MURCIA.- La Fiscalía ha solicitado penas de 13 años y medio de prisión y
36 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además
de multa, al expresidente popular de la Región de Murcia y antiguo
alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez (PAS) por el 'caso
Guardería' por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad
de documento público y de ordenación contra el territorio a raíz de la
construcción de una guardería y un centro de la mujer en su época como
primer edil del municipio murciano, según publica hoy /www.eldiario.es.
El pasado marzo Sánchez fue condenado por la Audiencia Provincial por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad
por encargar a un arquitecto “verbalmente y sin previo expediente” las
obras del auditorio municipal siendo también alcalde de Puerto
Lumbreras. En aquella ocasión la pena fue de 3 años de prisión, una
multa de 3.600 euros y 17 años y tres meses de inhabilitación especial para
cargo o empleo público.
El fiscal Juan Pablo Lozano solicita penas de prisión e
inhabilitación para otros diez acusados, entre quienes se encuentran
funcionarios y técnicos municipales de Puerto Lumbreras, así como varios
responsables de la empresa Urdecon, en el momento en el que ocurrieron
los hechos entre 2007 y 2010.
“Puzzle de proyectos”
En el escrito de acusación enviado por el fiscal al juzgado de
Lorca se acusa a los procesados de construir entonces un solo edificio
con dos usos diferentes: por una parte, una escuela infantil de 0 a 3
años y, por otro, un centro de la mujer.
Esta edificación había sido
concebida “de modo fraudulento mediante siete proyectos, algunos
inicialmente incompletos, que de entiende fueron adaptándose sucesiva e
independientemente a las subvenciones disponibles (concedidas entre los
años 2005 y 2010)”, según reza el documento al que ha tenido acceso
elDiario.es.
“En realidad, parece lógico que tuvo que existir un único
proyecto constructivo en el que se diera forma a todo el puzzle de
proyectos presentados a distintas subvenciones, proyecto ocultado por
los acusados”, prosigue el escrito.
En el documento presentado por Fiscalía se refleja que los
acusados presuntamente trataron de conseguir “ilícitamente” dinero de
distintas subvenciones con el propósito de obtener un presupuesto
suficiente para ejecutar un edificio de interés público, “si bien, para
ello, no se dudó en trocear proyectos inejecutables per se, simular
licitaciones públicas, certificar mendazmente partidas de obra para
poder justificar documentalmente el gasto ante el ente otorgante de la
subvención, y aceptar pagar dinero público por obras inexistentes cuyo
destino real, más allá de ser percibido por CONSTRUCCIONES URDECON SA,
resulta incierto”.
La utilización de ese “puzzle de proyectos” motivó desajustes
“evidentes” en cuanto a las partidas que se acometieron, la obra
verdaderamente ejecutada, y la “imposibilidad manifiesta” en cuanto a su
fiscalización económica, “finalidad que se pretendía, llegando a
certificar como terminadas obras inexistentes como las del Centro de
Conciliación”, según reza el escrito.
Por otro lado, el documento también recoge que los acusados
deberán responder al sobrecoste “intencionado” de 499.110 euros -también
la empresa Urdecón como responsable civil- que se ejecutó “utilizando
diversas partidas fraudulentas de los proyectos objeto de acusación”.
Cinco edificios inacabados en Puerto Lumbreras
No se trata de la única obra pública sin terminar de Sánchez en el municipio murciano. El expresidente de Murcia dilapidó 12 millones de euros en cinco edificios inacabados durante su etapa como alcalde de esta localidad de 14.000 habitantes.
Tras dejar la Región de Murcia el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, adquirió una vivienda por valor de 540.000 dólares en un complejo residencial en Miami. Tan solo medio año antes, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) le concedió a Sánchez
una ayuda por valor de 26.412,28 euros. Una subvención del programa de
ayudas directas a autónomos y empresas por la crisis de la COVID-19, a
fondo perdido.
Primer beneficiado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
De otro proceso, el 'caso Pasarelas', PAS fue absuelto porque
el juez dejó pasar el plazo de seis meses de instrucción en procesos
penales interpuesto por el gobierno del Partido Popular en 2015, en
contra del criterio de jueces y fiscales. Fue el primer beneficiado de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada
por su propio partido.
'Pasarelas' era una división del caso
'Auditorio', donde se investigaba si se fraccionaron contratos para
adjudicarlos a dedo y sin concurso público al arquitecto M.L., que
también fue absuelto. El Ministerio Fiscal y dos acusaciones entendían
que tanto Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto
Lumbreras, y M. L., habían cometido los presuntos delitos de
prevaricación y falsedad documental en la contratación en relación a esa
causa.
Por otro lado, en julio de 2020 la Audiencia Nacional confirmó el sobreseimiento para Sánchez del
caso Púnica. El expresidente murciano fue investigado en la pieza
separada Murcia de esta causa por presuntos de delitos de fraude
administrativo, prevaricación y falsedad en una campaña de lavado de
imagen cuando estaba al frente de la Consejería murciana de Educación.
