Todas estas autonomías están adheridas al instrumento de sostenibilidad que establece la Ley General de Sanidad. Los entes que forman parte de él deben respetar un límite en el gasto farmacéutico, tanto hospitalario como en productos farmacéuticos y sanitarios con o sin receta. 
Esta ley establece que la variación interanual de este gasto no puede ser superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, conocida como regla de gasto, que en 2019 se situa en un 2,7% del PIB.
En otras palabras, estas autonomías no pueden aumentar el gasto sanitario de un año a otro por encima de la tasa de crecimiento económico previsto.
Cuando se superan estos límites, la comunidad autónoma "no podrá aprobar la cartera de servicios complementaria" y "no podrá prestar servicios distintos de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud". 
Por ejemplo, en Castilla la Mancha, la cartera complementaria incluye servicios como la atención dental a niños de entre 6 y 15 años.
Además, su acceso al reparto de recursos económicos del Estado en materia de sanidad deberá contar con el visto bueno de Hacienda mientras que la autonomía deberá aplicar "medidas de mejora de la eficiencia y sostenibilidad".
Fuentes ministeriales, no obstante, precisan que el "único" objetivo de la misiva ha sido "comunicar a esas comunidades que se ha incumplido esa herramienta de sostenibilidad, y se les emplaza a que presenten propuestas para mejorar la eficacia en esta área".
De acuerdo a las cifras aportadas por Hacienda, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia se excedieron en su gasto en esta materia en 2017 y 2018. 
Además, en lo que va de curso, ya han superado los límites de gasto todas las anteriores (salvo Extremadura) y se unen a ellas Asturias, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, ya ha anunciado que desde su autonomía actuarán, pero también ha exigido al Gobierno central que pague "lo que le corresponde", en referencia a los "más de 300 millones de euros de deuda del Gobierno de España a Sanidad por los desplazados".