LORCA.- Los equilibrios del poder político en Lorca están muy ajustados. Diez concejales del PSOE, dos de Izquierda Unida y
uno de Ciudadanos conforman el gobierno local que, tras las elecciones
de 2019, estuvo a punto de constituirse con diez concejales del PP, dos
de Vox y uno de Ciudadanos. Finalmente, el edil de Ciudadanos, el
vicealcalde Francisco Morales, optó por unirse a los socialistas con una
condición.“Que se regularan las explotaciones porcinas bajo dos
principios básicos: igualdad y sostenibilidad, lo que implicaba
establecer la distancia de 1.500 metros respecto a cualquier núcleo
urbano, también en las pedanías”, indica, y recuerda que también los dos
representantes de Izquierda Unida mantenían esa posición, según El País.
Lorca, con cerca de 100.000 habitantes y un millar de
cebaderos, es el segundo término municipal más grande de España, con una
extensión de 1.675 kilómetros cuadrados y 39 pedanías, en las que viven
diseminados en viviendas unifamiliares con terreno agrícola y ganadero
cerca de 40.000 lorquinos.
El domingo anterior, un vehículo con megafonía
recorrió todas esos pequeños núcleos de población convocando a los
ganaderos a una concentración este lunes contra “la nueva reglamentación
que quiere aprobar el ayuntamiento y que nos afectará a todos”, señalan
miembros de las asociaciones ganaderas que lo patrocinaron.
El
lunes siguiente, unas 500 personas se concentraban delante del Centro de
Desarrollo Local (CDL) donde iba a celebrarse el pleno que aprobaría la
moción para regular las explotaciones de ganado porcino, y un grupo decidió asaltar violentamente el edificio municipal al grito de “¡gandules!, ¡os vamos a matar!”, llevándose por delante a policías locales que trataban de impedir su entrada a la fuerza.
El
pleno fue suspendido porque “la policía nos dijo que no podía
garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en el
edificio”, asegura el alcalde, Diego Mateos (PSOE), y la moción no se
aprobó. De momento hay siete detenidos por atentado contra la autoridad y
desórdenes públicos, y una maraña de acusaciones cruzadas para explicar
cómo pudo llegarse a ese extremo.
Las tensiones habían
empezado una semana antes. “El día 21 de enero nos citó el concejal de
Urbanismo y Medio Ambiente, José Luis Ruiz (PSOE), en el ayuntamiento
para informarnos de que la moción iba a ir a pleno el día 31″, señalan
miembros de las asociaciones ganaderas, reunidas en una suerte de
“comisión negociadora” de ocho colectivos del sector, y corroboran en la
corporación municipal.
Hasta ese momento, existía un amplio consenso
entre ganaderos y políticos y unas relaciones fluidas. Muchos de ellos,
como ocurre habitualmente en los pueblos, son amigos de la infancia o
forman parte de las mismas cofradías. Hasta el punto de que la
tramitación de la moción había sido aprobada por unanimidad en julio de
2020.
“Nosotros estábamos de acuerdo en adaptarnos a las nuevas
normativas, pero solo les pedíamos que las explotaciones cuya
tramitaciones estaban en curso y cuyos propietarios ya habían hecho su
inversión, pudieran continuar sus expedientes en un régimen de
excepcionalidad, o provisionalidad, y ellos aceptaron”, señalan desde
los colectivos de ganaderos, que se han sentido traicionados por el
gobierno local. Esos casos, nueve, son el verdadero escollo de este
asunto.
Se trata de nueve empresas, nueve expedientes
—recogidos en la moción—, nueve explotaciones que se encuentran en un
“limbo legal” a la espera de una serie de licencias que no llegan. Los
permisos para construir granjas de menos de 2.000 cabezas las concede el
ayuntamiento, pero cuando son de más de 2.000 animales los otorga la
comunidad autónoma. En estos casos, muchas son solicitudes de
ampliaciones, en total unas 20.000 cabezas de ganado entre todas, cuya
aprobación depende del gobierno regional (PP).
Algunos de
los propietarios de estas explotaciones, cansados de esperar la
respuesta de los distintos organismos competentes de la comunidad
autónoma gobernada por el Partido Popular (direcciones generales de
Medio Ambiente, Aguas, Carreteras, Urbanismo...), han tirado por la
calle de en medio.
“Han montado los cebaderos, se han metido en
préstamos de 300.000 euros a diez años vista, han contratado a
trabajadores, tienen familias, y ahora ven peligrar sus inversiones”,
apuntan ganaderos y miembros del consistorio. Algunos de estos
empresarios llevan esperando una respuesta de la administración regional
desde 2014.
El negocio del ganado porcino está en auge en los últimos
años debido, en buena parte, a la demanda de China, donde la peste
porcina les ha obligado a importar mucha carne de cerdo. Sin embargo,
muchos temen que esa “burbuja” estalle más pronto que tarde. Al mismo
tiempo, la industrialización del sector ha pervertido mucho el trabajo
de los ganaderos locales “de toda la vida” y de un trabajo tradicional
que se realizaba en familia, con pequeñas granjas.
“Los cebaderos, con
centenares o miles de animales, son subcontratas de grandes empresas
cárnicas instaladas en la zona”, explica un trabajador del gremio. “Los
ganaderos asumen el riesgo económico, porque hacen la inversión para la
instalación y ponen su mano de obra, a condición de que el empresario
cárnico les meta los cerdos, les dé el pienso para cebarlos y las
medicinas para tratarlos, pero quedan completamente a expensas de ese
gran empresario, que le paga a unos diez euros por cerdo cebado y sube o
baja el precio”, analiza. Lo llaman “sistema integrado”.
Así
las cosas, los representantes de los ganaderos —entre los que se
encuentran algunos de esos relevantes empresarios— acudieron a la cita
el día 21 y se encontraron con que la moción “había pasado de tener
siete folios a 32, e incluía otro montón de requisitos que antes no
estaban, como tener que presentar estudios de impacto paisajístico, o de
evolución del tráfico en la zona donde vaya a ponerse una explotación”,
describen los miembros de la comisión.
“Se trata de los
informes preceptivos de los correspondientes organismos regionales
competentes que se solicitan y se adjuntan antes de ser aprobada
cualquier modificación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),
que es como se ha presentado esta regularización de acuerdo con los
técnicos municipales”, explica el alcalde, Diego Mateos. “Pero esos
informes, no son más que recordatorios de la ley vigente, y ellos lo han
interpretado como nuevos requisitos”.
“Ellos”, son los
ganaderos, que no tienen un pelo de tontos ni de ignorantes. Saben
perfectamente que van a tener que tragar con la legislación
medioambiental y quieren hacerlo, pero también quieren sacar algo a
cambio: “Salvar a esas nueve empresas de la posible ruina y, con ello,
mantener unido y fuerte al sector ante posibles embates futuros”.
Él,
el alcalde, tiene poco margen de maniobra y se encuentra presionado por
sus socios de gobierno —que aún no le han aprobado los presupuestos— y
por su acuerdo iniciático así que les invita a presentar alegaciones
antes de la aprobación definitiva (tres meses después de la inicial), a
reclamar al gobierno regional o incluso a acudir a la Justicia, pero se
lava las manos en un tema con el que tiene que seguir adelante.
Pedro
Sosa (54 años), uno de los dos concejales de IU que apoyan al gobierno
local, ha sido además matarife durante 30 años en una de las empresas
cárnicas más fuertes de la localidad, Jisap, donde también era —está en
excedencia— presidente del comité de empresa y ha montado más de una
huelga. No en vano es la bestia negra del sector. Por eso, cuando el
pasado lunes llegó al pleno de la contienda atravesando con su moto el
cordón policial, los manifestantes le increparon y le destrozaron la
moto después.
“Antes hacer un cerdo costaba un año, ahora
lo tienes en tres cuatro meses y, muchas veces, rajas el cuero y sale
agua, porque están engordados de manera artificial; a los empresarios de
la carne les interesa que haya muchas explotaciones para que haya más
competencia y poder rebajar los precios de cebar a los animales al
máximo; y, además, algo muy importante: las explotaciones necesitan
agua, que muchas veces no es de Lorca, sino de la comunidad de regantes,
o de pozos ilegales o directamente del río Turrilla”.
La última macrooperación del Seprona,
el servicio de Medio Ambiente de la Guardia Civil, señala a Murcia como
la región de España donde se han detectado más pozos ilegales y uno de
las zonas que sufre más desertificación de la península.
El
“error” de todo esto, según el exalcalde Fulgencio Gil (PP) y principal
portavoz de la oposición, “radica en haber presentado esta moción como
una modificación del Plan de Ordenación Urbana, en lugar de como una
regulación puntual que pretende homologar la distancia de 1.500 metros
tanto en el casco urbano como en las pedanías”. El edil popular arengó a
los ganaderos para que se movilizaran y acudieran a la manifestación
que días más tarde terminó en el asalto.
“Lo que les dije fue que
entendía que no se habían cumplido los compromisos adquiridos con ellos
por parte del gobierno municipal y que no se estaba gestionando bien, y
que desde el grupo popular les respaldábamos en sus exigencias como
siempre”, agrega tras haberles acompañado también en la manifestación
del pasado lunes 31de enero.
Los miembros de la comisión se
reunieron con el concejal de Urbanismo y con el alcalde el lunes 24, el
martes 25 y el miércoles 26 por la noche, tras llamar al regidor y
pedirle que acudiera adonde se encontraban. Le dijeron: “Si no sacas la
moción del orden del día y nos das una prórroga de un mes para que
podamos estudiarlo, tendremos que movilizar a los ganaderos”, aseguran.
“Todo muy cortés”, aclaran.
Esa noche, en el vacío de una
galería comercial cerrada, se rompieron las buenas relaciones que se
habían mantenido hasta entonces entre antiguos amigos, vecinos,
compañeros de colegio, de cofradía, y que ahora tenían intereses
enfrentados. El desencuentro se enconaba. El jueves, por grupos de
WhatsApp, los representantes del sector cárnico hicieron el llamamiento y
lograron reunir el viernes por la tarde en el salón de bodas Faroli,
a las afueras de la localidad, a un centenar de ganaderos para convocar
la manifestación del lunes.
Allí se presentaron —unos dicen que
invitados y otros dicen que no— concejales del PP y de Vox que les
arengaron y dieron su mitin, según los presentes y los aludidos. El
conflicto empezaba a ser instrumentalizado por algunos partidos sin que,
aparentemente, nadie previese las consecuencias.
Lo que
le llegó a los ganaderos de las pedanías, megafonía y “teléfono
escacharrado” mediante, era: “Nos quieren cerrar las granjas para
abrirlas en Cataluña”, relata uno de ellos. “Empiezan por el porcino y
acabarán por todos los animales”. Eso explicaría que el afamado y
laureado propietario de quesos Roano, que cría cabras en una pequeña
explotación familiar, esté entre los detenidos.
“Fueron desinformados,
intoxicados, ellos mismos te lo dicen: “Sabíamos contra quién íbamos
pero no contra qué”, advierte el vicealcalde Francisco Morales. “Ahora habrá que
descubrir quienes son los autores intelectuales”.
Los representantes de los ganaderos llevaban algo más de una hora de
reunión in extremis con el alcalde de Lorca, Diego Mateos (PSOE). Era la
cuarta en una semana sin que se hubiese avanzado un ápice. “Me llamaron
la noche del domingo para decirme si podía verles antes del pleno y les
dije que sí”, cuenta Mateos. Querían conseguir que se retrasara un mes
la tramitación de la moción que regula las explotaciones porcinas.
Fuera
continuaban unos 500 ganaderos con los ánimos muy caldeados, tras
varios días recibiendo mensajes apocalípticos sobre el destino de sus
empresas. De repente, a las 10.40 horas, una turba se saltó el cordón
policial y entró en el edificio. “Ocurrió justo cuando vieron que no
iban a lograr su objetivo”, señala uno de los prensentes en esa reunión.
“Y lo más curioso es que subieron directamente al despacho de la cuarta
planta en el que estábamos, no fueron a la sala en la que iba a
celebrarse el pleno”, advierte.
Es por eso que todos sospechan que
el asalto se produjo como consecuencia de un mensaje que alguien envió
desde dentro, “contando el estado de atasco de las negociaciones y dando
los detalles de la ubicación”.
