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"La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
MURCIA.- El secretario general del PSOE-RM y portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Rafael González Tovar, ha asegurado hoy que el espectáculo
político que está viviendo la Región de Murcia es bochornoso, ya que el
presidente "se parapeta" detrás del Gobierno regional para defenderse, y
con el aforamiento como coraza.
"Ya sabemos a qué va a Madrid, a recibir información privilegiada y a
hacer trapicheos con el ministro para sus asuntos, no para beneficiar a
la Región de Murcia", ha señalado.
Para González Tovar, el presidente perdió ayer su oportunidad de
decirle a la Asamblea Regional y a todos los murcianos cómo había
conseguido la información privilegiada.
"En un tiempo que tendría que ser de respeto a la justicia, el PP la
está atacando de forma directa, no solo Pedro Antonio Sánchez, sino
también el ministro de Justicia, el fiscal jefe, el portavoz nacional,
Rafael Hernando, y toda la plana mayor del PP", ha criticado.
En su opinión, esto significa que el PP está defendiendo la
desigualdad ante la justicia, que protege a los suyos y pretende que los
suyos no sean juzgados. "Es gravísimo lo que está pasando en esta
región, donde volvemos a dar la imagen de que la corrupción queda impune
y de que todo se tapa".
"Si hay delito, que se le juzgue como ciudadano; como presidente de
la Comunidad solo tiene una salida, y es irse a casa para defenderse y
no poner a esta región y su imagen al pie de los caballos por su
situación judicial personal.
CARTAGENA.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, mediante auto de 17
de febrero de 2017, ha resuelto estimar el incidente de
ejecución planteando por la mercantil "Cecop, S.A." en relación con
la sentencia de 20 de mayo de 2015 que anuló la revisión del Plan
General Municipal de 2012.
La resolución anula el acuerdo plenario
de 30 de junio de 2016, que acordó someter a información pública el
documento de revisión del Plan General para dar cumplimiento a la
sentencia antes citada.
Dicho acuerdo plenario contó con los votos
favorables de los grupos municipales de C'S, MC, PSOE y PP, y el
voto en contra de CTSSP.
Está resolución es susceptible de recurso
en el plazo de 5 días desde su notificación, y ya se ha solicitado a
los servicios municipales de Urbanismo que convoque una reunión de
urgencia de la "Comisión Técnica de Trabajo" para la revisión del Plan
General Municipal, que se reúne en el Palacio de Aguirre desde hace
meses a instancia de la consejería de Fomento.
Está coordinación
se hace necesaria por cuanto la nulidad del Plan General Municipal, que
la resolución dictada hoy extiende a la tramitación actual, se dictó en
recurso interpuesto contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio de 29 de diciembre de 2011 relativa a dicha
tramitación.
Los servicios municipales estudiarán la resolución la
próxima semana e informarán al gobierno de las alternativas judiciales y
administrativas.
En cualquier caso ya han comunicado que este
era uno de los escenarios contemplados cuando se inició la revisión hace
menos de 8 meses y que existen, como reconoce el auto del TSJ, diversas
vías para dotar al municipio de un nuevo Plan General que están encima
de la mesa y que se debatirán en la comisión técnica compartida con la
Consejería de Fomento.
En los próximos días se informará de
las conclusiones de dicha mesa técnica y de las actuaciones que
procedan en virtud de éstas, tratando de salvaguardar en todo momento
el interés público y el desarrollo futuro del municipio.
C's solicita la descontaminación y
rehabilitación de El Hondón de Cartagena
La Asamblea Regional de Murcia debate el próximo lunes una iniciativa
de Ciudadanos, en la que la formación naranja solicita la ejecución
inmediata de las medidas necesarias para que se proceda a la
descontaminación y rehabilitación en el El Hondón de Cartagena.
Luis
Fernández, diputado de Ciudadanos, ha pedido, que se lleve a cabo, sin
más demora, “el proyecto para la ejecución de los procesos/trabajos de
rehabilitación de los suelos de la parcela denominada El Hondón de
Cartagena”, que fue presentado por la empresa Podecasa ante la
Consejería de Medio Ambiente, y sobre el que el Consejo de Seguridad
Nuclear informó favorablemente en 2015.
Fernández ha señalado “que
es fundamental que no haya más retrasos ya que han transcurrido 15 años
desde que cesó la actividad industrial, y pese a los reiterados
anuncios, las obras siguen sin ejecutarse y el suelo sigue estando
contaminado”.
CARTAGENA.- El alcalde de Cartagena, José López, y el concejal del Área de
Patrimonio Arqueológico, Ricardo Segado, han visitado este viernes
las excavaciones del Anfiteatro romano.
Allí han sido recibidos por
la directora general de patrimonio Histórico y Arqueología, María del
Carmen Berrocal, y por varios técnicos que les han notificado las
últimas novedades de los trabajos y les han explicado cómo avanzan.
Así,
tanto el primer edil como el regidor han podido conocer de primera mano
las últimas noticias que aportan las prospecciones que se están
realizando en el yacimiento. Entre ellas destaca la confirmación de
algunos hallazgos ya documentados con anterioridad, como el arranque del
eje menor del anfiteatro, que transcurría por debajo de la zona
central, cuyas bóvedas se encuentran en buen estado de conservación y
hacen pensar que en un futuro podrían ser accesibles.
Ambos ediles
también han podido contemplar el muro original que cubría la parte
oriental y norte, que según los cálculos podría alcanzar en su momento
los 11'40 metros sobre el nivel de la antigua arena. Cabe destacar, como
detalle, que esa altura es aproximadamente la misma que tiene el alzado
actual de la plaza de toros.
Además de esto, López y Segado han
inspeccionado el pabellón de autopsias del antiguo Hospital Militar,
donde está previsto organizar para esta primavera, con motivo del Año de
la Ilustración, una recreación del uso que se le daba en el siglo XVIII
a esta estancia y una exposición de utensilios quirúrgicos utilizados
antaño en estas mismas dependencias.
MURCIA.- Los consejeros de Hacienda de la Región de Murcia, Andrés Carrillo, y
de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, se reunirán el próximo lunes
en Murcia para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica.
Los responsables de Hacienda analizarán la necesidad de revisar el
actual modelo de financiación con el objetivo de corregir la
infrafinanciación que sufren ambas comunidades.
Andrés Carrillo puso de manifiesto la importancia de la reforma, "ya
que es una prioridad dar estabilidad a la financiación de la sanidad,
educación y servicios sociales, de manera que no se vea afectada por la
situación económica, y garantizar así la calidad de los servicios
públicos que se prestan a los ciudadanos".
En el encuentro participarán los directores de Presupuestos de
Murcia, Begoña Iniesta y de la Comunidad Valenciana, José Moreno, y se
ha invitado a los expertos de ambas comunidades autónomas que participarán junto
al Gobierno central en el diseño de la reforma del modelo de
financiación autonómica.
El próximo jueves, 23 de febrero, se reunirá por primera vez el
comité de expertos creado por el Gobierno central con miembros
propuestos por las comunidades autónoma que elaboraran, en el plazo de
seis meses, una propuesta sobre la reforma del modelo de financiación
autonómica.
MURCIA.- El presidente del Comité organizador del Congreso regional que el PPRM
celebrará el próximo 18 de Marzo, Joaquín Buendía, ha afirmado hoy en
rueda de prensa que " éste va a ser el Congreso de la
defensa de los valores y principios".
"El Congreso se va a organizar de forma abierta a la sociedad y de
manera transparente", ha indicado el presidente del Comité Organizador
quien ha explicado que "los ciudadanos serán partícipes en la línea de
trabajo del PP" y ha resaltado la aprobación por parte de la Junta
Directiva reunida esta semana para que el número de compromisarios
supere los 2.000, "lo que supone el doble de los que participaron en el
último Congreso". "Todos los intereses de los colectivos y ciudadanos de
esta Región se verán representados por sus compromisarios en la cita
del próximo 18 de Marzo".
La tecnología, ha dicho, "será pieza
clave y se pondrá al servicio de las ideas del PPRM para que el trabajo
que se va a desarrollar durante el mes previo a la celebración del
cónclave y posteriormente, cuando se difundan los trabajos del mismo,
lleguen de forma rápida al conjunto de la sociedad murciana".
En
la reunión de constitución del Comité organizador del Congreso, que el
presidente del mismo ha mantenido con el resto de miembros del COC, ha
trasladado que "van a trabajar en la planificación y en las
infraestructuras necesarias para el desarrollo del Congreso sea un
éxito" .
Han abordado, igualmente la selección de compromisarios y las
líneas de trabajo de las cuatro ponencias que se llevarán a debate en el
cónclave.
CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena llevará al próximo
Pleno una iniciativa para que el Ayuntamiento de Cartagena, en
colaboración con la Policía Local, realice una campaña para combatir el
intrusismo laboral en el sector de los guías turísticos.
Ciudadanos
quiere que el Gobierno local asuma su responsabilidad y garantice la
calidad de la información que se ofrece a los miles de turistas que nos
visitan cada año y que puedan recibir un relato preciso y veraz de
nuestra milenaria historia, de nuestros monumentos y de nuestros
protagonistas históricos.
La formación naranja recuerda que es necesaria la correspondiente
acreditación de la Comunidad para ejercer esta actividad en Cartagena,
que debe ser visible en todo momento durante la realización de su
trabajo; además, en algunos casos, este incumplimiento supone eludir las
obligaciones tributarias y no cumplir los compromisos con la Seguridad
Social.
Según la edil de Ciudadanos en Cartagena, Ana Rama, "los guías
oficiales de turismo que trabajan en nuestro municipio son los
embajadores de Cartagena, de su patrimonio, de su historia, son un
eslabón indispensable en la cadena de nuestro servicio turístico, pero
cada día que permitimos que los guías intrusos realicen esta labor
denigramos y menospreciamos un poco más esta profesión".
La concejal
asegura que cada año, "el número de guías sin licencia y la competencia
desleal aumenta y debemos ponerle freno a esta lacra para salvaguardar a
aquellos que sí han cumplido con su formación y están realmente
capacitados".
"De la correcta realización de este trabajo se benefician
además empresarios y comerciantes que deben visualizar al guía oficial
como un aliado, se trata de un pilar fundamental para comunicar la
grandeza histórica, cultural y patrimonial de Cartagena", ha informado
Rama.
Según la edil, "llega la temporada alta, esperamos miles de turistas,
nacionales y extranjeros, y debemos prepararnos para incrementar la
calidad de nuestro servicio turístico; por ello, Ciudadanos va pedir a
la Concejalía de Turismo que, en colaboración con nuestra Policía Local,
emprenda una campaña de prevención y control del intrusismo profesional
en relación a los guías oficiales de turismo y el desempeño de sus
funciones en calles de Cartagena".
MURCIA.- CCOO Sector Justicia, denuncia la falta de
medios con los que cuentan los funcionarios y funcionarias de la
Administración de Justicia a la hora de realizar sus funciones.
"Y no solo hablamos de las instalaciones, ni de los ordenadores ni del
sistema informático que un día y otro también se "cae". Todos
recordamos el pasado mes de enero los dos días que se estuvo en toda la Región sin poder trabajar por dicha caída y que incluso el propio
Tribunal de Justicia denuncio la situación caótica que se estaba
viviendo", dice en un comunicado.
"Hablamos de la falta de Formadores que para el expediente digital
electrónico y los sistemas informáticos en su momento, (hasta el mes de noviembre de 2016) se contaban con 9 personas y en la actualidad sólo
han dejado a 2 para toda la Región, que parte de ellos fueron despedidos
y otros trasladados al Centro de Atención del Usuario a Madrid, que por
otra parte dicho Centro se encuentra colapsado por las llamadas de las
incidencias que se están produciendo en la Región de Murcia", reza un comunicado sindical.
"Todos sabemos que hay recortes presupuestarios, pero esto no es óbice
para dejar los Juzgados de la Región de Murcia en una situación
preocupante con respecto al resto de España", dice CC OO.
"Los compañeros informáticos-formadores que actualmente desempeñan
sus funciones en los Juzgados de la Región, no pueden con todos los
problemas que se le plantean día a día, añadiéndosele que los mismos se
encuentran ubicados en la Ciudad de la Justicia y que por mucho empeño
que pongan le es imposible dar un servicio digno en el resto de los
partidos judiciales, cada vez que se hace una nueva modificación o actualización del sistema (la próxima esta programada para el día 21)".
También desde CCOO se ha solicitado planes de formación específicos y
generales, de las nuevas funciones de los trabajadores y las
trabajadoras derivadas de los nuevos sistemas de trabajo y del resto de
condiciones de trabajo sustancialmente modificadas.
MURCIA.- El diputado nacional del PP por Murcia, Francisco Bernabé, se ha
mostrado indignado por la votación en contra de PSOE y Podemos el pasado
miércoles en el Congreso de los Diputados a la iniciativa
parlamentaria presentada por el GPP para impulsar de forma "definitiva"
en esta legislatura las obras del tramo AVE Murcia-Almería.
Asimismo, ha criticado la ausencia de los diputados socialistas
murcianos en la Cámara Alta ya que no han defendido ante su propio
partido esta propuesta que interesa tanto a toda la Región", de la misma
forma que ha lamentado la actitud del diputado murciano de Podemos,
"que estando presente, votó en contra de esta iniciativa".
El diputado del PP ha querido resaltar que "las integraciones de
Alcantarilla y de Lorca son fundamentales dentro de este proyecto y, de
hecho, los estudios informativos para determinar cómo abordarlas se
encuentran iniciados desde hace años, por lo que con la aprobación de la
iniciativa popular habrían obtenido un impulso definitivo para verlas
por completo satisfechas y realizadas con la culminación de esta obra".
Sin embargo ha añadido que, "gracias a PSOE y Podemos todo se verá
retrasado".
Francisco Bernabé ha destacado en el debate de esta iniciativa en la
Comisión de Fomento que, "el 86% de los trabajos para que la línea de
Alta Velocidad llegue a Murcia están ya ejecutados", por lo que ha
señalado que "este mismo año se espera que Murcia disponga de la
conexión ferroviaria de altas prestaciones, tras lo que llegarán las
conexiones con Cartagena y Lorca".
Además, y al respecto de la conexión con Almería, el parlamentario
popular ha manifestado que ya existen "tramos construidos" entre Murcia y
la ciudad de Lorca, subrayando que quedan pendientes de resolver las
integraciones interurbanas de los municipios murcianos de Alcantarilla y
Lorca, pues la Alta Velocidad ferroviaria no solo trae prosperidad, trabajo y riqueza
allá donde llega, sino también una sustancial mejora en la calidad de
vida de las personas.
"El Corredor Mediterráneo es el gran eje transeuropeo de comunicación
que une Algeciras, el Estrecho y el mar Mediterráneo, con Estocolmo y
el mar Báltico", ha destacado Bernabé, quien ha puesto en valor que "de
los 3.500 kilómetros del total del Corredor Mediterráneo, 1.300 se
realizan en nuestro país". Resaltando al respecto que de los más 17.000
millones euros presupuestados para la obra ya se encuentran en proyecto o
en ejecución tramos por valor de 13.000 millones de euros"
El diputado popular ha concluido zanjando que "es verdaderamente increíble, pero tenemos a los enemigos en casa".
Por su parte el alcalde de Lorca, Francisco Jódar ha dicho sentirse
"decepcionado" con la desagradable sorpresa al tener conocimiento que
tanto PSOE como Podemos votaran en contra de esta iniciativa y ha
calificado de "muy grave y la segunda gran traición que hacen a la
Región de Murcia, y además lo han hecho sin ningún fundamento".
En este
sentido ha recordado que la primera fue la derogación del trasvase del
Ebro. Jódar ha dicho no entender qué sentido tiene votar en contra de
una iniciativa de esta infraestructura que tantos beneficios va a
reportar a los municipios que desde Murcia hasta Almería estarán unidos
por la Alta Velocidad".
Así mismo ha concluido señalando que seguirán
trabajando para que esta iniciativa se impulse y sea un hecho y "al no
poder haberla hecho realidad en el Congreso, se intentará llevando esta
iniciativa al Senado".
Joaquín Buendía, alcalde de Alcantarilla, ha calificado que esta
actitud de socialistas y de Podemos responde a "intereses mezquinos" y
ha añadido que las iniciativas de estas dos fuerzas políticas están
totalmente alejadas de los intereses de todos los murcianos,
"evidenciado en el comportamiento que tuvieron votando en contra de esta
iniciativa". Asimismo ha contrapuesto los intereses políticos de estas
dos fuerzas de la oposición a los del PP que "son evidentemente los de
los murcianos, alcantarilleros y lorquinos", ha finalizado.
LORCA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, y secretario general de los socialistas lorquinos, Diego José Mateos ha mostrado su
rechazo a la decisión adoptada por la Comisión de Fomento del Congreso de
los Diputados de no sacar adelante una Proposición No de Ley que
comprometía el impulso de toda la Cámara al desarrollo de las obras del
AVE para su llegada hasta Lorca y Almería.
Aunque dicha Proposición no era más que una "mera declaración de
intenciones, vacía de contenido", Mateos asegura no compartir el rechazo
de su partido a la misma y anuncia que el Grupo Parlamentario ya se ha
comprometido a enmendar este error, para lo que propondrán una nueva
Proposición No de Ley "con la que ir más allá de la palabrería del PP y
exigir al Gobierno de Rajoy, esta vez sí, plazos y medidas concretas
para garantizar la llegada del AVE y del Corredor Mediterráneo a Lorca".
De esta manera, el líder de los socialistas lorquinos se ha
desmarcado de esta votación y ha ratifica su compromiso personal
"siempre exigente" por la llegada del AVE a la ciudad de Lorca, a su
juicio "necesaria para aumentar la competitividad de nuestro municipio,
por las múltiples ventajas que esta conexión ferroviaria traería a
nuestra ciudad".
En este sentido, Mateos asegura que "somos socialistas y
pertenecemos al PSOE, pero por encima de todo somos lorquinos". Por
eso, añade que "a diferencia de lo que hace el equipo de gobierno del
PP, siempre complacientes con todo lo que decida su partido, a nosotros
no nos van a doler prendas cuando, como hoy, rechazamos las decisiones
de nuestro partido que a nuestro juicio no benefician a Lorca, le pese a
quien le pese".
"Por encima de los intereses del partido, están los
intereses de Lorca y los lorquinos", añade.
No obstante, más allá de esta "votación aislada" en el Congreso de
los Diputados, Mateos cree justo destacar "el compromiso que por todos
es sabido" del Partido Socialista con la llegada de la Alta Velocidad a
Lorca.
En este sentido, Mateos ha recordado que si durante los últimos
años ha habido un partido que ha traído "certezas, a través de
inversiones reales en materia de Alta Velocidad, y no mera palabrería"
ése ha sido el Partido Socialista. Recuerda que frente a los "cero
euros" del Gobierno de Rajoy en materia de AVE para Lorca y lasfirmas de
"pactos vacíos" del PP también en este sentido, "ahí estánlas tres
fases ya construidas para la llegada del AVE a Lorca" a través de la
línea Murcia-Almería, con un presupuesto de 2.519 millones de
eurosdurante los años de Gobierno del PSOE, con José Luis
Rodríguez-Zapatero.
Precisamente por eso, asegura Mateos que "no será el Partido
Socialista quien abandone la lucha y el trabajo reconocido por y para la
llegada del AVE y del Corredor Mediterráneo a Lorca, y quien como sí ha
hecho el PP, vaya a torpedearel desarrollo de una infraestructura
necesaria que debe llegar, de manera irrenunciable, a Lorca".
Por todo ello, y para "rectificar este error del PSOE en el
Congreso", Mateos ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista va a
presentar en dicha Cámara una Proposición No de Ley para impulsar la
terminación de las obras del AVE y del Corredor Mediterráneo, "esta vez
sí, con inclusión de plazos y medidas concretas". Ahí asegura, el PP
tendrá que demostrar si, tal y como ahora intentan hacernos creer
"realmente están comprometidos con la llegada de la Alta Velocidad a
Lorca".
CARTAGENA.- Durante el Pleno municipal que se celebrará el próximo 23 de febrero,
el grupo municipal MC propondrá la adhesión del resto de grupos
políticos a una moción que pretende impulsar el estudio de la
instalación de una zona logística agroalimentaria en el Polígono
Industrial de Los Camachos.
"Se trata de una infraestructura que vendría a ofrecer servicio a esta
importante industria del Campo de Cartagena". Igualmente, el texto
solicita que sea el Ayuntamiento quien lidere su implantación en el
citado enclave.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de
Cartagena y los empresarios del Polígono Industrial de Los Camachos, se
fundamenta en la necesidad de dar respuesta a las necesidades y
expectativas de crecimiento de la industria agroalimentaria del Campo de
Cartagena, la más importante del sureste español.
MC entiende que la zona logística 'MercaCampodeCartagena' se
definiría como un proyecto estratégico que debe adundar en el progreso y
desarrollo del municipio y la Comarca. Y lo haría, centrándose en una
potente industria comarcal necesitada, en la actualidad, de una
plataforma que le permita competir y desarrollar su actividad en mejores
condiciones.
De este modo, el texto solicita al Ayuntamiento que asuma el
liderazgo de impulsar una propuesta que puede materializarse a través de
diversas vías de financiación, tal y como sucede en idénticas
infraestructuras que ya operan en el resto del Estado.
En concreto, toman partido los ayuntamientos; inversores privados y
Mercasa, la empresa pública de la Administración del Estado, cuyos
accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Hasta la fecha, Mercasa ha promovido y gestiona, junto a los
respectivos ayuntamientos, una Red de Mercas que cuenta con 23 unidades
alimentarias distribuidas por la geografía nacional. Dos de ellos se
encuentran en la provincia de Cádiz (Algeciras y Jerez de la Frontera),
un hecho que se repetiría en la CARM, ya que al existente en Murcia se
sumaría el que tendría como referencia al Campo de Cartagena en el
Polígono Industrial de Los Camachos.
MC valora los efectos positivos que conllevaría la instalación de
esta actividad económica en el Polígono Industrial de Los Camachos, una
ubicación que también deberá acoger la necesaria Zona de Almacenamiento
Logístico, la ZAL regional.
En referencia al Polígono Industrial de Los Camachos, cabe recordar
que MC defiende el traslado hasta esta ubicación del Depósito Franco, lo
que supondría el germen de la futura ZAL. La formación cartagenerista
valora que la instalación de 'MercaCampodeCartagena' en el Polígono
Industrial de Los Camachos, en conexión con la ZAL y la cercanía del
puerto de Cartagena, provocarían el surgimiento de sinergias y
oportunidades claves para el futuro de la Comarca.
Todo ello dotaría a Cartagena de las herramientas necesarias para
convertirla en la zona logística de referencia del Levante español,
dándole las necesarias oportunidades de crecimiento a un municipio y
Comarca que son, sin duda, los motores industriales de la Región, quien
se beneficiaría de la generación de actividad económica y empleo que
conlleva una infraestructura de este calado.
LORCA.- El Grupo Municipal Ciudadanos va a presentar en el pleno ordinario
del 27 de febrero, una moción para otorgar a las Cofradías la gestión de
la venta de las tribunas de Semana Santa del Viernes de Dolores y
Domingo de Ramos y las tareas de las colgaduras de los palcos.
Desde
hace años se ha encargado a las cofradías de Semana Santa de los pasos
Blanco y Azul la responsabilidad y tareas de la venta de las tribunas de
Semana Santa para los días Jueves Santo y Viernes Santo, una gestión
que han llevado a cabo de manera impecable debido a su experiencia y
medios técnicos y humanos, consiguiendo la máxima optimización de los
recursos económicos por la venta de los palcos.
Antonio Meca nos
muestra su postura: "Las cofradías han demostrado durante años su buen
hacer, experiencia, conocimiento y proceder intachable y aprovechando su
disposición y recursos humanos podemos mejorar los rendimientos
económicos encargando la venta de las tribunas de Semana Santa de las
cuatro procesiones".
Igualmente
Ciudadanos ha comprobado que los trabajos consistentes en las
colgaduras de los faldones que adornan frontalmente los palcos de Semana
Santa, se han encargado en los últimos años a una empresa privada con
cargo a los presupuestos municipales.
"Entendemos que encargar estas
tareas a las propias Cofradías puede generar una mejora en la gestión
económica. Estas cuentan con grandes recursos humanos capaces de llevar a
cabo estas tareas incluso de forma voluntaria", nos explica el edil.
YECLA.- El Grupo Municipal Socialista ha pedido alternativas tras el balance
del Pleno Extraordinario donde se ha aprobado la adjudicación de una
operación de tesorería al Banco Santander por un importe de 3,500,000 €.
Esta operación a propuesta del equipo de gobierno viene siendo habitual,
considerando los socialistas que "si bien tienen un bajo interés y
todas las bondades que quiera plantear el alcalde, se realiza para
solventar un problema de liquidez".
La portavoz socialista, Asun Molina ha comentado que "el Ayuntamiento
ha pasado de tener el año pasado ocho ofertas de entidades bancarias a
tener este año cuatro, siendo únicamente dos de ellas del importe necesario, y
que curioso resulta, que este año el Banco Mare Nostrum, la entidad con
la que se firmó el año pasado, no haga oferta".
Molina, además, se pregunta qué ha pasado con la interesante
propuesta de distribuir los ingresos durante todo el año tratando de
cobrar el IBI en dos fases para evitar que haya momentos en los que el
Ayuntamiento no tiene liquidez que al propio concejal de Hacienda, el
señor Del Pino, le pareció conveniente.
El Grupo Municipal Socialista incide en que habría que buscar la
manera de hacerlo posible con el objetivo de distribuir ingresos durante
todo el año y así no tener que recurrir a estas operaciones y evitar
más gastos en intereses con los bancos.
Los socialistas han votado finalmente de forma favorable a esta
operación por responsabilidad política y porque "siempre es mejor la
solución de pagar un mínimo interés que deber a los proveedores con el
recargo que esto supondría.
Pero desde el PSOE piden repensar un Plan de Previsión de Reparto de
los Ingresos Anuales ya que entendemos que ir de poliza en poliza, por
bajos que sean los intereses, no es bueno para nadie, y es por eso que
pedimos se busquen otras fórmulas para repartir los ingresos durante
todo el año a fin de ir eliminando poco a poco estas operaciones, al
igual que también se tenga más previsión y se establezcan prioridades a
la hora de gastar.
LORCA.- Pedro Sosa Martínez, Portavoz del Grupo Municipal de IU-V, ha
presentado esta mañana una propuesta que se debatirá en el Pleno
Municipal ordinario de febrero, y con la que se pretende adherir a Lorca
a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y
Provincias con el objeto de rebajar sustancialmente el coste de la
energía eléctrica que consume el Ayuntamiento, sobre todo por el
alumbrado público.
Sosa ha recordado que en los últimos meses han sido varias las
iniciativas políticas impulsadas por el Grupo Municipal de IU-V para
lograr una fiscalidad municipal más justa y progresiva, que haga
descansar la recaudación de los tributos locales de Lorca más en quienes
más capacidad económica tienen, y menos en el conjunto de las familias
de nuestro municipio que arrastran los efectos de una crisis que dura ya
mucho años.
El concejal de IU-V afirma que además de plantear alternativas por el
lado de los ingresos, también debemos colaborar como grupo político
realizando propuestas referidas a los gastos. En este caso a uno que
invariablemente debemos asumir cada año y que por su cuantía es
extraordinariamente importante; el que tiene que ver con el suministro
de electricidad y gas natural para atender las necesidades energéticas
del municipio, fundamentalmente las que se derivan del alumbrado
público.
Sosa ha recordado que los últimos datos ciertos de los que tenemos
constancia sobre ese concepto, y sólo por lo que hace al suministro
eléctrico, son de 2015 y supusieron el gasto de 3.551.827,26 euros en
energía eléctrica suministrada por Iberdrola conforme a las
estipulaciones del contrato que este Ayuntamiento tiene firmado con esa
empresa.
El edil de izquierdas ha manifestado que la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) presta a aquellas entidades locales que
se adhieran a la denominada Central de Contratación un importante
servicio que, según fuentes de la propia FEMP, consigue reducciones muy
significativas en los costes de contratación de los suministros de
electricidad y gas.
En la actualidad hay 619 entidades locales adheridas a la citada
Central de Contratación, entre ellas 24 de los 45 municipios de la
Región de Murcia. Esa Central realiza una especie de Acuerdo Marco con
las empresas suministradoras logrando precios que, por lo que se
publicita, parecen efectivamente muy competitivos. La FEMP habla de
rebajas superiores al 8% de media, lo que, proyectado al caso de Lorca y
con cifras de 2015, podría significar un ahorro de nada menos que
284.000 euros al año.
Con esas cifras, IU-V pretende que los servicios técnicos de
contratación del Ayuntamiento recaben los datos precisos de la FEMP, y
elaboren un informe económico sobre la oportunidad y conveniencia de
adherir al Ayuntamiento de Lorca a la Central de Contratación de la FEMP
para la contratación de los suministros de electricidad y gas, que, en
su caso, sirva para iniciar el oportuno expediente para la adhesión de
Lorca a esa Central de Contratación y el posterior contrato de
suministro a través del Acuerdo Marco.
ÁGUILAS.- El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Águilas
ha registrado una moción, para el Pleno Ordinario del mes de febrero
para la confección de un censo actualizado de la estructura social y
económica del municipio.
Según ha declarado Juan José Asensio, concejal del Grupo Popular y
proponente de la moción, "el Ayuntamiento de Águilas, tiene que tener
como principal objetivo el ofrecer a agentes económicos, investigadores,
emprendedores y ciudadanos en general, la información y el conocimiento
más preciso y amplio posible de la realidad social y económica de la
ciudad".
La moción que presenta el GMP es un documento esencial que ayudará al
tejido empresarial aguileño a crecer cuantitativa y cualitativamente,
con en el afán de ser un instrumento que contribuya a generar
estrategias útiles para los agentes públicos y privados, que permitan
potenciar los factores de desarrollo, presentes y futuros, y
convertirlos en fuente de ventaja competitiva de la economía local.
"Dicho documento", continúa el concejal popular, "es de extrema
necesidad, y así nos lo han trasladado los diferentes colectivos
profesionales a los que afectaría de forma positiva esta propuesta, la
creación de un censo de la estructura económica del municipio, que
englobe de forma exhaustiva y pormenorizada la realidad comercial,
turística e industrial de nuestra ciudad con un amplio y concreto
análisis de los múltiples aspectos que conforman la estructura
socioeconómica actual de la ciudad de Águilas, alertando de las
debilidades y amenazas, pero también haciendo hincapié en nuestras
fortalezas y oportunidades".
MADRID.- El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, recalcó este
viernes que todos los fiscales se rigen por el principio de
"independencia" y por el de "jerarquía" entre sus distintos órganos.
"Los fiscales en España actúan siempre de salvaguardas de la
ley y están sometidos a dos principios: al de independencia y al de
jerarquía", señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros, preguntado sobre la polémica que se ha generado a raíz de que
los fiscales del 'caso Púnica' quisieran imputar al presidente de
Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, exhortó a las dos
fiscales a acatar el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que, en
contra de su criterio, se muestra contraria a investigar al presidente
murciano en el marco de esta trama.
Méndez de Vigo aseguró que el Ejecutivo "no tiene nada que
opinar" sobre este asunto que "hay que leer en el marco del respeto a la
independencia de la Fiscalía" y "dentro del ejercicio de la jerarquía"
entre sus órganos.
Sobre la conversación que mantuvo Pedro Antonio Sánchez con
el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el congreso del PP de la
semana pasada, Méndez de Vigo dijo que "de un encuentro no se puede
deducir nada", negando así la posibilidad de que el Gobierno del PP haya
maniobrado para impedir que la Fiscalía General del Estado acuse al
líder del Ejecutivo de Murcia.
Por otro lado, respecto a si este asunto ha provocado
tensiones en el pacto de investidura con Ciudadanos a nivel nacional, el
ministro declaró que en la actualidad "las relaciones son fluidas y son
buenas" entre el PP y el partido naranja.
"Puedo asegurarle que hablo mucho con portavoces de
Ciudadanos y que nos entendemos, cada uno dentro de sus posiciones, de
una manera enormemente positiva", aseguró. Y añadiendo que "la vida
política no es un largo río tranquilo, sino que pasa por distintas
vicisitudes a lo largo de su historia", Méndez de Vigo subrayó que el PP
"da mucha importancia" al pacto alcanzado con Ciudadanos.
MADRID.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) calificó este
viernes como "desafortunadas" las declaraciones del ministro de
Justicia, Rafael Catalá, sobre las fiscales del caso Púnica que
pretendían actuar contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez,
y cuyo criterio fue desautorizado por la Fiscalía General.
Rafael Catalá manifestó ayer a la SER que lo "anómalo" en
este caso es que "una discrepancia interna se haya puesto en evidencia
hacia el exterior. Que se hayan negado a firmar supongo que generará una
actuación dentro de la Fiscalía. Pero, sobre todo, me extraña que se
ponga en conocimiento público".
"Quienes tienen un problema son las fiscales cuyo criterio
no ha sido soportado", señaló el ministro, antes de apuntar que él se
pone más "del lado de sus jefes".
En una rueda de prensa en la que han presentado las
conclusiones del Comité Permanente de Jueces para la Democracia, los
portavoces de esta asociación, Ignacio González y María del Mar Serna,
calificaron las declaraciones de Catalá como "desafortunadas".
Consideraron que "no respetan la autonomía del Ministerio
Fiscal", que debe mantener su "imparcialidad y desvincularse de
cualquier servidumbre hacia el poder Ejecutivo".
Defendieron la necesidad "inaplazable" de reformar el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para proteger a esta institución
de la "falta de cultura" por parte de los políticos de respetar la
"independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales".
"Las declaraciones del ministro de Justicia no ayudan a que
la ciudadanía vea que existe una división de poderes y que jueces y
juezas resolvemos en función de la ley y no por presiones de carácter
político", explicó María del Mar Serna.
Asimismo, expusieron su preocupación por la situación actual
del Consejo General del Poder Judicial, órgano que debe "recuperar las
competencias" que tenía antes de la reforma del exministro de Justicia
Alberto Gallardón y dotarlo de un sistema de funcionamiento "colegiado"
frente al "presidencialista" que tiene ahora.
Además, pidieron "transparencia" en los procesos de
selección de los altos cargos judiciales y que se respeten los criterios
objetivos de "mérito, capacidad e igualdad de género".
También la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif)
mostró públicamente su apoyo a las dos fiscales del 'caso Púnica'
«injustamente atacadas» y pidió al Consejo Fiscal que las ampare.
También la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) advirtió de que el
ministro «no debe tomar partido ni dar una opinión sobre una u otra
postura», pues dado el cargo que ocupa «puede dar la falsa percepción de
injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial. La carrera fiscal no
admite ni admitirá tal tipo de injerencias».
CARTAGENA.- Ecologistas en Acción ha denunciado los niveles de contaminación que provocan las emisiones de la actividad turística ligada a cruceros. Por ello, ha reclamado al Gobierno regional que "se establezca una regulación fuerte y obligatoria sobre el sector, para limitar sus impactos".
Así,
se ha dirigido a la Dirección General de Evaluación Ambiental de la
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente reclamando una ordenación del sector, un control exhaustivo y mediciones sobre las emisiones de los cruceros que llegan a Cartagena.
Con motivo de la celebración en Cartagena de la décima edición de los Premios Excellence de Cruceros, la organización se ha hecho eco de las advertencias de la organización alemana NABU
(Nature and Biodiversity Union), la mayor organización ambientalista de
Alemania, que lleva años denunciando los daños que provocan las
emisiones contaminantes de los cruceros sobre la salud humana y el medio
ambiente.
Esto es debido a que los cruceros usan un fuel
oil pesado, 100 veces más tóxico que el diésel que utilizan automóviles
y camiones, y que tiene hasta 3.500 veces más contenido de azufre, dice Ecologistas en Acción.
Un tipo de combustible que "está prohibido en tierra, donde es considerado un residuo peligroso que exige un tratamiento altamente costoso".
Durante el pasado año en Cartagena se recibieron 187.813 cruceristas (un crecimiento del 24%), a bordo de 121 buques (+12%).
Para la organización ambiental, "es necesario informar a los cruceristas del riesgo sobre su salud y la salud pública,
y es urgente que las autoridades estudien y expongan los niveles a los
que está expuesta la población que vive en los barrios cercanos a las
terminales de cruceros".
MURCIA.- El fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López
Bernal, asegura que mantendrá su decisión de llamar a declarar en
calidad de investigado al presidente de la comunidad autónoma, Pedro
Antonio Sánchez, por su relación con el caso Auditorio.
López Bernal dijo que sólo cambiaría de opinión si se
demostrara la "absoluta inocencia" de Pedro Antonio Sánchez,
circunstancia que, según dijo, no cree que se produzca.
El fiscal superior de la Región añadió que no le parece
probable que la posición que la Fiscalía ha mantenido hasta ahora pueda
verse afectada por un hipotético cambio al frente de esta institución.
Por otro lado, Manuel López Bernal no ve nada fuera de lo
normal en la decisión del fiscal general del Estado de intervenir para
modificar el criterio de las fiscales del caso Púnica, que tenían
intención de solicitar la investigación del presidente murciano.
MURCIA.- El ordenador personal del subinspector de Hacienda de Murcia
que sufrió un asalto en su casa en la tarde del martes no fue
manipulado, informó este viernes la Policía Nacional, que confirma así
las sospechas iniciales de que este funcionario fuera víctima de un robo
"común" sin relación con su desempeño profesional.
El robo fue comunicado a la sala del 091 alrededor de las
18,45 horas del martes por la propia víctima, que encontró a su llegada a
casa la puerta forzada y el interior del piso, situado en el casco
urbano de Murcia, totalmente desordenado y con claros signos de haber
sido asaltado.
Según las fuentes, los agentes de la policía científica que
se desplazaron a la vivienda comprobaron en una primera inspección
ocular que no se habían llevado nada de valor, y centraron su interés en
el ordenador del subinspector de la Agencia Tributaria por si hubiera
sido manipulado para borrar o duplicar información.
El ordenador fue peritado por la policía para averiguar el
uso último que se hizo de él y, como la víctima presentó este vierens
denuncia en Comisaría, se le pudo interrogar y conocer si son
coincidentes los horarios de uso registrados en el dispositivo con los
manifestados por su dueño.
De ese cotejo, la policía concluyó que el ordenador no fue
encendido por quienes violentaron su casa y, aunque no ha cerrado por
completo el caso porque apenas han transcurrido unas horas desde la
presentación de la denuncia, se considera que el asalto es un "robo
común" en el que, además, no se llevaron nada.
Este suceso cobró especial relevancia al conocerse que el
funcionario de Hacienda colabora con la Fiscalía en la investigación de
casos de corrupción y ha peritado algún proceso judicial, ya que el
fiscal anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, denunció en los
últimos seis meses sendos asaltos a su domicilio.
MURCIA.- El presidente del Comité Organizador del Congreso regional
del PPRM, Joaquín Buendía, dejó claro este viernes que no cuentan con el
supuesto de que el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, sea
llamado a declarar en calidad de investigado por la trama 'Púnica' o el
caso del auditorio de Puerto Lumbreras.
"Es un supuesto con el que no contamos y no hay planteada
ninguna acción en ese sentido", zanjó Buendía, tras ser preguntado sobre
cómo afrontaría el PPRM este hecho, de cara al Congreso Regional del
partido, que se celebra el 18 de marzo.
También dejó claro que en el supuesto de que finalmente sea
investigado "no hará falta que haya ningún órgano en el PP destinado a
eso", en respuesta a las declaraciones realizadas por el coordinador
general del PP, Fernando Martínez-Maillo, quien subrayó que la
imputación no se ha producido aún y que incluso en ese caso, no
afectaría al acuerdo de Gobierno de ámbito nacional entre el PP y
Ciudadanos, que habla de apartar a los imputados, de modo que "los
compañeros de Murcia serán los que tomen la decisión".
Buendía recordó las afirmaciones realizadas este jueves por
la tarde en sede parlamentaria por el propio jefe del Ejecutivo
murciano, que dijo "de forma clara que cumple sus acuerdos y cumple la
ley".
Por ello, señaló que el Comité organizador del cónclave
'popular' a lo que se va a dedicar es a "trabajar en la celebración de
este evento".
Lo que defiende el partido es "dejar que la justicia avance y
se clarifique lo que se tenga que hacer, pero nosotros nos dedicaremos a
organizar este congreso".
Y es que, insistió, el PPRM a lo que se enfrenta estas
próximas semanas es a "volver a plasmar los intereses de los murcianos y
no nos tenemos que despistar con otras cosas".
CARTAGENA.- El buque de investigación oceanográfica Hespérides, con base
en Cartagena, finalizó ayer la primera fase de su campaña en la
Antártida, que ha consistido en suministrar 68 toneladas de alimentos,
combustible y equipos científicos a las bases españolas en el continente
helado.
El buque partió de la ciudad portuaria el pasado 12 de
diciembre y durante esta campaña setenta investigadores desarrollarán 17
proyectos científicos. La mayoría están relacionados con la
investigación de las causas y los efectos del cambio climático.
En la primera fase, el Hespérides ha cruzado el océano
Atlántico y el mar de Hoces, este último en tres ocasiones; ha navegado
por los canales Fueguinos y la Antártida y ha hecho escalas en Salvador
de Bahía, Ushuaia y Punta Arenas.
Durante este tiempo ha dado apoyo logístico a las bases
‘Juan Carlos I’ y ‘Gabriel de Castilla’, así como a una base búlgara.
Además, el buque ha auxiliado al velero holandés ‘Geluk’, debido a las
malas condiciones meteorológicas.
El Hespérides ha prestado también ayuda a un proyecto
científico durante la navegación por las islas Shetland del Sur y la
península Antártica, relacionado con la evolución geodinámica y los
efectos de los cambios ambientales y la geo-conservación en el norte del
Polo Sur.
Hasta su regreso a Cartagena en el mes de mayo, el
Hespérides continuará a partir de ahora dando apoyo a los 17 proyectos
científicos, cinco de los cuales se desarrollarán a bordo. Trece de esos
planes están financiados por la Agencia Estatal de Investigación
dependiente del Ministerio de Economía con 7 millones de euros, mientras
que la Unión Europea financia otro proyecto llevado a cabo por
especialistas españoles.
Por otra parte, un grupo de estudiantes de Secundaria
podrá conocer el próximo martes, 21 de febrero, en directo a través de
videoconferencia el trabajo de los científicos a bordo del Buque de
Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides. Se celebrará con motivo de
la clausura y entrega de premios del proyecto Antártica 2016, una
iniciativa educativa que se apoya en ocho proyectos reales de
investigación desarrollados en el Círculo Polar.
El 21 de
febrero, entre las 10.00 y las 13.00 horas en el Arsenal de Cartagena,
se celebrará este acto y será alrededor de las 11.30 horas, cuando se
produzca la conexión telefónica en directo con el BIO Hespérides y una
videoconferencia en directo con la Base Gabriel de Castilla en la propia
Antártida, con la participación de diferentes científicos. Los alumnos
de los centros ganadores intercambiarán dudas con los científicos sobre
la evolución de los proyectos en la Antártida y su vida allí.
Esta
aventura educativa nació con el objetivo de promocionar la ciencia y
fomentar las vocaciones científicas entre estudiantes de 3º y 4º de la
ESO mediante tecnologías educativas innovadoras. El Proyecto Antártica
es una propuesta piloto de Fundación Telefónica, impulsada en
colaboración con la Fundación Séneca, la Consejería de Educación y
Universidades de la Región de Murcia, el Comité Polar Español, el
Ejército de Tierra y la Armada.
PAMPLONA.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, consideró que en
caso de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sea
imputado por corrupción, el Partido Popular "no va a poner en jaque la
gobernabilidad y la estabilidad de una región para proteger a un
imputado" de su partido.
Rivera, en respuesta a preguntas de los asistentes al Foro
Ser Navarra, en el que participó este viernes en Pamplona, explicó que
uno de los puntos del acuerdo de investidura en Murcia es que "los
imputados por corrupción política abandonen su cargo".
Además, recordó que el propio presidente murciano dijo en la
campaña electoral que "si era imputado por corrupción se marchaba y
dejaba el cargo", aunque quiso recordar que por el momento "no hay
imputación".
En cualquier caso, se mostró "convencido" de que si al final
Pedro Antonio Sánchez es imputado por el 'caso Púnica', el PP "no va a
poner en jaque la gobernabilidad y la estabilidad de una región para
proteger a un imputado de su partido".
En cuanto a las informaciones sobre que la Fiscalía General
del Estado pidió no acusar ni al presidente de Murcia, Pedro Antonio
Sánchez, ni al expresidente de La Rioja Pedro Sanz, Rivera afirmó que
"nos preocupa la politización en general que ha habido siempre en la
Justicia" y recordó que en el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos
se contempla "la reforma de la ley de la Fiscalía" para que el
Parlamento "pueda cesar al fiscal general del Estado".
Explicó, además, que Ciudadanos ha pedido que el fiscal
acuda a la Cámara "cuanto antes" para que informe sobre "las decisiones
que no ha tomado" y ha remarcado que, en este tema, "no hay que olvidar
que no es el fiscal el que imputa, sino que es el juez".
Para el presidente de C's, si se demostrara que ha habido "injerencias" sería una cuestión "muy grave".
MADRID.-El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha subrayado
hoy ante una hipotética imputación del presidente murciano, Pedro
Antonio Sánchez, que los estatutos de su partido sólo exigen dimitir si
se abre juicio oral, y ha precisado que la decisión la tendrían que
tomar sus compañeros en Murcia.
Fernández Maillo, en una
entrevista en Antena 3, ha defendido la presunción de inocencia de
Sánchez, se ha mostrado convencido de que no ha cometido delito alguno y
ha denunciado la campaña de "acoso y derribo" que contra él está
protagonizando la oposición.
A su juicio, Sánchez no ha firmado
ningún contrato con la trama Púnica y no puede haber cometido un delito
"quien no ha utilizado dinero público ni ha firmado contratos".
El dirigente del PP ha instado a esperar a ver si existe esa imputación o
no y, en caso afirmativo, si se archiva después, como ha recordado que
ha ocurrido en las anteriores quince denuncias de que ha sido objeto por
parte de la oposición.
No obstante, ha explicado que los
estatutos del PP establecen que la dimisión del cargo se exige en el
caso de que se abra juicio oral.
"Por tanto -ha añadido- serán nuestros compañeros del PP de Murcia los que tengan que tomar la decisión",
Lo que ha recalcado es que su hipotética imputación no afectaría al
pacto de investidura de Mariano Rajoy firmado con Ciudadanos.
Ante la polémica por la diferencia de criterio entre los fiscales
respecto a la imputación de Sánchez, Maillo ha subrayado que hay un
principio jerárquico en la fiscalía y, si hay diferencia de criterios,
al final es el Fiscal General del Estado, tras informes técnicos y
jurídicos, el que decide.
Ha negado que haya injerencias del
poder político en la actividad de los fiscales y ha señalado que lo que
no puede ser es que cuando se acusa a un dirigente del PP se haga
justicia y cuando no se le acusa, decir que existe esa injerencia.
MADRID.- La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acusación popular en el caso Púnica, considera que sí existen indicios de delito suficientes como para reclamar la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, confirma hoy 'El Mundo'.
Por ese motivo, la asociación -personada en diversas causas de corrupción-, pedirá al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que eleve la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que investigue al mandatario popular.
De esta forma, la acusación popular sigue el criterio de las dos fiscales del caso y se aleja del de la Fiscalía General del Estado, que impuso el criterio de no respaldar el criterio del juez instructor.
Por otra parte, la portavoz del Gobierno de Sánchez, Noelia Arroyo, se negó ayer a revelar cómo había sabido el afectado que cuatro fiscales del Supremo habían apoyado sus tesis, algo de lo que alardeó en una entrevista radiofónica.
A una pregunta directa sobre este asunto, respondió, según La Verdad de Murcia:
«Usted, como periodista, ¿cómo consigue las exclusivas? Generalmente
por filtraciones, y usted nunca desvela sus fuentes. Desde luego, el
Gobierno no va a hacer valoraciones sobre ningún tema de la Justicia».
Y
para cerrar el caso de la negativa a proceder contra un dirigente
político, añadió: «A la Justicia hay que dejarla trabajar sin presiones,
tampoco mediáticas».
Sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado en este asunto se pronunció ayer la Asociación Profesional Independiente de Fiscales
(Apif), «Los hechos [...] ponen de manifiesto serias deficiencias de la
actual configuración del Ministerio Fiscal para que pueda asumir la
función de llevar la instrucción de las causas penales en España».
«No
alcanzamos a comprender (ni debe admitirse)», añade el comunicado
remitido anoche, «que las órdenes, dentro de nuestra institución, sean
negativas, es decir, que se nos ordene no investigar o no perseguir un
posible delito. De admitirse las órdenes singulares o particulares éstas
han de ser siempre positivas y, a ser posible, por escrito».
Y
concluye afirmando que, a su juicio, «es necesario no sólo decir que el
Ministerio Público tiene autonomía o independencia, sino que lo
decisivo es que en realidad la tenga y el ciudadano lo perciba».
MADRID.- Más de dos años de investigación sobre la rama de Púnica que operaba en Murcia se despachan, en el caso del presidente de esa comunidad autónoma, en apenas un párrafo. La orden de la Fiscalía General del Estado de no acusar al popular Pedro Antonio Sánchez
se traduce en 12 líneas que comienzan muy al gusto de todos los
políticos implicados en la causa por mejorar su imagen con dinero
público: «Las investigaciones entrañan dificultades de deslinde de la
publicidad institucional de la reputacional», reproduce hoy El Mundo.
A continuación, se añade que en el caso de Sánchez «ni
siquiera existen los contratos de publicidad y no se ha producido
perjuicio alguno para las arcas públicas» por su presunto intento de
pagar con fondos de Educación -él era entonces el
consejero- trabajos en su propio beneficio. Y ese «eventual perjuicio
futuro» tampoco podría servir para formular una acusación por fraude -lo
que sí sostiene el juez- porque no consta «la aceptación de las mismas
por el citado aforado».
Finalmente, se alega que los hechos sucedieron
antes de la reforma legal de 2015 que sí castiga expresamente la
provocación, proposición y conspiración para cometer los delitos contra
la Administración Pública.
Las dos fiscales del caso rechazaron firmar la oposición a que el TSJ de Murcia impute a Sánchez. Sí firmaron el escrito que respalda actuar contra la senadora popular Pilar Barreiro.
Frente al escuálido escrito sobre Sánchez, los 58 folios del informe
sobre la senadora incluyen abundantes referencias a la actividad
supuestamente delictiva del presidente autonómico -mencionado en más de
20 ocasiones-, muy ligada a la de Barreiro.
«El apoyo político y reputacional que [los implicados en Púnica]
ofrecieron a Pedro Antonio Sánchez permitió que todos ellos elaboraran
concordadamente un nuevo plan criminal (concierto) para que el gasto
personal por los trabajos de reputación y posicionamiento en buscadores
realizado por la sociedad EICO a Pilar Barreiro y Pedro
Antonio Sánchez fuese sufragado con cargo a los fondos públicos del
presupuesto de Educación, mediante [...] un contrato de cobertura que
simularía como objeto la 'formación', concepto genérico y vinculado a
las competencias de la Consejería de Educación».
«Dicho contrato», añade el informe, «les permitiría desviar fondos públicos de dicha consejería a favor de las empresas de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, beneficiándose Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez».
En la línea del «sólido informe del Grupo de Delitos Contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil», las fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez
resaltan que las conversaciones telefónicas intervenidas han revelado
que De Pedro y Barreiro mantuvieron con los cabecillas de la trama
«contactos y reuniones convocadas en hoteles de Madrid,
fuera de los despachos oficiales de ambos cargos públicos, manteniendo
reservados los encuentros, para fraguar un contrato negociado del que
saldría perjudicada la Administración pública autonómica de Murcia».
Prosiguen
explicando que «la última fase de las maquinaciones» la marcó una
reunión el 24 de octubre de 2014 en la sede de la Consejería de
Educación, donde se estableció el 1 de noviembre «como fecha de inicio
de los trabajos» para los dos cargos populares.
Finalmente,
se expone que los documentos confeccionados como «hoja de pedido de
servicios» e «informe preventa» a Barreiro y Sánchez que se encontraron
en los registros «recogen el gasto ilícito que se hubiese generado
mensualmente a la Consejería de Educación» si la operación policial no
hubiera frustrado sus planes.
«El plan criminal se hubiera traducido en
un perjuicio a las arcas públicas de 2.100 euros mensuales por los
trabajos personales realizados a Pilar Barreiro y 4.600 euros mensuales
por los trabajos particulares realizados a Pedro Antonio Sánchez».
MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, mantuvieron una conversación reservada el pasado domingo, durante el Congreso Nacional del PP, tras la que Sánchez abandonó de manera precipitada la Caja Mágica.
Según la información que hoy publica el diario 'La Verdad' de
Murcia, que menciona como testigo directo de esa situación a uno de sus
redactores, el ministro y el presidente murciano conversaron a solas
durante unos minutos en la denominada Zona Expo, en público, para luego
apartarse discretamente hacia los pasillos interiores que rodean la
cancha principal del recinto, donde continuó su diálogo. El miércoles,
en conversación con El Mundo, Catalá rechazó sin embargo que hubiese
hablado con Sánchez de su situación en el 'caso Púnica'.
Una indiscreción del presidente de Murcia este martes, durante una entrevista en la Cope,
reveló que había tenido acceso a la información, secreta para los
posibles afectados por unas diligencias, de que "cuatro fiscales de Sala
del Tribunal Supremo" habían opinado en contra de su imputación en el 'caso Púnica',
imponiéndose al criterio de las fiscales encargadas de esa
investigación, que decidieron retirar su firma del escrito de 12 líneas
que finalmente se presentó en el juzgado.
La propia portavoz del
Gobierno autonómico,Noelia Arroyo, comunicó a los
periodistas que esa postura estaba respaldada por la Secretaría Técnica
de la Fiscalía General y admitió el miércoles que su Ejecutivo se había
beneficiado de "filtraciones". Catalá, ayer en la Ser,
reconoció que había sido así: "Ha pasado el tiempo y, me temo, las manos
suficientes como para que Sánchez haya oído hablar del asunto".
En el momento de la conversación entre Catalá y Pedro Antonio Sánchez, todavía no se había notificado el auto del juez Eloy Velasco
que atribuye tres delitos al presidente de Murcia. Se conoció a media
mañana del lunes y, apenas una hora después, Sánchez comparecía ante la
prensa con la seguridad de que no iba a ser imputado.
Por la tarde, ese
mismo día, una nota de la Fiscalía hacía pública su posición oficial
contraria al encausamiento del presidente regional, sin aportar ningún
detalle acerca de las discrepancias producidas en el seno del Ministerio
Público y sin esperar siquiera a que su escrito fuese notificado a las
partes.
A la mañana siguiente, la indiscreción de Sánchez puso a El Mundo sobre la pista de que la Fiscalía General había impuesto su
criterio al de las fiscales del caso Púnica.
VALENCIA.- La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el Círculo de
Economía, Fomento del Trabajo, empresarios como Juan Roig
(Mercadona), Vicente Boluda (naviero), y otras 300 empresas se han
unido más que nunca para meter presión al Gobierno y al ministro de
Fomento para que agilice el proyecto que, según todas las partes
implicadas, lleva atascado desde la anterior legislatura de
Rajoy.
La plataforma y el lobby de presión exigen tres puntos
clave para el desarrollo del Eje que une Almería hasta la frontera
francesa. Reclaman la conexión de alta velocidad, ancho de vía
internacional entre Almería y la frontera francesa para 2025 y un
calendario firme para la doble plataforma de pasajeros y
mercancías por todo el Levante español.
De la Serna se ha visto
obligado a reaccionar también en este marrón y ha anunciado que el
proyecto supone “una prioridad política”. No obstante, ha
reconocido que se están produciendo incidencias técnicas. Como
en otros asuntos pendientes, el problema que el Ejecutivo y el
Ministerio de Fomento tienen no es otro que la falta de presupuesto
para ejecutar las obras.
Hasta el momento, se llevan invertidos unos 13.400 millones de euros
y el presupuesto final asciende a unos 17.000 millones de euros.
Es decir, se necesitan invertir unos 3.500 millones más, una cifra
que, con el problema del déficit que el Estado arrastra, Montoro se
niega a soltar por ahora.
Pese a todo, los empresarios instan
al nuevo Ejecutivo a que ponga fecha a la alta velocidad entre
Barcelona y Alicante y comprometerse también a que en exista ancho
internacional ferroviario desde Almería hasta Francia. Boluda ha
pedido al ministro De la Serna que tenga “una visión
cortoplacista” e invierta en la finalización de las obras, “una
infraestructura que sufre importantes retrasos”, ha subrayado.
El
eje ferroviario que prevé enlazar Algeciras, Almería, Murcia,
Alicante y toda Cataluña con Hungría, conectará con toda Europa a
través de 3.500 kilómetros de ancho internacional. Será lo que se
denomina el gran proyecto ferroviario del Siglo XXI y abrirá las
puertas a todo el eje Mediterráneo hacia el norte de Europa.
MADRID.- Los camioneros están contra Fomento por la propuesta de
su titular Íñigo de la Serna de querer que circulen por las
autopistas. Por ahora, la Confederación Española de Transporte de
Mercancías (CETM) ha señalado que el plan de desvío de camiones que
quiere impulsar el Ministerio debe ser voluntario para el
transportista y que, si es obligatorio, que sea “gratuito”.
El
proyecto del ministro es que los camiones de transporte de
mercancías desvíen su trayecto por las autopistas a cambio de una
bonificación en el peaje. El plan se aplicó ya de forma
experimental durante unos meses en 2015 en media docena de tramos
de autopistas, y de forma voluntaria, a cambio de un descuento
del 50% en el peaje.
La idea ha sido lanzada por las presiones
también de las varias comunidades autónomas para intentar
desviar a los camiones de las carreteras nacionales pero la
solución es complicada por la falta de presupuesto para
subvencionar parte del peaje.
MADRID.- El poder político popular cierra filas. Lejos de apuntarse al principio del respeto a las actuaciones de la Justicia en el caso que afecta al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, desde el Gobierno y desde el PP se ha optado por arremeter contra el criterio de las fiscales del caso Púnica,
que apostaban por la necesidad de investigar e imputar al dirigente
murciano por su intento de utilizar dinero público para mejorar su
imagen como candidato del Partido Popular para presidir su comunidad, publica hoy El Mundo.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, abrió fuego frente a las representantes fiscales, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez,
cuyo criterio a favor de investigar al presidente murciano quedó
cercenado por orden del fiscal general del Estado a través de su Secretaría Técnica.
Catalá, ayer, arremetió contra ambas desacreditándolas, al
reprocharles en una entrevista la «anomalía» que cometen al negarse a
suscribir y firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción
en el que se apuesta por no imputar al presidente murciano. «Lo anómalo
es que no acaten el criterio de sus superiores», precisó. A ello añadió
la crítica de permitir que la discrepancia sea de «conocimiento
público».
Catalá argumentó que es habitual que, en una
institución regida por el principio de jerarquía como lo es la Fiscalía,
los superiores se pronuncien cuando los asuntos son de especial
relevancia bien para ratificarlos, bien para modificarlos. En el caso
que afecta al presidente popular de la Región de la Murcia, fue para
enmendarlo en toda regla.
En su opinión, las fiscales
discrepantes son las que tienen un «problema», puesto que sus superiores
no han respaldado su criterio. Catalá no dudó en situarse del lado de
la jefatura, pese a reconocer no estar al tanto de los detalles del
caso: «Yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en
los jefes, pero yo me pongo más del lado de los jefes», afirmó.
Este choque de pareceres que, en opinión del ministro de
Justicia, está definitivamente saldado con el pronunciamiento del fiscal
general a favor del dirigente del PP, no denota en ningún caso intento
alguno de «manipulación». «Así funciona siempre la Fiscalía», remachó
antes de señalar su propio criterio sobre el asunto. Para el ministro,
se trata de un intento de acusar a Pedro Antonio Sánchez sin fundamento,
puesto que el hoy presidente murciano nunca llegó a firmar contrato
alguno con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la trama
Púnica, para reforzar su imagen como candidato y pagar el servicio con
fondos públicos.
Desde las filas del PP se respaldó la misma posición. El portavoz parlamentario, Rafael Hernando,
tachó de «desproporcionadas» y «sectarias» las sospechas que suscita en
la oposición la actuación de la Fiscalía General, dirigida por José Manuel Maza.
En su opinión, responden exclusivamente a «intereses políticos»,
lógicamente en contra del PP, y son claramente «tendenciosas». Hernando
sorprendió al advertir de la posibilidad de que haya fiscales que
decidan «inventarse delitos que no existen en el Código Penal».
Entre
las fuerzas de la oposición, sin embargo, la actuación del fiscal
general en el caso de Pedro Antonio Sánchez ha suscitado muchas dudas
que, ayer, llegaron incluso a convertirse en alarma cuando se supo que algo parecido había sucedido en relación con el ex presidente de La Rioja, también del PP, y en la actualidad vicepresidente del Senado,
Pedro Sanz. Éste iba a ser imputado por prevaricación urbanística, pero
su imputación fue frenada desde la más alta instancia del Ministerio
Público y en contra del criterio original del fiscal del caso.
El PSOE,
el primero en reaccionar el pasado miércoles tras la publicación en El Mundo del caso murciano pidiendo la comparecencia en sede parlamentaria
del fiscal general, dio ayer un paso más registrando un escrito dirigido
a la Mesa del Congreso solicitando que la citada
presencia se realice con trámite de «urgencia». Para los socialistas, se
trata de un «escándalo» que genera «alarma social» y pone de manifiesto
la manipulación del Ministerio Público por parte del Gobierno para
proteger a altos cargos.
No es sólo el Grupo Socialista el que así opina. A lo largo de la mañana de ayer, Ciudadanos -partido que apoya al Gobierno regional tanto en Murcia como en La Rioja-, Unidos Podemos y Compromís solicitaron también la comparecencia de José Manuel Maza en el Congreso y en el Senadopara
que aclare los criterios que emplea para perseguir la presunta
corrupción cuando ésta afecta a dirigentes del PP. Desde las filas de
Unidos Podemos se elevaba el tono al afirmar que todo apunta a que hay
«una mafia instalada en el Gobierno».
La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez,
tiene previsto, incluso, dirigir una pregunta sobre esta cuestión al
ministro Catalá en la sesión de control al Gobierno del próximo
miércoles, incidiendo en los reproches que ha lanzado contra las
fiscales del caso Púnica en Murcia.
Mientras,
las palabras de Rafael Catalá no tardaron en provocar el enfado de las
asociaciones de fiscales, que le exigieron respeto ante el Poder
Judicial e incluso pidieron su dimisión. Así, la Asociación de Fiscales
le advirtió de que no están dispuestos a tolerar que use el cargo que
ocupa para tomar partido ni dar su opinión sobre este tipo de
cuestiones, ya que puede dar «la falsa percepción de injerencia del
Poder Ejecutivo en el Judicial».
Es más, no pasaron por
alto recordarle que «la discrepancia en los dictámenes opera con
normalidad» dentro de la carrera por los cauces estatutariamente
establecidos, «sin que ello suponga crítica ni cuestionamiento del buen
hacer de los autores de los mismos».
Fue la Unión Progresista de Fiscales la que pidió la dimisión del ministro por «cuestionar» el trabajo de Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, en el marco del cual el juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco atribuye presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente de Murcia.
Esta
asociación reprochó a Catalá haber actuado con «absoluto
desconocimiento de la ley» en lo que consideran una «intromisión
intolerable» del trabajo del Ministerio Público por parte del Gobierno.
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales
(Apif) respondió al ministro afirmando que «lo anómalo debería ser que
cualquier fiscal de este país, como jurista de acreditada solvencia
profesional, no discutiera aquellas órdenes que entendiera por cualquier
motivo improcedentes». La asociación pidió también que, «con urgencia»,
el Consejo Fiscal -órgano que representa a la carrera- se reúna y
«ampare a las compañeras injustamente atacadas en los medios de
comunicación».
Es una fatalidad que sea precisamente hoy, en pleno cuestionamiento
de la función de la Fiscalía General del Estado, cuando se dé a conocer
la sentencia sobre el caso de la infanta Cristina y de su socio Iñaki
Urdangarin. Es probable que el presidente murciano, Pedro Antonio
Sánchez, hubiera deseado que el previsible enjuague al que asistiremos
esta mañana se hubiera producido en otro momento, más que nada para
evitar inevitables paralelismos, tal y como en las últimas fechas han
evolucionado las cosas.
El fiscal del caso infanta acabó
convertido en un improvisado abogado defensor del icono monárquico con
cuya imagen el marido plebeyo se embolsaba los millones de euros que les
permitieron a ambos destrozar un palacete señorial de Barcelona para
convertirlo en un pretencioso chalé hortera de clase media venida
mágicamente a más.
Horrach, junto al ´constitucionalista´ Roca Junyent,
amigo de papá, han jugado una papel deliciosamente expresivo para
convertir a la infanta lista en la infanta tonta, con tanto éxito como
hoy comprobaremos, gracias sobre todo a la colaboración de la
interfecta, dispuesta a pasar por lela antes que por choriza y esquivar
así el determinismo histórico borbónico, del que se libra, de momento,
su hermano, el rey, a pesar de las amistades peligrosas de los
compiyoguis de su engañosamente gélida esposa.
En un caso tan
evidente de apropiación por la cara de los recursos públicos para
disfrute privado del núcleo parasitario del entorno monárquico, la
Fiscalía, que debiera defender el interés de los ciudadanos impositores,
ha jugado a ojos vista y de manera esforzada, sin complejos, y con la
suficiente dosis de cinismo para anular todo rubor, a favor del Símbolo,
poniendo en evidencia que hay una Justicia especial, aparte de la
ordinaria, para las chicas listas que se hacen las tontas, género muy
nutrido en el poder y sus cercanías, por cierto: véanse las esposas de
Bárcenas o de Correa, por no aludir a la cosecha murciana, en la que
algunas es seguro que pretenden desconocer de donde sacan para tanto
como destacan, ya no sólo las esposas, sino en algún caso también las
hijas. La política es un territorio en que el machismo, aceptado y
exhibido, resulta económicamente productivo siempre gracias al bolsillo
de los administrados.
El tocomocho de la sentencia de la infanta
que hoy se conocerá es una elaboración de la Fiscalía, anunciado
incluso en declaraciones públicas por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy. Para consumarlo tal vez se ha entendido que los
ciudadanos, aparte de las chanzas, memes y carnavaladas (estamos en
fecha) que vendrán, aceptarán el simulacro de Justicia por ´el bien del
Estado´, en la previsión juancarlista de que «nunca volverá a ocurrir», y
pelillos a la mar, empezamos de nuevo, fue un desliz, cosas del exceso
de confianza, consecuencia de una época, un fenómeno de crecimiento que
se nos fue de las manos, y tal y tal y tal, como diría el difunto.
Aceptemos que la sentencia sobre la infanta es ya un estropicio
amortizado.
El problema, a los efectos de la actualidad murciana,
que ya es actualidad nacional gracias precisamente a la Fiscalía del
Estado, es que este estamento no tiene fin, es insaciable, y no le basta
con la excepcionalidad consentida del caso infanta sino que mantiene su
vocación por la ingeniería jurídica en toda investigación de interés
para el Gobierno, dado que es ante el que responde por la procedencia de
los nombramientos.
En esto no hay disimulo, como ayer mismo se constató
en las declaraciones del propio ministro de Justicia, Rafael Catalá,
quien sobre la pieza que afecta a PAS en el caso Púnica, se preguntaba
retóricamente dónde está la verdad, si en el informe de las fiscales que
investigaron el asunto o en el criterio de sus jefes jerárquicos, para
concluir, claro, que en los jefes, que son curiosamente los que dependen
de él. En un país normal, si el caso PAS había pasado a ser el caso
Fiscalía, como apunté ayer, después de estas declaraciones, el caso
Fiscalía debiera pasar a ser el caso Catalá. Antes muertos que
sencillos; antes los falsos formulismos que liberar a la Justicia del
yugo político.
La inocencia de PAS en el caso Púnica brillaría
más con los argumentos que mantiene en su defensa que con el socorro
forzado del aparato fiscal del Estado, es decir, del Gobierno de sus
partido. Nadie en este país debiera querer ser una Infanta 2.
