Bismarck señaló con puntería que las leyes son como las salchichas: es mejor no saber de qué están hechas.
Mi experiencia como asesor parlamentario lo confirma. Se dirá que la
actual complejidad y vertiginosidad de los acontecimientos no permite
mayor virtuosismo, pero el margen factible de mejora es enorme.
Para empezar, bastaría con reducir el elevadísimo número de disposiciones legislativas.
Estudios recientes indican que España ha aprobado cerca de medio millón
de normas desde que comenzó la democracia y que la tendencia es
creciente. Recomiendo los trabajos de Juan S. Mora Sanguinetti,
cuyas conclusiones hablan por sí mismas: «El aumento del 1 % en el
volumen de regulación provocaría un descenso del 0,05 % del número de
empresas».
Consecuencia de lo anterior es nuestro pecado capital en la elaboración normativa: su deficiente calidad. Se dice que existen 100.000 leyes en vigor en nuestro país. Según un informe de la CEOE,
en 2023 se aprobaron 3 cada día. Si Montesquieu nos advirtió de que las
leyes inútiles debilitan las necesarias, a la vista de los datos cabe
preguntarse qué proporción de unas y otras hay en España.
La polarización y el populismo también han perjudicado la calidad
normativa. El predominio de las emociones y las prisas en la política,
en detrimento de las formas y los procedimientos, son algunos de los
estragos del primero. Respecto de la polarización, al moverse los
partidos hacia los extremos, la búsqueda de amplios consensos ha caído en desgracia, de forma que el interés general queda diluido en la confrontación.
Ahora hemos sabido que el Gobierno desea prescindir aún más del consenso
neutralizando, además de a la oposición, a la industria. En diciembre,
registró en el Congreso un Proyecto de Ley Orgánica de representación
paritaria de mujeres y hombres. La semana pasada se publicó en el Boletín de las Cortes
que PSOE y Sumar han presentado una enmienda conjunta para eludir el
trámite de consulta pública durante la elaboración de leyes por parte de
los ministerios.
Al restringir la voz de la industria en la elaboración
de normas, se agiliza su proceso de aprobación, pero a costa de
perjudicar la calidad de las mismas y, por tanto, el interés general.
La reforma es sencilla: hasta hoy se exige que los anteproyectos se
sometan a consulta pública para dar a las empresas y ciudadanos
afectados una oportunidad de expresar su opinión. Pero se permite que el
gobierno se salte excepcionalmente este fastidioso trámite cuando se
trate de disposiciones presupuestarias u organizativas sin importancia.
Lo que se propone ahora es que esa excepción sirva para cualquier
proyecto de ley.
La clave, por tanto, consiste en hacer de la excepción norma general, que es como hacer de la necesidad virtud.
Tres elementos son importantes aquí: el propósito de la norma, su
forma de presentación y su momento de presentación. En primer lugar, nos
dirán que es una previsión necesaria para casos excepcionales y que, de
todos modos, para que una ley no sea consultada a la industria se habrá
de demostrar el cumplimiento de ciertos requisitos.
Pero nuestra
experiencia nos dice que esta propuesta no aspira a sanear los resortes de la democracia, sino a lo contrario.
Se recurrirá a la excepción tantas veces como haga falta, igual que se
recurre constante e injustificadamente al Real Decreto-ley para sustraer
al Legislativo la potestad de legislar.
Segundo, respecto de la forma, una Ley de Paridad no es la norma
adecuada para reformar el procedimiento legislativo. Además, que esta
enmienda sea presentada por los partidos del gobierno en el Congreso también invita a la sospecha.
Más que una concesión generosa del Parlamento al Gobierno, parece que
es el mismo Gobierno el que se está sirviendo de sus compañeros de
partido para enmascarar un acrecentamiento de su propio poder.
Tercero: como son los grupos parlamentarios los que han presentado la enmienda, paradójicamente se ha sustraído a los ciudadanos y las empresas la posibilidad de oponerse a esta propuesta legislativa en el trámite de consulta, que está previsto en un paso anterior.
En sociedades como la nuestra, en las que es preciso regular
fenómenos crecientemente complejos y globales, ya no es posible gobernar
en solitario. España llegó tarde a la democracia y su sistema de
colaboración público-privada todavía adolece de una considerable
inmadurez.
La participación, bajo los principios de transparencia, de
las empresas y los ciudadanos en la elaboración de políticas públicas es un signo inconfundible de calidad democrática al que no se debe renunciar.
Hablaba antes de un margen factible de mejora para evitar caer en
quimeras. No aspiro a que, de la noche a la mañana, los partidos dejen a
un lado sus rencores y diferencias para legislar con la mirada puesta
en el interés común. Pero en este caso ni siquiera hace falta:
como ven, basta con aprobar menos leyes y consultar a quienes saben
para lograr progresos notables —o evitar fracasos adicionales.
Legislamos cada vez más, con menos consenso y peor. Lo que
necesitamos es precisamente lo contrario: menos cantidad y más calidad.
Menos salchichas —que me disculpen los alemanes— todos los días y más
solomillo de vez en cuando.
En cambio, con esta propuesta se persiste en
la tendencia de los últimos años, una práctica que nos arrastra poco a
poco hacia la condena enunciada por Tácito en sus Anales: «Cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes».
(*) Jurista
https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-05-17/leyes-como-salchichas-supresion-consulta/
