MÁLAGA.- El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca, ha asegurado este lunes: "soy ingeniero y la construcción para mí no tiene muchos secretos" y ha intentado justificar el dinero recibido de la promotora Aifos en el asesoramiento que ofreció a la empresa para determinados convenios urbanísticos.
Roca ha continuado contestando a las preguntas del fiscal Anticorrupción en el último bloque del juicio del caso 'Malaya', en el que se analizan las cantidades supuestamente pagadas por empresarios acusados y las presuntamente cobradas por el principal acusado y exediles de Marbella, cantidades que ha vuelto a desvincular de aprobaciones urbanísticas.
Su declaración se ha centrado en buena parte de la sesión en el asesoramiento en dos convenios alcanzados con Aifos, uno el de Guadalpín Banús, con el que, según el fiscal, se pretende regularizar la situación de ese hotel; y un segundo, el de Guadalpín Village, para la ampliación de dicho establecimiento para hacer un complejo tipo Caribe, según Roca.
Roca ha asegurado que los pagos fueron "en un 99 por ciento" siempre en la sociedad Maras Asesores y en efectivo, apuntando que hacía un recibí a Aifos "y yo me quedaba con copia", pero no facturaba. El dinero era llevado "siempre" por el acusado Francisco García Lebrón --director Comercial de Aifos-- y "siempre" lo recibía él.
Asimismo, ha puntualizado que "no existía un contrato" para este asesoramiento, sino que "era verbal"; y ha añadido que la empresa Aifos tenía muchos vendedores y comercializadores, pero para los proyectos urbanísticos recurría a personal externo. De hecho, ha manifestado, "cuando me lo proponen es porque ellos no tienen esos conocimientos".
El principal acusado ha negado que su asesoramiento implicara de algún modo la aprobación por el órgano municipal correspondiente de esos convenios, pero ha indicado que "lo que sí implicaba era la firma del convenio". "Implicaba que yo me comprometía a hacer un convenio que fuera asumido", ha apostillado.
Respecto al convenio de Guadalpín Banús, ha rechazado que fuera de legalización, porque, ha dicho, "no legaliza nada, lo que propone es que ese exceso sea incorporado en un documento y si recibe la aprobación definitiva de la Junta de Andalucía se legalice, cosa que finalmente pasó".
"Ahora resulta que cuando lo hace Juan Antonio Roca o la corporación de Marisol Yagüe es un convenio de legalización y cuando con posterioridad la Junta de Andalucía habla con los promotores para legalizar y llega a un acuerdo, no es legalización, eso es ordenación urbanística", ha aseverado, insistiendo en que el objeto no era monetarizar el exceso de edificación.
El exasesor de Urbanismo ha apuntado que lo realizado previamente se hizo con una licencia otorgada en 2002, "cuando Julián Muñoz era alcalde, en la que yo no intervine", y lo que hace la siguiente corporación "es precintar el edificio cuando se entera de que se ha construido más de la cuenta, abrir un expediente de disciplina e iniciar otro de revisión".
Ha indicado que algunas anotaciones vinculadas al acusado García Lebrón eran de participación personal de éste en un negocio y no en representación de la promotora Aifos. Además, se ha analizado una operación con sociedades vinculadas a los acusados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, de la que, según ha dicho, no se lleva compensación y no hubo perjuicio.
Sobre el empresario José Ávila Rojas, el principal acusado ha reconocido anotaciones en Maras Asesores en la cuenta AR y aportaciones por más de cinco millones, pero ha incidido en que son "por negocios privados", en los que "yo aporto parcelas y el señor Ávila Rojas, la construcción, y se pacta lo que se dice una aportación y se reparten las plusvalías o el beneficio que genere".
Ha negado que estos cobros tengan que ver con aprobaciones de convenios y ha dicho que no intervino en el otorgamiento de licencias relacionadas con los negocios en común con Ávila Rojas en Marbella "y usted lo sabe", ha contestado al representante de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, con quien Roca ha vuelto a tener enfrentamientos dialécticos.
Así, analizando determinados convenios de Ávila Rojas, el fiscal ha precisado que éstos se investigan en un juzgado de Marbella, mostrando Roca su sorpresa respecto a que la Sala encargada del caso 'Malaya' vaya a decidir "sobre unos actos que no sabemos si son justos o injustos". Su defensa ha instado a que el ministerio público clarifique este extremo. La declaración continuará este martes.
