MURCIA.- El abogado Diego de Ramón acaba de dar otra vuelca de tuerca a su empeño de que el ex presidente de la Comunidad Autónoma y hoy eurodiputado en el Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, no escape a la acción de la Justicia por presuntos delitos cometido en el ejercicio de su cargo y que tenga, además, que abandonar su escaño en Estrasburgo y regresar a Murcia a dar cuenta de una gestión política de 19 años que, incluso, sustrajo a la Asamblea Regional, incluido su ex vicepresidente y sucesor en San Esteban, Alberto Garre.
De Ramón ha presentado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción de Murcia para que investigue si el céntimo sanitario que instauró el gobierno regional en enero de 2011 sirvió para sufragar los gastos de Sanidad, entre los que figuraba el contrato millonario firmado cinco meses antes con 'Hefame'.
Por este contrato se le concedió la Central de Compras, Distribución y Almacenamiento en todos los centros sanitarios de la Región de Murcia.
El letrado explica que «es sospechoso que el expresidente Valcárcel diera el visto bueno a este contrato siendo él socio» de 'Hefame', cooperativa farmacéutica «de la que, además, recibió numerosos regalos y aceptó viajes de lujo».
El célebre abogado murciano se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia con fecha 25 de septiembre para que investigue a Valcárcel, por esa supuesta relación entre el 'céntimo sanitario' del gasóleo/gasolina y la cooperativa farmacéutica 'Hefame', "con urgencia y celeridad para evitar su prescripción". Dicho impuesto regional recaudó 90 millones de euros en sus dos años de vigencia, cantidad claramente insuficiente para cubrir el déficit sanitario regional.
Declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a finales de febrero de este año y con efectos retroactivos a diciembre de 2012, recuerda el letrado que se estableció en 1,2 céntimos por litro de gasóleo y 2,4 de gasolina en enero de 2012 y que subió hasta los 4,8 céntimos en noviembre de 2012.
Establece este abogado, en su nueva acción ante la Fiscalía, relación entre la contrata de la Comunidad Autónoma con 'Hefame' y la imposición del céntimo sanitario en enero 2011 porque se da justo después de la firma en 2010 para la concesión a dicha cooperativa farmacéutica de la central de compras del Servicio Murciano de Salud (SMS) y al margen del presupuesto que facilitaba el Estado para dicho fín.
Recuerda De Ramón que en 2009 el gasto acumulado sanitario en la Región era de 800 millones de euros y que sólo en ese año aumentó en 330 , lo que a su juicio delata cierto descontrol del gasto farmacéutico por parte del Gobierno regional presidido por Valcárcel, que no compraba directamente a los laboratorios sino a través de 'Hefame' a partir de cierta fecha de 2010.
Sostiene el citado letrado en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que, pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y un dictámen en el mismo sentido de ilegalidad de la Comisión Europea, la Comunidad Autónoma presidida por Valcárcel mantiene en vigor el 'céntimo sanitario' hasta 2014, por lo que De Ramón piensa era "para seguir pagando la contratación pública con Hefame" pese a la advertencia de su ilegalidad desde Bruselas y la comisión de venta pagada por los laboratorios a la cooperativa farmacéutica por su intermediación en la compra por parte del SMS.
Revela en su escrito este asesor jurídico de diversas asociaciones contra la corrupción en Murcia que, ante este precedente de incumplimiento de la legalidad comunitaria sentado por Valcárcel, viene informando a la comisaria de Justicia y al presidente del Parlamento Europeo de todos estos hechos al ocupar Valcárcel una de las vicepresidencias de la Mesa.
Este abogado pide también a la Fiscalía investigar el arrendamiento inmobiliario por el SMS como arrendatario de un edificio situado justo al lado del tanatorio de Jesús en Espinardo, propiedad de una sociedad "que ve muy positiva la rentabilidad del inmueble con dicho arrendamiento".
En concreto, De Ramón solicita de la Fiscalía investigar diez cuestiones:
1.- Si de 1999 a 2007 existía algún tipo de contrato con 'Hefame' por parte de la Consejería de Sanidad.
2.- Si existía, en base a qué legalidad y con qué garantías pedidas a 'Hefame', así como tiempo de duración y si se fue por concurso público o adjudicación; y de ser así, si hubo publicación de la convocatoria a nivel regional, nacional y en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas.
3.- Que se investigue la adquisición por la Comunidad Autónoma del antiguo edificio de 'Hefame' en Murcia, solicitando documentación sobre su publicitación, concurrentes, precios ofertados y precios de mercado.
4.- Averiguación de todos los fondos europeos (a través de la Comunidad Autónoma) y ayudas y subvenciones del INFO recibidos por 'Hefame'.
5.- Que se aporten por parte de 'Hefame' los libro o registros donde se encuentren inscritos los socios colaboradores, caso de Valcárcel y Francisco Marqués.
6.- Que manifieste el presidente de 'Hefame' los servicios que se ofrecen a los socios colaboradores y los depósitos financieros a que tienen o tenían derecho, así como sus retribuciones, y si entre esos socios se encuentran o se han encontrado Valcárcel y Marqués (ex consejero de Sanidad y ex director general de la citada cooperativa farmacéutica.
También interesa saber qué cantidades tenían en depósito ambos y durante cuanto tiempo y, en el caso de Marqués, lo que tenía depositado y qué comisiones recibió asi como cuanto tiempo.
7.- Que por responsables de 'Hefame' (presidente, director financiero o administrador general) se informe sobre los pagos que efectuaron a agencias de viaje, hoteles, cruceros, compañías aéreas, desplazamientos, almuerzos, cenas y eventos de ocio ó lúdicos que tuvieron en esas 'invitaciones anuales continuas' en las que participaban Valcárcel y Marqués y el listado de acompañantes de ambos (familia y amigos).
8.- Si actualmente sigue 'Hefame' siendo contratista con la Comunidad Autónoma, como almacenista y distribuidor de fármacos, o si lo fue hasta el cese del señor Valcárcel como presidente el pasado 8 de abril para concurrir como candidato a las pasadas elecciones al Parlamento Europeo.
9.- Que se dé traslado de estas diligencias informativas penales al Parlamento Europeo y su presidente de conformidad con 'el protocolo de transparencia que exigen las autoridades europeas' en base a los convenios contra la corrupción de los países agrupados en GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) en el Consejo de Europa y tras el duro informe publicado el pasado 15 de enero sobre España.
10.- Que se requiera al SMS de la Consejería de Sanidad el contrato de arrendamiento que suscribió sobre el edificio existente junto al tanatorio en Espinardo y se verifique si se realizó con concurrencia de ofertas o si, por el contrario, ha sido fruto de una decisión política, así como que se identifique a la persona o mercantil arrendadora y quienes eran sus socios fundadores y los actuales. También su posible relación con los denunciados (Valcárcel y Marqués) o la propia CARM, y si el montante de arrendamiento es el normal de mercado.
Interesa saber al respecto si el SMS dispone de otras instalaciones que se encuentren infrautilizadas o donde se pudieran llevar a cabo las labores que se desarrollan en dicho edificio arrendado, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas murcianas 'ya que nos podemos encontrar con un presunto delito de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por la adjudicación sin control de dicho arrendamiento'.
De Ramón ha presentado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción de Murcia para que investigue si el céntimo sanitario que instauró el gobierno regional en enero de 2011 sirvió para sufragar los gastos de Sanidad, entre los que figuraba el contrato millonario firmado cinco meses antes con 'Hefame'.
Por este contrato se le concedió la Central de Compras, Distribución y Almacenamiento en todos los centros sanitarios de la Región de Murcia.
El letrado explica que «es sospechoso que el expresidente Valcárcel diera el visto bueno a este contrato siendo él socio» de 'Hefame', cooperativa farmacéutica «de la que, además, recibió numerosos regalos y aceptó viajes de lujo».
El célebre abogado murciano se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia con fecha 25 de septiembre para que investigue a Valcárcel, por esa supuesta relación entre el 'céntimo sanitario' del gasóleo/gasolina y la cooperativa farmacéutica 'Hefame', "con urgencia y celeridad para evitar su prescripción". Dicho impuesto regional recaudó 90 millones de euros en sus dos años de vigencia, cantidad claramente insuficiente para cubrir el déficit sanitario regional.
Declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a finales de febrero de este año y con efectos retroactivos a diciembre de 2012, recuerda el letrado que se estableció en 1,2 céntimos por litro de gasóleo y 2,4 de gasolina en enero de 2012 y que subió hasta los 4,8 céntimos en noviembre de 2012.
Establece este abogado, en su nueva acción ante la Fiscalía, relación entre la contrata de la Comunidad Autónoma con 'Hefame' y la imposición del céntimo sanitario en enero 2011 porque se da justo después de la firma en 2010 para la concesión a dicha cooperativa farmacéutica de la central de compras del Servicio Murciano de Salud (SMS) y al margen del presupuesto que facilitaba el Estado para dicho fín.
Recuerda De Ramón que en 2009 el gasto acumulado sanitario en la Región era de 800 millones de euros y que sólo en ese año aumentó en 330 , lo que a su juicio delata cierto descontrol del gasto farmacéutico por parte del Gobierno regional presidido por Valcárcel, que no compraba directamente a los laboratorios sino a través de 'Hefame' a partir de cierta fecha de 2010.
Sostiene el citado letrado en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que, pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y un dictámen en el mismo sentido de ilegalidad de la Comisión Europea, la Comunidad Autónoma presidida por Valcárcel mantiene en vigor el 'céntimo sanitario' hasta 2014, por lo que De Ramón piensa era "para seguir pagando la contratación pública con Hefame" pese a la advertencia de su ilegalidad desde Bruselas y la comisión de venta pagada por los laboratorios a la cooperativa farmacéutica por su intermediación en la compra por parte del SMS.
Revela en su escrito este asesor jurídico de diversas asociaciones contra la corrupción en Murcia que, ante este precedente de incumplimiento de la legalidad comunitaria sentado por Valcárcel, viene informando a la comisaria de Justicia y al presidente del Parlamento Europeo de todos estos hechos al ocupar Valcárcel una de las vicepresidencias de la Mesa.
Este abogado pide también a la Fiscalía investigar el arrendamiento inmobiliario por el SMS como arrendatario de un edificio situado justo al lado del tanatorio de Jesús en Espinardo, propiedad de una sociedad "que ve muy positiva la rentabilidad del inmueble con dicho arrendamiento".
En concreto, De Ramón solicita de la Fiscalía investigar diez cuestiones:
1.- Si de 1999 a 2007 existía algún tipo de contrato con 'Hefame' por parte de la Consejería de Sanidad.
2.- Si existía, en base a qué legalidad y con qué garantías pedidas a 'Hefame', así como tiempo de duración y si se fue por concurso público o adjudicación; y de ser así, si hubo publicación de la convocatoria a nivel regional, nacional y en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas.
3.- Que se investigue la adquisición por la Comunidad Autónoma del antiguo edificio de 'Hefame' en Murcia, solicitando documentación sobre su publicitación, concurrentes, precios ofertados y precios de mercado.
4.- Averiguación de todos los fondos europeos (a través de la Comunidad Autónoma) y ayudas y subvenciones del INFO recibidos por 'Hefame'.
5.- Que se aporten por parte de 'Hefame' los libro o registros donde se encuentren inscritos los socios colaboradores, caso de Valcárcel y Francisco Marqués.
6.- Que manifieste el presidente de 'Hefame' los servicios que se ofrecen a los socios colaboradores y los depósitos financieros a que tienen o tenían derecho, así como sus retribuciones, y si entre esos socios se encuentran o se han encontrado Valcárcel y Marqués (ex consejero de Sanidad y ex director general de la citada cooperativa farmacéutica.
También interesa saber qué cantidades tenían en depósito ambos y durante cuanto tiempo y, en el caso de Marqués, lo que tenía depositado y qué comisiones recibió asi como cuanto tiempo.
7.- Que por responsables de 'Hefame' (presidente, director financiero o administrador general) se informe sobre los pagos que efectuaron a agencias de viaje, hoteles, cruceros, compañías aéreas, desplazamientos, almuerzos, cenas y eventos de ocio ó lúdicos que tuvieron en esas 'invitaciones anuales continuas' en las que participaban Valcárcel y Marqués y el listado de acompañantes de ambos (familia y amigos).
8.- Si actualmente sigue 'Hefame' siendo contratista con la Comunidad Autónoma, como almacenista y distribuidor de fármacos, o si lo fue hasta el cese del señor Valcárcel como presidente el pasado 8 de abril para concurrir como candidato a las pasadas elecciones al Parlamento Europeo.
9.- Que se dé traslado de estas diligencias informativas penales al Parlamento Europeo y su presidente de conformidad con 'el protocolo de transparencia que exigen las autoridades europeas' en base a los convenios contra la corrupción de los países agrupados en GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) en el Consejo de Europa y tras el duro informe publicado el pasado 15 de enero sobre España.
10.- Que se requiera al SMS de la Consejería de Sanidad el contrato de arrendamiento que suscribió sobre el edificio existente junto al tanatorio en Espinardo y se verifique si se realizó con concurrencia de ofertas o si, por el contrario, ha sido fruto de una decisión política, así como que se identifique a la persona o mercantil arrendadora y quienes eran sus socios fundadores y los actuales. También su posible relación con los denunciados (Valcárcel y Marqués) o la propia CARM, y si el montante de arrendamiento es el normal de mercado.
Interesa saber al respecto si el SMS dispone de otras instalaciones que se encuentren infrautilizadas o donde se pudieran llevar a cabo las labores que se desarrollan en dicho edificio arrendado, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas murcianas 'ya que nos podemos encontrar con un presunto delito de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por la adjudicación sin control de dicho arrendamiento'.