La Región supera en 11 puntos la media nacional de pobreza y se aparta 19 del objetivo fijado para 2010

MURCIA.- La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha criticado que la población de la Región de Murcia en riesgo de pobreza y exclusión social creció un 4 por ciento en 2010 respecto al año anterior, elevándose al 36,1 por ciento, lo que la sitúa once puntos por encima de la media nacional y a 19 puntos del objetivo fijado por el Gobierno regional para 2010.

   Así se desprende de un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), que indica que el índice de pobreza en la Región de Murcia es el segundo mayor por comunidades autónomas, sólo por detrás de Extremadura que es la que registra una tasa más alta, con un 41,5 por ciento, y por encima de la media nacional del 25,5 por ciento de la población.

   Rosique recordó que el Gobierno regional se comprometió en 2008, en el Plan de Reactivación Económica de la Región de Murcia Horizonte 2010, a bajar los índices de pobreza al 17 por ciento. Denunció que "lejos de cumplir ese objetivo se está produciendo todo lo contrario, y la Región se está distanciando cada vez más de los índices de la media nacional".

   De hecho, Rosique recuerda que, en 2008, el índice de pobreza en la Región de Murcia se situaba en el 25 por ciento, es decir, 11 puntos menos que en 2011. En su opinión, esto demuestra que el Gobierno regional no ha aprovechado los años de bonanza para reducir los índices de pobreza".

   La diputada declaró "que estos índices posiblemente se superarán durante 2012 como consecuencia de que la crisis económica se está viviendo con mayor intensidad en la Región de Murcia, "debido a la errática política del Gobierno regional y a la ausencia de políticas reales de lucha contra la pobreza".

   En este sentido, la diputada regional socialista se ha preguntado a qué espera el Gobierno regional para cumplir la ley de Renta Básica y frenar los "insoportables índices de pobreza y de exclusión social de la Región de Murcia".

   La parlamentaria socialista añadió que "resulta incomprensible que el Gobierno regional con estos datos esté incumpliendo desde 2007 la Ley de Renta Básica de Inserción. Dicha ley garantiza como derecho subjetivo unos recursos mínimos a aquellas personas o núcleos familiares que carezcan de lo indispensable y además obliga a la puesta en marcha de planes de inclusión social".

   A su juicio, el Gobierno Regional "quiere hacer pasar el Salario Mínimo de Inserción por la Renta Básica y no es lo mismo". En primer lugar, Rosique dice que el Salario Mínimo "no es un derecho subjetivo y la renta Básica si, además hay una diferencia económica de unos 100 euros de media por no hablar de la obligación de poner en marcha los Planes de Inclusión Social".

   Otro dato que demuestra que el Salario Mínimo de Inserción no es lo mismo que la Renta Básica, es que alrededor de 1.700 personas perciben el Salario Mínimo, mientras que el número de personas en situación de pobreza en la Región y, por lo tanto, "deberían percibir la Renta Básica, supera el 30 por ciento de la población", añade.

   La Renta Básica establece unos ingresos mínimos mensuales de 100 euros para los beneficiarios, y lleva implícita la puesta en marcha de planes de inserción social, pero como no se ha aprobado el reglamento, la Ley "está siendo incumplida desde 2007", ha matizado.

   Y es que la ley recogía la obligatoriedad del Gobierno regional de aprobar el Reglamento que desarrolla la Renta Básica de Inserción en un plazo de seis meses tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Sin embargo, han pasado cinco años "sin que el Gobierno regional haya cumplido dicho trámite", destaca Retegui.

   El Grupo Parlamentario Socialista viene denunciando esta cuestión desde entonces. El pasado mes de noviembre, el PSOE debatió una moción en la Cámara que fue aprobada por unanimidad y donde se le pedía nuevamente al Gobierno regional la aprobación del Reglamento de la Ley de Renta Básica, "sin que hasta el momento lo haya cumplido, desoyendo el mandato de la Asamblea Regional".

   Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista pedirá a la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, que explique en la Asamblea por qué todavía sigue sin aprobarse el Reglamento que desarrolla la Ley de Renta Básica de Inserción.

La transparencia en los organismos que gestionan el agua en España "sigue siendo insuficiente"

MADRID.- Los resultados del Índice de Transparencia en la Gestión del Agua (INTRAG) 2011, elaborados por la organización Transparencia Internacional España, ponen de evidencia que, aunque la transparencia en los organismos que gestionan el agua en España "ha mejorado", ésta "sigue siendo insuficiente".

   En este caso, se han evaluado los mismos catorce organismos que el año anterior: nueve Confederaciones Hidrográficas y cinco Agencias Autonómicas del Agua. De entre ellos, la Confederación Hidrográfica del Ebro, con una puntuación de 80 sobre 100, ha sido la mejor valorada, habiendo quedado en segundo lugar la Confederación Hidrográfica del Júcar, con una puntuación de 78,1.

   Cabe destacar, además, la sustancial mejora de organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo. En contra, los organismos menos transparentes según este Índice han sido Aguas de Galicia, por una parte, y el organismo gestor del agua en Baleares, por otra.

   En cualquier caso, los responsables del estudio advierten de que "cabe destacar que el nivel medio de transparencia mostrado por el conjunto de los organismos de cuenca evaluados ha sido superior al que obtuvieron en el Índice de 2010, habiendo obtenido una discreta nota media general de 59,6, frente a la de 51,2 del año anterior".

   "Analizando las distintas Áreas de transparencia se pone de manifiesto que los agujeros negros de información para el conjunto de organismos se siguen produciendo principalmente en las áreas de Gestión del Agua y en su Transparencia Económicofinanciera", apostilla el texto.

   Por el contrario, la información relativa a los propios Organismos, así como a los procesos de Planificación, está en la mayoría de los casos bastante bien cubierta. En cuanto a la información relativa a la Relaciones con el público y las partes interesadas, así como la de Contratos y licitaciones, son áreas que aunque presentan cierto grado de transparencia, necesitan en todo caso mejorar.

   El Índice de Transparencia también afirma que existen algunas asignaturas pendientes con carácter general, dado que en la mayor parte de los organismos no se facilita información sobre las siguientes materias: actas de las reuniones de los Consejos del Agua, liquidaciones a la finalización de las Obras, actualizaciones de los Registros de usos y concesiones de aguas.

   En cualquier caso, ha destacado el importante nivel de colaboración que la generalidad de los Organismos evaluados ha prestado a TI-España en el proceso de evaluación, revisando los cuestionarios enviados por esta organización y apartando información complementaria para la elaboración de este Índice de Transparencia.

EAPN-RM espera una reunión con Bernal para abordar las deudas pendientes de 2010 y 2011

MURCIA.- La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) ha afirmado que espera una reunión con el nuevo consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, Juan Bernal, para abordar las deudas que la Administración regional tiene pendientes con las 27 ONG que componen esta organización, entre las que se encuentran Cáritas y Cruz Roja.

  El presidente de EAPN-RM, Jesús Salmerón, ha recordado que el consejero saliente, Salvador Marín, se comprometió a finales de 2011 a pagar los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en dos cómodos plazos, el primero de ellos en noviembre y el segundo en diciembre.

   Sin embargo, el primer plazo se liquidó en diciembre y el segundo todavía, a finales de febrero, no se ha pagado, según Salmerón, quien ya alertó que la deuda que el Ejecutivo autonómico tiene contraída con todo el tercer sector en 2011 supera los cuatro millones de euros, mientras que la deuda con las 27 entidades de EAPN del 2010 es ligeramente superior a dos millones de euros.

   Salmerón desconoce el montante total al que asciende la deuda de todas las ONG y, aunque asegura que es "mucho dinero", explica que es "difícil de calcular". No obstante, ha señalado que, "algún día, cuando la Comunidad publique un informe con la ejecución de los presupuestos de 2011 nos enteraremos, porque es preciso ser experto para averiguarlo".

   Asimismo, ha alertado que hay millones de euros procedentes del Estado o de la Unión Europea para sufragar actuaciones de 2011 que se tendrían que devolver, puesto que se trata de programas cofinanciados con la obligatoriedad de que se abonasen antes de que finalizase el año. Sin embargo, la Comunidad recibió estas partidas y todavía no las ha pagado, según Salmerón.

   El montante, por ejemplo, los programas de formación ocupacional y del Fondo Social Europeo "ascienden a millones de euros, pueden rondar los dos o tres millones". De lo presupuestado, afirma que a lo mejor se ha gastado el 30 por ciento, por lo que se pregunta "dónde está el 70 por ciento restante", ya que "lo que no se ha gastado hay que devolverlo".

   Salmerón no acierta a cuantificar el dinero que se debe de devolver de los programas de 2011 que no se han abonado. Por ejemplo, ha afirmado que si la Comunidad no hubieran decidido asignar los dos millones de euros correspondientes a partidas de inmigración "está claro que se han perdido". Por ello, advierte que "alguna gente tendrá que dar explicaciones".

   Sin embargo, confirma que hay otros programas cofinanciados con dinero propio de la Comunidad Autónoma y del Estado o de la UE que "en algún momento es preciso justificar y responder". Se trata, por ejemplo, de los programas de inmigración de 2010 que el Ministerio ha transferido y abonado, pero que las ONG no han recibido, por lo que se pregunta "cómo se justifica esta situación".

   No obstante, Salmerón reconoce que las consejerías "no han pasado" de las ONG de EAPN-RM, sino que "han ido aplazando sus decisiones porque ellas también necesitaban saber qué iban a plantear". Por ejemplo, el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) hizo efectivo finalmente el pago de un programa de empleabilidad, que se elevaba a unos 800.000 euros.

   En este momento, la red está planteando las deudas a la Administración, y advierte que el siguiente paso es que estos compromisos los asuma la Consejería de Hacienda, a la que EAPN-RM está consultando para conocer el plan de pago. De todas formas, Salmerón cree que tendrán que esperar algún tiempo para reunirse con Bernal, ya que el nuevo consejero debe "asumir las riendas".

   Respecto a 2012, Salmerón señala que los presupuestos están aprobados pero todavía no han salido convocatorias. En este sentido, Salmerón ha mostrado su temor a mayores recortes porque "el déficit no termina de controlarse".

   EAPN-RM ha denunciado que el Gobierno regional ha recortado más de un 25 por ciento los recursos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2012 destinados a atender a las personas que sufren pobreza y exclusión respecto al ya mermado presupuesto de 2011, una bajada en la inversión que se eleva al 43 por ciento respecto a las cuentas de 2010, lo que impedirá atender las necesidades de este colectivo el año que viene.

   No obstante, ha dicho que no son cifras definitivas, puesto que hay una enmienda a los presupuestos de 600.000 euros de acciones de lucha contra la pobreza que no se sabe todavía como se va a gestionar.

   Las 27 entidades que componen está red son Cáritas, Cruz Roja, Accem, Fundación Secretariado Gitano, Mpdl, Fundación Cepaim, Murcia Acoge, Copedeco, Hermanas Oblatas, Asociación Nacional Proyecto Abraham, Asociación Rascasa, Proyecto Hombre, Asociación Columbares, Asprosocu, ONG Solidarios para el Desarrollo, Colectivo Parentesis, Fundación Sierra Minera, Asociación Cats, Fundación RAIS, Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia, Coordinadora de Barrios, Cefis; Colectivo La Huertecica, Colectivo El Candil, Asociación Betania y Redes para la Inserción Socioeducativa.

La Comunidad habría dejado de ingresar tres millones por no suscribir programas cofinanciados por el Estado

CARTAGENA.- La responsable de Sanidad y Política Social del Grupo  Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, ha denunciado públicamente que las arcas regionales habrían dejado de ingresar tres millones de euros en 2011 como consecuencia de la negativa de la Administración autonómica a suscribir acuerdos con el Gobierno de España para la ejecución de proyectos de Política Social cofinanciados por ambas administraciones.

    Rosique ha recordado que el Ministerio de Sanidad y Política Social publicó esta convocatoria en 2011 y, para acogerse a las ayudas, las comunidades tenían que fijar la disposición de fondos. En el caso de Murcia, estos programas suponían una inversión total de cinco millones de euros, tres de los cuales serían aportados por el Ministerio y los dos millones restantes por el Gobierno regional.

   Sin embargo, Rosique ha indicado que la Comunidad "todavía no ha aportado su parte y ni siquiera se sabe si ha suscrito la convocatoria". Para tratar de averiguarlo, el PSOE presentó el pasado mes de noviembre una moción en la Asamblea, pidiendo al Gobierno regional que suscribiera las ayudas para los programas cofinanciados por el Gobierno central.

   En su moción, el PSOE advirtió del riesgo que se corría de "poder perder esos recursos", lo que "afectaría a los programas a desarrollar y a las personas que se podrían beneficiar de ellos, sino que también afecta al empleo, puesto que todo el dinero que se invierte en Política Social también crea empleo", ha añadido la diputada regional.

   Por lo tanto, critica que, en la medida en que la Administración "renuncia a cinco millones de euros, está renunciando a políticas sociales e impides que muchos trabajadores sociales tengan un puesto de trabajo", ya que estos gastos suponen una "inversión productiva".

   En concreto, la Comunidad Autónoma debía recibir 4,1 millones de euros del Fondo de apoyo a la acogida, integración y refuerzo educativo de inmigrantes, de los cuales el Ministerio debía aportar 2,8 millones de euros, mientras que la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos que se acogieran al mismo debían aportar los 1,3 millones restantes.

   Este fondo tenía como finalidad promover y potenciar las políticas públicas en estos ámbitos de actuación en base a principios de subsidiariedad, complementariedad y cooperación con las comunidades y los entes locales.

   Asimismo, Rosique denuncia que la Comunidad habría renunciado a 226.533 euros del Ministerio para los créditos destinados a la cofinanciación de proyectos de intervención social integral para la prevención de marginación e inserción del pueblo gitano, así como programas dirigidos a la infancia y actuaciones del Plan de Acción para las personas con discapacidad. En este caso, la Comunidad tenía que aportar 214.460 euros.

   Por otra parte, la diputada regional socialista añade que la Comunidad debe unos cuatro millones de euros a todo el tercer sector sumando 2010 y 2011, lo que a su juicio supone "una situación de desmantelamiento".

   En este sentido, la diputada regional socialista admite que el Gobierno regional ha abonado un pago del 25 por ciento a la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM).

   Rosique añade que el PSOE presentó una solicitud de información en la Asamblea para interesarse por la deuda que tiene contraída la Comunidad con el tercer sector, y desde cuando se tiene, algo a lo que "tendrá que contestar el Gobierno regional", ha advertido.

   Esto supone un "problema muy tarde", ya que ha supuesto "la pérdida de centenares de puestos de trabajo de trabajadores sociales, el cierre de organizaciones sociales y dejar al borde de la quiebra al sector, que además ha tenido que hipotecar su patrimonio para poder subsistir".

   A todo ello, cabe sumar el "cerrojazo que se ha pegado a todas las nuevas subvenciones que estaban previstas en el año 2011 y que, como consecuencia del cierre de caja que la Administración regional hizo en julio, no han sido convocadas". Además, añade el "recorte del 25 por ciento en políticas sociales para 2012".

IU reclama al PP que fije entre sus prioridades la lucha contra la exclusión social

MURCIA.- La responsable de Política Social de Izquierda Unida-Verdes, Adoración Peñas, ha reclamado este lunes al Gobierno regional que establezca entre sus prioridades la lucha contra la pobreza y aumente la inversión pública en materia de política social para reducir la tasa de exclusión en la Región de Murcia.

    Peñas ha hecho estas declaraciones tras conocer que, según un informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), el 36,1 por ciento de las personas que residen en Murcia se encuentran en riesgo de exclusión social, solo por detrás de Extremadura, Canarias y las ciudades autónomas de  Melilla y Ceuta.

    Ha apostado porque las políticas de bienestar social sean entendidas por los responsables políticos como "un complemento" de las políticas económicas y de creación de empleo, y "nunca como acciones aisladas en el asistencialismo".

    Asimismo, ha considerado "injusto y erróneo" que se efectúen recortes en las políticas de protección social, ya que el hecho de reducir la cobertura social supone dejar sin atender las necesidades básicas de los ciudadanos más afectados por la crisis.

    "Es necesario un mayor empuje del sector público para garantizar las necesidades de las personas más desfavorecidas por la situación económica, en lugar de recortar las prestaciones destinadas a erradicar la exclusión y la inversión en programas sociales", ha concluido Peñas.

La retribución del consejo de Banco Sabadell alcanzó seis millones en 2011

BARCELONA.- La retribución del consejo de administración de Banco Sabadell fue de 6,06 millones de euros en 2011, de los que 5,8 millones corresponden a la sociedad dominante y 255.000 euros a otras sociedades del grupo, lo que supone el 2,6% del beneficio atribuido a la entidad financiera el pasado año, ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Según datos del Informe Anual de Gobierno Corporativo, los 15 consejeros del banco también recibieron otros beneficios, como créditos por 10 millones, aportaciones a fondos y planes de pensiones por 3,2 millones, y garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros por 4,3 millones.

   Otros 24 miembros de la alta dirección que no son consejeros ejecutivos recibieron una remuneración de 8,7 millones de euros en 2011.

   Además, entre consejeros ejecutivos y alta dirección, Banco Sabadell cuenta con cláusulas de garantía o blindaje por despido o cambios de control para 24 beneficiarios, que han sido aprobadas en el consejo de administración pero sobre las que no se informa ni pide autorización en la junta general.

Las CC AA informarán mensualmente de sus cuentas

MADRID.- Las Comunidades Autónomas (CCAA) deberán informar mensualmente de la evolución de sus cuentas a partir del momento en que entre en vigor la nueva ley orgánica de estabilidad presupuestaria, dijeron fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Esta información, que hasta ahora tenía un carácter trimestral, constituye una parte esencial de la transparencia que quiere instaurar el Gobierno del Partido Popular con relación a las cuentas públicas y cuyo contenido ya está incluido en el Anteproyecto de Ley aprobado por el Ejecutivo el pasado viernes y que ahora deberá tramitarse en las cámaras legislativas.

Una parte esencial de esta nueva reglamentación, que busca la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas con el objetivo de estabilidad presupuestaria, prevé como rasgos sustantivos el equilibrio o el superávit presupuestario de todas las administraciones públicas y una ratio deuda/PIB no superior al 60 por ciento, ambos objetivos en el horizonte del año 2020.

Sin embargo, el nuevo marco normativo contempla que el Ministerio de Hacienda pueda sancionar a las comunidades en base al presupuesto ya aprobado para este año.

El Gobierno congelará transferencias a CCAA que no paguen multas por déficit

MADRID.- El Gobierno congelará las transferencias que contempla el sistema de financiación autonómica a las comunidades que no paguen las multas impuestas ante la desviación de sus objetivos de déficit, según el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria.

   Así lo ha explicado la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás en una sesión informativa, tras asegurar que la ley es más exigente que las anteriores porque introduce la idea de control permanente de la situación económica desde el suministro constante de información.

   Hasta este momento, solo se elaboraba un informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, mientras que a partir de ahora se realizarán una serie de informes periódicos que permitirán un mayor control y rigor en el cumplimiento de los objetivos.

   De hecho, una de las novedades del texto es que las comunidades aportarán mes a mes las liquidaciones de ingresos y gastos al Estado, de forma que el Gobierno pueda publicar mensualmente el déficit de las comunidades autónomas, algo que hasta ahora hacía de forma trimestral.

   El control, los requerimientos de información y los mecanismos preventivos y correctivos que contempla el anteproyecto entrarán en vigor con la aprobación de la ley, por lo que se podrán aplicar ya en los presupuestos del año 2012 y estarán plenamente en vigor de cara a las cuentas de 2013.

   El proceso se iniciará, tal y como ha expresado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, antes del 1 de abril, cuando el Ministerio de Hacienda proponga los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. En 15 días, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) tendrán que emitir un informe al respecto.

   Tras recibir el informe, el Consejo de Ministros fijará los objetivos e incluirá el techo de gasto del Presupuesto estatal junto a un informe del Ministerio de Economía y Competitividad sobre la situación económica, que contendrá, además, la regla de gasto. Propondrá también objetivos de déficit individuales a las comunidades autónomas que, previo informe del CPFF, también se aprobarán en Consejo de Ministros.

   Una vez que los objetivos y el techo de gasto se aprueben en las Cortes, las administraciones deberán aplicar dichos objetivos y la regla de gasto en la elaboración de sus Presupuestos. Así, antes del 1 de agosto deberán remitir al CPFF los límites de gasto aprobados y antes del 1 de octubre enviarán a Hacienda las líneas fundamentales de sus Presupuestos.

   En ese mismo mes, antes del día 15, Hacienda informará sobre la adecuación de los Presupuestos a la regla de gasto y el objetivo de estabilidad y hará posibles recomendaciones. De hecho, desde el mismo momento en el que empiece a evaluar los techos de gasto autonómicos Hacienda puede activar los mecanismos preventivos y correctivos. En los meses de octubre, noviembre y diciembre se aprobarán los presupuestos de los gobiernos autonómicos y locales.

   Antes del 1 de abril del año siguiente, el Ministerio emitirá un informe sobre el grado de cumplimiento de los presupuestos iniciales y antes del 1 de octubre emitirá un informe sobre el cumplimiento de los objetivos del ejercicio anterior y el grado de cumplimiento del ejercicio corriente. Con esta información, que publicará periódicamente, enviará informes al CPFF y a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).

   Si en este proceso Hacienda detecta riesgo de incumplimiento de los objetivos podrá formular una advertencia en cualquier momento, lo que llevará a la administración en cuestión a adoptar medidas en el plazo de un mes. Si se no se adoptan estas medidas o son insuficientes, entrarán en juego las sanciones.

   Tras detectar el riesgo y si se supera el 95% de límite de deuda (100% en el periodo transitorio) se limitará de forma automática el endeudamiento de la administración en concreto, que solo podrá realizar operaciones de Tesorería.

   Si alguna administración incumple sus objetivos, deberá elaborar en un mes un plan económico financiero (uno de reequilibrio si incurre en un déficit estructural) que permita reducir la desviación y volver a cumplir los objetivos en el plazo de un año. El plan, que será analizado en el CPFF, se seguirá trimestralmente y puede llevar a la imposición de sanciones si no se cumple. En el caso de las entidades locales, los planes se supervisarán en la CNAL.

   Ante el incumplimiento de los planes, las administraciones requerirán el visto bueno para todas las operaciones de endeudamiento, elaborarán informes para sacar adelante cualquier subvención o convenio y tendrán 15 días para adoptar un acuerdo de no disponibilidad si no cumplen sus planes económico financieros.

   Además, los mecanismos correctivos se concretarán en depósitos con interés en el Banco de España. Las administraciones no recibirán el interés si no aplican medidas en tres meses y los depósitos se pueden convertir en multas si pasan seis meses. Si transcurren nueve meses, el Gobierno puede acordar el envío de una delegación de expertos al territorio incumplidor.

   La secretaria de Estado ha explicado, además, que el Gobierno congelará las transferencias previstas en el sistema de financiación a todas aquellas comunidades que no paguen la multa impuesta previo acuerdo del Ejecutivo. Además, las multas también se podrán imponer a las comunidades que no cumplan sus obligaciones de información.

Según Moody's, las fusiones entre bancos españoles debilitarán a los más fuertes

LONDRES.- La decisión del Gobierno español de impulsar un nuevo proceso de consolidación en el sector bancario español evitando inyectar fondos públicos a las entidades puede suponer el debilitamiento de la calidad del perfil crediticio de los bancos más fuertes que participen en las fusiones, según apunta la agencia de calificación crediticia Moody's. 

   "Si la calidad crediticia de los bancos inmersos en el proceso de fusión difiere significativamente y el tamaño de la entidad más débil es material, la calidad crediticia de la entidad resultante normalmente es más débil de la que tenía el banco más fuerte", explica la calificadora de riesgos.

   Así, Moody's espera que este proceso de consolidación tenga lugar en los próximos meses y apunta que las nuevas fusiones "no se financiarán con fondos públicos", a pesar de que el fondo de recapitalización ordenada bancaria (FROB) siga en vigor.

   "El Gobierno ha expresado claramente su intención de limitar el respaldo público a los bancos", advierte la agencia, que considera "muy improbable" la posibilidad de que las entidades reciban nuevas inyecciones de fondos en el actual contexto de disciplina presupuestaria.

   "Esperamos que el Gobierno presente a principios de febrero un plan de reestructuración del sector bancario", apunta Moody's, que, de esta manera, advierte del riesgo que puede acarrear la posibilidad de que las entidades más fuertes tengan que fusionarse con otras más débiles sin contar con una compensación suficiente por parte del Gobierno, ya sea mediante inyecciones directas de capital o a través de un plan de garantía de activos.

   Asimismo, la calificadora de riesgos ha advertido este lunes de que el sustancial deterioro de las perspectivas económicas manejadas por el Banco de España, que prevé una contracción del 1,5% del PIB en 2012 y sólo una modesta recuperación del 0,2% en 2013, resulta negativo para el perfil de crédito de los bancos españoles, que sufrirán un impacto negativo en sus niveles de solvencia por la necesidad de mayores provisiones.

   "El deterioro del entorno operativo resulta negativo para el perfil de crédito de los bancos y esperamos que las cada vez más adversas condiciones cuestionarán aún más negativamente los fundamentos crediticios del sector bancario español", explica la agencia en una nota para inversores.

   En este sentido, Moody's precisa que las nuevas y peores previsiones publicadas por el Banco de España añaden presión sobre los indicadores de calidad de los activos de los bancos, por lo que consecuentemente los niveles de solvencia de las entidades se verán negativamente afectados por las mayores provisiones.

   Asimismo, Moody's recuerda que los bancos españoles deberán cumplir en junio de 2012 con las exigencias de capitalización planteadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), así como con unos más estrictos requisitos de provisionamiento por parte del Banco de España y que probablemente podrían aprobarse antes de finales del primer trimestre.

   "Puesto que la capacidad de generar capital mediante la retención de ganancias es muy limitada, los bancos se verán forzados a recapitalizarse a través del desapalancamiento o bien buscando fuentes externas de capital, lo que será un desafío para un gran número de entidades, ya que los mercados de capitales permanecen cerrados para muchos bancos españoles", apunta la agencia.

   "Si ese fuera el caso, el reestructurado sector bancario español podría acabar con un significativo deterioro entre los perfiles de crédito de las entidades más fuertes, debilitando consecuentemente la calidad crediticia del sistema en general", concluye la agencia.

   En concreto, Moody's destaca el impacto de las potenciales fusiones entre bancos españoles sobre la calidad crediticia de las cédulas hipotecarias emitidas por la entidad más fuerte participante en el proceso, que se verá lastrada por la de la entidad más débil.

   "Si las fusiones tienen lugar, los titulares de cédulas hipotecarias de la entidad más fuerte de la fusión tendrán que aceptar la menor calidad crediticia de las entidades resultantes", señala la calificadora de riesgos, como reflejo del empeoramiento de los colaterales aportados como garantía.

   "Los 'pools' hipotecarios más fuertes están correlacionados con las entidades más fuertes y más solventes", señala Moody's, que recuerda que en España los tenedores de estas cédulas hipotecarias cuentan con escasos argumentos legales para oponerse a la fusiones de entidades..

El 36,1% de los murcianos está en riesgo de exclusión y pobreza, un 4% más que hace un año

MADRID.- Más de la cuarta parte de los ciudadanos se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en el año 2010, cuando se incrementó en un millón de personas el número de ciudadanos en esta situación respecto del año anterior, según un estudio elaborado por la Red Europea contra la Pobreza (EAPN) y dado a conocer por su filial en Madrid. 

   La Red utiliza el indicador europeo AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) para medir el grado de pobreza y exclusión en España y concluye que en 2010, más de once millones y medio de personas en España, un 25,5 por ciento de la población, se encontraban en esta situación frente a los 10,6 millones identificados en el año 2009.

   "La diferencias entre los datos de 2009 y 2010 muestran un avance claro de la pobreza y la exclusión social, que las medidas y estrategias no han logrado detener, menos aún disminuir", explica EAPN Madrid, para incidir en que "este aumento de personas en riesgo de pobreza y exclusión social es un indicador de las desastrosas consecuencias que la crisis está teniendo en el bienestar de la ciudadanía".

   Por comunidades autónomas, es Extremadura la que registra una tasa más alta, con un 41,5 por ciento de sus ciudadanos al borde de la pobreza y la exclusión, y un incremento del tres por ciento entre 2009 y 2010. En Melilla, está en esta situación el 37,3 por ciento de los ciudadanos (3% menos que en 2009) y en Ceuta, la tasa se mantiene estable en el 37,7%.

   Le siguen Murcia, que registra un 36,1% y un aumento del 4% en un año; Andalucía, con un 35,9 por ciento (2,9% más); Canarias, donde el 35,3 por ciento de los habitantes está en riesgo de pobreza y exclusión; Castilla-La Mancha, 30,9% (0,7% más); Comunidad Valenciana, con un 26,3% (4% más) y Baleares, con 25,8% (2% más).

   Por debajo de la media nacional se encuentran Galicia (22%), Asturias (18,8%), Cantabria (19,6%), País Vasco (15,6%), Navarra (9,7%), La Rioja (24,9%), Aragón (15,9%), Madrid (18,1%), Castilla y León (24,6%) y Cataluña (19,8%).

   La organización recuerda que en mayo de 2010, España se propuso llegar a una cifra comprendida entre 9,1 y 9,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión, reduciendo en un millón y medio en el período 2009-2019 el volumen de ciudadanos afectados, y, sin embargo, se produjo un aumento precisamente de un millón de personas.

   Por eso, EAPN Madrid pone el acento en la necesidad de acometer "una profunda transformación de las políticas sociales en España" para lograr los objetivos de reducción de la pobreza y combatir los efectos más negativos de la situación económica, así como de poner en marcha una estrategia "que aborde las desigualdades existentes entre las distintas comunidades y ciudades autónomas".

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