Hace ya mucho tiempo, largos años, que
la izquierda no pasa por su mejor momento y lánguida como una novicia
mística, arrastra su desconcierto y perplejidad de problema en problema.
Aproximadamente desde la caída del muro de Berlín, cuando el
neoliberalismo triunfante se hizo con la hegemonía del pensamiento
político y social en nuestro tiempo, el panorama se ha vuelto confuso.
En lugar de los viejos y rotundos dogmas de las dos vertientes de la
izquierda, la economía planificada del modelo comunista y la economía
social de mercado de la socialdemocracia, aparecen ahora titubeos,
ambigüedades, mezcolanzas ideológicas que, como las "terceras vías"
inglesas, los "nuevos centros" alemanes y el "republicanismo cívico"
español, carecen de toda proyección teórica y no son más que consignas
electorales ayunas de toda reflexión. Por no hablar del "socialismo del
siglo XXI" o el "empoderamiento de los de abajo". Pura palabrería huera.
Así
las cosas era fatal que, ante el frustrante resultado de las elecciones
del 20 de diciembre, las distintas fuerzas de la izquierda española se
llamaran a sí mismas a capítulo para entender en qué habían fallado y
cómo poner remedio. Y así ha sido. Con la llegada de la primavera en que
los cristianos celebran la muerte y resurrección de su dios en un
lejano eco del mito de Osiris y los paganos festejamos con los misterios
eleusinos, cuando Perséfone es devuelta a su madre, Démeter, para traer
de nuevo la vida a la tierra, las tres principales fuerzas de la
izquierda estatal se han embarcado en sendos proyectos de refundación.
En primer lugar, el joven e incansable Garzón quiere que
IU supere a IU,
algo que la federación hace una o dos veces al año, cada vez que se
embarca en alguna de sus interminables peloteras que acaba siempre como
el rosario de la aurora. No hay expulsión, escisión, purga o
extrañamiento que no se haya hecho en nombre de la unidad y con el fin
de convertir a IU verdaderamente en el alma y la voz de esas mayorías
sociales que dice representar con la misma autoridad con que Palinuro
podría representar un cuerpo de la guardia civil. Sin duda, sobre el
papel, la propuesta de Garzón es plausible y muy oportuna: un reformismo
radical, cierto prudente anticapitalismo, un keynesianismo inconfeso,
el ecologismo y el feminismo. Cualquier demócrata de izquierda firmaría
eso. Incluso Palinuro si se le añade la reivindicación de la República y
la necesidad de poner a los curas en su sitio.
Pero,
por desgracia para Garzón, IU no es solamente una federación de
partidos, grupos y gentes más o menos razonable. También es, sobre todo,
una pantalla del Partido Comunista de España (PCE) que no se atreve a
presentarse a las elecciones con su propio nombre porque teme, con
razón, que no lo vote nadie. Y si superar o trascender a IU que es un
ente magmático parece tarea fácil, la cosa se pone chunga cuando se
trata de que el PCE pierda relevancia ante las nuevas realidades.
Los
viejos comunistas que vigilan de cerca el flirteo con IU no están
dispuestos a abandonar sus dogmáticas creencias que dan sentido a sus
vidas. Hace unos días, el camarada Centella, secretario general del PCE
publicaba
una carta en la prensa dirigida a la militancia,
un texto que venía del frío de Siberia y de la apelmazada mentalidad
estalinista. Por fortuna para IU es de suponer que este escrito carezca
de todo efecto porque, de tener alguno, acabará consiguiendo que a IU no
la voten ya ni sus dirigentes.
A
su vez, Podemos, igualmente afligido por sus magros resultados en las
elecciones del 20 de diciembre, quiere recuperar la iniciativa y
reafirmar su propuesta con una ambiciosa campaña de refundación que
podría llamarse Vista Alegre Revival. A diferencia de lo que
sucede con IU, el problema de Podemos es la inexistencia de una columna
vertebradora orgánica o de pensamiento y el riesgo de que la
organización se diluya en una impreciso régimen de confluencias,
articulaciones y asambleas.
Una vez que la organización morada se haya
librado de los elementos que ha ido plagiando de aquí y alla, empezando
por el nombre del partido y terminando por las opciones de unidad
popular, copiadas de la CUP catalana, parce bastante claro que no le
quedará gran cosa. La lucha entre partidarios de la estructura
jerárquica y los de la asamblearia no lleva a ningún sitio porque es
ficticia. A Podemos no le queda otro remedio que terminar de integrarse
en el sistema qe venía a combatir como un partido más y esos
llamamientos a los círculos inevitablemente traen a la memoria los
círculos viciosos.
Si
los dos anteriores, IU y Podemos presentan síntomas de agotamiento, del
PSOE puede decirse que está en la UVI. Los debates de las otras dos
fuerzas pueden ser más o menos pertinentes y razonables, pero son. En el
PSOE no hay debates sobre teorías, formulaciones estrategias sino
exclusivamente sobre asuntos de poder e influencia, sobre maniobras
orgánicas para controlar tal comité o tal otra comisión, sobre la
influencia de un barón o la de otro, sobre acuerdos de las dirigentes
entre bambalinas de los que el pueblo se entera a toro pasado, como
dicen los amantes de las corridas.
Aquí solo se habla de intereses,
enchufes, baronías y ambiciones personales. Esta señora Díaz que, al
parecer, quiere reñir el puesto a Sánchez, una cagacirios, amante de las
corridas de toros y nada competente y eficaz en la lucha contra la
corrupción, revela hasta qué punto el PSOE se encuentra en una deriva
hacia la derecha, que solo se podrá atajar si el conjunto de la
oposición, formando un bloque, expulsa al gobierno corrupto mediante una
moción de censura que podría dar lugar a un régimen "transitorio"cuya
única finalidad sería convocar nuevas elecciones.
Porque,
en definitiva, así parece que será: habrá elecciones nuevas. Al menos,
todos los partidos se preparan para ellas ya sin ningún recato. Podemos
insiste en vetar a C's y C's avisa de que un pacto con Podemos que
incluya el referéndum de autodeterminacion de Cataluña, no será
aceptable. Si ninguno de los dos cede, no habrá acuerdo y será preciso
ir a elecciones en junio.
Hasta qué punto puede llevar este fracaso a la
degeneración de cualquier ideal de izquierda lo da la reciente
reaparición del reaccionario Rubalcaba, auténtico submarino del PP en el
PSOE, postulando la gran coalición. Su falaz argumento es que, si el PP
vuelve a ser el partido más votado, los españoles lo habrán amnistiado
y eso justificará una gran coalición en la que el PSOE apoye al PP e
incluso se admita a Ciudadanos. Desde luego que los electores de la
derecha votarán al PP pero no para amnistiarlo sino porque les parece de perlas votar a un partido de ladrones y corruptos. Quienes amnistiarían
al PP en ese caso serían el propio Rubalcaba y los electores
socialistas quienes, creyendo votar a la izquierda se encontrarían
votando a un partido franquista gracias a las habilidades dialécticas
del carcunda del exsecretario general.
Su único recurso es la represión
El gobierno español no parece tener ya
otro propósito que frenar como sea al catalán. Iba a decir que incluso
recurriendo al juego sucio, como si esto fuera algo extraño cuando el
juego sucio ha sido el habitual en este gobierno de neofranquistas
apoyado por un partido corrupto más banda de presuntos ladrones que otra
cosa.
Juego
sucio el que intentó hacer con Puigdemont, tratando de que no fuera a
recibir a Renzi, el primer ministro italiano cuando vino a Reus con
motivo del accidente de Freginals. Y juego sucio el que intenta la
fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cuando
imputa un presunto delito de sedición a un concejal de la CUP de Vic por
unas afirmaciones en el consistorio (y por tanto, en ejercicio de sus
competencias), apoyando la declaración de independencia del Parlamento
catalán del 11 de noviembre de 2015 y llamando a no obedecer las órdenes
de las autoridades españolas.
Es un movimiento represivo típico de la
derecha más reaccionaria que busca siempre golpear en la parte que cree
más débil, en las personas individuales, su libertad o su economía.
Basta recordar las bestiales cantidades con que los psicópatas del
ministerio del Interior criminalizan las protestas callejeras a través
de la infame Ley Mordaza para darse cuenta de que es lo mismo.
Si
tan valientes son los fiscales y los tribunales españoles, que imputen y
procesen al Parlamento catalán o, cuando menos, a los diputados que
votaron a favor de la declaración de independencia. Pero no será el
caso: seguirán con las personas y una vez más, fracasarán y harán el
ridículo, como siempre, cuando el ejemplo de ese concejal de Vic se
extienda a todos los electos de la CUP y a todos los cargos
representativos independentistas catalanes.
Va a tener que procesar por sediciosa a la mitad de Cataluña.
Hace falta ser estúpido.
Un pueblo de sedicios@s
Un
incidente diplomático esta semana revela la idea que el gobierno
central se hace de sus relaciones con el de la Generalitat, sus
verdaderas intenciones y su indisimulada hostilidad hacia él. El
episodio, como siempre, deja en ridículo al gobierno de España, su
ministerio de Exteriores, en manos de un verdadero incompetente y la
representación del Estado en Cataluña. Con motivo del accidente de
Freginals, el primer ministro italiano, Renzi, aterrizó en viaje privado
en Reus. Vaya por delante que, con ello, ya hizo más de lo que suelen
hacer los políticos del PP cuando ocurre este tipo de desgracias que no
solamente no acuden al lugar de los hechos, sino que pueden irse a un spa.
Y
no solamente no van ellos, sino que tratan de impedir que vayan los
demás. El gobierno avisó a su delegada en Cataluña para que recibiera a
Renzi en Reus, pero no hizo lo propio con el presidente de la
Generalitat. Como quiera que este fuera informado a tiempo, acudió al
aeropuerto, en contra del deseo de La Moncloa. Esta dijo después que
Puigdemont había hecho un “uso político” de la visita de Renzi. Al
margen de la estupidez que implica calificar de “políticos” los usos de
un político, como si fueran algo vergonzoso o impropio, el hecho es que,
si la visita era privada en sentido estricto, la primera que no pintaba
nada allí era la delegada del gobierno.
Y
la prueba es que, al darse cuenta de que la presencia de Puigdemont la
eclipsaba, se esfumó rezongando su disconformidad. El ridículo quedaba
servido: el gobierno del Estado no manda en Cataluña y, cuando manda
algo, se desmanda y tiene que remandarse a sí mismo. Pero su intención
es obvia: imponerse sobre el de la Generalitat, arrinconarlo, no dejarle
tomar decisiones en su propio ámbito de competencias. Porque si la
visita de Renzi era privada y no de Estado, la reacción ante ella, no es
cosa que al gobierno central sino al de la Generalitat.
Este
episodio ilustra una clara tendencia de acción/reacción muy curiosa. En
este momento tienen que interaccionar un gobierno catalán legítimo, en
pleno uso de sus competencias y recién estrenado con mayoría
parlamentaria absoluta y un gobierno central en funciones, sin mayoría
parlamentaria ni expectativa de conseguirla, deslegitimado, incapaz y
que, a mayor abundamiento, se ha declarado fuera de la ley al negarse a
acatar las decisiones del Parlamento. Un gobierno que no sirve para nada
salvo para poner palos en las ruedas del catalán y tampoco con mucho
éxito.
Uno
de estos palos ya lo ha puesto, con su habitual inepcia, la fiscalía
del Estado y la judicatura española que, en sospechosa coincidencia con
las orientaciones políticas del gobierno, ha imputado un presunto delito
de sedición a un concejal de la CUP de Vic. La acusación es que el
concejal apoyó la declaración de independencia del Parlament catalán del
11 de noviembre de 2015 y llamó a desobedecer las decisiones de las
autoridades españolas.
Es
de suponer que tanto el fiscal como el juez de la Audiencia Nacional
actuarán con profesionalidad y con suficiente base jurídica. Les ampara
el principio de presunción de legalidad en sus actuaciones. Lo que no
les ampara es el principio de la lógica y, cuando las actuaciones
jurídicas no coinciden con las reglas de la lógica la que suele salir
mal parada es la justicia.
Porque, a todos los efectos, si apoyar una
declaración de independencia del Parlamento es un acto de sedición, a
quien correspondería imputar y procesar sería a ese mismo Parlamento o,
cuando menos, a los diputados que votaron a su favor. Esto sería lo
lógico y lo que haría –y siempre se muestra favorable a hacerlo- el
diputado Albiol. A su juicio, el Parlamento y el gobierno de la
Generalitat han ido más allá de sus atribuciones y han incurrido en un
abuso de poder. Por ello, suele aconsejar el combativo exalcalde de
Badalona, habrá que suspender la autonomía catalana.
Pero
eso, obviamente, son palabras mayores que no corresponde pronunciar al
fiscal ni a un juez de la Audiencia Nacional, sino que ya intervienen
instancias más altas, como el Tribunal Constitucional, el gobierno del
Estado o, incluso, el propio Congreso de los Diputados. Palabras mayores
que no se atreven a pronunciar porque saben que eso llevaría el proceso
a un peligroso punto de ruptura de consecuencias imprevisibles.
Por
ello actúan más pegados a la tierra y, siguiendo una inveterada
tendencia a la represión de la derecha militante, tratan de sofocar
actitudes colectivas, movimientos de opinión, tendencias sociales
compartidas atemorizando a las personas concretas, denunciándolas,
llevándolas ante los tribunales. Así pretenden siempre yugular los
movimientos reivindicativos, aunque para ello tengan que ignorar
derechos como la libertad de expresión y convertir en delitos las
opiniones políticas, como en tiempos del franquismo. Al juez de la
Audiencia Nacional que ha imputado al concejal, antiguo policía, le
sonará esta melodía.
El
problema, por supuesto, es si los comportamientos investigados se
generalizan y los actos (o no actos) individuales, objeto de acusación
como presunta sedición se repiten en situaciones parecidas. Si los
cientos de cargos electos de la CUP hacen suyas las palabras del regidor
de Vic, los tribunales ¿van a procesarlos a todos? Y si, como es fácil
de barruntar, el presunto comportamiento sedicioso y el apoyo a la
declaración de independencia se extienden a miles de concejales y cargos
electos de ERC y CDC ¿qué harán las autoridades? ¿Una causa general
contra el independentismo catalán? Si la gente de la calle también se
solidariza y firma y apoya la declaración de independencia, ¿también van
a procesarla? ¿Van a tratar de sediciosa a la mitad de la población?
Hay
un conocido y viejo dicho que reza “hágase la justicia y perezca el
mundo” pero la verdad es que cuando verdaderamente perece el mundo es
cuando se hace la injusticia.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
