La investigación sobre el ciberataque sufrido por Defensa aún no ha
terminado, pero a medida que avanza, según fuentes del ministerio, se
tienen ya algunas ideas claras: es mucho más grave de lo que
inicialmente se pensó y se descarta al 90% que la intrusión procediera
de dentro; es decir, de alguno de los operadores de la red de propósito
general (WAN PG).
Una cabo del Centro de Sistemas y Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones (Cestic) descubrió esa intromisión,
pero el virus llevaba muchos meses (más de un trimestre, como al
principio se creyó) infectando la red del Ministerio de Defensa sin que
nadie lo advirtiese.
En teoría, por WAN PG —que, con más de 50.000 usuarios, conecta el
órgano central del Ministerio, el Estado Mayor de la Defensa, los
cuarteles de los ejércitos y las unidades en el exterior, entre otros
organismos— no circula información clasificada.
El temor es que el virus —que al parecer se introdujo con un correo
electrónico— haya colonizado otras redes.
El objetivo de los
ciberespías, según las fuentes consultadas, podrían ser secretos
tecnológicos de la industria militar. Los investigadores no se atreven
aún a señalar a los autores de la intrusión pero, por sus
características técnicas, no dudan en afirmar: “Hay un Estado detrás”.
“El espionaje industrial de información clasificada en poder de
empresas que participan en programas del Ministerio de Defensa supone
una amenaza de primera magnitud para la Seguridad Nacional”, describe el
Informe Anual de Seguridad Nacional 2018.
Este documento,
aprobado el pasado 15 de marzo por el Consejo de Seguridad Nacional
reunido en La Moncloa bajo la presidencia de Pedro Sánchez, no alude al
ciberataque contra Defensa descubierto pocos días antes, pero alerta de
que el ciberespionaje “de naturaleza tanto política como económica [...]
en cuyo origen se encuentran ciertos Estados y empresas extranjeras”,
constituye una “grave amenaza”.
El informe, que no se limita a realizar un balance del año pasado
sino que por vez primera marca tendencias a corto y medio plazo,
constata “un incremento en la agresividad de algunos servicios de
inteligencia” extranjeros en España, a los que no identifica.
Y agrega,
de forma críptica, que “en los últimos años se han llevado a cabo
neutralizaciones de los servicios de inteligencia hostiles en España,
mediante expulsiones oficiales o bien neutralizaciones discretas, sin
proceder a la comunicación oficial”.
En cualquier caso, el ciberespacio se ha convertido ya, según el
documento, en un “nuevo campo de batalla” en el que operan Estados,
espías, empresas, grupos terroristas o ciberdelincuentes, entre otros
actores.
El Centro Criptológico Nacional (CCN) hizo frente en 2018 a 38.192
ciberataques, el 57% dirigidos contra redes de las administraciones
públicas.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionó
también 111.519 incidentes, de los que 722 afectaron a operadores
estratégicos críticos; es decir, gestores de servicios esenciales para
la sociedad.
En los últimos cinco años, estos últimos han sufrido más de
2.300 ataques. Los sectores financiero, energético y de transportes
suman más de la mitad de los casos.
La batalla de la desinformación. Junto a los
ciberataques, “cada vez más sofisticados”, medios de información en
Internet y redes sociales pueden convertirse en “armas de persuasión
masiva”, susceptibles de actuar como “elementos de desestabilización de
la sociedad en momentos relevantes, como en los periodos electorales”,
señala el informe.
Sin mencionar casos concretos, el documento advierte
de que, junto con el ciberespionaje, las “operaciones híbridas de
terceros Estados”, que combinan la fuerza militar o la diplomacia con la
manipulación de la información a través de la red constituyen las
“amenazas más críticas”.
En tono autocrítico, ese texto señala que “el efecto amplificador de
las [noticias falsas en las] situaciones de crisis se debe en muchas
ocasiones y encuentra su origen en una deficiente, excesiva o errónea
política de comunicación” por parte de los Gobiernos, a los que recuerda
su obligación, “respecto del análisis de la información y la
desinformación”, y avisa de que “la política informativa en estos casos
se ha de desplegar con la debida transparencia y suficiente reserva”.
El informe no alude a la crisis catalana, que no se menciona ni una
sola vez a lo largo de sus 170 páginas. El Gobierno de Mariano Rajoy
renunció a contrarrestar con una política informativa propia el discurso
independentista; el Departamento de Seguridad Nacional se ha convertido
ahora en punto de contacto de la UE para la “alerta temprana” ante
campañas de desinformación en las redes sociales, con especial atención a
procesos electorales y al contencioso de Cataluña.
Contra el yihadismo. “El terrorismo yihadista sigue
siendo la principal amenaza para España”, constata el informe, que
reconoce que el anuncio de retirada de las tropas estadounidenses de
Siria supone “un elemento considerable de incertidumbre” para la
evolución del conflicto. Tras la pérdida del Califato, el Estado
islámico está evolucionando “desde una entidad territorial a una red
encubierta”, avisa.
El 30% de los 2.000 combatientes extranjeros que
había en Siria e Irak han salido hacia otros países y unos 200
residentes en España viajaron al Califato, según el informe, que
coincide a grandes rasgos con otros documentos publicados recientemente.
La amenaza para España se asocia a su pertenencia a la coalición
internacional. El mayor riesgo de atentado “proviene de terroristas
individuales autorradicalizados o de quienes se integran en células
autónomas”, como la que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils.
También ese caso demuestra la “preocupante capacidad” de estos grupos
“para fabricar medios explosivos de alta potencia recurriendo a
materiales fácilmente disponibles”.
En 2017 fueron detenidos en España 76 presuntos yihadistas (más de la
mitad marroquíes), mientras que en 2018 la cifra de arrestados bajó a
29. Por primera vez, fueron más los detenidos en el extranjero con la
colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles (32) que
los capturados en suelo español.
Más gasto en Defensa. El informe apuesta por un
aumento sostenido del gasto militar, en línea con el 2% del PIB
comprometido con la OTAN. Se “requiere un marco de financiación estable y
progresivamente creciente que permita recuperar capacidades y disponer
de las necesarias para hacer frente a los retos de presente y futuro”,
dice. En 2018, el gasto en Defensa fue del 0,93% del PIB, tres décimas
más que en 2017 pero muy lejos del listón que fija la OTAN.
Cómo combatir la creciente amenaza de los drones
La crisis vivida en diciembre pasado en el aeropuerto de Gatwick
(Londres), que tuvo que cancelar todos sus vuelos por la presencia de
drones, muestra cómo unos artefactos que en sus versiones más simples se
pueden adquirir en jugueterías pueden convertirse en una amenaza para
la seguridad del tráfico aéreo.
El informe recoge que Aena, empresa
operadora de aeropuertos, está probando sistemas de detección,
identificación y contramedidas que incluyen la inhibición y captura de
“drones no colaborativos”, mediante técnicas de interferencia de señal y
generación de señal ficticia de GPS.
Por su parte, la Guardia Civil ha
puesto en marcha en el aeropuerto de Barajas un Equipo Pegaso, encargado
del control de drones en la comunidad de Madrid. El número de
incidentes con drones ha pasado de seis en 2016 a 114 en 2018, y el de
operadores de drones de 24 en 2014 a 1.291 el año pasado.
