MADRID.- Las comunidades autónomas cerraron el primer trimestre del año con un déficit de 4.995,31 millones, lo que supone el 0,46% del PIB, mientras que el Estado redujo el saldo negativo de sus cuentas un 53% en los cuatro primeros meses del año, hasta los 2.450 millones, el 0,22% del PIB.
Así lo ha adelantado la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, en una rueda de prensa, donde ha descartado la posibilidad de tomar nuevas medidas de recorte de gasto porque las cifras apuntan a que la senda de reducción de déficit público es "absolutamente la correcta y adecuada".
"No hay que esperar nuevas medidas", ha señalado, tras resaltar, sin embargo, la necesidad de seguir trabajando en las reformas puestas en marcha y admitir la posibilidad de acordar algunas medidas de coordinación en los órganos adecuados para hacerlo.
En el caso del déficit autonómico, los datos muestran que ningún territorio supera el 1% de déficit. Las peor situadas en el primer trimestre han sido Islas Baleares y Cataluña, con un déficit del 0,97% del PIB. También registran déficit elevados Murcia (0,89%), País Vasco (0,77%), Andalucía (0,75%) y Comunidad Valenciana (0,67%).
De la misma forma, registran saldos negativos Extremadura (0,64%), Madrid (0,60%), Castilla y León (0,40%), Canarias (0,28%), Cantabria (0,26%), Asturias (0,26%), Cataluña (0,09%) y Navarra (0,07%). En el lado contrario, se sitúan Aragón (0,19%), Galicia (0,14%) y La Rioja (0,18%), con superávit.
Según Salgado, no todas las comunidades han mostrado la misma evolución, ya que aproximadamente la mitad han registrado un comportamiento "acorde" con el objetivo de déficit para 2011 del 1,3%, aunque otras ofrecen datos "menos positivos" y deberán acelerar la aplicación de los planes para alcanzar el objetivo marcado.
En concreto, el déficit autonómico es el resultado de unos ingresos que se han situado en 29.535,73 millones, un 2% menos que en el periodo anterior, y de unos gastos que han ascendido a 34.531,04 millones, un 5,4% más.
Aún así, Salgado ha resaltado la importancia de ser muy "prudentes" en el análisis de los datos, porque pueden estar distorsionados por la magnitud de algunos procesos de ajustes o por diferencias de calendario, singularidades que se irán corrigiendo en el segundo semestre.
Ha admitido que las comunidades han cerrado con una evolución del gasto "superior" al previsto, que ha desembocado en un desequilibrio de las cuentas autonómicas también "superior" al que cabría esperar. En concreto, ha asegurado que los gastos de personal disminuyen en todas las comunidades, menos en Andalucía, aunque hay otros componente más "erráticos", como las inversiones, con crecimientos muy significativos en algunas CC.AA.
En todo caso, ha asegurado que el objetivo del 1,3% sigue siendo "perfectamente posible", aunque algunas CC.AA. en particular tendrán que hacer esfuerzos de moderación y "prestar especial atención", al tiempo que tendrán que aclarar al Ministerio de Economía las causas de las desviaciones que han registrado en este primer trimestre y asegurar que las corregirán más adelante.
Según la 'número tres' del Gobierno, el objetivo de déficit es "irrenunciable", por lo que el Estado aplicará todos los mecanismos de control a su alcance de "manera estricta" para garantizar que las comunidades cumplen el objetivo marcado.
En cuanto a los planes de reequilibrio pendientes de aprobar (un total de seis), ha dicho que aún están trabajado y que en algunos la tarea está mucho más avanzada, aunque lo deseable sería poder aprobarlos todos.
Preguntada por la posibilidad de que afloren nuevos datos de déficit tras los cambios de gobierno en las CC.AA., Salgado se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con el PP para hacer un análisis más exhaustivo de los gastos no sólo donde va a empezar a gobernar, sino también donde ya lo hacía.
Sin embargo, ha considerado que el partido liderado por Mariano Rajoy lanza un mensaje "muy poco serio" si pide auditorías de cuentas en los nuevos territorios en los que gobierne, porque el cuerpo de interventores del Estado y de las CC.AA. realiza su trabajo de "manera impecable". "No seré yo quien lo ponga en duda", ha indicado.
En el caso del déficit estatal, los 2.450 millones se deben a unos pagos que se situaron en 47.423 millones de euros, un 12,9% menos, mientras que los ingresos sumaron 44.963 millones de euros, lo que supone una caída del 8,6%.
La cifra supone una reducción del 53% en comparación con el año pasado, lo que, según Salgado, es una reducción "muy importante" que demuestra que el Estado está en la senda de "cumplimiento perfecto" del déficit comprometido.
Hasta abril, los ingresos no financieros totales ascendieron a 68.252 millones de euros, un 4,3% más, mientras que los ingresos impositivos (el 92% del total) se situaron en 62.995 millones, un 4% más. Los impuestos directos recaudaron 33.006 millones (+0,6%), mientras que los indirectos sumaron 29.989 millones (7,9% más). El capítulo de otros no financieros reportó 5.257 millones.
Por figuras impositivas, el IRPF recaudó 28.054 millones hasta abril, un 2,6% más, mientras que el Impuesto de Sociedades ingresó hasta 3.636 millones, un 14,6% menos. Por su parte, el IVA alcanzó los 22.842 millones de euros, un 11,9% más, mientras que los impuestos especiales generaron 6.116 millones, 300 millones menos por la menor recaudación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, que cayó un 6,9%, mientras que el de Hidrocarburos cayó un 4,2%.
En el capítulo de pagos no financieros, representaron 49.791 millones de euros, un 19,6% menos y el menor de los últimos tres ejercicios, que se aproxima a los niveles de 2008. Una parte importante de esta reducción se localiza en el apartado de transferencias corrientes, que representaron algo más de la mitad de todo el capítulo y cayeron un 65,9%.
Por su parte, los gastos corrientes en bienes y servicios cayeron un 5,9%, mientras que los gastos financieros bajaron un 3,7%, las transferencias de capital, un 29,4% y las inversiones reales un 28,2%. Sólo los gastos de personas presentaron un leve repunte del 1,2% por la compensación del repunte del IPC en las pensiones de clases pasivas.
Techos de gasto
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se ha mostrado partidaria de que las comunidades autónomas aprueben techos de gasto para la elaboración de sus presupuestos al igual que realiza actualmente la Administración Central, dado que considera que se trata de una "herramienta muy útil".
Salgado, que compareció en el Ministerio de Economía para dar cuenta de la ejecución presupuestaria de las comunidades en el primer trimestre, refrendó así la propuesta realizada hoy por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, quien apostó por los techos de gasto en las comunidades.
La ministra señaló que incluso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en sede parlamentaria a que en las comunidades gobernadas por el PSOE sus parlamentos autonómicos aprueben una ley que fije estos techos de gasto.
"Somos absolutamente favorables a que cada comunidad apruebe su techo de gasto como una herramienta útil, y así lo ha dicho Zapatero en sede parlamentaria y así se han comprometido las comunidades que tengan gobiernos del PSOE", subrayó.
En este sentido, indicó que el PP también ha hecho declaraciones en este sentido e incluso el presidente del partido, Mariano Rajoy, ha asegurado que si gana las elecciones generales, la primera medida que adoptará será aprobar una ley que establezca techos de gasto en las comunidades.
Así, dijo que el PP ya gobierna en algunas comunidades y gobernará en más después de las elecciones autonómicas del 22 de mayo, por lo que aseguró que ya puede aprobar estos techos de gasto en estas regiones.
Control del gasto
El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha reclamado a los gobiernos autonómicos españoles que adopten "lo antes posible" una regla jurídicamente vinculante para controlar el gasto en sus presupuestos.
Almunia ha reclamado además a los gobiernos regionales del PP que, en el actual "momento muy difícil", se unan al esfuerzo del Gobierno central para recortar el déficit público.
"Ahora que necesitamos cumplir plenamente los objetivos de déficit y mantener bajo control la deuda, necesitamos no sólo un marco fiscal nacional sino también marcos fiscales regionales. Necesitamos una regla de gasto a nivel regional", ha dicho el vicepresidente del Ejecutivo comunitario en una conferencia.
"Mi opinión, en tanto que comisario y en tanto que español, es que los gobiernos regionales deberían introducir lo antes posible una regla de gasto jurídicamente vinculante en sus presupuestos", ha señalado Almunia.
El comisario de Competencia ha lamentado que la coordinación de políticas fiscales de las comunidades autónomas "no ha sido plenamente eficaz" y ha reclamado más "corresponsabilidad" en esta materia.
"En España, el grado de corresponsabilidad debería aumentar muy rápidamente por las condiciones políticas después de las últimas elecciones regionales. Desafortunadamente según mi punto de vista político, la mayoría de las regiones políticas tienen un color político distinto al del Gobierno central y eso supone un gran reto en un momento muy difícil", ha dicho Almunia.
El déficit de las comunidades autónomas aumentó hasta el 2,8% del PIB en 2010, algo que a juicio del comisario "no se explica plenamente por la crisis", ya que ésta ha reducido los ingresos pero no ha aumentado tanto el gasto porque las prestaciones por desempleo se gestionan a nivel nacional.
En 2011, los gobiernos regionales están obligados a recortar el déficit hasta el 1,3% del PIB y 8 de los 17 deberán ajustarlo "muy por encima" del 1,5% de media. Almunia ha reconocido que para las comunidades autónomas resulta "más difícil" reducir el déficit que para el Gobierno central porque la mayoría del gasto se concentra en sanidad y educación, que son partidas con "baja elasticidad".
La deuda de las regiones se sitúa alrededor del 11% y, aunque este nivel "no es muy alto", el acceso a los mercados para refinanciarla o emitir nueva deuda "es más difícil para los Gobiernos regionales que para el Gobierno central, lo que supone un problema importante", ha indicado el vicepresidente.
