza razonablemente bien".

Jara ha apuntado que "en este contexto BMN está inmerso en un proceso de diálogo con la representación laboral" y se ha mostrado "convencido" de que "se alcanzará un acuerdo con los representantes de los trabajadores" sin entrar en más detalles y consideraciones.
Lo anterior contrasta con la realidad inmediata: la asamblea de CajaGranada ayer jueves se ha echado a la calle, y no de manera figurada. Los alrededor de 200 empleados de la sede central de la entidad financiera han celebrado su asamblea al raso, sentados en el suelo y con megáfono, al estilo del sindicalismo clásico o del más moderno movimiento 15-M. La razón, que la dirección de la caja no les ha cedido un espacio en el interior, por lo que han decidido "exteriorizar" el conflicto, a juicio de 'El Mundo'.
La asamblea era una más dentro del creciente clima de descontento entre los empleados de la entidad. En concreto, los de la sede central ya llevan varias semanas movilizándose para protestar por lo que consideran, a efectos prácticos, la pérdida de 400 empleos entre prejubilaciones y traslados forzosos a los nuevos servicios centrales en Madrid, donde el Banco Mare Nostrum (BMN), resultado de Sistema Integrado de Protección (SIP) o fusión fría de la entidad con CajaMurcia, Sa Nostra y CaixaPenedes, tiene su sede.
El 26 de septiembre fue la última concentración, de alrededor de 200 empleados de los servicios centrales protestaron precisamente en el mismo punto donde se vieron obligados la tarde de este jueves a celebrar su reunión. Afirmaban entonces que los al menos 100 traslados previstos supondrán una pérdida de "activos" para la caja y la ciudad y que deberían ser de carácter voluntario. Achacan a la dirección de la caja "falta de transparencia", ya que los empleados desconocen por el momento cuál será su futuro, si deberán ir a Madrid o a cubrir prejubilaciones en otras zonas, o el calendario previsto por el grupo, que componen además.
Además de esta situación, que afecta principalmente a los empleados de los servicios centrales -vacíos de contenido desde la creación de BMN, que ahora dirige en la práctica a las cuatro entidades-, los sindicatos permanecen atentos a la última reunión de coordinación del SIP, celebrada el pasado 4 de octubre y que adelantó una posible orden de ajuste, toda vez que sobre el nuevo banco pesa la amenaza de la intervención del FROB después de ser una de las dos entidades a la que se le dieron 25 días para recapitalizarse.
La caja salió de la misma con la perspectiva de cierre de 50 oficinas más y el despido de, al menos, 400 trabajadores, que pueden llegar a los 800, que se podría llevar a cabo mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) muy diferente a las prejubilaciones llevadas a cabo hasta ahora, y que CCOO y UGT contemplan como una ruptura del acuerdo con los órganos de dirección de la entidad, que encabezados por su actual presidente, Antonio Jara, colocaron el mantenimiento de los empleos y la implantación territorial de CajaGranada como principal justificación para la fusión fuera de Andalucía.

Cuando los Hombres Buenos de Murcia se convirtieron supuestamente en codiciosos

MADRID.-  El presidente del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y también presidente de la Junta de Hacendados ha sido imputado junto al vicepresidente y cuatro vocales de ésta en un posible delito de estafa por haber cedido el uso de miles de metros de acequias a promotores y constructores de la zona de la capital murciana para que construyeran viviendas sobre ellas. Esas cesiones serían ventas encubiertas, según la querella presentada por la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur), según revela hoy www.elconfidencial.com

En la querella criminal, Huermur, que agrupa a los huertanos críticos con la gestión de Sigifredo Hernández, estima que él, el vicepresidente Diego Frutos Saura, y los vocales Diego Melgar Sánchez, José Frutos Serrano, Ángel Cano Valverde y Benito Abellán Conejo han vendido de forma encubierta cauces de acequias y quijeros a distintos promotores “sin contar con la preceptiva autorización de la Junta General- Juntamento General-”, reza el texto al que ha tenido acceso El Confidencial.

Sigifredo Hernández Pérez como cabeza electa de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia es también presidente del Consejo de Hombres Buenos, tribunal interno tradicional de los huertanos murcianos, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y como tribunal consuetudinario por la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuya apertura anual tiene asiento, al igual que el representante del Tribunal de las Aguas de Valencia.  

La juez María Carrillo Sáez del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, en su auto de admisión a trámite de la querella y notificación de imputación estima que los hechos pueden ser “constitutivos de un delito de estafa” y establece la toma de declaraciones “en calidad de imputado” para los días 16 y 24 de noviembre próximo.

Sin contar con la opinión de la Junta General, que agrupa a 22.000 huertanos, los imputados hicieron cesiones de uso y aprovechamiento urbanístico de miles de metros de acequias y quijeros, la mayoría en la zona huertana de expansión urbanística al norte del centro de la ciudad de Murcia para que promotores y constructores edificaran sobre ellos bloques de pisos o urbanizaciones, se explica en la querella admitida a trámite, durante la época de expansión inmobiliaria de la década pasada.

Además, según estiman los querellantes, hubo ventas que se hicieron a precios distintos al establecido de 120 euros por metro cuadrado en un Juntamento General – del que no existe acta, asegura Huermur–, con el resultado de que las cuentas de ingresos no cuadran, estima en su exposición de motivos el abogado de los querellantes, Fernando Hernández, que explica un caso en el que se debieron cobrar 323.640 euros y se ingresaron 215.458 menos, es decir solamente 108.182.

Un experto internacional señala a Francisco Camps como directo responsable del 'agujero' de la CAM

SALAMANCA.- El catedrático de Economía y Estrategia en el Departamento de Empresas y Economía de la London School of Economics, el español Luis Garicano, ha asegurado que "el verdadero agujero" que ha dejado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, "se llama CAM".

 Garicano ha asegurado y añadido que las cajas de ahorro, cuyo sistema considera "desaparecido", se han gestionado, salvo "honrosas excepciones", en "beneficio de sus patronos políticos".

Garicano ha atribuido "la desaparición" del sistema de cajas de ahorro en España a que, salvo "honrosas excepciones", se han puesto al frente de ellas a "gestores poco profesionales" que han realizado su trabajo "para el beneficio de sus patronos políticos".

El catedrático, que ha tildado de "sangrante" el caso de Caja Mediterráneo (CAM), ha subrayado que a pesar de que se sigue hablando de los trajes del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, "el verdadero agujero que este señor dejó se llama CAM".

"Las decisiones adoptadas y los préstamos horrorosos concedidos" por esa entidad financiera "van a costarle a España mucho en el futuro", ha apostillado.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que el sector financiero español "estaba bastante bien preparado para una crisis" en el sentido que "tenía mucho capital", si bien, ha reconocido que "ha habido razones para que en el exterior hubiera preocupación".

Tras las intervenciones realizadas por el Banco de España a tres cajas españolas -Caja Mediterráneo (CAM), Caja Sur y Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM)-, Garicano ha explicado que la información dada sobre este tipo de entidades financieras hizo que "la gente se preguntara sobre si existían temores".

En todo caso, ha considerado que "algunas cajas", aunque no ha especificado cuáles, "han mentido" y así ha confiado en que "paguen sus consecuencias".

"Me parece inconcebible -ha sentenciado- que unas instituciones financieras que van a costar miles de millones de euros a los españoles puedan irse con indemnizaciones millonarias y que no pase nada".

No obstante, ha hecho hincapié en que los bancos españoles "más sólidos", entre los que ha mencionado el BBVA y el Santander "están muy bien gestionados y no tienen ningún riesgo de rescate".

Garicano ha abordado la desconfianza habida en el exterior respecto a los mercados financieros e inmobiliario, el paro, la economía sumergida y las finanzas públicas españolas.

Sin embargo, a juicio del catedrático, "la luz al final del túnel va a venir sola", pero va a haber que "concienciar a los ciudadanos de las reformas que será necesario llevar a cabo".

"Lo realizado este año por el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido un principio chiquitín de lo que hay que hacer", ha puntualizado.

En su opinión, lo ejecutado hasta ahora "ha demostrado que se puede salir del grupo de cola porque tenemos puntos de partida que no están mal siempre que se sanee el sistema financiero, se reforme el mercado laboral y se asegure la financiación autonómica".

En este sentido y respecto a los resultados electorales del 20-N ha resaltado que "cualquiera de los dos partidos -PP y PSOE- que llegue al poder tendría que tomar medidas drásticas para reconducir la situación".

Sin embargo, el Consell no quiere saber nada ahora de sus responsabilidades en la intervenida Caja Mediterráneo (CAM), pese a que la Ley de Cajas de la Generalitat, vigente desde 2003, le otorga competencias de control. La norma surgió para adaptar la legislación valenciana de cajas a la ley estatal de medidas de reforma de sistema financiero de 2002. La ley, sancionada por el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, ahora vicepresidente de Bankia, sustituyó al decreto legislativo de 1997 y politizó aún más los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, recuerda 'El País'.

La legislación valenciana sobre entidades financieras de ahorros dice: "La presente ley introduce expresamente nuevas obligaciones de información con el organismo supervisor, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que se consideran esenciales para el desempeño de una labor más eficaz. Entre estas obligaciones, cabe destacar la comunicación previa de las emisiones de valores negociables que sean susceptibles de computar como recursos propios, que vienen adquiriendo en los últimos tiempos una gran notoriedad".

Por su parte, el reglamento del IVF recoge entre sus competencias "ejercer las funciones relativas al control, inspección y disciplina de las entidades financieras que estén bajo la tutela administrativa de la Generalitat, así como de la banca privada, en los términos que disponga la legislación básica estatal".

La Generalitat está presente en los órganos de las cajas (asamblea general y comisión de control), que también fueron modificados por la ley de 2003. En la asamblea general de la CAM la Generalitat cuenta con 45 de los 180 miembros de la asamblea. Y en la comisión de control, con el vicepresidente del órgano, José Manuel Uncio que fue presidente del IVF, según han confirmado fuentes de la entidad.

El IVF completa su presencia en la comisión de control de la CAM con un representante con voz pero sin voto. Este miembro, según fuentes de entidad, apenas participa en las reuniones de ese órgano, "salvo en vísperas electorales".

La comisión de control, además de supervisar la gestión general de la caja, también inspecciona las auditorías internas y externas sobre los balances de la caja. Este órgano, que preside el exedil del PP de Murcia, Juan Ramón Avilés, mantiene sus funciones tras la intervención de la caja por parte del Banco de España.

El consejero de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, soslayó este cuerpo legislativo y aseguró que las competencias sobre la solvencia de las cajas "residen en el Estado a través del Banco de España, que ha estado inspeccionado la CAM desde septiembre de 2008 hasta diciembre de 2009". Pero a renglón seguido, el consejero defendió las actuaciones del IVF, en su calidad de supervisor de las entidades financieras.

El titular de la Consejería de Economía señaló que el Consell no ha interferido en la gestión y administración de la caja, "porque corresponde de forma exclusiva y excluyente a sus órganos de administración".

Verdeguer compareció a raíz de una pregunta formulada por Francisco Toledo, portavoz de Economía del PSPV, sobre las actuaciones del IVF en la CAM. Toledo responsabilizó al PP del proceso de intervención de la CAM porque, según él, nombró al consejo de administración.

"La larga sombra del PP vacía las arcas de la CAM", dijo el diputado socialista. "Esta caja y Bancaja podrían haber sido socios estratégicos, pero los consejeros del PP los han llevado al traste", añadió.