MADRID.- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó el primer capítulo del Spending Review, el proceso de revisión integral del gasto público que ha llevado a cabo en los últimos meses, recuerda Libertad Digital.
Este primer informe estaba dedicado a la política de subvenciones
y generó muchos titulares que se podrían resumir en esos 14.300
millones de los que hablan los autores del trabajo que cada año se
entregan en subvenciones en España. Los resultados de la investigación
apuntan a la falta de control, nula planificación, deficiente fiscalización y ausencia de sanciones a los que incumplen las condiciones de concesión de esas ayudas.
Pero leyendo
el informe de la AIReF
llama la atención el poco ruido que ha generado. Porque no hablamos, ni
mucho menos, de un tema menor. Es uno de los pilares básicos del gasto
público, una partida creciente y de la que
tiran todas las
administraciones y partidos. Quizás por eso tampoco ha habido grandes
acusaciones ni se ha convertido en un tema de debate político. Porque
todos tienen algo que callar.
Ésta podría ser la primera enseñanza del documento, una que no viene
en el mismo pero que se puede extraer viendo la (no) reacción a su
publicación: éste es un tema que molesta y en el que no hay demasiado
interés en hurgar. Pero hay más conclusiones que podemos extraer del
mismo. Las siguientes son sólo algunas de las más destacadas:
- No son 14.300 millones. Es paradójico, pero lo más
destacado del informe es precisamente lo que no dice. Porque ni
siquiera la AIReF lo sabe: cuánto dinero gastan las administraciones
públicas españolas en subvenciones. No hay una cifra. Los autores lo
dejan claro: "No es posible determinar el volumen de gasto total en
subvenciones públicas en España dado que no hay una única fuente ni
existe un concepto único de subvención".
A partir de ahí, tomando la definición de "subvención" de la Ley
General de Subvenciones y los datos (incompletos) de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS), se ha realizado una estimación que da
como resultado la famosa cifra de los 14.300 millones.
Pero no deja de
ser una estimación que, además, deja fuera muchas otras partidas que
podrían entrar perfectamente dentro de este concepto. Incluso, la AIReF
admite que en el 8% de las convocatorias el campo de "dotación
financiera" está incompleto.
Con una definición más amplia de
subvención, que recogiera todas las ayudas públicas sin contraprestación
directa, podríamos acercarnos a los 30.000 millones de euros de gasto
total.
Y por cierto, un apunte interesante. De esos 14.300 millones sobre
los que más o menos se tiene un cierto control, 9.700 millones se gastan
desde las comunidades autónomas, 3.000 millones desde la Administración
Central y 1.600 millones desde los ayuntamientos. También aquí el
reparto es llamativo.
- No es el chocolate del loro. Esto es
importante porque cuestiona uno de los grandes argumentos sobre el gasto
público en España: que está muy ajustado, que es complicado de reducir
en una cantidad apreciable o que eliminar las partidas más llamativas
(desde coches oficiales a subvenciones un tanto extrañas) apenas
supondrían un mínimo recorte en el total.
Y es cierto que muchas veces los medios nos hacemos eco de noticias
sobre subvenciones con títulos algo estrafalarios, de esas que llaman
mucho la atención pero en términos presupuestarios no son muy
relevantes. Pero cuidado, 14.300 millones (si tomamos la cifra más conservadora) no es una cantidad despreciable.
Hablamos, más o menos, de la mitad del déficit o la mitad de lo que se
destina al pago de intereses, o de un dinero que podría financiar casi
la totalidad de lo que se dedica a las clases pasivas.
El Estado español
no acabaría con sus problemas financieros de un plumazo si eliminase de
un día para otro estas subvenciones. Y aquí hay otro debate, sobre si
habría que eliminarlas todas o no. No es éste el lugar para esa
discusión. Pero lo que sí es relevante es que esa idea de que son
cantidades menores, poco relevantes en el total del gasto público, es
falsa.
- No hay ningún control:
Se aprecia una carencia generalizada
de sistemas adecuados de seguimiento y evaluación ex post. La definición
de indicadores observada en los Planes Estratégicos de Subvenciones
(PES) es claramente deficitaria. En la mayoría de las ocasiones estos se
limitan a indicadores de ejecución presupuestaria o de procedimiento
(número de convocatorias, de solicitantes, de beneficiarios, de
congresos, de publicaciones…), pero no se incluyen indicadores que
permitan medir la consecución de objetivos, probablemente porque tampoco
aparecen definidos con claridad sino en términos muy imprecisos.
La crítica de la AIReF es demoledora. Ni hay
planificación (en busca de tal o cual objetivo, ése sería otro debate)
ni control sobre los resultados. Hay desconexión entre administraciones y
dentro de las mismas. No hay una estrategia clara en cuanto al reparto
de fondo o a los fines buscados.
En cualquier otro apartado del Presupuesto o si estuviera dedicado a
una administración en concreto, una acusación así habría desatado una
oleada de indignación. Aquí, quizás porque salpica a todos, no ha habido
apenas reacciones.
Y una cuestión relevante: en España ha habido en los últimos años
muchos escándalos de corrupción. Y alguno de ellos ha estado relacionado
con las subvenciones. Pero no tantos como con otras cuestiones, como
las recalificaciones urbanísticas o la concesión de contratos públicos a
cambio de favores.
Cabe preguntarse si el problema no es tanto sobre
las conductas en uno y otro caso, como sobre la fiscalización de las
mismas. Es decir, para un alcalde corrupto: ¿es más fácil darle dinero a
un amigo a través de una subvención que inflando el contrato de
construcción del polideportivo municipal? Pues leyendo el informe de la
AIReF, como mínimo surge la duda. Quizás sí.
- No sabemos para qué: esta parte es consecuencia
directa del anterior epígrafe. No hay control sobre cómo se conceden o
sobre sus resultados. Y por lo tanto, tampoco sobre cuál es el objetivo
último de este gasto. Por ejemplo, sobre los PES, el informe dice que
las "deficiencias" en su elaboración provocan que "su valor como
herramienta de planificación estratégica sea casi nulo".
Evidentemente, si no hay un objetivo claro, tampoco puede haber un
seguimiento ex post acerca de si se cumplieron los fines que los
políticos nos aseguran que buscan con estas subvenciones.
Esto es más relevante de lo que parece. El objetivo de cualquier política pública no es (o, mejor dicho, no debería ser) autoperpetuarse,
sino solventar una determinada deficiencia. Por ejemplo, subvenciones a
asociaciones culturales para mantener determinadas tradiciones o para
realizar eventos culturales que de otra manera no se realizarían. Aquí
hay dos discusiones: la primera es si es labor del Estado pagar esto.
Otro debate interesante, pero en el que no vamos a entrar aquí.
Pero
incluso si la respuesta a la primera pregunta es positiva, queda otra
cuestión: ¿se está logrando ese fin? ¿Hay más gente que accede a esos
eventos que si no hubiera subvención? Porque la idea no es que haya una
asociación que cobre del Estado (eso sí se logra con la subvención) sino
que preste un servicio que la administración de turno considera
importante. Eso es lo que no se está midiendo-fiscalizando en nuestro
país. De hecho, la AIReF denuncia que también hay "deficiencias en los
procedimientos de concesión, justificación y control, reintegro y
sancionador".
Así, es difícil evitar la sensación de que estamos ante un sistema
montado en parte para servirse a sí mismo: la lógica de muchas
subvenciones no es cubrir una necesidad del ciudadano, sino la propia
subvención y sus beneficiarios.
Por supuesto, hablamos de 14.300
millones de euros de gasto, ejecutados a través de más de 30.000
convocatorias y con más de 1 millón de beneficiarios (quizás otra clave
para el semi-silencio de esta semana es que, quien más quien menos, a
casi todo el mundo le ha caído cerca, alguna vez, una subvención).
Pues
bien, con ese dinero, está claro que algo se hará. Habrá asociaciones
que lo gasten bien, programas mejor diseñados que otros,
administraciones más cuidadosas con sus fondos… Pero la pregunta no es
ésa. La clave es ¿qué estamos consiguiendo a cambio? Para eso hay muchas
menos respuestas.
- Ni siquiera es eficiente, sencillo o barato de gestionar:
a primera vista puede parecer contradictorio con lo apuntado en los
demás epígrafes, pero en realidad es la consecuencia lógica. La AIReF
también denuncia que "hay una excesiva carga administrativa de los
procedimientos de subvención (concesión, justificación, pago y
comprobación) tanto para los centros gestores como para los
beneficiarios".
Es decir, que para algo sobre lo que no existe control adecuado ni
unos objetivos detallados… encima hay que cumplimentar una montaña de
papeleo y adaptarse a una enorme y complicada burocracia. Y aquí nos
vienen a la cabeza esos organismos (en este caso sobre todo de la
administración) que justifican se existencia en… su existencia.
Porque
también hay mucho de esto en la política de subvenciones, un mundo con
sus propias reglas, lejano para los extraños (que tienen complicado
acceder al mismo, incluso aunque sus proyectos sean mejores para el fin
último pretendido) y complicado de desmontar o limitar porque ha cobrado
vida propia: desde funcionarios que deben su puesto a la vigilancia del
cumplimiento de determinados requisitos, inútiles en sí mismos pero
costosos de lograr, a consultores que se dedican a realizar los
proyectos que luego se presentarán en busca de esa subvención.
¿Cuántas
de esas asociaciones que piden una ayuda dedican una parte cada vez más
importante de sus recursos a convencer a la administración de que
merecen esa ayuda y de que cumplen con los requisitos para recibirla?
- 1.051.136 beneficiarios únicos: como apuntábamos,
seguro que muchos de ellos realizan una labor valiosa. Esto no está en
el informe de la AIReF, pero cabe preguntarse si no se está creando un semi-Estado paralelo,
al margen de las normas, mucho más estrictas, de la administración y la
contratación pública. ¿Es éste el camino por el que se consolidan las
nuevas redes clientelares?
Nombrar a un amigo, familiar o compañero ideológico para un puesto en
un Ministerio no es sencillo. Como no lo es aprobar una oposición. Por
eso, aquellos funcionarios de partido que aparecen en las novelas de
Galdós ya no son la norma en las administraciones españolas. Algo habrá,
en esos cargos de confianza, en esas empresas públicas apenas auditadas
o en esos trabajadores que entran por la puerta de atrás y acaban
consolidando plaza con concursos que parecen realizados a medida. Pero
por ahí sí hay un cierto control.
El problema es que leyendo el informe de la AIReF queda la sensación
de que la subvención puede ser la manera más sencilla de conseguir el
mismo objetivo. Tanto desde el punto de vista personal (ayudar a
alguien) como ideológico (promover desde un Estado, que se supone
imparcial, una determinada agenda política).
- Seguir leyendo:
https://www.libremercado.com/2019-06-09/las-principales-incognitas-que-deja-el-informe-de-la-airef-sobre-las-subvenciones-1276639916/
