murciaconfidencial@gmail.com /
"La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
BRUSELAS.- Los estudiantes podrán acabar sus programas de intercambio, los
actuales proyectos de la UE aún podrán ser financiados y los
trabajadores del bloque en Reino Unido podrían seguir acumulando
prestaciones para la jubilación en sus países de origen, según las
medidas de emergencia propuestas el miércoles por el brazo ejecutivo de
la UE para paliar el caos de un Brexit sin acuerdo.
Ante la
petición del Parlamento británico de realizar cambios al acuerdo de
divorcio que según la UE no puede ser renegociado, la Comisión Europea
observa que el riesgo de un Brexit sin acuerdo crece por momentos y que
ha llevado a reforzar los planes de contingencia.
En un
comunicado, la Comisión propone que los estudiantes que ya estén
realizando programas de intercambio Erasmus en universidades puedan
continuar estudiando y recibiendo becas. La Comisión dijo que habrá
14.000 estudiantes de la UE en Reino Unido y 7.000 británicos estudiando
en otros lugares del bloque el día del Brexit.
“La
gente joven de la UE y Reino Unido que estén participando en el
programa Erasmus+ el día 30 de marzo de 2019 podrán completar su
estancia sin interrupción”, dijo la Comisión.
Otras medidas
buscan garantizar que los estados de la UE continúen incluyendo periodos
de trabajo, seguros y residencia en Reino Unido para los cálculos a la
hora de obtener prestaciones sociales como las pensiones de sus propios
ciudadanos.
Y si Reino Unido cumple sus obligaciones en función
del presupuesto de la UE de 2019 después del Brexit, los británicos
beneficiaros de programas de la UE podrán continuar recibiendo fondos de
la UE, como estaba previsto.
El
Parlamento británico rechazó el mes pasado el acuerdo de divorcio que
selló a finales del año pasado la primera ministra, Theresa May, con la
UE.
Los diputados británicos pidieron el martes a May que
solicitara eliminar una cláusula del acuerdo que implica la entrada en
vigor de normas de la UE en Irlanda del Norte si no se encuentra otra
solución para evitar la existencia de una frontera física entre la UE y
la provincia británica.
La UE sostiene que el acuerdo no se puede
renegociar.
Si no se llega a ningún acuerdo ni se toman medidas
para retrasar o cancelar el Brexit, Reino Unido saldrá automáticamente
de la UE el próximo 29 de marzo.
SAN JAVIER.- El secretario general del PSRM-PSOE y candidato a la Presidencia de
la Comunidad, Diego Conesa, se ha reunido esta tarde, en Santiago de la
Ribera, con representantes de los hosteleros del Mar Menor, junto al
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán, y el
diputado regional Antonio Guillamón, para escuchar las inquietudes del
sector tras el cierre del aeropuerto de San Javier.
El candidato a la Presidencia de la Comunidad les ha mostrado su
apoyo y compromiso de trabajar en la elaboración de una Estrategia para
los municipios afectados: Los Alcázares, San Javier y San Pedro del
Pinatar, que frene el impacto en el desarrollo económico que tendrá el
cierre del aeródromo.
En concreto, lo que el secretario general de los socialistas
murcianos propone es la elaboración y puesta en marcha de un ambicioso
Plan estratégico para el Mar Menor, que contribuya a la reactivación
económica de todo su entorno.
"Este es el comienzo de una andadura que debería haber estado hecha
por parte del Gobierno regional previamente a la decisión del cierre".
En este sentido, le ha reprochado "la ausencia de una adecuada
planificación para la zona del Mar Menor, que sirva para paliar las
consecuencias económicas que ha supuesto para los municipios ribereños
el nuevo escenario".
Diego Conesa señaló que "este es un problema que afecta a un amplio
sector, como son los comerciantes de dentro y de las inmediaciones del
aeropuerto, hosteleros, taxistas de la zona, etc.; algo que el Gobierno
regional debería haber tenido en cuenta antes de clausurar esta
infraestructura".
Recordó que a día de hoy, la única medida que hay sobre la mesa es la
que ha planteado el Ministerio de Turismo, a través de la ministra,
Reyes Maroto, quien anunció que destinará 2 millones de euros para la
promoción del sector turístico del Mar Menor".
Conesa destacó, asimismo, "la importancia de mejorar la imagen de la
Región de Murcia y eso es inherente a la mejora del Mar Menor en su
conjunto, para lo que son necesarios recursos y planificación, que es lo
que ha faltado con los gobiernos del PP hasta la fecha".
MURCIA.- Ahora Murcia denuncia que el Gobierno municipal del PP "saca a
hurtadillas y de forma antidemocrática" la Ordenanza de las Tarifas del
Agua y el Saneamiento del Municipio, cuyo borrador ha sido presentado
por sorpresa en la Junta de Portavoces de hoy.
El concejal Miguel Angel
Alzamora señala que "la moción de Ahora Murcia del pasado mes de junio,
aprobada por unanimidad, establecía que la ordenanza debía realizarse
'de forma participativa y previendo la inclusión de diversos actores
institucionales y organizaciones profesionales y ciudadanas que trabajan
en torno a la gestión del agua".
"Frente a esto",
apunta Alzamora, "el único aliado del PP para hacer el borrador de la
ordenanza ha sido la empresa Agbar/Hidrogea, que no se caracteriza por
defender los intereses de la ciudadanía murciana, sino más bien al
contrario, ya que cada año tiene unas ganancias millonarias a costar de
cobrarnos el agua más cara de España".
El concejal
considera "un escándalo y una tomadura de pelo a los grupos de la
oposición y a la sociedad civil organizada que el PP, en lugar de
mantener reuniones con ellos para la elaboración del borrador, se limite
a subirlo a una web durante una semana poniendo un mail al que remitir
las sugerencias, que evidentemente no va a tener en cuenta".
Ahora
Murcia llevó al Pleno de junio de 2018 una moción para que el
Ayuntamiento elaborara una Ordenanza de Tarifas del Agua y Saneamiento
para el Municipio, de forma que el Ayuntamiento aplique las tarifas "con
unas garantías legales, y con las garantías medioambientales y sociales
necesarias, así como con unos precios justos y adecuados a la
ciudadanía del municipio de Murcia".
"La ordenanza
debe respetar que estas tarifas sean ingresos públicos bajo el control
del Ayuntamiento", afirma Alzamora, que recuerda que el agua "es un
servicio que se ofrece en forma de monopolio, de forma coactiva, pero
que está considerado un bien público y un derecho humano por la ONU
desde 2010".
El edil de Ahora Murcia indica que
"llegados a este punto, en que el Gobierno municipal ha incumplido su
compromiso de realizar un borrador de la Ordenanza de forma
participativa y consensuada, lo mínimo que cabe exigirle a Ballesta es
que amplíe el plazo -que es de solo de una semana- para recibir
sugerencias; que se reúna con las organizaciones y agentes relacionados
con el agua; y que dé la debida publicidad a este proceso, para que los
actores interesados tengan conocimiento de que se está llevando a cabo.
La elaboración de esta Ordenanza es de gran importancia para el
municipio, y el Gobierno municipal tiene la obligación de realizarla de
forma democrática".
CARTAGENA.- Tras la información publicada hoy por el diario La Verdad en la que
se da cuenta de los resultados de un estudio médico sobre la contaminación
por metales pesados en el que se han detectado niveles de plomo
superiores a los valores de referencia en siete casos, el portavoz de
Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, urge a la Comunidad Autónoma a actuar de
manera determinante tanto en la ampliación del estudio epidemiológico
que Salud ha emprendido para despejar dudas y temores entre los vecinos
de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y de Mazarrón como en la
ejecución de la partida introducida por Ciudadanos en los presupuestos
regionales de 2019 de cuatro millones de euros para actuar en las balsas
y terrenos contaminados de la zona.
En cuanto al estudio epidemiológico, Manuel Padín recuerda que el
estudio se inició el 3 de mayo de 2018 y la Consejería de Salud aseguró
entonces que las conclusiones provisionales llegarían a finales de ese
año, "no acatarse a los tiempos y la falta de información genera una
alarma social evitable", sostiene el portavoz naranja que considera que
"la indiferencia demostrada por el PP regional ante un problema de salud
pública es inadmisible y censurable".
Por ello, el portavoz ha
trasladado a sus diputados regionales la necesidad de que la Consejería
haga públicos los resultados y atienda todas las dudas de los vecinos,
"no vale una carta y limpiarse las manos, deben acudir al terreno y
reunirse con los vecinos y las plataformas las veces que haga falta; una
verdadera campaña pública informativa".
Además, desde C's entienden que
el análisis debe ser más profundo y extensivo incluyendo la evaluación
comparada de los historiales clínicos de los habitantes de la zona para
medir la prevalencia de diversas enfermedades, tal y como reclaman los
vecinos.
En cuanto al Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por
la Minería (Prasam), Ciudadanos incluyó una primera partida de cuatro
millones de euros para 2019, "pero si quien debe seleccionar las
primeras actuaciones y encargarse de la ejecución sigue de brazos
cruzados como está haciendo el PP, no hemos hecho nada", señala Manuel
Padín que también ha remitido a su Grupo Parlamentario la importancia de
saber "exactamente si se han inventariado ya los 80 depósitos y se ha
diseñado la hoja de ruta plurianual con las prioridades de intervención
para el sellado y descontaminación de la zona.
En este sentido, el
portavoz de C's exige a la Comunidad que justifique que la primera
intervención se realice en el conjunto El Lirio, "esto sólo se comerá
3,5 millones de euros, ¿es realmente la actuación más urgente, la que
comporta más riesgo extremo y no otras como en La Paz o la anterior
localización de la Balsa Jenny?", se pregunta Manuel Padín que duda
incluso de la previsión más halagüeña del Prasam "además de que diez
años es algo excesivo para la urgencia de lo que estamos tratando, no me
salen las cuentas con los 85 millones de euros de previstos".
"Creo
que, y así se lo he transmitido hoy a nuestros diputados regionales, que
la comparecencia del consejero, Javier Celdrán, en la Asamblea está más
que justificada para que dé explicaciones de todas estas dudas".
Ciudadanos considera que las balsas cercanas a los centros educativos
deberían entrar dentro de las actuaciones urgentes a realizar conforme a
los informes que constan en la Dirección General de Medio ambiente,
"sin duda, la prioridad en las actuaciones será también uno de los temas
a tratar en la Ponencia de la Comisión sobre la problemática
socioambiental de la Sierra Minera".
C's también ha cargado contra la inacción del PSOE a nivel estatal y
municipal, "los Presupuestos Generales del Estado no han incluido un
sólo euro para la descontaminación de los terrenos de Cartagena; eso nos
da una idea aproximada del poco valor que los dirigentes nacionales del
PSOE han dado a nuestras necesidades".
La descontaminación de Cartagena tiene que implicar a las
administraciones local, autonómica, estatal y europea, "por lo que
debemos recurrir a una Inversión Territorial Integrada (ITI) similar a
la del Mar Menor", defiende Padín.
Desde que cesó la actividad en las minas en 1992, ni PP ni PSOE han
movido un dedo para proteger a la población y detener las escorrentías
hacia el Mar Menor, "la inacción y la dejación de funciones del
bipartidismo, sobre todo los gobiernos del PP, ha sido demencial desde
entonces, por eso no creemos que la solución pase por estos partidos que
son responsables del desastre; tarde o temprano pagarán por lo que
hicieron y sobre todo por lo que no hicieron", afirma el portavoz de
Ciudadanos.
CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño ha señalado que los
resultados que se están conociendo del Estudio Epidemiológico de la
Sierra Minera que Podemos propuso en la Asamblea Regional "revelan una
situación de emergencia en cuanto a la salud pública de poblaciones
expuestas a metales pesados" por lo que ha pedido que el plan de
actuación sobre suelos contaminados (Prasam) adopte como prioridad
descontaminar los suelos y antiguos pantanos mineros de alrededor de las
poblaciones del Llano del Beal y El Estrecho" .
Así el diputado regional de Podemos, ha mostrado su preocupación por
las prioridades establecidas por el gobierno del PP en el Prasam (Plan
de Intervención sobre suelos mineros), cncretamente por la actuación
sobre el conocido pantano del Lirio: "una zona que está alejada de las
poblaciones de la sierra minera y cuyos procesos de descontaminación
urgen menos que en lugares habitados por población infantil".
Por este motivo, Pedreño ha explicado que "el gobierno regional ha
decidido como prioridad actuar sobre el Lirio, un deposito minero que no
presenta ninguna urgencia en comparación con el resto ubicadas en la
zona que se encuentran a escasos metros de viviendas con el propósito de
reactivar del Plan Parcial La Princesa de Atamaría, por la promotora
Inmogolf S.L" lo que en palabras del diputado regional, "nos conduce a
corroborar que el gobierno regional está gobernando en función de los
intereses de La Manga Club".
CARTAGENA.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano
denuncia que el Gobierno regional sigue negando y sin asumir la
preocupante realidad que sitúa a la región de Murcia como la cuarta
comunidad con mayor tasa de pobreza.
"Los datos son tozudos y desde el Gobierno regional minimizan y
niegan la veracidad de una realidad que no quieren ver y que afecta a
demasiada gente en esta Comunidad".
Según refleja la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, los
informes de EAPN y todos los que ofrecen datos y estudios sobre la
pobreza, "nadie tiene dudas sobre la magnitud de este problema excepto
el Gobierno regional del PP".
La diputada socialista recordó que ha costado diez años de debates en
la Asamblea Regional conseguir la aprobación del reglamento que
permitiera regular y asegurar mayor protección y prestación económica a
través de la renta básica".
Cano recordó que la renta básica garantiza derechos y recursos de
subsistencia a sectores muy vulnerables de la sociedad, por lo que "es
necesario que los poderes públicos regionales aborden, con carácter de
urgencia, una respuesta inmediata que invierta y corrija estas
preocupantes cifras".
La diputada socialista mostró su preocupación ante el hecho de que
tres de cada diez murcianos viva con serias dificultades económicas y
que en muchos casos sobrevivan gracias a esta prestación de renta
básica.
Por otro lado, añadió que "el perfil de los perceptores de estas
ayudas no es precisamente el de personas inmigrantes, como algunas voces
interesadas pretenden hacer creer, sino el de mujeres españolas
desempleadas de ente 35 y 44 años, de las que tres de cada diez son
familias monoparentales".
Por ello, considera que "es preciso que el Gobierno regional proponga
soluciones y políticas que persigan mejorar estos terribles datos que
condenan a la sociedad murciana a heredar esta pobreza generación tras
generación".
Al tiempo que subrayó que "es importante tener en cuenta
que las familias que dejan de percibir la renta básica no lo hacen
porque ya no la necesiten, sino porque alcanzaron el tiempo máximo de
prestación, que tiene un tope de dos años", concluyó.
MURCIA.- La Secretaria de Derechos Sociales y Sociedad Civil de Podemos Región
de Murcia, María Marín, ha manifestado que "es inadmisible que siendo
la cuarta comunidad con mayor tasa de pobreza seamos los cuartos por la
cola en perceptores de la renta básica de inserción".
María Marín, se ha referido a los últimos datos que sitúan a la
región como la quinta comunidad con mayor paro, la cuarta con mayor
índice de pobreza, precariedad y desigualdad. Y es que tres de cada diez
murcianos se sitúa en el filo de la navaja, a un paso de la exclusión
social. Algo que contrasta con los perceptores de Rentas Mínimas de
Inserción, ya que solo 3,69 de cada 1.000 habitantes las perciben,
situando a la Región en la 3 posición, por la cola, en la percepción de
estas ayudas.
En opinión de la Secretaria de Políticas Sociales y Sociedad Civil
"observamos como las políticas murcianas insisten en precarizar el
trabajo y fomentar la desigualdad" y es que "mientras la sociedad
murciana sufre paro precariedad y desigualdad, el gobierno murciano
sigue aplicando políticas en beneficio de una minoría".
Marín también se ha referido al detalle de estos datos, en los cuales
se refleja que la nacionalidad del 83,4% es española, algo que
"desmiente rotundamente que sean las personas migrantes los
beneficiarios de estas ayudas, quienes acusan a los migrantes", en
contra de lo que "irresponsablemente se quiere hacer creer algunos
dirigentes políticos". Además el 65,8% de perceptores de esta ayuda son
mujeres, algo que "evidencia la situación de especial desprotección de
la mujer".
María Marín ha remarcado que "urge un cambio de modelo laboral y
productivo para que los murcianos y murcianas tengan un trabajo de
calidad", pero también "es necesario un gobierno solidario que ayude a
los que menos tienen y frene la desigualdad".
Marín ha concluido que
"frente al modelo regresivo y antisocial del PP y C's, Podemos propone un
modelo solidario y al servicio de la gente".
MADRID.- La vivienda sigue siendo uno de los principales
gastos que tiene que asumir una familia mes a mes. Después de años
alejada de la actualidad política, el alquiler se ha convertido en la
solución habitacional de cada vez más hogares. Para conocer la tasa de
esfuerzo que supone el alquiler en esos hogares se han tomado los datos
de renta media de los hogares en 2017 procedente del Instituto Nacional
de Estadística (INE) y los datos de alquiler de idealista a cierre de
ese año.
Según el análisis, los hogares españoles destinaron de media
el 24% de sus ingresos anuales en pagar el alquiler de su vivienda.
Según el INE, la renta media rozó los 27.550 euros, cuando el
arrendamiento medio acabó 2017 en 9,7 euros/m2 al mes.
Por comunidades
autónomas, el esfuerzo de los hogares es más alto en Baleares (30,9%)
Cataluña (28%) o Madrid (26,5%), las tres comunidades donde los precios
del alquiler fueron más altos en 2017. De hecho, Cataluña y Madrid
(ambas con 14,4 euros/m2) fueron las autonomías más caras. Completa la
terna Baleares (12,5 euros/m2) y, por debajo, Euskadi (11,2 euros/m2).
Mientras
sus rentas no fueron las más altas del país, Baleares (32.160
euros/año), Cataluña (31.410 euros/año) y Madrid (32.450 euros/m2) si
que tuvieron la mayor tasa de esfuerzo. Estas regiones fueron superadas
por País Vasco (34.200 euros/m2) y Navarra (33.430 euros/m2), donde su
tasa de esfuerzo alcanzó el 21,5% y el 18,6%, respectivamente.
Justo
estas comunidades coinciden donde están las ciudades más caras para
alquilar. Barcelona repitió como la capital española con los alquileres
más caros en 2017 (17,5 euros/m2), seguida de Madrid (15,5 euros/m2) y
San Sebastián (14,1 euros/m2). En cuarto lugar, se situó Palma, con un
precio de 12,2 euros por cada metro cuadrado.
En
el lado contrario de la tabla de regiones autonómicas, La Rioja (15,3%),
Galicia (15,7%), Aragón y Asturias (ambas con el 16%) presentaron las
tasas de esfuerzo más bajas de los hogares para alquiler una vivienda.
Sin embargo, los alquileres más asequibles se encontraron en 2017 en
Extremadura (4,1 euros/m2), Castilla-La Mancha (4,7 euros/m2) y La Rioja
(5,2 euros/m2).
Mientras, entre las comunidades
que tuvieron de los mayores incrementos de precios de los alquileres en
2017 aparecen Canarias (27,8%) o Andalucía (15,5%), junto a la
mencionada de Baleares (22,1%). La tasa de esfuerzo de canarios y
andaluces se encuentra en el 23,9% del salario anual o del 23,3%,
respectivamente. Los precios en Canarias llegaron a 9,1 euros/m2 al mes,
y de 7,4 euros/m2 al mes, respectivamente.
La OCDE y
la Unión Europea ya avisaron de que la vivienda, ya sea en venta o en
alquiler, sigue siendo la mayor partida que destina el presupuesto
familiar y representa la mayor carga financiera de las familias con
bajos ingresos.
En el promedio general de los países de la OCDE, cerca
del 15% de los arrendamientos, generalmente aquellos con los ingresos
más bajos, gasta más del 40% de sus ingresos en pagar la vivienda. Los
expertos recomiendan no superar el 30% del salario en el pago del
alquiler.
YECLA.- A pesar de que desde junio de 2018 existe un informe elaborado por el
Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia que
concluye que existe un importante sector de la población yeclana que
sufre el fenómeno de la pobreza energética, el Equipo de Gobierno del Partido Popular no ha sido capaz, otro año
más, de implementar las políticas necesarias dirigidas a prevenir y
paliar esa pobreza energética existente en Yecla, según denuncia IU-Verdes.
Ya en enero de 2014, el Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Verdes presentó una proposición al Pleno del Ayuntamiento pidiendo
la elaboración de un Plan contra la pobreza energética, "pero no fue
hasta el año 2016 cuando el Partido Popular decidió aceptar los
continuos requerimientos y preguntas que estuvimos haciendo al respecto,
encargando un informe a la Universidad de Murcia para que analizara
esta situación en nuestra ciudad".
Aunque el
estudio ha tardado más de dos años en llegar, y se ha realizado
únicamente desde la perspectiva de la población vulnerable, "lo que a
nuestro juicio refleja unos resultados que pueden no corresponderse con
la realidad, establece unas conclusiones que no se pueden obviar".
"El
Informe Ejecutivo del Observatorio de la Exclusión Social ha puesto de
manifiesto que la pobreza energética es una realidad en nuestra ciudad y
que los hogares y familias yeclanas que la sufren presentan altas tasas
de paro y elevados niveles de pobreza y de privación material.
La
pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los
ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la
vivienda".
Algunos de los datos que han arrojado
las encuestas llevadas a cabo por el equipo del Observatorio de la
Exclusión Social son los siguientes:
La población
yeclana vulnerable en edad de trabajar tiene una tasa de paro del 64%,
tratándose además de un desempleo estructural o de larga duración.
Del
total de los yeclanos en situación de vulnerabilidad, el 54% dispone de
menos de 564 euros al mes, lo que los coloca en el umbral de pobreza
regional, correspondiendo la mayor tasa de pobreza a los menores y los
jóvenes.
De esas personas que se encuentran en
situación de pobreza, un 68,8% reconoce que no tiene capacidad para
afrontar gastos imprevistos, de forma que han debido reducir sus gastos
en electricidad y otros suministros.
Casi la mitad
de los hogares vulnerables no pueden permitirse equipar su vivienda con
calefacción. Y casi el 40% de esas familias ni siquiera puede
permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los
meses fríos.
En base a todos estos datos, el
estudio concluye que hay un importante sector de la población yeclana
que se encuentra en riesgo de pobreza energética y que necesita la ayuda
del Ayuntamiento, que tendría que haber puesto en marcha ya
todas las medidas necesarias para prevenirla y paliarla. No hay que
olvidar que estamos hablando de una situación que afecta a la salud de
las personas, agrava enfermedades crónicas y puede afectar a la
esperanza de vida. La pobreza energética mata y por eso combatirla
debería ser una prioridad, también en nuestra ciudad.
"Sin
embargo, la pretendida austeridad en el gasto social, de la que todavía
sigue presumiendo el PP de Yecla, impide ayudar a las familias y
hogares yeclanos con bajos ingresos económicos, que van a ver pasar otro
invierno más sin tener garantizadas unas condiciones mínimas de
bienestar, puesto que el Equipo de Gobierno no ha sido capaz de poner en
marcha el Plan de pobreza energética".
MURCIA.- El edil de Ciudadanos-Murcia, Carlos Peñafiel, defenderá en el
Pleno de mañana jueves una moción pidiendo a la Junta de Gobierno a
tomar las medidas necesarias para localizar, señalizar y sellar con
total seguridad los pozos y aljibes ubicados en el término municipal de
Murcia y así evitar cualquier riesgo.
Peñafiel ha
destacado la necesidad de localizar pozos, aljibes o elementos análogos
que “puedan ofrecer peligro, adoptando las medidas necesarias para su
señalización y sellado inmediato y así poder ofrecer total garantía de
seguridad”.
En este sentido, el concejal de la
formación naranja ha insistido en que “los pozos no sellados suponen un
enorme peligro para las personas, por un lado; pero también para los
animales y el medio ambiente”.
“Y detectar estos pozos, ha subrayado,
“no es fácil porque se ocultan, se camuflan y muchos de ellos apenas
tiene 30 centímetros de diámetro”.
Por ello,
Peñafiel pretende que “se implante un sistema cómodo y fácil para que
los senderistas puedan denunciar rápidamente la existencia de estos
pozos peligrosos y avisar a las autoridades competentes para su sellado
inmediato”.
Así mismo, el edil de C's exigirá que
“se tomen medidas para la inspección de fosas sépticas y pozos ciegos de
la zona de la Huerta para comprobar que su instalación es correcta y se
encuentran fuera de peligro”.
MURCIA.- La plantilla de Mantenimiento del Hospital Morales Meseguer convoca
una concentración mañana jueves 31 de enero a las 11:00 en la puerta
del centro para protestar por la pérdida de sus puestos de trabajo el
1 de febrero.
"Se deja en la calle a un total de 17 personas, algunas de ellos con
más de 20 años de experiencia realizando los trabajos de mantenimiento
en el hospital Morales Meseguer pertenecientes actualmente a la empresa
Veolia.
La nueva empresa a la que el Servicio Murciano de Salud ha adjudicado
el contrato de prestación del servicio de mantenimiento, Moncobra, no
quiere respetar los derechos de los trabajadores y no va a subrogar a
una plantilla que lleva muchos años realizando el trabajo y prestando el
servicio sin queja alguna. La empresa Moncobra, simplemente les ha
comunicado a los trabajadores que no cuenta con ellos", señala el sindicato CC OO en un comunicado.
"Desde CCOO señalamos directamente a la gerencia del hospital y a los
responsables del Servicio Murciano de Salud en particular, como
responsables directos de dejar a 17 personas sin sus puestos de trabajo,
de la noche a la mañana, sin dar una sola explicación, y en
consecuencia, a 17 familias sin su fuente de ingresos principal. La
empresa adjudicataria, Moncobra, ha hecho una oferta económica a la baja
a costa de las condiciones de la mano de obra.
Denunciamos que el Servicio Murciano de Salud rebaja el coste del
servicio a costa de no respetar los derechos de los trabajadores, y sin
tener en cuenta la profesionalidad, la experiencia y el buen servicio
llevado a cabo por la plantilla durante más de 20 años. Hay que lamentar
y denunciar la vergonzosa forma de actuar de nuestras administraciones y
del Servicio Murciano de Salud en particular en lo que se refiere a la
subcontratación de sus servicios con el dinero de todos los murcianos".
CARTAGENA.- Juan José Molina, diputado regional de Ciudadanos, ha
afirmado que “este informe vuelve a demostrar que la política educativa
errática del Gobierno del Partido Popular sigue dejando por los suelos
la imagen de la Región de Murcia. Estamos a la cola de España en casi
todos los indicadores y cuando pensábamos que ya es imposible empeorar,
surge un nuevo informe que refleja que la calidad educativa sigue
retrocediendo debido a la incompetencia del Gobierno regional. Al menos
la consejera de Educación ha dicho que no se conforma con los
resultados, faltaría más”.
En este sentido, Molina
ha denunciado que el Gobierno regional, “lejos de hacer autocrítica y
de reconocer que algo están haciendo mal, lanza un mensaje sesgado en el
que intenta ocultar los datos reales sobre el incremento de la tasa de
abandono escolar. Son las consecuencias de una política continuista y
sin ideas, basada especialmente en realizar anuncios propagandísticos
como plantear un programa bilingüe que, como ya anunció la Asociación
Nacional de bilingüe de España, está abocada al fracaso”, ha señalado
Molina quien ha resaltado que “el plan estratégico de éxito educativo
está formado por las mismas actuaciones que ya planteaban hace cuatro
años. La única novedad de la legislatura es el programa de refuerzo
escolar impulsado por Ciudadanos”.
El diputado de
Ciudadanos ha exigido al Gobierno regional “que de una vez por todas
ponga en marcha propuestas constructivas para mejorar nuestra educación,
como el aumento de las plantillas de orientadores educativos, la
ampliación del programa de refuerzo educativo en primaria y secundaria, y
el apoyo a las escuelas rurales; medidas todas ellas impulsadas por
Ciudadanos en los presupuestos regionales”.
Según
Molina, este informe es una muestra más de la necesidad de abrir
procesos de transición a un nuevo modelo educativo regional que haga
efectivo el derecho de todos los seres humanos a la educación.
“Por eso,
tenemos si tenemos responsabilidades de gobierno todas las decisiones
en materia educativa irán destinadas a aumentar la igualdad de
oportunidades. Queremos, una escuela que no margine a nadie y elimine de
raíz el fracaso escolar. El actual sistema educativo regional es
claramente injusto, inequitativo, segregador, tal y como lo recoge el
último informe educativo del BBVA”.
LORCA.- Durante el pleno ordinario del mes de enero, la concejala de Urbanismo reconoció que actualmente existen en el
municipio de Lorca siete mezquitas de las que sólo dos tienen permiso.
Tras esta declaración tan sorprendente, Antonio Meca ha solicitado
una reunión con los responsables de urbanismo "para conocer los detalles
de estas cinco instalaciones de culto religioso, si han iniciado la
actividad careciendo de los requisitos pertinentes que exige la
normativa, ubicación de estos locales, además de conocer los expedientes
que se siguen desde Urbanismo".
El concejal recuerda que "la legislación vigente establece los
requisitos mínimos para la instalación y apertura de un centro de culto
religioso: declaración responsable de apertura, licencia de actividad y
certificado del registro de actividades religiosas que exige el
Ministerio de Justicia".
Meca preguntará igualmente en esta reunión si existe algún tipo de
limitación en la instalación de centros de culto en locales privados.
En mayo del pasado año, este Grupo Municipal ya solicitó la clausura
de un local comercial usado como centro religioso y Meca exige "el
cumplimiento de la ley y las garantías de máxima seguridad para todos
los vecinos, al igual que el cumplimiento de las normas y ordenanzas
municipales de nuestro municipio".
LORCA.- La concejala de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Lorca,
Gloria Martín, ha criticado que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia incorpore una octava lengua a la Escuela Oficial de Idiomas de
Murcia mientras en Lorca sólo se imparte el estudio de inglés, francés e
italiano. Además, los estudiantes de francés afectados por la supresión
de grupos que ha llevado a cabo la Consejería de Educación, ni siquiera
les permite continuar su itinerario formativo.
Por el contrario, los ciudadanos y ciudadanas de Murcia cuentan con
una oferta que incluye inglés, francés, italiano, español, chino, árabe,
alemán y, desde hace unos días, también Iniciación a la Lengua y
Cultura japonesas, tal y como ha anunciado la consejera de Educación,
Adela Martínez-Cachá (PP).
Por ello, Martín ha vuelto a reclamar la incorporación a la sede
lorquina de la Escuela Oficial de Idiomas de "las mismas enseñanzas que
se ofertan en Murcia o en Cartagena", insistió en el agravio comparativo
que sufren los estudiantes lorquinos en este sentido y recordó que "la
Escuela Oficial de Idiomas es una institución de titularidad pública
que, por tanto, debe ser garante de la igualdad de oportunidades para
todos los ciudadanos y ciudadanas".
La edil de IU-Verdes aseguró que el Gobierno regional del PP está
"está dejando morir" a la EOI de Lorca al no dotarla de una mayor oferta
formativa, seria, coherente y con más recursos.
Japonés en Murcia
La Comunidad oferta por primera vez Iniciación a la Lengua y Cultura
japonesas en la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia, que "ha comenzado a
impartirse este mes de enero y que ha superado todas las expectativas,
ya se han cubierto las 75 plazas", destacó la consejera de
Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, durante su visita
al centro.
Se ofrecen tres cursos, de sesenta horas cada uno, en distintos
horarios. "La organización de estos cursos específicos durante este
curso servirá como una fase piloto para obtener datos que culminen en la
implantación de la enseñanza reglada del idioma japonés en Murcia",
explicó la consejera.
Los cursos suponen una primera toma de contacto con la cultura y
sociedad japonesa, a través de la simulación de situaciones de la vida
cotidiana y del aprendizaje de vocabulario de uso común, útil tanto para
desarrollar competencias sociales como laborales o comerciales.
Del mismo modo, sienta las bases de la estructura y gramática del
idioma japonés desde un enfoque comunicativo, de manera que el alumno
pueda comenzar a expresarse en el idioma, poniendo los cimientos de una
comunicación verbal y escrita que le permitan en el futuro, si lo desea,
acceder a niveles superiores.
Es importante señalar que con estos cursos específicos, al estar
diseñados para recibir una formación a nivel de introducción en la
lengua y cultura japonesa, el alumno podrá recibir un certificado de
seguimiento y aprovechamiento satisfactorio del curso, pero no una
calificación o certificación.
MADRID.- El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, ha reiterado
que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
convocará próximamente al sector para abordar la crisis de los cítricos.
"Vamos
a convocar al sector para abordar esta crisis desde todos los ángulos y
no desestimamos ninguna de las razones que han provocado esta
situación", ha asegurado Miranda, durante su participación en la
comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En concreto, el
secretario general ha asegurado que su Departamento ya se ha puesto en
contacto con la Dirección General de Comercio de la UE para empezar a
recopilar los datos y así poder pedir la cláusula de salvaguardia, que
solicitan los agricultores españoles.
"Hay que recordar que la
cláusula no es una solicitud, sino un expediente que se forma porque se
trata de una medida muy potente del mercado y para activarse tiene que
seguir muchos pasos. Hay que documentar todo muy bien y si llega el caso
se activará, pero a la CE ya les hemos dicho que empiecen a hacer el
dossier y lo hemos pedido activamente", ha explicado en el Congreso de
los Diputados.
Sin embargo, Miranda ha señalado que el sector
nacional debería mejorar en "organización y comercialización" y ha
asegurado que en la reunión que se mantendrá se pedirá que se active la
interprofesional.
MADRID.- La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha destacado que la
partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la pesca y
la acuicultura, un sector "estratégico" para la economía española, ha
ascendido un 22% este año, hasta alcanzar los 68 millones de euros,
destinados principalmente a la mejora de estructuras y mercados
pesqueros.
"Es una buena noticia el incremento del 22%, ya que
estos presupuestos nos permitirán trabajar en pro de la sostenibilidad
de nuestras pesquerías, además de apostar por la investigación y el
conocimiento científico. También hemos reservado los créditos necesarios
para dotarnos de herramientas que garanticen la estabilidad del sector y
en una mejor integración en la estrategia azul", ha señalado durante su
comparecencia en la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el
Congreso de los Diputados.
Villauriz confía en que la dotación
presupuestaria permita la "consolidación de la actividad pesquera de
presente y futuro". "Se trata de un pilar ensencial para nuestras
comunidades costeras tanto a nivel económico, social y medio ambiental",
ha reiterado.
La secretaria general de Pesca ha reiterado que en
la UE, España se sitúa en el primer puesto en capacidad de flota y es el
mayor productor de pescado, de productos acuícolas y de conservas,
además de ser un generador de empleo.
Entre las dotaciones
presupuestarias, Villauriz ha destacado que se ha elevado el de las
transferencias de capital, hasta más de 28 millones de euros para poner
al día las ayudas que corresponden a ejercicios anteriores.
De ese
incremento, 3,05 millones de euros corresponden a ayudas al desarrollo
de la nueva Organización Común de Mercados (OCM) para la
comercialización de productos pesqueros y que tiene una "gran
importancia", que permitirá una mejor planificación del sector pesquero y
el fortalecimiento de su cadena de valor.
Los presupuestos
recogen una subida de la dotación económica para sufragar eventuales
ayudas por paralización temporal, debido a la no renovación de acuerdos
pesqueros entre la Unión Europea y terceros países, así como para poder
atender los compromisos adquiridos con respecto a las ayudas por
paralización definitiva, y para abordar las paradas temporales de la
flota dedicadas a mantener un estado biológico satisfactorio los
recursos pesqueros, a través del FEMP a comunidades autónomas.
LORCA.- La Concejalía de Urbanismo de Lorca ha confirmado que tres de las
mezquitas abiertas en el municipio disponen de todos los permisos para
su apertura y funcionamiento como lugar de culto y reconocido que en los
últimos meses ha decretado el cierre de otras tantas por "deficiencias y
obras ilegales".
Su titular, Saturnina Martínez, ha respondido
así a una pregunta pública del partido Ciudadanos sobre los lugares de
culto de confesión musulmana con autorización después de que el partido
naranja hubiera recibido información de que la mayoría eran ilegales.
Martínez
ha aclarado que el servicio de inspección de urbanismo "ejerce su
control de manera permanente y sistemática actuando de oficio y a
instancias de denuncias de colectivos vecinales".
Hoy hay un
centro de culto de confesión musulmana en la pedanía de Río, otro en el
Camino Viejo del Puerto, que permaneció cerrado tras denuncias y reabrió
una vez que contó con todas las autorizaciones, y otro en calle Pérez
Casas, que también estuvo cerrado hasta que subsanó las deficiencias
detectadas.
La normativa aplicable no exige licencia de apertura a
estos centros, pero no les exime de disponer de los requisitos técnicos
para garantizar la seguridad de las personas.
BRUSELAS.- La Comisión Europea ha afirmado que seguirá de cerca la evolución de
las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica, enmarcadas en el
Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Comunidad para el
Desarrollo del África Meridional, para detectar posibles perturbaciones
en el mercado europeo y responder "adecuadamente".
Según ha
informado el PSOE, esta ha sido la respuesta que desde la Comisión se ha
dado a dos preguntas de las eurodiputadas socialistas Inmaculada
Rodríguez-Piñero y Clara Aguilera en las que se pedían datos de cómo ha
variado el volumen de las exportaciones citrícolas españolas y
valencianas desde el acuerdo entre octubre y noviembre y si hay
previstas posibles medidas.
Rodríguez-Piñero y Aguilera recordaron
en su pregunta a la Comisión que el acuerdo con Sudáfrica extendió su
periodo de aplicación hasta el 30 de noviembre, "lo que ha provocado que
los productores españoles alerten de que las grandes cadenas europeas
siguen adquiriendo las variedades tardías de Sudáfrica por sus bajos
costes".
Desde Bruselas, el comisario de Agricultura y Desarrollo
Rural, Phil Hogan, ha respondido que el volumen de importaciones de
naranjas de Sudáfrica ha aumentado un 5 % entre 2018 y 2017 durante el
periodo de fuera de temporada, del 1 de junio al 15 de octubre, pero que
se ha reducido un 39 % entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre.
En
este sentido, ha apuntado también que las naranjas frescas representan
solo el 2 % de las importaciones anuales y que ningún otro cítrico se ha
visto afectado por la prórroga del periodo de liberalización acordada
tras la entrada en vigor del AAE.
Asimismo, ha recordado que el
arranque de la campaña citrícola española en otoño de 2018 ha suscitado
preocupaciones a los productores "por los retrasos en la maduración de
las frutas, la persistencia de temperaturas elevadas en gran parte de
Europa y el aumento de los volúmenes de cosecha".
"Sin embargo -ha
asegurado Hogan-, la situación del mercado está mejorando gracias a la
buena calidad de los cítricos y el aumento del consumo, así como a la
buena absorción de las piezas de menor tamaño por parte de la industria
transformadora".
MADRID.- Fitch ha decidido elevar un escalón la nota de solvencia que emite sobre Bankia, que ha pasado desde 'BBB-' hasta 'BBB',
y ha cambiado la perspectiva de 'positiva' a 'estable', lo que implica
que no está previsto realizar un nuevo ajuste del rating en el corto
plazo.
La agencia crediticia explica que la mejora de la calificación se produce como consecuencia de la "importante" reducción de activos problemáticos o NPLs (por sus siglas en inglés), lo que se ha traducido en una bajada "notable" de la exposición del capital al 'ladrillo'.
De hecho, considera que el objetivo para 2019 de reducción de activos
problemáticos en 2.900 millones de euros, previsto en el Plan
Estratégico 2018-2020, "es alcanzable, apoyado en buenas perspectivas
para el entorno económico en España y en la trayectoria del banco en la
reducción de la morosidad".
Fitch ha destacado que Bankia cuenta con una franquicia "fortalecida"
tras la integración con BMN, mantiene un capital robusto post-fusión, y
una financiación y liquidez "adecuadas". También ha destacado su
"favorable" gestión de integraciones.
Respecto al capital, Fitch indica que Bankia "mantiene colchones de capital satisfactorios sobre los requerimientos regulatorios mínimos".
Señala que la ratio CET1 FL a cierre de 2018 (12,6%) compara "bien" con
el 9,25% exigido por los requerimientos SREP en términos 'fully
loaded'.
La firma también considera que la rentabilidad del
banco "está mejorando gradualmente", apoyada en una mayor actividad
comercial en los segmentos más rentables de negocio, como son los de
consumo y Pymes, y en las comisiones del negocio de activos bajo
gestión.
En cualquier caso, ha explicado que
el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri aún debe enfrentarse
al reto de equilibrar el mix de negocio y mejorar la rentabilidad, a la
que aún le pesa el "suave" crecimiento del crédito neto, un peso "elevado" de hipotecas poco rentables y un tamaño "considerable" de la cartera de la Sareb.
Fitch ha explicado que un potencial alza de la calificación vendría
de una mejora de las mediciones de la calidad de los activos, lo que
resultaría en una reducción de la vulnerabilidad de su capital a los
activos problemáticos, así como a una clara señal de un aumento de la
rentabilidad bancaria.
"Esto debería ir acompañado del mantenimiento de
ratios de capital sólidos", ha añadido.
Al contrario, si la
calidad de los activos y el capital se deterioran sustancialmente, algo
que Fitch actualmente "no prevé, las calificaciones de Bankia podrían
rebajarse. De manera similar, un aumento significativo en el apetito al
riesgo o un debilitamiento de las ganancias ejercería presión sobre el
rating.
MADRID.- La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha afirmado
que su Ministerio estudiará la reforma del despido colectivo por causas
empresariales para convertirlo en la última opción y garantizar un
“verdadero diálogo” antes de adoptar una medida “drástica” como es el
despido. Así, habló de establecer otras medidas que puedan anticipar
esta situación o incluso evitarla.
Según Valdeolivas, se van a trabajar en medidas de flexibilidad
interna para redefinir las causas, con el objetivo de dar una mayor
seguridad jurídica y justificar así “de manera más reforzada” la
existencia de una verdadera necesidad empresarial para llevar a cabo un
despido.
Concretamente, la secretaria de Estado ha hecho hincapié en que se
quiere que la causa del despido sea “más garantista” y que la
flexibilidad interna se canalice a través de una interlocución con los
agentes sociales y los representantes de los trabajadores.
Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social en el Senado, donde ha dejado claro que
el Gobierno está trabajando para trasladar la recuperación económica al
empleo y, sobre todo, al empleo de calidad, porque “todavía no se ha
revertido la fuerte precarización laboral”.
Aunque ha señalado que los esfuerzos del Gobierno se van a centrar en
los salarios, también ha resaltado que se está trabajando en otras
muchas medidas, como que se liguen los salarios al rendimiento y
productividad, que haya mayor transparencia salarial para evitar
discriminaciones o que se equilibre la flexibilidad en la distribución
del tiempo de trabajo.
En esta línea, ha destacado que la normativa en relación con los
registros de jornada es una herramienta “indispensable”.
“No queremos
con esto perseguir a las empresas del siglo XXI, lo que queremos es
perseguir a las empresas del siglo XIX, que siguen lastrando derechos”,
subrayó.
La secretaria de Estado ha resaltado que también se está intentando
recuperar el papel de la negociación colectiva “para intentar revertir
algunos de los efectos más nocivos que ha producido la reforma de 2012 y
subsiguientes”.
“Creemos que el papel del convenio colectivo ha perdido su rol de
redistribución de la riqueza y es un elemento al servicio de la
unilateralidad empresarial”, ha apuntado. Para el Gobierno, es necesario
ir hacia un modelo que permita “la más amplia libertad de los sujetos
negociadores con las mínimas trabas legales”.
Por último, la secretaria de Estado ha puesto de relieve que se va a
seguir trabajando en todos los objetivos emprendidos hace 7 meses cuando
el PSOE llegó al Gobierno, con el foco puesto en el logro de “más y
mejor empleo”.
“Hay mucha tarea y es una tarea ambiciosa, porque revertir la
creciente precarización de estos últimos años y corregir la brecha en la
desigualdad social que ha dejado la crisis económica obliga a recuperar
algunos elementos clave de nuestro sistema jurídico laboral y del
actual mercado de trabajo, y esta es una actuación que requiere una
reforma integral de la política social que compete a nuestro
Ministerio”, ha apostillado.
BRUSELAS.- Bruselas plantea que los estudiantes británicos que participan en la actualidad en el programa Erasmus+ y los de la UE que hayan elegido el Reino Unido como destino puedan completar su estancia en el país en el que estén si el 29 de marzo se produce un Brexit sin pacto.
“Estas medidas garantizarán que los jóvenes europeos y
británicos que estén participando en el programa Erasmus el 30 de marzo
podrán completar su estancia sin interrupciones“, ha indicado
el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, tras
la reunión del Colegio de Comisarios en la que se ha adoptado la
propuesta.
Reino Unido dejará de ser miembro de la Unión Europea el próximo 29 de marzo, haya o no acuerdo para una desconexión ordenada, y en ese momento habrá 14.000 jóvenes de la Unión Europea desplazados a Reino Unido
–entre alumnos, estudiantes en prácticas y personal educativo– y 7.000
británicos en países de la UE, según los datos ofrecidos por el
Ejecutivo comunitario.
Como todas las medidas de contingencia que ha presentado Bruselas en los últimos meses en
este caso se trata también de planes “unilaterales”, de carácter
“temporal” y con un alcance “limitado”, ha advertido Timmermans.
Fuentes comunitarias han añadido que se trata de una oferta
“generosa” para tranquilizar a los estudiantes, sean británicos o del
resto de la UE, que no exige reciprocidad” a las autoridades británicas,
pero que, como en todos los asuntos que afectan a cuestiones
presupuestarias, las partidas se someterán a “controles y auditorías”.
Bruselas también ha propuesto medidas de contingencia que
tiene que ver con los sistemas de seguridad social y con el modo de
garantizar que los programas europeos de ayudas e investigación siguen teniendo sus partidas cubiertas este 2019.
Así, se pedirá a las autoridades de los Estados miembros que sigan
teniendo en cuenta los periodos de seguro, empleo o residencia en Reino
Unido antes del Brexit a la hora de calcular prestaciones de la
seguridad social, como por ejemplo a la hora de pagar la pensión de
jubilación de un ciudadano comunitario.
También se quiere que los beneficiarios en Reino Unido de la financiación de la UE sigan recibiendo pagos en virtud de los contratos vigentes, siempre que Reino Unido siga cumpliendo sus obligaciones financieras con cargo al presupuesto de la UE.
MADRID.- El partido ecologista Equo y la
oenegé Greenpeace han pedido al Gobierno que identifique los pozos
ilegales que existen en España y adopte las medidas necesarias para
proteger los acuíferos.
Equo ha presentado una
pregunta parlamentaria para conocer la "cifra exacta" de pozos ilegales
que existen en España que, según datos "no oficiales del propio
Ministerio de Agricultura", podría rondar el millón de perforaciones.
Así lo indica el partido ecologista en un comunicado, en
el que recuerda que el último dato público sobre este asunto se remonta
a 2006, cuando se calculó la existencia de medio millón de pozos
ilegales.
Equo ha pedido al Gobierno que tome medidas
para la clausura de estas perforaciones y el freno de su avance debido a
sus "dramáticas" consecuencias, especialmente en lugares como Doñana,
donde el impacto de esta práctica ha supuesto "una denuncia de la Unión
Europea a España ante el Tribunal de Justicia Europeo", ha explicado el
diputado del partido Juantxo López de Uralde.
Otras
áreas "especialmente afectadas" por la sobreexplotación de los acuíferos
en España son las Islas Canarias, Campo de Dalias (Almería), Sierra de
Crevillente (Alicante) o Sierra de Cartagena (Almería, Alicante y
Murcia), según datos de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) aportados por el partido ecologista.
Por su parte, Greenpeace ha enviado una carta a la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que solicita que se
identifiquen y localicen en un mapa todos los pozos ilegales.
El responsable de la campaña de Aguas de esta organización ecologista,
Julio Barea, ha explicado que "la extracción ilegal de agua es un delito
tipificado en el Código Penal con multas e, incluso, penas de prisión",
si bien "la falta de información y de medios para perseguirlo
contribuye a la impunidad".
Entre 2013 y 2017, el
Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) recibió 1.146
denuncias por pozos ilegales detectados y solo se cerraron 10, una
"cifra irrisoria" a juicio de Greenpeace.
Desde esta
oenegé han advertido del peligro de esta práctica en España, el "país
más árido de Europa, donde el 75 % del territorio es susceptible de
sufrir desertificación".
"Las previsiones de cambio
climático para la Península auguran un descenso de la disponibilidad de
agua en superficie", ha explicado Barea, quien teme que "ya no tengamos
agua en los acuíferos" cuando se necesite debido "al descontrol y
desgobierno en la gestión de las aguas subterráneas".
MADRID.- El Grupo Parlamentario Popular ha
presentado este miércoles una proposición de Ley para eliminar el
controvertido Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, recién suprimido
en Andalucía, por considerar que supone una doble imposición al gravar
rentas y bienes ya sometidos a tributación.
En su
propuesta, los populares plantear derogar la ley de 1987 que creó este
tributo, que en su opinión penaliza el ahorro e incentiva la
deslocalización de patrimonios, y establece una única compensación para
las comunidades autónomas, equivalente a la última recaudación que
ingresaran por el impuesto.
El PP considera que este impuesto recae principalmente
sobre las clases medias que no pueden configurar sus patrimonios para
evadir este tributo o acceder a determinadas ventajas fiscales que
eliminarían sus efectos.
Así, ve que las clases
medias suelen adjudicar por sucesión o donación principalmente bienes
inmuebles (su principal vía de ahorro) y éstos ya soportaron en su día
las correspondientes cargas fiscales.
"Un mayoritario
número de familias se plantean si aceptan o no una herencia, por no
poder pagar el tributo ya que en algunas Comunidades puede llegar a ser
confiscatorio", aseguran los populares, que apuntan que este impuesto no
llega al 1 % de los ingresos tributarios del Estado, por lo que su
supresión no reviste un perjuicio "insoportable".
MADRID.- El subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle, ha asegurado que todos los militares que tengan que dejar las Fuerzas Armadas durante 2019 por cumplir 45 años podrán
obtener una de las plazas públicas reservadas en la Policía, la Guardia
Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) o el Ministerio, siempre que superen las pertinentes pruebas de acceso a las mismas.
Así lo ha garantizado De la Torre durante su comparecencia ante la
Comisión de Defensa del Congreso donde ha dado cuenta de las distintas
partidas que tendrá que gestionar su departamento si se aprueban los
Presupuestos Generales del Estado para 2019.
De la Torre ha recalcado que la intención del Ministerio que
dirige Margarita Robles es ceñirse al dictamen aprobado en septiembre de
2018 por la subcomisión que se creó en el Congreso para estudiar el
régimen profesional de los militares de tropa y marinería.
En este contexto, el subsecretario ha defendido las medidas en
beneficio del personal que se tiene que desvincular de las FAS por
cumplir 45 años, a los que se denomina "reservistas de especial
disponibilidad" y para quienes, ha subrayado, el Gobierno tiene "las
máximas atenciones".
Así, ha recordado que en los dos primeros años los miembros de
este colectivo podrán hacer cursos de formación dentro del Ejércitoy ha
reafirmado el compromiso del ministerio de implementar las disposiciones
transitorias que correspondan para que puedan beneficiarse de las esas
medidas de apoyo quienes tuvieran que dejar las FAS antes de su puesta
en marcha.
En este contexto, ha garantizado que todos los militares que se
desvinculen este año tendrán una plaza pública si superan las pruebas de
acceso a las mismas. Aunque no ha dado la cifra de personas que estarán
en esta situación en los próximos meses, sí ha asegurado que si
aprueban podrán hacerse con una de las plazas que se les reservan en la
Guardia Civil, la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera y
las más de 400 plazas del ministerio de Defensa, tanto en puestos de
funcionarios como de personal laboral
"Es firme el compromiso de esta subsecretaría con los programas de formación y apoyo, y
de formación para el empleo encaminados a facilitar al personal militar
que decide iniciar un proyecto profesional alternativo, complementar
las capacidades profesionales adquiridas durante su vida militar con la
formación necesaria para su promoción o incorporación al ámbito civil",
ha señalado asimismo, el subsecretario.
El portavoz del PP, Jesús Postigo, ha denunciado que el Gobierno
no ha previsto asignación presupuestaria para la adecuación salarial de
los militares que considera "de justicia y equidad" puesto que, según
sus cálculos, los miembros de las Fuerzas Armadas han sufrido una
pérdida de ingresos del 28% respecto a los funcionarios y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
"Por aquí no vamos a pasar", ha
avisado, recalcando que los militares, como todos los españoles tienen
que "pagar la hipoteca".
El subsecretario ha reafirmado el compromiso de su departamento de encontrar una retribución "adecuada y justa" para los militares adecuar
las retribuciones.
"En ello estamos", ha dicho, especificando que se va
a hacer un estudio "riguroso y actualizado" sobre los 132.000 puestos
que hay en las Fuerzas Armadas para "evaluar el coste de todos ellos"
teniendo en cuenta que "no tienen comparación con otros puestos de la
función civil".
Tras subrayar que este no es un asunto que se pueda "tomar a la
ligera", ha puesto en valor los complementos y las retribuciones en
especie a modo de subvenciones para la movilidad de los militares o
ayudas sanitarias o a la educación.
VALENCIA.- La aparición de los últimos sondeos de intención de voto ha añadido un peldaño más a la incertidumbre sobre la posible reedición de los pactos que sostienen a Compromís y al PSPV en la Generalitat
y en muchos de los ayuntamientos valencianos. Y no tanto por sus
propios resultados como por los de quienes se han convertido en la
muleta para poder gobernar durante los últimos cuatro años: Podemos, recuerda hoy El Mundo.
Las encuestas dibujan un posible descalabro del partido morado
y de las plataformas en las que se integraron en el ámbito municipal
hasta el punto de que, en algunos casos, no garantizan que superen la
barrera del 5% y, por tanto, accedan de nuevo a las instituciones si
concurren en solitario.
En un escenario de bloques con márgenes mínimos (en el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, la alianza de Compromís, PSPV y València en Comú, la plataforma de Podemos, supera sólo por un concejal al bloque formado por PP y Ciudadanos a la espera de la irrupción de Vox), los votos del partido encabezado por Pablo Iglesias
se antojan claves para poder retener el control de las instituciones de
cara a la próxima legislatura.
En esta tesitura, tanto desde Compromís
como desde el PSPV están muy atentos al hipotético pacto que estarían a expensas de firmar Podemos y EU para garantizar, sobre el papel, su entrada en las instituciones.
La negociaciones para formalizar esta alianza, sin embargo, permanecen atascadas y los nervios han empezado a aflorar en Compromís y en el PSPV, al menos en el Ayuntamiento de Valencia, ya que, si Podemos no accede al hemiciclo municipal, la reedición del gobierno de la Nau estaría en serios aprietos.
Por ello, desde ambas formaciones han iniciado los contactos con EU
para ayudarles a resolver las dificultades por las que está encallando
su pacto con el partido morado. De momento, no hay movimientos en ningún
sentido, aunque ayer no se descartaba alguna intervención para
facilitar el acuerdo.
La alianza en los municipios está supeditada
al acuerdo a nivel autonómico, por lo que hasta que no se cierre éste
no se podrán formalizar el resto. Además, la situación generada en la
Comunidad de Madrid tras la crisis abierta por Íñigo Errejón ha enturbiado aún más las negociaciones.
En Valencia ciudad, de hecho, el nuevo escenario ha dado alas a EU
para poner sobre la mesa un nuevo reparto de la lista por el que
podrían reclamar el número tres para poder estampar su firma en el
acuerdo electoral. La zozobra que viene de Madrid ha desestabilizado aún
más a Podemos y en EU quieren hacer valer su base electoral que, aunque
insuficiente en 2015 para encaramarse al hemiciclo del Ayuntamiento de
Valencia, sí representa un alto porcentaje de votos.
A
nivel autonómico, desde que se levantaron de la mesa las comisiones
negociadoras no ha habido avances. Fuentes de Podemos apuntaban que esta
semana tendrán que concertar alguna cita para reactivar las
negociaciones para la Generalitat. De hecho, en el otro lado, señalan
que el tiempo corre y ponen como fecha límite para sellar una entente el
9 de febrero, cuando se ha convocado el Consell Polític Nacional que
debe ratificar este tipo de acuerdos.
Tanto a unos como a otros les ha
llegado la preocupación de socialistas y nacionalistas que, en
conversaciones informales, les han apresurado para llegar a un acuerdo
que evite que se pierdan votos en el bloque de la izquierda.
Con
todo, en Podemos no acaban de entender que otros partidos se inmiscuyan
en cuestiones internas de otras formaciones y advierten de que lo que
piensen terceros no les va a condicionar los acuerdos. Así las cosas,
piden paciencia y entienden que se puede llegar a buen puerto.
Al
contrario que en Valencia, en el tablero regional, los dos partidos de
izquierdas entienden que lo sucedido en Madrid no tiene por qué
afectarles pues son organizaciones autónomas. Podemos entiende que,
aunque el enfrentamiento entre Errejón e Iglesias le debilita,no hay
necesidad de mejorar su oferta a Esquerra Unida.
Por su parte, la marca
que lidera Rosa Pérez Garijo no va a jugar esa carta para lograr un
acuerdo más beneficioso pues entiende que deben ser responsables y no
tensar más la negociación.
La
entente no será sencilla, pues amén de los puestos de salida en cada
una de las tres listas (Valencia, Alicante yCastellón), encima de la
mesa también está un futuro reparto de la representación en las
Diputaciones, la distribución de los fondos y la coordinación del grupo
parlamentario. EU demanda tener un portavoz adjunto para estar en la
Junta de Síndics y poder firmar y presentar iniciativas parlamentarias.
Con todo, en Podemos no acaban de entender que otros partidos se inmiscuyan en cuestiones internas de otras formaciones
y advierten de que lo que piensen terceros no les va a condicionar los
acuerdos. Así las cosas, piden paciencia y entienden que se puede llegar
a buen puerto.
Al contrario que en Valencia, en el tablero
regional, los dos partidos de izquierdas entienden que lo sucedido en
Madrid no tiene por qué afectarles pues son organizaciones autónomas.
Podemos entiende que, aunque el enfrentamiento entre Errejón e Iglesias le debilita, no hay necesidad de mejorar su oferta a Esquerra Unida.
Por su parte, la marca que lidera Rosa Pérez Garijo
no va a jugar esa carta para lograr un acuerdo más beneficioso pues
entiende que deben ser responsables y no tensar más la negociación.
La
entente no será sencilla, pues amén de los puestos de salida en cada
una de las tres listas (Valencia, Alicante y Castellón), encima de la
mesa también está un futuro reparto de la representación en las
Diputaciones, la distribución de los fondos y la coordinación del grupo
parlamentario. EU demanda tener un portavoz adjunto para estar en la
Junta de Síndics y poder firmar y presentar iniciativas parlamentarias.
LA CORUÑA.- Navantia contiene la respiración ante la situación en Venezuela. El macrocontrato de ocho patrulleras encargado en 2006 por el Gobierno entonces dirigido por Hugo Chávez
aún colea en la cúpula de la empresa pública. Trece años después de la
firma del contrato, el país venezolano todavía tiene pendiente una
millonaria devolución de avales a Navantia, revela hoy economiadigital.es.
El único rastro
de estas devoluciones se encuentra en las últimas cuentas anuales de la
compañía (del año 2017). En ellas figura la cancelación de la fianza de
cumplimiento de las cuatro patrulleras de altura por valor de 144,31 millones de euros,
así como de la fianza de garantía de calidad del tercero de los cuatro
buques de vigilancia litoral (de 3,44 millones de euros).
Los pagos, datados de febrero de 2018, no se produjeron hasta casi seis años después de la entrega del último de estos buques. Fue en abril de 2012 cuando la Armada venezolana recibió el Kariña, cerrando un ciclo de entregas que se había iniciado con el Guaicamacuto en marzo de 2010.
El contrato suscrito entre Navantia y la Armada venezolana establecía
que la devolución de los avales estaría ligada al cumplimiento de
determinados hitos (botadura, entrega etc.). Además, adjudicaba a los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz la construcción de los siete primeros buques, dejando para el astillero venezolano Dianca el buque de vigilancia litoral Comandante Eterno Hugo Chávez.
Sobre este último pesa un aval de 39,3 millones de euros más un suplemento de 30,6 millones
que no se devolverán en su totalidad hasta que no se produzca una
entrega que todavía no tiene fecha en el calendario. Pese a ser botado
en el año 2014, la construcción acumula numerosos retrasos que han
impedido realizar su entrega en el año 2015, como inicialmente se
preveía.
Las tareas de construcción son supervisadas por seis ingenieros españoles de Navantia que, según avanzó este martes el diario El País, se han visto obligados a regresar temporalmente a España ante la tensa situación que se vive los últimos días en Venezuela.
El macropedido con Venezuela se encuentra también bajo la lupa de la Justicia. La jueza del juzgado de instrucción nº 8 de Madrid, Rosario Espinosa investiga al expresidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén, y al exdirector comercial de la empresa pública, Jesús Arce, por las presuntas comisiones de 43 millones de euros pagadas a la firma venezolana Rebazve como parte del contrato.
A
los dos exdirectivos de Navantia se les investiga por haber cometido un
presunto delito de malversación de caudales públicos por haber
aprobado, presuntamente, estas millonarias comisiones.
MADRID.- La subida de las cuotas en 5,36 euros al mes -cerca de 64 euros al año- que los autónomos pagan a la Seguridad Social y que entró en vigor el 1 de enero a cambio de mayor protección social no
se ha hecho efectiva de forma generalizada a todo el colectivo de los
trabajadores por cuenta propia, sino que cotizan en función de
condiciones especiales, desvela elEconomista.
Los
autónomos pertenecientes al SETA (Sistema Especial de Trabajadores
Agrarios), los socios de cooperativas, los trabajadores autónomos que al
mismo tiempo son trabajadores por cuenta ajena, así como los
religiosos, disfrutan de condiciones especiales a la hora de cotizar en
la Seguridad Social según se publicó el 29 de diciembre de 2018, en el Boletín Oficial del Estado,
tras la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto-ley que
ampliaba la protección social y mejora del equilibrio financiero de la
Seguridad Social.
Durante el año 2019, las cuantías de las bases mínimas de cotización
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos se incrementa en un 1,25% respecto de las
vigentes en el año 2018, estableciéndose la cuantía de la base mínima
aplicable con carácter general en 944,40 euros mensuales.
Aunque existen excepciones de trabajadores que podrán elegir entre
una base mínima y máxima de cotización, y con ello pagarán una cuota
diferente a la Seguridad Social como:
- Para los autónomos afiliados al SETA
Cuando el trabajador haya optado por elegir como base de cotización
una base comprendida entre 944,40 euros mensuales y 1.133,40 euros
mensuales, el tipo de cotización aplicable para las contingencias
comunes será del 18,75%, inferior al 28,30% que se aplica a la
cotización por contingencias comunes del resto de trabajadores afiliados
al RETA. Si el trabajador cotizara por una base de cotización superior a
1.133,40 euros mensuales, a la cuantía que exceda de esta última le
será de aplicación el tipo de cotización del 26,50%. Asimismo, los
trabajadores incluidos en este Sistema Especial que no hayan optado por
dar cobertura, en el ámbito de protección dispensada, a la totalidad de
las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10%, aplicado
sobre la base de cotización elegida.
Para los trabajadores que de forma
voluntaria se acojan a la cobertura de Cese de Actividad, el tipo de
cotización aplicable será el 2,20% mientras que para los trabajadores
del RETA esta cotización es del 0,7%.
- Para los socios de cooperativas
Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados
a la venta ambulante que hayan quedado incluidos en el Régimen Especial
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos tendrán derecho,
durante 2019, a una reducción del 50% de la cuota a ingresar. También
tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de cooperativas
de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su
actividad y quedado incluidos en el citado régimen especial a partir
del 1 de enero de 2009.
- Para los trabajadores con pluriactividad
Los trabajadores autónomos que, contratados también por cuenta ajena,
hayan cotizado en 2019 por contingencias comunes en régimen de
pluriactividad por una cuantía igual o superior a 13.822,06 euros
tendrán derecho a una devolución del 50% del exceso de cotizaciones por
contingencias comunes.
Asimismo, los trabajadores autónomos que pertenezcan a la Iglesia
Católica o los autónomos que compatibilicen la jubilación con una
actividad por cuenta ajena no se verán afectados por la subida de las
cuotas.
Por su parte, los beneficiarios de la tarifa plana se han visto
afectados por una subida desde los 50 a los 60 euros para incluir la
cotización por contingencias comunes y profesionales, aunque no incluye
la cotización por cese de actividad y formación profesional.
Los
trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios que se encuentran en situación de inactividad pueden aplazar el
ingreso de sus cuotas de los meses de enero a abril de 2019, ambos
incluidos, como se desprende de la Resolución de 23 de enero de 2019 publicada en el Boletín Oficial del Estado. El único requisito es que hayan realizado un máximo de 50 jornadas reales en 2018.
Este colectivo puede diferir el plazo reglamentario de ingreso de las
cuotas por inactividad de los meses de enero, febrero, marzo y abril de
2019, que deberán ingresarse mensualmente desde el mes de junio a
septiembre de 2019, sin recargo o interés alguno. Las solicitudes
deberán presentarse ante la Tesorería General de la Seguridad Social
antes del 12 de febrero de 2019.
El objetivo de la medida, según informan desde el Ministerio de
Trabajo, es "paliar las dificultades que puedan surgir a estos
trabajadores en situación de inactividad al haberse incrementado las
bases mínimas de cotización en el mismo porcentaje que el Salario Mínimo
Interprofesional", como se indica en el Real Decreto 28/2018, de 28 de
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Según el Ministerio de Trabajo, esta resolución facilita que los
trabajadores agrarios por cuenta ajena en inactividad puedan ingresar
sus cotizaciones cuando sea efectiva la bonificación acordada por el
Gobierno e incluida en Real Decreto que se encuentra actualmente en
tramitación en el Congreso de los Diputados.
MADRID.- Los policías que custodian la habitación en la que se encuentra ingresado Eduardo Zaplana en el Hospital La Fe de Valencia han trasmitido al personal sanitario que el ex presidente de la Generalitat tiene terminantemente prohibido
salir de su habitación al encontrarse en régimen de aislamiento
decretado por la juez. Ni siquiera puede hacerlo para realizar el
ejercicio físico que le ha indicado, bajo prescripción médica, el jefe
del servicio de Hematología del centro, Guillermo Sanz.
OKDIARIO ha podido saber que hace unos días Eduardo Zaplana salió de su habitación
para realizar ejercicio físico, bajo la supervisión del doctor Sanz,
que lleva un seguimiento exhaustivo de la evolución de la enfermedad que
padece el ex ministro.
Este ejercicio consistía en recorrer el pasillo de la planta del
hospital en el que se encuentra ingresado con el objetivo de convertir
los cuatro kilos que ha recuperado en masa muscular. El doctor Guillermo
Sanz explica a OKDIARIO que “no sirve de nada haber experimentado una
mejoría de su estado de salud, si esa grasa recuperada no se convierte
en músculo que ayude a reforzar la estructura ósea del paciente y evitar
que los huesos se fracturan con facilidad”.
Tal y como adelantó
este periódico, el ex ministro ha recuperado en el hospital cuatro de
los diez kilos que había perdido desde su ingreso en la prisión de
Picassent el pasado 24 de mayo. Esta recuperación se debe al tratamiento
del servicio de endocrinología de La Fe, que le está administrando una
dieta con suplementos hiperprotéicos, además de recibir “el doble de
alimentos que los suministrado a un paciente sin esta deficiencia”.
Tras la negativa recibida a poder andar por los pasillos, el jefe del
servicio de Hematología ha solicitado introducir en la habitación, en
la que se encuentra Zaplana en régimen de aislamiento, una bicicleta estática para que el ex ministro pueda ejercitar los músculos.
Las mismas fuentes aseguran que esta petición ya ha sido aceptada y
se encuentran a la espera de que la empresa de transportes envíe la
bicicleta al hospital.
BARCELONA.- El pasado febrero Bankia presentó su plan estratégico hasta el año 2020. Un plan que, según el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, van cumpliendo, ya que aseguran que están "en buena línea". Sin embargo no todos los objetivos van igual de bien encaminados, según Economía Digital.
De hecho, Goirigolzarri tiene presentes las variables externas, que,
asegura, no pueden controlar. Con esto se refiere al retraso del
incremento de los tipos de interés, el menor crecimiento del crédito
previsto y la evolución negativa del mercado de fondos.
En cuanto a la subida de los tipos de interés, que se esperaba para después del verano, el Banco Central Europeo (BCE) anunció la semana pasada que los mantendrá al 0% hasta finales de 2020. Los
bajos tipos afectan especialmente a aquellas entidades que dependen más
del negocio bancario básico y gran parte del negocio de Bankia se
sostiene con las hipotecas.
"Sí creo que en los próximos meses tendremos algún tipo de subida o mejora de condiciones de los tipos de interés. Aunque nos haría mucha ilusión que subiera, no solo del BCE, sino del mercado", explica Goirigolzarri.
En caso de darse esta subida, augura que "afectará a las cuentas de
2020 y no a las de 2019". En el plan estratégico de Bankia se contaba
con este aumento y por tanto parte de su plan se basaba en ella.
Así, el principal enemigo de Bankia es el estancamiento de los tipos de interés, que impacta negativamente en los márgenes y, por ende, en el beneficio de la entidad.
Entre los objetivos que se marcaba Bankia a tres años, uno de los que parece ir más desencaminado es el beneficio atribuido,
cuyo objetivo para 2020 se marca en 1.300 millones de euros. Sin
embargo, pasa de los 816 millones registrados en 2017 a los 788 millones
en 2018, una caída del 3,5%.
Lo mismo ocurre con el margen de intereses, que también se reduce
respecto a 2017. En 2018 se sitúa en 2.050 millones de euros frente a
los 2.267 millones del año anterior. El objetivo del plan estratégico es
llegar a los 2.900. Esto supone que en dos años deben conseguir 850 millones de euros más.
En cuanto a las hipotecas, tienen la intención de llegar a una cuota del
10,8%. En 2018 se situaron en el 8,1% (7,3% en 2017). Goirigolzarri
descarta que vaya a haber una burbuja inmobiliaria y explica que en el
pico se llegaron a firmar 1,3 millones hipotecas en el pico inmobiliario
y el año pasado se cerró con la firma 340.000 préstamos.
En cuanto a los créditos al consumo, pasan del 5,5% de 2017 al 5,56%
en 2018, mientras que el objetivo es el 6,6%. Elevar los créditos al
consumo es un riesgo, ya que en España, la morosidad de este tipo de
préstamos está elevándose, lo que además hace que su coste sea superior
en el 60% respecto a la UE.
La Comisión Europea, el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional (FMI) piden a la banca que sean más estrictos a la hora de concederlos.
Los fondos de inversión se quedan a 0,65 puntos porcentuales de los
objetivos, tras haber aumentado solo el 0,15 puntos en un año. Así, pasa
del 6,4% al 6,55%, cuando el objetivo se sitúa en el 7,2% para 2020.
En cuanto a la reducción de los activos improductivos adjudicados y
dudosos o NPA, la entidad presume de duplicar el objetivo anual, aunque
lo cierto es que se sitúa en el 10,9%, muy lejos de la cuota por debajo del 6% que esperan conseguir en 2020.
No obstante, cumplen con los objetivos de gestión. Así, van bien
encaminados en la evolución del negocio con el crecimiento del crédito a
empresas, que pasa de la cuota del 6,9% al 7,26% en 2018. El objetivo
fijado para 2020 es del 7,26%. También consiguen reducir el gasto.
Bankia obtuvo un beneficio atribuido de 703 millones de euros en
2018, lo que supone un incremento del 39,2% respecto a 2017.
Esto se
debe a la fusión con BMN, que en 2017 castigó el resultado con una caída
del 37,3%, mientras que en 2018 impulsa el beneficio contribuyendo al incremento de los ingresos.
MADRID.- Ni el Gobierno de Andalucía, ni la convención del PP han calmado el partido como se esperaba. La convención era el primer gran acto orgánico de Pablo Casado como presidente de los populares tras su elección en julio.
Poco más de una semana después del evento celebrado en Madrid, hay sectores del PP que advierten con preocupación que Casado sigue alejado de las estructuras del partido. No atiende a nadie, según Voz Pópuli.
"Sólo escucha a Aznar, Pizarro y Aguirre", dicen fuentes consultadas por Vozpópuli, que incluyen en ese búnker a los secretarios General y de Organización del PP, Teodoro García Egea y Javier Maroto.
Estas fuentes recuerdan cómo durante el discurso del presidente del Senado y del PP de Madrid, Pío García Escudero, los asistentes aplaudieron mucho más la mención a Mariano Rajoy que a José María Aznar, que estaba presente.
"Las 2.000 personas que había en la convención son políticos", recuerdan. "Por algo será ese reconocimiento".
Hay corrientes en un PP todavía tocado por el proceso sucesorio de Rajoy tras la moción de censura que ven a Casado "nervioso" con el ascenso de Vox. Y consideran que las recetas de Aznar para frenar este fenómeno están "desfasadas".
"No hay nada que suene a nuevo.
Todo es conocido y no coincide con los tiempos actuales", dicen estas
fuentes. "A Aguirre ya la conocemos y todo lo que toca...", añaden en referencia a los casos de corrupción que han castigado al PP de Madrid.
El riesgo, aseguran, es que Vox se convierta en el voto de referencia de la derecha, mientras el centro se lo queda Ciudadanos. Casado ha trasladado el mensaje de que su liderazgo es el regreso del "PP verdadero".
"El problema no es si hay o no guiños a Vox, es que cunde una idea de nerviosismo
que ahora es difícil de parar", explican. "Y aparece ahora Aznar
pidiendo el voto para el PP con todo lo que ha dicho y hecho y lo
difícil que es estar en un partido como este".
Desde la convención, y en línea con el mensaje de Aznar, Casado ha reivindicado al PP como la casa común del centro derecha. Y ha pedido a los votantes que no busquen fuera del PP al PP. El presidente popular advirtió además de que lo que no se gane en las urnas se puede perder en los pactos.
