viernes, 7 de febrero de 2020

Hacienda fija un objetivo más flexible de déficit autonómico del 0,2%


MADRID.- El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este viernes la nueva senda de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas, que marca una relajación del objetivo de déficit autonómico al 0,2% del PIB este año y al 0,1% en 2021, con once votos a favor del Ministerio de Hacienda, las regiones del PSOE y Melilla, frente a la oposición de las regiones gobernadas por el PP, según han informado fuentes del Ministerio de Hacienda.

En concreto, los once votos a favor han sido los de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria (en coalición con PRC), Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana), más el voto de Melilla (presidida por Cs) y del propio Ministerio de Hacienda. Por el contrario, han rechazado la nueva senda las cinco regiones del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia), más la ciudad autónoma de Ceuta.
De su lado, Navarra y País Vasco, que se acogen al régimen especial, no han votado, aunque sí ha acudido un representante de la comunidad navarra. Del País Vasco en cambio no se ha enviado a nadie. En el caso de Cataluña, tampoco ha participado en la votación, aunque ha acudido la secretaria de Economía, Natàlia Mass, en vez del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
La nueva senda trasladada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades autónomas establece un objetivo más flexible de déficit autonómico, fijándolo en el 0,2% del PIB este año, el 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde el ejercicio 2022.
Conforme a la nueva senda, el Gobierno otorga más margen a las comunidades, ya que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.
En la reunión del CPFF, Montero ha trasladado también a los consejeros autonómicos que Hacienda no tendrá en cuenta la parte del déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017, unos 2.500 millones de euros en conjunto, a la hora de contabilizar el déficit de las comunidades autónomas de 2019, que estima que cerró en el 0,5% del PIB, si bien calcula que rondaría el 0,3% si se descuenta dicho efecto.
Además, ha flexibilizado los objetivos de déficit y pondrá en marcha un extra Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con un tipo del 0%. De esta forma, tras descontar el efecto del IVA, las comunidades que registren un déficit del 0,1% o inferior se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019.
No obstante, las comunidades no han dado una buena acogida a las medidas compensatorias de Hacienda al reclamar el pago y rechazar más endeudamiento, especialmente las regiones que ya presentan superávit. El rechazo ha sido mostrado por los consejeros de las autonomías del PP y por varias socialistas.

El Gobierno no computará el efecto del IVA de 2017 en el déficit de 2019

MADRID.- El Ministerio de Hacienda no tendrá en cuenta la parte del déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017 a la hora de contabilizar el déficit de las comunidades autónomas de 2019, que estima que cerró en el 0,5% del PIB, si bien calcula que rondaría el 0,3% si se descuenta dicho efecto. Además, ha flexibilizado los objetivos de déficit y pondrá en marcha un extra Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con un tipo del 0%.

De esta forma, tras descontar el efecto del IVA, las comunidades que registren un déficit del 0,1% o inferior se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019, según ha trasladado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros autonómicos en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF), han informado a Europa Press en fuentes presentes en la reunión.
En este encuentro Montero ha anunciado a los consejeros la nueva senda de estabilidad, que da más margen a las CCAA al quedar fijado el objetivo de déficit en el 0,2% del PIB este año, en el 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022. Esto supone para el ejercicio actual dos décimas más que la senda vigente, aprobada por el Gobierno del PP en 2017, y que establecía equilibrio presupuestario para las comunidades este año.
Además, ha informado de que los datos aún provisionales y no definitivos reflejan que las comunidades autónomas en su conjunto cerraron 2019 con un déficit en torno al 0,5% del PIB. Si se descuenta el efecto del IVA, que se trata de un 'one off' (no recurrente en el tiempo) el cierre estaría alrededor del 0,3%. Esto significa que al aprobarse un objetivo de déficit del 0,2% para 2020, el esfuerzo de reducción de déficit que tendrán que acometer las CCAA este año es de solo de una décima.
La titular de Hacienda ya avisó de que actualmente no era posible revisar la liquidación del año 2017 como reclamaban buena parte de las comunidades para cobrar el mes pendiente de pago del IVA autonómico de 2017, si bien ha propuesto medidas para mitigar el asunto.
En concreto, Hacienda no tendrá en cuenta la parte de déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017, por lo que se descontará ese importe a la hora de evaluar si una comunidad ha cumplido el déficit de 2019. Así, si tras descontar el efecto del IVA, las comunidades registran un déficit del 0,1% o inferior, se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019.
Esto supone que si una comunidad tras descontar el efecto del IVA cumple con el objetivo de déficit no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF). Además, si se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera y no al FLA, lo que implica poder compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados.
Para financiar el mayor déficit provocado por el IVA y para evitar perjudicar a los proveedores, el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades autónomas un extra FLA con un tipo de interés del 0%, según ha trasladado Montero a los consejeros. A esto se suma la relajación del objetivo de déficit al 0,2% este año, dos décimas más que la senda oficial del Gobierno del PP.
En la reunión del CPFF Montero ha denunciado que el problema de la liquidación del IVA de 2017 fue generado por el exministro del PP Cristóbal Montoro y ha recordado que PP y Cs impidieron solucionarlo al rechazar la propuesta del Gobierno en los Presupuestos de 2019.
En cualquier caso, ha subrayado que las CCAA no han realizado recortes por el efecto de la liquidación del IVA de 2017, sino que han gastado ese dinero. Por lo tanto, ha apuntado que conforme a los datos provisionales el efecto del IVA se ha traducido en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del período medio de pago a proveedores.
El asunto del IVA autonómico se remite al año 2017, cuando el por entonces ministro de Hacienda del Gobierno del PP, Cristóbal Montoro, llevó a cabo un cambio normativo con el que se obligó a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real y permitió que el tributo se pagara el día 30 de cada mes en vez del 20 como se venía haciendo.
El cambio normativo provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente, 2018. De esta forma, la liquidación del ejercicio 2017, que se realizó a los dos años, en 2019, fue solo de once meses, faltando por tanto el abono de una mensualidad.

Una familia huertana reinventa el pastel de carne y lo relanza en Madrid


MURCIA.- Hojaldre, carne de ternera picada, chorizo y huevo duro. Leer estos ingredientes nos evoca irremediablemente a uno de los platos estrella de la gastronomía murciana: el pastel de carne. Pero, ¿y si la misma masa, con la misma forma, la rellenáramos de jamón york, boletus, salmón o incluso chocolate? Es lo que han hecho en Willy (La Fábrica del Hojaldre), el local regentado por una familia murciana que se ha propuesto reinventar los clásicos pasteles otorgándoles nuevos sabores, según revela La Opinión

Con dos locales en Madrid- uno en la Calle Princesa y el segundo en Plaza de la República Dominicana- conquistan el centro de la capital española. «En Murcia todo el mundo conoce el pastel de carne pero en Madrid no y suponía un reto aterrizar con nuestro concepto», explica José Cano, fundador del negocio, quien añade que «queríamos experimentar y ver qué aceptación tenía entre los madrileños». Y la acogida «está siendo muy buena, el hojaldre de la Región es singular y está gustando mucho».
La idea llegó en 2016 cuando el hijo mayor de José, José Manuel, le propuso montar un negocio familiar. Ninguno de ellos era pastelero, ni siquiera estaban familiarizados con el mundo de la alimentación, pero el planteamiento llegó de inmediato: el hojaldre sería el protagonista y todo giraría en torno a los pasteles de carne. 
«Me he criado en la Huerta de Murcia, de pequeño iba muchas tardes con mi padre a una confitería a comprar estos manjares, siempre me han gustado y siempre me preguntaba por qué no se elaboraban de otros sabores; lo tenía en mente desde hace años», cuenta el dueño de Willy. 
Así que se pusieron manos a la obra y alquilaron una nave en la Carretera de Alicante de Murcia, donde construyeron un obrador, llamado ‘Mediterráneo. Gastronomía y arte’. Allí elaboran los pasteles, que viajan hasta Madrid, donde venden las elaboraciones desde que inauguraron el primer establecimiento en septiembre de 2019. 
«Podríamos habernos limitado a tener el obrador y vender para otras marcas, pero queríamos tener nuestro punto de venta con nuestro propio producto», apunta José.
Para que los pasteles lleguen hasta los mostradores de Willy «sin perder las propiedades, la calidad ni el sabor», se ultracongelan cuando salen del obrador. Después son transportados en un camión frigorífico hasta Madrid y se hornean en los comercios para ser vendidos a los clientes «calientes y conservando todas las propiedades organolépticas».

Variedad de sabores

De salmón, zanahoria y crema de queso; de bacalao con tomate; de espinacas, queso, calabaza y pasas; o de brownie de chocolate con frambuesas. Son solo algunos de los veinte sabores de pastel que ofrecen en Willy a un precio de 2,50 euros en formato pequeño y 4 euros el normal.
Los que más se venden son el Clásico Murciano (con la receta original), y el Napolitano (jamón york, queso y tomate). También tienen su público los pasteles dulces, que fueron demandados por la clientela. «La idea de incluir el dulce en la carta surgió a posteriori. Nos hemos dado cuenta de que Madrid es muy golosa y nuestros propios clientes nos lo pidieron, así que teníamos que hacerlo», detalla José.

Guiños a Murcia

Aunque han experimentado con los rellenos del pastel, en Willy tienen muy presente la tradición: «Gracias a todos los pasteleros de Murcia, que han ido manteniendo la tradicional receta y la han pasado de padres a hijos, el pastel de carne ha llegado a nuestras fechas y podemos disfrutarlo». 
De hecho, en los inicios del negocio José y su prole contaron con la ayuda de profesionales pasteleros murcianos , de los que han aprendido «a hacer el hojaldre y lo clásico del pastel». Con Murcia presente, en su carta no puede faltar la receta antigua, el pastel tal y como todos los murcianos lo conocen, al que han llamado ‘Clásico murciano’. 
El pastel relleno de morcilla lo han bautizado como ‘Murcilla’ y otros dos tienen el nombre de dos escultores murcianos, Salzillo y De Bussy, en otro guiño a su tierra.
Además, en la fachada de los dos establecimientos han colocado flores que recuerdan a las que adornan la capital murciana durante las Fiestas de Primavera. «Queríamos llevar un soplo de la primavera murciana hasta Madrid y dejar claro de dónde venimos», dice el fundador.

Un equipo formado por 29 personas

Organización
La empresa creada por José Cano cuenta con 29 trabajadores en plantilla: 15 empleados atienden los dos puntos de venta de Willy (La Fábrica del Hojaldre), siete personas se encargan de la parte administrativa en las oficinas y el resto operan en el obrador donde se elaboran los productos. «Se ha formado un gran equipo humano sin el que nada sería posible», destaca el dueño del negocio.
 
Pasteleros por sorpresa
José Cano había regentado anteriormente un pub en Murcia y dominaba la hostelería pero no tenía ninguna experiencia en el sector de la alimentación. En su familia nadie había sido cocinero y no estaban familiarizados con esta parcela, pero su debilidad por los pasteles de carne y sus ganas de innnovar les ha llevado a sumergirse en este campo.
 
Unidos a favor de Willy
El hijo mayor de la familia Cano, José Manuel, fue el que animó a su padre a montar el negocio en el año 2016 y desde entonces está volcado con Willy, donde se encarga del control y formación del personal. Contaron con el apoyo absoluto de María Luisa Nicolás, la madre de la familia, que ejerce de Vicepresidenta y Directora de Cuentas y Finanzas. Guillermo, otro de los tres hijos, se encarga de la comunicación y relaciones públicas de la empresa. El menor, Javier, está terminando sus estudios de ADE y espera incorporarse al equipo.

La producción industrial en la Región aumenta un 2,6% en diciembre

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de diciembre de 2019 experimentó un aumento del 2,6% respecto al mismo mes del año anterior. Para el conjunto de España, el aumento fue del 1,7%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector que más ha influido en sentido positivo en el aumento de la tasa interanual de la producción industrial ha sido el de los bienes intermedios, con 2,311 puntos y una tasa de variación del 9,1%; seguido por la energía, con 1,257 puntos de influencia y una variación anual del 3,5%.
También ejercen este mes una influencia positiva los bienes de consumo duradero, de 0,449 puntos y una tasa de variación interanual del 13,7%.
Por el contrario, en el mes de diciembre presentan una influencia negativa los bienes de equipo, de -1,219 puntos y una variación del -13,9%; y los bienes de consumo no duradero, de -0,238 puntos y una variación interanual del -0,9%.
Las repercusiones que más han influido en sentido positivo en el aumento de la tasa interanual han sido la de la captación, depuración y distribución de agua, con 1,122 puntos y una variación anual del 20,8%; la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaría y equipo, con 1,025 puntos y una variación del 14,5%; y la industria química y farmacéutica, cuya influencia alcanza los 0,797 puntos y su tasa de variación anual se sitúa en el 6,3%.
En sentido negativo destaca la influencia ejercida por la fabricación de maquinaría y equipo n.c.o.p., de -0,979 puntos y cuya variación respecto al mes de diciembre del año anterior es del -30,6%.
Se observa que las ramas que han presentado un mayor aumento en su tasa interanual han sido las artes gráficas y reproducción de soportes grabados (21,9%), la captación, depuración y distribución de agua (20,8%) y la industria del papel (17,1%).
Por el contrario, la fabricación de maquinaría y equipo n.c.o.p. (-30,6%) y la metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (-24,4%) han experimentado los mayores descensos en sus tasas interanuales.
El índice para todas las agrupaciones de actividad sin considerar el grupo de la energía presenta en este mes una variación del 2% respecto al mes de diciembre de 2018.

Aprobado en Murcia el primer Plan de Contratación municipal que permitirá establecer una planificación de los contratos de 2020

MURCIA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado este viernes un Plan de Contratación de 2020 que, por primera vez, ha elaborado el Consistorio y que permitirá a la administración "establecer una correcta planificación de los contratos durante un año".

"Va a permitir planificar su actividad contractual, garantizar el cumplimiento de los plazos y lograr los objetivos de eficiencia, economía de medios, transparencia, concurrencia y mejora de la calidad de la contratación", según ha adelantado el concejal de Fomento, Mario Gómez.
Este plan contiene más de 360 contratos, 120 de obras, 170 de servicios, 70 de suministros y entre 2 y 5 de concesión de servicios, aunque el edil ha puntualizado que es "una primera estimación que puede experimentar variaciones a lo largo de 2020".
Ello permitirá, ha dicho, "una mejor planificación y control de las necesidades en cuanto a recursos materiales y humanos y va a ofrecer también a las empresas información previa sobre los contratos y servicios que el Ayuntamiento planea llevar a cabo".
La publicación de este primer Plan de Contratación en la web municipal 'www.murcia.es' permitirá dar "mayor transparencia" y en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público supone, además, la oportunidad de dar a conocer a los operadores económicos cuáles son las necesidades institucionales que pretenden cubrirse mediante los contratos proyectados, para su estudio y preparación con la debida anticipación, lo que redundará en la obtención de las mejores ofertas en cuanto a calidad-precio.
El Plan anual de Contratación se ha elaborado con los datos facilitados por los distintos servicios y áreas municipales y tiene un carácter indicativo, lo que supone que no obliga a licitar todos los contratos relacionados ni en las condiciones indicadas, si se tiene en cuenta que éstos pueden sufrir modificaciones en función de las necesidades que surjan a lo largo del año.
Sin embargo, aquellos servicios y áreas que no hayan remitido los contratos para su inclusión en el Plan deberán justificar por qué no se envidado la información requerida en los plazos estipulados para ello.
La información facilitada por los servicios y áreas municipales está ordenada por tipología de contratos, obras, servicios, suministros y concesiones y se incluyen los datos sobre el servicio promotor, denominación del contrato, división en lotes, si se reserva a Centros Especiales de Empleo, de iniciativa social, empresa de inserción o programas de empleo protegido, Código CPV (Vocabulario común de contratos públicos), sujeto a Regulación Armonizada, fecha prevista y valor estimado/presupuesto base de licitación.

Los 7.500 trabajadores del sector del Mueble y la Madera ya tienen su acuerdo sectorial hasta 2021

YECLA.- La patronal sectorial AREMA y los sindicatos USO, CCOO y UGT rubricaban finalmente esta semana el convenio colectivo para el sector del Mueble y la Madera de la Región de Murcia, un sector que agrupa todas las actividades relacionadas con la carpintería, ebanistería o tapicería, entre otras.

Un acuerdo calificado de "importante" por ambas partes que afecta a unos 7.500 trabajadores que, además de poder alargar los años cotizables para llegar al 100% de su pensión, tendrán una subida salarial del 1,5% anual en 2020 y 2021, además de un plus adicional 'de asistencia' de 11 euros al mes.
Desde la Feria Mueble de Yecla (FMY), su directora, Inmaculada Hernández, ha valorado este acuerdo mostrando "nuestro mayor apoyo a todos los colectivos que han logrado establecer este consenso, que seguro redundará en los años venideros en beneficio de todos".
Y es que, el mueble y la madera en general son el motor de la economía de la comarca de Yecla y uno de los principales de toda la Región de Murcia. Tras seis meses de negociación este acuerdo es fundamental para dar estabilidad y continuidad a un sector que sigue siendo una de las marcas de la comunidad autónoma en el exterior.
"Alcanzar una resolución igual de satisfactoria para las dos partes ha supuesto un gran empeño para todos los negociadores. Han sido muchas horas dedicadas a poner en común ideas y propuestas, hasta alcanzar la redacción de un texto que permitiese seguir manteniendo lo que realmente une a estos dos colectivos: el trabajo", señalan desde AREMA.
Todos los firmantes manifiestan su satisfacción por haber llegado a un consenso que facilite el avance de este sector, caracterizado por una mano de obra intensiva y que con tanto esfuerzo ha ido posicionándose como uno de los principales motores de la economía murciana.

Diego Conesa (PSRM) lamenta el "negacionismo ambiental" del Gobierno de Murcia

ZAMORA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha lamentado el "negacionismo ambiental" que, a su juicio, ha emprendido el Gobierno de la Región de Murcia en cuestiones como la problemática del Mar Menor.

Conesa ha participado este viernes en una reunión con su homólogo de Castilla y León, Luis Tudanca, en la que ambos han comparado las situaciones de sus respectivas Comunidades Autónomas y lo que han calificado de "deriva a la derecha" de sus gobiernos gestionados por el Partido Popular y Ciudadanos.
El líder de la oposición en el parlamento murciano ha advertido a Castilla y León de que cuestiones controvertidas como el pin parental, ya implantado en la Región, "se va a ver reflejado en poco tiempo" en esta comunidad autónoma.
Conesa ha culpado de esta situación a Ciudadanos, partido que "ha renunciado a sus argumentos y ha impedido la regeneración política y social" en diferentes instituciones del país. 
"Impidieron un Gobierno estable de centro izquierda que pudimos haber tenido en España y tampoco han querido plasmarlos en las comunidades autónomas", ha manifestado.

El Congreso debate este martes por tercera vez la reforma del Estatuto de Murcia que elimina aforamientos

MADRID.- El Pleno del Congreso debatirá este próximo martes, por tercera vez, la toma en consideración de la reforma parcial del Estatuto de Autonomía de Murcia para eliminar los aforamientos de sus parlamentarios, una propuesta que ya aceptó tramitar en las dos legislaturas anteriores pero que quedó en el limbo porque, en ambas ocasiones, la Cámara se disolvió por la convocatoria de elecciones generales.

El debate sobre el aforamiento de los políticos cobró protagonismo en 2018 después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara que estudiaría una reforma constitucional para eliminar esta prerrogativa, por la que diputados y senadores no son juzgados por los tribunales ordinarios sino únicamente por el Supremo. La idea no ha llegado a traducirse nunca en una propuesta.
En el caso de los diputados autonómicos es cada comunidad la que debe tomar la iniciativa y varias ya lo hicieron: Canarias, Murcia, Cantabria y Baleares reformaron sus Estatutos de Autonomía y los enviaron al Congreso para su aprobación, pero sólo la primera superó todos los tramites y tiene la reforma ya en vigor.
La reforma murciana llegó al Congreso en septiembre de 2017, pero su tramitación quedó 'congelada' durante año y medio. Con la disolución de las Cortes por la convocatoria de las generales de abril de 2019, el texto no decayó porque las reformas estatutarias y las iniciativas legislativas populares son las únicas iniciativas parlamentarias que hereda el siguiente Congreso tras unas elecciones.
Por eso el Pleno volvió a debatirla en septiembre del año pasado y por segunda vez dio vía libre a su tramitación. Sin embargo, la reforma no pudo continuar su recorrido parlamentario porque las Cortes se volvieron a disolver por la repetición de las generales, que tuvo lugar en noviembre.
El martes, en el primer Pleno del Congreso de esta legislatura en el que se van a discutir proposiciones de ley, los representantes de la Asamblea murciana tendrán que volver al hemiciclo para defender, por tercera vez en tres legislaturas, su reforma estatutaria.
Todo indica que volverá a tomarse en consideración y, si la legislatura no se frustra, esta vez podría llegar a ver la luz tras ser discutida en la Comisión Constitucional.
El pasado mes de septiembre la reforma se tomó en consideración con los votos de todos los grupos salvo ERC, Junts y Unión del Pueblo Navarro, que se abstuvieron. El PP, que se había abstenido en el mismo trámite en 2017, acabó apoyándola.
Pero además de esta revisión estatutaria parcial para eliminar aforamientos, el Congreso tiene pendiente debatir una reforma integral del Estatuto de Murcia que la asamblea regional aprobó justo antes de su disolución con motivo de las elecciones autonómicas de mayo de 2019 y que llegó al Congreso el pasado verano.

La dársena del Puerto de Cartagena acoge este domingo una concentración en memoria de los migrantes fallecidos en el Mediterráneo

CARTAGENA.- En el marco de las jornadas solidarias 'Aquí solo queremos ser humanos', enmarcadas en el programa Cartagena Piensa que lleva a cabo la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, por sexto año consecutivo habrá una concentración en el Puerto de Cartagena, en la dársena de la cola de ballena, para honrar la memoria de las personas migrantes cuyos cuerpos quedaron hundidos en el mar o caídos en las distintas rutas migratorias.

Será este domingo, a las 12.00 horas y está previsto que acuda la concejala de Servicios Sociales, Mercedes García.
La concentración está organizada por las asociaciones Círculo de Silencio, Accem, Cruz Roja, Murcia Acoge, Alraso, Fundación Cepaim, La Huertecica, Rascasa, Asociación Ghaneses, Asociación Malienses, Columbares, Colectivode Educación de Personas Adultas Carmen Conde y Concejalías de Servicios Sociales y Cultura.
Además, colabora el Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, la Asociación Amigos de Ritsona y Cartagena Piensa con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena.
En el texto de presentación de la concentración se indica que estos migrantes fallecidos en el Mediterráneo "se jugaron la vida y la perdieron cuando buscaban algo tan legítimo y justo como la paz, la libertad, trabajo y una vida digna para ellos y sus familias".

Los súper venden sólo el 7% de la producción agraria española

MADRID.- Las principales patronales de la distribución española salieron al paso de los reproches al sector realizados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que señaló el martes a la industria como la principal culpable de la diferencia de precios de la alimentación entre origen y destino y, por tanto, de la crisis que vive el campo español, expone Expansión.

El sector pidió a Planas que revise los datos que ofrece su propio ministerio y que indican que el 80% de la producción agraria de frutas y hortalizas de España, por un valor total de 17.796 millones de euros, se destina a la exportación, mientras que que, del 20% restante, dos terceras partes tienen como destino la industria transformadora, los mercados ambulantes, las fruterías independientes o la hostelería.
Del 20% de la producción que se deriva al mercado interno, sólo algo más de un 7% lo absorbe la distribución, indicó Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, la patronal que agrupa a Mercadona, Dia, Ahorramás, IFA o Covirán, entre casi una veintena de cadenas.
"Estamos abiertos al diálogo para buscar soluciones, pero hay que tener presente que la distribución no es el agente más importante. Los precios que perciben los agricultores y ganaderos están sometidos a una gran volatilidad derivada de muchos factores. Recurrentemente se utiliza el falso debate de los supuestos márgenes excesivos de la distribución, sin centrar el foco en los problemas reales de los agricultores", añadió el portavoz de Asedas.
García Magarzo pidió, además, que cualquier solución que se busque a la situación del campo "no debe pasar por encarecer los precios de la alimentación porque el consumidor no debe pagar los problemas de la cadena" y recordó a Planas que "los precios de la alimentación en España están cinco puntos por debajo de la media europea".

"Desconocer la realidad"

Aurelio del Pino, presidente de Aces, donde se integran Carrefour, Lidl, Alcampo, Eroski o Supercor (El Corte Inglés), se manifestó de una forma similar. "Las empresas de distribución no compran directamente al agricultor individual, sino a cooperativas y sociedades agrarias, o a industrias que ofrecen el producto ya transformado", explicó el directivo, para el que comparar los precios de origen y destino, olvidando la cadena de valor que hay entre medias, supone "desconocer la realidad" y "obviar el valor del trabajo" de todos los procesos.
Del Pino considera que la distribución se mueve ya en un entorno muy competitivo, con márgenes netos que no suelen superar el 2%. "El problema de los precios en origen responde a los propios mercados en origen y no a la comercialización", señaló el presidente de Aces. En este sentido, aseguró que las variaciones de precio que se ven en las tiendas a lo largo del año "se marcan en origen, ya que el coste de llevar un limón a la tienda es mucho más estable".
Un representante de un grupo de supermercados, que prefirió no ser identificado, señaló, sobre la polémica, que el Gobierno "está simplificando el debate" para encontrar un enemigo fácilmente identificable por parte de los agricultores y recordó que la distribución participa en todos los foros sectoriales, como el Observatorio de la Cadena Agroalimentaria, el Consejo de la AICA o el Acuerdo Lácteo, entre otros.

Reunión con Carrefour

El ministro Planas se reunió ayer con representantes de Carrefour, entre ellos Rami Baitiéh, su director general en España. El contenido del encuentro no fue hecho público y el Ministerio se limitó a publicar una escueta nota en la que dijo "querer establecer un diálogo con todas las partes" y reconoció que "la solución no está en un sólo eslabón, sino en el conjunto de la cadena, desde los productores a los consumidores".

Estalla la guerra

El malestar de agricultores y ganaderos se extiende como un reguero de pólvora por la geografía española ante una situación que califican de agónica por la falta de rentabilidad. Los problemas que arrastra el sector, que llevó sus protestas a las misma puertas del Ministerio de Agricultura tras haberse manifestado en otras muchas CCAA como Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura, vienen de lejos y no son fruto de una única causa, sino de una combinación letal de factores.

SMI, la puntilla

Sin embargo, la subida del SMI, que se ha disparado un 29% entre 2019 y 2020, ha sido la gota que ha colmado el vaso del sector, que ya estaba a punto de rebosar, pese a la insistencia de Luis Planas de restar importancia a este factor, que, a su juicio, "en ningún caso ha sido determinante" en la situación del campo. 
Un diagnóstico con el que no coinciden agricultores y ganaderos, para quienes el incremento del salario mínimo representa la "puntilla" para un sector en el que llueve sobre mojado. De hecho, entre los lemas de la manifestación convocada en Madrid por las principales organizaciones agrarias y ganaderas, Asaja, COAG y UPA, figuraba el de "Precios, SMI e impuestos más adaptados al agro". 
"Estamos a favor de que se pague un sueldo digno a los trabajadores, pero esto nos supone muchos más costes. Si suben el SMI, tienen que buscar alguna bonificación para nosotros, aunque sea a través de reducción de Seguridad Social", afirmó el presidente de Asaja Madrid, Francisco Navarrete.
Los datos de empleo también contradicen al ministro Planas, con la destrucción de más de 47.000 puestos de trabajo en el sector agrícola en enero, de acuerdo con las cifras de paro registrado publicadas el martes por el Ministerio de Trabajo. 
La pérdida de empleo se concentró en regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha, ambas regidas por barones socialistas, que no han dudado en trasladar sus protestas al Ejecutivo de Sánchez, para el que la guerra del campo se ha convertido ya en la primera gran prueba de fuego de la legislatura.

Brecha de precios

Pero si bien el alza del SMI ha confluido con el estallido de la tormenta perfecta en el sector, no es, ni mucho menos, el único problema que arrastra el campo desde hace años, donde a la losa que representa el salario mínimo se han sumado en los últimos años otros costes adicionales como la subida del precio de los carburantes o el encarecimiento de determinados abonos o fertilizantes. Todo ello en un escenario de endémica falta de rentabilidad, fruto de la abismal brecha entre el coste de producción y el precio en origen y su precio de venta en tiendas.
Según explicó a Expansión Pere Roque, presidente de Asaja Lleida y productor de fruta dulce, el coste real de producir un kilo de melocotones ronda en la actualidad los 32-35 céntimos, mientras que el precio medio que recibe el agricultor es de 20 céntimos; es decir, por debajo del coste de producción, una situación insostenible para los agricultores que ven como ese mismo kilo de melocotones se vende al consumidor a un precio de entre 1,30 y 1,50 euros tras pasar por una larga cadena que incluye su proceso de transformación y envasado, el transporte hasta los mercados mayoristas y, por último, la llegada a las tiendas y supermercados.
Hay otros muchos ejemplos, porque esta diferencia se replica, en mayor o menor medida, a lo largo de toda la cadena alimentaria. Así, el precio en origen de la cebolla es de 0,20 euros por kilo, mientras que su precio en tienda se dispara hasta 1,44 euros; es decir, siete veces más o, si se prefiere, un 620% más que en origen, según los datos de enero de COAG. 
En el caso de la naranja, el diferencial de precios es superior a las seis veces, al pasar de 0,25 euros en origen a 1,60 euros en destino (un 532% más), mientras que en el sector ganadero, el kilo de pollo, uno de los alimentos más consumidos por los españoles, tiene un precio en origen de 0,94 euros y se vende al consumidor a 2,83 euros, el triple (un 201% más). 
En este camino ascendente de los precios desde el campo hasta la mesa, la distribución es el último eslabón pero no el único, pese al empeño del ministro Planas y del presidente Sánchez de cargar las tintas contra el sector distribuidor, que apenas absorbe una mínima parte de la producción de frutas y hortalizas que no se destinan a la exportación (ver informaciones en página 25). 
En este caso, el campo acusa a la distribución de utilizar determinados productos como reclamo en sus campañas publicitarias, agravando así la espiral de bajada de precios que padece.

Aranceles y la PAC

A los problemas internos se añaden también los externos, como la ofensiva arancelaria de la Administración Trump sobre productos agroalimentarios europeos en represalia por las ayudas ilegales a Airbus, que ha golpeado los intereses del campo español en sectores tan sensibles como el aceite, el vino o los quesos, convirtiéndole en pagano de los platos rotos de un conflicto ajeno, vinculado a las ayudas públicas al sector aeronáutico en Europa. 
Otro foco de presión para el Ejecutivo de Sánchez, en tanto que estos aranceles, en vigor desde el pasado mes de octubre, ya están erosionando las cuentas de las empresas, que reclaman al Gobierno español y a Bruselas contundencia en la defensa de sus derechos y una respuesta que no acaba de llegar.
Otro de los caballos de batalla es la futura PAC (Política Agrícola Común), un instrumento clave para la supervivencia del sector primario español, que ha visto como las ayudas y subvenciones menguaban en los últimos años y ahora espera con expectación, y no poca preocupación, la negociación de la PAC para el periodo 2021-2027 ante el temor a que la UE aplique la tijera al presupuesto (que ha ascendido a 400.000 millones entre 2014 y 2020) tras la salida de Reino Unido del club comunitario. 
Sánchez ya anticipó ayer que la negociación de la PAC y de los fondos de cohesión se augura "larga, tensa y compleja".
Al cóctel de adversidades del sector su suma lo que denuncian como competencia desleal por parte de países extracomunitarios como Marruecos, Túnez o Chile, con costes de producción más bajos y que no cumplen con los estándares de la UE.

El PP designa en el Congreso a Isabel Borrego como portavoz adjunta del GPP

MADRID.- El Grupo Popular Parlamentario ha designado a los diputados murcianos, Isabel Borrego y Juan Luis Pedreño, como responsables parlamentarios en distintas áreas en el Congreso. 

De esta forma en la XXIV Legislatura, la diputada Isabel Borrego, además de continuar como Secretaria General del Grupo Parlamentario Popular, será la portavoz adjunta en el Grupo Parlamentario Popular, la portavoz en la comisión de Reglamento, la secretaria de la Comisión de Constitucional, además de vocal en las comisiones de Justicia y Presupuestos.
Por su parte, el diputado nacional, Juan Luis Pedreño, será portavoz en la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como viceportavoz de la comisión de Ciencia, Innovación y Universidades y vocal de la comisión de Cultura y Deporte.
Estos nombramientos se suman a las portavocías que ya fueron nombradas a principio de la semana en el marco del Senado en las que todos los senadores murcianos serán portavoces en distintas comisiones.

La UMU rinde homenaje a las personas que pusieron en marcha e hicieron crecer la Facultad de Medicina

MURCIA.- La Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia ha celebrado este viernes el acto central de las conmemoraciones del 50 aniversario de su fundación con un gran homenaje colectivo a todas las personas que han formado parte del centro a lo largo de este medio siglo y han contribuido a su crecimiento y desarrollo. Estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de diferentes etapas y promociones han recibido el reconocimiento y el cariño de la Universidad de Murcia.

Carmen Robles, actual decana de la Facultad, ha insistido en que este acto ha sido "un homenaje y reconocimiento a las personas". La responsable de la Facultad ha querido tener un especial agradecimiento a quienes hicieron posible la creación de esta facultad, allá por 1969/70; "a todos ellos nuestro cariño y enorme respeto", ha afirmado durante su discurso.
El rector, José Luján, ha destacado la enorme importancia que la Facultad de Medicina ha tenido en la Región a lo largo de estos cincuenta años, tanto académicamente como desde el punto de vista de la investigación y el impacto social. 
"La Región de Murcia no sería la misma sin la Universidad de Murcia y la Universidad dé Murcia no sería la misma sin la Facultad de Medicina", ha afirmado.
El acto también ha contado con la participación del alcalde de Murcia, José Ballesta, quien fue estudiante de la séptima promoción, profesor y rector de la Universidad de Murcia. Ballesta también ha destacado la trascendencia de la Facultad en el desarrollo de la ciudad y de la Región durante este medio siglo.
Durante el acto se ha recordado la labor de los decanos que la Facultad ha tenido desde su fundación y que han estado presentes a través de un vídeo en el que han repasado los retos que tuvieron durante sus mandatos. 
Un momento especial fue la intervención, también en un vídeo, de Carmen Gomar, hija del fallecido Francisco Gomar; primer decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.
A la complejidad de los comienzos hizo referencia la actual decana: "Me consta que las cosas no fueron fáciles para ellos. Por aquellos años las primeras clases se impartieron en el antiguo Hospital General, hoy Reina Sofía, primero en el salón de actos y luego en un espacio cedido en la parte posterior de dicho hospital, justamente donde ahora está la puerta de urgencias del Reina Sofía. Eran tiempos complicados tanto política como socialmente, pero este grupo de profesores, con más ilusión y ganas que medios, supo hacer bien su trabajo y ese primer impulso nos ha llevado hasta aquí, 50 años después con cuatro Grados y 10 másteres y cerca de 2500 alumnos", ha destacado Carmen Robles.
Uno de los momentos más emotivos de la mañana ha sido el reconocimiento a la primera promoción de Medicina. Muchas de las personas que la conformaron, estudiantes y docentes, han subido al escenario con el caluroso aplauso de todo el salón de actos y posaron para una fotografía de familia para la historia.
También ha recibido un homenaje el profesorado que conforma los departamentos de la Facultad, en un reconocimiento a la labor diaria que realizan; así como el personal de administración y servicios y representantes de las delegaciones de estudiantes. Los egresados con los mejores expedientes académicos del pasado curso de los grados que se imparten en la Facultad también han recibido el aplauso de todos los presentes.

El PSOE se muestra sorprendido con las propuestas de un PP que fue incapaz de materializar durante sus 12 años en Lorca

LORCA.- La concejala de Casco Histórico del Ayuntamiento de Lorca, María Ángeles Mazuecos, ha agradecido "la propuesta de creación de un parque de un Partido Popular al que las ideas le llegan con 12 años de retraso, pues ese mismo espacio lleva muchos años abandonado bajo su gobierno".

Mazuecos ha explicado que "este Equipo de Gobierno sí apuesta por el Casco Histórico de la ciudad incluyendo, para ello, por primera vez en unos presupuestos municipales, una partida íntegra para potenciar un abandonado Casco Histórico de Lorca debido a la incompetencia y al olvido que durante tantos años el PP ha puesto en práctica, pero su egocentrismo hizo que decidieran votar en contra de estos presupuestos".
La edil ha destacado que "este solar se ha convertido en un lugar de acumulación de basuras, maleza y roedores debido a la dejadez de un grupo municipal popular que siempre ha hecho gala de su terrible idealismo de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, cuando los lorquinos y lorquinas, lo son siempre".
Mazuecos Moreno se ha mostrado sorprendida por "el comienzo de un interés por nuestros ciudadanos y ciudadanas que tan abandonados se han sentido durante muchos años y a los que ahora, supuestamente, escuchan y atienden".
La concejala ha asegurado que "nosotros, trabajaremos de forma incansable para poner en valor y recuperar un Casco Histórico en el que este Gobierno sí que cree y pondremos en marcha todas las acciones que estén en nuestra mano para potenciarlo y estamos a la espera de que la Comunidad Autónoma nos convoque la Mesa de Potenciación del Casco Histórico de Lorca, en la que participarán todos los organismos públicos y agentes sociales del municipio".
Además, María Ángeles Mazuecos ha recordado al Partido Popular "que desde el pasado 15 junio no conforman el Equipo de Gobierno Municipal y, por ello, que el señor Francisco Javier Martínez Bernal no es Concejal de Casco Histórico de la ciudad y pedimos lealtad institucional y que dejen de intentar confundir a la población a través de unos cargos nominativos en sus notas de prensa que no corresponden a la realidad".

La jubilación masiva de funcionarios obligará a convocar miles de plazas de oposiciones

MADRID.- Más de una cuarta parte de los más de 3,25 millones de empleados públicos y funcionarios que hay en la actualidad –según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2019– alcanzarán a lo largo de los próximos diez años la edad legal de jubilación, situada en la actualidad en 65 años y diez meses, aunque en 2027 se retrasará a los 67 años.

 Cabe recordar, no obstante, que aquellos que tengan largas carreras de cotización podrán seguir retirándose a los 65. Concretamente, 925.200 trabajadores del sector público tienen en la actualidad más de 55 años, por lo que en teoría podrían jubilarse en 2030.
Si se mira más en el corto plazo, la cifra no deja de ser preocupante: más de 340.000 empleados del Estado abandonarán sus puestos en la Administración en los próximos cinco años. 
Y si se va un poco más lejos, pero no tanto, será prácticamente la mitad de la actual plantilla con que cuenta el Estado (el 44,5%) la que podría retirarse del mercado laboral en los próximos quince años, pues son cerca de 1,5 millones de funcionarios los que han cumplido ya la cincuentena, según datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, la Administración Pública envejece a pasos agigantados, más incluso de lo que lo hace ya la población española en general. 
Por eso, una de las tareas pendientes que tiene el nuevo Gobierno en esta materia, una vez que ya se ha aprobado la subida del sueldo a los funcionarios, es buscar una solución a este fenómeno y materializar las históricas ofertas de empleo público que se han aprobado los dos últimos años pero de las que aún faltan decenas de miles de plazas por salir a concurso. 
Es más, en el acuerdo al que llegó el anterior Ejecutivo del PP con los sindicatos, se comprometieron a sacar a concurso 250.000 plazas entre 2017 y 2020 para paliar los efectos de la crisis.
Desde los sindicatos piden acelerar estas vacantes e impulsar un plan integral de recursos humanos encaminado a crear nuevos empleos, rejuvenecer plantillas y eliminar desigualdades, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de tener serias dificultades de personal para poder atender adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía.

Sanidad, Educación, Correos...

De hecho, más de 13.200 aspirantes se examinaron el pasado domingo 2 de febrero en Madrid de la oposición convocada para cubrir 900 plazas del cuerpo de ayudantes de los centros penitenciarios y los centros de inserción social de la administración penitenciaria. Esta es una de las numerosas ofertas de empleo público (OPE) que se han convocado para este año 2020 y que han sido publicadas por el BOE. Pero no es la única, ni mucho menos.
Sanidad, Educación, Correos, Instituciones Penitenciarias, policías locales, personal de Administración de la Generalitat... 2020 es un año récord, con 29.000 plazas anunciadas hasta el momento y con nnuevas convocatorias en marcha. 
Hay 15.385 en el caso de Sanidad entre plazas estatutarias, de especialidades y funcionariales y 3.575 para las oposiciones de Educación para profesorado de Secundaria, FP y Régimen Especial (Música, Artest Plásticas y Diseño o escuelas oficiales de idiomas). Y hay muchas más plazas de empleo público.


Detectan un primer brote de peste porcina en Grecia

ATENAS.- Las autoridades veterinarias griegas han detectado un primer brote de peste porcina africana en una pequeña granja de cerdos domésticos en la comarca de Serres, en el norte del país. 

Según informó el Ministerio de Agricultura, el caso fue confirmado el miércoles por el laboratorio nacional de referencia para enfermedades virológicas en Atenas, que analizó los tejidos del cadáver del cerdo infectado.
Las autoridades activaron inmediatamente el protocolo previsto para estos casos, que contempla la prohibición absoluta de salida de animales vivos, carne, semen, óvulos y embriones de cerdo de esa comarca.
Tampoco podrán salir de esa periferia productos derivados del cerdo, piensos, herramientas o deshechos si no cuentan con el permiso del centro local de prevención de enfermedades. 
La peste porcina africana es una enfermedad viral que afecta a toda la familia porcina, tanto a cerdos domésticos como a jabalíes.
El año pasado se registraron focos de esta enfermedad que no se transmite a humanos en nueve países de la Unión Europea: Rumanía, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Bulgaria, República Checa y Bélgica.
La enfermedad, que se manifiesta a través de fiebre hemorrágica, se transmite de forma directa a través de la picadura de las garrapatas, o indirectamente mediante la ingesta de insectos que hayan absorbido sangre infectada.
La peste porcina africana (PPA) se describió por primera vez en Kenia en 1910 y permaneció limitada a África hasta 1957, cuando se informó de un primer brote en Portugal.
A comienzos de la década de los años sesenta se asentó en la Península Ibérica, con brotes esporádicos que se prolongaron hasta la década de los noventa e incluyeron otros países del Europa occidental.
A mediados de la década de los noventa, España y Portugal habían logrado erradicar esta enfermedad a través de matanzas selectivas.

Las CC AA reclaman al Gobierno el cobro del IVA de 2017

MADRID.- La mayoría de comunidades autónomas que han acudido esta tarde al Consejo de Política Fiscal y Financiera han insistido en reclamar el IVA de 2017 pendiente y en desligarlo al déficit del 0,2% del PIB que les va a ofrecer Hacienda para este año, porque son conceptos diferentes y no se pueden compensar.

Así se ha expresado por ejemplo la consejera socialista de las Islas Baleres, Rosario Sánchez Grau, quien ha dejado claro que "el déficit no es compensación de la cuestión del IVA, que se tenía que haber repercutido en 2019". Este gobierno como otros no descarta la vía judicial para reclamar el cobro.
En términos parecidos se han manifestado los 'populares' Javier Fernández-Lasquetty (Madrid) y Valeriano Martínez (Galicia). Este último ha recalcado que son "conceptos distintos" y que además permitir más déficit es permitir más deuda, cuando los fondos del IVA eran recaudación. 
"No hace falta saber mucho de economía. Se nos está dando deuda, pero los recursos en origen no eran deuda. Esto hay que devolverlo, devolver lo que era nuestro en origen no es lo mismo", ha concluido.

La ONU pide regular los alquileres en España

MADRID.- El relator de la ONU sobre la extrema pobreza, Philip Alston, considera que "hay dos Españas muy distintas", una de las cuales tiene un porcentaje muy alto de ciudadanos "al borde de sus posibilidades tratando de sobrevivir" y que se sienten "abandonados" por las políticas sociales.

Estas son algunas de las conclusiones de Alston después de recorrer durante 12 días seis comunidades autónomas en las que ha visto "las peores situaciones" en colectivos como inmigrantes, población gitana, personas con discapacidad o familias desahuciadas", pero también un grupo de ciudadanos que vive en una situación "económica y social precaria y poco ilusionante".
A juicio del relator, España "está fallando" a las personas que viven en la pobreza, cuya situación se encuentra entre las peores de la UE ya que pasa del 26 % de la población española, según Eurostat, y solo es superada por Bulgaria y Rumanía (32 %), Grecia (31 %) o Italia (27 %).
Ha achacado esta situación a la política que se ha hecho en los últimos diez años y ha lamentado el alto nivel de desempleo, una gran burocracia, "una crisis de vivienda de proporciones inquietantes y un sistema de protección social completamente inadecuado".
Entre las recomendaciones que transmitirá al Gobierno y que hará públicas el próximo mes de junio en Ginebra, Alston ha destacado la aplicación de una renta mínima nacional, así como una reforma fiscal redistributiva porque "se recaudan menos impuestos que en países del entorno" y "la clase media recibe muchas más prestaciones que la pobre".
Ha expresado su preocupación por la situación de la vivienda, derecho contemplado en la Constitución, pero que en la realidad "esto no significa nada" y ha pedido a los legisladores que empiecen a "tomarse en serio" este problema para parar los desahucios, incrementar la vivienda social y "limitar el precio de los alquileres en las grandes ciudades".
Alston, que ha alabado el sistema nacional de salud y el de pensiones de los mayores, ha criticado el alto abandono escolar y ha denunciado que el sistema aporta "poca movilidad a los colectivos de ingresos más bajos", ya que "uno nace pobre y pobre se queda".
Ha relatado sus encuentros con "gitanos que viven en basureros" y que en algunos sitios "son tratados como escoria", inmigrantes en el sur de España que están "en las peores condiciones", ciudadanos "en pie de lucha contra los desahucios" y "personas que viven con el dilema de elegir entre calefacción y comida".
También se ha entrevistado con responsables del Ejecutivo y ha elogiado los proyectos que tiene el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para combatir la pobreza, al que ha animado "a embarcarse por el camino que lleva a la justicia social".
"Los derechos sociales tienen que ser la base de la política gubernamental plasmados en la Constitución, pero no se los toman en serio", ha lamentado Alston, quien ha demandado al Ejecutivo que coordine "el complejo sistema de descentralización", para que la "justicia social esté más distribuida y no dependa del lugar en el que la persona viva".
En este sentido ha recomendado también al Gobierno la creación de un grupo de expertos independientes que examine el proceso burocrático existente para acceder a las políticas sociales, al constatar "un atraso tanto en la infraestructura como en los planteamientos de los que manejan esos esquemas".
Las conclusiones y recomendaciones de Alston han sido aplaudidas por diversas ONGs, como es el caso de Cáritas o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en el Estado Español (EAPN ES), que considera que "constituyen un hito en la visibilización de las situaciones insoportables en las que viven millones de personas en España".
Por su parte, Ayuda en Acción ha asegurado que "si queremos que las nuevas generaciones rompan el círculo de la pobreza, urge poner en marcha medidas estructurales" sin olvidar a la infancia en este proceso.

Denuncian "retrasos" en la resolución de los recursos de la oposición de Secundaria y FP

MURCIA.- SIDI ha denunciado públicamente los "retrasos" en la resolución de los recursos de la oposición de Secundaria, FP y otros cuerpos. En 2018, cientos de interinos, recuerda, "presentaron recursos de alzada porque la Consejería de Educación no consideraba adecuada la titulación universitaria que aportaban para poder impartir docencia como interinos".

"Este retraso está produciendo un verdadero perjuicio para los acusados, entre otras cosas porque dos años después se vuelve a tener que decidir la especialidad a la que el opositor se presenta y todavía a día de hoy no ha sido resuelto su recurso que podría permitir incluso trabajar desde ahora mismo", dice.
Por Orden de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de 6 de abril de 2018 "se establecieron las bases reguladoras y la convocatoria de las oposiciones, a celebrar en el año 2018, y se reguló la composición de las listas de interinidad en es esos cuerpos para el curso 2018-19".
El artículo 117 de la citada orden establece que para la ordenación de la lista de personal docente interino, los aspirantes del bloque II "deberán contar con una de las titulaciones concordantes para la especialidad que corresponda y que se relacionan en el anexo XV".
Además, en la primera disposición complementaria del citado anexo XV "se estipula que la aceptación de otros títulos que no sean los que figuran en el mismo estará sujeta a su aprobación por parte de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes".
Con objeto de estudiar estas titulaciones la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos "designó mediante Resolución de 25 de junio de 2018 a una Comisión de valoración de titulaciones".
SIDI entiende que "más grave resulta la situación en especialidades como Matemáticas, donde se ha tenido que organizar procedimiento de urgencia y buscar a personas que están fuera de la actual lista y que están trabajando ya, mientras que no se permite a ciertas personas que podrían estar en la lista 2 oficial, porque todavía no se les ha contestado a sus recursos, lo que podría más adelante generar derechos de responsabilidad patrimonial que podrían evitarse".
Por ello, SIDI ha solicitado formalmente a la Consejería de Educación que "resuelva los recursos de alzada mencionados de forma inmediata, debido a la inminente convocatoria de oposiciones de Secundaria FP y otros cuerpos".

IU-Verdes tacha de "erráticos e irreales" los presupuestos de Salud

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos, ha tildado de "erráticos e irreales" los presupuestos del Servicio Murciano de Salud (SMS) que ha presentado este viernes el consejero del ramo, Manuel Villegas, en la Asamblea regional, y ha asegurado que "no obedecen a la necesaria planificación".

"Se trata de unos presupuestos continuistas, que olvidan el necesario cambio de modelo sanitario en la Región al no primar la inversión en Atención Primaria con el reforzamiento de las plantillas de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y otros profesionales en la medida necesaria", ha comentado Álvarez-Castellanos en un comunicado.
Para el dirigente de la organización de izquierdas, las nuevas cuentas del SMS "no tienen conexión alguna con un Plan de Salud regional elaborado de manera participativa y que conecte a su vez con las necesidades reales de una región en la que los niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social son de los más altos del país".
En este sentido, ha manifestado que "no ponen el acento precisamente en el reforzamiento de los centros de salud como elemento vertebrador de un modelo basado en mejorar la calidad de vida, impulsando la prevención y la promoción de la salud, la atención a la cronificación de la enfermedad y con una mayor cartera de servicios, lo que implicaría también su apertura en horario de tarde".
Además, ha insistido en que "olvidan irresponsablemente el tratamiento de las consecuencias para la salud de los problemas medioambientales".
Para IU-Verdes, es "un presupuesto poco realista proponiendo una disminución del 0'02% con respecto al año pasado, cuando anualmente el presupuesto del SMS se ve sobrepasado en más de 300 millones de euros". A esto, ha agregado que "se mantienen al alza las previsiones de externalización de servicios, lo que supone una avance en la privatización, de facto, de los mismos, que aumenta el gasto, en muchos casos, de manera innecesaria".
Álvarez-Castellanos ha considerado "imprescindible" que los presupuestos del SMS contemplen un incremento del 20% para la Atención Primaria, con el fin de cambiar el modelo, "aumentando las plantillas de medicina, enfermería, trabajo social y otros profesionales".
También ha defendido la apertura de centros de salud por las tardes con turnos deslizantes para mejorar la accesibilidad; garantizar la atención a todas las personas; dotar a todas las Áreas de Salud de una estructura básica de Salud Pública y Medicina Preventiva para coordinar las tareas que le son propias entre Ayuntamiento y Consejería de Salud, así como asignar los recursos necesarios para prestar la cartera de servicios de Salud Mental a toda la población.

Treinta detenidos por traer hasta las costas de la Región de Murcia a inmigrantes desde Argelia

MURCIA.- La Policía Nacional en la Jefatura de la Región de Murcia lucha contra las redes de inmigración ilegal a través de las Unidades Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental.

Agentes de esta unidad se encargan de la investigación de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de seres humanos que operan desde las costas argelinas. Los investigadores a través de diferentes informaciones localizaron a 30 personas que presuntamente podrían estar vinculadas con delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros-favorecimiento a la inmigración- y pertenencia a grupo criminal.
A lo largo de los últimos 10 meses, la UCRIF ha llevado a cabo un total de 13 investigaciones en el marco de la lucha contra las redes de inmigración ilegal, consiguiendo detener a 30 miembros de diferentes organizaciones criminales dedicadas al tráfico de seres humanos por vía marítima.
El modus operandi llevado a cabo por las diferentes organizaciones criminales era similar. Mientras unos se encargaban de la captación en sus países de origen de las víctimas inmigrantes, otros recaudaban el dinero y se ocupaban del mantenimiento del material preciso para los viajes -embarcaciones, motores, combustible-. Finalmente cuando todo estaba dispuesto, un último miembro de los entramados se ocupaba de llevar la embarcación hasta las costas murcianas.
Las organizaciones criminales cobraban a los inmigrantes por cada viaje cantidades que oscilaban entre los 1.500 y 2.000 euros llegando a alcanzar la cifra hasta los 5.000 euros si querían llegar hasta Francia.
Fruto de las diferentes operaciones la Policía Nacional ha incautado embarcaciones, GPS náuticos, herramientas utilizadas para la navegación y dinero en efectivo.
Las diferentes operaciones en el marco de la lucha contra el tráfico de personas se llevaron a cabo por agentes de las UCRIF de la Jefatura Superior de Murcia y de la Comisaría de Cartagena contando siempre con el apoyo y colaboración del personal de Frontex.
Las investigaciones y detenciones llevadas a cabo han permitido desarticular en España varias de estas organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilegal de personas mediante la utilización de embarcaciones para cruzar a las costas de Murcia desde Argelia.

La Audiencia Nacional admite los recursos de Andalucía contra los trasvases cero para riego

MADRID.- La Audiencia Nacional ha admitido a trámite los recursos de Andalucía contra las órdenes ministeriales por las que se destinan 7,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento y se deniegan las aportaciones del trasvase Tajo-Segura para regadío a la provincia de Almería en los meses de noviembre y diciembre de 2019.

También el Ejecutivo murciano recurrió los trasvases cero para riego de los meses de noviembre y diciembre.
Además, ha dado el visto bueno este jueves a la interposición de otro recurso contencioso administrativo contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de no trasvasar al Levante para el mes de enero el volumen de agua propuesto por la Comisión Técnica de Explotación del Trasvase Tajo-Segura.
La Comisión en sus últimas reuniones, y a la vista de la información disponible, ha informado favorablemente del trasvase con unos márgenes autorizables superiores a los fijados después por el Gobierno.
Así, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado el trasvase de 16,2 hm3 para el mes de enero, 7,5 hm3 para abastecimientos urbanos y 8,7 hm3 para regadío, mientras que la referida comisión admite la posibilidad de trasvasar hasta 20,0 hm3.
En los meses de noviembre y diciembre no llegó a autorizar ningún desembalse para riego, lo que llevó al Ejecutivo andaluz a recurrir a los tribunales, de igual forma que hizo el Gobierno murciano.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen Crespo, ha confirmado la admisión a trámite del recurso por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ha informado su departamento en un comunicado.
"Creemos injusto que los regantes, por una decisión política, se queden sin recursos hídricos", explicó Crespo desde Berlín, donde participaba en la segunda jornada de Fruit Logistica 2020.
"Creemos en las comisiones mixtas, en los científicos, que son los que tienen que certificar las posibilidades de un trasvase, y no que se hagan en base a una decisión política", ha añadido.
La consejera, que recordó que Murcia y Valencia también anunciaron la decisión de presentar sus recursos, confía en que el procedimiento contencioso-administrativo fructifique, porque "no se trata de una decisión puntual sino de futuro. Tenemos que amparar el abastecimiento, pero también a los regantes", concluyó.

Ana Martínez Vidal asegura que se mantuvo cinco contactos con el ministerio sobre el BEI para el Mar Menor

LORCA.- La consejera de Empresa y portavoz del Gobierno de Murcia, Ana Martínez Vidal, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo autonómico ha mantenido hasta cinco contactos con el Ministerio de Hacienda en los que expuso la posibilidad de pedir un crédito al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la recuperación del Mar Menor.

Durante un acto en Lorca, a preguntas de los periodistas, Martínez Vidal ha criticado las manifestaciones del delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Jiménez, quién ayer aseveró que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no ha abordado la petición del préstamo con el ministerio de Hacienda.
La consejera ha pedido al delegado “que sea leal con el Gobierno regional” porque “ha habido cinco contactos con la ministra de Hacienda, cuatro en octubre y uno en noviembre, y en todos ellos hemos transmitido el interés de la Comunidad por acceder a ese préstamo, que además está preconcedido y sobre el que tenemos todo el derecho”.

Por otra parte, Martínez Vidal también se ha referido a la celebración este viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha dicho que la Comunidad acude con la expectativa de que haya cambios en el modelo de financiación autonómica.

Ha expuesto que Murcia es la comunidad uniprovincial peor financiada de España “y en estas condiciones siempre vamos a contar con un déficit”, aunque ha afirmado que el Gobierno regional de PP y CS “va a hacer lo posible” para controlar el gasto.

Según Martínez Vidal, el proyecto de presupuestos autonómicos que el pasado jueves inició el trámite parlamentario es “austero”, y ha destacado de ellos que su departamento, el de Empresa e Industria, tiene previsto quintuplicar el gasto en investigación, desarrollo e innovación este año.

La Fiscalía pide tres años de prisión a Mendoza por las obras de la UCAM

MURCIA.- La Fiscalía ha pedido para el presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) tres años de prisión por las obras presuntamente ilegales que hizo en el entorno del Monasterio de Los Jerónimos, según adelanta La Opinión.

El representante del Ministerio Fiscal ha elaborado ya su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicita además una sanción económica y la inhabilitación del presidente de la UCAM para ejercer como promotor de obras.Le considera autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio.
Los hechos por los que Mendoza podría llegar a sentarse en el banquillo de los acusados se remontan a los años 2011 y 2013, cuando se construyó un aulario de cerca de 2.500 metros cuadrados así como un laboratorio y un almacén en el conjunto universitario de Guadalupe sin contar con la preceptiva licencia urbanística. Estas obras supuestamente ilegales fueron denunciadas por el Ayuntamiento en el año 2015, iniciándose poco después la investigación judicial, a cargo del Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia.
Este juzgado se pronunció hace unos meses confirmando la existencia de indicios delictivos y propuso la apertura de jucio oral, algo que fue recurrido por la Universidad Católica. Posteriormente, el juzgado volvió a pronunciarse en el mismo sentido, tras lo cual la UCAM optó por recurrir en este caso, al órgano superior, la Audiencia Provincial de Murcia.
En estos momentos es este órgano el que debe decidir si la causa continúa adelante y lleva al presidente de la universidad privada ante el tribunal.

El Partido Comunista analizará este sábado la situación de la clase obrera en la Región


MURCIA.- El Partido Comunista de la Región de Murcia organiza este sábado, desde las 10.00 horas, las I Jornadas María Carrasco, que pretenden ser un espacio de encuentro para debatir y analizar la realidad de la Región y la situación de la clase trabajadora murciana. El evento se celebrará en la calle Fotógrafo Verdú nº5 y será abierto a simpatizantes.

En estas jornadas se analizará la situación de la clase trabajadora y del modelo productivo desde las distintas interseccionalidades en nuestra Región. Contarán con la presencia de Jaime Aja (Sociólogo y profesor de la Universidad de Córdoba), Teresa Fuentes (secretaria de Acción Sindical y empleo de CC OO), Rebeca González (responsable del Frente Feminista del PCRM), Mustafá Essabir (delegado sindical de CC OO en el campo), Rubén Vives (coordinador regional de Ecologistas en Acción) y Benja Martí (responsable de obreros de la Juventud Comunista en la Región de Murcia).
"Vivimos en una Región con una alto nivel de paro y de precariedad, con un modelo productivo sin futuro que está provocando grandes problemas sociales y medioambientales". Por ello la importancia que tiene para las comunistas el debatir en profundidad sobre la construcción de una alternativa para las trabajadoras y trabajadores, han indicado Alfonso Cayuela y Cristina González (responsables del Área ideológica y de formación del PCRM).

Cortar el tráfico en el Puente Viejo "no es una prioridad" para el Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.- La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, ha afirmado este viernes que en estos momentos la posibilidad de restringir o cortar el tráfico en el Puente Viejo "no es una prioridad". Esta infraestructura cuenta ya con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento.

Pérez, al ser preguntada por esta cuestión tras informar de los acuerdos de la Junta, ha dicho que el Consistorio "está inmerso en un plan de movilidad metropolitano que tiene afección sobre el tráfico en el municipio de Murcia".
El Ayuntamiento, defiende, "trabaja intensamente en calmados y restricción de tráfico en zonas de Murcia y se sometió a estudio también el Puente Viejo, pero no es que sea una prioridad para nosotros".
Ha recordado que en 2017 se hizo un estudio de la infraestructura desde el punto de vista técnico y en virtud del informe "se mandó un mensaje de tranquilidad, porque se encuentra en buenas condiciones para aguantar el tráfico rodado, como lo está haciendo hasta ahora".
"Eso no significa que no planteemos restricciones al tráfico a futuro, como lo estamos haciendo en otras zonas de la ciudad, en la zona de San Nicolás o en calle Riquelme, donde en este momento se está abordando la planificación para implementar el sistema de calmado de tráfico y restricción a todo el entorno", ha señalado.

DECLARACIÓN DE BIC

La declaración como BIC del Puente Viejo establece que las intervenciones que se realicen en el monumento y su entorno deberán ir encaminadas a su conservación y mejora, compatibilizándolas con los usos tradicionales del elemento y el entorno en que se inscribe.
Cualquier intervención que se realice en el monumento y su entorno distinta a las propias de los usos tradicionales deberá contar con la previa supervisión y autorización de la Dirección General de Bienes Culturales.
El Puente Viejo constituye un elemento esencial en la configuración del paisaje urbano de Murcia y en la relación de la ciudad con el río Segura.
Esta infraestructura, cuya primera piedra fue colocada el 10 de septiembre de 1718, fue construida hace casi tres siglos, sustituyendo al anterior puente destruido en 1701 como consecuencia de una de las numerosas riadas que a lo largo de los años asolaron Murcia.
Junto a la imagen de la torre de la Catedral y las edificaciones del antiguo Arenal, conforma la imagen más emblemática de Murcia, como ciudad surgida al amparo del río Segura y su huerta.
Se ubica en el lugar de confluencia de los principales itinerarios de la antigua ciudad medieval, constituyéndose en el elemento generador de su expansión y verdadero nodo de la trama urbana de Murcia.
Desde el punto de vista estrictamente material, se trata de una obra de ingeniería del siglo XVIII de primer orden, que vino a dar solución al problema de la relación de la ciudad con el río, articulando elementos de regulación y aprovechamiento de su cauce, mediante el azud.
Tras la riada de 1701 que destruyó el antiguo Puente de Alcázar y dejó durante varios años incomunicada la ciudad, en 1718 se encargó la construcción de un puente de piedra al maestro Toribio Martínez de la Vega, con un presupuesto cercano al medio millón de reales.
El proyecto de Martínez de la Vega planteaba un puente de dos arcos con un sólido tajamar central, asentado sobre el azud. La obra se paralizó por falta de recursos.
En marzo del 1739 se reiniciaron los trabajos bajo la dirección de Jaime Bort, quien colocó las claves siete años después. En 1740 se colocó la imagen de la Virgen de los Peligros en el estribo derecho del puente; de ahí que se conozca también como 'Puente de los Peligros'.
Jaime Bort añadió también los templetes sobre los tajamares, en los que se instalaron las imágenes de San Miguel y San Rafael, realizadas por Joaquín Laguna. Estos templetes desaparecerían con las ampliaciones realizadas en el siglo XIX para ensanchar las aceras mediante una estructura metálica.
La denominación popular de puente de los Peligros se debe a la presencia a su lado de una hornacina que guarda la imagen de una virgen denominada de los Peligros, colocada el 12 de septiembre de 1742, de profunda veneración en la ciudad.
El Puente Viejo fue el primer puente de la historia de Murcia que aguantó sin problemas las periódicas inundaciones del río Segura, incluyendo la gran riada de Santa Teresa de 1879.

El Banco de España debe intervenir en BBVA / Pablo Sebastián *

El Banco de España debería personarse y tomar castas en el gravísimo escándalo de BBVA. Un banco que podría estallar y dañar al conjunto del sistema financiero español. Y cuyo actual presidente Carlos Torres está en entredicho porque, siendo el Consejero Delegado de la entidad, se pagaron muchos miles de euros a la banda Villarejo, lo que implica, por acción u omisión, su responsabilidad en tan graves hechos.

Lo que sin duda preocupan a los accionistas, inversores, clientes y a los socios internacionales de BBVA. Ahí incluida su importante filial mejicana de Bancomer y sus socios de Turquía que podrían empezar a cortar amarras y distanciarse de la matriz poniendo en entredicho la supervivencia de BBVA.

Bajo la presidencia de Francisco González el BBVA se convirtió en la Cueva de Alí Babá, contratando con mas de 10 millones de euros de la entidad a una banda criminal presidida por el comisario José Manuel Villarejo (entonces miembro de la Policía Nacional) para investigar, perseguir y escuchar ilegalmente a empresarios, jueces y periodistas con el objetivo de destruir la operación financiera con la que Sacyr pretendió hacerse con una participación importante del accionariado de BBVA.

Los graves hechos, que están en los medios y que investiga la Justicia, señalan a Francisco González como el inductor y máximo responsable de la contratación y conocimiento de las actuaciones criminales de la banda Villarejo, como lo han señalado ante los tribunales el primer responsable de la seguridad del Banco, Julio Corrochano y el ahora ex alto cargo de BBVA Juan Béjar. Ambos como González, Ángel Cano (ex Consejero Delegado), el actual presidente Carlos Torres y la propia entidad, BBVA ahora imputados por la Justicia.

Francisco González con la desvergüenza y soberbia que le caracteriza puede pasar a engrosar la lista de banqueros delincuentes de últimos años como Ruiz Mateos, Conde, Blesa, Rato y los primeros gestores de las Cajas de Ahorro de Galicia, Valencia y Castilla La Mancha. Pero el tal FG lo niega todo y dice que se enteró por la prensa aunque le acusan de manera directa ante la Justicia sus íntimos colaboradores -‘fue una orden del Presidente’, declaró Corrochano. Y a no descartar que aún aparezcan pruebas mas directas de la implicación de González en la banda criminal.

Por todo esto, y por el deterioro constante y creciente de la imagen, la marca y la reputación corporativa del Banco de lo que es responsable máximo un siniestro jefe de Comunicación que se hace llamar Paul Tobín, BBVA necesita una renovación total e inmediata de su cúpula directiva.

Empezando por Carlos Torres –por mas que diga que él no tiene nada que ver- porque como Consejero Delegado admitió u ordenó los pagos a Villarejo y una llamativa indemnización a Corrochano. Y siguiendo por el Consejo de Administración que en su mayoría fue nombrado por Francisco González.

Y de estos cambios y con la mayor urgencia se debe ocupar el Banco de España con una intervención, o imponiendo un sistema de control y de renovación a fondo de la máxima dirección de la entidad. A no ser que el Banco de España decida esperar un poco mas y un día de estos se encuentre con la fuga de fondos y depósitos del Banco lo que sería una catástrofe muy difícil de enmendar.


(*) Periodista


¿La economía le puede aguar la fiesta al Gobierno? / Carlos Elordi *

Parece que la desaceleración está siendo más rápida de lo previsto. Dos datos sugieren que eso puede estar ocurriendo. Uno, la fuerte caída de la afiliación a la Seguridad Social y el aumento del paro registrado en el mes de enero. 

El otro, la reducción en dos décimas, hasta el 1,6%, de las previsiones que el FMI y otros organismos habían hecho hace solo cuatro meses sobre crecimiento de la economía española. No son buenas noticias. La cosa no sería grave si no va a más. Pero empieza a no estar claro que eso no vaya a ocurrir.

El barómetro de empresas que elabora Deloitte y ha publicado esta semana El País no es precisamente alentador. El 47% de las empresas consultadas cree que la economía española empeorará este semestre. El 41% opina que se mantendrá y sólo el 12% se muestra optimista.

La demanda interna, que se verá reforzada aunque no mucho, por los aumentos salariales y las exportaciones son las bases del crecimiento económico español de los últimos seis años. Pero han empezado a surgir dudas sobre el tiempo en que se mantendrán esas tendencias.

Entre otras cosas, falta por saber qué impacto tendrá sobre la economía mundial, y directa o indirectamente sobre la española, la epidemia de coronavirus. Es una pesada incógnita sobre la que los especialistas no se atreven a pronunciarse. Sobre todo porque nadie sabe cuánto va a durar. Por el momento no hace sino expandirse. 

Y empiezan a llegar algunos datos económicos preocupantes. Como expresión del parón que está sufriendo China, su consumo de petróleo se ha reducido un 25%, que equivale a un 3% mundial. De ahí que los precios del crudo lleven ya dos semanas cayendo.

Los proveedores europeos de piezas para la industria automovilística china, alemanes sobre todo aunque también hay alguno español, ya han anunciado que están a punto de proceder a fuertes recortes de producción. Otros sectores podrían encontrarse en la misma situación. Sin embargo, las bolsas mundiales están aguantando hasta el momento.

El asunto no pinta bien. Pero aún no hay base para hacer predicciones demasiado negativas. Entre otras cosas porque un empeoramiento de la epidemia, en intensidad o en duración, podría provocar reacciones mundiales para hacer frente a sus consecuencias económicas y estas revertir, o cuando menos paliar, el actual proceso de deterioro. 

Ni siquiera cabe descartar que provocara una tregua en la guerra comercial que libran Pekín y Washington y que es una de las causas de la ralentización que desde hace bastantes meses sufre la economía mundial y la europea en particular. En los últimos días China ha dado algún paso en esa dirección.

No es fácil trasladar a la escena política española tanto dato económico inquietante. Por el momento, las prioridades del debate público son muy otras. Durante unos días las protestas de los agricultores han quitado el protagonismo a la crisis catalana. Pero la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra ha vuelto a poner las cosas en su sitio. 

Aunque la situación de algunos de sus sectores sea angustiosa, a los agricultores les costará volver a ocupar las primeras, a no ser que su movilización suba hasta cotas hoy por hoy impensables. Porque sus problemas son hondos y antiguos y no de fácil solución. El gobierno se ha comprometido a actuar y cabe sospechar que, aparte de alguna reforma, eso se traducirá en más gasto público.

Es de suponer que Pedro Sánchez se resistirá cuanto pueda a eso. Porque ahí, en el gasto, reside el principal problema de su gobierno. La subida de las pensiones acaba de costar 1.400 millones de euros. La del sueldo de los funcionarios, 3.200. Y el monto de las reformas sociales que figuran en el programa del Gobierno de coalición ascendería a no menos de 12.000 millones, en su versión más optimista, o de 21.000 según otros cálculos.

¿De donde va a salir ese dinero y más si la desaceleración económica reduce las previsiones de recaudación fiscal que se han hecho hace sólo pocas semanas? Esa es la gran incógnita del momento, mucho más sólida que la duda de si va a haber presupuestos o no, que todo indica que los habrá, salvo una sorpresa mayúscula. Aunque el suspense se mantendrá hasta el último minuto. Para solaz de una derecha que sigue perdida y que, por no saber, no sabe ni hacer oposición.

Aunque no lo ha confirmado oficialmente, el Gobierno confía en que la Comisión Europea acepte ampliar de uno a cuatro años el plazo de reducción del déficit público español. (De la deuda pública ni se habla, porque hasta los más optimistas creen que pasará al menos una década hasta que empiece a reducirse significativamente). Pero, ¿aceptaría Bruselas un presupuesto que, bien leído, supusiera un aumento significativo de ese déficit, como consecuencia de los mayores gastos previstos?

Nadia Calviño se tendrá que remangar para lidiar ese toro. Porque, por el momento, nadie en el Gobierno ni en los partidos que lo forman ha hecho la mínima mención a la posibilidad de ir más allá de lo anunciado en materia de aumento de impuestos, que es claramente insuficiente para atender al citado aumento del gasto. ¿Se planteará esa cuestión de cara a los próximos presupuestos, que, si se hicieran bien las cosas, deberían empezar a discutirse este mismo otoño?

Y una cuestión más. La contrarreforma laboral es otro de los banderines de enganche del Gobierno de coalición. Aún no se ha hablado a fondo del asunto, pero Unidas Podemos, e incluso los sindicatos, han moderado el tono de sus exigencias en esta materia. El mundo empresarial mantiene su rechazo. 

La CEOE, CCOO y UGT han acordado la subida del salario mínimo y se disponen a afrontar la negociación de los convenios sobre la base de un aumento salarial en ese mismo porcentaje. Pero sus posiciones en materia de contrarreforma laboral siguen tan alejadas como siempre. Lo que cabe preguntarse es si el Ejecutivo mantendrá sus intenciones en ese capítulo -que, por otra parte, no se conocen con precisión- si la coyuntura económica empeora.


(*) Periodista